Hace 80 años comenzaba el Juicio de Núremberg: cuando el mundo decidió que los crímenes de Estado no podían quedar impunes
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Hace 80 años comenzaba el Juicio de Núremberg: cuando el mundo decidió que los crímenes de Estado no podían quedar impunes

 

El 30 de julio de 1946 concluyó la etapa de alegatos del histórico Juicio de Núremberg, el proceso judicial que sentó en el banquillo a los principales dirigentes del régimen nazi tras el final de la Segunda Guerra Mundial. Aquellas audiencias marcaron un antes y un después en el derecho internacional al establecer que los responsables de crímenes de guerra y de lesa humanidad podían ser juzgados más allá de las fronteras de sus países. Ocho décadas después, sus principios siguen siendo una referencia para los juicios por terrorismo de Estado, incluidos los desarrollados en Argentina tras la recuperación democrática.

Por Redacción de NLI

La Segunda Guerra Mundial dejó un saldo de destrucción pocas veces visto en la historia de la humanidad. Millones de muertos, ciudades arrasadas y el horror del Holocausto plantearon una pregunta inédita para la comunidad internacional: ¿qué hacer con quienes habían organizado desde el Estado un sistema de persecución, exterminio y guerra que no tenía precedentes?

Hasta entonces, las guerras solían terminar con tratados diplomáticos o con la derrota militar de uno de los bandos. Sin embargo, tras la caída del Tercer Reich, las potencias aliadas decidieron avanzar por un camino diferente. En lugar de limitarse a sanciones políticas, promovieron un proceso judicial para juzgar a los máximos responsables del nazismo por crímenes contra la paz, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad.

El Juicio de Núremberg, desarrollado entre noviembre de 1945 y octubre de 1946, no estuvo exento de controversias jurídicas, pero estableció un principio que transformaría para siempre el derecho internacional: ningún funcionario, militar o gobernante podía escudarse en el cargo que ocupaba o en la obediencia debida para justificar violaciones masivas a los derechos humanos.

Un proceso que cambió la historia del derecho

En el banquillo se sentaron algunos de los principales dirigentes políticos, militares y económicos del régimen nazi. Durante meses, fiscales de distintos países presentaron documentos, registros oficiales, fotografías y testimonios que demostraban el funcionamiento de los campos de concentración, las deportaciones masivas y el plan sistemático de exterminio impulsado por el Estado alemán.

Las imágenes exhibidas durante las audiencias impactaron profundamente a una opinión pública que comenzaba a conocer la magnitud del Holocausto. Por primera vez, el mundo observaba cómo un tribunal analizaba no solamente responsabilidades individuales, sino también el funcionamiento de una maquinaria estatal dedicada a la persecución y al asesinato.

El proceso concluyó con condenas a muerte, penas de prisión y algunas absoluciones, pero su consecuencia más importante fue jurídica: los principios establecidos en Núremberg se convertirían en la base del moderno derecho internacional de los derechos humanos.

Argentina y el legado de Núremberg

Aunque ocurrieron a miles de kilómetros de distancia, los principios de Núremberg tuvieron una enorme influencia en la historia argentina.

Tras el retorno de la democracia en 1983, el país llevó adelante el histórico Juicio a las Juntas, una experiencia que fue observada en todo el mundo por tratarse de uno de los primeros procesos donde un tribunal civil juzgó a los responsables de una dictadura militar.

Con el tiempo, la declaración de inconstitucionalidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida permitió reabrir cientos de causas por delitos de lesa humanidad, consolidando una política de memoria, verdad y justicia que convirtió a la Argentina en una referencia internacional.

Muchos de esos procesos retomaron conceptos nacidos en Núremberg: la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad, la responsabilidad individual de quienes integran estructuras estatales represivas y la imposibilidad de justificar esos delitos alegando el cumplimiento de órdenes superiores.

La memoria como política democrática

Los juicios por delitos de lesa humanidad no tienen únicamente una función punitiva. También cumplen un papel central en la reconstrucción de la memoria colectiva.

Las audiencias permiten documentar hechos, preservar testimonios y ofrecer a las víctimas un espacio institucional donde sus historias sean reconocidas por el Estado. Esa dimensión resulta especialmente importante en sociedades que atravesaron procesos de violencia política organizada.

En Argentina, organismos de derechos humanos como las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo impulsaron durante décadas la búsqueda de justicia cuando todavía predominaban la impunidad y el silencio. Su trabajo fue decisivo para que el país pudiera reconstruir parte de la verdad sobre el terrorismo de Estado y juzgar a sus responsables.

La experiencia argentina demostró que la democracia no se fortalece olvidando los crímenes del pasado, sino investigándolos y juzgándolos con todas las garantías del Estado de Derecho.

Una enseñanza que sigue vigente

Ocho décadas después, el legado de Núremberg continúa presente cada vez que un tribunal internacional o nacional investiga genocidios, crímenes de guerra o violaciones sistemáticas a los derechos humanos.

En un contexto internacional donde resurgen discursos autoritarios, expresiones negacionistas y reivindicaciones de regímenes represivos, recordar aquellos juicios adquiere una importancia renovada. La historia demuestra que cuando el Estado concentra un poder sin controles y convierte la persecución en política pública, las consecuencias pueden ser devastadoras.

Para Argentina, donde la memoria sobre la última dictadura constituye uno de los pilares del consenso democrático construido desde 1983, el legado de Núremberg tiene un significado especial. Recordar aquellos juicios es también reafirmar que los crímenes cometidos desde el Estado no pueden naturalizarse, relativizarse ni quedar impunes, cualquiera sea el tiempo transcurrido o el poder que hayan ejercido sus responsables.

 

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    Se fue pero le seguís pagando: el Gobierno mantiene la custodia de Adorni

     

    Mientras el discurso oficial insiste en denunciar supuestos «privilegios de la casta», la administración de Javier Milei confirmó que Manuel Adorni seguirá contando con custodia oficial y recursos del Estado pese a haber dejado su cargo, una decisión que vuelve a poner bajo la lupa el doble discurso libertario y el uso de fondos públicos para proteger a un exfuncionario investigado por la Justicia.

    Por Roque Pérez para NLI

    La confirmación llegó por boca del nuevo vocero presidencial, Adrián Ravier, quien en su conferencia de prensa admitió que Adorni continuará con custodia oficial por «motivos de seguridad», aun cuando ya no forma parte del Gobierno nacional. La explicación oficial no hizo más que profundizar las críticas, ya que implica que efectivos policiales, móviles, combustible, viáticos y recursos estatales continúen afectados a la protección de un particular que ya no ejerce funciones públicas.

    De combatir la «casta» a conservar sus privilegios

    Durante la campaña electoral y a lo largo de su gestión, el oficialismo construyó buena parte de su discurso sobre la necesidad de terminar con los privilegios de la dirigencia política. Sin embargo, el caso de Adorni aparece como una excepción difícil de justificar, especialmente porque la custodia se mantiene cuando el propio Gobierno impulsa fuertes recortes sobre jubilaciones, universidades, hospitales públicos y programas sociales.

    La continuidad del operativo de seguridad fue defendida bajo el argumento de la existencia de amenazas vinculadas con la causa judicial que involucra al exfuncionario. Sin embargo, desde distintos sectores se cuestiona que esa protección excepcional siga siendo financiada por todos los contribuyentes sin que exista información pública sobre la evaluación de riesgo, su duración o el costo que representa para el Estado.

    Una decisión que también genera preguntas judiciales

    El mantenimiento de la custodia no es el único punto que genera controversia. Diversas presentaciones judiciales también cuestionan la continuidad del uso de vehículos oficiales y otros recursos públicos una vez finalizadas las funciones de Adorni, al entender que podría no existir un respaldo administrativo suficiente para sostener esos beneficios.

    En paralelo, el exvocero continúa siendo investigado por presunto enriquecimiento ilícito, expediente en el que la Justicia analiza movimientos patrimoniales, declaraciones juradas y otras actuaciones vinculadas con su paso por el Gobierno. Mientras tanto, desde la Casa Rosada dejaron en claro que no impulsarán ninguna investigación administrativa interna, limitándose a señalar que será la Justicia la que determine eventuales responsabilidades.

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    Más allá de la discusión jurídica, la decisión reabre un debate político de fondo: ¿hasta dónde puede extenderse el uso de recursos públicos para proteger a un exfuncionario? En un contexto donde el Gobierno justifica cada ajuste en nombre del equilibrio fiscal, la continuidad de custodias, vehículos y personal estatal para quienes ya no ocupan cargos públicos resulta, cuanto menos, contradictoria con el relato oficial de austeridad.

    La paradoja es difícil de ignorar. Mientras miles de argentinos enfrentan recortes en prestaciones, medicamentos, obra pública y programas sociales bajo el argumento de que «no hay plata», el Estado sigue destinando efectivos policiales y recursos presupuestarios para custodiar a quien hasta hace pocos días era uno de los principales voceros del ajuste.

     

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  • Santilli se mete en el Senado para quitarle a Patricia la relación con el PRO

     

    Diego Santilli empezó a arrebatarle a Patricia Bullrich la relación con los aliados del gobierno en el Senado, para terminar de quitarle el poder que le queda a la ex ministra después de consumarse la intervención del bloque oficialista por WhatsApp.

    Para alcanzar ese objetivo, el jefe de Gabinete armó este viernes una reunión en Casa Rosada con Martín Göerling, Cristian Ritondo y Lule Menem, una forma de mostrarle a la jefa de la bancada libertaria que Karina Milei no la necesita de puente con el PRO en la Cámara Alta. «Santilli convocó a Göerling pero también a Cristian, para que lo acompañe, y abrió esa conversación a Lule para habilitar la proximidad con Karina y mandarle un mensaje a Patricia», explicó una fuente del Congreso.

    Un diputado del PRO fue más sintético: «fue una reunión de fulleros para hablar de política», dijo.

    La foto de Santilli con Göerling y Ritondo, junto a Lule, funciona como el acto de plantar bandera en una cabecera de playa. El senador misionero lidera un bloque de tres, integrado por la pampeana María Victoria Huala y la chubutense Andrea Cristina, pero forma parte de la mayoría de los 44 que edificó Bullrich desde que asumió su banca, en diciembre pasado.

    Karina le interviene a Bullrich la conducción del bloque de senadores

    En efecto, la senadora libertaria sufrió la intervención del bloque por parte de Karina y Lule, en el punto más álgido de su confrontación con Balcarce 50 por el escándalo de Manuel Adorni. 

    Imperturbable, Bullrich pretendió que ese movimiento no mellaba en su volumen político porque mantenía su rol como primus inter pares en la relación con los presidentes de los bloques que suman el lote de 44 antiperonistas, contando 21 libertarios, 10 radicales, tres macristas, los dos misioneros, los dos santacruceños, la tucumana Beatriz Ávila, el correntino Carlos «Camau» Espínola, la neuquina Julieta Corroza, la salteña Flavia Royón y la cordobesa Alejandra Vigo.

    Bullrich y Göerling.

    Sin embargo, la incursión de Karina fue a fondo. En la previa de la sesión en que la oposición quería aprobar la interpelación al ex vocero, la hermana presidencial armó un encuentro con los senadores en la Rosada y resolvió que la incorporen al grupo de WhatsApp del bloque, un atajo rústico para controlar lo que se converse por chat.

    Patricia decidió entonces pegar un volantazo. Después de antagonizar con Javier Milei por el pliego de la jueza María Verónica Michelli, cuñada del periodista Hugo Alconada Mon, y el caso Adorni, sobreactuó su obediencia al gobierno e impulsó sin tener garantizados los votos la sesión de este jueves, donde se le cayó por tercera vez el tratamiento de la ley de tierras ante la falta de apoyo de los aliados.

    Santilli convocó a Göerling pero también a Ritondo, para que lo acompañe, y abrió esa conversación a Lule para habilitar la proximidad con Karina y mandarle un mensaje a Patricia.

    Antes de la sesión, tuvo un cruce feroz por chat con Victoria Villarruel y no tuvo mejor idea que filtrar las capturas de pantalla en el chat del bloque, donde están Karina y Lule Menem también. Pero, además, se encargó que la discusión con la Vicepresidenta trascendiera por la prensa.

    Santilli y Lule Menem recibieron a Martín Goerling y Cristian Ritondo del PRO

    Lejos de ganarse la condescendencia de la secretaria general de la Presidencia, empeoró el vínculo. Ahora, Santilli dejó de ser un tunelero en el Senado para recibir con foto protocolar al presidente del PRO en esa cámara, aún cuando la cita no sirvió para que se charle sobre la eliminación de las PASO o la implementación de colectoras.

    Un legislador al tanto de la conversación le dijo a LPO que el encuentro giró en torno de una serie de proyectos que interesaban al misionero para su provincia, mientras que Santilli le preguntó al senador por las modificaciones al capítulo de extranjerización de la tierra en la ley de inviolabilidad de la propiedad privada. También pidió opinión a sus visitas sobre la posibilidad de aprobar la reforma de la carta orgánica del Banco Central (BCRA).

     

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