¿INOCENTE?: HASTA QUE SE DEMUESTRE QUE SEA POLÍTICO/A.

Una de las tantas estrategias que tienen los partidos y sus candidatos/as es sacar a la luz la cantidad de causas en trámite, o finalizadas que tienen cada uno/a de sus rivales. En el medio, la prensa aprovecha y utiliza estos datos para transmitirlos de una manera muy distorsionada, generando así en la ciudadanía una situación de bronca, indignación y desinformación a la vez.

Es muy difícil tratar de explicar en pocos minutos, en un programa o en una nota, causas tan complejas en las que suelen revestir la calidad de “imputados/as” dichos candidatos/as. Una causa implica muchas aristas: lenguaje muy técnico, se muestran cuestiones procesales, de derecho, resoluciones, sentencias, etc. Cuestiones que, si no se aclaran de la mejor manera, se produce una total desinformación, generando así un criterio demasiado subjetivo que es absorbido por los receptores de esa información.

También es cierto que el conocimiento de ciertas cuestiones “de derecho”, son desconocidas por gran parte de la ciudadanía (los motivos son varios, pero no es su culpa), entre estas cuestiones encontramos derechos que están reconocidos por nuestra Constitución Nacional, los Tratados Internacionales y las Constituciones Provinciales. Uno de estos derechos es la presunción de inocencia, ésta “constituye la máxima garantía constitucional del imputado, que permite a toda persona conservar el estado de “no autor del delito” en tanto no se expida una resolución judicial firme; por lo tanto toda persona es inocente, y así debe ser tratada, mientras no se declare en juicio su culpabilidad”. A su vez “el imputado no tiene que construir su inocencia y no debe ser tratado como culpable”.

Más claro todavía lo dice la Declaración Universal de Derechos Humanos en su artículo 11: “Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa”.

Todo esto viene a colación por el hecho de que hay algunos/as que piensan que gran parte de la sociedad considera que el simple motivo de estar involucrado en una causa, y más si se trata de delitos como corrupción, implica la inmediata culpabilidad de la persona, y ante esto tenemos que preguntarnos:

¿El/la candidato/a, pierde legitimidad así?; ¿El pueblo se deja influir tan fácilmente por una noticia mal informada?

Estas dos preguntas a manera de reflexión quiero que se tengan en cuenta como un llamado de atención hacia los grandes medios y hacia los/las candidatos/as que subestiman la capacidad, la inteligencia y el poder de decisión que tienen nuestras sociedades. Pensar que las personas no simpatizan con un/a candidato/a por el gran número de causas que pueda tener sería un error grave, a su vez, como sociedad deberíamos plantearnos qué tipo de información es la que realmente debemos tener en cuenta a la hora de decidir y no caer en esa jugarreta en la que quieren que caigamos tanto los medios, como los candidatos/as, que pareciera que la única plataforma ideológica es “tirar basura” a su contrincante.

La gente necesita saber cuál será su presente y futuro económico, cómo se van a educar a los niños, niñas y adolescentes, cómo serán las jubilaciones de los adultos mayores, cómo erradicar la pobreza y generar igualdad económica, cómo será la salud del presente y la del futuro, cómo dar una calidad de vida digna y adecuada para todas las personas, etc.

    

Ya es momento de sacar de nuestra consciencia colectiva este jueguito periodístico y política barata que lo único que genera es correr el foco de lo que realmente importa.  

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    El Congreso sancionó en la madrugada de este jueves la modificación a la ley de Glaciares que regía desde 2010 con una mayoría cómoda de 137 votos contra 111 de la oposición y las abstenciones de la neuquina Karina Maureira, Oscar Zago y Eduardo Falcone.

    A las 2:30, Martín Menem sometió a votación el proyecto que había sido aprobado por el Senado en sesiones extraordinarias y abrochó una jornada tamizada más por los discursos contra Manuel Adorni y la postura de Javier Milei en la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán que por la norma en debate.

    Para la votación, el gobierno contó con el respaldo de las bancadas del PRO, la UCR, los salteños y los misioneros de Innovación Federal, los catamarqueños de Raúl Jalil, los tucumanos de Osvaldo Jaldo y los sanjuaninos de Marcelo Orrego. También se sumaron al lote de los 94 diputados libertarios, que no sintieron la ausencia con certificado médico de Rocío Bonacci por su avanzado embarazo, legisladores de Provincias Unidas en representación de Chubut, Río Negro y Córdoba como Jorge «Loma» Ávila, Sergio Capozzi y Alejandra Torres.

    Desde temprano, el oficialismo se sentía holgado para la sanción y, pese a la moderada crispación opositora por los casos de corrupción que rodean a Adorni, la foto de la forma en que consiguió el quórum funcionó como proyección para el saldo de la votación.

    El PRO salvó a Adorni de la interpelación, pero el peronismo busca votos para destituirlo

    En efecto, el desembarco de la bancada de Gabriel Bornoroni en el recinto estuvo acompañado por 16 integrantes del interbloque del PRO y la UCR, denominado Fuerza del Cambio. Pasadas las 15, se sentaron a sus bancas Daiana Fernández Molero, Florencia de Sensi, Antonela Giamperi, Fernando de Andreis, Javier Sánchez Wrba, Martín Yeza, Alicia Fregonese y Martín Ardohain por el macrismo, Pamela Verasay, Lisandro Nieri, Gerardo Cipolini, Darío Schneider, Diógenes González y Guillermo Agüero por los radicales y los monobloquistas José Luis Garrido y Karina Banfi.

    Además, dieron quórum la ex vicegobernadora santafecina Gisela Scaglia, quien lidera Provincias Unidas en la Cámara Baja, el rionegrino Capozzi, el jujeño Jorge Rizzotti, el santafecino José Núñez y los cordobeses Alejandra Torres e Ignacio García Aresca, quien se ausentaría al momento de la votación.

    Sergio Capozzi, Gisela Scaglia e Ignacio García Aresca.

    Los sanjuaninos Nancy Picón Martínez y Carlos Jaime Quiroga, los catamarqueños Sebastián Nóblega, Fernanda Ávila y Fernando Monguillot y los tucumanos de Independencia, Gladys Medina, Elia Fernández y Javier Noguera fueron puntuales para abrir la sesión. En representación de Gustavo Sáenz y Carlos Rovira solo bajaron de sus despachos tres de los nueve que les responden: Pablo Outes, Yolanda Vega y Daniel Vancsik.

    La presencia más llamativa fue la del puntano Jorge «Gato» Fernández, que funciona como satélite de UP por su filiación peronista pero este jueves se sumó al lote de 129 para que inicie la sesión. «Revoleando ATN y todo al gobierno le costó llegar al quórum», dijo un diputado radical a LPO.

    La presencia más llamativa fue la del puntano Jorge ‘Gato’ Fernández, que funciona como satélite de UP por su filiación peronista pero este jueves se sumó al lote de 129 para que inicie la sesión.

    Como sea, la norma aprobada trastoca los controles que establecía la ley sancionada en 2010, tras un intenso debate que incluso partió al bloque del por entonces Frente Para la Victoria. La discusión traía cola porque dos años antes la propia Cristina Kirchner vetó la primera versión de la ley de Glaciares, mucho más restrictiva para la explotación minera que la que rigió hasta ahora y que se logró con amplio consenso de organizaciones ambientalistas y legisladores que defendían el derecho de las provincias a definir el uso de los recursos de su suelo, tal como establece la Constitución de 1994.

    Ese tópico sobrevoló las discusiones de los últimos días, pero bajo las denuncias de la oposición por el lobby minero y las brumosas estimaciones del oficialismo sobre futuras inversiones por alrededor de U$S 20 mil millones.

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    Nicolás Mayoraz.

     

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