¿INOCENTE?: HASTA QUE SE DEMUESTRE QUE SEA POLÍTICO/A.

Una de las tantas estrategias que tienen los partidos y sus candidatos/as es sacar a la luz la cantidad de causas en trámite, o finalizadas que tienen cada uno/a de sus rivales. En el medio, la prensa aprovecha y utiliza estos datos para transmitirlos de una manera muy distorsionada, generando así en la ciudadanía una situación de bronca, indignación y desinformación a la vez.

Es muy difícil tratar de explicar en pocos minutos, en un programa o en una nota, causas tan complejas en las que suelen revestir la calidad de “imputados/as” dichos candidatos/as. Una causa implica muchas aristas: lenguaje muy técnico, se muestran cuestiones procesales, de derecho, resoluciones, sentencias, etc. Cuestiones que, si no se aclaran de la mejor manera, se produce una total desinformación, generando así un criterio demasiado subjetivo que es absorbido por los receptores de esa información.

También es cierto que el conocimiento de ciertas cuestiones “de derecho”, son desconocidas por gran parte de la ciudadanía (los motivos son varios, pero no es su culpa), entre estas cuestiones encontramos derechos que están reconocidos por nuestra Constitución Nacional, los Tratados Internacionales y las Constituciones Provinciales. Uno de estos derechos es la presunción de inocencia, ésta “constituye la máxima garantía constitucional del imputado, que permite a toda persona conservar el estado de “no autor del delito” en tanto no se expida una resolución judicial firme; por lo tanto toda persona es inocente, y así debe ser tratada, mientras no se declare en juicio su culpabilidad”. A su vez “el imputado no tiene que construir su inocencia y no debe ser tratado como culpable”.

Más claro todavía lo dice la Declaración Universal de Derechos Humanos en su artículo 11: “Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa”.

Todo esto viene a colación por el hecho de que hay algunos/as que piensan que gran parte de la sociedad considera que el simple motivo de estar involucrado en una causa, y más si se trata de delitos como corrupción, implica la inmediata culpabilidad de la persona, y ante esto tenemos que preguntarnos:

¿El/la candidato/a, pierde legitimidad así?; ¿El pueblo se deja influir tan fácilmente por una noticia mal informada?

Estas dos preguntas a manera de reflexión quiero que se tengan en cuenta como un llamado de atención hacia los grandes medios y hacia los/las candidatos/as que subestiman la capacidad, la inteligencia y el poder de decisión que tienen nuestras sociedades. Pensar que las personas no simpatizan con un/a candidato/a por el gran número de causas que pueda tener sería un error grave, a su vez, como sociedad deberíamos plantearnos qué tipo de información es la que realmente debemos tener en cuenta a la hora de decidir y no caer en esa jugarreta en la que quieren que caigamos tanto los medios, como los candidatos/as, que pareciera que la única plataforma ideológica es “tirar basura” a su contrincante.

La gente necesita saber cuál será su presente y futuro económico, cómo se van a educar a los niños, niñas y adolescentes, cómo serán las jubilaciones de los adultos mayores, cómo erradicar la pobreza y generar igualdad económica, cómo será la salud del presente y la del futuro, cómo dar una calidad de vida digna y adecuada para todas las personas, etc.

    

Ya es momento de sacar de nuestra consciencia colectiva este jueguito periodístico y política barata que lo único que genera es correr el foco de lo que realmente importa.  

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    El juez Ariel Lijo citó a declaración indagatoria al empresario Hugo Sigman, a la ex ministra de Salud Carla Vizzotti y a otros ex funcionarios y ejecutivos acusados de demorar durante la pandemia la compra de vacunas del laboratorio estadounidense Pfizer para favorecer intereses locales en la fabricación de dosis entre 2020 y 2021.

    Son en total 15 indagatorias ordenadas por Lijo a pedido del fiscal Carlos Stornelli, que advirtió una «matriz de corrupción, tráfico de influencias y conflicto de intereses» durante la pandemia, que envuelve a empresarios como Sigman y funcionarios del gobierno de Alberto Fernández.

    Stornelli señaló en su dictamen que, a pesar de haberse puesto a disposición del país en una instancia temprana las vacunas Pfizer «desde el gobierno argentino no se avanzó en dicho sentido» y «se decidió avanzar con las contrataciones de las vacunas de AstraZeneca, Sputnik V y Sinopharm».

    Y agregó: «Si se hubiese promovido desde las máximas autoridades del gobierno el avance de las negociaciones con Pfizer, presumiblemente se podría haber obtenido una importante cantidad de vacunas con una significativa antelación».

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    Desde su posición de poder hizo un fuerte lobby durante tres años contra el tratado de patentes, debate que se arrastra hasta estos días ya que se volvió a aplazar su tratamiento en el Congreso.

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     «Se ha podido establecer que aquellos funcionarios públicos que intervinieron en las contrataciones se habrían interesado en miras de beneficiar a, cuanto menos, los laboratorios oferentes de las vacunas identificadas como AstraZeneca, Sinopharm y Sputnik como así también a aquellos socios locales», dijo Stornelli

    Según Stornelli, existieron «serias irregularidades de relevancia penal en el marco de los procedimientos de contratación con los laboratorios oferentes de vacunas contra el COVID-19».

    «Se ha podido establecer que aquellos funcionarios públicos que intervinieron en las contrataciones se habrían interesado en miras de beneficiar a, cuanto menos, los laboratorios oferentes de las vacunas identificadas como AstraZeneca, Sinopharm y Sputnik como así también a aquellos «socios locales» que realizaron estudios clínicos de tales vacunas y/o intervinieron en sus procesos de fabricación y/o suministro, demorando, para ello, durante un período crucial en el que el Estado buscaba abastecerse de vacunas para inocular a la población, las negociaciones con el laboratorio Pfizer el cual había ofrecido suministrar vacunas en una etapa temprana», dijo el fiscal.

    Y consideró que las maniobras habrían configurado «un notorio abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes que les correspondían en función de sus investiduras».

     

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     La directora global de riesgo soberano de Moody’s, Marie Diron, lanzó una advertencia que golpeó de lleno sobre uno de los principales objetivos financieros del Gobierno: sostuvo que el mercado sigue percibiendo a la Argentina como un país más riesgoso de lo que indican sus calificaciones crediticias.

    «Hay un precio de mercado del riesgo para la Argentina que es algo más alto de lo que nuestras calificaciones implicarían», afirmó Diron en una entrevista con Bloomberg Línea. La declaración cayó en un momento sensible para el equipo económico, que esperaba que la mejora de nota de Fitch ayudara a consolidar una baja más pronunciada del riesgo país y una recuperación más firme de los bonos soberanos.

    La observación de Moody’s apareció además acompañada por los propios movimientos del mercado. Después de perforar los 500 puntos y tocar un piso de 496 unidades tras la mejora de Fitch, el riesgo país rebotó durante cuatro ruedas consecutivas hasta superar los 535 puntos, acercándose nuevamente a los valores previos al upgrade.

    En la City interpretan ese movimiento como una señal de que el mercado todavía no termina de comprar la idea de una normalización financiera acelerada. De hecho, los spreads argentinos continúan muy por encima de los que pagan países con calificaciones similares e incluso superiores a algunos soberanos con peores notas.

    En esa línea, Martín Burgos, director de la consultora Lado B, relativizó el impacto inmediato de las mejoras de calificación sobre los activos argentinos y sostuvo que el mercado todavía considera que el país sigue jugando «en otra liga». Según explicó, mientras Argentina permanezca en las categorías más especulativas, los cambios de nota tienen un efecto limitado sobre el flujo de inversiones.

    «Hay un montón de calificaciones que para el mercado son prácticamente iguales. Recién cuando pasás a Investment Grade eso tiene un efecto realmente importante, porque muchos fondos tienen reglas internas que les exigen tener determinado porcentaje de bonos de países con grado de inversión», explicó Burgos. En ese sentido, señaló que una mejora de esa magnitud sí podría generar un ingreso mucho más fuerte de capitales hacia los bonos argentinos.

    Para el economista, eso explica por qué el riesgo país no logró sostener la baja incluso después de la mejora de Fitch. «El mercado está esperando más. Por eso el riesgo país sigue estancado», afirmó. Según sostuvo, los inversores entienden que para empezar a discutir una reinserción financiera más sólida Argentina debería acercarse a niveles de riesgo país del orden de los 300 puntos, muy lejos todavía de los valores actuales.

    La comparación regional es una de las cuestiones que más inquietan al mercado. Ecuador, que comparte la calificación B- de Fitch y también arrastra antecedentes de defaults, opera con un riesgo país más de 100 puntos inferior al argentino. El Salvador, con la misma nota, directamente cotiza cerca de los 314 puntos.

    El Gobierno viene intentando explicar esa diferencia a partir del denominado «riesgo kuka». Luis Caputo sostiene desde hace semanas que los inversores siguen asignando una probabilidad relevante a un eventual regreso del kirchnerismo en 2027 y que esa incertidumbre explica las tasas más altas que pagan los bonos argentinos.

    Esa lectura aparece reflejada especialmente en los títulos más largos. Los bonos que vencen después de las elecciones presidenciales de 2027 continúan operando con rendimientos significativamente más elevados que los de corto plazo, algo que para el mercado refleja dudas sobre la sustentabilidad política y financiera del programa económico.

    Sin embargo, otros analistas sostienen que el problema excede el calendario electoral. El ex viceministro Emmanuel Álvarez Agis aseguró que la principal fragilidad sigue siendo el bajo nivel de reservas y el creciente peso de la deuda senior, es decir, compromisos que tienen prioridad de cobro sobre los tenedores tradicionales de bonos. «Eso al bonista le pone los pelos de punta», resumió el economista.

    Incluso economistas cercanos al mercado, como Hernán Lacunza, empezaron a plantear reparos sobre la dinámica financiera. El exministro de Economía advirtió que la Argentina no debería entrar en un año electoral con reservas netas tan bajas y sostuvo que el actual esquema todavía carece de «holgura».

    En paralelo, informes privados comenzaron a enfriar las expectativas de una baja rápida del riesgo país. Un reporte del Banco Comafi señaló que «resulta demasiado optimista» pensar que Argentina pueda comprimir otros 150 puntos en la parte larga de la curva antes de las elecciones.

    La discusión de fondo es que, aunque el Gobierno logró mostrar equilibrio fiscal y desaceleración inflacionaria, el mercado todavía sigue mirando otras variables más sensibles: la acumulación de reservas, la posibilidad de recuperar acceso pleno al financiamiento voluntario y, sobre todo, qué margen político tendrá Milei para sostener el programa económico más allá de 2027.

     

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