¿INOCENTE?: HASTA QUE SE DEMUESTRE QUE SEA POLÍTICO/A.

En 1930, un tranvía repleto de trabajadores cayó al Riachuelo cuando cruzaba el Puente Bosch. Murieron 56 personas en una de las mayores tragedias del transporte argentino.

Por Alcides Blanco para NLI

En la madrugada del sábado 12 de julio de 1930, mientras una lluvia persistente caía sobre Buenos Aires y el conurbano todavía comenzaba a desperezarse, un tranvía eléctrico de la línea 105 avanzaba desde Lanús hacia Constitución cargado de trabajadores que se dirigían a sus empleos. Para muchos de aquellos pasajeros, el viaje era parte de una rutina repetida durante semanas, meses o años: cruzar el Riachuelo, atravesar los barrios industriales y llegar a fábricas, talleres, depósitos y comercios donde comenzaba otra jornada laboral. Nadie podía imaginar que aquel trayecto cotidiano terminaría convertido en una de las mayores tragedias del transporte argentino. Al aproximarse al Puente Bosch, el tranvía encontró levantada la estructura móvil que permitía el paso de las embarcaciones y, pese a las señales existentes y al intento desesperado de detener la marcha, el coche continuó hacia adelante hasta precipitarse directamente sobre las aguas. De los aproximadamente sesenta pasajeros que viajaban en la unidad, 56 murieron, en una tragedia que conmovió al país y que, con el paso de las décadas, quedó instalada en la memoria porteña como una de esas historias donde un accidente aparentemente puntual termina revelando mucho más sobre la ciudad, sus trabajadores y la precariedad de una infraestructura que crecía a una velocidad difícil de acompañar.

El Riachuelo como frontera y como camino

Para comprender la magnitud del desastre hay que imaginar qué significaba el Riachuelo para aquella Buenos Aires. No era solamente un curso de agua que separaba dos jurisdicciones, sino una verdadera frontera económica atravesada diariamente por miles de personas. De un lado estaba la Capital Federal; del otro, una zona industrial y obrera que crecía al ritmo de los frigoríficos, talleres, barracas y establecimientos fabriles. Los puentes constituían, por lo tanto, piezas fundamentales de una estructura urbana en expansión, pero algunos tenían además una particularidad que hoy puede resultar extraña: eran puentes levadizos, porque el Riachuelo todavía tenía una actividad portuaria que exigía permitir el tránsito de embarcaciones.

El Puente Bosch había sido inaugurado en 1908 y formaba parte de ese sistema de comunicación entre ambas orillas. La línea 105, perteneciente a la Compañía de Tranvías Eléctricos del Sur, realizaba el trayecto entre Lanús y Plaza Constitución y era utilizada especialmente por trabajadores que necesitaban cruzar hacia la Capital para comenzar sus jornadas. La historia del accidente, por eso, no puede separarse de la historia de la movilidad obrera de aquellos años: el tranvía eléctrico había transformado radicalmente las distancias urbanas y permitido que miles de personas residieran lejos de sus lugares de trabajo, pero esa expansión también creó una dependencia cada vez mayor respecto de una red de transporte que debía funcionar con precisión en una ciudad industrial que no dejaba de crecer.

Aquella mañana, el puente estaba levantado para dejar pasar una embarcación. Las versiones históricas coinciden en que el conductor no logró detener el tranvía antes de llegar al vacío, aunque existen diferencias en algunos registros sobre el horario exacto y determinados detalles del episodio. Lo que no ofrece dudas es la dimensión del resultado: el coche cayó al Riachuelo y quedó completamente sumergido, atrapando en su interior a una enorme cantidad de pasajeros. La tragedia adquirió desde el primer momento una dimensión particularmente dolorosa porque la mayoría de las víctimas eran trabajadores, personas que habían salido de sus casas para cumplir una jornada laboral y que terminaron muriendo durante uno de los trayectos más rutinarios de su vida cotidiana.

Cuando la tragedia se convirtió en una historia colectiva

La noticia se expandió rápidamente por Buenos Aires y durante días ocupó las páginas de los diarios y las revistas. La magnitud del desastre también encontró una forma de representación visual extraordinariamente poderosa en la prensa de la época. La revista Caras y Caretas dedicó un amplio reportaje al accidente, con decenas de fotografías que registraron el rescate, las tareas en torno al puente y las consecuencias del hundimiento. En una época anterior a la televisión y a la circulación masiva de imágenes digitales, ese tipo de cobertura fotográfica tenía una capacidad enorme para llevar una tragedia hasta hogares muy alejados del lugar donde había ocurrido. El desastre dejó así de ser un acontecimiento limitado a quienes vivían cerca del Riachuelo para convertirse en una experiencia nacional de duelo.

Las imágenes del rescate resultan particularmente duras porque muestran el choque entre la normalidad de la infraestructura urbana y la violencia de lo ocurrido. El tranvía, símbolo de una modernización que había permitido conectar barrios y ciudades mediante una red cada vez más extensa, aparecía ahora hundido en el mismo río que esa modernización intentaba atravesar todos los días. El contraste tenía una enorme potencia simbólica: la tecnología que debía facilitar la vida cotidiana había quedado convertida en una trampa mortal, y detrás de la tragedia aparecía una pregunta inevitable sobre las condiciones de seguridad de los sistemas de transporte utilizados masivamente por la población.

La tragedia también ingresó en la cultura popular. El escritor y periodista Raúl González Tuñón se hizo eco del episodio y, según reconstrucciones posteriores, incorporó a su mirada literaria la historia de un niño vinculado con las víctimas, convirtiendo el accidente en algo más que una noticia policial. Esa transformación resulta significativa porque permite entender cómo funcionan las grandes tragedias urbanas en la memoria colectiva: primero son números, nombres y fotografías; con el paso del tiempo, se convierten en relatos que condensan sentimientos, personajes y símbolos capaces de sobrevivir mucho después de que desaparezcan quienes fueron testigos directos.

La ciudad que quedó debajo del agua

El accidente del Puente Bosch ocurrió en un momento particularmente complejo de la historia argentina. Apenas unas semanas antes, Hipólito Yrigoyen había sido derrocado por el golpe de Estado del 6 de septiembre de 1930, y el país ingresaba en una etapa de profunda transformación política y económica. La tragedia del tranvía quedó, inevitablemente, atravesada por ese contexto, aunque su importancia histórica no depende exclusivamente de lo que sucedía en la Casa Rosada. Su verdadero significado se encuentra en otra dimensión: permite observar cómo funcionaba una Buenos Aires que se había convertido en una gran metrópolis industrial, donde el transporte público era indispensable para conectar a una clase trabajadora que vivía y trabajaba a ambos lados del Riachuelo.

También muestra hasta qué punto los accidentes de infraestructura pueden convertirse en documentos sociales. Las víctimas no eran figuras públicas ni personajes destacados de la política; eran hombres y mujeres vinculados al mundo del trabajo, pasajeros anónimos que formaban parte de esa multitud que todos los días hacía funcionar la ciudad sin aparecer en los relatos oficiales de la modernización. El tranvía 105 transportaba precisamente a esa Buenos Aires que muchas veces queda fuera de las fotografías de avenidas, edificios y grandes obras: la Buenos Aires de quienes madrugaban, cruzaban el Riachuelo y llegaban a fábricas y talleres para producir aquello que sostenía buena parte de la economía urbana.

Con el tiempo, los tranvías desaparecieron de Buenos Aires y la red que alguna vez llegó a extenderse por cientos de kilómetros fue reemplazada progresivamente por colectivos, automóviles, subterráneos y otras formas de transporte. También cambiaron los puentes, los barrios y la propia relación de la ciudad con el Riachuelo. Sin embargo, el episodio del Puente Bosch permanece como una advertencia histórica sobre algo que suele perderse cuando se observa el pasado desde las grandes obras terminadas: una ciudad moderna no se define solamente por la velocidad con la que construye infraestructura, sino por la capacidad de garantizar que esa infraestructura sea segura para quienes dependen de ella.

Casi un siglo después, aquel tranvía hundido ya no forma parte del paisaje visible del Riachuelo, pero su historia continúa siendo una de las tragedias más estremecedoras de la Buenos Aires del siglo XX. Las vías desaparecieron, los tranvías dejaron de circular y buena parte de aquella ciudad industrial se transformó, pero los trabajadores que aquella mañana subieron al coche 75 siguen formando parte de la historia urbana porque su muerte permite recuperar una dimensión que los grandes relatos sobre el progreso suelen ocultar: cada transformación de una ciudad tiene un costo humano cuando las obras, las normas y las decisiones no logran acompañar las necesidades de quienes las utilizan. El Riachuelo continúa separando y conectando territorios, pero debajo de su superficie permanece también la memoria de una mañana en la que una rutina cotidiana terminó en tragedia y convirtió para siempre al Puente Bosch en uno de los lugares más dolorosos de la historia del transporte argentino.

Milei autorizó el amarre de un petrolero británico en Ushuaia, una decisión que genera polémica y cuestionamientos por su impacto sobre la soberanía y la causa Malvinas.

Por Bruno A. Monteverde para NLI

El Gobierno de Javier Milei acaba de quedar atrapado en una de esas contradicciones que ya no pueden explicarse como simples errores administrativos. Mientras la Argentina sostiene constitucionalmente que la recuperación del ejercicio pleno de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur constituye un objetivo permanente e irrenunciable, la administración nacional que interviene el puerto de Ushuaia autorizó allí el amarre y la operación de un buque petrolero de bandera británica, el VS Promise, en la capital de la provincia que incluye bajo su jurisdicción a los territorios australes usurpados por el Reino Unido.

La decisión provocó el inmediato repudio del Gobierno de Tierra del Fuego, que calificó la situación como “inadmisible” y exigió explicaciones públicas sobre los criterios políticos, estratégicos y administrativos que permitieron la operación. El reclamo adquiere una dimensión todavía mayor porque el Puerto de Ushuaia se encuentra actualmente bajo intervención de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación, es decir, bajo una administración que depende directamente del Estado nacional. La misma Nación que decidió desplazar a la Provincia del manejo de una infraestructura estratégica del extremo austral es, por lo tanto, la que ahora debe explicar por qué habilitó el ingreso de una embarcación vinculada a la bandera de la potencia que ocupa las islas cuya soberanía reclama la Argentina.

Un puerto intervenido en nombre de la soberanía

Hay una contradicción política difícil de disimular. La intervención nacional del puerto fue presentada como una medida destinada a garantizar el funcionamiento de una terminal considerada estratégica para los intereses argentinos, ubicada en un punto fundamental del Atlántico Sur y vinculada directamente con la proyección hacia la Antártida. Sin embargo, meses después, esa administración nacional autorizó que un petrolero británico amarrara en Ushuaia, precisamente en un escenario geopolítico donde la soberanía argentina sobre el Atlántico Sur no es una cuestión simbólica sino un conflicto territorial reconocido internacionalmente.

La situación resulta todavía más llamativa porque la Provincia recordó la existencia de normas locales que restringen la permanencia, amarre, abastecimiento y operaciones logísticas de embarcaciones de bandera británica vinculadas con actividades relacionadas con los recursos naturales de Malvinas. Tierra del Fuego reclamó entonces que el Gobierno nacional explique bajo qué criterios se permitió la operación y cuestionó que una decisión de semejante sensibilidad estratégica haya sido tomada sin coordinación con las autoridades provinciales.

El problema no es, entonces, solamente que un barco haya llegado a un puerto argentino. El problema es qué representa ese barco, dónde fue autorizado a operar y quién tomó la decisión. Ushuaia no es un puerto cualquiera: es la ciudad más austral del país, capital de la provincia que constitucionalmente comprende a las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes, y constituye además una pieza fundamental de la presencia argentina en el Atlántico Sur y de su proyección antártica.

Malvinas no es una consigna para los actos oficiales

La Constitución Nacional no deja margen para interpretaciones caprichosas sobre la cuestión. La Disposición Transitoria Primera establece que la Nación Argentina ratifica su “legítima e imprescriptible soberanía” sobre Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur y que la recuperación de esos territorios y el ejercicio pleno de la soberanía constituyen un objetivo permanente e irrenunciable.

Por eso resulta insuficiente que el Gobierno de Milei ratifique formalmente el reclamo argentino durante un acto del 2 de abril si, en la administración concreta del territorio, de los puertos, de los recursos naturales y de la infraestructura estratégica del Atlántico Sur, aparecen decisiones que parecen subordinar esa cuestión a una lógica puramente comercial. En abril de este mismo año, Milei volvió a reivindicar públicamente la soberanía argentina sobre las islas y habló de fortalecer las capacidades de defensa nacionales. Pero cuatro meses después, la noticia que llega desde Ushuaia es que un petrolero británico pudo operar en el puerto bajo administración nacional.

La cuestión de fondo es precisamente esa distancia entre lo que se declara y lo que se hace. Defender Malvinas no consiste únicamente en pronunciar la palabra “soberanía” en un discurso presidencial, colocarla en un comunicado oficial o recordarla cada 2 de abril. Una política soberana implica también definir qué empresas, qué embarcaciones y qué intereses económicos participan en el desarrollo de los recursos estratégicos del Atlántico Sur, y hacerlo de acuerdo con una visión nacional de largo plazo.

El propio Estado argentino ha reconocido históricamente el carácter estratégico de esa región por sus recursos pesqueros e hidrocarburíferos, su posición geográfica, las rutas comerciales y su condición de plataforma natural hacia la Antártida. En consecuencia, convertir al Atlántico Sur en un simple espacio de negocios donde prevalece la conveniencia inmediata sobre la dimensión geopolítica significa, como mínimo, vaciar de contenido práctico la defensa de la soberanía.

El modelo Milei y una soberanía subordinada al negocio

La polémica del VS Promise vuelve a instalar una pregunta que el Gobierno debería responder sin consignas ni evasivas: ¿qué significa soberanía para Javier Milei? Porque si soberanía significa solamente reivindicar formalmente las islas mientras se flexibilizan las condiciones para que intereses vinculados al Reino Unido participen de actividades económicas en el extremo austral argentino, entonces estamos ante una concepción profundamente limitada de la defensa nacional.

Y allí aparece el problema político más profundo. La administración libertaria ha construido buena parte de su política exterior alrededor de una relación privilegiada con Estados Unidos y de una marcada cercanía ideológica con determinados sectores del mundo anglosajón. Esa orientación puede ser presentada como una elección diplomática, pero se vuelve problemática cuando comienza a chocar con intereses territoriales que la Argentina sostiene como política de Estado y no como patrimonio de un gobierno particular.

La propia legislación argentina creó mecanismos institucionales destinados a sostener una política de Estado sobre Malvinas y a generar consensos políticos y sociales para avanzar en el ejercicio pleno de la soberanía. El reclamo argentino, además, no depende de una interpretación partidaria: está incorporado a la Constitución y forma parte de una posición histórica sostenida por gobiernos democráticos de distinto signo político.

Por eso el episodio de Ushuaia merece algo más que una pelea circunstancial entre Nación y Provincia. Expone una concepción de país. De un lado está la idea de que el territorio, los puertos, los recursos naturales y el Atlántico Sur forman parte de una estrategia nacional que debe preservarse durante décadas. Del otro aparece una lógica en la que todo puede transformarse en una operación comercial mientras cumpla determinadas condiciones administrativas.

Y Malvinas no puede ser reducida a una cuestión administrativa. Tampoco puede convertirse en una variable secundaria frente a los negocios. Mucho menos puede sostenerse una política exterior que reivindique la soberanía argentina en los discursos mientras, en la práctica, habilita situaciones que generan el interrogante inevitable sobre cuánto pesa realmente esa soberanía a la hora de tomar decisiones.

El Gobierno de Tierra del Fuego pidió explicaciones y reclamó el fin de la intervención nacional sobre el puerto. También advirtió que la soberanía se ejerce “en todos los ámbitos posibles”, una definición que resume el núcleo de la controversia. Porque la soberanía no se defiende solamente frente a los organismos internacionales: se defiende en los puertos, en el mar, en los recursos naturales, en las decisiones económicas y en cada metro del territorio nacional.

El amarre del petrolero británico en Ushuaia deja así una imagen política difícil de ignorar: mientras una parte del territorio argentino permanece bajo ocupación británica y la Constitución ordena sostener como objetivo irrenunciable la recuperación de la soberanía, en la ciudad que mira hacia ese territorio una administración dependiente de la Casa Rosada permite operar a una embarcación vinculada al Reino Unido. Puede haber una explicación administrativa para la autorización, pero todavía falta la explicación política. Y esa explicación es la que Milei le debe al país, porque Malvinas no es una bandera que se levanta en los discursos: es una causa nacional que se defiende también cuando están en juego los intereses económicos del presente.