Hoy jueves, Maddison será el escenario de GastroArte, la propuesta de las Direcciones de Cultura y de Turismo que tiene como objetivo revalorizar e impulsar a los artistas y emprendimientos gastronómicos locales.
En esta ocasión, la cita será a las 21,30 horas con la presencia de DJ Matías Le Music y Camila Tapia en ‘Entre Charlas’.
El menú será bondiola braseada con puré de zapallo y manzanas y pera flambeada con helado y frutos rojos.
En Las Grutas los acantilados se están «disolviendo» debido a la filtración de aguas cloacales. Lo detectó un estudio. Es una erosión química, que producen las aguas negras, el agua dulce que escurre hacia el barranco también hace lo suyo. La falta de inversión es la ciudad costera es una constante, la semana pasada una fuerte…
El Intendente Marcelo Orazi participó esta mañana vía zoom del acto encabezado por la gobernadora Arabela Carreras en el que se firmó el contrato de obra con la empresa ING CO SRL que ejecutará los trabajos para dotar de los servicios de agua potable, red eléctrica y alumbrado público al loteo Barazzutti. La obra beneficiará…
La Municipalidad de Villa Regina informa que el gobierno provincial dispuso de $100 millones de pesos para asistir a los sectores comerciales que se han visto afectados por las actuales medidas que dispuso el Gobierno Nacional debido a la situación sanitaria por COVID-19. Las personas interesadas en los subsidios a los comercios pueden inscribirse desde…
El intendente Marcelo Orazi destacó las medidas fiscales anunciadas hoy, en conferencia de prensa, por la Gobernadora Arabela Carreras para los sectores alcanzados por el DNU 334 del gobierno nacional que aquí se detallan: – MONOTRIBUTO: se exime el pago del componente provincial a todas las categorías para los periodos de junio, julio, agosto y…
En apenas tres días, dos resoluciones del INCUCAI dejaron al descubierto un cambio profundo: mientras el financiamiento público de la ciencia y la salud cae de manera sostenida, el propio Estado empieza a cobrarle más caro —y sin excepciones— a sus propias instituciones. El giro no es aislado: se inscribe en una lógica más amplia que atraviesa organismos regulatorios, sistema científico y hospitales públicos.
Por Amparo Lestienne para NLI
El caso INCUCAI: de la excepción al cobro universal
El punto de partida es la Resolución INCUCAI 84/2026, publicada el 27 de marzo. La norma actualiza los aranceles para la evaluación de protocolos de investigación clínica vinculados a trasplantes y uso de órganos, tejidos y células, con el objetivo explícito de “asegurar los recursos operativos y técnicos” del organismo.
Pero el dato clave estaba en su artículo 2°: mantenía la lógica histórica del sistema argentino al eximir del pago a hospitales públicos, universidades nacionales y Fuerzas Armadas.
Esa excepción no era un detalle menor, sino la continuidad de un principio consolidado en normativas previas. Por ejemplo, ya en la Resolución 128/2019 del propio INCUCAI se establecía exactamente la misma exención para el sector público, en línea con la idea de que la investigación sanitaria estatal no debía ser tratada como una actividad comercial.
Sin embargo, apenas tres días después, el 30 de marzo, llegó la Resolución INCUCAI 95/2026, que directamente eliminó esa excepción. El resultado es contundente: el Estado empezó a cobrarle a sus propios hospitales y universidades por investigar.
Un cambio de lógica: del financiamiento a la autofinanciación
El argumento oficial es técnico: los protocolos requieren financiamiento y, por lo tanto, deben cubrir los costos regulatorios. Pero detrás de esa justificación aparece una transformación más profunda.
Históricamente, el sistema funcionaba bajo una premisa clara: la investigación pública en salud es parte del sistema sanitario y, por lo tanto, es financiada por el Estado. Eso implicaba que los organismos regulatorios podían cobrar aranceles, pero hacían excepciones cuando el actor era público.
Hoy esa lógica se invierte: todos los actores —incluso los públicos— deben pagar por el servicio estatal. Este cambio no surge en el vacío. Está directamente vinculado con el deterioro del financiamiento general del sistema científico.
El telón de fondo: caída del presupuesto científico
Según distintos informes y análisis del sistema nacional de ciencia y tecnología, el financiamiento público del sector atraviesa una contracción sostenida. Entre 2023 y 2026, la inversión estatal acumula una caída real estimada entre el 30% y el 40%, como resultado de la combinación entre recortes presupuestarios y el efecto de la inflación. En paralelo, la participación de la ciencia en el producto bruto interno se redujo a niveles por debajo del 0,3%, cuando en años anteriores se ubicaba en torno al 0,5%.
En términos concretos, el deterioro no es homogéneo sino que golpea con mayor intensidad en áreas clave del sistema. Las transferencias a universidades nacionales y organismos públicos muestran recortes que, en términos reales, se ubican entre el 25% y el 35%, afectando el funcionamiento cotidiano de institutos, laboratorios y proyectos en curso. A esto se suma el deterioro sostenido de los ingresos del personal científico y técnico, cuyos salarios perdieron aproximadamente entre un 20% y un 30% de su poder adquisitivo, mientras que la inversión en equipamiento —fundamental para sostener la capacidad experimental— registra caídas aún más pronunciadas, que en algunos casos superan el 50% en términos reales.
En este escenario, organismos como el CONICET ven afectada su capacidad de sostener proyectos, becas y estructuras de investigación, lo que introduce tensiones crecientes en todo el sistema científico.
ANMAT y el modelo de tasas: el antecedente silencioso
Este viraje tampoco es nuevo en la administración pública. La ANMAT funciona desde hace años con un sistema de aranceles para trámites regulatorios, donde cada procedimiento tiene un costo asociado.
Lo que cambia ahora no es la existencia de aranceles, sino su alcance: antes aplicaban principalmente a actores privados; ahora tienden a universalizarse. Es decir, el modelo basado en tasas por servicio empieza a expandirse a otros organismos, pero sin las protecciones históricas para el sector público.
La tensión central: menos presupuesto, más costos
La combinación de estas dos dinámicas —menor financiamiento y mayor carga arancelaria— configura una tensión estructural difícil de sostener en el tiempo. Por un lado, el Estado reduce su inversión directa en ciencia y salud; por otro, incrementa los costos que deben afrontar sus propias instituciones para desarrollar investigaciones.
Esto implica que universidades públicas, hospitales y centros de investigación no sólo cuentan con menos recursos, sino que además deben destinar parte de esos fondos a cubrir aranceles regulatorios que antes no existían para ellos. La consecuencia es una presión creciente sobre estructuras ya debilitadas.
El resultado es una paradoja evidente: el Estado se retrae como financiador, pero se consolida como cobrador.
Especialistas y debate: el riesgo de mercantilización
En el ámbito científico y sanitario, este tipo de transformaciones suele encender señales de alerta. Diversos análisis en políticas públicas advierten que, cuando se reducen los recursos estatales y se trasladan costos a los propios actores del sistema, tienden a producirse efectos previsibles: disminución en la cantidad de proyectos, mayor dependencia de financiamiento externo y desplazamiento de investigaciones hacia áreas con retorno económico más inmediato.
La investigación clínica en hospitales públicos suele estar orientada a necesidades sanitarias concretas de la población y no a intereses de mercado
En el caso de la salud, el impacto puede ser aún más sensible, porque la investigación clínica en hospitales públicos suele estar orientada a necesidades sanitarias concretas de la población y no a intereses de mercado. Buena parte de la producción científica argentina en salud se genera en estos ámbitos, donde la práctica asistencial se articula con la investigación sobre pacientes reales y problemáticas locales.
Ese rasgo tiene antecedentes históricos claros. La Misión de Estudios de Patología Regional Argentina, impulsada por Salvador Mazza, desarrolló en el siglo XX investigaciones clave sobre enfermedades como el Chagas, a partir del trabajo territorial en regiones postergadas del país. Difícilmente ese tipo de investigación hubiera sido financiado por el sector privado, dado que su lógica no era la rentabilidad sino la respuesta a una problemática sanitaria concreta.
Ese mismo patrón se replica, con otras formas, en la actualidad. Hospitales públicos de referencia como el Hospital Nacional Profesor Alejandro Posadas combinan atención médica, formación profesional e investigación clínica orientada a enfermedades prevalentes en su población, muchas veces vinculadas a sectores sociales vulnerables y sin atractivo comercial para la industria.
El problema es que este tipo de investigación —centrada en necesidades reales y no en retornos económicos— depende estructuralmente del financiamiento público. Cuando ese financiamiento se reduce y, al mismo tiempo, se introducen costos adicionales para investigar, el riesgo no es sólo cuantitativo sino cualitativo: no sólo se investiga menos, sino que se empieza a investigar otra cosa.
Conclusión: un cambio silencioso pero estructural
Lo ocurrido entre el 27 y el 30 de marzo con el INCUCAI no es un episodio aislado ni meramente administrativo. Es la expresión concreta de un cambio más amplio en la forma en que el Estado se vincula con la ciencia y la salud: menos financiamiento directo, eliminación de excepciones históricas y expansión de esquemas de arancelamiento.
En ese nuevo escenario, el sistema deja de apoyarse en la lógica de política pública para acercarse a un modelo de servicios, donde investigar ya no sólo depende del conocimiento y la capacidad técnica, sino también de la disponibilidad de recursos para pagar por ello.
La incógnita que queda abierta es tan estructural como urgente: hasta qué punto puede sostenerse un sistema científico y sanitario público cuando se le exige autofinanciarse en un contexto de retracción presupuestaria.
El Banco Central decidió este jueves bajar los encajes de los bancos un 5% con la idea de reactivar el crédito. La decisión confirma el anticipo de LPO: el equipo económico está preocupado por la caída de la actividad que afecta a los principales sectores que generan empleo -industria, comercio y construcción-, más allá que públicamente hayan festejado este jueves que la economía creció un 0,4% en enero.
La decisión libera pesos a los bancos, con la esperanza que se destinen a nuevos créditos. Pero también abre un dilema clásico: los pesos pueden ir a préstamos o al dólar.
La medida baja los encajes del 50% al 45% sobre depósitos a la vista. Es decir, por cada $100, los bancos ahora pueden prestar $55 en lugar de $50. Es liquidez directa al sistema. En la lectura oficial, eso debería empujar una baja de tasas y darle aire al crédito al consumo y a las empresas.
El problema es que el canal de transmisión no está limpio. El sistema financiero viene mostrando señales de estrés. La morosidad ya superó el 10%, un nivel que empieza a encender alarmas. Con familias y empresas más endeudadas, los bancos no van a salir a prestar agresivamente. Y si no prestan, esos pesos pueden buscar otro destino.
Ahí aparece el riesgo que sobrevuela toda la medida: que la liquidez liberada no vaya al crédito sino al dólar. En un esquema donde el tipo de cambio sigue siendo un ancla sensible, cualquier desvío de pesos hacia cobertura cambiaria puede meter presión sobre la banda.
El problema es que el canal de transmisión no está limpio. El sistema financiero viene mostrando señales de estrés. La morosidad ya superó el 10%, un nivel que empieza a encender alarmas. Con familias y empresas más endeudadas, los bancos no van a salir a prestar agresivamente. Y si no prestan, esos pesos pueden buscar otro destino.
Sin embargo, el tipo de cambio hoy se ubica aproximadamente un 20% por debajo del techo de la banda. Eso le da margen para tolerar cierta corrección. Incluso, un dólar un poco más alto podría mejorar la posición negociadora frente a los agroexportadores, en un momento donde la liquidación sigue siendo un factor clave para sostener el programa.
Pera la medida también parece reconocer algo que el equipo económico es renuente a aceptar: la política monetaria contractiva pesa sobre la actividad. Un análisis previo de la consultora Outlier ya apuntaba a este movimiento. «Es probable que se necesiten mayores flexibilizaciones en el régimen de integración de encajes bancarios», anticipaba el trabajo. Pero el mismo informe dejaba una advertencia clave: el crédito viene desacelerando en un contexto de mayor mora, caída de salarios reales y menor dinamismo del consumo. Es decir, liberar encajes puede no ser suficiente si la demanda de crédito sigue débil.
El movimiento expone la disyuntiva que atraviesa al Gobierno: seguir priorizando la desinflación a costa de resignar actividad, o empezar a darle algo de combustible a la economía aun con el riesgo de recalentar los precios. Es el viejo dilema entre ancla y motor.
Desde la ortodoxia, la premisa es clara: el crédito es el motor de la economía. Pero desde el otro lado de la biblioteca la secuencia se invierte. No es la cantidad de dinero la que determina el nivel de actividad, sino la propia dinámica de la economía la que define cuánta liquidez necesita.
La baja en encajes en el BCRA se debe por un lado a la disminución de depósitos en dólares durante marzo. Por otro lado, a que había ‘sobre encaje’ luego de los pagos de Bonares y Bopreal. Es para monitorear hacia adelante la evolución de los depósitos.
En las redes, los economistas leyeron la medida en esa clave más estructural. Federico Machado de Economía Open lo explicó así: «La baja en encajes en el BCRA se debe por un lado a la disminución de depósitos en dólares durante marzo. Por otro lado, a que había ‘sobre encaje’ luego de los pagos de Bonares y Bopreal». Y agregó un punto que cambia el eje: «Es para monitorear hacia adelante la evolución de los depósitos».
Es decir, más que un impulso clásico al crédito, también hay una lógica defensiva: administrar la liquidez en un sistema donde los depósitos empiezan a moverse.
En la misma línea, Amílcar Collante puso el foco en el frente externo del sistema financiero: «Los depósitos en USD comenzaron a bajar, en el corto plazo puede ser un limitante a la expansión de crédito en USD. Difícil la remonetización en USD.».
La lectura conjunta es más compleja que el titular. No es solo una medida para que los bancos presten más. También es una respuesta a un sistema que empieza a mostrar tensiones: depósitos que dejan de crecer, crédito que no despega y mora en aumento.
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