Kicillof resigna dos proyectos clave de su gestión para retener la vice del Senado

Mientras el discurso libertario insiste con la épica del outsider y el desprecio por el Estado, el gobierno de Milei sigue poblando ministerios con militantes mediáticos propios. Esta vez, el beneficiado es un joven panelista de streaming, surgido del riñón de Las Fuerzas del Cielo, que asegura no interesarse por los cargos pero termina, una vez más, cobrando del erario público.

Por Roque Pérez para NLI

La agrupación militante Las Fuerzas del Cielo, que tiene como principales referentes al propagandista Daniel Parisini, alias “Gordo Dan”, y al diputado provincial Agustín Romo, suma un nuevo integrante dentro del Estado. Se trata de Nicolás Promanzio, panelista del canal de streaming Carajo y participante habitual de La Misa, el programa ultraoficialista que conduce Parisini.

Promanzio fue convocado por el teniente general Carlos Alberto Presti para incorporarse al Ministerio de Defensa, cartera que conduce tras la salida de Luis Petri. El propio streamer confirmó su desembarco, aunque evitó precisar funciones. “A partir de ahora voy a estar dando una mano y trabajando, no voy a profundizar en detalles”, dijo en La Letra Chica, el programa que conduce en Neura. Desde el oficialismo reconocieron que todavía no hay definición formal sobre su rol concreto.

De Rosario al Ministerio, sin escalas ni concursos

El nuevo funcionario libertario es oriundo de Rosario, Santa Fe, y se presenta como licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad Austral. Como otros cuadros de Las Fuerzas del Cielo, Promanzio logró un acceso directo al círculo de poder: incluso tuvo ubicación privilegiada en la presentación de los aviones de combate F-16, adquiridos por el Gobierno a Dinamarca.

Fiel al libreto, Promanzio aseguró que “no le interesan los cargos”, pero que aceptó el llamado para colaborar con el objetivo de que “la Argentina vuelva a ser grande”, adaptación local del eslogan de Donald Trump que Milei repite como mantra. La frase resume, sin demasiados matices, la mezcla de nacionalismo retórico y subordinación cultural que atraviesa al mileísmo.

En La Misa, Promanzio suele encargarse de informes vinculados a Defensa o geopolítica. El ciclo, que se emite de lunes a viernes de 21 a 23, funciona como una usina de bajada de línea oficial. Con Parisini como figura central, el programa opera como un “6,7,8” libertario, aunque sin humor ni diversidad de voces: un espacio destinado a ordenar el discurso del núcleo duro de Milei y a fogonear el fanatismo digital.

Streaming, militancia y sueldos del Estado

Desde la llegada de Milei a la Casa Rosada, La Misa se consolidó como uno de los símbolos de la llamada “batalla cultural”. Allí se legitiman ataques a opositores, se desacredita al periodismo y se construye una narrativa épica que justifica cada ajuste. El propio Javier Milei visita con frecuencia los estudios de Carajo, ubicados en Palermo, donde dialoga en un clima distendido con sus propagandistas preferidos.

Por el programa también desfilan funcionarios en actividad, como el subsecretario de Políticas Universitarias Alejandro Álvarez, apodado “El Profe”, encargado de mezclar citas históricas, afirmaciones grandilocuentes y consignas ideológicas.

La lista de militantes de Las Fuerzas del Cielo con cargos estatales es extensa: Juan Pablo Carreira, director nacional de Comunicación Digital; Lucas Luna, al frente de Intercargo; Nahuel Sotelo, que dejó la Secretaría de Culto para volver a la Legislatura bonaerense; y el propio Romo, jefe del bloque libertario en Buenos Aires. Todos predican el achicamiento del Estado mientras engrosan su nómina.

A ellos se suman figuras periféricas del streaming como “Piro”, sobrino de Carlos Pirovano, y el youtuber Mariano Pérez, fundador de Breaking Point. El patrón se repite: militancia digital, fidelidad absoluta y premio en forma de cargo.

El perfil empresario detrás del discurso antisistema

Detrás del relato juvenil y rebelde, el nuevo funcionario responde a un perfil bastante clásico. Promanzio, de 23 años recién cumplidos, proviene de una familia acomodada de Rosario, vinculada al mundo del rugby. Es hijo de Carlos Eduardo Promanzio y Mariela Verónica Guidoni. Junto a su padre y su hermano menor, es dueño de CEPRO S.R.L., una distribuidora de alimentos. Además, creó con su madre RADAR AUSTRAL S.R.L., un sitio de noticias de política internacional desde el cual comercializa merchandising militar por internet.

Nada demasiado disruptivo: empresa familiar, vínculos sociales sólidos y llegada directa al poder político. La diferencia es el envase: streaming, memes y consignas libertarias para justificar lo de siempre.

La Asociación Trabajadores del Estado encendió todas las alarmas al denunciar la desaparición de $3.863 millones que tenían destino específico para el pago de salarios en la Planta Industrial de Agua Pesada. Apuntan a la conducción de la Comisión Nacional de Energía Atómica y anuncian cortes de ruta.

Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI

La Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) quedó en el centro de un grave escándalo político y financiero tras la denuncia pública de ATE por el presunto desvío de $3.863.026.100 que estaban destinados al pago de salarios y al funcionamiento de la Planta Industrial de Agua Pesada (PIAP), ubicada en la provincia de Neuquén.

La acusación fue realizada por el secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, quien sostuvo que en diciembre de 2025 ingresó una ampliación presupuestaria con destino específico a la Empresa Argentina de Servicios de Ingeniería (ENSI), responsable de la administración de la planta, pero el dinero nunca llegó a su destino y se desconoce qué se hizo con esos fondos.

Según detalló el sindicato, los recursos estaban destinados a garantizar el pago de los salarios de diciembre, además de cubrir costos operativos y de mantenimiento de una instalación estratégica para el sistema energético nacional. Sin embargo, los trabajadores pasaron las fiestas sin cobrar y continúan sin percibir sus ingresos, mientras la conducción del organismo guarda silencio.

Fondos con destino específico que “se esfumaron”

Aguiar fue categórico al afirmar que no se trata de un error administrativo sino de una irregularidad gravísima. Remarcó que los fondos tenían una asignación clara y que no podían ser malversados bajo ningún concepto, lo que abre la puerta a la hipótesis de un posible accionar delictivo.

Desde ATE señalaron que la responsabilidad política recae sobre el actual presidente de la CNEA, Martín Porro, a quien acusan de no dar explicaciones sobre el paradero del dinero. Para el sindicato, la situación no solo afecta a los trabajadores y sus familias, sino que pone en riesgo la provisión de insumos y la capacidad de garantizar energía, en un contexto nacional atravesado por recortes y ajuste sobre el Estado.

Salarios impagos, energía en riesgo y un Estado ausente

La Planta Industrial de Agua Pesada no es una dependencia menor: cumple un rol estratégico dentro del esquema energético argentino. La paralización de su funcionamiento por falta de salarios e insumos impacta directamente en la soberanía energética, un aspecto que el gobierno de Milei parece dispuesto a sacrificar en nombre del ajuste.

ATE advirtió que la desaparición de los fondos destinados a salarios no puede analizarse de manera aislada, sino como parte de una política de vaciamiento del Estado, donde se desfinancian áreas sensibles mientras se naturaliza que los trabajadores queden como variable de ajuste.

Cortes en la Ruta 22 y un conflicto que recién empieza

Frente a la falta de respuestas, ATE anunció medidas de fuerza inmediatas. En las próximas horas se llevarán adelante cortes en el puente Arroyito, sobre la Ruta Nacional 22, una vía clave para la región. Las protestas comenzaron el lunes 12 de enero y, en principio, se extenderán hasta el viernes 16, en el horario de 7.30 a 10 de la mañana.

Desde la Junta Interna de la PIAP explicaron que el plan de lucha continuará y que la próxima semana se evaluará profundizar las acciones en función de si la CNEA brinda o no explicaciones concretas y garantiza el pago total de los salarios adeudados.

Mientras tanto, la pregunta sigue sin respuesta: qué hicieron con los casi $4.000 millones que estaban destinados a los trabajadores. Para ATE, el dinero estaba, tenía destino y se esfumó. Y si no aparecen explicaciones, lo que hoy es una denuncia sindical podría convertirse en uno de los mayores escándalos de corrupción del área energética en los últimos años.