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¿GOBERNADORA O GOBERNADOR?

Empieza la cuenta regresiva y el avispero digital mediático y político se agita cada día más, el recorrido de los candidatos no se detiene, se intensifica. Las campañas sucias machacan todos los días un poquito más, las acusaciones, las fake news, las denuncias, los trolls y los millones del marketing político cobran cada día más protagonismo. Las propuestas, por ahí andan, si como ciudadanos después no exigimos su cumplimiento, en campaña es tiempo mal gastado. La cosa va por otro lado.

Por fuera de ese patético panorama, esta elección será afortunadamente extraordinaria, por lo menos desde el proceso de conformación de las fórmulas de campaña. No lo digo porque la candidatura del actual Gobernador se haya caído tan cerca a la fecha de los comicios. Sino desde un plano macro que sigue en línea con la historia de la reivindicación del rol de la mujer dentro de la política rionegrina y en sintonía con un movimiento social nacional admirable.

Lo atípico es la conformación de las fórmulas, y bienvenidas sean, tres de las cuatro están encabezadas por mujeres y la que no, tiene a una mujer como vice.

La fórmula de Cambiemos se debatió largamente, una interna reñida que terminó siendo 100% femenina Matzen-Boschi, imponiéndose en este duelo la diputada sobre su colega Sergio Wisky que pretendía ocupar ese espacio. La negativa de la CSJ a la re reelección de Alberto Weretilneck posicionó a quien iba como vicegobernadora, la ministra de turismo Arabela Carreras encabezará la lista con Alejandro Palmieri jefe de diputados del bloque JSRN como compañero. El FIT no dudó en posicionar a la incansable Norma Dardik como candidata con la compañía del joven barilochense Facundo Britos. Y el FPV del intendente roquense Martin Soria, única lista encabezada por un hombre generó una alianza con la líder cordobesa de la fuerza provincial Rio y senadora Magdalena Odarda.

Río Negro es una provincia pionera en legislación de género desde 2002 cuando votó la Ley de Paridad, algo que se evidencia en la conformación de la cámara actual con un 45% de mujeres. La conformación de listas intercaladas es una de las claves de la norma, evitando así, que siendo primeros en las listas entren solo hombres. Pero lo que nunca se logró, hasta el momento, es que la gobernación esté encabezada por una mujer. Este 7 de abril, existe un 75% de posibilidades que eso pase.

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    Adorni anunció la disolución de la ANDIS en medio del escándalo por corrupción en discapacidad

     

    El jefe de Gabinete de Milei confirmó que la Agencia Nacional de Discapacidad dejará de existir y será absorbida por el Ministerio de Salud. La decisión fue presentada como una medida administrativa, pero llega en pleno escándalo por presuntas coimas, direccionamiento de compras y manejos irregulares que el Gobierno evita mencionar.

    Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI

    La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) tiene las horas contadas. Así lo anunció Manuel Adorni, quien informó que el organismo será disuelto y absorbido por el Ministerio de Salud, en una decisión que el Gobierno intenta mostrar como un simple “reordenamiento del Estado”, pero que se produce en un contexto político mucho más delicado.

    Según explicó el vocero de Milei, la medida responde a “irregularidades detectadas” en el funcionamiento del organismo. Sin embargo, Adorni evitó mencionar el escándalo de presuntas coimas, sobreprecios y maniobras de corrupción que involucran a funcionarios y exfuncionarios del propio Gobierno y que ya se encuentran bajo investigación judicial.

    Una disolución que intenta borrar huellas

    La ANDIS viene siendo señalada desde hace meses por denuncias vinculadas al manejo de fondos públicos destinados a personas con discapacidad, especialmente en la compra de medicamentos, insumos y prestaciones. En lugar de transparentar la situación, avanzar con auditorías públicas y señalar responsables, el Ejecutivo, complicado por el 3% de Karina, eligió una salida conocida: cerrar el organismo cuestionado.

    La absorción por parte del Ministerio de Salud no aclara qué pasó con los recursos, quiénes tomaron las decisiones ni quiénes se beneficiaron con las presuntas maniobras irregulares. Por el contrario, diluye responsabilidades políticas y administrativas.

    “No se van a cortar pensiones”, pero crece la incertidumbre

    Ante la preocupación de miles de beneficiarios, Adorni aseguró que “esto no significa que se vayan a cortar pensiones”. La frase busca llevar tranquilidad, pero no despeja las dudas de fondo en un contexto marcado por ajustes, recortes y revisiones masivas de beneficios sociales.

    Organizaciones de personas con discapacidad, familiares y prestadores advierten que la desaparición de la ANDIS puede traducirse en más burocracia, menos controles específicos y una pérdida de jerarquía institucional para un área históricamente postergada.

    Corrupción sin nombres ni explicaciones

    Uno de los puntos más llamativos del anuncio fue el silencio oficial sobre las causas concretas de las irregularidades. El Gobierno no explicó por qué no se avanzó con sumarios, denuncias penales o apartamientos preventivos, ni dio precisiones sobre el rol de los funcionarios involucrados.

    La estrategia parece clara: presentar la disolución como una decisión técnica mientras se evita el costo político de reconocer un nuevo escándalo de corrupción que choca de frente con el discurso anticasta y anticorrupción con el que Milei llegó al poder.

    Ajuste, desmantelamiento y opacidad

    La eliminación de la ANDIS no es un hecho aislado. Se inscribe en una política más amplia de desmantelamiento del Estado, ajuste fiscal y opacidad, donde se cierran organismos sin explicar qué falló, quién robó y quién paga las consecuencias.

    En el medio, las personas con discapacidad vuelven a quedar atrapadas en la incertidumbre, mientras el Gobierno promete continuidad de derechos al mismo tiempo que borra instituciones clave y esquiva explicaciones.

     

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  • El Gobierno planea rematar 42 mil hectáreas del Inta y eliminar más de 80 programas

     

     El gobierno de Javier Milei avanza en un plan integral de ajuste del Inta y entre sus objetivos centrales está el remate de 42 mil hectáreas de distintas estaciones experimentales y un drástico recorte de programas, centros y agencias.

    Según se expone en un documento de las últimas reuniones del Consejo Directivo del organismo que circula en las entidades del campo y al que tuvo acceso LPO, el Gobierno también buscará avanzar con un shock de retiros voluntarios para reducir la dotación.

    Ante eso, los gremios del Inta protestarán frente a la sede central este jueves, en paralelo a la última sesión del año del Consejo Directivo, momento en el que -creen en los sindicatos- «se avanzará fuertemente en el desguace y la liquidación».

    El texto que alarma a los trabajadores y técnicos del organismo plantea modificaciones del Reglamento de Estructura del Inta a partir del recorte de 11 centros regionales, el cierre de 293 agencias y la eliminación de 82 programas.

    En noviembre de 2024, LPO reveló un documento que especificaba la intención de vender 24 campos experimentales que, en total, sumaban 27 hectáreas. Ahora, ese número creció, semanas después de que técnicos de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) realizara mediciones en predios del Inta.

    Se buscará reducir los programas nacionales activos de los actuales 134 a 52. En varios se proyectan fusiones y en otros directamente se plantea el cierre. Un caso paradigmático es el desmantelamiento de los 19 programas de Agricultura Familiar

    En concreto, la avanzada inicial sería sobre 17 hectáreas que califican «en desuso, sin fines de experimentación ni producción». En tanto que se analizarán otras 25 mil hectáreas «en uso pero pasibles de ser desafectadas».

    Como había contado LPO, buena parte de los campos del Inta que el Ejecutivo busca comercializar radican en la provincia de Buenos Aires (Balcarce, Pergamino, Maipú, Ayacucho, Villarino, Puan y San Pedro). También, en Córdoba (Marcos Juárez, Río Segundo), Entre Ríos (Paraná y Concepción del Uruguay) y Santa Fe (Rafaela y Reconquista).

    El Gobierno mandó a medir terrenos del INTA y los gremios alertan por inminentes remates

    Por otro lado, se buscará reducir los programas nacionales activos de los actuales 134 a 52. En varios se proyectan fusiones y en otros directamente se plantea el cierre.

    Un caso paradigmático es el desmantelamiento de los 19 programas de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena, ya que el Gobierno los considera de «escaso impacto productivo».

    También se planifica derogar los dos programas que se desarrollaban en la Estación del AMBA, que el Gobierno decidió cerrar y donde envió técnicos de AABE a medir terrenos.

     

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