Kicillof quiere quedarse con la vicepresidenta del Senado y vuelve a chocar con La Cámpora

Kicillof quiere quedarse con la vicepresidenta del Senado y vuelve a chocar con La Cámpora

 

Axel Kicillof pelea para quedarse con la vicepresidencia del Senado luego que en Diputados, La Cámpora, Martín Insaurralde y el Frente Renovador se quedaron con todo el paquete de autoridades.

A diferencia de lo que sucedió en la Cámara Baja, el gobernador entiende que es un cargo «sensible» en términos institucionales toda vez que se trata del lugar en la línea de sucesión y por lo tanto está decidido a dar la pelea.

«Lo que sucedió en Diputados es un mero reparto de cargos. Esto es otra cosa. Acá hay una cuestión institucional de fondo», dicen a LPO fuentes del axelismo.

No hubo acuerdo en el peronismo y Kikuchi se queda hasta marzo con la vice del Senado bonaerense

Desde La Cámpora plantean que el gobernador está rompiendo un acuerdo que establece que las autoridades de la Legislatura deben respetar el mismo esquema dentro del peronismo, tal cual ocurrió en Diputados. Entienden que ese lugar lo ocupó hasta la semana pasada Luis Vivona (que pasó a la Cámara Baja) y que por lo tanto le corresponde a alguien del sector de Cristina Kirchner. En el axelismo refutan eso y argumentan que la elección de Vivona se dio en un contexto político distinto dentro del peronismo.

La candidata del axelismo para ocupar la vicepresidencia del Senado es Ayelén Durán, una senadora de Bahía Blanca que supo integrar las filas de La Cámpora. Hace dos años Durán rompió con la agrupación de Máximo y pasó a reportar al Cuervo Larroque.

La candidata del axelismo para ocupar la vicepresidencia del Senado es Ayelén Durán, una senadora de Bahía Blanca que supo integrar las filas de La Cámpora. Hace dos años Durán rompió con la agrupación de Máximo y pasó a reportar al Cuervo Larroque y durante varios meses fue la única referente de Kicillof en la Cámara Alta. Por eso, en Casa de Gobierno la señalan como la legisladora que debe ocupar el tercer lugar en la línea sucesoria.

La senadora bahiense, Ayelén Durán.

Mientras tanto, en el kirchnerismo dicen que apoyan la candidatura de Mario Ishii. Lo mismo dicen en el Frente Renovador al tiempo que descartan una candidatura de Malena Galmarini.

El lunes asumieron los nuevos senadores y el peronismo lo llegó a un acuerdo por la poderosa vicepresidencia primera. Al menos hasta marzo, ese lugar quedará para Carlos Kikuchi por ser el único de los seis vicepresidentes que continúa en el Senado. Los cinco restantes terminaron sus mandatos.

Kicillof, Massa y Máximo acordaron los lugares de poder en la Legislatura bonaerense 

Hay quienes sostienen que la vicepresidencia de Kikuchi duró hasta este 10 de diciembre y por lo tanto no puede ostentar el cargo de vicepresidente primero. En la Legislatura, tanto el reglamento del Senado como el de Diputados fueron redactado de tal modo que permiten múltiples lecturas.

Otro actor que juega es Sergio Berni. Kirchneristas y massistas aseguran que respaldan a Ishii, sin embargo el ex ministro de Seguridad puede aparecer como un tapado. Se sabe que Berni quiere ese lugar y que lo perdió en 2023 cuando Vivona consiguió más votos hacia el interior del bloque. Ahora podría alzarse como una prenda de unidad entre el jefe de José C. Paz y la senadora del axelismo.

 

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    Tasers en la Ciudad: un nuevo instructivo refuerza el uso policial sin sumar controles reales

     

    La Ciudad aprobó un nuevo instructivo para el uso de armas eléctricas D.E.I.M., derogando la versión de 2023. El texto incluye pautas internas para la Policía de la Ciudad, pero mantiene amplias zonas de discrecionalidad, sin controles externos ni límites técnicos definidos. La normativa se apoya en criterios de organismos internacionales, aunque omite las advertencias más fuertes sobre riesgos y abusos documentados en el mundo.

    Por Roque Pérez para NLI

    Un instructivo que promete precisión, pero deja amplios márgenes de decisión policial

    La Resolución 1546/MSEGC/25 publicada hoy en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires deroga la normativa anterior y aprueba una nueva guía para el uso de los Dispositivos Electrónicos de Inmovilización Momentánea, las conocidas “Tasers”. El Ministerio de Seguridad afirma que el instructivo busca garantizar legalidad, proporcionalidad, gradualidad y rendición de cuentas, alineándose —al menos en el discurso— con los principios que mencionan las leyes 5.688 y 6.684.

    Sin embargo, el texto no fija límites técnicos concretos sobre:

    • duración máxima de descargas,
    • cantidad de aplicaciones permitidas,
    • distancia recomendada para minimizar lesiones,
    • parámetros para personas en estado de vulnerabilidad fisiológica.

    Son aspectos que otros países sí incorporaron. En Reino Unido, por ejemplo, hay reglas operativas que establecen tiempos máximos de impulso eléctrico y prohíben múltiples descargas consecutivas salvo casos excepcionales. En Canadá, muchas jurisdicciones exigen reportes públicos trimestrales con datos desagregados de cada uso.

    En contraste, el instructivo porteño deja estos puntos enteramente a criterio del operador, dentro de fórmulas generales como “riesgo cierto e inminente”.


    La capacitación obligatoria es un avance, pero sin auditoría independiente

    La resolución encomienda al Instituto Superior de Seguridad Pública la formación de instructores y operadores, algo que sí aparece como un punto positivo frente a otras provincias donde estas armas se incorporaron sin entrenamiento previo obligatorio.

    Pero el esquema de capacitación queda cerrado hacia adentro, sin participación de organismos de derechos humanos ni de instituciones externas, un aspecto que la ONU recomienda explícitamente en sus orientaciones de 2021.

    El Alto Comisionado de las Naciones Unidas —citado incluso por la propia resolución— también advierte que las armas eléctricas pueden generar lesiones graves, especialmente en:

    • personas con afecciones cardíacas,
    • personas reducidas en el piso,
    • personas expuestas previamente a otros métodos de control,
    • situaciones de estrés intenso o consumo de sustancias.

    El instructivo porteño menciona la necesidad de brindar atención médica inmediata, pero no establece cómo se verificará, quién lo controlará ni si se difundirá información pública sobre estos procedimientos. Sin ese componente, la posibilidad de opacidad se mantiene intacta.


    Baja letalidad no es sinónimo de bajo riesgo

    En la región, ciudades como Bogotá o Montevideo solo permiten estos dispositivos bajo estrictas reglas de disparo, y en muchos casos obligan a activar mecanismos de supervisión civil para cada incidente. Algunas incluso prohíben completamente su uso en contextos de protesta social.

    El instructivo del gobierno de Jorge Macri no incorpora estos resguardos. Tampoco establece la obligación de publicar reportes periódicos sobre cada uso, lo que impide conocer cuántos disparos se realizan, en qué contextos y con qué consecuencias. Sin datos públicos, la ciudadanía queda sin herramientas para evaluar el impacto real.

    El propio ACNUDH remarca que la “baja letalidad” solo es efectiva cuando existe supervisión externa, transparencia y límites verificables. En ausencia de esos elementos, estas armas tienden a expandirse hacia situaciones donde no existe peligro grave, especialmente en controles rutinarios y detenciones selectivas.


    Una regulación que ordena la herramienta, pero no soluciona el riesgo estructural

    El nuevo instructivo aporta organización interna para la Policía de la Ciudad, pero no resuelve el problema de fondo: la falta de controles públicos, límites precisos y garantías para prevenir abusos.

    Sin mecanismos independientes de auditoría, sin datos públicos y sin participación civil, la regulación aprobada corre el riesgo de consolidar un uso más extendido y discrecional de las armas eléctricas, bajo un marco que formalmente habla de proporcionalidad pero que no incorpora los resguardos que sí aplican otras ciudades del mundo.

    La verdadera modernización no llega con equipamiento, sino con transparencia, controles externos y responsabilidad estatal. Nada de eso aparece con claridad en el instructivo porteño.

     

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