En Villa Regina la basura domiciliaria se junta con camiones recolectores y se lleva al basural ubicado en la barda norte o al centro de transferencia en parque industrial. Los «recuperadores informales» realizan una clasificación rápida (pero incompleta) y el residuo restante es acumulado e incinerado, acción causante de las nubes tóxicas que se percibenen el cielo de la perla del valle. Hoy en Argentina, un 40% de los residuos sólidos urbanos terminan en basurales a cielo abierto.El promedio de basura generada por día en Villa Regina es de 40 toneladas. Aproximadamente 14.600 toneladas al año. Casi un kilo diario por persona. Estos números no difieren de los promedios estadísticos del resto del país.
La quema de basura, deteriora la calidad del aire que respiramos, y el polvo/ceniza que levanta el viento puede transportar a la ciudad o zonas rurales microorganismos nocivos que producen infecciones respiratorias e irritaciones nasales y oculares, además de las molestias que dan los malos olores. En otros casos, nuestros desechos son enterrados en fosas.Los residuos cuando se depositan en basurales sin ningún tipo de discriminación sobre lo que puede ser reutilizable o no, generan un gran impacto ambiental, ya que esas enormes cantidades de basura liberan gases tóxicos que contaminan el aire y los cursos de agua.
CENTRO DE TRANSFERENCIA DE RESIDUOS-PARQUE INDUSTRIAL
Para convertirnos en protagonistas y no ser simples observadores del deterioro ambiental, es importante activar con la separación de los residuos desde su origen. Debemos adquirir hábitos que contribuyan a cuidar el medioambiente y la separación de basura es una manera de hacerlo. Este trabajo diario busca reducir la cantidad de elementos que terminan en el basural. El cartón y el papel, el plástico y el vidrio son materiales reciclables. Por otro lado los materiales orgánicos (casi el 50% de los desechos diarios), son fácilmente degradables pero de mejor utilización a través del compostaje para abonar la tierra.
Se deben generar políticas, programas y campañas que incentiven: la reducción en la generación de residuos sólidos y el reciclaje. Más el trabajo sobre valores de la educación ambiental en niños, adolescentes y adultos. Incrementando la cantidad de estaciones de reciclado en puntos estratégicos, no solo de la zona céntrica sino también de barrios y colegios en todos sus niveles, es una manera simple de colaborar con la educación y conciencia ambiental de la ciudad, y por supuesto con el medio ambiente. Estas problemáticas se pueden revertir a mediano plazo si nuestros representantes trabajan la temática de manera seria y sostenida en el tiempo, y los ciudadanos nos comprometemos a ser protagonistas del cambio y no cómodos veedores.
BASURAL BARDA NORTE
DATOS
El 50% de lo que desechamos suele ser componente orgánico, sabiendo cómo tratarlo se puede aprovechar al máximo.
El 17% suele ser papel y cartón, que son materiales reciclables.
Reciclando 4 botellas de vidrio se ahorra la electricidad necesaria para mantener encendido un frigorífico 24hs.
El reciclaje genera puestos de trabajo formales
Por cada tonelada de papel que se recicla se salvan 5 árboles.
PROBLEMAS GENERALES
El consumo de energía y materiales que se utilizan para elaborar envases y productos que después desechamos. Esta energía y estos materiales con frecuencia provienen de recursos que no son renovables.
La contaminación del agua. El agua superficial se contamina por la basura que tiramos en ríos y cañerías. En los lugares donde se concentra basura se filtran líquidos que contaminan el agua del subsuelo de la que todos dependemos.
La contaminación del suelo, la presencia de aceites, grasas, metales pesados y ácidos, entre otros residuos contaminantes, altera las propiedades físicas, químicas y de fertilidad de los suelos.
La contaminación del aire, los residuos sólidos abandonados en basurales a cielo abierto deterioran la calidad del aire que respiramos, a causa de las quemas y los humos, y del polvo que levanta el viento, ya que puede transportar a otros lugares microorganismos nocivos que producen infecciones respiratorias e irritaciones nasales y de los ojos, además de las molestias que dan los olores pestilentes.
En este artículo vas a leer mucho la palabra agente. Así que va una posible definición: es un programa que diseña sus propios flujos de trabajo usando las herramientas disponibles y actúa de manera autónoma. El 7 de julio de 2026, la empresa OpenAI, dueña de ChatGPT, dedicó miles de copias de un modelo de…
El Senado debate cambios al Súper RIGI para atraer megacentros de datos e inversiones en inteligencia artificial. La gran pregunta: ¿qué gana Argentina?
Por Ignacia Fratelint para NLI
La Argentina está a punto de tomar una decisión que puede parecer, a primera vista, una cuestión técnica reservada para especialistas en tecnología, energía y legislación tributaria, pero que en realidad toca uno de los debates económicos más importantes de los próximos años: qué quiere hacer el país con su energía, sus recursos naturales y su infraestructura cuando la inteligencia artificial se convierta en uno de los mayores consumidores eléctricos del planeta. El proyecto conocido como Súper RIGI, que busca avanzar esta semana en el Senado con modificaciones negociadas por el oficialismo con bloques aliados, incorpora entre sus objetivos la llegada de grandes inversiones vinculadas con centros de datos, inteligencia artificial, semiconductores y otras actividades consideradas estratégicas. El Gobierno sostiene que se trata de una oportunidad para atraer capitales hacia industrias que todavía no tienen desarrollo comercial significativo en el país, mientras sus críticos advierten que los beneficios fiscales pueden terminar subsidiando emprendimientos de enorme consumo energético cuyo impacto sobre el empleo y el entramado productivo nacional podría ser mucho menor del que promete el discurso oficial.
La discusión adquirió especial intensidad en las últimas horas porque uno de los puntos que el oficialismo aceptó modificar está relacionado precisamente con el abastecimiento energético de los megacentros de datos. La cuestión no es menor: entrenar y operar modelos avanzados de inteligencia artificial requiere instalaciones capaces de procesar cantidades gigantescas de información durante períodos prolongados, y esas instalaciones necesitan electricidad de manera permanente, con niveles de demanda que pueden convertir a un único proyecto en un consumidor energético de escala comparable con grandes establecimientos industriales. Las modificaciones negociadas en el Senado buscan establecer condiciones específicas para esos emprendimientos, en particular respecto de quién debe garantizar la energía necesaria para ponerlos en funcionamiento, en un momento en que la infraestructura eléctrica argentina todavía enfrenta restricciones y necesita inversiones considerables para acompañar cualquier salto significativo de la demanda.
La nueva frontera no es el petróleo: es la electricidad
Durante buena parte del siglo XX, las grandes disputas económicas internacionales estuvieron relacionadas con el acceso al petróleo. En el siglo XXI, esa competencia continúa, pero empieza a complementarse con otra disputa cada vez más evidente: quién tendrá acceso a suficiente energía para sostener la infraestructura digital que mueve la nueva economía. Un centro de datos no se parece a una oficina llena de computadoras; es una instalación industrial donde miles de servidores funcionan simultáneamente, procesando información y generando calor que debe ser disipado de manera constante, razón por la cual la disponibilidad de electricidad barata, abundante y relativamente estable se convirtió en uno de los factores decisivos para decidir dónde instalar este tipo de infraestructura.
Argentina tiene algunos elementos que la vuelven atractiva para esa carrera. Posee gas natural abundante en Vaca Muerta, potencial hidroeléctrico, capacidad creciente de generación renovable, disponibilidad territorial y una comunidad científica y tecnológica con experiencia en áreas vinculadas con software, inteligencia artificial y servicios basados en conocimiento. El atractivo, por lo tanto, no es inventado: existe una oportunidad real. El problema es determinar qué condiciones debe establecer el Estado para que esa oportunidad tecnológica no termine reducida a la explotación de una ventaja energética.
El proyecto oficial busca precisamente aprovechar esa combinación. Según la información difundida sobre el Súper RIGI, el régimen apunta a actividades que todavía no cuentan con desarrollo comercial previo en el país o que se encuentran en fases experimentales o piloto, incluyendo megacentros de datos destinados al entrenamiento de modelos de inteligencia artificial y otras industrias tecnológicas. Para acceder al régimen se plantea un umbral de inversión de 1.000 millones de dólares, lo que coloca el programa en una escala muy diferente de la de las políticas tradicionales destinadas a pequeñas y medianas empresas.
La pregunta, entonces, no debería ser simplemente si Argentina quiere tener centros de datos. Por supuesto que debería interesarle desarrollar infraestructura digital propia y atraer inversiones tecnológicas. La cuestión verdaderamente relevante es bajo qué condiciones esas inversiones se incorporarán a la economía argentina.
Porque un centro de datos puede estar físicamente ubicado en nuestro territorio, consumir energía producida aquí y utilizar infraestructura nacional sin necesariamente generar un ecosistema industrial comparable al de una fábrica tradicional. Su principal activo son los servidores, el software, los sistemas de refrigeración, la conectividad y el capital tecnológico, y una vez construido puede funcionar con una cantidad de trabajadores relativamente reducida respecto de la magnitud de la inversión involucrada.
Eso no significa que carezca de impacto laboral o económico. Puede generar empleo especializado, demandar servicios, ampliar la infraestructura de telecomunicaciones y atraer otras inversiones. Pero no es razonable equiparar automáticamente 1.000 millones de dólares invertidos en infraestructura digital con 1.000 millones invertidos en una cadena industrial intensiva en empleo.
El punto que incomoda: ¿quién paga la energía?
Aquí aparece el cambio que el Senado está discutiendo y que probablemente sea uno de los aspectos más importantes del debate. Los grandes centros de datos necesitan energía en cantidades extraordinarias y, si su llegada implica aumentar significativamente la demanda eléctrica, la pregunta inevitable es quién asumirá el costo de esa expansión de infraestructura.
La modificación negociada por el oficialismo incorpora justamente la cuestión de que los proyectos electrointensivos, especialmente los vinculados con inteligencia artificial, puedan tener que garantizar su propio abastecimiento energético. La diferencia parece técnica, pero en realidad expresa una discusión política de fondo: si una empresa decide instalar en Argentina una infraestructura que demanda enormes cantidades de electricidad, ¿debe esa empresa adaptar su consumo a la capacidad existente o debe el sistema eléctrico argentino adaptarse para satisfacer sus necesidades?
La diferencia puede traducirse en miles de millones de dólares de inversión pública o privada.
Una cosa es que un centro de datos se instale utilizando capacidad eléctrica disponible y pagando por ella como cualquier otro usuario industrial. Otra muy diferente es que para abastecerlo sea necesario construir nuevas líneas de transmisión, ampliar subestaciones, desarrollar generación adicional o modificar redes que también utilizan hogares, comercios y pequeñas industrias.
Por eso el debate energético no puede quedar separado del debate tributario. Si el Estado concede beneficios fiscales extraordinarios para atraer una inversión y además debe realizar inversiones en infraestructura para que esa inversión pueda funcionar, la rentabilidad privada del proyecto puede estar acompañada por un costo público que no aparece en el anuncio inicial de los millones de dólares comprometidos.
La cuestión tampoco consiste en rechazar toda inversión tecnológica. Al contrario: Argentina necesita desesperadamente ampliar su infraestructura digital y aprovechar el conocimiento que produce. Pero una política industrial seria debería preguntarse qué condiciones permiten que una inversión extranjera se convierta en una plataforma para desarrollar proveedores nacionales, formar trabajadores especializados, generar investigación local y aumentar la capacidad tecnológica del país.
Si la respuesta es que solamente traerá servidores y consumirá electricidad, el resultado será bastante diferente.
El riesgo de convertirse en una enorme usina para otros
Existe una tentación comprensible detrás de la propuesta: Argentina posee un recurso que el mundo necesita —energía relativamente barata en comparación con otros mercados— y existe una industria global que necesita cada vez más electricidad. ¿Por qué no aprovecharlo?
La respuesta puede encontrarse en una palabra que América Latina conoce demasiado bien: enclave.
Un enclave económico aparece cuando una actividad productiva está integrada principalmente hacia afuera, utiliza recursos locales pero mantiene buena parte de sus decisiones, tecnología y beneficios fuera del territorio donde opera. Históricamente, América Latina conoció esa lógica con la minería, los grandes complejos agroexportadores y los hidrocarburos. El desafío contemporáneo consiste en evitar que la economía digital reproduzca exactamente el mismo esquema bajo una apariencia completamente diferente.
Un megacentro de datos podría convertirse en una pieza de una estrategia tecnológica nacional si se articula con universidades, empresas argentinas, centros de investigación, proveedores locales, formación profesional y desarrollo de software. También podría generar una demanda energética que impulse nuevas inversiones en generación y transmisión, beneficiando al conjunto del sistema. Pero también podría terminar funcionando simplemente como una enorme infraestructura privada conectada a los recursos energéticos argentinos para prestar servicios digitales a consumidores ubicados en otros países.
En ambos casos habría inversión. En ambos casos habría exportaciones. En ambos casos podrían aparecer cifras millonarias en los anuncios oficiales. Pero el impacto estructural sobre el país sería completamente distinto.
Ese es precisamente el tipo de diferencia que una ley de promoción de inversiones debería contemplar.
El espejismo de medir el éxito solamente en dólares
El RIGI original permite observar ya una primera experiencia. Según un seguimiento basado en datos oficiales del Boletín Oficial, hacia fines de agosto había 22 proyectos aprobados por unos 47.074 millones de dólares, con una estimación de 95.975 empleos directos e indirectos, aunque esos compromisos se encuentran en distintas etapas de ejecución y no equivalen a dinero ya ingresado o a puestos de trabajo efectivamente creados.
La diferencia entre inversión comprometida, inversión efectivamente ejecutada y actividad económica generada resulta fundamental para evaluar cualquier régimen de incentivos. Un proyecto puede anunciar una inversión gigantesca que se desarrollará durante una década y generar relativamente pocos empleos directos una vez que entre en funcionamiento. Eso no convierte al proyecto en negativo, pero obliga a medirlo por sus resultados reales y no solamente por el número que aparece en el comunicado de prensa.
El problema aparece cuando los beneficios fiscales se conceden durante períodos prolongados y la sociedad debe esperar décadas para comprobar si el crecimiento prometido efectivamente se produjo.
Ese es uno de los puntos que hacen especialmente sensible al Súper RIGI. El propio Gobierno lo presenta como una herramienta destinada a industrias que prácticamente no existen todavía en Argentina y busca ofrecer condiciones capaces de atraer inversiones que, de otro modo, podrían dirigirse hacia otros países.
La competencia internacional existe y Argentina no puede ignorarla. Pero competir por inversiones no significa necesariamente ofrecer las mayores ventajas posibles. También significa construir una propuesta que resulte atractiva porque combina recursos naturales, infraestructura, talento, estabilidad normativa y un mercado capaz de generar valor.
Una política tecnológica inteligente debería intentar que el centro de datos sea solamente el primer eslabón, no el producto final.
Si llegan servidores pero no se desarrolla industria nacional alrededor de ellos, la oportunidad será limitada. Si llega capital pero no aumenta la formación tecnológica, el efecto será menor. Si se consume energía pero no se fortalece el sistema eléctrico, el costo puede terminar socializándose. Y si se conceden beneficios tributarios extraordinarios sin mecanismos claros para evaluar resultados, el Estado puede quedar comprometido durante años con una inversión cuyo impacto económico real sea difícil de medir.
La Argentina ante una decisión que va mucho más allá del Súper RIGI
El debate que atraviesa al Senado esta semana puede parecer una discusión más dentro de la larga lista de reformas económicas del Gobierno, pero en realidad anticipa una cuestión que va a acompañar a la Argentina durante las próximas décadas. La inteligencia artificial necesita territorio, energía, agua, minerales, infraestructura y trabajadores, aunque su producto final parezca completamente inmaterial.
Detrás de cada consulta que hacemos a una herramienta de inteligencia artificial existe una infraestructura física gigantesca que consume electricidad, necesita refrigeración, requiere redes de transmisión de datos y depende de equipos fabricados con minerales y componentes provenientes de distintas partes del mundo. La nube, en definitiva, no está en el aire: está en edificios, cables, centrales eléctricas y servidores.
Por eso Argentina debería discutir su estrategia tecnológica con la misma seriedad con la que discute su estrategia energética. Tener gas y electricidad disponibles puede convertirse en una ventaja extraordinaria, pero vender energía barata para que otros países procesen sus datos no es necesariamente lo mismo que construir una economía tecnológica nacional.
El verdadero desafío consiste en conseguir que la infraestructura digital genere capacidades que permanezcan en el país incluso si mañana cambian las empresas, las plataformas o las tecnologías. Eso significa universidades fortalecidas, científicos trabajando, técnicos capacitados, proveedores locales, empresas argentinas capaces de integrarse a cadenas globales y un Estado con capacidad para establecer reglas que protejan el interés público sin cerrar la puerta a la inversión.
La Argentina tiene una oportunidad concreta. Sería absurdo negarla por prejuicio ideológico o por temor a cualquier participación extranjera. Pero sería igualmente equivocado aceptar que cualquier inversión es automáticamente buena por el solo hecho de traer dólares.
Porque la historia económica ofrece demasiados ejemplos de países que confundieron tener un recurso valioso con saber desarrollarlo.
La inteligencia artificial puede convertirse en una nueva frontera productiva para Argentina, pero solamente si el país decide qué quiere hacer con ella. Puede ser una oportunidad para transformar energía en conocimiento, conocimiento en industria y tecnología en empleos de calidad; o puede convertirse simplemente en otro mecanismo mediante el cual nuestros recursos naturales alimenten negocios cuyo mayor valor agregado se genera lejos de nuestras fronteras.
El Súper RIGI no resolverá por sí solo esa disyuntiva. Una ley de incentivos puede atraer inversiones, pero no puede reemplazar una política tecnológica, energética e industrial. Esa política todavía está por construirse.
Y quizás por eso el debate más importante no sea cuánto dinero promete cada megacentro de datos, sino qué parte de esa nueva economía queremos que quede efectivamente en la Argentina cuando los servidores se enciendan, las máquinas comiencen a procesar millones de operaciones y la electricidad producida aquí empiece a alimentar la inteligencia artificial del mundo.
La crisis en Reino Unido es una nueva oportunidad para potenciar el reclamo de las Islas Malvinas. El inédito anuncio de los gobierno de Gales, Escocia e Irlanda del Norte en el que anuncian el impulso a la independencia de Inglaterra y el expreso reclamo para retornar a la Unión Europea marcan una crisis sin precedente en Gran Bretaña.
En Cancillería la reacción fue de optimismo porque consideran que este proceso forma parte de la ventana que abrió Donald Trump con su idea de revisar la postura de Estados Unidos respecto de Malvinas como parte de su presión contra los británicos para que aumente su gasto en defensa.
Pero también hubo sorpresa, lo que expone que no hubo un trabajo diplomático de la embajada argentina en el Reino Unido respecto a la decisión de estos tres países respecto de Inglaterra.
Cabe destacar que la embajadora Mariana Plaza es una de las artífices del abandono de la narrativa de confrontación por Malvinas en defensa de una cooperación con los británicos. Desde la cadena nacional de Milei, esta postura perdió fuerza y Plaza quedó desdibujada.
El declive de Gran Bretaña no es algo nuevo. En octubre de 2024, entregó las islas Mauricio tras una larga disputa en tribunales internacionales que entusiasmó al Gobierno para el reclamo de las Malvinas.
En Cancillería la reacción fue de optimismo porque consideran que este proceso forma parte de la ventana que abrió Donald Trump con su idea de revisar la postura de Estados Unidos respecto de Malvinas como parte de su presión contra los británicos para que aumente su gasto en defensa.
El acuerdo para transferir el archipiélago del Océano Índico a Mauricio incluye el atolón tropical de Diego García, una base de Estados Unidos que Reino Unido consideran crucial para la estabilidad de la región y que seguirá bajo dominio de Washington por 99 años.
Andy Burhman, primer ministro de Reino Unido.
Según distintas versiones, a esa base militar llevaban prisioneros a «agujeros negros» en diferentes partes del mundo como desaparecidos en la batalla contra Al Qaeda en la década del 2000. LPO publicó en enero de 2021 que el tribunal marítimo internacional especial de las Naciones Unidas en Hamburgo rechazó por completo el reclamo británico de soberanía.
Según informó The Guardian en ese momento, el fallo de la corte proporciona un gran dolor de cabeza ya que las islas representan el principal activo estratégico del Reino Unido en el Océano Índico, pero una negativa a cumplir con la sentencia dañará la reputación internacional de Gran Bretaña en cuanto al cumplimiento de la ley.
El contexto es favorable para profundizar el reclamo y el gobierno quiere mantenerlo en agenda. Sin embargo, como adelantó LPO, el impacto del tema se desinfló en las redes sociales, donde las menciones cayeron un 78 por ciento.
Así lo indica un informe de la consultora Ad Hoc, que se dedica a medir el pulso de las redes sociales y había destacado el salto que generó la iniciativa del gobierno en la conversación digital.
El proceso de normalización de la derecha radical culminó hace diez años, cuando Donald Trump ganó sus primeras elecciones en Estados Unidos. Si bien la epidemia ultra ya era global, en ese momento todavía era impensable que Alemania pudiera siquiera imaginar la llegada de un partido ultraderechista al poder. Ese tabú se ha roto. Los resultados de la elección regional en Sajonia-Anhalt pusieron al borde de liderar un gobierno a Alternativa por Alemania (AfD), un partido que hace poco más de un año fue calificado como fuerza de extrema derecha por la Oficina Federal de Protección de la Ley Fundamental, es decir, como una amenaza al orden democrático y sus valores.
Con Ulrich Siegmund al frente, calificado por el semanario Der Spiegel como “el hombre más peligroso de Alemania”, AfD recibió el 43,8% de los votos, duplicando su resultado de 2021 y quedando a apenas tres escaños de formar gobierno. ¿Por qué lo que era imposible hace apenas una década hoy es una realidad prácticamente inevitable? ¿Por qué una fuerza considerada una amenaza para la estabilidad se presenta como la solución y ese relato es creíble para casi la mitad de la población en Sajonia-Anhalt? ¿Por qué se observa una tendencia similar en todo el este del país y, poco a poco, a nivel federal, pareciera consolidarse como el partido más votado?
1. Extensión del electorado hacia la izquierda
AfD se ha apoyado históricamente en dos temáticas fundamentales para ganar visibilidad y votos: la migración y la criminalidad. En tanto esos debates desaparecían de la agenda pública, el partido ultraderechista perdía relevancia. Hace pocas elecciones, especialmente en el este del país, AfD fue ocupando espacios que previamente le correspondían a la izquierda del espectro político. La justicia social, por ejemplo, pasa a ser clave en su discurso al ser reinterpretada en clave nativista: Estado presente, pero solo para los alemanes. En Sajonia-Anhalt el 59% de los trabajadores no cualificados, el 57% de los votantes con nivel educativo básico y el 65% de las personas que manifiestan vivir una mala situación económica apoyaron este domingo a AfD.
2. La herida del este
El 73% de los encuestados por Infratest dimap en Sajonia-Anhalt se considera ciudadano alemán de segunda clase. Esta noción se corresponde con un relato histórico que circuló de generación en generación en los viejos territorios de la desaparecida República Democrática Alemana. La reunificación se convirtió en el símbolo de una promesa rota. En ella se refleja la frustración, el resentimiento y la decepción de gran parte de la ciudadanía de esa Alemania Oriental que se ha sentido perjudicada hasta el día de hoy. Aquel relato fue reformulado por AfD como una cuestión reivindicativa. Lo transformó en una identidad y con ello ha encarnado una narrativa huérfana e ignorada por el resto de las fuerzas políticas. El voto a la ultraderecha trasciende su programa electoral.
3. El músculo movilizador
Según los datos de trasvases electorales, alrededor de 170 mil de los 570 mil votantes de AfD no habían participado en la elección anterior. Ningún otro partido movilizó a tanta gente. La participación electoral tocó techos históricos en la región y en todo el este del país.
4. El producto Siegmund
AfD presentó a un candidato que se construyó comunicacionalmente como el ossi promedio. Ulrich Siegmund se mostró activo en las fiestas de los pueblos durante todo el verano. Aprovechando a fondo la expertise de la derecha radical en redes sociales y los esteroides algorítmicos que las grandes plataformas amigas le ofrecían a sus mensajes reduccionistas y provocadores. Pero lo que mejor funcionó fue su capacidad de convertir la cobertura periodística sobre su persona en un arma de doble impacto. Cuando Der Spiegel lo puso en su portada y lo llamó “el hombre más peligroso de Alemania”, Siegmund apeló al discurso de la victimización a la vez que aceptó el etiquetado con orgullo y cierta sorna. Su mensaje reforzaba el concepto propio de toda derecha radical actual: “nos atacan porque tenemos razón, porque defendemos al pueblo y porque la elite se siente en peligro”.
5. Normalización 2.0
A diferencia de la derecha radical, que propone una erosión democrática paulatina desde dentro del sistema (capturando a la justicia, concentrando el poder, restringiendo a la prensa), la extrema derecha busca construir una alternativa autoritaria a la democracia eliminándola junto a sus instituciones. El apabullante triunfo de AfD en Sajonia-Anhalt habilita el proceso de normalización de la extrema derecha. En efecto, Siegmund tiene probadas conexiones con el extremismo y sectores neonazis. En 2023, cuando se organizó una conferencia en Potsdam para discutir el plan maestro de deportaciones masivas (remigración), diseñado por el Movimiento Identitario de Martin Sellner, Siegmund estuvo presente.
6. El centro imposible
El dato más llamativo de las exit polls de Infratest dimap ha sido el referido a la autopercepción ideológica de los consultados. El 87% de los votantes de AfD cree que “si bien hay políticos de extrema derecha en el partido, AfD se ubica en el centro del espectro político”. Esta conclusión de gran parte del 43,8% (y de otras porciones menores, aunque no inexistentes de los otros partidos), da cuenta de la solidez con la que se ha normalizado el proyecto político de la ultraderecha.
7. El objetivo real
La ultraderecha apunta más alto. El triunfo en Sajonia-Anhalt es apenas el primer paso de un plan que busca la desestabilización del gobierno del demócrata-cristiano, Friedrich Merz. La pretensión es debilitarlo para desatar una presión interna que comience a evaluar la idea de romper el cordón sanitario histórico que todavía se sostiene en Alemania. La excepción es la izquierda conservadora y rojiparda de BSW (Alianza para la Justicia Social y la Sensatez Económica): esta fuerza política híbrida —que combina ciertos aspectos de izquierda en lo económico, como la redistribución del ingreso, con posiciones xenófobas y antiprogresistas muy similares a las de la ultraderecha— podría tener la llave que abra una nueva etapa en Alemania. En todo caso, la llegada al poder de AfD en Sajonia-Anhalt no será más que un golpe simbólico, el primer paso hacia la deconstrucción democrática del país. El resto de los partidos deberán encontrar soluciones estratégicas a este desafío antes de que sea demasiado tarde.
Lxs trabajadorxs de La Reginense siguen manifestándose en búsqueda del pago de sus haberes de marzo y febrero (aquí toda la info). Hoy (martes) por la mañana se presentaron en las instalaciones centrales del municipio de Villa Regina con la intención de dialogar con el intendente Marcelo Orazi con el principal objetivo de que el…
Toto eligió una palabra peligrosa para pedirles paciencia a los argentinos. «Nos deslomamos para que este cambio continúe y se dé para todos lo más rápido posible», dijo el ministro de Economía. La frase tendría poco de extraordinario si «deslomado» no fuera una palabra con historia reciente dentro del gobierno de Javier Milei. Es, precisamente, la expresión que quedó pegada a Manuel Adorni durante el escándalo que precedió su salida de la Jefatura de Gabinete.
El problema para Caputo es que la apelación al sacrificio oficial llegó acompañada por una admisión bastante menos confortable. El ministro reconoció que incluso dentro de dos años habrá argentinos que no llegarán a fin de mes. «Siempre va a haber alguien que esté mal», sostuvo al defender el programa económico y reclamar paciencia para que sus resultados alcancen al conjunto de la sociedad.
El pedido de paciencia de Caputo coincidió además con la presentación de su declaración jurada correspondiente al ejercicio 2025. El ministro informó bienes, depósitos y dinero por $19.509 millones al cierre del año, contra $11.851 millones al comienzo, un incremento nominal de casi $7.700 millones.
El dato más llamativo está en la composición: declaró alrededor de $12.422 millones en depósitos en el exterior, mientras que sus ahorros en el país rondaron los $600 millones. Es decir, cerca del 95% de sus ahorros declarados estaban fuera de la Argentina y aproximadamente el 68% de su patrimonio estaba radicado en el exterior.
En el Gobierno la elección de la palabra no pasó inadvertida. «Parece el gobierno de los deslomados. Cada vez que alguno dice que se desloma, conviene agarrarse la billetera», ironizó ante LPO una fuente que conoce la interna libertaria.
La picardía tiene un antecedente demasiado fresco como para necesitar demasiadas explicaciones. Adorni había inaugurado involuntariamente esa categoría en marzo. Cuando tuvo que explicar por qué su esposa lo acompañó en un viaje oficial a Nueva York, dijo que quería tenerla cerca porque iba a pasar una semana allí «deslomándose».
La explicación, que pretendía transmitir sacrificio, produjo exactamente el efecto contrario. La palabra quedó asociada a los cuestionamientos sobre sus viajes y su patrimonio y se transformó en una etiqueta que lo persiguió hasta su salida del Gobierno.
La oposición incluso llevó el «deslomado» al Congreso cuando Adorni presentó su informe de gestión en abril. Hubo carteles, pochoclos y chicanas. Natalia Zaracho le dijo que ese día sí tenía «cara de deslomado» después de seis horas en el recinto. Para entonces, la palabra ya había dejado de pertenecerle al exvocero y se había convertido en una contraseña política para hablar del contraste entre la prédica de austeridad libertaria y las explicaciones que daban sus funcionarios sobre sus propios privilegios.
Caputo decidió ahora rescatarla del archivo en un momento particularmente sensible. Mientras pidió tiempo para que los beneficios del programa económico lleguen «a todos», también defendió que la economía avance a «dos velocidades».
Explicó que el Gobierno hizo una reasignación de recursos hacia los sectores generadores de dólares que, según su visión, habían sido castigados durante años. Para explicarlo apeló al fútbol: dijo que era como tener a Lionel Messi, Ángel Di María y Enzo Fernández sentados en el banco. El ministro sostuvo que esa diferencia entre sectores no debería leerse negativamente y afirmó que el crecimiento estará impulsado por las exportaciones.
El discurso del ministro de Economía encajó perfectamente con el clima de Vientos de Cambio, la cumbre organizada por la Fundación Libertad y Progreso junto con Reason Foundation y Archbridge Institute en el Sheraton de Retiro
La organización presentó el encuentro como un «punto de inflexión para América Latina» y convocó a más de 40 expositores para discutir reformas económicas, libertad de mercado, y reducción del Estado. El cierre quedó a cargo de Javier Milei, que volvió a defender el ajuste fiscal y descartó flexibilizar la política monetaria y fiscal.
