La Municipalidad de Villa Regina informa que el jueves 10 de junio se hará entrega de los lentes a las personas que fueron atendidas en el consultorio oftalmológico de los camiones sanitarios que estuvieron en la ciudad días atrás.
Desde la organización, a cargo del Movimiento Evita, se indicó que la entrega se realizará en el polideportivo Cumelen en el horario de 9 a 13. Los vecinos deberán concurrir con su DNI y el talonario de la seña. Quienes no puedan asistir el día indicado, deberán comunicarse a los siguientes teléfonos: 2984-523876 o 2984-668473.
Se solicita a los vecinos que asistan con tapabocas y respeten el distanciamiento social.
El Director de Tránsito de la Municipalidad de Villa Regina Mario Figueroa mantuvo un encuentro con propietarios de las bases de taxis de la ciudad con el objetivo de comunicar las medidas adoptadas en el marco de la restricción de circulación entre las 0 y las 6 horas. En este sentido, se les informó que…
La senadora oficialista reconoció que puso su cargo a disposición del Presidente tras chocar con una decisión clave de la Casa Rosada. El episodio dejó al descubierto una tensión que el Gobierno intenta minimizar, pero que expone diferencias cada vez más visibles dentro de La Libertad Avanza.
Por Ramiro C. Ferrante para NLI
La imagen de disciplina absoluta que el oficialismo intenta proyectar volvió a mostrar grietas. La senadora nacional Patricia Bullrich confirmó públicamente que le presentó su renuncia a Milei como jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, luego de expresar su desacuerdo con la decisión del Gobierno de retirar el pliego de la candidata a jueza María Verónica Michelli. Según relató la propia legisladora, el mandatario simplemente ignoró el ofrecimiento y continuó la conversación como si nada hubiera ocurrido.
La revelación resulta significativa porque proviene de una de las figuras más importantes del oficialismo. Bullrich explicó que decidió poner su cargo a disposición luego de comunicarle a Milei que ejercerá una «objeción de conciencia» frente al retiro de la candidatura de Michelli, una medida que generó fuertes cuestionamientos tanto dentro como fuera del Gobierno.
Una decisión que abrió una crisis interna
El conflicto comenzó cuando la Casa Rosada resolvió retirar la postulación de Michelli para un cargo judicial federal después de conocerse que mantiene un vínculo familiar con el periodista Hugo Alconada Mon, quien publicó diversas investigaciones sobre presuntos casos de corrupción que involucran a funcionarios nacionales. La medida provocó críticas de sectores judiciales, de la oposición y también dentro de las propias filas libertarias.
Fue en ese contexto que Bullrich decidió marcar diferencias. La senadora sostuvo que se trata de una cuestión vinculada a sus principios personales y no a una discusión sobre la estrategia parlamentaria del bloque. Sin embargo, la sola necesidad de ofrecer una renuncia dejó en evidencia que el desacuerdo excede una simple diferencia técnica.
La propia legisladora relató que mantuvo una conversación «madura y seria» con Milei y que, como consideraba que estaba tomando una posición distinta a la del Presidente, creyó correcto poner su cargo a disposición. La respuesta presidencial fue llamativamente fría: según Bullrich, Milei «no le dio importancia» al tema y siguió hablando de otros asuntos.
El oficialismo intenta negar las diferencias
Aunque Bullrich se esforzó por negar la existencia de una interna abierta y ratificó su apoyo al rumbo general del Gobierno, los hechos muestran un escenario más complejo. No es la primera vez que la senadora se distancia públicamente de decisiones impulsadas desde la Casa Rosada y, en los últimos meses, comenzó a construir un perfil propio dentro del universo libertario.
Para una administración que construyó gran parte de su identidad política alrededor de la idea de cohesión absoluta y obediencia al liderazgo presidencial, el episodio representa un problema político. La noticia no pasa únicamente por una renuncia que finalmente no se concretó, sino por el hecho de que una dirigente central del oficialismo sintiera la necesidad de ofrecerla.
Mientras Milei busca sostener la narrativa de un Gobierno sin fisuras, la controversia por la jueza Michelli terminó exhibiendo algo diferente: las tensiones internas existen, las diferencias aparecen cada vez con más frecuencia y ya comenzaron a hacerse públicas. Que el Presidente haya rechazado la renuncia puede haber evitado una crisis inmediata, pero difícilmente alcance para cerrar una discusión que sigue creciendo dentro del propio oficialismo.
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La iniciativa aprobada propone destinar un 1% de las vacantes de la administración pública a personas travestis o trans o transgénero. El Senado de la Nación convirtió ayer en ley el proyecto de inclusión laboral para la población trans, travesti y transgénero, durante una sesión en la que oficialismo y oposición respaldaron la propuesta de…
El ex juez federal Marcelo Bailaque tuvo el peor inicio en la audiencia donde se determina si va a juicio por connivencia con el narcotráfico. Al arrancar la sesión, una información inesperada sacudió a los que escuchaban. Y es que Gabriel Mizzau, que era contador en empresas del traficante Esteban Alvarado y a la vez asesor contable del propio magistrado bajo sospecha, aceptó una condena en este mismo trámite. Y algo más: convertirse en imputado colaborador en el caso que tiene a Bailaque como acusado de este y otros delitos.
La novedad produjo conmoción dentro y fuera de la sala de la Cámara Federal de Rosario donde el vocal Aníbal Pineda presidía el acto. El fiscal jefe de la Procuración de Narcotráfico, Diego Iglesias, reveló que Mizzau había suscripto horas antes un acuerdo pleno donde se reconoce la culpabilidad y con pena definida y a homologar más adalenta, además de un convenio de colaboración como imputado, en el marco del artículo 41 ter, que admite el aporte de información a cambio de una moderación en la condena a aplicar. Ese acuerdo fue admitido por el juez federal de garantías Eduardo Rodrigues Da Cruz
Bailaque está en prisión domiciliaria y no se presentó personalmente a la audiencia. Está imputado en tres causas distintas. La que más interesó este miércoles, que formalizó el fiscal federal Matías Scilabra, es haber generado una omisión inaceptable al rechazar tres medidas pedidas en 2013 contra Esteban Alvarado, que recién sería condenado por narcotráfico en 2022. Lo que se remarca en esa causa es que el juez tenía como contador a Mizzau, un amigo que había sido su compañero de colegio, quien era a la vez contador en al menos dos empresas del grupo de Alvarado.
El reproche a Bailaque es haber negado medidas cruciales, hacia 2013, contra actores del grupo delictivo de Alvarado, en una causa que resultó paralizada en el juzgado federal que controlaba. Parte de los datos que se acumularon en ese expediente, que no avanzó, sirvieron en la Justicia provincial de Santa Fe para condenar a Alvarado y miembros de su organización a penas de prisión siete años después.
Mizzau es el tercer imputado en causas ligadas a Bailaque que se convierte en lo que en jerga extrajurídica se llama arrepentido. Los anteriores fueron el ex director regional de la AFIP en Santa Fe y Rosario Carlos Vaudagna, y el financista rosarino Fernando Whpei. Sus revelaciones sobre causas que conciernen a ellos y a Bailaque comprometen al ex juez federal de Rosario, al que le fue aceptada su renuncia el año pasado.
«Mizzau aportó información de carácter patrimonial que nos permite avanzar en casos conexos. Reconoció los hechos, la calificación jurídica y se postergó el dictado de la pena. Entendemos que la audiencia de control de acusación a Mizzau ha devenido abstracta», dijo el fiscal Iglesias. Lo hizo porque ahora, tras la admisión de su conducta, lo único que resta para Mizzau es que le fijen el monto de la condena.
Mizzau es el tercer imputado en causas ligadas a Bailaque que se convierte en lo que en jerga extrajurídica se llama arrepentido. Los anteriores fueron el ex director regional de la AFIP en Santa Fe y Rosario Carlos Vaudagna, y el financista rosarino Fernando Whpei
El contador público Mizzau era quien firmaba los estados contables de Logística Santino, empresa de Alvarado. Según fiscales del Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe (MPA) también fue él quien gestionó el pedido de habilitación municipal para el instituto geriátrico Sagrado Corazón de María SRL, una empresa integrada por Viviana Alvarado y Daniel Martín. Según los fiscales provinciales, y para los jueces que condenaron, este geriátrico era una firma de Esteban Alvarado, quien figuraba como empleado para simular ingresos legales.
El hijo de este contador que certificó balances o gestionó permisos comerciales para el grupo de Alvarado se llama Sebastián Mizzau y es empleado de la Justicia Federal de Rosario. Mizzau hijo entró en 2017 como empleado del juzgado federal a cargo de Marcelo Bailaque sin rendir concurso, como una buena cantidad de empleados, en base a la relación de amistad que su padre mantiene con el magistrado federal. Trabajó en ese juzgado hasta 2024, momento en que fue ascendido como integrante de la dotación del Tribunal Federal Oral 3 de Rosario.
Fernando Whpei
Mizzau era también, como lo reconoció el mismo juez, quien llevaba las cuentas personales de Bailaque, quien dijo jamás haber sabido de la relación de su contador y amigo con el grupo de Alvarado. La intervención de Mizzau como asistente profesional de Alvarado aparecía en anexos que estaban en la causa que el mismo Bailaque llevaba contra el narcotraficante que está condenado a perpetua por comercio de droga y como ideólogo de homicidio.
Además de este caso Bailaque está acusado en otros dos legajos. Otra imputación es haber participado junto al entonces director de la AFIP Vaudagna y el financista Whpei del armado de una causa, a partir de un anónimo genérico, contra dos empresarios bursátiles, Claudio Iglesias y Jorge Oneto, a fin de pedirles dinero para cesar la persecución. Esta acusación la generaron los fiscales Juan Argibay Molina y Diego Velasco de la Procuración contra el Lavado de Activos (Procelac).
El tercer hecho es haber orquestado una transferencia de mil millones de pesos en 2021 hacia la mutual de Jubilados, Retirados y Pensionados Provinciales, bajo la esfera del grupo financiero Unión que controlaban dos empresarios, los hermanos Guillermo y Fernando Whpei. Esos fondos eran de la Cooperativa de Trabajadores Portuarios de Puerto San Martín y habían quedado inmovilizados por una causa de lavado de dinero contra sus directivos. El juez Bailaque resolvió transferir ese monto multimillonario a la mutual, contra lo usual que es que entidades oficiales cautelen fondos judiciales bajo litigio. El argumento que les dio Fernando Whpei a miembros de la cooperativa enfrentados a su conducción fue, según estos, que Bailaque era su amigo y que el dinero manejado en la mutual reportaría mejor interés. Esta imputación es del fiscal federal Federico Reynares Solari.
El gobierno de Milei aceptó la renuncia de Bailaque en julio del año pasado cuando el Consejo de la Magistratura, tras una demora de dos años, estaba a punto de girar su caso al plenario, lo que podía llevarlo a un juicio político con destitución.
Los fiscales que investigan una trama de corrupción que incluye actores institucionales pidieron diez años de prisión
para Bailaque por acciones que le atribuyen y que implican extorsión, incumplimiento de deberes de funcionario público, allanamiento ilegal, recepción de dádivas y lavado de dinero. También solicitaron cinco años de inhabilitación especial para ejercer cargos públicos, multa equivalente a cinco veces el monto de la operación de lavado y a tres veces el de las dádivas.
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