Con mucho éxito se llevó a cabo el ‘Coloreando mi ciudad’ en el barrio Villa Alberdi. La actividad convocó a niños y niñas de entre 8 a 12 años que disfrutaron de una caminata guiada por la plaza del barrio recibieron información sobre la Era de los Gigantes y terminaron dibujando lo aprendido.
La actividad prevé continuar con los recorridos por los distintos barrios coordinando con el área de Juntas Vecinales.
En paralelo a la tensión interna por las listas, en La Libertad Avanza recrudece la disputa por el control de las cajas de organismos nacionales. Ahora, se dieron cambios en oficinas clave de Pami del Conurbano que debilitaron a Sebastián Pareja.
En San Justo (La Matanza) y William Morris (Hurlingham) fueron corridos del Pami funcionarios que responden al armador de Karina Milei en la provincia, quedando en esos lugares gente de Santiago Caputo y Cristian Ritondo.
Además, crecen los cruces en redes entre trolls del asesor presidencial y armadores locales de Pareja por el comando de las delegaciones de Pami en puntos como Morón y Mercedes.
El choque no es casual en vísperas de elecciones, donde las estructuras de Pami y Anses, además de la caja que manejan, son usadas para hacer campaña y darles visibilidad a los candidatos locales de LLA, tal como reveló LPO.
El nombramiento de un dirigente de Ritondo en el Pami de William Morris es un dato que empieza a generar tensiones en armadores de Pareja que, además de la disputa con Las Fuerzas del Cielo, ven que el acuerdo macro con el PRO también amenaza con quitarle lugares en delegaciones de organismos nacionales.
De acuerdo a lo detallado por Primer Plano, en La Matanza fue desplazado Alejandro Antonio Rosell, titular del Departamento Médico dentro de la delegación San Justo, mientras que, en Hurlingham, fue corrida la titular de la Boca de Atención de William Morris, Camila Vadillo, alineada al coordinador local de Pareja, Rafael De Francesco.
En reemplazo de Vadillo fue designado Tomás Moreno Cruz, dirigente que responde a Ritondo. Se trata de un dato que empieza a generar tensiones en armadores de Pareja de varios distritos de la provincia, donde ven que el acuerdo macro con el PRO empieza a surtir efecto también con nombramientos en organismos nacionales.
En San Justo, quien se queda con la firma a cargo (por lo pronto, provisoriamente) es la titular de la regional de Pami de Morón, Marina Cejas, que, así, queda al mando de dos dependencias que, sumadas, reúnen la mayor cantidad de afiliados a nivel país detrás de Córdoba.
Cejas está alineada a Diego Llaneza, quien responde a Santiago Caputo y, por ende, arma para Las Fuerzas del Cielo en Morón.
Llaneza, que estuvo a cargo del armado de la lista local en 2023, es blanco de reproches públicos de los libertarios de Pareja que, en Morón, son coordinados por el empresario Ariel Diwan.
“Nos seguimos preguntando por qué Llaneza puso a la candidata a concejal del PRO, como directora del PAMI (por Cejas). Pero claro, él no podía ir por sus antecedentes penales”, posteó en X la cuenta oficial de LLA Morón que tributa a Diwan.
“Y para remate quién maneja la caja no es el espacio de LLA Morón, es el mismísimo Llaneza con Hugo Arbel y Tagliaferro”, agregaron para exponer una conexión con el ex intendente PRO y su otrora jefe de Gabinete.
Mientras tanto, en Mercedes también estalló una guerra interna por el desplazamiento al frente de Anses local de Mauricio Pollacchi, miembro de Las Fuerzas del Cielo en ese municipio. En reemplazo, asumió Rafael Velázquez, a quien los trolls de Caputo le expusieron su pasado kirchnerista.
“Sebastián Pareja y el Nene Vera sacaron a un libertario de la primera hora de ANSES en Mercedes y pusieron a un kukardo ex concejal rancio del Frente Para la Victoria que en su foto de twitter está con Wado de Pedro y Zanini”, acusó el troll TraductorTeAma.
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Dos ex jefes máximos de policía de Santa Fe fueron condenados a seis años de prisión efectiva tras ser investigados por liderar una asociación ilícita que realizaba maniobras delictivas relacionadas a la reparación y compra de repuestos para vehículos policiales, en un juicio donde el gobernador Maximiliano Pullaro declaró como testigo de la investigación, ya que fue el denunciante de los hechos.
Los dos condenados son Rafael Grau, de 61 años, y Omar Odriozola, de 59. Ambos condujeron la policía santafesina entre 2013 y 2016 desde la jerarquía más alta como comisarios generales. Es un hecho histórico, en tanto es la primera vez que dos jefes de la fuerza son sentenciados por defraudación agravada a la administración pública y asociación ilícita.
El asunto va más allá de los comisarios. El actual presidente del tribunal de Cuentas de la provincia, Oscar Biagioni, también quedó en evidencia en el juicio, por ofrecer asistencia y cobertura a uno de los jefes que terminó condenado, lo que provocó que el diputado santafesino Fabián Palo Oliver presentara en su contra un pedido de juicio político.
Fabián Palo Oliver, de pie, junto a su banca.
Grau fue jefe de la policía provincial entre septiembre de 2015 y febrero de 2016. Odriozola ocupó el mismo cargo con anterioridad, desde febrero de 2013 hasta septiembre de 2015. Les atribuyeron a ambos la autoría del delito de asociación ilícita en carácter de jefes, en concurso real con la coautoría de defraudaciones en perjuicio de la administración pública.
El caso expresa un tipo de delito sistémico en la institución policial, que es el desvío fraudulento de partidas para la fuerza. Hace un mes, en Rosario quedaron presos por seis meses trece funcionarios policiales que participaron de robo de partidas para el combustible de los patrulleros de la ciudad, lo que suponía un robo mensual de 45 millones de pesos, desde hacía meses.
La investigación que termina ahora con los máximos jefes presos la empezó el fiscal santafesino Roberto Apullán en mayo de 2016. Pullaro, por entonces ministro de Seguridad, recibió una carta anónima en la que se mencionaban maniobras fraudulentas en el Departamento de Logística (D4) de la fuerza. El ardid consistía en pagar facturas por reparaciones a móviles que nunca fueron realizadas. A montos actualizados el desfalco fue por unos 250 millones de pesos.
En septiembre de 2017, Apullán pidió allanamientos a Gendarmería Nacional en talleres mecánicos, tres de Santa Fe y uno de Rosario. También se requisaron oficinas de la Jefatura como de la Unidad Regional I de Santa Fe y se peritaron diez vehículos. En la mitad de las unidades no se había realizado las reparaciones facturadas.
Pullaro, el día que declaró contra los policías presos.
“Los dos acusados eran los jefes de una asociación ilícita de carácter permanente, estable y organizada, formada por funcionarios públicos policiales y por civiles”, informó el fiscal Ezequiel Hernández al imputar a Grau y Odriozola. “Usando su potestad jerárquica, los dos exjefes policiales dispusieron los medios por los cuales la organización se valió para ejecutar sus planes criminales, habilitaron el ámbito de las maniobras defraudatorias y consintieron las actividades ilícitas desplegadas”, refirió.
La modalidad delictiva, dijo el fiscal, consistía en facturar reparaciones de móviles policiales que no se hacían y de repuestos que no se compraban. Esto se hacía burlando el procedimiento administrativo respectivo. “Los dos acusados firmaron cheques y realizaron facturas y rendiciones de cuenta que permitieron la disposición patrimonial ilegítima. Coordinaron acciones con Facundo José Testi -organizador de la banda- y con sus miembros. Y determinaron el reparto de las utilidades conseguidas ilegítimamente”, afirmó el fiscal Hernández.
Usando su potestad jerárquica, los dos exjefes policiales dispusieron los medios por los cuales la organización se valió para ejecutar sus planes criminales, habilitaron el ámbito de las maniobras defraudatorias y consintieron las actividades ilícitas desplegadas.
Además de los dos ex jefes condenados ayer, hay otras nueve personas que ya fueron sentenciadas -cinco de ellas a penas de cumplimiento efectivo- en juicios abreviados. Los acusados admitieron su culpa y pagaron cinco millones de pesos en multas en 2020.
Entre estos condenados, están Raúl Alberto Patriarca, policía, ex habilitado de la Jefatura provincial. Ariel Hernán Villanueva, de 44 años, policía y contador público, ex habilitado de la jefatura provincial. También José María Leiva, exjefe de Logística de la policía santafesina. Facundo José Testi, civil, responsable del comercio “T-gráfica”, organizador de la asociación ilícita. Rodrigo Ruiz, de 30 años, civil, responsable del taller “Servicio Mecánico”. Y Maximiliano Ambrosio, de 38 años, civil, vendedor de repuestos.
Devolver el sopapo
Este juicio dejó en una posición frágil a un funcionario de mucho peso en la estructura institucional de la provincia y a la vez de perfil polémico. Es Oscar Marcos Biagioni, que cumplió funciones durante cinco décadas para diversas gestiones en cargos clave de la provincia.
Biagioni, según revela una escucha telefónica difundida en las audiencias, se puso a disposición del comisario Grau destacando que le ofrecía lo que necesitara en su carácter de presidente del Tribunal de Cuentas y ofreciéndole que podía contar “con la información” y con “todos los datos” que le podía brindar en tal carácter.
Oscar Biagioni, presidente del Tribunal de Cuentas.
Algo tan serio como eso queda al desnudo en las escuchas. Biagioni le dice a Grau que conoce al autor del anónimo que lo delató, que es Juan Barrios, de Transporte. Y le dice que a esa acción “hay que responderles con una chanchada superior”, que “tiene que volver el mismo sopapo” y que “sepan de dónde viene la piña”.
Hay que responderles con una chanchada superior. Tiene que volver el mismo sopapo. Que sepan de dónde viene la piña.
Dos días después de estos dichos, Barrios fue abordado en la calle por desconocidos que le preguntaron si era “Barrios”. Ante la admisión lo golpearon y amenazaron diciéndole “te vamos a hacer boleta, no hablés, vos sabés de qué hablamos, sabemos que tenés mujer, que está embarazada y que está sola. Quedate callado, porque te vamos a hacer boleta a vos y a tu amigo”. Esto determinó que a Barrios le suministraran protección.
En esas escuchas, Biagioni insulta al entonces ministro Pullaro por denunciar el caso que ahora terminó de juzgarse. “Si querés, citame”, le dice a Grau en su charla telefónica. “No hay nada peor que un idiota con iniciativa. Este tiene menos luces que un arbolito de Navidad con las luces apagadas: fracturó a la policía”.
¿Hay alguna acción penal contra Biagioni a partir de lo revelado en este juicio? Fuentes del MPA Santa Fe consultadas por LPO prefirieron no responder.
El funcionario trabaja desde 1974 en la administración provincial, en posiciones jerárquicas en gestiones de distinto signo político. En las dos ocasiones en que llegó al Tribunal de Cuentas como vocal, fue designado de manera ficta al no reunirse mayoría suficiente para impugnar su pliego en la Legislatura. Ahora, el diputado Oliver hizo una presentación para su juicio político.
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