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Una resolución publicada hoy en el Boletín Oficial habilita controles federales en rutas y accesos para revisar vehículos que transporten hinchas rumbo a partidos de fútbol. La medida, firmada por Alejandra Monteoliva, la actual ministra de Seguridad —sucesora de Patricia Bullrich— amplía el poder de las fuerzas federales fuera de los estadios y permite retener objetos que ni siquiera constituyen delito. El gobierno la presenta como una política preventiva contra la violencia en el fútbol; especialistas advierten que abre zonas grises sobre derechos y discrecionalidad policial.
Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI
La Resolución 233/2026 del Ministerio de Seguridad Nacional, publicada hoy en el Boletín Oficial, crea el Programa Federal de Control en Ruta para Eventos Deportivos, un esquema que habilita a fuerzas federales a realizar controles preventivos a hinchas de fútbol durante los traslados hacia los estadios.
Hasta ahora la mayoría de los operativos de seguridad se concentraban en las inmediaciones de los estadios o en los accesos urbanos. La nueva norma extiende el operativo a rutas nacionales, autopistas y corredores interurbanos, donde se podrán detener colectivos, autos o motos cuando exista la presunción de que transportan hinchas.
La resolución establece que el objetivo es anticipar situaciones de violencia antes de que lleguen al estadio, en coordinación con fuerzas provinciales y autoridades deportivas.
El programa autoriza a las fuerzas federales a:
Uno de los aspectos más discutidos es que los objetos retenidos no necesariamente deben ser ilegales. La resolución permite secuestrar elementos que, según el criterio del agente, podrían utilizarse en hechos de violencia dentro del evento deportivo. Esto incluye herramientas, mástiles u otros objetos contundentes que normalmente no constituyen delito.
En caso de detectar armas, drogas o personas en estado de intoxicación, el procedimiento debe pasar a la justicia.
La resolución también contempla situaciones vinculadas a hinchas extranjeros. Si durante los operativos se detecta a personas de otra nacionalidad con situación migratoria irregular, las fuerzas federales deberán dar intervención a la Dirección Nacional de Migraciones para que evalúe las medidas correspondientes.
El punto genera debate porque introduce controles migratorios dentro de operativos de seguridad deportiva, algo que hasta ahora no era habitual en los dispositivos ligados al fútbol y que profundiza una creciente persecución xenofóbica. En la práctica, abre la puerta a que controles a hinchas incluyan también verificaciones sobre documentación migratoria.
La resolución no surge en el vacío: forma parte de una continuidad del modelo de seguridad impulsado por Patricia Bullrich, que durante su gestión había instalado una lógica de fuerte intervención preventiva.
Entre esas políticas se destacaron:
La nueva resolución profundiza ese enfoque, pero con una diferencia clave: lleva el control policial fuera del estadio y lo traslada a la circulación en rutas y transportes.
Juristas consultados señalan que el problema principal no es el objetivo de la norma —prevenir violencia— sino la amplitud del criterio policial que habilita.
La resolución permite controles cuando exista “presunción de condición de parcialidad”, una fórmula muy abierta que podría incluir situaciones como:
Ese criterio podría tensionar principios constitucionales como:
También genera debate el punto que permite retener objetos legales por mera sospecha de uso indebido.
Desde el gobierno sostienen que la medida apunta a reducir la violencia en el fútbol y desarticular movimientos de barras antes de los partidos. Pero críticos de la resolución advierten que se trata de una expansión significativa del poder policial preventivo, que otorga a las fuerzas federales facultades amplias para controlar ciudadanos que no han cometido ningún delito.
El verdadero impacto de la medida, coinciden especialistas, dependerá menos de la letra de la resolución que de cómo se aplique en la práctica. Si se utiliza para desarticular barras violentas, podría ser una herramienta útil. Si se aplica de forma indiscriminada, advierten, puede convertirse en un mecanismo de control masivo.
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