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El operativo para sacar el oro de las bóvedas del Banco Central y enviarlo al exterior dejó de ser un secreto blindado por el Gobierno libertario. Un fallo judicial hizo lugar a un amparo y ordenó a la autoridad monetaria entregar la información pública que se negó sistemáticamente a suministrar.

Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI

La resolución judicial golpea de lleno la estrategia de opacidad del Banco Central y del Ministerio de Economía, que durante meses se escudaron en supuestas razones de “reserva” y “confidencialidad” para no explicar ni los costos, ni los riesgos, ni el destino final de los lingotes enviados a Londres.

La orden alcanza de manera directa a la conducción del Banco Central de la República Argentina, presidido por Santiago Bausili, que había rechazado una y otra vez responder pedidos formales de acceso a la información pública.

Mientras Luis Caputo y Bausili escondían los expedientes, el activo que sacaron del país atravesó una racha histórica. El oro se consolidó como la mejor inversión de 2025 y su cotización internacional no dejó de subir.

Al inicio de la gestión de Milei, las reservas en oro del BCRA equivalían a unos 3.922 millones de dólares. Hoy, con el mismo stock físico que había el 10 de diciembre de 2023, ese patrimonio alcanza los 8.806 millones de dólares. En términos nominales, una suba del 124,5%.

Dicho de otro modo: el Gobierno administra hoy un capital que vale más del doble que cuando asumió, pero que ya no está bajo custodia directa del Estado argentino. Un dato nada menor cuando se trata de un activo estratégico, expuesto a riesgos legales y a eventuales embargos en el exterior.

La batalla por la información

La causa judicial se originó tras la negativa del BCRA a responder los pedidos presentados por legisladores de la oposición, entre ellos el titular de La Bancaria, Sergio Palazzo, que reclamaron conocer los detalles de una operación inédita por su magnitud y su secretismo.

El argumento oficial fue que revelar la información podía poner en riesgo la “seguridad de los activos”. Esa postura fue desestimada por la Justicia, que recordó que el acceso a la información pública no puede ser anulado por decisiones discrecionales del Poder Ejecutivo.

Qué deberá explicar el Gobierno

El fallo obliga ahora a detallar si el oro fue vendido, si se utilizó como garantía de préstamos financieros tipo REPO, o si simplemente fue depositado en el exterior para obtener una tasa de interés mínima.

Hasta el momento, la única confirmación oficial fue una declaración televisiva de Caputo, quien presentó la maniobra como una supuesta “administración eficiente” de los recursos, sin exhibir un solo documento que la respalde.

Con el precio del oro en máximos históricos, la pregunta ya no es solo por qué lo sacaron del país, sino quién se beneficia con la administración de una fortuna que hoy roza los 9.000 millones de dólares, mientras el Gobierno predica austeridad puertas adentro y blindaje informativo hacia afuera.

Mientras La Libertad Avanza repite el discurso contra la “casta” y el empleo público, uno de sus referentes marplatenses registra antecedentes como empleado estatal en el Concejo Deliberante local.

Por Roque Pérez para NLI

David Urbani, presentado hoy como referente libertario en Mar del Plata y todo el partido de General Pueyrredón, construyó su perfil político con un libreto conocido: rechazo al Estado, demonización del empleo público y exaltación del “mérito individual”. Sin embargo, los archivos oficiales muestran una historia bastante menos disruptiva.

Según consta en el Decreto N.º 268 del 11 de diciembre de 2003, Urbani fue designado Auxiliar Administrativo en el Bloque de Concejales de CREAR MÁS LIBERTAD dentro del Honorable Concejo Deliberante de General Pueyrredón. Es decir, un cargo rentado en el Estado municipal, sostenido con fondos públicos.

El dato resulta incómodo para un espacio político que convirtió la crítica al “vivir del Estado” en una bandera identitaria. Más aún cuando se trata de un dirigente que hoy se muestra como parte de una supuesta renovación antipolítica, pero que inició su recorrido precisamente dentro de la estructura institucional que ahora denosta.

El doble discurso libertario

El caso de Urbani no es una excepción, sino un patrón que se repite en La Libertad Avanza: dirigentes que construyen discurso contra el sector público mientras registran antecedentes laborales en organismos estatales, legislaturas o bloques políticos. El problema no es haber trabajado en el Estado, sino ocultarlo o negarlo mientras se estigmatiza a otros trabajadores.

En sus apariciones públicas y en redes sociales, Urbani suele apuntar contra el “gasto político”, los “ñoquis” y la supuesta ineficiencia estatal. Sin embargo, su designación como auxiliar administrativo demuestra que su vínculo con el Estado no fue solo retórico, sino también contractual y concreto.

El contraste se vuelve todavía más marcado si se tiene en cuenta que ese tipo de cargos —auxiliares administrativos en bloques— forman parte del engranaje básico de la actividad legislativa, la misma que el libertarismo califica de parasitaria cuando se trata de otros espacios políticos.

La casta siempre es el otro

En Mar del Plata, La Libertad Avanza intenta consolidarse como fuerza “antisistema”, aunque muchos de sus cuadros locales, como Urbani, muestran trayectorias que desmienten ese relato. El paso por el Concejo Deliberante no es un pecado, pero sí deja en evidencia la hipocresía de un discurso que señala con el dedo mientras esconde su propio prontuario administrativo.

La pregunta que queda abierta no es si Urbani trabajó o no en el Estado —los documentos lo confirman—, sino por qué ese pasado desaparece cuando se construye el personaje libertario. Tal vez porque, una vez más, la casta no es una categoría política real, sino un recurso discursivo que siempre se aplica a los demás.