PorMunicipalidad Villa Regina
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La actividad prevé continuar con los recorridos por los distintos barrios coordinando con el área de Juntas Vecinales.
Pedro Mairal nació en Buenos Aires en 1970. Cursó la carrera de letras en la Universidad del Salvador. Su primera novela, Una noche con Sabrina Love, ganó el Premio Clarín en el año 1998 y fue llevada al cine en el 2000. En el 2007 fue incluido por el jurado Bogotá 39 entre los mejores…
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Lo que prometía ser una protesta multitudinaria contra la reforma laboral que quita derechos a los trabajadores —mientras el Senado debate hoy el proyecto impulsado por el gobierno de Javier Milei— se transformó en una jornada tensa marcada por represión, presencia desmesurada de fuerzas de seguridad y un protagonismo debilitado de la dirigencia sindical tradicional.
Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI
Desde horas del mediodía, la Plaza de los Dos Congresos estuvo fuertemente cercada por un despliegue policial que limitó el acceso y la libre circulación de la protesta convocada por la CGT, las dos CTA y diversas organizaciones sociales opositoras a la reforma laboral.
El operativo incluyó vallas, policías motorizados y fuerzas federales desplegadas por toda la zona, generando un ambiente de tensión permanente. La fuerza pública respondió con gases lacrimógenos, chorros de agua y proyectiles de goma para disolver cualquier intento de manifestación en una clara actitud represiva.
A diferencia de muchas crónicas que resaltan la presencia de “manifestantes lanzando piedras”, la realidad mostrada por múltiples videos y transmisiones en vivo recogidas por distintos medios indica la aparición de encapuchados no identificados en medio de la protesta, un fenómeno que en marchas de este tipo suele corresponder a grupos infiltrados por los mismos aparatos represivos o provocadores externos, quienes nunca terminan siendo detenidos y luego sirven de excusa para justificar la violencia estatal contra el resto de la movilización.
La Policía les tira agüita a los de las molotovs apuntando al piso y gases lacrimógenos a los que están en la vereda. Total normalidadpic.twitter.com/8PgRuMTxMx
— Arrepentidos de Milei (@ArrepentidosLLA) February 11, 2026
Mientras en la Plaza se desarrollaban los choques con la policía, en el Senado de la Nación se discute el texto de la llamada “modernización laboral”, que según las organizaciones sindicales y sectores de la oposición implica reducciones significativas de derechos laborales, flexibilización de condiciones y limitaciones al poder sindical.
Este proyecto, promovido por el Ejecutivo de Milei y defendido por su bloque en la Cámara Alta con apoyo de algunos sectores moderados de una faldera oposición, cuenta con modificaciones que buscan asegurar su aprobación, pero aún así representa un atropello sobre derechos históricos para los trabajadores.
Lo que más llama la atención es que algunos senadores de extracción peronista, que deberían ser garantes de la defensa de la legislación laboral, parecen dispuestos a avalizar o no oponer un freno firme al proyecto, generando un sentimiento de traición entre las bases trabajadoras que confiaron en su representación parlamentaria. La falta de posiciones claras y contundentes por parte de estos dirigentes legislativos ante una reforma que afectaría profundamente derechos y condiciones de trabajo alimenta la desconfianza y la percepción de que en el Senado prima más la lógica de acuerdos políticos que la defensa irrestricta del pueblo trabajador.
La CGT, la central obrera que históricamente fue pilar de la organización sindical argentina, convocó a la movilización frente al Congreso pero evitó llamar inmediatamente a un paro general, cosa que fue recordada por toda la plaza en varios cánticos entonados esta tarde.
Aunque algunas fracciones de la CGT, como la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) y otros gremios nucleados en paros parciales, decidieron cesar actividades en sectores claves, la conducción cegetista optó por una manifestación más simbólica que efectiva, lo que se traduce en una postura percibida como desdibujada y tibia en un momento en el que se exigía firmeza en la defensa de los trabajadores.
Esta actitud generó desencanto en sectores sindicales y sociales, que añoran una CGT protagonista de una huelga contundente y un plan de lucha real, en lugar de una marcha que, aun siendo masiva, no logró empujar al eje del conflicto ni detener el avance de la reforma en el Congreso.
La jornada en la Plaza de los Dos Congresos expuso, en un mismo cuadro, la represión estatal frente a una protesta popular en defensa de derechos laborales, la posible alineación de sectores legislativos que debieran oponerse a una quita de derechos, y una CGT que parece más preocupada por la formalidad de una movilización que por una respuesta contundente y organizada.
En un momento histórico donde las políticas públicas buscan reformar el régimen laboral en detrimento de los trabajadores, esta combinación podría marcar un punto de inflexión en la correlación de fuerzas del movimiento obrero argentino, cuya unidad y claridad estratégica se ven hoy más desafiadas que nunca.
Un hecho político inusual y profundamente revelador tuvo lugar este miércoles frente a la Casa Rosada: un efectivo de la Policía Federal Argentina decidió encadenarse esposado a la reja perimetral del Palacio de Gobierno para visibilizar el descontento y el sufrimiento real que atraviesan las fuerzas de seguridad bajo la gestión actual.
Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI
El protagonista de la protesta individual fue el cabo Miguel Ángel Montiel, quien se presentó uniformado y portando su arma reglamentaria frente a Balcarce 50. Con una pancarta en mano, denunció irregularidades dentro de la institución, maniobras de corrupción y el deterioro de su salario y condiciones laborales.
Según explicó Montiel, su reclamo no se limitó a la cuestión salarial, aunque ésta fue eje central: señaló que la quita de derechos, la existencia de “planillas fantasmas” y maniobras irregulares con adicionales que no se cumplen terminan perjudicando directamente el bolsillo de los efectivos.
Además, el propio cabo denunció que en su Comisaría, la del Ferrocarril Belgrano Norte, existen prácticas que favorecen la corrupción, especialmente en servicios adicionales que no se efectivizan pero igual aparecen en los registros.
Lo más llamativo es que Montiel decidió canalizar su protesta en pleno frente de la sede del Poder Ejecutivo, obligando a la Casa Militar y a las fuerzas de seguridad a activar protocolos especiales para contener la situación.
La protesta del cabo Montiel es más que una acción aislada: pone en evidencia el profundo malestar dentro de las fuerzas de seguridad federales ante la precarización salarial y las condiciones de vida que enfrentan miles de agentes en un contexto de creciente inflación y pérdida de poder adquisitivo.
Mientras el Gobierno insiste en discursos de “orden y seguridad”, la realidad que viven los trabajadores de las fuerzas de seguridad —que también pagan alquileres, comida, transporte y educación— es otra: salarios que no alcanzan, condiciones laborales desactualizadas y ausencia de canales institucionales efectivos para resolver conflictos internos.
Montiel incluso admitió que los policías no están autorizados a protestar de esta forma, pero aseguró que ya no podía seguir callado frente a lo que calificó como un evidente deterioro de derechos y justicia interna.
«No podemos manifestarnos de esta manera, pero demuestro que soy camarada»
Un cabo de la Policía Federal Argentina se encadenó a la reja de la Casa Rosada para denunciar «corrupción en la Superintendencia de Transporte» y pidió que el Gobierno «no se olvide de lo sueldos». pic.twitter.com/lW3gXIckak
— Corta (@somoscorta) February 4, 2026
Este episodio, ocurrido en el corazón del poder estatal, desnuda una realidad incómoda para el gobierno: el descontento salarial trasciende a los sectores tradicionalmente alineados con la autoridad estatal, como son las fuerzas de seguridad, y cuestiona directamente la gestión en materia de políticas de ingresos y transparencia institucional.
La protesta se da en un contexto social donde los reclamos por salarios dignos, condiciones laborales justas y el fin de prácticas corruptas se multiplican en distintos sectores de trabajadores y trabajadoras. La decisión de Montiel de esposarse frente a la Casa Rosada no es un mero acto simbólico, sino un llamado de atención tan político como la reivindicación de derechos que merece una discusión pública profunda.
