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¡Gran cierre de la capacitación ‘Coctelería en casa’!

Con una competencia de cocteles finalizó el nivel 1 ‘Coctelería en casa’, parte del ciclo de capacitaciones de turismo gastronómico denominado ‘Sabores del Valle’ organizado por la Dirección de Turismo de la Municipalidad de Villa Regina.

Un total de 25 asistentes tuvo la capacitación. Del encuentro también participaron Nadia y Cristian, quienes desarrollan un emprendimiento de elaboración de whisky artesanal en la ciudad llamado ‘Rarakun’.

La Dirección de Turismo les agradece que hayan compartido su experiencia a los participantes del curso.

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    Julia Strada elaboró un pedido de informes al Banco Central para que Santiago Bausili informe si el gobierno argentino apeló a nueva deuda para cancelar el swap con Estados Unidos, pese a que sobran indicios acerca de que nunca hubo lo que técnicamente se considera un intercambio de monedas, tal como reveló LPO.

    La diputada kirchnerista presentará el próximo lunes la resolución para que la autoridad monetaria comunique «qué operación u operaciones financieras se realizaron de manera simultánea o en fechas próximas que permitieron compensar el egreso (para cancelar el vencimiento de este 9 de enero), detallando montos, instrumentos utilizados, contrapartes, condiciones financieras y su impacto contable sobre las reservas internacionales».

    La inquietud de la legisladora se funda en que el BCRA divulgó este viernes que la operación para cancelar la deuda «no se reflejó en una disminución de las reservas internacionales».

    Por eso, reclama que se detallen condiciones financieras, incluyendo tasa de interés, plazos, costos asociados y organismo otorgante, de las operaciones que se hayan realizado para saldar la asistencia norteamericana.

    ¿Por qué si Caputo pagó el vencimiento, subió el riesgo país y cayeron los bonos?

    Además, solicita que se indiquen «las razones por las cuales no fue oportunamente informada la activación del swap, habida cuenta de que el BCRA únicamente comunicó su firma, aclarando en qué momento, bajo qué condiciones y por qué instrumentos se consideró operativo un swap cuya activación no fue informada públicamente».

    Y por último, pregunta «si la cancelación del swap guarda relación temporal o sustantiva con las gestiones, requerimientos o procesos de divulgación de información en curso en el Congreso de los Estados Unidos de América respecto del acuerdo celebrado en el marco del Fondo de Estabilización Cambiaria (FSE), y, en su caso, detallar el grado de vinculación existente».

    Santiago Bausili.

    En efecto, LPO informó esta semana que el Congreso norteamericano, a través de un ámbito equivalente a la Oficina del Presupuesto en la Cámara de Diputados, alertó que Argentina afrontaba riesgos de una devaluación o un default. Los técnicos estadounidenses, incluso, advirtieron que el swap debía pasar por el parlamento de su país y que sus legisladores podían limitar el monto, reducir los plazos y habilitarlo o no.

    Strada señala en su proyecto que «la extrema falta de transparencia y la opacidad institucional con la que se ha manejado tanto la firma, como la activación y posterior cancelación del swap entre el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos y el BCRA constituyen un hecho de inusitada gravedad». «Se trata de una operación financiera internacional de magnitud significativa, con impacto directo sobre las reservas internacionales, la política monetaria y la soberanía financiera del país, que fue instrumentada sin información pública suficiente, sin control parlamentario y sin explicaciones claras sobre su ejecución efectiva», agregó.

    Se trata de una operación financiera internacional de magnitud significativa, con impacto directo sobre las reservas internacionales, la política monetaria y la soberanía financiera del país, que fue instrumentada sin información pública suficiente, sin control parlamentario y sin explicaciones claras sobre su ejecución efectiva.

    La diputada recuerda que el 20 de octubre pasado, el BCRA informó «la suscripción de un Acuerdo de Estabilización Cambiaria con el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos por un monto total de hasta USD 20.000 millones, estableciendo los términos y condiciones para la realización de operaciones bilaterales de swap de monedas entre ambas partes».

    Además, recordó las palabras del secretario del Tesoro norteamericano, Scott Bessent, quien sostuvo un mes antes: «Como indicó el Presidente Trump, estamos listos para hacer lo que sea necesario para apoyar a Argentina y al pueblo argentino». «El Tesoro de los Estados Unidos está listo para comprar bonos argentinos en dólares y lo hará cuando las condiciones lo justifiquen», planteó por aquellos días, y dijo que planeaba «otorgar un importante crédito stand-by a través del Fondo de Estabilización Cambiaria», para lo cual admitió se habían mantenido reuniones «con el equipo de Javier Milei».

    Según Strada, «las declaraciones de Bessent indican que el programa financiero entre EEUU y la Argentina va mucho más allá de un swap de monedas». «Incluye la compra de bonos soberanos, un crédito de tipo Stand-By y condicionamientos sobre la política tributaria, todos ellos aspectos que implican una indebida injerencia en decisiones soberanas del Estado argentino y que, por su naturaleza, requieren tratamiento y aprobación del Congreso de la Nación», argumentó.

    Las declaraciones de Bessent indican que el programa financiero entre EEUU y la Argentina va mucho más allá de un swap de monedas.

    La diputada no dudó en calificar ese camino como el de una «injerencia», y resaltó que Bessent ya había expresado que Argentina debía cancelar el swap con China después que se avanzara en el acuerdo con el FMI, en abril de 2025.

    LPO publicó en octubre que Strada también requirió información al BCRA en octubre pasado, antes de las elecciones de medio término, para que se publicaran los detalles del acuerdo con el gobierno de Donald Trump. 

    Los demócratas usaron las preguntas del peronismo para pedirle explicaciones a Bessent 

    Sin embargo, la autoridad monetaria contestó con la Resolución RESOL-2025-13-E-GDEBCRA-GG#BCRA. Allí se declaró «la reserva parcial de la información solicitada y, con fundamento en los considerandos de dicha resolución, se denegó el acceso a los detalles específicos del acuerdo celebrado por esa Institución», precisó la diputada.

    Esa maniobra incumple el artículo 10, inciso i, de la Carta Orgánica del BCRA, que establece «el deber de informar al Congreso sobre sus operaciones y de comparecer ante las comisiones competentes para dar cuenta de las políticas monetarias, cambiarias y financieras en ejecución». «La cancelación de operaciones por aproximadamente USD 2.500 millones en diciembre de 2025, bajo un Acuerdo de Estabilización Cambiaria de USD 20.000 millones, sin información pública suficiente sobre su activación, financiamiento, condiciones y efectos sobre las reservas, torna imprescindible que el BCRA brinde explicaciones claras y detalladas al Congreso de la Nación», concluyó Strada.

     

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     El arancel cero que impuso Javier Milei para la importación de celulares amenaza con dejar en la calle a 2500 trabajadores de la industria de Tierra del Fuego.

    En la provincia austral aseguran que el decreto 333 que se publicó este jueves en el Boletín Oficial tiene un impacto directo y concreto sobre el empleo y la estructura productiva de Tierra del Fuego.

    Según datos de noviembre pasado, la industria fueguina emplea 7.569 trabajadores directos. De ese total, el 83% corresponde a la industria electrónica, el sector más afectado por la apertura de importaciones.

    En Tierra del Fuego estiman que entre 2.000 y 2.500 trabajadores vinculados específicamente a las líneas de producción de celulares podrían verse afectados de manera directa por esta medida.

    El impacto será aún mayor ya que golpea sobre el empleo indirecto en la provincia. Por cada puesto industrial que se pone en riesgo, también se ve afectado el empleo indirecto en toda la provincia, tanto en los comercio minoristas y mayoristas, como en el transporte privado, los servicios logísticos y de mantenimiento y la gastronomía.

    En Tierra del Fuego aseguraron a LPO que la industria electrónica sostiene en buena parte el consumo y la actividad económica de las ciudades fueguinas. Cuando cae la producción, cae el poder adquisitivo y se resiente toda la economía local.

    Martín Pérez, intendente de Río Grande.

    «Nos dicen desde Buenos Aires que esto es para bajar precios. Ese argumento ya lo escuchamos y ya fracasó. Cuando se abrieron las importaciones de notebooks durante el gobierno de Macri, los trabajadores perdieron su empleo y los precios no bajaron. Se destruyó producción local y el beneficio nunca llegó a la gente», dijo a LPO Martín Pérez, el intendente de Río Grande, la ciudad más poblada de la provincia.

    «No se trata de privilegios. Se trata de defender producción nacional, empleo argentino y el trabajo de miles de familias fueguinas», dijo Pérez.

    El impacto en la industria electrónica ya fue acusado por el gobernador Gustavo Melella, que semanas atrás cambió a todo su equipo económico. Alejandro Barrozo asumió como nuevo Ministro de Economía en reemplazo de Francisco Devita, que dejó el gabinete fueguino luego de seis años. 

     

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