Una de las tantas estrategias que tienen los partidos y sus candidatos/as es sacar a la luz la cantidad de causas en trámite, o finalizadas que tienen cada uno/a de sus rivales. En el medio, la prensa aprovecha y utiliza estos datos para transmitirlos de una manera muy distorsionada, generando así en la ciudadanía una situación de bronca, indignación y desinformación a la vez.
Es muy difícil
tratar de explicar en pocos minutos, en un programa o en una nota, causas tan
complejas en las que suelen revestir la calidad de “imputados/as” dichos
candidatos/as. Una causa implica muchas aristas: lenguaje muy técnico, se
muestran cuestiones procesales, de derecho, resoluciones, sentencias, etc.
Cuestiones que, si no se aclaran de la mejor manera, se produce una total
desinformación, generando así un criterio demasiado subjetivo que es absorbido
por los receptores de esa información.
También es
cierto que el conocimiento de ciertas cuestiones “de derecho”, son desconocidas
por gran parte de la ciudadanía (los motivos son varios, pero no es su culpa),
entre estas cuestiones encontramos derechos que están reconocidos por nuestra
Constitución Nacional, los Tratados Internacionales y las Constituciones
Provinciales. Uno de estos derechos es la presunción de inocencia, ésta “constituye la máxima garantía
constitucional del imputado, que permite a toda persona conservar el estado de
“no autor del delito” en tanto no se expida una resolución judicial firme; por
lo tanto toda persona es inocente, y así debe ser tratada, mientras no se
declare en juicio su culpabilidad”. A su vez “el imputado no tiene que construir su inocencia y no debe ser tratado
como culpable”.
Más claro
todavía lo dice la Declaración Universal
de Derechos Humanos en su artículo 11: “Toda persona acusada de delito tiene
derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad,
conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las
garantías necesarias para su defensa”.
Todo esto viene a colación por el hecho de que hay algunos/as que piensan que gran parte de la sociedad considera que el simple motivo de estar involucrado en una causa, y más si se trata de delitos como corrupción, implica la inmediata culpabilidad de la persona, y ante esto tenemos que preguntarnos:
¿El/la candidato/a, pierde legitimidad así?; ¿El pueblo se deja influir tan fácilmente por una noticia mal informada?
Estas dos
preguntas a manera de reflexión quiero que se tengan en cuenta como un llamado
de atención hacia los grandes medios y hacia los/las candidatos/as que
subestiman la capacidad, la inteligencia y el poder de decisión que tienen
nuestras sociedades. Pensar que las personas no simpatizan con un/a candidato/a
por el gran número de causas que pueda tener sería un error grave, a su vez,
como sociedad deberíamos plantearnos qué tipo de información es la que
realmente debemos tener en cuenta a la hora de decidir y no caer en esa
jugarreta en la que quieren que caigamos tanto los medios, como los
candidatos/as, que pareciera que la única plataforma ideológica es “tirar
basura” a su contrincante.
La gente necesita saber cuál será su presente y futuro económico, cómo se van a educar a los niños, niñas y adolescentes, cómo serán las jubilaciones de los adultos mayores, cómo erradicar la pobreza y generar igualdad económica, cómo será la salud del presente y la del futuro, cómo dar una calidad de vida digna y adecuada para todas las personas, etc.
Ya es momento de sacar de nuestra consciencia colectiva este jueguito periodístico y política barata que lo único que genera es correr el foco de lo que realmente importa.
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La participación del Gobierno de Javier Milei en una cumbre impulsada por Donald Trump abrió interrogantes sobre el alineamiento argentino con una estrategia internacional que busca construir una coalición contra la izquierda y ampliar la cooperación en inteligencia y seguridad.
Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI
Alejandra Monteoliva, Andrew Bailey y Peter Lamelas
Detrás de una cumbre internacional presentada oficialmente como un encuentro para fortalecer la cooperación contra el terrorismo, la administración de Donald Trump comenzó a desplegar una estrategia mucho más ambiciosa: construir una coalición internacional que identifique a la izquierda como una amenaza geopolítica. La presencia de funcionarios argentinos en ese encuentro no pasó inadvertida y abrió interrogantes sobre el rumbo que está tomando la política exterior de Javier Milei y el grado de alineamiento que su gobierno está dispuesto a asumir con Washington.
Durante buena parte de su gestión, Javier Milei convirtió la llamada «batalla cultural» en uno de los ejes centrales de su discurso político. El Presidente no sólo planteó una confrontación permanente contra el socialismo, el progresismo y lo que denomina «la agenda woke», sino que además buscó internacionalizar esa pelea participando de foros conservadores y estrechando vínculos con referentes de la nueva derecha global. Sin embargo, lo que hasta hace poco parecía limitarse al plano discursivo comienza ahora a trasladarse al terreno de la diplomacia, la seguridad y la inteligencia internacional.
Ese cambio de escala quedó expuesto tras la cumbre organizada por la administración de Donald Trump, donde participaron representantes de más de sesenta países y a la que la Argentina asistió a través del vicecanciller Pablo Quirno. Según reveló la periodista Luciana Bertoia, la reunión no estuvo orientada únicamente a fortalecer mecanismos tradicionales de cooperación contra organizaciones terroristas, sino que tuvo como uno de sus objetivos centrales comenzar a articular una coalición internacional frente a lo que Washington define como la amenaza del «terrorismo de izquierda», una categoría que abre numerosos interrogantes por su amplitud conceptual y por las consecuencias que podría tener en términos políticos e institucionales.
Una definición de «terrorismo» que ya no parece limitarse a organizaciones armadas
Uno de los aspectos más relevantes del encuentro es que la administración estadounidense comenzó a utilizar un lenguaje que amplía considerablemente el concepto tradicional de terrorismo. Históricamente, esa categoría estuvo asociada a organizaciones armadas específicas cuya caracterización surgía de tratados internacionales, resoluciones de Naciones Unidas o listados confeccionados por distintos Estados. Sin embargo, el discurso presentado durante esta cumbre parece incorporar una dimensión mucho más ideológica, donde la principal preocupación deja de ser exclusivamente la existencia de grupos armados para pasar a concentrarse también en organizaciones y movimientos que Estados Unidos considera parte de una amenaza política vinculada a la izquierda internacional.
Ese corrimiento no es un detalle menor. Cuando una categoría jurídica tan sensible como la de terrorismo comienza a mezclarse con definiciones ideológicas, inevitablemente aparecen preguntas sobre cuáles serán los límites de esa clasificación, qué actores podrían quedar incluidos bajo ese paraguas y hasta dónde podrían extenderse los mecanismos de vigilancia, cooperación e intercambio de información entre los distintos países participantes.
Por ese motivo, distintos especialistas en derecho internacional y organismos de derechos humanos vienen advirtiendo desde hace tiempo que cualquier ampliación de esas categorías exige controles institucionales particularmente rigurosos para evitar que herramientas diseñadas para combatir organizaciones violentas terminen utilizándose con finalidades políticas.
El alineamiento con Washington ya dejó de ser solamente diplomático
Desde la llegada de Milei a la Casa Rosada, el acercamiento con Estados Unidos se transformó en uno de los pilares de la política exterior argentina. Las coincidencias ideológicas con Trump, la afinidad con sectores conservadores norteamericanos y el respaldo permanente a la agenda impulsada por Washington en distintos organismos internacionales fueron consolidando una relación que ya trascendió el plano estrictamente diplomático.
En los últimos meses comenzaron a multiplicarse las reuniones entre funcionarios de ambos gobiernos en áreas sensibles como seguridad, defensa e inteligencia. La reciente visita a la Argentina de autoridades del FBI y la participación de representantes nacionales en distintos encuentros organizados por Estados Unidos forman parte de esa profundización del vínculo, que para el oficialismo representa una oportunidad para fortalecer la cooperación internacional, pero que para buena parte de la oposición implica un proceso de alineamiento cuya magnitud todavía no fue suficientemente explicada ante la sociedad.
Porque una cosa es coordinar acciones contra organizaciones terroristas internacionalmente reconocidas y otra muy distinta es integrar una estrategia geopolítica donde la definición misma de quién constituye una amenaza pasa a depender, en buena medida, de criterios políticos establecidos por la principal potencia mundial.
Las preguntas que la Cancillería todavía no respondió
Hasta el momento, el Gobierno argentino no difundió documentación oficial que permita conocer con precisión qué compromisos asumió durante esa reunión ni cuál fue exactamente la posición que llevó la delegación encabezada por Pablo Quirno.
Tampoco explicó si la participación argentina implicará nuevos acuerdos de intercambio de información entre organismos de inteligencia, si habrá modificaciones en los mecanismos de cooperación existentes o si se avanzará en convenios específicos con agencias estadounidenses.
Ese vacío informativo comenzó rápidamente a generar pedidos de informes desde distintos sectores opositores, que consideran indispensable que el Congreso conozca el alcance de cualquier entendimiento que pueda afectar áreas tan sensibles como la inteligencia, la seguridad nacional o la política exterior.
La preocupación no gira únicamente alrededor del contenido de la reunión, sino también sobre el modo en que este tipo de acuerdos suelen desarrollarse, muchas veces mediante memorandos o mecanismos de cooperación administrativa que no siempre reciben un debate público acorde con su importancia institucional.
De la batalla cultural a una política internacional coordinada
Quizás el dato más significativo de todo este episodio sea que la denominada batalla cultural, que durante años funcionó como una herramienta de construcción política y electoral para las nuevas derechas occidentales, comienza a institucionalizarse como un eje de coordinación entre gobiernos.
Lo que antes aparecía como un discurso pronunciado en campañas, conferencias o foros ideológicos empieza ahora a traducirse en reuniones diplomáticas, estrategias de seguridad y posibles mecanismos permanentes de cooperación internacional.
En ese contexto, la participación argentina adquiere una relevancia que excede largamente un simple encuentro protocolar. Si el Gobierno efectivamente acompaña la estrategia impulsada por Washington, la Argentina podría quedar incorporada a una arquitectura internacional cuya lógica ya no se limita a combatir organizaciones terroristas tradicionales, sino que incorpora una fuerte dimensión ideológica en la definición de las amenazas globales.
Por eso, más allá de las simpatías o diferencias políticas que puedan existir respecto del gobierno de Milei o de la administración Trump, el debate de fondo pasa por otra cuestión mucho más trascendente: hasta dónde puede llegar el alineamiento internacional de un país sin que exista una discusión pública, parlamentaria e institucional sobre los compromisos que ese alineamiento implica, especialmente cuando involucra áreas tan sensibles como la inteligencia, la seguridad y la definición misma de quiénes pasan a ser considerados enemigos políticos en el escenario internacional.
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