El próximo sábado GastroArte ofrece una nueva propuesta para disfrutar de la buena música y comida local. En este caso, la cita es en Mon Bohemi a partir de las 23 horas con Juani Liberati y Nico Plos y un menú que incluye medallón de roast beef con provoleta fundida, berenjena asada y chutney de frutos reginenses más mayonesa de ajo asado.
La Dirección de Cultura y la Dirección de Turismo de la Municipalidad de Villa Regina invitan a continuar acompañando esta propuesta para revalorizar a nuestros artistas y gastronómicos.
La Dirección de Deportes, suma una nueva Escuela Municipal. La disciplina del Hockey desarrolla sus actividades los días martes y jueves de 18:00 a 19:30, en el predio ubicado en las intersecciones de las calles Juan Bautista Alberdi y Juan Cruz Varela. Cabe destacar que las clases serán para los mayores de 18 años de…
El juez federal Ernesto Kreplak procesó a las ex funcionarias Agustina Bisio y Gabriela Mantecón Fumadó en la causa que investiga más de 120 muertes por la administración hospitalaria de fentanilo contaminado producido en los laboratorios HLB y Ramallo, ante la presunta corrupción de las autoridades, que debían controlar los medicamentos.
El magistrado impuso una inhibición y embargo sobre los bienes de la directora de la Anmat y la ex titular del Instituto Nacional de Medicamentos (Iname) hasta cubrir 500 mil millones de pesos, y también dictó una serie de medidas que las imputadas deberán cumplir para permanecer en libertad, mientras avanza la investigación.
El escrito del juez encierra un párrafo muy significativo que podría significar la desafectación del ministro Mario Lugones de la causa. «Si bien considero probado que el Ministro tenía conocimiento al menos de las generalidades relevantes de lo que ocurría con los laboratorios, no menos cierto resulta que todos los elementos de convicción apuntan a que su intervención, lejos de permitir un funcionamiento en tales condiciones, tendía lisa y llanamente a su cierre, esto es, a impedir su operación», sostuvo Kreplak.
Salvo que ante la situación de ser las únicas condenadas, las funcionarias se declaren arrepentidas y avancen en declaraciones probatorias de la responsabilidad de Lugones en la decisión de no clausurar los laboratorios, el párrafo citado parece anticipar el curso de acción del juez en favor del ministro de Milei.
Para la investigación penal que lleva adelante Kreplak, Bisio y Mantecón Fumadó fueron «partícipes necesarias penalmente responsables del delito de adulteración de sustancias medicinales». Es decir, sin su concurso que básicamente consistió en no clausurar los laboratorios pese a los informes y testimonios de inspectores que pedían tomar esa medida -hasta con argumentos dramáticos-, el fentanilo envenenado no hubiera llegado a la calle.
«A partir de las probanzas colectadas a lo largo de la pesquisa, es posible concluir que las imputadas Mantecón Fumadó y Bisio realizaron un aporte concreto y necesario a la lesión del bien jurídico salud pública protegido por los artículos. 200 y 201 bis CP así como al bien jurídico integridad personal resguardado por el delito de lesiones leves previsto por el art. 89 CP, a raíz de su decisión de no adoptar las medidas preventivas y correctivas oportunas y eficaces contempladas por la normativa aplicable ya explicadas», argumenó Kreplak en su resolución, a la que accedió LPO.
Si bien considero probado que el Ministro tenía conocimiento al menos de las generalidades relevantes de lo que ocurría con los laboratorios, no menos cierto resulta que todos los elementos de convicción apuntan a que su intervención, lejos de permitir un funcionamiento en tales condiciones, tendía lisa y llanamente a su cierre, esto es, a impedir su operación.
El fallo si bien favorece a Lugones no termina de sacarlo de los hechos investigados. «A lo largo de la investigación llevada adelante, diversos elementos de convicción permiten poner en escena al Dr. Lugones», destacó Kreplak en el auto de procesamiento y señaló que en los testimonios de Mantecón y Bisio asoman coincidencias respecto del rol del ministro.
En efecto,, Bisio afirmó que «Lugones hacía reuniones de gabinete y de los institutos venían todos los que de él dependíamos. Allí contábamos las situaciones. Esto era un tema que fue llevado permanentemente, de la situación de los laboratorios e incumplidores. En este caso, estos se llevaban. Y la idea fue siempre que Lugones me daba la instrucción y yo daba la instrucción de cerrar».
Al ser indagada respecto de una reunión realizada en la sede de la Anmat el 14 de enero pasado, Bisio dijo: «Yo le avisé al Ministro, ‘van a venir, ¿qué hago?, ¿sigo con lo mismo?’, ‘sí, cerrá, cerrá’, me dijo». Ese testimonio puede favorecer al ministro.
Ese día, Bisio y Fumadó mantuvieron un encuentro con Ariel García Furfaro y otras dos personas de la empresa en «Avenida de Mayo», tal como se la denomina a la sede de la Anmat. Para esa fecha, Bisio y Fumadó contaban con un informe realizado por inspectoras de la Anmat en los últimos días de 2025. En el texto alertaban sobre la situación del laboratorio y recomendaban prohibir la producción y retirar del mercado las drogas elaboradas. Por alguna razón, el Ministerio de Salud desoyó esas advertencias y la tragedia se consumó. Hubo alertas institucionales que se eligió no escuchar.
Según consta en el expediente, luego de hablar con el ministro Lugones las dos funcionarias ofrecen no avanzar contra los laboratorios a cambio que presenten un plan de acción para subsanar sus incumplimientos. Esa es la parte más delicada para Lugones de los testimonios.
Lugones hacía reuniones de gabinete y de los institutos venían todos los que de él dependíamos. Allí contábamos las situaciones. Esto era un tema que fue llevado permanentemente, de la situación de los laboratorios e incumplidores. En este caso, estos se llevaban. Y la idea fue siempre que Lugones me daba la instrucción y yo daba la instrucción de cerrar.
En el gobierno existe extrema preocupación por el caso. Temen que Lugones sea procesado porque hay varios testimonios que estaba al tanto de los hechos y tenía la última decisión. Incluso trascendió que su hijo, Rodrigo Lugones, le habría sugerido que renuncie a su cargo, decisión que el ministro rechazó.
En la Casa Rosada buscan culpar a los ex ministros de Salud del gobierno de Alberto Fernández -Carla Vizzoti y Ginés González García, ya fallecido- argumentando que tanto Bisio como Mantecón Fumadó ya eran funcionarias bajo se gestión. El problema es que los hechos ocurrieron durante la gestión de Lugones. Es un principio básico del derecho penal que no se puede juzgar a las personas por hechos que no cometieron.
De hecho, Cristina Kirchner está presa en la causa Vialidad porque era la responsable última de las objetadas concesiones de rutas realizadas bajo su gestión, aunque no firmó nada. El mismo criterio aplica en el caso de Lugones, pero más grave: según los testimonios de las funcionarias el ministro sí fue alertado sobre la gravedad de la situación.
El empresario García Furfaro.
Mantecón Fumadó declaró que antes de firmar la carta de advertencia dirigida a los laboratorios la consultó a Bisio. «Como todas las decisiones que se toman en esta gestión, hay que consultarlas, porque no había independencia resolutiva de parte de la administración nacional, sin consultar con el Ministerio. Le pedí a Agustina (Bisio) que consultara con el Ministro cómo quería manejar esta situación, en función de si se inhibe por carta de advertencia todo el laboratorio o si inhibían otras líneas productivas. Y el Ministro, después de unos días, informó a Agustina que contestó ‘vaya para adelante pero con cautela'».
Bisio contó además que en las reuniones de gabinete convocadas por Lugones intervenían activamente abogados penalistas.
El testimonio confirma que en marzo de 2025 Lugones ya estaba al tanto de los incumplimientos de HBL. La titular del Iname envió un informe sobre el laboratorio y en un chat, Bisio le consultó si ese informe era suficiente para cerrar las instalaciones. «Solo en dos palabras decime si esto da para cierre porque Mario pregunta. ¿Sólo eso o aún falta?», pregunta la titular de la Anmat.
Como todas las decisiones que se toman en esta gestión, hay que consultarlas, porque no había independencia resolutiva de parte de la administración nacional, sin consultar con el Ministerio. El ministro contestó que vayamos para adelante, pero con cautela.
A fines de marzo, Mantecón Fumadó mantiene otra reunión con Furfaro. Tras ese encuentro Bisio le pide información precisa sobre la situación del laboratorio: «¿Podrías mandarme para que le dé al Ministro cuál es la implicancia de esto? Traducción a la práctica. Ej: No puede vender más. Insistir o informarnos sobre el retiro de mercado».
Kreplak advierte en el auto de procesamiento d elas funcionarias la discrepancia entre la supuesta decisión política que bajaba del Ministerio con lo que efectivamente ocurría en la Anmat y el Iname. «Si bien considero probado que el Ministro tenía conocimiento al menos de las generalidades relevantes de lo que ocurría con los laboratorios, no menos cierto resulta que todos los elementos de convicción apuntan a que su intervención, lejos de permitir un funcionamiento en tales condiciones, tendía lisa y llanamente a su cierre, esto es, a impedir su operación», dice el juez en su resolución.
El magistrado destaca que distinta es la situación de Bisio, quien «tenía la responsabilidad máxima sobre el cumplimiento de los cometidos legales y reglamentarios de Anmat y sus órganos internos y, además, había sido investida políticamente como polea de transmisión de esas directrices políticas».
Según el juez el obrar de la funcionaria fue el contrario. A pesar de que tenía conocimiento de las irregularidades de los laboratorios y que habría recibido la decisión política de obrar, mantuvo una actitud pasiva y permisiva que culminó favoreciendo el accionar criminal de los laboratorios.
No sólo eso, sino que participó activamente en algunas de las acciones decisivas que permitieron al laboratorio continuar operando cuando lo correcto hubiese sido impedirlo.
El sábado pasado, la Dirección de Turismo de la Municipalidad de Villa Regina organizó una nueva visita guiada a la granja ‘La Soñada’, de manera de ir respondiendo a la gran demanda de personas interesadas en participar de la actividad. 11 adultos y 10 niños y niñas disfrutaron de una hermosa tarde de sol, recorriendo…
La Oficina de Información al Consumidor de la Municipalidad de Villa Regina (OMIC) informa que está realizando operativos de control de precios conjuntamente con la Agencia de Recaudación Tributaria. El operativo consiste en relevamientos de precios y stock de aproximadamente 280 productos que son parte del programa Precios Cuidados. El mismo se realiza en las…
El Consejo Local de Ecología, Ambiente y Desarrollo Sustentable del Concejo Deliberante de Villa Regina convoca a interesados a ser parte de la Guardia Ambiental creada por ordenanza N° 039/13. La convocatoria está orientada a mayores de 18 años con residencia en Villa Regina no inferior a los 2 años quienes serán parte del cuerpo…
La investigación judicial por la estafa con la criptomoneda Libra marcha rumbo al olvido. La Cámara Federal confirmó el apartamiento de los querellantes y el único impulso que le queda a la causa es el fiscal Eduardo Taiano, que hasta ahora no ha mostrado interés en avanzar.
El pacto de impunidad entre el gobierno de los hermanos Milei y Comodoro Py sumó un nuevo capítulo, acaso el que más le interesaba a la Casa Rosada. La causa por la estafa cripto va rumbo a terminar cajoneada en los tribunales de Retiro.
En un fallo firmado por los camaristas Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi, al que el Senado le acaba de aprobar el pliego para continuar en ese cargo, quedó firma la exclusión de las querellas que representaban a los damnificados por la estafa. La decisión se tomó antes de la llegada a la Cámara del nuevo integrante, el juez Pablo Yadarola.
La Cámara intervino ante la apelación de los querellantes al fallo del juez Marcelo Martínez De Giorgi, que en julio hizo lugar a un planteo del lobista Mauricio Novelli, amigo de Milei, y apartó a cinco querellas. Esta medida implica que se quedan sin acceso al expediente ni pueden pedir pedir medidas de prueba, con lo cual la investigación queda únicamente con impulso del fiscal.
El camarista Pablo Bertuzzi
En el fallo al que accedió LPO, Llorens y Bertuzzi dicen que está «diluida» la hipótesis de «un plan organizado desde las altas esferas gubernamentales» para llevar a cabo una estafa junto a un grupo de actores del mundo cripto. La realidad es que la pesquisa de Taiano y Martínez De Giorgi nunca avanzó seriamente con esa hipótesis, ni ninguna otra.
El texto de los camaristas parece centrar toda la culpa en los estafados, que dice «decidieron invertir fondos a través de instrumentos cuya volatilidad y riesgo es mayor». «Ninguno de los aquí apelantes ha logrado demostrar, a los fines de su legitimación, el ardid o la afirmación falsa concreta que los hubiera determinado a adquirir el token», sostienen. «Los apelantes solo se han limitado a describir una sucesión de eventos sin identificar la falsedad concreta que los impulsó a efectuar la compra», agregan para despegar a Milei por su tuit en el que promocionó Libra.
Como ya hizo Martínez De Giorgi, Bertuzzi y Llorens parecen establecer los argumentos para que la causa termine en la nulidad. Dicen que el lanzamiento de Libra fue en un contexto «de un negocio de por sí volátil, caracterizado por la ausencia de regulación financiera y una fuerte exposición al riesgo» y que quienes invirtieron sabían eso. Los camaristas dicen que los inversores «asumieron voluntariamente los riesgos inherentes a esa clase de compra» y el dinero que perdieron fue «consecuencia de ese riesgo».
Mariano Llorens
La causa Libra ha estado atravesada por la discusión entre la Casa Rosada, una pelea que se vio más descarnadamente en la investigación judicial contra Manuel Adorni y que quedó atrás cuando el ministro Juan Bautista Mahiques empezó a agilizar el envío de pliegos de jueces y fiscales.
El fallo de primera instancia de Martínez De Giorgi fue la primera señal del pacto de impunidad, concretado luego con una sucesión de fallos favorables para el gobierno como el que firmaron ahora Llorens y Bertuzzi. En el medio, la causa Adorni se ralentizó casi por completo.
Los pliegos de Bertuzzi y Yadarola para la Sala I de la Cámara Federal porteña fueron la garantía que Mahiques le ofreció a Karina Milei para garantizarse la impunidad en la causa Libra, aunque en este caso ni siquiera hizo falta la intervención de Yadarola. Esta sala también debe intervenir en la investigación de la corrupción en Andis.
Difunde esta nota
Deja una respuesta
Lo siento, debes estar conectado para publicar un comentario.
