Gutiérrez amenaza con quedarse en la Corte santafesina y tensiona con Pullaro

Gutiérrez amenaza con quedarse en la Corte santafesina y tensiona con Pullaro

 

Rafael Gutiérrez, presidente de la Corte Suprema de Santa Fe, lo hizo de nuevo. Volvió a plantarse contra las pretensiones del gobierno de Maximiliano Pullaro de que se retire del máximo tribunal este año. El oficialismo santafesino hasta le designó reemplazante, a él y a otros dos ministros, cuando no están formalizadas las renuncias. «Me voy a ir cuando yo quiera», dijo.

En el gobierno santafesino por ahora no dicen mucho públicamente. Pero dicen. «Si no se va, lo echamos».

Gutiérrez luego suavizó esa declaración de manera íntima. En un acto protocolar donde estuvo el gobernador este martes se acercó a Pullaro. «No te dejes llevar por mis declaraciones. Voy a cumplir mi compromiso», le dijo, al igual que a uno de sus ministros. Eso porque había señalado que se retiraba en noviembre de este año pero que quería despedirse como presidente de la Corte Suprema e inaugurando el nuevo edificio judicial de Santa Fe que será a fin de mes.

No obstante a un viejo vizcacha con 51 años en funciones como funcionario judicial si algo no se le escapa son los momentos políticos. Y para tocarle la oreja al gobierno aprovecha una cadena de tensiones entre Ejecutivo y Poder Judicial que son muy palpables y que busca capitalizar. Los jueces declaran, sin exponerse, que pocas veces estuvieron ante un gobernador que avance sobre la esfera de un poder autónomo. Indican que los jueces penales sobre todo avalan por miedo más que por convicción muchas medidas de un Ministerio Público de la Acusación (MPA) muy ganado por la influencia del ministro de Seguridad provincial Pablo Cococcioni.

La sensibilidad en la Justicia con Pullaro es máxima. La Corte Suprema de Justicia acaba de llamar a un concurso para reemplazar al secretario de Gobierno del órgano que durante décadas cumplió funciones esenciales en la organización del Poder Judicial y también de sus compras. En la Justicia hay una convicción absoluta de que Pullaro aspira a colocar ahí un funcionario propio.

Pullaro logra que le aprueben tres pliegos para la Corte, aunque las vacantes no están confirmadas

Ese cargo sirvió para una concentración de poder que ejerció Eduardo Bordas que se acaba de ir. Una pretensión manifesta del gobierno desde antes de asumir fue bloquear ese control omnímodo de un funcionario polémico. «No van a poder», dicen desde adentro de la Corte. Primero porque el concurso lo maneja la misma Corte. Segundo porque las atribuciones del secretario de Gobierno serán desmontadas en al menos cinco dependencias o funcionarios distintos. Y además porque una Corte renovada, incluso con impulsados por Pullaro, ejercerá una supervisión nueva sobre el manejo de caja, que este ejercicio 2026 tiene disponibles 387.946 millones de pesos.

Santiago Mascheroni, secretario de Justicia de Santa Fe

Ahora la fecha límite al concurso fue prorrogada. La lectura entre magistrados de Rosario fue automática. «Buscan que estén ya en funciones tres ministros designados que se presume serán mucho más leales a las intenciones de Pullaro. Para definir quién entrará como Secretario de Gobierno necesitarán solamente sumar un voto sobre siete ministros», le dijo una jueza a LPO.

«Algunos quieren que sea mi último año. Hace rato que ya tiene suplente por lo menos. Es increíble, un suplente sin vacante. Pero yo sigo trabajando tranquilo», le dijo Gutiérrez al programa Verte Bien TV. La crítica fue profunda pero es razonable. Es cierto que la nueva constitución santafesina fija como límite de permanencia en el máximo tribunal los 75 años y que el ministro ya pasó ese borde. Pero también lo es algo inédito y es que la coalición de Pullaro haya nombrado un sucesor cuando no está ni planteada su dimisión.

Y un hombre como él, al que le gusta el frote, podría ir a la pelea por quedarse con un amparo. Pero hay un escenario que cambió. El poder de Gutiérrez durante los 26 años que estuvo como ministro de la Corte no lo dio tanto esa posición sino un Senado poderoso donde por casi tres décadas sus aliados, que ahora votaron por sus sucesores, fueron mayoría. Ya no ocurre. Hoy Pullaro controla la Cámara Alta. Y en el gobierno no van con implícitos. El gobernador ya dijo que si Gutiérrez no se va en noviembre lo correrá por decreto. Lo mismo hará con el ministro Roberto Falistocco.

Otro punto de discordia que peló los cables del Poder Judicial fue el intento de Pullaro a través de su fiscal de Estado de remover por decreto a cuatro ministros de la Corte, Gutiérrez entre ellos, que debían fallar por demandas contra la ley previsional impulsada por el gobierno, y que fue resistida por los trabajadores estatales. El gobierno señaló que no podían votar ministros que ya estaban en situación de jubilarse.

La respuesta fue un 7 a 0 contra el gobierno con los votos incluso de los miembros entrantes de la Corte impulsados por Pullaro. Esto generó nuevas apelaciones desde el Ejecutivo santafesino pero sobre todo contrariedad y bronca. En el Poder Judicial hay un cerrado consenso de que lo que aspira el gobierno es otra muestra del afán de neutralizar todo lo que se oponga a sus pretensiones políticas por cualquier vía. Acá lo que dicen es que no valen las recusaciones por demandas colectivas. Y que además las impulsaron no al principio del trámite, como marca la regla procedimental, sino cuando las demandas ya llegaban a la Corte.

Dos ex jueces denuncian una escalada autoritaria de Pullaro por la maniobra para que no se caiga la ley jubilatoria

En el gobierno toman las palabras de Gutiérrez como balas de fogueo de un hombre astuto que perdió poder. Pero están atentos. Sabe que conserva legitimidad interna, aunque los empleados judiciales sean el plantel por lejos más chico de la administración. Y también que alborota el panal en momentos en que muchos jueces están molestos por lo que consideran una intrusión inaceptable del Ejecutivo en espacios de un poder distinto.

Cosas que se han expresado con críticas duras del jefe de fiscales de Rosario hacia camaristas provinciales por decisiones de delegar casusa de microtráfico de drogas a la Justicia Federal. Y que cada tanto expresan réplicas. El presidente de la Corte santafesina puede estar en su momento de eclipse, pero usa las herramientas que le quedan para erosionar al gobierno que lo va corriendo de la cancha.

 

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    Adorni y el cuento del pendrive

     

    La declaración jurada de Manuel Adorni abrió una caja de Pandora que el propio funcionario terminó agrandando con una explicación difícil de creer: aseguró que mantuvo durante años un pendrive con criptomonedas valuadas en alrededor de 500 mil dólares porque representaba un «trofeo». La justificación llegó en pleno debate por el régimen de «Inocencia Fiscal», el nuevo blanqueo impulsado por el gobierno que ya comenzó a ser utilizado por integrantes del gabinete y que pone en crisis el discurso moralista con el que La Libertad Avanza llegó al poder.

    Por Roque Pérez para NLI

    El gobierno que prometió terminar con «la casta» y que hizo de la transparencia una de sus principales banderas atraviesa una semana incómoda. Después de conocerse que varios funcionarios recurrieron al nuevo régimen de regularización patrimonial impulsado por el propio oficialismo, fue Manuel Adorni quien quedó en el centro de la escena por una declaración que rápidamente generó polémica.

    La presentación patrimonial del vocero presidencial reveló la existencia de una importante tenencia de criptoactivos que, según distintas estimaciones periodísticas, ronda el equivalente a medio millón de dólares. Sin embargo, lo que más llamó la atención no fue únicamente el monto sino la explicación pública que ofreció cuando comenzaron las preguntas.

    Un «trofeo» de casi medio millón de dólares

    Adorni sostuvo que esos activos digitales permanecieron durante años almacenados en un pendrive porque los consideraba un «trofeo». La definición buscó transmitir la idea de una inversión temprana realizada cuando las criptomonedas todavía eran un mercado desconocido y de alto riesgo.

    La versión, lejos de despejar dudas, abrió nuevos interrogantes.

    ¿Por qué alguien mantendría inmovilizado durante años un patrimonio de semejante magnitud solamente por un valor simbólico? ¿Cómo evolucionó ese activo durante ese período? ¿Fue declarado oportunamente? ¿Cuál fue el criterio utilizado para su valuación?

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    El episodio expone una contradicción política cada vez más evidente.

    Durante la campaña electoral y los primeros meses de gestión, La Libertad Avanza construyó buena parte de su identidad sobre una superioridad moral frente a la política tradicional. La consigna era sencilla: terminar con los privilegios, exigir transparencia absoluta y denunciar cualquier irregularidad patrimonial.

    Sin embargo, los últimos días mostraron un panorama muy diferente.

    La explicación sobre cuáles fueron “esos años” también resultó sospechosa: según Adorni, invirtió 200 mil dólares en 2013 en criptomonedas y ganó unos 300 mil un año más tarde. Si se sigue el hilo lógico de la explicación, el ahora jefe de gabinete tuvo ese dinero en bitcoins durante más de una década y no fue declarado ni gastado o invertido en viajes y propiedades sino hasta que llegó a la función pública.

    O sea que, en resumen, dijo haber juntado, eventualmente, unos 500 mil dólares doce años atrás; y recién al asumir como funcionario libertario decidió gastarlos a un ritmo descomunal.

    Sumado además a que el mismo gobierno que promovió el blanqueo es el que comienza a utilizarlo para beneficio de sus propios funcionarios.

    Mucho humo, pocas respuestas

    Especialistas consultados por distintos medios remarcaron que las criptomonedas son activos perfectamente declarables y registrables, por lo que el debate no pasa por su existencia sino por la consistencia del relato oficial y por la trazabilidad de las operaciones.

    La explicación del «trofeo» tampoco ayuda a disipar las dudas.

    Un activo valuado en aproximadamente 500 mil dólares no es un simple recuerdo tecnológico ni un objeto de colección. Se trata de un patrimonio significativo que, en cualquier análisis financiero, representa una parte importante de la riqueza personal de quien lo posee.

    En ese contexto, la respuesta de Adorni fue interpretada por sectores de la oposición como un intento de minimizar una situación que merece precisiones mucho más detalladas.

    La moralidad selectiva del gobierno

    El caso también reabre un debate más amplio sobre el doble estándar del oficialismo.

    Mientras Milei y sus funcionarios repiten que quienes tienen dólares «debajo del colchón» son héroes que deben ser liberados del Estado, el ajuste fiscal continúa descargándose sobre jubilaciones, salarios públicos, universidades, hospitales y programas sociales.

    El contraste resulta inevitable: para millones de argentinos la discusión cotidiana es cómo llegar a fin de mes; para algunos de los principales funcionarios del gobierno, el debate pasa por explicar por qué conservaron durante años un pendrive con activos equivalentes a cientos de miles de dólares.

    La historia del «pendrive trofeo» probablemente quede como una de las explicaciones más llamativas de la política reciente. Pero detrás de la anécdota hay una discusión mucho más profunda: si el gobierno que prometía terminar con los privilegios y construir una nueva ética pública no terminó creando un sistema que permite regularizar fortunas mientras exige sacrificios permanentes al resto de la sociedad.

     

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    Pablo Toviggino y el Chiqui Tapia tienen varias denuncias en la Justicia, pero la más pesada es por lavado de dinero y desvío de fondos. En ese expediente aparece Juan Pablo Beacon, ex mano derecha de Toviggino, que se convirtió en arrepentido en Estados Unidos.

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    Además, chats publicados por LPO muestran que Beacon aparece como operador directo entre el poder político provincial y la estructura de la AFA.

    En ese entramado, Weretilneck no sólo figura como interlocutor frecuente, sino como pieza central para habilitar gestiones, destrabar proyectos y ofrecer influencias.

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