En publicidad hay un viejo refrán que dice “la mala publicidad siempre es buena”, porque como decía el dramaturgo Oscar Wilde “la única cosa peor de que hablen de uno, es que no hablen”, básicamente en eso se basa el dicho. Partiendo de ese precepto publicitario, me atrevo a metamorfosear la idea y darle una mirada periodística social. Tomamos la idea y la reconvertimos. La usamos para generar el sentido inverso. Orientamos la fuerza opuesta como impulso propio, como el judo, solo que nuestro oponente es la información maliciosa. La volatilidad de esa desinformación la capitalizamos como concientización. Un rol que nos sienta muy cómodo en #LaTapa.
Lo expuesto por el doctor Albino en el Senado, es de público conocimiento, ya circuló y se repudióa hasta el hartazgo. Ni siquiera cabe mencionarlo. Es más, el teclado me lo impide, será una función que traen insertas las notebooks, tendrán prohibido tipear ciertas sandeces que se escribían en tiempos de Olivetti’s.
Para ser claro, el artículo 1 del código internacional de ética periodística de la UNESCO refiere al derecho del pueblo a recibir información verídica, hacemos honor a ello y aprovechamos la falsa información que nos propició el doctor para repetir una y otra vez: Si vas a tener relaciones sexuales, usá preservativo. Es el método más seguro para evitar el contagio de enfermedades de transmisión sexual.
Carlos Presti ni siquiera asumió y ya dejó un mensaje inequívoco: su Ministerio de Defensa será refugio de negacionistas, protectores de represores y operadores contra los organismos de derechos humanos. Su primera decisión —nombrar como jefe de Gabinete a Guillermo Madero— confirma un rumbo que alarma a todo el arco democrático.
Por Ignacio Álvarez Alcorta para Noticias La Insuperable
Un gesto político, no un descuido
Que Presti —hijo de un represor detenido por secuestros y desapariciones durante la dictadura— haya elegido como mano derecha a Madero no es un accidente de la política: es una definición ideológica, hecha y derecha. Madero celebró su ascenso en redes, agradeció felicitaciones tras la primicia que difundió Eduardo Feinmann y lo vivió como un premio. En realidad, es la señal más cruda de la deriva negacionista que Milei impulsa desde el Estado.
Con esta dupla, el Ministerio de Defensa deja de simular neutralidad y se alinea directamente con la agenda de la “memoria completa”, un proyecto que busca relativizar los crímenes de la dictadura y reinstalar la narrativa militarista que la sociedad argentina ya rechazó.
Madero y un prontuario institucional imposible de maquillar
Basta revisar su paso por el Estado durante 2024 para comprender por qué su nombramiento desató alarma. En febrero de ese año, desde la Subsecretaría de Planeamiento Estratégico, Madero rechazó enviar la historia clínica solicitada por Conadi, el organismo que trabaja junto a Abuelas de Plaza de Mayo para encontrar nietos y nietas apropiadas.
El gesto, celebrado por las redes del lobby pro-impunidad, fue un mensaje directo: el Estado empezaba a cortar los vínculos con las investigaciones de lesa humanidad.
Pero el sabotaje no quedó ahí.
Visitas a represores y desmantelamiento de equipos clave
En marzo de 2024, señalan desde EnOrsai, Madero visitó a los represores detenidos en la Unidad 34 de Campo de Mayo, junto al entonces director de Derechos Humanos, Lucas Miles Erbes. El Ministerio lo disfrazó de “recorrido técnico”, pero —según distintas fuentes— los represores quedaron “esperanzados” tras aquella charla.
Semanas después, el entonces ministro Luis Petri tomó una decisión devastadora: echó a los Equipos de Relevamiento y Análisis (ERyA), que colaboraban con la Justicia aportando información crucial en causas de lesa humanidad. Treinta y seis fiscales denunciaron públicamente el golpe institucional.
Los archivos en riesgo y la ofensiva contra fiscales
Cuando el fiscal Miguel Palazzani pidió preservar archivos históricos, Madero respondió con una nota al procurador interino Eduardo Casal acusándolo de una supuesta “comunicación indebida”. Como resultado, Casal llamó la atención al fiscal… cuyo único objetivo era evitar la destrucción de documentos esenciales.
La tensión escaló con la denuncia del fiscal Félix Crous por la tentativa de destruir información en el Archivo General de la Armada. Para Crous, el episodio formaba parte de un “esfuerzo persistente y coordinado” para borrar pruebas del terrorismo de Estado.
En esa lista de hechos, el primer ítem era siempre el mismo: la negativa de Madero a entregar los legajos que Conadi necesitaba.
Un dirigente moldeado por el PRO y abrazado por La Libertad Avanza
La historia política de Madero también explica su desembarco en Defensa. Nacido del riñón del PRO, fue designado durante el macrismo por Patricia Bullrich como director de Seguridad en Espectáculos Futbolísticos, con el padrinazgo de Guillermo Montenegro, hoy intendente de General Pueyrredón y aliado entusiasta del oficialismo mileísta.
Su avance dentro del Ministerio se consolidó de la mano de Petri, primero como funcionario en Planeamiento y luego como subsecretario de Defensa Civil.
La doctrina Petri y la agenda militarista
En notas recientes —como las publicadas en Infobae— Madero defendió la llamada “doctrina Petri”, que pretende ampliar el rol de las Fuerzas Armadas a tareas de seguridad interior, en oposición directa a la doctrina Garré, que mantuvo una separación estricta entre defensa y seguridad.
Allí repitió argumentos propios de la ultraderecha militarista: la idea de la “industria de los juicios de derechos humanos”, el mismo latiguillo que Victoria Villarruel convirtió en propaganda electoral. Para Madero, los juicios de lesa humanidad no fueron justicia: fueron persecución.
Un clima general de retroceso
El nombramiento llega en un momento donde la Casa Rosada presenta a Presti como la forma de “terminar con la demonización” de las Fuerzas Armadas. La lectura de los organismos de derechos humanos es diametralmente opuesta:
el mensaje es la validación del negacionismo, la protección política a condenados y procesados, y el riesgo concreto de desmantelamiento de controles y archivos que fueron pilares de 40 años de justicia.
Lo que viene: retrocesos y pérdida de información crítica
Mientras Milei insiste con la bandera de la “memoria completa”, lo que toma forma es una ofensiva contra la verdad histórica. Con Madero como jefe de Gabinete de Defensa, la pregunta ya no es si habrá retrocesos en derechos humanos, sino cuán profundos serán y cuánta información vital puede perderse antes de que sea demasiado tarde.
El mensaje político es claro: en el Ministerio de Defensa se abrió la puerta a quienes quieren reescribir la historia desde la impunidad.
ESCRIBE MARIANA HERRERO EVANS A través de los siglos la mujer fue adquiriendo derechos que no tenía, así empezó a ir a la Universidad, a votar, a casarse con quién eligiera, a llevar pantalones en público, a usar bikini, a tener propiedades, a tener la patria potestad de sus hijos, a no tener hijos, a…
Con un escrito de la Fiscalía de Estado, el gobierno de Santa Fe recusó a última hora a cuatro ministros de la Corte Suprema provincial, que en forma inminente debe decidir sobre incidentes previsionales, iniciados luego de que Maximiliano Pullaro impulsara y lograra un cambio de la ley que fija retenciones sobre los haberes de pasivos del Poder Judicial. Los recusados son cuatro de los ministros con más edad del máximo tribunal.
El motivo esgrimido es que los recusados se encuentran en condiciones de recibir la jubilación, o ya la tramitaron. Según el planteo del Poder Ejecutivo, estaría comprometida su imparcialidad para resolver un caso que los tendrá en breve como beneficiarios.
Los apuntados son los ministros Eduardo Spuler, Rafael Gutiérrez, Roberto Falistocco y Rubén Weder. Los tres primeros, que anunciaron que se retiran el año que viene, tienen en curso el trámite jubilatorio desde hace tiempo. El último, que se incorporó este año al máximo tribunal, ya es jubilado y suspendió el beneficio al ser aprobado su pliego.
La ley jubilatoria de Pullaro provocó una oleada de protestas en empleados y funcionarios judiciales, que tuvo una de sus manifestaciones más expresivas en la movilización en la puerta de los Tribunales provinciales de Rosario, con un centenar de jueces para demostrar su contrariedad.
En 2024, la Legislatura de Santa Fe sancionó una ley previsional que entre otras cosas implementó un aporte solidario para jubilados con haberes superiores a cierto umbral (unos 3 haberes mínimos, alrededor de 1.533.171 pesos en diciembre 2025), que van del 2% al 6% según el monto. También estableció un tope jubilatorio máximo, equivalente a 20 haberes mínimos (cerca de siete millones de pesos), buscando equilibrar el sistema.
Los apuntados son los ministros Eduardo Spuler, Rafael Gutiérrez, Roberto Falistocco y Rubén Weder. Los tres primeros, que anunciaron que se retiran el año que viene, tienen en curso el trámite jubilatorio desde hace tiempo.
Estos dos planteos fueron objetados por muchos jubilados del Poder Judicial, por inconstitucionales. Jueces de primera instancia y camaristas de distintas jurisdicciones provinciales se pronunciaron de diferentes maneras y ahora muchos de los trámites los dirime la Corte de Santa Fe. Fue por esto que el gobierno provincial, a través de un dictamen del Fiscal de Estado de Santa Fe, Domingo Rondina, recusó este viernes a cuatro de los siete ministros de la Corte.
El presidente de la Corte Suprema de Santa Fe, Rafael Gutiérez.
El tema no es solamente un pleito jurídico sino que fue desde el inicio de la discusión legislativa de la ley de una altísima litigiosidad política en Santa Fe. Desde distintos sectores del Poder Judicial y de los patrocinantes de los recursos indican que el planteo del gobierno es pobre desde lo conceptual y lo muestran como una jugada política. Aducen que todos los jueces serán jubilados algún día, por tanto no hay ningún magistrado que al resolver no disponga algo que lo incumbe directamente. No solo les concierne, dicen, a los que se jubilan de modo más inminente, como pasa con los cuatro ministros que se busca desplazar.
Pero además aluden a otro motivo técnico, por lo que arguyen el caso debe ser rechazado in límine. Indican que las recusaciones no pueden ser planteadas cuando el caso termina. Los impulsores debieron hacerlas no cuando el tema llegó finalmente a la Corte, sino cuando se constituyó el tribunal. Ahora, dicen, el tribunal está consentido.
Los planteos cuestionan, por un lado, el aporte previsional de emergencia y, por otro, los topes para haberes más altos, donde hay mucha jurisprudencia nacional sobre la intangibilidad de los haberes de magistrados, que corren tanto para los activos como para los pasivos.
«Un ministro de la Corte jubilado gana unos 14 millones de pesos. Con el tope pasa a ganar 7 millones. Eso no guarda racionalidad con los principios de la intangilibidad. Le baja el ingreso a la mitad», es el argumento.
En los despoblados tribunales rosarinos había furia. De los siete ministros de la Corte quedarán tres, que son Daniel Erbetta, Margarita Zabalza y Jorge Baclini, para resolver este diferendo. Se le deberán agregar cuatro conjueces. «Van a digitar todo para que salga un fallo para defender la ley del gobierno», masculló un juez que habló con LPO caliente como una estufa.
Un ministro de la Corte jubilado gana unos 14 millones de pesos. Con el tope pasa a ganar 7 millones. Eso no guarda racionalidad con los principios de la intangilibidad. Le baja el ingreso a la mitad.
Esto ocurre, además, cuando Pullaro presionó de manera manifiesta para desplazar a los tres ministros de la Corte que aún perduran y que ya cumplieron los 75 años de edad. Luego de una acción de fuerte exposición y desgaste, los ministros en cuestión -Spuler, Falistocco y Gutiérrez- anunciaron que se retiran entre septiembre y noviembre de 2026. El gobernador firmó hace dos días el decreto con los que postulará para reemplazarlos. Son tres ministros muy cercanos a su ideario político y el de su espacio de aliados.
Uno es el juez federal de Reconquista, Aldo Alurralde. Otro es Diego Maciel, que es el secretario legislativo del senador radical Felipe Michlig, el principal articulador del gobernador en la Cámara Alta. La restante es la abogada rosarina y jueza de faltas, Jorgelina Genghini, impulsada por Julián Galdeano, armador político del radicalismo y secretario de Vinculación Institucional del gobierno provincial, y por su hermano Lucas Galdeano, presidente del Colegio de Abogados de Rosario.
Villa Regina es parte del programa provincial ‘Río Rosa. Remamos por el cáncer de mama’, iniciativa que brinda acceso a prácticas de remo para todas las personas que hayan atravesado un tratamiento de cáncer de mama. El Intendente Marcelo Orazi y la Ministra de Turismo y Deporte Martha Vélez firmaron un convenio mediante el cual…
Se espiraliza en la provincia un escenario de guerra abierta entre el PRO y La Libertad Avanza (LLA) por posiciones de poder dentro de los concejos deliberantes, como antesala a lo que será la disputa por las intendencias en 2027.
Como adelantó LPO, en Bahía Blanca se materializó la ruptura de la alianza con la asunción como presidenta del Concejo de la ritondista Gisela Caputo, que desplazó así a Mauro Reyes, alineado al referente libertario en esa ciudad, Oscar Liberman.
Para su designación, la concejal PRO tuvo el voto de los nueve concejales que responden al intendente peronista Federico Susbielles y de otros cuatro opositores. De inmediato, Liberman salió a denunciar una «matriz de pagos de cargos por votos».
Pero en el PRO acusaron a los libertarios de no mocionar ningún concejal para la presidencia a pesar de tantear votos para posicionar al bullrichista Fernando Compagnoni y recordaron que el libertario Reyes también había llegado a la presidencia con los votos del peronismo, pero que ahora «solo tenía tres votos».
Para poner en evidencia el respaldo de Cristian Ritondo a esa movida, el PRO bonaerense salió con un posteo de salutación a Caputo, mientras que el jefe del bloque PRO en Diputados de la provincia, Matías Ranzini, cruzó las quejas libertarias: «Nadie más mocionó para que otro sea presidente del Concejo Deliberante», dijo.
La concejal ritondista Gisela Caputo y un pleno amarillo PRO al asumir la presidencia del Concejo.
Lo sucedido en Bahía no es un caso aislado. Incluso, dirigentes de ambos espacios consultados por LPO lo enmarcan en un contexto de descomposición del acuerdo PRO-LLA que ya se ve en otras ciudades de la provincia por lugares de poder que, en paralelo, marcan el inicio de la disputa por posicionarse hacia 2027.
«Cristian dijo que el PRO tiene que tener candidatos en los 135 municipios», dijo un dirigente amarillo que anticipa la disputa con los libertarios.
Por caso en Bahía, donde Liberman volverá a ir por la intendencia, el desmarque del PRO de la estrategia libertaria va de la mano con el objetivo amarillo de construir una alternativa amarilla para el municipio, que pone como posibles competidores a la propia Caputo o al líder del PRO local, el concejal Emiliano Álvarez Porte.
El conflicto por la designación de autoridades también se registra en Necochea, donde los libertarios liderados por el concejal Mariano Valiante acordaron con el intendente axelista Arturo Rojas la continuidad de Marcelo Schwarz en la presidencia, a pesar de la intención del PRO de posicionar a un opositor.
Fuentes del PRO en la Quinta sección señalaron a LPO que los libertarios cedieron la presidencia a cambio de un cargo rentado (Secretaria), además de las vicepresidencias primera y segunda.
La situación resquebrajó la relación entre Valiante y la referente del PRO Necochea, la concejal ritondista Eugenia Vallota.
En el PRO señalaron que Valiante le ofreció a Vallota integrarse al acuerdo con Rojas ocupando la vice segunda, pero que la concejal ritondista lo rechazó. Ahí también hay dirigentes que ven como trasfondo a ese conflicto la disputa por definir quién será la figura opositora que dispute la intendencia en 2027.
En Zárate, donde gobierna el ritondista Marcelo Matzkin, el peronismo que lidera el concejal Leandro Matilla se quedó con el pleno de las autoridades del Concejo a partir del voto clave del concejal libertario Lautaro Fenestraz.
En la estructura bonaerense del PRO además exponen otros casos de desafíos libertarios a intendentes amarillos, como en Vicente López, donde el concejal libertario Luis Palomino votó en contra del presupuesto 2026 de Soledad Martínez.
En Ituzaingó, la tensión pasa entre los libertarios y el ala PRO que se referencia con Gastón Di Castelnuovo, alineado a Diego Santilli. Ese sector tiene tres concejales y en el reparto de autoridades anotó en la vicepresidencia primera a Luciana Prats.
Eso generó discordia con los libertarios, que acusan a Di Castelnuovo de mantener un acuerdo de larga data con los Descalzo que le permitió ahora negociar ese lugar para Prats a pesar de no ser la segunda fuerza en volumen de concejales.
En ese distrito del oeste del conurbano, los concejales libertarios Juan Larralde, Agustina De la Iglesia y Hugo Equiza articulan en un interbloque de cinco bancas con los ritondistas Walter y Christian Lanaro.
En San Andrés de Giles, la concejal Mercedes Condesse acusó a su par libertario Augusto Bianchi de acordar las autoridades del Concejo como el intendente peronista Miguel Gesualdi, al votar en sintonía con el bloque oficialista.
En la estructura bonaerense del PRO además exponen otros casos de desafíos libertarios a intendentes amarillos, como en Vicente López, donde el concejal libertario Luis Palomino votó en contra del presupuesto 2026 de Soledad Martínez.
Ese cuadro de fragmentación se expone aún más en municipios del conurbano donde gobierna el peronismo, en donde, como contó LPO, crecen los cruces entre el PRO y los libertarios que, además de ir en bloques separados en los concejos, ya chocan por 2027.
Esta mañana, residentes y trabajadores del Hogar municipal La Esperanza y del Hogar Juan Pablo II recibieron la segunda dosis contra el COVID-19. A un total de 20 personas les fueron aplicadas las vacunas por el personal de Salud Pública. Difunde esta nota
