Empieza la cuenta regresiva y el avispero digital mediático y político se agita cada día más, el recorrido de los candidatos no se detiene, se intensifica. Las campañas sucias machacan todos los días un poquito más, las acusaciones, las fake news, las denuncias, los trolls y los millones del marketing político cobran cada día más protagonismo. Las propuestas, por ahí andan, si como ciudadanos después no exigimos su cumplimiento, en campaña es tiempo mal gastado. La cosa va por otro lado.
Por fuera de ese patético panorama, esta elección será afortunadamente extraordinaria, por lo menos desde el proceso de conformación de las fórmulas de campaña. No lo digo porque la candidatura del actual Gobernador se haya caído tan cerca a la fecha de los comicios. Sino desde un plano macro que sigue en línea con la historia de la reivindicación del rol de la mujer dentro de la política rionegrina y en sintonía con un movimiento social nacional admirable.
Lo atípico es la conformación de las fórmulas, y bienvenidas sean, tres de las cuatro están encabezadas por mujeres y la que no, tiene a una mujer como vice.
La fórmula de Cambiemos se debatió largamente, una interna reñida que terminó siendo 100% femenina Matzen-Boschi, imponiéndose en este duelo la diputada sobre su colega Sergio Wisky que pretendía ocupar ese espacio. La negativa de la CSJ a la re reelección de Alberto Weretilneck posicionó a quien iba como vicegobernadora, la ministra de turismo Arabela Carreras encabezará la lista con Alejandro Palmieri jefe de diputados del bloque JSRN como compañero. El FIT no dudó en posicionar a la incansable Norma Dardik como candidata con la compañía del joven barilochense Facundo Britos. Y el FPV del intendente roquense Martin Soria, única lista encabezada por un hombre generó una alianza con la líder cordobesa de la fuerza provincial Rio y senadora Magdalena Odarda.
Río Negro es una provincia pionera en legislación de género desde 2002 cuando votó la Ley de Paridad, algo que se evidencia en la conformación de la cámara actual con un 45% de mujeres. La conformación de listas intercaladas es una de las claves de la norma, evitando así, que siendo primeros en las listas entren solo hombres. Pero lo que nunca se logró, hasta el momento, es que la gobernación esté encabezada por una mujer. Este 7 de abril, existe un 75% de posibilidades que eso pase.
La causa que investiga el desvío de más de 60 millones de dólares de ahorristas estafados por el financista Luis Herrera y dos de sus hijos entró en zona de turbulencia desde que la fiscalía trata de cerrar el caso con un juicio abreviado que deja a las puertas de la libertad a los implicados, como adelantó LPO.
El acuerdo que impulsa el fiscal Sebastián Narvaja deja en libertad condicional a los dos hijos de Herrera con una condena de tres años y cinco años de prisión efectiva para el padre que está pronto a cumplir 70 y obtendría la domiciliaria. La situación generó tal alboroto que este lunes el Fiscal Regional de Rosario, Matías Merlo, convocó a los querellantes a una reunión para ponerse al tanto del tema.
Sucede que los querellantes detectaron que el financista resarcirá la estafa millonaria a más de 400 ahorristas con patrimonio ínfimo disponible que se reduce a dos departamentos de menor valor, un Volkswagen Golf modelo 2016 y un Honda TN Acty de 1980. Una de las querellantes calculó el patrimonio que podría quedar afectado a la distribución y no supera los 700 mil dólares, «no llega al 2 por ciento del monto de la estafa», dijo.
Todo surge del borrador del juicio abreviado al cual accedió en exclusiva LPO donde se enumeran todos los bienes y vehículos de los Herreras «cuyo decomiso se requerirá», dice el fiscal Narvaja. Sin embargo, los bienes más valiosos pertenecen a Luis Herrera que se declaró en quiebra «lo que torna dichos bienes jurídicamente indisponibles y priva a la reparación de idoneidad jurídica real», explicó a LPO una de las querellantes.
Luis Herrera
Esto significa que los bienes afectados a la quiebra «no son de Herrera, son de la quiebra», agregó uno de los letrados que representa a uno de los damnificados. Según el abogado, hay jurisprudencia de sobra donde la quiebra tiene preponderancia sobre los bienes por encima de cualquier otro requerimiento judicial.
Todos estos delitos son de una gravedad extraordinaria que significaría un pésimo mensaje a la sociedad que se resuelva con un abreviado que los deje en libertad y que en un año puedan disfrutar de los millones choreados
«Del listado de bienes surge que más del 95% del universo patrimonial ofrecido corresponde a Luis Alberto Herrera, incluyendo inmuebles, vehículos, embarcación, acciones societarias, dividendos, fondos bancarios y armamento. Dichos bienes constituyen el núcleo sustancial de la supuesta capacidad reparadora», señaló una abogada al tanto del expediente que habló con este medio y subrayó que «los bienes pertenecientes a Ignacio Luis Herrera y Diego Francisco Herrera se reducen a un número muy acotado de inmuebles, un 50% indiviso en uno de ellos y dos vehículos, configurando un universo patrimonial marginal dentro del esquema propuesto».
Algunos damnificados cuestionaron que el Ministerio Público de la Acusación haya validado a deudores que habían hecho depósitos en negro sin ninguna discriminación con aquellos inversores que tenían depósitos declarados y que tributaban impuestos.
En definitiva, «son dos mangos», ilustró un abogado querellante sobre el patrimonio que deberá repartirse entre los damnificados. Además, algunos damnificados cuestionaron que el Ministerio Público de la Acusación haya validado a deudores que habían hecho depósitos en negro sin ninguna discriminación con aquellos inversores que tenían depósitos declarados y que tributaban impuestos.
Lo cierto es que el tema amenaza con disparar un conflicto judicial de dimensiones: «hacer un abreviado con el caso Herrera es como haber hecho un abreviado con Alvarado (narco) o con la muerte de Kennedy», consideró un funcionario judicial de la provincia en diálogo con LPO.
Es que el caso es asimilable al de Vicentín por la cantidad de estafados y por los montos sospechados de haber sido desviados a cuentas off shore que siguen controlando los Herreras, dicen los ahorristas. De hecho, el abreviado significa que se declaran culpable de los delitos que se los acusa.
A Luis Herrera y a dos de sus hijos, Ignacio Luis y diego Francisco, se los señala como responsables de un plan fraudulento en el que acumularon delitos en un listado escalofriante en el que se los acusa de asociación ilícita, administración fraudulenta en 554 hechos, estafa en 26 casos, quiebra fraudulenta y lavado de activos de origen lícito todo en concurso real.
A Luis Herrera y a dos de sus hijos, Ignacio Luis y diego Francisco, se los señala como responsables de un plan fraudulento en el que acumularon delitos en un listado escalofriante en el que se los acusa de asociación ilícita, administración fraudulenta en 554 hechos, estafa en 26 casos, quiebra fraudulenta y lavado de activos de origen lícito todo en concurso real.
«Todos estos delitos son de una gravedad extraordinaria que significaría un pésimo mensaje a la sociedad que se resuelva con un abreviado que los deje en libertad y que en un año puedan disfrutar de los millones choreados», dijo uno de los afectados que pidió preservar su nombre.
A su turno, el abogado Mariano Ramos, que representa a algunos ahorristas insistió en diálogo con LPO que «Herrera y sus hijos siguen mintiendo porque hasta hace pocas semanas repetían a sus clientes que la plata estaba y que no la podían traer al país por culpa de la persecución de los fiscales y ahora resulta que se esfumó», dijo.
Lo cierto es que los damnificados dijeron a LPO que «la familia Herrera sigue viviendo a lo grande. Nadie sabe de qué trabajan los otros hijos pero tienen gastos millonarios en tarjetas de crédito. Aca en Rosario podés estafar a medio mundo y después andar como si nada por Alberdi», dijo a LPO un ahorrista indignado.
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Los senadores radicales manifestaron su incomodidad ante Patricia Bullrich por tener que votar el presupuesto tal como llegó de Diputados, por el ajuste sobre educación y ciencia que establece el artículo 30.
«Al radicalismo se le hace indigerible el artículo 30, que despedaza la educación, la educación técnica y la ciencia y la tecnología, se acaba el 6 por ciento del PBI y pasa a ser el 1 por ciento», dijo el peronista Fernando Salino en diálogo con FM La Patriada.
En efecto, ese tramo del proyecto establece la derogación del artículo 9º de la Ley de Educación Nacional, que fijó por encima del 6 por ciento del PBI las partidas para el sistema educativo. Lo mismo propone para los artículos 5º, 6º y 7º de la Ley de Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, que garantiza una suba paulatina hasta llegar al 1 por ciento del PBI en 2032.
Otro de los incisos del artículo 30 de la ley de leyes plantea la eliminación del 52 de la Ley de Educación Técnico Profesional, un duro golpe a la formación en oficios valiosos para la industria nacional.
Desde el entorno del jefe de bloque radical, Eduardo Vischi, aseguraron a LPO que el senador correntino «seguirá defendiendo la educación y la salud pública, como lo viene haciendo». Según Salino, la definición sería «que si hay que pasar esto, lo pasamos de un solo trago, no se te ocurra meter alguna cosa distinta porque ahí es donde empezamos a tener problemas».
En medio de la confusión del gobierno sobre su propio objetivo con el presupuesto, la jefa de la bancada libertaria insistió este domingo, durante una reunión por Zoom con representantes de todos los bloques aliados, con la chance de incorporar artículos del capítulo 11 que volteó la Cámara Baja o sacar por decreto la derogación de las leyes de emergencia en discapacidad y aumento del presupuesto universitario.
Sin embargo, Vischi ratificó la postura de rechazar cualquier modificación al presupuesto que debería tratarse en la sesión convocada para este viernes, después de Navidad, con un argumento contradictorio. El legislador correntino habría dejado trascender que para sus colegas era problemático votar el artículo 30 y utilizó ese ejemplo para persuadir a Bullrich de que decline su intento de meter artículos por la ventana.
Fernando Salino, en el recinto.
«Los radicales quieren que se vote el paquete cerrado y que pase rápido», comentó uno de los legisladores que estuvo presente en el Zoom. El bloque de Vischi cuenta con 10 miembros, mientras que los libertarios llegan a 21 integrantes.
La postura de la UCR es fundamental porque, sin el concurso de esa bancada, el gobierno carece de atajos para llegar a la mayoría de los votos o, inclusive, al quórum. Con los dos santacruceños, los dos misioneros y los aliados provinciales apenas araña las 34 bancas y necesita 37 para abrir el recinto.
Al radicalismo se le hace indigerible el artículo 30, que despedaza la educación, la educación técnica y la ciencia y la tecnología.
Por lo demás, una senadora que participó del encuentro virtual comentó a LPO que «nadie dijo demasiado» durante esa charla. «Todos tenían temor de estar siendo grabados, así que era una charla careta», admitió otro sin temor a perder la elegancia.
Al cierre de esta nota, ninguno de los legisladores consultados imaginaba que el gobierno se quedara sin presupuesto, pero no dejaban de consignar la impericia libertaria para cerrar el trámite.
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