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‘Inodoro Pereyra, el renegau’, una imperdible obra teatral

La Dirección de Cultura de la Municipalidad de Villa Regina invita a la presentación de la pieza ‘Inodoro Pereyra, el renegau’ a cargo del Teatro de la Comedia de la Fundación Cultural Patagonia.

La cita es el sábado 17 de abril a las 21 horas en el Galpón de las Artes. La entrada es al sobre, los cupos son limitados para lo cual se requiere reservar previamente al teléfono 2984- 650817.

La obra se centra en vísperas de Año Nuevo: Inodoro Pereyra comienza su día, y junto a Mendieta, su perro, emprenden el camino al pueblo a hacer compras para los menesteres domésticos. Durante la travesía, los protagonistas se encontrarán con una variedad de personajes, como un cura, un indio, una hechicera y hasta la mismísima muerte, creando con cada uno de ellos, diálogos y situaciones desopilantes.

La historieta nacida de la indiscutible pluma de Fontanarrosa se convierte así en una imperdible obra teatral, que le da vida a estos entrañables seres que han entretenido a varias generaciones y que aún hoy, siguen vigentes.

‘Inodoro Pereyra, el renegau’, adaptada por Rafael Ielpi, cuenta con la actuación de Ricardo Peinado, Luciano Batalla y Romina de Blas. El vestuario es responsabilidad de Claudio Clozza, el diseño lumínico y la puesta de luces de Walter Marcello y Tato Cayón, el sonido de Daniel Vertúa y la escenografía y utilería de Darío Di Meglio. La dirección general y puesta en escena pertenecen a Tato Cayón.

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    El gigante olvidado que alimentó a millones: cómo nació el Mercado Central y por qué sigue siendo una pieza clave de la mesa de los argentinos

     

    Cada vez que aumenta el precio de las frutas y las verduras, el nombre del Mercado Central vuelve a aparecer en los medios. Sin embargo, pocas personas conocen la historia de este gigantesco centro de abastecimiento que, desde hace más de cuatro décadas, organiza buena parte de la distribución de alimentos frescos del Área Metropolitana de Buenos Aires. Su creación respondió a una idea que hoy vuelve a generar debate: que el Estado también podía intervenir en la comercialización para evitar abusos, transparentar precios y acercar alimentos a millones de consumidores.

    Por Redacción de NLI

    Cada madrugada, cuando la mayor parte de Buenos Aires todavía duerme, una ciudad paralela comienza a ponerse en movimiento a pocos kilómetros de la General Paz. Cientos de camiones provenientes de todas las regiones productivas del país ingresan cargados de frutas, verduras y hortalizas. En cuestión de horas, miles de toneladas cambian de manos, se negocian precios, se organizan cargas y vuelven a salir con destino a verdulerías, supermercados, comercios de barrio y ferias de toda el Área Metropolitana. Ese movimiento cotidiano, que para la mayoría de los consumidores permanece invisible, convierte al Mercado Central de Buenos Aires en uno de los principales nodos alimentarios de la Argentina.

    Aunque suele aparecer en las noticias cuando se realizan operativos de control de precios o cuando alguna crisis económica impacta sobre el costo de los alimentos, el Mercado Central cumple una función mucho más amplia que la de un gran mercado mayorista. Desde su inauguración en 1984 fue concebido como una herramienta para ordenar la comercialización de productos frescos, reducir costos logísticos y transparentar un circuito donde históricamente convivieron pequeños productores, grandes intermediarios y miles de comerciantes minoristas. Su existencia expresa una discusión que atraviesa buena parte de la historia económica argentina: hasta dónde debe intervenir el Estado cuando se trata de garantizar el acceso de la población a bienes esenciales.

    La decisión de construir un mercado concentrador de escala metropolitana comenzó a tomar forma durante la década de 1970, cuando el crecimiento urbano había vuelto insuficientes los antiguos mercados que abastecían a Buenos Aires. La expansión demográfica, el aumento del consumo y la necesidad de mejorar las condiciones sanitarias y logísticas impulsaron la creación de un espacio capaz de concentrar buena parte del comercio mayorista de alimentos frescos. El resultado fue un predio de más de quinientas hectáreas ubicado estratégicamente en La Matanza, con acceso directo a las principales rutas del país y preparado para recibir producción proveniente de todas las economías regionales.

    Mucho más que un lugar donde se venden frutas y verduras

    Con el paso del tiempo, el Mercado Central se convirtió en una pieza fundamental para comprender cómo funcionan los precios de los alimentos en la Argentina. Allí confluyen productores de Mendoza, Río Negro, Misiones, Jujuy, Tucumán, Entre Ríos, el cinturón hortícola bonaerense y prácticamente todas las regiones agrícolas del país. La enorme concentración de oferta permite observar, casi en tiempo real, cómo influyen las condiciones climáticas, los costos del transporte, las variaciones estacionales y los cambios económicos sobre el valor de los productos que luego llegan a la mesa de los consumidores.

    Sin embargo, entre el productor y quien finalmente compra un tomate o una naranja suele existir una extensa cadena de intermediación. Transporte, almacenamiento, distribución y comercialización agregan costos que muchas veces multiplican el precio original varias veces antes de llegar a una verdulería. Por esa razón, el Mercado Central también fue pensado como un espacio donde los valores mayoristas pudieran servir como referencia para evitar distorsiones excesivas y ofrecer información pública sobre la evolución de los precios.

    A lo largo de su historia, distintas administraciones utilizaron esa herramienta de maneras diferentes. En algunos períodos se impulsaron programas destinados a acercar productos directamente al consumidor, mientras que en otros predominó una lógica de menor intervención estatal. Ese vaivén refleja una discusión mucho más amplia sobre el papel que debe asumir el Estado frente a la inflación alimentaria y la concentración económica.

    Un termómetro de la economía cotidiana

    Pocas instituciones muestran con tanta claridad los efectos de una crisis económica como el Mercado Central. Cuando una sequía reduce la producción, cuando una helada destruye cultivos o cuando aumentan los costos del combustible, el impacto suele reflejarse rápidamente en las operaciones que allí se realizan. Pero también ocurre lo contrario: cuando la demanda cae porque las familias pierden poder adquisitivo, los operadores mayoristas son de los primeros en advertir el cambio.

    Por eso, recorrer el Mercado Central es también recorrer una parte de la economía real argentina. Allí no se habla únicamente de estadísticas o indicadores macroeconómicos. Se habla de cosechas, de pequeños productores que intentan sostener su actividad, de comerciantes que calculan cuánto podrá pagar el cliente del barrio y de consumidores que cada vez deben mirar con más atención el precio de los alimentos básicos.

    En los últimos años, esa realidad volvió a adquirir una fuerte dimensión política. El incremento sostenido del costo de vida, la pérdida del poder adquisitivo de salarios y jubilaciones y las sucesivas discusiones sobre el rol del Estado en la regulación de los mercados alimentarios colocaron nuevamente al Mercado Central en el centro del debate público. Para algunos sectores, debe limitarse a cumplir una función logística; para otros, constituye una herramienta estratégica para garantizar el acceso a alimentos en condiciones razonables y reducir el poder de negociación de los grandes grupos concentrados.

    Una discusión que excede a un mercado

    La experiencia internacional demuestra que prácticamente todas las grandes ciudades cuentan con mercados concentradores destinados a organizar el abastecimiento de alimentos frescos. La diferencia radica en el papel que cada Estado decide asignarles. Algunos funcionan exclusivamente como centros privados de comercialización; otros cumplen además funciones de regulación, generación de información y promoción de pequeños productores.

    La Argentina todavía mantiene abierto ese debate. En un país productor de alimentos, donde periódicamente resurgen discusiones sobre inflación, concentración económica y seguridad alimentaria, el Mercado Central representa mucho más que un enorme predio lleno de camiones y galpones. Es el punto donde confluyen el trabajo de miles de productores, las necesidades de millones de consumidores y una vieja pregunta sobre el modelo económico: quién fija el precio de los alimentos y qué herramientas tiene la sociedad para evitar que un bien esencial quede exclusivamente librado a la lógica de la especulación.

    Cada madrugada, cuando los primeros camiones cruzan sus portones, el Mercado Central vuelve a poner en marcha una maquinaria silenciosa que alimenta a millones de personas. Su historia demuestra que detrás de cada fruta y cada verdura existe una compleja red de trabajo, producción y distribución. También recuerda que discutir cómo llegan los alimentos a la mesa de los argentinos nunca fue solamente una cuestión comercial: es, ante todo, una discusión sobre el derecho a una alimentación accesible y sobre el papel que el Estado decide asumir para garantizarla.

     

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    LA MALNUTRICIÓN

    ¿Qué es el buen funcionamiento del organismo? El andar de nuestro organismo responde a todo lo que hago por él. Lo que hago por él puede ser consciente, darme alegría, dolerme, o todo lo contrario. Desde las Ciencias Naturales, exactas o duras, podemos decir que para lograr el buen funcionamiento del organismo es que comemos…

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  • ¿Cómo enfrentar el “contragolpe cultural”?

     

    Así como las afirmaciones terraplanistas no modifican el hecho de que la Tierra sea redonda, así como los movimientos antivacunas no cambian la naturaleza contagiosa del Covid, el conservadurismo cultural, expresado hoy por fuerzas como las que lideran Javier Milei y Donald Trump, no modifica esta realidad: las sociedades humanas son constitutivamente diversas, heterogéneas y desiguales; en todas las comunidades humanas, pero aun más en aquellas donde existen el dinero y el Estado, hay multiplicidades y hay disparidades.

    Qué hacer con esta diversidad es un debate que viene concentrando la mayor parte de la historia ideológica, filosófica y política, y que por supuesto no está saldado. Dentro de estas controversias, uno de los capítulos centrales es el concepto de libertad, que ha sido utilizado por la extrema derecha como una de sus banderas. Para los conservadores, hoy llamados libertarios, la libertad se basa en la idea de que somos todos iguales: un rico y un pobre son consecuencia del modo distinto en que cada uno usó sus posibilidades. En esta mirada, la desigualdad fáctica es una consecuencia de una igualdad ontológica. Para las corrientes conservadoras, la libertad agiganta desigualdades. El rol del Estado, además de garantizar seguridad y justicia, debe ser restringir la diversidad: el Estado, que no debería cobrar impuestos, sí debe decretar que hay dos géneros, que la familia debe estar constituida de cierta manera y que las mujeres no pueden disponer de sus cuerpos.

    Desde una mirada democrática y progresista que asume que las sociedades son por naturaleza diversas, en cambio, la igualdad es algo a construir. Pero esa perspectiva hoy está a la defensiva. A través de una serie de subterfugios de ingenieros del caos, la posición histórica que conjuga liberalismo cultural, pluralismo político y justicia social ha sido estigmatizada como “woke” o “progresista”. La expresión “woke” surgió en Estados Unidos, un territorio de alta intensidad en la batalla cultural, en referencia a “despertar” (awake) ante la discriminación (“despierto” en el sentido de “concientizado”); pero hoy se usa de modo despectivo, que es la connotación que le dio Milei en su discurso en Davos. Como si las personas que descienden de esclavos o de pueblos originarios, como si las mujeres, que hasta hace setenta años no podían votar, hoy, justamente porque se reconocieron algunas de esas desigualdades, contaran con privilegios.

    La derecha conservadora está presente en distintas corrientes políticas, del mismo modo que la corriente que defiende las diversidades está presente –aunque no de modo uniforme– en partidos distintos. En Argentina, el peronismo, el radicalismo, el socialismo y la izquierda cuentan entre sus integrantes con personas que defienden este punto de vista. Se trata de una corriente que busca principalmente dos metas: que las personas y los grupos sean cada vez más libres, y que esa libertad se sostenga en formas igualitarias que la hagan real y no puramente declarativa o formal. Es una corriente de opinión que pone en escena grandes tradiciones culturales de la modernidad, heredadas de la Revolución Francesa y la Estadounidense, y que no tiene una única posición en materia de desarrollo económico, justicia distributiva o lucha por la igualdad. Ese “progresismo” no está en contra de ninguna religión, pero sí lucha por una separación completa de cualquier religión y del Estado. Ninguna ley puede sustentarse en creencias religiosas. Pero sí debe haber leyes que, por motivos universalistas, exijan el respeto de todas las religiones. Esta perspectiva, sometida hoy a una fuerte ofensiva, merece una reflexión autocrítica.

    Acerca de la autocrítica

    La hegemonía cultural de la extrema derecha impacta en el campo progresista. ¿Los movimientos por la libertad de las diversidades se “pasaron de rosca”? La ofensiva cultural de Milei y las derechas extremas, la derrota electoral del peronismo y los niveles de inflación y pobreza que dejó el gobierno de Alberto Fernández han planteado ese debate. ¿Hay una incidencia de la lucha por las diversidades en el oscurantismo que estamos viviendo hoy? ¿No habremos ido demasiado lejos? ¿Se puede seguir sosteniendo la defensa del colectivo LGTBQi+ en el contexto actual?

    Los procesos sociales y políticos siempre son imperfectos. Conocer esas imperfecciones, practicar la autorreflexión, es clave para mejorarlos. Por otro lado, se trata de movimientos profundos y de larga duración. En Argentina, por ejemplo, el movimiento masivo de mujeres de los últimos años comenzó en 2015 con el “Ni Una Menos”, una gigantesca movilización contra la violencia de género. ¿Frenar el reclamo contra los asesinatos de mujeres hubiera sido “menos radicalizado”? Y hoy, ¿qué está más vigente? ¿El reclamo de que no mueran más mujeres por el hecho de ser mujeres o la propuesta oficial de retirar del Código Penal el agravante por femicidio?

    La autocrítica no equivale a autoflagelación; debe ser una reflexión sobre prácticas y políticas que nos implican. Entre las múltiples causas que produjeron esta nueva etapa histórica global de las derechas extremas están, en efecto, los profundos déficits de la izquierda, la centroizquierda y los partidos tradicionales. Pero no coincido con quienes, subidos a la marea reaccionaria, afirman que la culpa es del progresismo, de un supuesto “wokismo” o de una “excesiva” ampliación de derechos civiles. Ese argumento puede terminar en diputados que voten con Milei regresiones culturales o puede llevar a un catolicismo de gobierno en contra de la libertad de las personas y los grupos. Empieza cuestionando el DNI no binario y termina aboliendo el divorcio.

    Pero entonces, ¿cuáles son esos errores de la izquierda? Si hubiera que elegir uno, diría lo siguiente: mientras las vocaciones igualitarias y de justicia social se tornaban cada vez más difíciles de lograr, en gran parte por no tener una alternativa concreta al capitalismo neoliberal, la izquierda avanzó con leyes y políticas tendientes a garantizar derechos civiles. Dependiendo de los países, se avanzó en materia de identidad de género, aborto, discriminación positiva, educación sexual, matrimonio igualitario, derechos de los pueblos originarios y los migrantes. Cuantas más dificultades aparecían en materia económica y social, cuanto más complicado se hacía sostener el horizonte de movilidad social, más se acentuaron estos derechos como compensación.

    La autocrítica no equivale a autoflagelación: debe ser una reflexión sobre prácticas y políticas que nos implican.

    Ese fue el gran problema. Las libertades civiles no pueden compensar el fracaso económico o social. Si son las únicas banderas que se agitan cuando se desfinancia el Estado de Bienestar, se retiran regulaciones públicas o se producen escaladas inflacionarias, como en el caso argentino, se corre el riesgo de que las fuerzas democráticas queden reducidas y debilitadas. Los límites para corregir o superar el neoliberalismo los terminan pagando los avances en materia de diversidad o pluralismo.

    Mi primera tesis es que, frente a quienes creen que la ampliación de libertades favoreció a la derecha extrema, creo que su causa es el fracaso económico.

    En segundo lugar, la cuestión de los particularismos. Mientras Martin Luther King buscó cambios que mejoraran la desigualdad estructural de la sociedad norteamericana, muchas políticas de la identidad del siglo XXI se concentraron en derechos particulares. Y es difícil pedirles algo más que simpatía pasiva o inactividad a quienes no están directamente involucrados en la conquista de un derecho. Esto no implica que movimientos como “Ni Una Menos”, “Black Lives Matter” o la “Marcha anti-fascista” de febrero de 2025 no hayan sido señales contundentes en la dirección correcta, sino simplemente llamar la atención sobre cuál puede ser el alcance de esas convocatorias.

    Algo similar ocurre con el “lenguaje inclusivo”. Se trata de un cambio cultural crucial, que busca ampliar libertades e incluir diversidades. Pero debe expandirse a partir de la posibilidad, no como imposición. Los mayores fracasos del cambio cultural ocurrieron cuando se pretendió imponer a través de prescripciones. El liberalismo cultural busca ampliar, no restringir, las posibilidades de las personas.

    El caso de las cuotas

    Muchas veces, en lugar de luchar por cambiar una legislación, una política o un presupuesto, las reivindicaciones progresistas se enfocaron en personas concretas: los varones blancos, incluyendo casos de punitivismo extra-judicial, como escraches a adolescentes, altamente polémicos. En aquellos casos, hubo voces feministas potentes que alertaron que el feminismo no surgió para cambiar al dueño del poder del patriarcado, sino para modificar un tipo de poder y de dominación. El punitivismo y la cultura de la cancelación fueron algunos de los errores más graves. Pero no es verdad que sean inherentes a los reclamos por la diversidad y la libertad: fueron casos minoritarios en causas justas.

    Detrás de este tipo de cuestiones aparece un problema que vale la pena debatir a futuro: la tensión entre lo particular y lo universal. Si cada uno de los grupos discriminados reclamara sólo para sí mismo, si todo se tradujera en una simple cuota por grupo, a largo plazo se terminarían socavando algunos de los consensos culturales necesarios para mantener las políticas de acción afirmativa. Un ejemplo es el de las universidades. En la mayoría de los países del mundo existe un sistema de examen de ingreso a la universidad y cupos por carrera. Al observar las universidades se hacía evidente que la abrumadora mayoría de los alumnos eran varones blancos. Eso llevó a reclamar políticas de cuotas raciales, étnicas y nacionales, como las que se terminaron concretando en Estados Unidos y Brasil. Este sistema garantizaba una mayor presencia de diversidades, restando lugares a los blancos. Pero, ¿qué quedaba, por ejemplo, para los blancos pobres? ¿Quién se preocupó de su situación? En muchos casos fueron los grandes olvidados, lo que contribuyó a que volcaran su respaldo a fuerzas políticas conservadoras que dicen defenderlos. ¿Qué hubiera ocurrido si se hubiera incluido una cuota general para los estudiantes de colegios públicos de bajos recursos en el ingreso a la universidad? Mientras en un terreno puramente cultural la especificidad por grupo es adecuada, en cuotas vinculadas a desigualdades puede no producir las consecuencias buscadas.

    En un mundo dominado por la incertidumbre económica, en el que se achican los recursos públicos, muchos países optaron por un modelo de cuotas para asegurar la presencia de los grupos discriminados no sólo en el acceso a la universidad sino también al empleo público –y en ocasiones al empleo privado–. Esto implica que los logros de la ampliación hacia los sectores discriminados se hicieron sobre la base de una reducción relevante de la participación de los sectores anteriormente privilegiados. Y esta estrategia, correcta desde un punto de vista filosófico, se topa con un problema político. Las personas de carne y hueso que se ven afectadas, que no logran ingresar a la universidad o no consiguen empleo, se van pasando en masa al ejército del “contragolpe cultural”, esperando el surgimiento de un Trump, un Milei o cualquier otro líder que proponga revertir la situación.

    Se trata de un error recurrente del progresismo: no percibir el dolor de las víctimas de sus políticas, y no elaborar una respuesta. Mi punto es sencillo: si se presuponen las restricciones económicas, como de hecho las aceptaron la mayoría de las fuerzas de centroizquierda en Europa y América, que los perdedores de la discriminación positiva pasen al otro lado es inexorable. Pero si se cuestiona un modelo que reduce los impuestos a la riqueza y desfinancia al Estado, y se usa ese dinero para ampliar el acceso a la universidad y el empleo, logrando mejorar la diversidad sin afectar drásticamente los espacios previos, la base política de la derecha extrema quedará reducida. Es cierto que esto no es posible para los varones privilegiados, que inexorablemente se verán afectados: será necesario pensar una política cultural específica para ellos.

    La defensa de la libertad

    Estamos ante un feroz ajuste a las libertades y es urgente emprender una fuerte defensa de políticas por la libertad basada en igualdades. La libertad, convertida en el eslogan hueco de la extrema derecha, no puede ser resignada por las fuerzas democráticas y progresistas. El principio básico de la lucha por la libertad es maravilloso: que las personas y los grupos puedan autorrealizarse en todas las dimensiones de la vida. Esto incluye su identidad de género, étnica, nacional, local, religiosa, así como su libertad de expresión, en la familia, en el trabajo…

    Esas libertades tienen un requisito: un piso de igualdad, porque quien sufre desnutrición no puede ser libre, quien no puede acceder a la escuela no puede ser libre. Una comunidad libre es aquella que garantiza un piso de igualdad para todos sus miembros.

    Los libertarios conservadores de la extrema derecha afirman que ser iguales es que cada uno se las arregle como pueda. Es una propaganda basada en la negación de la historia tal como sucedió. Los esclavos existieron hasta el siglo XIX bajo el imperio de la ley, y los afrodescendientes continúan siendo discriminados en prácticamente todos los países de América y Europa hasta hoy. La conquista colonial existió. El patriarcado y la desigualdad de géneros existieron… y todavía existen. En muchos países las mujeres votan recién desde hace algunas décadas. Y en la mayoría de los países europeos y americanos jamás hubo una presidenta o una primera ministra mujer. El capitalismo, por su parte, tiene mecanismos poderosos para reproducir la desigualdad de clases entre generaciones: a través de la herencia y también de la “herencia de clase”. La mayoría de los hijos de personas pobres son pobres. La movilidad social ascendente está en crisis en la mayoría de los países, y los mecanismos sociales que la hacían posible se están debilitando a un ritmo vertiginoso. Los libertarios conservadores quieren liquidar esos mecanismos, del mismo modo que se proponen atacar las leyes que tienden a asegurar libertades vinculadas a la diversidad y la disidencia. Esto implicará también contrarrestar su ofensiva individualista poniendo en valor la solidaridad, lo común y lo público. Enfrentar políticamente aquel proyecto exige autorreflexión y determinación.

     

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  • Lula logra un acuerdo con el líder del Senado de Brasil para aprobar la reducción de la jornada laboral

     

    Lula logró un acuerdo clave para el tramo final de la campaña electoral. El líder del Partido de los Trabajadores consiguió que el presidente del Senado de Brasil, David Alcolumbre, destrabe la propuesta que busca terminar con la jornada laboral conocida como 6×1, que establece seis días de trabajo por uno de descanso. 

    La decisión se produjo tras semanas de tensión por el nombramiento de Jorge Messias para ocupar una vacante en la Corte Suprema pero el Senado de Brasil lo rechazó por primera vez desde 1894.

    La iniciativa, que ya fue aprobada por la Cámara de Diputados en mayo con 461 votos a favor y apenas 19 en contra, permanecía frenada en el Senado pero ahora comenzará el debate en las comisiones. entre el 31 de agosto y el 4 de septiembre. 

    Lula pretende presentar la reducción de la jornada laboral y el aumento del tiempo de descanso como una de sus principales banderas durante la campaña. 

    El poderoso presidente de la Cámara de Diputados de Brasil anunció el apoyo a la reelección de Lula 

    La medida prevé una jornada laboral máxima de 40 horas semanales y 2 días de descanso, con una regla de transición de 60 días. Asimismo, habrá una reducción progresiva de las 44 horas actuales. con 5 días de trabajo por 2 de descanso. La reducción no implicará recortes salariales. 

    La medida prevé una jornada laboral máxima de 40 horas semanales y 2 días de descanso, con una regla de transición de 60 días. Asimismo, habrá una reducción progresiva de las 44 horas actuales. con 5 días de trabajo por 2 de descanso. La reducción no implicará recortes salariales

    La negociación también tiene un componente político para Alcolumbre dado que el senador busca conservar la presidencia del Senado en la elección interna de 2027 y necesita construir apoyos para enfrentar una eventual candidatura del bolsonarismo. 

    Golpe a Lula: el Senado rechazó nombrar un juez para la Corte Suprema por primera vez desde 1894

    En ese escenario, una recomposición de la relación con Lula puede resultar estratégica. El reencuentro de Lula con Alcolumbre buscan cerrar esa etapa y reactivar la negociación con el Congreso y forma parte de un acuerdo que con líderes de centro como el presidente de la Cámara de Diputados, Hugo Motta, que anunció el apoyo a la reelección de Lula.

    Además de la reducción de la jornada laboral, el presidente del Senado destrabó la tramitación de la PEC de Seguridad Pública que propone redefinir el rol del gobierno federal frente a los estados en el combate al crimen organizado, un eje que será tomado por el bolsonarismo y forma parte de la agenda de Donald Trump y Marco Rubio.

     

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    Milei profundiza su alineamiento con Trump: autorizó que tropas argentinas participen de un ejercicio militar bajo mando del Comando Sur de EE.UU.

     

    Un decreto publicado en el Boletín Oficial autoriza la participación de tropas argentinas en PANAMAX 2026, un ejercicio militar comandado por el Comando Sur de Estados Unidos. Crecen las críticas por el alineamiento servil de Milei con Donald Trump.

    Por Celina Fraticiangi para NLI

    El Gobierno de Milei dio un nuevo paso en su política de alineamiento estratégico con Estados Unidos al autorizar la participación de efectivos de las Fuerzas Armadas argentinas en el ejercicio multinacional PANAMAX 2026, una maniobra organizada bajo la conducción del Comando Sur estadounidense. La medida quedó oficializada este viernes mediante un decreto publicado en el Boletín Oficial y vuelve a poner en debate el rumbo de la política exterior y de defensa adoptado por la Casa Rosada.

    Más allá de la presentación oficial como una instancia de cooperación militar regional, el documento deja en claro que el operativo responde a una invitación formulada por la Embajada de Estados Unidos y que toda la estructura del ejercicio se desarrolla bajo el liderazgo del Comando Sur, uno de los principales instrumentos de proyección militar de Washington en América Latina.

    Un ejercicio diseñado por el Comando Sur

    El decreto autoriza la salida de hasta 56 efectivos argentinos entre el 27 de julio y el 15 de agosto para participar en PANAMAX 2026, un entrenamiento que tendrá lugar en la República de Panamá.

    Según el propio anexo oficial, el objetivo consiste en fortalecer la interoperabilidad de las Fuerzas Armadas del continente mediante operaciones conjuntas frente a amenazas que podrían afectar el Canal de Panamá, uno de los principales corredores estratégicos del comercio mundial.

    La documentación oficial señala expresamente que el ejercicio se encuentra «enmarcado en las acciones de cooperación militar dentro del Continente Americano bajo el mando del Comando Sur de los Estados Unidos de América», un dato que resume el esquema de conducción política y militar del operativo.

    La Argentina aportará un Comando Conjunto de Operaciones Especiales, personal del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea especializado en operaciones especiales, planificación y ciberdefensa.

    Otro gesto de subordinación geopolítica

    Desde su llegada al poder, Milei convirtió el alineamiento con Washington en uno de los pilares de su política exterior.

    El Presidente rompió con la histórica tradición diplomática argentina de mantener márgenes de autonomía entre las grandes potencias y pasó a exhibir un respaldo prácticamente irrestricto a la agenda impulsada por Estados Unidos, primero con la administración de Joe Biden y luego con el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca.

    En ese contexto, la autorización para participar de un ejercicio comandado por el Comando Sur aparece como un nuevo gesto político que excede el plano estrictamente militar.

    Para distintos especialistas en relaciones internacionales, el fortalecimiento de estos vínculos supone un cambio profundo respecto de la doctrina histórica de defensa argentina, que desde el retorno democrático procuró preservar la autonomía estratégica del país y limitar la participación de las Fuerzas Armadas en escenarios definidos por intereses de potencias extranjeras.

    El Canal de Panamá como escenario estratégico

    El propio anexo del decreto explica que PANAMAX 2026 simula un conflicto en el que una fuerza hostil intenta bloquear o sabotear el Canal de Panamá.

    La hipótesis contempla operaciones militares multinacionales para garantizar el funcionamiento de esa vía marítima mediante una fuerza integrada por países del continente, bajo un esquema coordinado por Estados Unidos.

    Aunque el documento sostiene que la situación ficticia estaría respaldada por una eventual resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, la planificación, organización y conducción general del ejercicio permanecen bajo la estructura operativa del Comando Sur.

    Recursos públicos para una estrategia ajena

    La participación argentina demandará un gasto estimado de 51 millones de pesos, financiados íntegramente con recursos del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas.

    Mientras el Gobierno sostiene un fuerte ajuste sobre universidades, hospitales, ciencia, jubilaciones y programas sociales, destinar fondos públicos para integrar maniobras militares encabezadas por Estados Unidos vuelve a alimentar las críticas sobre las prioridades presupuestarias de la administración libertaria.

    La decisión se suma a una serie de movimientos diplomáticos y militares que durante los últimos meses consolidaron el acercamiento de la Argentina al esquema de seguridad promovido por Washington. Para los sectores críticos, el decreto representa una nueva muestra de una política exterior que abandona la tradición de autonomía nacional para ubicarse dentro del dispositivo geopolítico impulsado por la administración de Donald Trump.

     

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