PorMunicipalidad Villa Regina
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El gobierno nacional publicó este viernes el DNU que modifica toda la estructura de la Inteligencia Nacional y amplía las facultades de los espías de la Side de Santiago Caputo, pero también equilibra la balanza de la interna libertaria y le da formalmente el manejo de la Ciberseguridad a Karina Milei, aunque continuará a cargo de un hombre del asesor.
El DNU que modifica la Ley de Inteligencia Nacional se había filtrado oportunamente el 31 de diciembre por la noche, cuando la atención estaba centrada en el brindis de fin de año. Ya en el primer día de 2026 varios diputados y senadores de la oposición salieron a advertir sobre la gravedad de la medida y denunciaron la creación de una «Gestapo libertaria».
El decreto le otorga mayor poder a la Secretaría de Inteligencia del Estado que controla Santiago Caputo a través de Cristian Auguadra. La SIDE queda como órgano superior del Sistema de Inteligencia Nacional, tendrá mayor libertad para manejar los fondos reservados y se amplía el poder de acción de los espías.
A partir de ahora, todas las actividades de Inteligencia tendrán carácter de encubiertas, los agentes podrán detener personas en flagrancia o con una orden judicial, y también podrán requerir información a todos los organismos del Estado nacional y de las provincias. Además, se habilita a los agentes proteger sus instalaciones y «repeler agresiones».
Echaron a Neiffert y Santiago Caputo puso al nuevo jefe de la Side
El crecimiento del poder de la SIDE para hacer operaciones de inteligencia, manejar fondos reservados y tener predominancia sobre otros organismos es un logro de Caputo, pero tuvo que cederle un área clave a Karina Milei. Desde el triunfo electoral que los Menem venían presionando para meter un pie en la SIDE.
A partir de ahora, todas las actividades de Inteligencia tendrán carácter de encubiertas, los agentes podrán detener personas en flagrancia o con una orden judicial, y también podrán requerir información a todos los organismos del Estado nacional y de las provincias. Además, se habilita a los agentes proteger sus instalaciones y «repeler agresiones».
Es que el decreto establece que el área de Ciberseguridad queda afuera de la SIDE y pasará a la órbita de la jefatura de Gabinete, que conduce Karina a través del vocero Adorni. Desaparece la Agencia Federal de Ciberseguridad y se crea el Centro Nacional de Ciberseguridad, que dependerá de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación.
El detalle es que Secretaría continuará al mando del caputista Darío Genua, pero ahora en el organigrama dependerá de Adorni y, por ende, de Karina Milei que por primera vez tendrá un pie en el sistema de inteligencia.
El área de Ciberseguridad es clave en el ecosistema libertario por la posibilidad de incidir en el manejo de los trolls y el patrullaje de las redes sociales.
La reforma de la Side generó una ola de críticas de la oposición, que de base cuestionó la legalidad del decreto de necesidad y urgencia. La Libertad Avanza tiene número suficiente para sostener en el Congreso un rechazo al DNU, por lo que seguramente el tema terminará judicializado.
El diputado lilito Maxi Ferraro calificó las modificaciones como «un retroceso histórico» y habló de «una gestapo para todos» respecto a la facultad que se otorga a la SIDE para aplicar «medidas de seguridad de contrainteligencia» en cualquier organismo del Estado, desde un ministerio hasta un hospital pasando por universidades o el Conicet. Otros diputados como el socialista Esteban Paulón habló de un «Estado policial» y el kirchnerista Agustín Rossi de «una policía secreta».
Desde el peronismo cuestionaron la disolución de la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar del Ministerio de Defensa, que implica que el área queda fuera del control civil y pasa a manos del Estado Mayor Conjunto.
Vuelos privados sin declarar, valijas que pasan sin control, contratos millonarios con el Estado y nombres que se repiten en todas las causas sensibles. Una trama que cruza narcotráfico, espionaje, estafas y financiamiento político vuelve a poner en el centro de la escena al entorno de Milei.
Por Tomás Palazzo para NLI
Los aviones privados se convirtieron en el símbolo más explícito de los escándalos de corrupción que rodean al gobierno de Milei. No se trata de hechos aislados ni de simples irregularidades administrativas: detrás hay narcotráfico, lavado de dinero, campañas electorales financiadas por fuera de la ley y vínculos con los servicios de inteligencia, tanto locales como extranjeros.
Uno de los focos más sensibles está en Texas, donde el narco Fred Machado afrontó una audiencia clave ante el juez Bill Davis. En manos del magistrado hay dos celulares, una laptop y cinco pendrives secuestrados al empresario, dueño de una megaestructura de vuelos privados utilizada —según la acusación— para transportar cocaína y lavar dinero. Ese material podría ser explosivo para la política argentina.
Entre los datos que sobrevuelan la causa aparece un nombre conocido: José Luis Espert, exdiputado y primer candidato de Milei en la provincia de Buenos Aires. Según consta en la investigación, realizó 38 vuelos privados nunca declarados en aviones de Machado durante su campaña electoral y recibió 200.000 dólares cuya justificación es, como mínimo, inverosímil.
Espert sostuvo que el dinero correspondía a trabajos de consultoría para una mina en Guatemala, Minas del Pueblo, una firma que, según la fiscalía, no tenía actividad real y es señalada como posible pantalla para el lavado de dinero. El fiscal de San Isidro, Fernando Domínguez, ya tiene el contenido del celular de Espert y espera informes internacionales que podrían terminar de derrumbar la coartada.
La hipótesis judicial es clara: resulta increíble que alguien se suba casi cuarenta veces a los aviones de un narco sin preguntar nada, reciba préstamos de vehículos blindados y comparta viajes al exterior sin conocer el origen de los fondos.
La audiencia en Estados Unidos se realizó bajo un llamativo hermetismo. Para los investigadores, ese silencio indica una posibilidad concreta: Machado podría negociar con la fiscalía y convertirse en arrepentido. De hacerlo, no sólo hablaría de los vuelos y del dinero, sino también de quiénes fueron beneficiarios políticos del esquema.
La acusación en su contra es demoledora: conspiración para fabricar y distribuir cocaína, lavar dinero, cometer fraude, violar normas federales y manipular la registración de aeronaves. Si no colabora, enfrenta una condena similar a la de su socia Debbie Mercer-Edwin, sentenciada a 16 años de prisión.
En esta trama aparece un personaje clave: Sergio Daniel Mastropietro, quien presentó a Machado con Espert. Mastropietro no es un desconocido: fue accionista de empresas de vuelos privados junto al narco, presidió Avian Líneas Aéreas —continuadora de Macair, la aerolínea de la familia Macri— y aparece en innumerables causas de corrupción.
Hoy está imputado en el expediente de Discapacidad, donde se investiga el robo sistemático de fondos públicos mediante sobreprecios y facturación falsa de vuelos privados, el famoso “3 por ciento para Karina”. En esa causa, el fiscal Franco Picardi y el juez Sebastián Casanello documentaron maniobras para esconder dinero antes de allanamientos, utilizando justamente empresas aéreas.
Cuando Casanello ordenó secuestrar su celular, Mastropietro protagonizó una escena digna de película: venía de Miami en vuelo privado, desvió el avión a Tucumán y, al llegar a Aeroparque, el celular ya no estaba. Dijo haberlo “perdido”.
Otro nombre central es el del exagente de inteligencia Leonardo Scatturice, dueño de Royal Class y operador de vuelos privados que ingresaron valijas sin control al país, con apagón de transponder incluido. Scatturice no sólo mueve aviones: también acumula contratos con la SIDE, el Ministerio de Economía, ARCA y Anses, se quedó con Flybondi y ahora con OCA, tras una refinanciación escandalosa de deudas con el Estado.
Scatturice incluso registró en la Argentina una empresa vinculada a la CPAC, la organización ultraderechista que lidera Donald Trump. Desde allí, según se investiga, habría montado algo parecido a una cancillería paralela, actuando como nexo informal entre Milei y sectores del poder estadounidense.
Tampoco hay que pasar por alto el delgado hilo que une a Scatturice con el ex agente de la CIA Frank Holder, devenido sospechosamente en el nuevo empleado del hijo del Fiscal Eduardo Taiano, el mismo que investiga la causa $LIBRA.
Los aviones de Scatturice también aparecen en la estafa de la criptomoneda Libra. En uno de ellos recorrió el país Hayden Davis, el armador del fraude que tuvo como partícipe indispensable a Milei. El fiscal Domínguez detectó además facturas de Espert a nombre de Mauricio Novelli, el operador que articuló Libra desde la Casa Rosada.
Las piezas empiezan a encajar: aviones privados, vuelos opacos, valijas sin control, narcos, espionaje y negocios con el Estado. Todo bajo un mismo patrón.
Como expuso el periodista Raúl Kollmann, nada parece casual. Los nombres se repiten, los métodos también. Aviones que despegan sin control, dinero que viaja sin declarar, empresarios que pasan de ser desconocidos a manejar sectores estratégicos y un gobierno que mira para otro lado.
Aviones, vuelos privados, el gobierno de Milei y la corrupción. A veces el hilo es visible. Otras, apenas disimulado. Pero siempre está ahí.
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