La Municipalidad de Villa Regina informa que el jueves 10 de junio se hará entrega de los lentes a las personas que fueron atendidas en el consultorio oftalmológico de los camiones sanitarios que estuvieron en la ciudad días atrás.
Desde la organización, a cargo del Movimiento Evita, se indicó que la entrega se realizará en el polideportivo Cumelen en el horario de 9 a 13. Los vecinos deberán concurrir con su DNI y el talonario de la seña. Quienes no puedan asistir el día indicado, deberán comunicarse a los siguientes teléfonos: 2984-523876 o 2984-668473.
Se solicita a los vecinos que asistan con tapabocas y respeten el distanciamiento social.
La CNV impulsa una reforma laboral histórica: las indemnizaciones por despido se convierten en instrumentos financieros La Comisión Nacional de Valores (CNV) publicó hoy la Resolución 1066/25, que introduce un cambio radical en el régimen de indemnizaciones por despido en Argentina. La medida, implementada sin debate en el Congreso ni participación de los sindicatos, transforma…
La ofensiva de Javier Milei contra Reino Unido por la explotación petrolera en Malvinas generó malestar en Luis «Toto» Caputo. En Economía preocupa que la escalada con Londres pueda derivar en represalias sobre activos argentinos que se encuentran bajo jurisdicción británica. En particular, vuelve al centro de la escena el oro de las reservas del Banco Central que salió del país en 2024 y que las versiones más fuertes del mercado ubican en Londres.
La preocupación de Caputo apareció después de grabar la cadena nacional en la que Milei endureció como nunca su posición frente a Reino Unido. El Presidente reaccionó al avance de Sea Lion, el proyecto petrolero offshore ubicado al norte de las Islas Malvinas que opera Navitas Petroleum junto con la británica Rockhopper Exploration.
«No lo vamos a permitir. La Argentina no se quedará de brazos cruzados», dijo Milei. Y anunció que el Gobierno desplegará «todas las herramientas del Estado: diplomáticas, económicas, judiciales y legales» para frenar a las compañías involucradas en la explotación de recursos naturales en las islas.
La amenaza no alcanza solamente a las petroleras. El Presidente anticipó castigos para accionistas, directores y proveedores y afirmó que las compañías involucradas directa o indirectamente en proyectos en Malvinas serán inhabilitadas para operar en Argentina.
«Quienes operan en nuestras islas a espaldas del gobierno argentino tendrán que elegir entre una apuesta ilegal en un territorio disputado y una operación rentable y segura en un país soberano con reglas claras y previsibilidad», afirmó Milei. Y remató: «No se pueden hacer las dos cosas».
La decisión prende fuego una parte central de la narrativa libertaria. El gobierno que hizo de la retirada del Estado de las relaciones económicas una bandera ahora propone utilizar todo el peso del Estado para interferir sobre una explotación entre empresas privadas.
Navitas y Rockhopper tomaron una decisión empresarial, consiguieron financiamiento y avanzan con una inversión que Argentina considera ilegal porque se desarrolla sobre recursos ubicados en un territorio cuya soberanía reclama.
Pero la incomodidad es todavía mayor porque Sea Lion consiguió algo que el gobierno de Milei busca desesperadamente para los grandes proyectos argentinos: una decisión final de inversión. Navitas y Rockhopper aprobaron en diciembre de 2025 la FID de la primera etapa y pocos días después alcanzaron el cierre financiero. El proyecto tiene contratos centrales firmados, USD 1.000 millones de deuda para su desarrollo y apunta a producir el primer petróleo en el primer trimestre de 2028.
Sea Lion está así varios casilleros por delante de buena parte de las inversiones que el Gobierno presenta como las futuras fábricas de dólares de Argentina. La FID es precisamente la frontera que todavía necesitan cruzar proyectos centrales para la estrategia oficial, entre ellos Argentina LNG y varios de los grandes desarrollos mineros. Una cosa es anunciar una inversión potencial y otra es que los accionistas pongan la firma, cierren el financiamiento y comprometan el capital para ejecutarla.
Navitas controla el 65% de Sea Lion y Rockhopper tiene el 35%. La primera fase contempla 11 pozos submarinos y el petróleo será procesado mediante un buque FPSO. Navitas afirma que las aprobaciones y el financiamiento necesarios para ejecutar el proyecto están asegurados y proyecta el primer petróleo para marzo de 2028. Además, las operaciones vinculadas al desarrollo se manejarán desde oficinas en Londres, Aberdeen y las islas.
Ese avance explica la dureza de Milei. «Si hoy no actuamos con firmeza y celeridad, en pocos meses tendrán la capacidad material de apropiarse de las reservas de petróleo que yacen bajo nuestro mar», dijo.
Para el Presidente, permitirlo generaría «un incentivo para que el gobierno británico profundice la ocupación de las islas y la explotación de nuestros recursos».
Pero para Caputo la cuestión abre un problema adicional. En Economía temen que una escalada económica contra intereses británicos habilite una respuesta de Londres sobre activos argentinos.
Ahí reaparece una de las operaciones más opacas del comienzo del gobierno libertario: la salida del oro de las reservas del Banco Central.
Caputo defendió en 2024 la decisión de sacar los lingotes del país. El argumento del ministro fue que mantener el oro encerrado en las bóvedas del Central impedía obtener un rendimiento sobre ese activo. El BCRA terminó reconociendo que había realizado transferencias entre sus cuentas, pero nunca quiso revelar oficialmente cuánto oro salió, cuál fue su destino final, quién quedó como custodio ni bajo qué condiciones quedó depositado.
Las versiones más fuertes del mercado ubicaron los lingotes en Londres. El secreto que rodeó aquella operación adquiere ahora otra dimensión. La preocupación en el entorno de Caputo es qué capacidad tendría Reino Unido para tomar represalias sobre activos argentinos que estén bajo su jurisdicción si la escalada impulsada por Milei pasa de la retórica diplomática a las sanciones económicas.
El propio Milei convirtió esa posibilidad en un problema de seguridad nacional. «Cualquier avance adicional sobre las Islas Malvinas será considerado como una violación a nuestra seguridad nacional», dijo. Y enseguida amplió el concepto hacia el corazón del área que controla Caputo: «Atraer inversiones, proteger nuestra moneda, fortalecer nuestro sistema financiero y desarrollar nuestros recursos críticos son cuestiones de seguridad nacional».
La contradicción es incómoda para Toto. El ministro necesita acceso a los grandes centros financieros internacionales y fue quien defendió sacar el oro del país para convertir un activo inmovilizado en una herramienta financiera. Ahora Milei decidió escalar precisamente contra Reino Unido, mientras el Banco Central mantiene en secreto si parte de esas reservas permanece en Londres y bajo qué régimen jurídico.
«Es claro que ellos recorren un camino de declive», lanzó además Milei sobre los británicos.
La frase cayó particularmente mal en la antesala de la Argentina Week que el Gobierno prepara en Londres. El encuentro fue concebido como una vidriera para atraer inversiones y acercar funcionarios argentinos a inversores y actores del mercado británico. La ofensiva por Malvinas amenaza con convertir ese desembarco en un escenario mucho más incómodo para el equipo económico.
Caputo queda atrapado en esa pinza. Necesita capital extranjero para conseguir que Argentina LNG, los proyectos mineros y otras grandes inversiones pasen de los anuncios a decisiones finales de inversión. Y Sea Lion, el proyecto que Milei ahora busca frenar utilizando la fuerza económica del Estado, ya consiguió justamente eso.
La prédica libertaria termina así chocando contra una razón de Estado. Milei reivindicó sanciones, prohibiciones, represalias económicas y la intervención sobre relaciones entre privados para defender la soberanía argentina. Caputo, mientras tanto, mira el otro lado del Atlántico y una pregunta que el Central lleva dos años evitando contestar.
Porque después de la cadena, la discusión sobre el oro dejó de ser solamente dónde están los lingotes. La pregunta que inquieta a Economía es mucho más urgente: si efectivamente están en Londres, qué margen tendría Reino Unido para afectar esos activos argentinos si decide responder a la ofensiva de Milei.
El Senado debate cambios al Súper RIGI para atraer megacentros de datos e inversiones en inteligencia artificial. La gran pregunta: ¿qué gana Argentina?
Por Ignacia Fratelint para NLI
La Argentina está a punto de tomar una decisión que puede parecer, a primera vista, una cuestión técnica reservada para especialistas en tecnología, energía y legislación tributaria, pero que en realidad toca uno de los debates económicos más importantes de los próximos años: qué quiere hacer el país con su energía, sus recursos naturales y su infraestructura cuando la inteligencia artificial se convierta en uno de los mayores consumidores eléctricos del planeta. El proyecto conocido como Súper RIGI, que busca avanzar esta semana en el Senado con modificaciones negociadas por el oficialismo con bloques aliados, incorpora entre sus objetivos la llegada de grandes inversiones vinculadas con centros de datos, inteligencia artificial, semiconductores y otras actividades consideradas estratégicas. El Gobierno sostiene que se trata de una oportunidad para atraer capitales hacia industrias que todavía no tienen desarrollo comercial significativo en el país, mientras sus críticos advierten que los beneficios fiscales pueden terminar subsidiando emprendimientos de enorme consumo energético cuyo impacto sobre el empleo y el entramado productivo nacional podría ser mucho menor del que promete el discurso oficial.
La discusión adquirió especial intensidad en las últimas horas porque uno de los puntos que el oficialismo aceptó modificar está relacionado precisamente con el abastecimiento energético de los megacentros de datos. La cuestión no es menor: entrenar y operar modelos avanzados de inteligencia artificial requiere instalaciones capaces de procesar cantidades gigantescas de información durante períodos prolongados, y esas instalaciones necesitan electricidad de manera permanente, con niveles de demanda que pueden convertir a un único proyecto en un consumidor energético de escala comparable con grandes establecimientos industriales. Las modificaciones negociadas en el Senado buscan establecer condiciones específicas para esos emprendimientos, en particular respecto de quién debe garantizar la energía necesaria para ponerlos en funcionamiento, en un momento en que la infraestructura eléctrica argentina todavía enfrenta restricciones y necesita inversiones considerables para acompañar cualquier salto significativo de la demanda.
La nueva frontera no es el petróleo: es la electricidad
Durante buena parte del siglo XX, las grandes disputas económicas internacionales estuvieron relacionadas con el acceso al petróleo. En el siglo XXI, esa competencia continúa, pero empieza a complementarse con otra disputa cada vez más evidente: quién tendrá acceso a suficiente energía para sostener la infraestructura digital que mueve la nueva economía. Un centro de datos no se parece a una oficina llena de computadoras; es una instalación industrial donde miles de servidores funcionan simultáneamente, procesando información y generando calor que debe ser disipado de manera constante, razón por la cual la disponibilidad de electricidad barata, abundante y relativamente estable se convirtió en uno de los factores decisivos para decidir dónde instalar este tipo de infraestructura.
Argentina tiene algunos elementos que la vuelven atractiva para esa carrera. Posee gas natural abundante en Vaca Muerta, potencial hidroeléctrico, capacidad creciente de generación renovable, disponibilidad territorial y una comunidad científica y tecnológica con experiencia en áreas vinculadas con software, inteligencia artificial y servicios basados en conocimiento. El atractivo, por lo tanto, no es inventado: existe una oportunidad real. El problema es determinar qué condiciones debe establecer el Estado para que esa oportunidad tecnológica no termine reducida a la explotación de una ventaja energética.
El proyecto oficial busca precisamente aprovechar esa combinación. Según la información difundida sobre el Súper RIGI, el régimen apunta a actividades que todavía no cuentan con desarrollo comercial previo en el país o que se encuentran en fases experimentales o piloto, incluyendo megacentros de datos destinados al entrenamiento de modelos de inteligencia artificial y otras industrias tecnológicas. Para acceder al régimen se plantea un umbral de inversión de 1.000 millones de dólares, lo que coloca el programa en una escala muy diferente de la de las políticas tradicionales destinadas a pequeñas y medianas empresas.
La pregunta, entonces, no debería ser simplemente si Argentina quiere tener centros de datos. Por supuesto que debería interesarle desarrollar infraestructura digital propia y atraer inversiones tecnológicas. La cuestión verdaderamente relevante es bajo qué condiciones esas inversiones se incorporarán a la economía argentina.
Porque un centro de datos puede estar físicamente ubicado en nuestro territorio, consumir energía producida aquí y utilizar infraestructura nacional sin necesariamente generar un ecosistema industrial comparable al de una fábrica tradicional. Su principal activo son los servidores, el software, los sistemas de refrigeración, la conectividad y el capital tecnológico, y una vez construido puede funcionar con una cantidad de trabajadores relativamente reducida respecto de la magnitud de la inversión involucrada.
Eso no significa que carezca de impacto laboral o económico. Puede generar empleo especializado, demandar servicios, ampliar la infraestructura de telecomunicaciones y atraer otras inversiones. Pero no es razonable equiparar automáticamente 1.000 millones de dólares invertidos en infraestructura digital con 1.000 millones invertidos en una cadena industrial intensiva en empleo.
El punto que incomoda: ¿quién paga la energía?
Aquí aparece el cambio que el Senado está discutiendo y que probablemente sea uno de los aspectos más importantes del debate. Los grandes centros de datos necesitan energía en cantidades extraordinarias y, si su llegada implica aumentar significativamente la demanda eléctrica, la pregunta inevitable es quién asumirá el costo de esa expansión de infraestructura.
La modificación negociada por el oficialismo incorpora justamente la cuestión de que los proyectos electrointensivos, especialmente los vinculados con inteligencia artificial, puedan tener que garantizar su propio abastecimiento energético. La diferencia parece técnica, pero en realidad expresa una discusión política de fondo: si una empresa decide instalar en Argentina una infraestructura que demanda enormes cantidades de electricidad, ¿debe esa empresa adaptar su consumo a la capacidad existente o debe el sistema eléctrico argentino adaptarse para satisfacer sus necesidades?
La diferencia puede traducirse en miles de millones de dólares de inversión pública o privada.
Una cosa es que un centro de datos se instale utilizando capacidad eléctrica disponible y pagando por ella como cualquier otro usuario industrial. Otra muy diferente es que para abastecerlo sea necesario construir nuevas líneas de transmisión, ampliar subestaciones, desarrollar generación adicional o modificar redes que también utilizan hogares, comercios y pequeñas industrias.
Por eso el debate energético no puede quedar separado del debate tributario. Si el Estado concede beneficios fiscales extraordinarios para atraer una inversión y además debe realizar inversiones en infraestructura para que esa inversión pueda funcionar, la rentabilidad privada del proyecto puede estar acompañada por un costo público que no aparece en el anuncio inicial de los millones de dólares comprometidos.
La cuestión tampoco consiste en rechazar toda inversión tecnológica. Al contrario: Argentina necesita desesperadamente ampliar su infraestructura digital y aprovechar el conocimiento que produce. Pero una política industrial seria debería preguntarse qué condiciones permiten que una inversión extranjera se convierta en una plataforma para desarrollar proveedores nacionales, formar trabajadores especializados, generar investigación local y aumentar la capacidad tecnológica del país.
Si la respuesta es que solamente traerá servidores y consumirá electricidad, el resultado será bastante diferente.
El riesgo de convertirse en una enorme usina para otros
Existe una tentación comprensible detrás de la propuesta: Argentina posee un recurso que el mundo necesita —energía relativamente barata en comparación con otros mercados— y existe una industria global que necesita cada vez más electricidad. ¿Por qué no aprovecharlo?
La respuesta puede encontrarse en una palabra que América Latina conoce demasiado bien: enclave.
Un enclave económico aparece cuando una actividad productiva está integrada principalmente hacia afuera, utiliza recursos locales pero mantiene buena parte de sus decisiones, tecnología y beneficios fuera del territorio donde opera. Históricamente, América Latina conoció esa lógica con la minería, los grandes complejos agroexportadores y los hidrocarburos. El desafío contemporáneo consiste en evitar que la economía digital reproduzca exactamente el mismo esquema bajo una apariencia completamente diferente.
Un megacentro de datos podría convertirse en una pieza de una estrategia tecnológica nacional si se articula con universidades, empresas argentinas, centros de investigación, proveedores locales, formación profesional y desarrollo de software. También podría generar una demanda energética que impulse nuevas inversiones en generación y transmisión, beneficiando al conjunto del sistema. Pero también podría terminar funcionando simplemente como una enorme infraestructura privada conectada a los recursos energéticos argentinos para prestar servicios digitales a consumidores ubicados en otros países.
En ambos casos habría inversión. En ambos casos habría exportaciones. En ambos casos podrían aparecer cifras millonarias en los anuncios oficiales. Pero el impacto estructural sobre el país sería completamente distinto.
Ese es precisamente el tipo de diferencia que una ley de promoción de inversiones debería contemplar.
El espejismo de medir el éxito solamente en dólares
El RIGI original permite observar ya una primera experiencia. Según un seguimiento basado en datos oficiales del Boletín Oficial, hacia fines de agosto había 22 proyectos aprobados por unos 47.074 millones de dólares, con una estimación de 95.975 empleos directos e indirectos, aunque esos compromisos se encuentran en distintas etapas de ejecución y no equivalen a dinero ya ingresado o a puestos de trabajo efectivamente creados.
La diferencia entre inversión comprometida, inversión efectivamente ejecutada y actividad económica generada resulta fundamental para evaluar cualquier régimen de incentivos. Un proyecto puede anunciar una inversión gigantesca que se desarrollará durante una década y generar relativamente pocos empleos directos una vez que entre en funcionamiento. Eso no convierte al proyecto en negativo, pero obliga a medirlo por sus resultados reales y no solamente por el número que aparece en el comunicado de prensa.
El problema aparece cuando los beneficios fiscales se conceden durante períodos prolongados y la sociedad debe esperar décadas para comprobar si el crecimiento prometido efectivamente se produjo.
Ese es uno de los puntos que hacen especialmente sensible al Súper RIGI. El propio Gobierno lo presenta como una herramienta destinada a industrias que prácticamente no existen todavía en Argentina y busca ofrecer condiciones capaces de atraer inversiones que, de otro modo, podrían dirigirse hacia otros países.
La competencia internacional existe y Argentina no puede ignorarla. Pero competir por inversiones no significa necesariamente ofrecer las mayores ventajas posibles. También significa construir una propuesta que resulte atractiva porque combina recursos naturales, infraestructura, talento, estabilidad normativa y un mercado capaz de generar valor.
Una política tecnológica inteligente debería intentar que el centro de datos sea solamente el primer eslabón, no el producto final.
Si llegan servidores pero no se desarrolla industria nacional alrededor de ellos, la oportunidad será limitada. Si llega capital pero no aumenta la formación tecnológica, el efecto será menor. Si se consume energía pero no se fortalece el sistema eléctrico, el costo puede terminar socializándose. Y si se conceden beneficios tributarios extraordinarios sin mecanismos claros para evaluar resultados, el Estado puede quedar comprometido durante años con una inversión cuyo impacto económico real sea difícil de medir.
La Argentina ante una decisión que va mucho más allá del Súper RIGI
El debate que atraviesa al Senado esta semana puede parecer una discusión más dentro de la larga lista de reformas económicas del Gobierno, pero en realidad anticipa una cuestión que va a acompañar a la Argentina durante las próximas décadas. La inteligencia artificial necesita territorio, energía, agua, minerales, infraestructura y trabajadores, aunque su producto final parezca completamente inmaterial.
Detrás de cada consulta que hacemos a una herramienta de inteligencia artificial existe una infraestructura física gigantesca que consume electricidad, necesita refrigeración, requiere redes de transmisión de datos y depende de equipos fabricados con minerales y componentes provenientes de distintas partes del mundo. La nube, en definitiva, no está en el aire: está en edificios, cables, centrales eléctricas y servidores.
Por eso Argentina debería discutir su estrategia tecnológica con la misma seriedad con la que discute su estrategia energética. Tener gas y electricidad disponibles puede convertirse en una ventaja extraordinaria, pero vender energía barata para que otros países procesen sus datos no es necesariamente lo mismo que construir una economía tecnológica nacional.
El verdadero desafío consiste en conseguir que la infraestructura digital genere capacidades que permanezcan en el país incluso si mañana cambian las empresas, las plataformas o las tecnologías. Eso significa universidades fortalecidas, científicos trabajando, técnicos capacitados, proveedores locales, empresas argentinas capaces de integrarse a cadenas globales y un Estado con capacidad para establecer reglas que protejan el interés público sin cerrar la puerta a la inversión.
La Argentina tiene una oportunidad concreta. Sería absurdo negarla por prejuicio ideológico o por temor a cualquier participación extranjera. Pero sería igualmente equivocado aceptar que cualquier inversión es automáticamente buena por el solo hecho de traer dólares.
Porque la historia económica ofrece demasiados ejemplos de países que confundieron tener un recurso valioso con saber desarrollarlo.
La inteligencia artificial puede convertirse en una nueva frontera productiva para Argentina, pero solamente si el país decide qué quiere hacer con ella. Puede ser una oportunidad para transformar energía en conocimiento, conocimiento en industria y tecnología en empleos de calidad; o puede convertirse simplemente en otro mecanismo mediante el cual nuestros recursos naturales alimenten negocios cuyo mayor valor agregado se genera lejos de nuestras fronteras.
El Súper RIGI no resolverá por sí solo esa disyuntiva. Una ley de incentivos puede atraer inversiones, pero no puede reemplazar una política tecnológica, energética e industrial. Esa política todavía está por construirse.
Y quizás por eso el debate más importante no sea cuánto dinero promete cada megacentro de datos, sino qué parte de esa nueva economía queremos que quede efectivamente en la Argentina cuando los servidores se enciendan, las máquinas comiencen a procesar millones de operaciones y la electricidad producida aquí empiece a alimentar la inteligencia artificial del mundo.
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