Una de las tantas estrategias que tienen los partidos y sus candidatos/as es sacar a la luz la cantidad de causas en trámite, o finalizadas que tienen cada uno/a de sus rivales. En el medio, la prensa aprovecha y utiliza estos datos para transmitirlos de una manera muy distorsionada, generando así en la ciudadanía una situación de bronca, indignación y desinformación a la vez.
Es muy difícil
tratar de explicar en pocos minutos, en un programa o en una nota, causas tan
complejas en las que suelen revestir la calidad de “imputados/as” dichos
candidatos/as. Una causa implica muchas aristas: lenguaje muy técnico, se
muestran cuestiones procesales, de derecho, resoluciones, sentencias, etc.
Cuestiones que, si no se aclaran de la mejor manera, se produce una total
desinformación, generando así un criterio demasiado subjetivo que es absorbido
por los receptores de esa información.
También es
cierto que el conocimiento de ciertas cuestiones “de derecho”, son desconocidas
por gran parte de la ciudadanía (los motivos son varios, pero no es su culpa),
entre estas cuestiones encontramos derechos que están reconocidos por nuestra
Constitución Nacional, los Tratados Internacionales y las Constituciones
Provinciales. Uno de estos derechos es la presunción de inocencia, ésta “constituye la máxima garantía
constitucional del imputado, que permite a toda persona conservar el estado de
“no autor del delito” en tanto no se expida una resolución judicial firme; por
lo tanto toda persona es inocente, y así debe ser tratada, mientras no se
declare en juicio su culpabilidad”. A su vez “el imputado no tiene que construir su inocencia y no debe ser tratado
como culpable”.
Más claro
todavía lo dice la Declaración Universal
de Derechos Humanos en su artículo 11: “Toda persona acusada de delito tiene
derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad,
conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las
garantías necesarias para su defensa”.
Todo esto viene a colación por el hecho de que hay algunos/as que piensan que gran parte de la sociedad considera que el simple motivo de estar involucrado en una causa, y más si se trata de delitos como corrupción, implica la inmediata culpabilidad de la persona, y ante esto tenemos que preguntarnos:
¿El/la candidato/a, pierde legitimidad así?; ¿El pueblo se deja influir tan fácilmente por una noticia mal informada?
Estas dos
preguntas a manera de reflexión quiero que se tengan en cuenta como un llamado
de atención hacia los grandes medios y hacia los/las candidatos/as que
subestiman la capacidad, la inteligencia y el poder de decisión que tienen
nuestras sociedades. Pensar que las personas no simpatizan con un/a candidato/a
por el gran número de causas que pueda tener sería un error grave, a su vez,
como sociedad deberíamos plantearnos qué tipo de información es la que
realmente debemos tener en cuenta a la hora de decidir y no caer en esa
jugarreta en la que quieren que caigamos tanto los medios, como los
candidatos/as, que pareciera que la única plataforma ideológica es “tirar
basura” a su contrincante.
La gente necesita saber cuál será su presente y futuro económico, cómo se van a educar a los niños, niñas y adolescentes, cómo serán las jubilaciones de los adultos mayores, cómo erradicar la pobreza y generar igualdad económica, cómo será la salud del presente y la del futuro, cómo dar una calidad de vida digna y adecuada para todas las personas, etc.
Ya es momento de sacar de nuestra consciencia colectiva este jueguito periodístico y política barata que lo único que genera es correr el foco de lo que realmente importa.
El Intendente Marcelo Orazi destacó la firma del convenio entre la Gobernadora Arabela Carreras y el Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación para la refacción y puesta en valor del edificio histórico ‘La Reginense’.La obra se enmarca en el programa ’50 Destinos Turísticos’ del gobierno nacional e incluye una inversión total de $89…
La historia de SIAM durante el peronismo y el cierre de Whirlpool bajo Javier Milei exponen dos estrategias económicas enfrentadas. Mientras el Estado peronista impulsó crédito, producción y consumo, Whirlpool abandonó la fabricación local y convirtió su negocio argentino en un esquema 100% importador.
Hay una imagen que permite resumir buena parte de la discusión económica argentina: una heladera SIAM fabricada en el país y una moderna planta de Whirlpool en Pilar que, apenas tres años después de su inauguración, terminó cerrada y puesta en venta.
No son historias idénticas ni pertenecen al mismo momento histórico. Pero permiten observar dos decisiones políticas y económicas radicalmente diferentes frente a la industria: qué hace el Estado cuando una empresa produce en Argentina y qué ocurre cuando las condiciones favorecen la importación por encima de la fabricación local.
La comparación adquiere particular fuerza porque ambas historias están vinculadas con bienes que ingresaron profundamente en la vida cotidiana de las familias: heladeras y lavarropas.
SIAM y Perón: cuando el Estado apostó a producir
Cuando Juan Domingo Perón llegó a la Presidencia en 1946, SIAM ya era una empresa industrial importante. Sin embargo, durante el primer peronismo encontró un escenario en el que el crédito estatal, la protección industrial, el crecimiento del mercado interno y la expansión del consumo favorecieron su desarrollo.
El Banco de Crédito Industrial Argentino se convirtió en una herramienta fundamental para financiar la industria. SIAM estuvo entre las empresas que recibieron una participación particularmente importante de esos créditos durante el período 1946-1955.
La investigación citada en nuestra nota anterior registra que los préstamos destinados a SIAM-SIAT llegaron a representar aproximadamente el 10% en 1946, el 12% en 1947, el 13% en 1948, el 14% en 1951, el 18% en 1952 y el 19% en 1953 de los créditos considerados en los sectores correspondientes.
No se trató simplemente de regalar dinero a una empresa. El esquema combinó financiamiento estatal, protección industrial, regulación de importaciones y estímulo a la producción nacional.
El Estado también construyó mercado
La otra cara de esa política fue la expansión del consumo.
El crecimiento de los ingresos y las ventas en cuotas permitieron que sectores cada vez más amplios pudieran acceder a bienes durables. En el caso de las heladeras, la investigación histórica señala que la redistribución del ingreso, las restricciones a las importaciones y la generalización de los sistemas de venta a plazos impulsaron la demanda.
El resultado fue extraordinario. La producción argentina de heladeras eléctricas pasó de 6.967 unidades en 1946 a 151.200 en 1955.
SIAM fue una de las empresas centrales de esa expansión. Sus ventas de heladeras eléctricas pasaron de 11.693 unidades en 1948 a 73.928 en 1955.
La diferencia con el presente no está solamente en cuántas heladeras se fabricaban. Está en la concepción económica que había detrás: la industria debía producir, los trabajadores debían poder consumir y el Estado debía intervenir para que ambas cosas fueran posibles.
La heladera que cambió la vida cotidiana
El impacto no quedó encerrado en las estadísticas industriales.
En 1947 apenas el 3,4% de los hogares argentinos tenía una heladera eléctrica. El 20,4% utilizaba todavía heladeras alimentadas con barras de hielo.
La llegada de la refrigeración eléctrica modificó las rutinas familiares. Permitió conservar durante más tiempo carne, leche, verduras y otros alimentos perecederos, redujo la necesidad de realizar compras cotidianas y transformó la organización del trabajo doméstico.
La heladera pasó así de ser un objeto excepcional a convertirse progresivamente en un bien asociado al confort y a una nueva calidad de vida.
Según la investigación sobre la evolución de los bienes durables, en 1946 había una heladera por cada 28 familias. En 1950 era una por cada 14 y en 1955 una por cada seis.
La industrialización podía medirse entonces también dentro de las cocinas.
Whirlpool: tres años después, la fábrica cerró
La historia de Whirlpool en Pilar presenta un recorrido muy diferente.
En 2022, la multinacional estadounidense inauguró una fábrica de lavarropas en Fátima, Pilar, después de invertir 52 millones de dólares. La planta tenía una superficie de 30.453 metros cuadrados cubiertos y había sido concebida como una de las instalaciones más modernas de la compañía a nivel mundial y como plataforma regional de producción.
El proyecto contemplaba una capacidad de hasta 300.000 unidades anuales, con aproximadamente el 70% de la producción destinada a la exportación, principalmente hacia Brasil.
En 2023, primer año completo de funcionamiento, Whirlpool incorporó incluso un segundo turno y retomó las exportaciones de lavarropas hacia Brasil después de más de dos décadas.
Pero el escenario cambió con la llegada de Javier Milei a la Presidencia.
Del segundo turno al cierre definitivo
Durante 2024, Whirlpool comenzó a reducir turnos y personal. Según la información publicada por El Modelo, la empresa enfrentó una caída del consumo interno, mayores dificultades para competir con productos importados y la necesidad de revisar su estructura regional de producción.
Finalmente, en noviembre de 2025, comunicó el cierre definitivo de la planta y la interrupción de la fabricación de lavarropas en Argentina.
Ahora, en septiembre de 2026, la compañía puso en venta el complejo industrial.
La operación completa una transformación profunda: Whirlpool mantiene su presencia comercial en Argentina, pero abandonó la fabricación local y funciona bajo un esquema 100% importador. Los lavarropas provienen principalmente de Brasil, mientras accesorios, electrodomésticos y repuestos llegan desde plantas ubicadas en otros países.
De producir para el mundo a importar para el mercado
El contraste resulta difícil de ignorar.
En 2022, Whirlpool llegó a Argentina con una planta concebida para producir 300.000 lavarropas por año, exportar el 70% y utilizar al país como plataforma regional. Tres años después, esa fábrica estaba cerrada.
La propia información sobre la empresa establece una relación temporal directa entre el cambio de escenario y la llegada de Javier Milei: durante 2024 comenzaron las reducciones de turnos y personal y en noviembre de 2025 se produjo el cierre definitivo.
No corresponde afirmar, sin embargo, que el Gobierno haya ordenado el cierre de Whirlpool. Lo que sí permite establecer la fuente es que la empresa tomó la decisión en un contexto que cambió después de la llegada de Milei y que terminó adoptando un modelo completamente importador.
Y esa precisión es fundamental.
Porque la discusión no debería reducirse a si Whirlpool es responsable de cerrar una fábrica o si el Gobierno es responsable directo de la decisión. La cuestión de fondo es qué tipo de estructura productiva favorecen las reglas económicas vigentes.
Dos modelos frente a una misma pregunta
La comparación entre SIAM y Whirlpool no consiste en idealizar una empresa privada del pasado ni en afirmar que toda industria puede sobrevivir indefinidamente bajo cualquier circunstancia.
La diferencia aparece en otro lugar.
Durante el primer peronismo, el Estado utilizó crédito, protección industrial y herramientas económicas para fortalecer la producción local, mientras el crecimiento de los ingresos y las ventas en cuotas ampliaban el mercado interno.
En el caso de Whirlpool, una inversión industrial de 52 millones de dólares terminó con la fábrica cerrada, la producción interrumpida y el inmueble puesto en venta, mientras la compañía conserva su actividad comercial mediante importaciones.
Una Argentina buscaba fabricar el electrodoméstico que entraba en la casa de una familia. La otra terminó importándolo.
Y ahí aparece la pregunta incómoda para el presente: ¿qué sucede con el trabajo, los proveedores, las capacidades productivas y el conocimiento industrial cuando una economía deja de necesitar que esos productos se fabriquen dentro del país?
La heladera, el lavarropas y una discusión que vuelve
La historia de SIAM demuestra que una política industrial puede tener consecuencias que exceden ampliamente a una fábrica. Cuando una heladera llegaba a una vivienda, detrás había una cadena que involucraba trabajadores, máquinas, crédito, producción y consumo.
La historia de Whirlpool muestra el movimiento contrario: una planta moderna, con una inversión millonaria y capacidad exportadora, dejó de fabricar y pasó a formar parte de un esquema importador.
La comparación no permite borrar las diferencias entre 1946 y 2026. Pero sí deja planteada una discusión que el discurso libertario suele presentar como una cuestión puramente contable: ¿qué pierde una sociedad cuando producir deja de ser un objetivo económico y comprar afuera pasa a ser la alternativa dominante?
Porque una fábrica no es solamente un edificio.
Es trabajo. Es conocimiento. Es capacidad productiva. Es una cadena de proveedores. Y, sobre todo, es la posibilidad de que un país no quede condenado a ser simplemente el lugar donde se venden productos fabricados por otros.
La vieja heladera SIAM todavía puede servir para recordar algo que hoy parece incómodo: la industria nacional alguna vez fue pensada como una herramienta para transformar la vida de las familias. La fábrica de Whirlpool, vacía y en venta, obliga a preguntarse qué lugar ocupa esa idea en la Argentina de Milei.
Fuentes
Aisenberg, I., & Rein, R. (2024). Las vidas paralelas de dos emprendedores inmigrantes: Torcuato Di Tella y Ezra Teubal. Temas de Historia Argentina y Americana, 32(2), 109-128.
Belini, C. (2010). La promoción industrial durante el peronismo. Impacto y límites de la ley de industrias de interés nacional (1944-1958). Temas de Historia Argentina y Americana, 16, 59-97.
Rocchi, F. (2022). La transformación de la vida cotidiana: la evolución de los bienes durables en Argentina, 1920-1970. Historia Crítica, 84, 29-55.
Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires. (2021). Los primeros gobiernos peronistas. Continuemos Estudiando.
El Modelo. (3 de septiembre de 2026). Se va: Whirlpool ya no fabrica en Argentina y vende su planta de Pilar.
Los jueces Pablo Bertuzzi y Eduardo Farah anularon este jueves una serie de allanamientos y embargos dispuestos por el juez Sebastián Casanello en la causa que investiga la contratación de una empresa de Martín Aguirre, socio de Martín Menem, para la prestación de servicios a la intervención de Osprera, la obra social de los peones rurales.
Aguirre, comparte el paquete accionario de TR Nutrition, dedicada a la venta complementos nutricionales, con el presidente de la Cámara de Diputados, pero también es dueño de la firma de consultoría informática HTECH Innovation. En efecto, Casanello y el fiscal Guillermo Marijuan indagan la empresa de tecnología por dos facturas que rondan los 260 millones de pesos.
Tal como informó LPO, el socio de Menem fue citado a indagatoria junto a los interventores que designó el gobierno, Virginia Montero y Marcelo Petroni, un abogado ligado a Lule Menem.
Las defensas de los imputados apelaron y la causa llegó a la Sala II de la Cámara Federal porteña, donde se desempeñan Roberto Boico y Farah. Como Martín Irurzun cumplió 75 años el pasado 18 de julio sin que Javier Milei mandara su pliego de prórroga al Senado, los camaristas tuvieron que sortear un tercer juez entre los tres integrantes de la Sala I, Mariano Llorens, Pablo Yadarola y Bertuzzi, nombrados en sus cargos después de una traumática votación para el kirchnerismo en la Cámara Alta.
Por azar en el sorteo, Bertuzzi terminó siendo el magistrado que desempató a favor de los interventores y Aguirre, todos cercanos a los primos Menem.
Bertuzzi anudó con este fallo, una seguidilla de cuatro definiciones a favor del gobierno a una semana de que el decreto de su nombramiento se publicara por Boletín Oficial con las firmas de Javier Milei y Juan Bautista Mahiques.
Eduardo Farah.
Primero confirmaron el apartamiento de las querellas en la causa LIBRA, dejando el caso al borde del archivo porque el fiscal Eduardo Taiano mantiene la investigación planchada. Luego, votó junto a Llorens para enterrar la pesqiusa por el endeudamiento perpetrado por Mauricio Macri y Luis Toto Caputo en 2018, con un dictamen contundente del fiscal Franco Picardi. Y el lunes pasado votó también el archivo de la causa por el espionaje que se instrumentó desde la AFI y que descubrió la ex interventora Cristina Camaño en los discos rígidos de las computadoras de la central de inteligencia.
En Comodoro Py, señalan que Bertuzzi «se está apurando a pagar al contado su designación», en referencia a los favores que le está haciendo al gobierno de Milei y su antiguo promotor, el ex presidente Mauricio Macri.
Bertuzzi se está apurando a pagar al contado su designación, dicen en referencia a los favores que le está haciendo al gobierno de Milei.
Más extraño es el caso de Farah, que ingresó a la cámara por impulso del peronismo, responde al auditor Javier Fernández y viene desmarcándose de los compromisos que el kirchnerismo le reclamaría. Auditor de la Nación desde 2001, Fernández solía decir que su conducción era Cristina Kirchner y que ejercía ascendencia sobre Farah.
El voto del camarista es otro elemento más en el desconcierto de los peronistas. «Hay un vínculo entre Javier Fernández y Cristina pero juega para él mismo y Farah está ahí gracias a nosotros, que lo repusimos, pero en la mayoría de los casos jugó para el orto», resumió una fuente del Congreso.
El único que votó contra Montero, Petroni y Aguirre fue Boico. Farah justificó su decisión diciendo que tenía a la vista razones suficientes para proponer al acuerdo la nulidad de las órdenes de allanamiento realizadas.
Con todo, el único que votó contra Montero, Petroni y Aguirre fue Boico. Farah justificó su decisión diciendo que tenía «a la vista razones suficientes para proponer al acuerdo la nulidad de las órdenes de allanamiento realizadas en el marco del legajo de investigación N° 1, y de lo obrado en su consecuencia, porque la actividad procesal que las integra, fundamenta y ejecuta se llevó a cabo con exclusión de la intervención de las defensas, sin que existiera una justificación legal para ello».
Bertuzzi, por su parte, consideró los procedimientos dispuestos por Casanello como «inadmisibles». «Aun si este accionar fue efectuado con el objetivo de perseguir un delito o de aportar pruebas que den cuentan de su comisión, resulta inadmisible el resultado de un procedimiento ilegal o contrario a derecho», planteó.
El 30 de agosto de 2025 LPO había revelado la escandalosa vinculación del socio de Martín Menem con la intervención de la obra social de los peones rurales. «Petroni es el que firmaba los acuerdos pero quien manejaba atrás era Sergio Aguirre, que es socio de Martín Menem», afirmó en ese momento un abogado al tanto de la situación de Osprera.
Este medio también reveló que Marijuan había accedido a mensajes de Whatsapp entre Petroni y Aguirre. En uno de ellos, el interventor escribió: «Eso lo tienen que saber Martín y Lule», y en otro fue más directo: «Nosotros somos Lule y Karina».
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