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Información ‘Rally Ciudad de Villa Regina’

La Municipalidad de Villa Regina informa el cronograma de desarrollo del Rally ‘Ciudad de Villa Regina’, correspondiente a la tercera fecha del Campeonato Regional.

Viernes 23:

19,30 horas: Rampa de largada frente a Plaza de los Próceres

Sábado 24:

Etapa 1 ‘60 años de Moño Azul’

Prueba especial 2 Villa Regina (Cementerio) – Parque Industrial: Largada 12.46

Prueba especial 4 Villa Regina (Cementerio) – Parque Industrial: Largada 15.57

Domingo 25:

Etapa 2 ‘Horacio Santángelo’

Prueba especial 6 Parque Industrial – Villa Regina (Bajada Mario Franco): Largada 11.36

Prueba especial 8 Parque Industrial – Villa Regina (Bajada Mario Franco): Largada 14.07

Se informa a quienes deseen observar el paso de los autos en la zona de bardas que, como alternativa, pueden utilizar el acceso subida ‘Horacio Santángelo’ y el Sendero a la Capilla.

Hay que tener en cuenta que una hora antes de la largada, tanto sábado como domingo, se corta la subida por Parque Industrial y Mario Franco y se habilita una vez finalizada la etapa.

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  • El gobierno militarizó el INTI para impedir el ingreso de empresarios pyme

     

     El vaciamiento del INTI sensibilizó al empresariado industrial que contaban con el instituto público una cantidad de servicios, asesoramientos y sistemas de certificaciones casi privativo si tuviesen que ir a contratar empresas privadas para desarrollar nuevos productos o materiales.

    Frente al ajuste que amenaza con desguazar todo el instituto, empresarios pyme industriales y directivos de cámaras sectoriales iban a congregarse en el Parque Tecnológico Miguelete, pero no pudieron entrar porque el gobierno desplegó gendarmes para impedir el acto.

    La actividad, convocada por mandos medios del INTI bajo el lema «Argentina productiva, con el INTI de pie», terminó realizándose en la puerta del organismo luego de que las autoridades libertarias cerraran el acceso al predio. Según los organizadores, participaron más de cien empresarios y otros industriales del interior siguieron la jornada de manera virtual.

    Trabajadores del organismo contaron a LPO que muchos de los empresarios que se acercaron al acto admitían haber votado a Javier Milei, pero coincidían en que el ajuste sobre el INTI y otras áreas del Estado, «excede cualquier posición ideológica» por el impacto directo que tendría sobre la industria, las exportaciones y los sistemas de certificación técnica, como en este caso.

    «La gran convocatoria los obligó a ceder y permitir la realización del encuentro previsto en la puerta», señalaron desde la organización, que denunció un operativo con «decenas de gendarmes» rodeando el auditorio del instituto.

    [Peligra la exportación de miel por el desguace al INTI]

    El encuentro se realizó en medio de la crisis que atraviesa el organismo luego de la eliminación de servicios técnicos, el cierre del Servicio Argentino de Calibración y el desmantelamiento del sistema de Metrología Legal. Además, las autoridades anunciaron más de 700 despidos que se sumarían al recorte del 30% del personal que ya sufrió el instituto desde la llegada de Javier Milei al gobierno.

    Durante el acto hablaron empresarios de distintos sectores industriales que defendieron el rol estratégico del INTI para la producción y las exportaciones. Marco Meloni, vicepresidente de Industriales Pymes Argentinos (IPA), sostuvo que «los países que admiramos crecen porque están apoyados en el desarrollo tecnológico, industrial y social».

    En la misma línea, Luciano Galfione, presidente de Fundación Pro Tejer, advirtió que «sin el INTI no hay industria y sin industria no hay Nación» y cuestionó que el gobierno pretenda reemplazar los controles públicos por laboratorios privados «más caros» y que muchas veces ni siquiera existen en la Argentina.

    También hubo advertencias sobre el impacto en áreas sensibles como seguridad, salud y comercio. Fernanda Mettini, directora técnica de El Balancero SRL, alertó que la disolución del área de Metrología Legal afecta controles sobre balanzas, etilómetros y cinemómetros utilizados en todo el país.

    Desde el sector empresario insistieron además en que el INTI cumple un rol clave para certificar productos y permitir exportaciones industriales bajo estándares internacionales.

     

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  • El gobierno le quiere perdonar USD 1.842 millones de deuda con Cammesa a las eléctricas

     

    La secretaria de Energía, María Tettamanti, intentó defender en el Congreso uno de los capítulos más sensibles del proyecto de «medidas energéticas» del gobierno. El texto combina dos decisiones explosivas: eliminar beneficios tarifarios para provincias con temperaturas extremas y avanzar con un esquema de perdón de deuda para las distribuidoras eléctricas privadas.

    El corazón de la discusión pasa por Cammesa. Según informó la Jefatura de Gabinete al Congreso, las distribuidoras eléctricas acumulan una deuda total de USD 1.842 millones con la administradora del mercado eléctrico mayorista. Y el 69% de ese monto se concentra en Edenor, Edesur y el Grupo DESA.

    La lista la encabeza Edenor con USD 438 millones. Le sigue Edesur, de la italiana Enel, con USD 345 millones. En tercer lugar aparecen Eden, Edes, Edelap, Edea y Edesa, todas pertenecientes al Grupo DESA con USD 474 millones acumulados entre todas.

    El proyecto oficial busca permitir que esas empresas descuenten de sus deudas con Cammesa los supuestos ingresos que dejaron de percibir durante años de congelamiento tarifario. Es decir: el Estado dejaría de reclamar parte de la deuda a cambio de que las empresas renuncien a futuros juicios por «activos regulatorios».

    Los Neuss se quedaron con Transener tras una sospechosa falla del sistema

    La discusión tiene una carga política enorme porque el gobierno ya había intentado introducir una medida similar dentro del frustrado Presupuesto 2026, específicamente en el capítulo XI. En aquel momento no consiguió respaldo legislativo. Muchos diputados resistieron la idea de perdonar deuda multimillonaria a empresas privadas mientras se avanzaba con recortes de subsidios sobre usuarios residenciales.

    El reclamo empresario viene atravesando todos los gobiernos desde hace dos décadas. Edenor y Edesur se lo reclamaron a Macri, incluso después de aumentos tarifarios que en algunos casos superaron el 2000% entre 2016 y 2019. Lo volvieron a plantear durante el congelamiento del gobierno de Alberto Fernández y ahora reaparece con Milei.

    Además, el diseño del mecanismo volvió a encender suspicacias dentro del sector energético. La implementación quedaría bajo la órbita de Damián Sanfilippo, subsecretario de Energía Eléctrica muy cercano a los hermanos Neuss, los grandes ganadores del dector durante el gobierno libertario.

    En su exposición ante el plenario de las comisiones de Energía y de Presupuesto y Hacienda de Diputados, Tettamanti defendió el proyecto asegurando que durante las últimas dos décadas las distribuidoras operaron bajo emergencia tarifaria, con tarifas pesificadas y congeladas que les impidieron cubrir costos operativos, pagar energía a Cammesa e invertir para sostener la calidad del servicio.

    La funcionaria argumentó que, frente a esa situación, las compañías sólo tuvieron una alternativa: endeudarse con Cammesa. «Se acumularon deudas millonarias», sostuvo. También recordó que el año pasado se firmaron acuerdos de refinanciación a 72 cuotas con períodos de gracia, pero advirtió que las tarifas actuales todavía «no permiten reconocer costos no recuperados del pasado».

    El ex secretario de Energía, Gustavo Lopetegui.

    El problema es que ese reclamo empresario viene atravesando prácticamente todos los gobiernos desde hace dos décadas. Edenor y Edesur se lo reclamaron a Macri incluso después de aumentos tarifarios que en algunos casos superaron el 2000% entre 2016 y 2019. Lo volvieron a plantear durante el congelamiento del gobierno de Alberto Fernández y ahora reaparece con Milei, justamente después de que esta gestión impulsara una nueva revisión tarifaria que en teoría buscaba «normalizar» definitivamente el esquema de ingresos.

    La escena tiene algo de rueda infinita. Cada revisión tarifaria promete cerrar el conflicto histórico. Pero el expediente vuelve siempre al mismo lugar: las empresas sostienen que las tarifas no alcanzan y reclaman compensaciones adicionales, mientras la deuda con Cammesa sigue creciendo como una bola de nieve que el propio Estado termina financiando.

    Esa discusión además quedó golpeada por antecedentes incómodos. Durante la intervención del ENRE encabezada por Federico Basualdo, una auditoría sobre los acuerdos firmados en tiempos de Gustavo Lopetegui argumentó irregularidades en el cálculo de los «activos regulatorios». Según esa investigación, las valuaciones favorecían artificialmente a las distribuidoras, al punto de transformar empresas deudoras en acreedoras del Estado. 

    Como sea, en el sector energético muchos interpretan que el nuevo proyecto barre incluso con el argumento político que justificó la última revisión tarifaria impulsada por Milei. Si aquella recomposición extraordinaria de ingresos no alcanzó para cerrar el reclamo histórico de las distribuidoras, entonces la discusión ya no parece tener punto final. 

     

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