La Municipalidad de Villa Regina informa el cronograma de desarrollo del Rally ‘Ciudad de Villa Regina’, correspondiente a la tercera fecha del Campeonato Regional.
Viernes 23:
19,30 horas: Rampa de largada frente a Plaza de los Próceres
Sábado 24:
Etapa 1 ‘60 años de Moño Azul’
Prueba especial 2 Villa Regina (Cementerio) – Parque Industrial: Largada 12.46
Prueba especial 4 Villa Regina (Cementerio) – Parque Industrial: Largada 15.57
Domingo 25:
Etapa 2 ‘Horacio Santángelo’
Prueba especial 6 Parque Industrial – Villa Regina (Bajada Mario Franco): Largada 11.36
Prueba especial 8 Parque Industrial – Villa Regina (Bajada Mario Franco): Largada 14.07
Se informa a quienes deseen observar el paso de los autos en la zona de bardas que, como alternativa, pueden utilizar el acceso subida ‘Horacio Santángelo’ y el Sendero a la Capilla.
Hay que tener en cuenta que una hora antes de la largada, tanto sábado como domingo, se corta la subida por Parque Industrial y Mario Franco y se habilita una vez finalizada la etapa.
La Legislatura comenzará a tratar una ampliación presupuestaria que confirma el fracaso de la pauta inflacionaria de Milei. Por el momento el gobierno de Jorge Macri corrió la meta al 27%.
«En el mes de abril la inflación acumulada superará la estimación anual establecida inicialmente en el presupuesto aprobado por la Legislatura para el corriente año», dice la nota que Jorge Macri envió al parlamento porteño.
Para establecer la cifra anual de inflación, la Ciudad se basa en el cálculo de Nación. El problema para Jorge Macri es que, a diferencia de Milei, debe pedir autorización a la Legislatura para readecuar y redestinar partidas presupuestarias.
En el presupuesto que envió al Congreso, Toto Caputo calculó 10,1% de inflación anual, una cifra que con el 8,9% acumulado hasta marzo ya es imposible de conseguir.
Por eso, el gobierno envió a la Legislatura una ampliación de 2,6 billones de pesos. El expediente tendrá acompañamiento del PRO, sus aliados y el bloque libertario.
Los aumentos salariales de los empleados públicos suelen estar atados a la ampliación presupuestaria. Hasta 2024 era casi una tradición que todos los espacios políticos acompañaran el pedido del Ejecutivo.
Sin embargo, en los últimos años se acabó la mayoría automática para esa cuestión. De hecho, en el peronismo no acompañarán el proyecto y tampoco lo hará la izquierda.
«Sea sinceridad o sea sincericidio, la ampliación presupuestaria de Jorge Macri ya refleja el fracaso del plan de Milei», twitteó Claudia Neira del bloque peronista. El PJ reclama que además de la ampliación, el gobierno deje de cobrarle Ingresos Brutos a los monotributistas.
Los libertarios lograron que la Legislatura discuta los proyectos del RIGI y la Inocencia Fiscal en la Ciudad, dos polémicas iniciativas que rechazan la mayoría de las fuerzas. Es una incógnita si el oficialismo logrará conseguir los votos.
El piloto rionegrino se muestra positivo mientras da sus primeros pasos en la categoría Top Race V6 junto a la escudería JLS Motorsport-Corsi Sports. Facundo Aldrighetti se prepara para la 3ra fecha del Top Race V6 que se correrá en el circuito 9 del Autódromo porteño “Oscar y Juan Galvez” este jueves 10 y viernes…
Este viernes será la apertura del Campeonato Mundial FIM de Motocross 2023 con el MXGP Patagonia Argentina, esta mega competencia internacional comenzará con un pre-evento sin precedentes que será con entrada libre y gratuita. La competencia se disputará el 11 y 12 de marzo en Villa La Angostura. La cita será el viernes 10 de…
A seis meses de iniciada la concesión del estadio mundialista José María Minella de Mar del Plata, la empresa controlante, Minella Stadium, no avanzó con ninguna de las obras significativas previstas en el pliego. Por eso, en la oposición proliferan los pedidos de informes reclamando respuestas que aún no llegan de la gestión local.
Eso, en medio de escándalos de corrupción e investigaciones de negociados que salpican a la compañía que, como única oferente, ganó la licitación promovida por la gestión municipal al mando de Guillermo Montenegro el año pasado.
La socia mayoritaria de Minella Stadium, la brasileña Revee, tiene a su grupo controlante, REAG investigado en el «Caso Banco Master», catalogado como el mayor fraude bancario en la historia de Brasil.
Por eso, el 15 de enero pasado el Banco Central de Brasil ordenó la liquidación de REAG. Un día antes, el titular de REAG, João Carlos Mansur, renunció como presidente del Consejo de Administración de Revee.
Con la salida de Mansur, Revee buscó desprenderse del escándalo y garantizó que sus proyectos siguen en pie. Pero sus acciones se derrumbaron desde revelado el Caso Banco Master, en noviembre pasado, pocos días después de firmarse el contrato de concesión del Minella, que hoy sigue presentando el mismo estado de deterioro que motivó su entrega a privados.
La socia mayoritaria de Minella Stadium, la brasileña Revee, tiene a su grupo controlante, REAG investigado en el «Caso Banco Master», catalogado como el mayor fraude bancario en la historia de Brasil.
En paralelo, el proceso de licitación para concesionar el estadio mundialista también fue vinculado con la causa Sur Finanzas relativa a lavado de activos. Por ese caso, se hicieron allanamientos en oficinas municipales por las que la oposición pidió detalles.
Sin embargo, la mayoría oficialista en el Concejo mandó al archivo el proyecto del bloque Acción Marplatense/MDF relativos a los allanamientos.
«La licitación del estadio solo es un allanamiento, citaciones a declarar y una investigación penal que no sabemos como va a terminar», dijo por aquel entonces el concejal Gustavo Pulti y acusó: «El Mundialista fue entregado a cambio de nada».
En Mar del Plata advierten que los escándalos nacionales e internacionales que tocan a la empresa quemaron los planes originales de financiamiento de Minella Stadium que, al momento, solo colocó algunos metros de alambrado a pesar de facturar por una serie de recitales en el polideportivo.
Días atrás, el bloque de Unión por la Patria presentó un nuevo pedido de informes con relación a la concesión, pero por lo pronto no existe información alguna por parte del municipio, hoy a cargo del interino Agustín Neme.
En el ámbito político marplatense hay quienes no dudan que los escándalos nacionales e internacionales que tocan a la empresa quemaron los planes originales de financiamiento de Minella Stadium que, al momento, solo colocó algunos metros de alambrado a pesar de facturar por una serie de recitales en el polideportivo.
Render con las obras previstas por Minella Stadium. En seis meses, solo pusieron unos metros de alambres.
Fuentes al tanto del tema, hablan de sondeos desesperados de inversores chinos. Sin embargo, voces conocedoras del rubro ven muy poco factible esa alternativa.
Es que, al momento de hacer cuentas, ven que, para amortizar una inversión del orden de los 20 millones de dólares, es necesario un masterplan de eventos, recitales y competencias deportivas que no se ajusta a la dinámica y el caudal de espectadores que históricamente brindó Mar del Plata.
Frente a eso, también surgen interrogantes sobre el proceso licitatorio en sí. En la oposición hablan de una licitación «a medida» de Revee. Como sea, también se cuestiona al municipio por no facilitar el texto del contrato entre la empresa Minella Stadium y la Municipalidad.
«Ese contrato de concesión es el que estipula todas las obligaciones de las partes, lo reclamamos varias veces en el Concejo Deliberante y no lo muestran. Es un contrato que debería ser público, teniendo en cuenta que es la concesión más grande de la historia de Mar del Plata», dijo a LPO el concejal de AM/MDF Horacio Taccone. «Si no lo quieren mostrar es porque algo están ocultando. Es grave», alertó.
Por estos días, en Mar del Plata el debate por el Minella se cruza con la pelea entre el municipio y la Provincia por el control de Punta Mogotes. Este lunes, el gobierno de Axel Kicillof anunció que haría el traspaso de ese balneario a la comuna, una vez que se efectúe la licitación para su renovación.
La gestión municipal, que había abierto una instancia judicial por este tema, rechazó ese plan de la Provincia.
Cerca del axelista Pulti advierten que la propuesta del gobierno de Kicillof le daría el control al municipio más rápido que por la vía judicial que inició Montenegro. Por eso, en el proceder de la gestión PRO ven la intención de hacer con Punta Mogotes lo mismo que con el estadio mundialista, otorgarlo en concesión a privados.
El Intendente Marcelo Orazi recibió al Ministro de Gobierno y Comunidad Rodrigo Buteler, quien confirmó la llegada del programa ‘Comunidad en Municipios’ a Villa Regina. En esta oportunidad se presentarán cuatro áreas del Ministerio de Gobierno y Comunidad y la agencia CREAR. Las actividades se desarrollarán el 1 y 2 de septiembre, de 9 a…
Conocí la historia de María Magdalena en enero de 2012, cuando volví de mis vacaciones. Llegué a mi casa, abrí mi casilla de correo y allí estaba el mail de Fernanda Mónaco, una psicóloga del Instituto de Maternidad y Ginecología Nuestra Señora de Las Mercedes de Tucumán.
Todavía faltaban tres años para el histórico Ni Una Menos, pero ya habían pasado otros tres de la aprobación de la Ley 26.485, de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Esa ley reconoció por primera vez a la violencia obstétrica como una de las formas de violencia. 2012 también fue el año del fallo conocido como F.A.L, en el que la Corte Suprema de Justicia de la Nación estableció que el aborto de un embarazo producto de cualquier violación no es punible, independientemente de la salud mental de la persona gestante. Para que el aborto sea legal aún nos quedaba casi una década de armar redes, encuentros y luchas.
Un año antes de que me llegara ese mail de Fernanda, yo había empezado a estudiar secreto profesional y denuncias de aborto. En una capacitación sobre el “Programa de Salud Sexual y Reproductiva” que el ministerio de Salud de la Nación vino a hacer a Tucumán, conocí a las psicólogas del Instituto de Maternidad y Ginecología Nuestra Señora de Las Mercedes (la Maternidad, como le decimos en Tucumán). A propósito de que yo cuestioné que Tucumán fuera una de las dos provincias que no había adherido a la ley 25.673, que asegura el acceso a métodos anticonceptivos gratuitos, se me acercó Silvia Landaburu, la jefa del Servicio de Salud Mental de la Maternidad y nos pusimos a charlar sobre confidencialidad, derechos y violencias de género dentro de la estructura hospitalaria.
Esa primera conversación derivó en encuentros con mates en el sexto piso de la Maternidad junto a otras psicólogas que también querían saber cuáles eran los derechos que tenían sus pacientes. Ellas veían situaciones injustas, malos tratos y a veces objeciones de conciencia violentas que estaban naturalizadas en la atención de aborto. Ellas querían saber y yo quería que supieran de los fallos de “Natividad Frías” (un plenario de Cámaras Penales de 1966 que declaró la nulidad de una investigación de aborto iniciada con la denuncia médica) y “Baldivieso” (cuando la Corte Suprema de la Nación anuló una condena de narcotráfico en una causa también iniciada con la violación del secreto médico). Quería contarles de la Recomendación N° 24 de la CEDAW, “La mujer y la salud” (1999) que, entre otras muchas cosas pide “dar prioridad a la prevención del embarazo no deseado mediante la planificación de la familia y la educación sexual” y que “debería enmendarse la legislación que castigue el aborto a fin de abolir las medidas punitivas impuestas a mujeres que se hayan sometido a abortos”. Y, sobre todo, quería que pensemos juntas por qué si había una ley, la 26.529, que reconocía los derechos de las pacientes a la confidencialidad, la intimidad, el trato digno, la información y el respeto por la autonomía, no se estaba cumpliendo con las mujeres que abortaban. Nos juntamos varios viernes, intercambiamos opiniones, risas, pero también angustias: ellas me contaron de las pacientes «fundidas», así les llamaban a las mujeres que llegaban con abortos sépticos, con miedo a ser denunciadas y cómo eso les podía costar la vida. Hablábamos de la angustia de ser pobre, porque las muertas por complicaciones por aborto siempre fueron las pobres. En esa artesanía feminista de saberes supimos encontrarnos para mejorar las prácticas, para repeler los daños de quienes tienen poderes biomédicos para castigar y, sobre todo, supimos encontrarnos para no perder a otras: las pacientes que abortaban.
Volviendo a aquel enero de 2012, el mail de Fernanda me contaba la historia de una joven de 26 años, con 3 hijos que, al llegar a la Maternidad de Tucumán con dolores abdominales y una ginecorragia, había sido denunciada por las dos médicas que la atendieron: la jefa de Guardia, Claudia Callejas, y la residente Alejandra Berenguer. Además, le habían practicado un legrado sin anestesia, quizás como una forma sanitaria de castigo. Por suerte estaban ahí Fernanda, Daniela y Lourdes, las psicólogas que la atendieron. Ellas hicieron ese mismo día una nota escrita a la Dirección denunciando la violencia obstétrica y como la abogada, Daniela De Francesco, dijo en su dictamen que «era legal» lo que había pasado, ellas le dieron mi contacto porque temían que fuera procesada. Fue muy importante la intervención del Servicio de Salud Mental en este caso para evitar que se silenciaran estas prácticas, no sólo para acercarle un derecho a la paciente.
En esa artesanía feminista de saberes supimos encontrarnos para mejorar las prácticas, para repeler los daños de quienes tienen poderes biomédicos para castigar y, sobre todo, supimos encontrarnos para no perder a otras: las pacientes que abortaban.
Al día siguiente me contactó ella, María Magdalena. Nos encontramos en mi estudio. Ella estaba aterrada: temía ir presa, temía morir, temía por sus familiares. Como pudo y a borbotones me explicó que ella no sabía que estaba embarazada, que “se cuidaba” y que cuando empezó a sangrar fue con su mamá y su esposo a la Maternidad para que la ayudaran. No comprendía por qué la habían acusado y mucho menos por qué los policías la habían interrogado en la sala de partos. Tampoco comprendía por qué razones le habían dicho, en medio de su legrado, que si moría de una infección su marido “no le llevaría ni flores a la tumba”. No comprendía por qué quienes debían atenderla, la maltrataron.
Tomé su defensa al mes siguiente, en febrero de 2012 y conseguí su absolución recién en septiembre de 2015. Si: ella estuvo procesada por “aborto provocado” en Tucumán, pero no estuvo presa porque, a diferencia de Belén, ella tuvo una abogada feminista.
Por supuesto que María Magdalena no es el nombre real. Elegí llamarla así porque la María Magdalena de la Biblia fue estigmatizada por puta. Quisieron apedrearla y al final de la historia estuvo al pie de la crucifixión de Jesús y hasta se le atribuye un evangelio gnóstico. Es fácil pensar que incomodaba porque era una mujer con poder.
Yo estaba terminando de cursar mi Maestría en Género, Sociedad y Políticas Públicas en Flacso y nunca había defendido a una mujer criminalizada por aborto. Podía imaginar que no sería fácil. Lo que no imaginé es que sería tan difícil encontrar justicia para ella.
Junto a mi equipo, denunciamos la violación del secreto profesional y las violencias obstétricas institucionales que sufrió María Magdalena. El Fiscal Arnoldo Suasnábar archivó la causa 2 meses después: sostuvo que “frente a maniobras abortivas es correcto hacer la denuncia” y remató su misoginia con clasismo al afirmar que “en el ámbito público, la relación médico-paciente es no formal”. De esta forma, el racismo judicial desbloqueaba otro nivel de discriminación y daño: el de habilitar que quienes reciben atención médica en sanatorios privados gozaran de todos los derechos que la Ley 26.529 le reconocía a los pacientes, y quienes iban al hospital –esas “menesterosas” de las que en 1966 hablaba el Plenario “Natividad Frías”- no tenían ninguno. Palabras más, palabras menos, el Poder Judicial de Tucumán legitimaba una atención sanitaria para ricas y otra para pobres. Para las primeras, atención clínica conforme a derechos. Para las segundas, limosna sanitaria.
Esa decisión del Ministerio Público Fiscal fue confirmada por el Juez de Garantías, la Cámara de Apelaciones Penal —que ya no existe— y la Corte Suprema de Justicia tucumana. Este último Tribunal incluso me mandó a estudiar considerando que la perspectiva de género no decide nada en estos casos, sino que es el derecho penal el que manda. Esa sentencia me hizo saltar las lágrimas porque podía leerse como intertexto: lo que le pasó a María Magdalena no le interesaba a nadie.
El Poder Judicial de Tucumán legitimaba una atención sanitaria para ricas y otra para pobres. Para las primeras, atención clínica conforme a derechos. Para las segundas, limosna sanitaria.
Impugné esa decisión judicial en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El 27 de febrero de 2020 esta corte ordenó el desarchivo para que se investiguen las violencias de género que había sufrido María Magdalena y que el silencio judicial quería mantener en secreto. Ordenó además que se investigue por violación de secreto profesional y violencias a Claudia Callejas y Alejandra Berenguer.
En el medio conocí a la periodista Mariana Carbajal, quien escribió todas y cada una de las notas que no dejaron morir el caso. También fundamos una ONG feminista, Mujeres X Mujeres, desde donde defendemos los derechos de todas las mujeres, también los de las mujeres que abortan. Y escribí, junto a Mariana Álvarez y Alejandra Iriarte el libro “Jaque a la Reina” (2014) donde contamos la historia de María Magdalena y revelamos que muchas de las 532 causas de aborto que tenía Tucumán entre 1992 y 2012 eran producto de la violación de la confidencialidad y el secreto profesional, pero ambos estaban naturalizados en casos de emergencias obstétricas. Un libro que, al parecer, nadie leyó, porque sino, Belén no hubiera estado presa ni un día.
El 5 de Abril de 2020, después de 11 años, el fiscal regional de Tucumán Mariano Fernández pidió la elevación a juicio oral de Claudia Callejas por el delito de violación de secreto, y el sobreseimiento de la residente Alejandra Berenguer por considerar que actuó bajo las órdenes de Callejas.
Hoy María Magdalena tiene 40 años y no es la misma. Yo tampoco soy la misma porque, a diferencia de lo que pasaba entonces, ya no me señalan de modo juicioso, ni me tildan de militante y, aunque lo hicieran, lo que antes me despertaba temor, hoy es un motivo de orgullo. Esta es una causa que antes del juicio ya tiene cuatro sentencias de la Corte local. Una clara expresión de las resistencias judiciales para investigar las violencias que denuncian las mujeres. En este contexto, no es un dato menor que esclarecer la verdad en un caso de violencia de género te lleve 14 años de litigio.
María Magdalena fue el principio de mi segunda vida como litigante: antes fui abogada de Bancos y me dedicaba, en un estudio muy reconocido de Tucumán, al derecho privado.
Catorce años después, no sé a ciencia cierta si los operadores de la salud comprenden del todo cómo funciona su obligación de guardar secreto, ni sus compromisos legales y éticos con la intimidad de sus pacientes, porque además del juicio que comienza esta semana, el 13 de mayo próximo defenderé en Tribunales a Eva, una joven de 18 años que fue acusada de “homicidio agravado” luego de un parto en avalancha dentro del Hospital de Famaillá, después de que le diagnosticaran una “lumbalgia” y mientras la medicaban. La duda sobre cuánto de crueldad y cuánto de ignorancia tiene el personal de salud que la denunció y la Fiscalía que le pidió la prisión preventiva siempre está dando vueltas. Cuesta digerir el uso del poder más descarnado, con tanta obscenidad. La Campaña por el Aborto Legal, el Socorrismo, el Niunamenos, la Red de Profesionales y las distintas redes que los feminismos supirmos construir estos últimos años sacaron del closet la decisión de abortar. Porque abortar se abortó siempre, la injusticia es en qué condiciones. Y son esas redes feministas que se hilvanan con equipos de salud recargados de trabajo, pero respetuosos de sus pacientes, con quienes continuamos defendiendo el derecho a decidir. Hoy, frente al desguace de los recursos y las políticas, más que nunca.
Son esas redes feministas que se hilvanan con equipos de salud recargados de trabajo, pero respetuosos de sus pacientes, con quienes continuamos defendiendo el derecho a decidir.
Lo que si sé y no me deja ninguna duda, es que este 27 de abril existe una oportunidad histórica para que el Poder Judicial de Tucumán cierre un capítulo funesto para las mujeres y condene la denuncia de aborto como lo que verdaderamente es: un delito imperdonable que sólo se comete contra mujeres pobres.
