Hoy jueves, Maddison será el escenario de GastroArte, la propuesta de las Direcciones de Cultura y de Turismo que tiene como objetivo revalorizar e impulsar a los artistas y emprendimientos gastronómicos locales.
En esta ocasión, la cita será a las 21,30 horas con la presencia de DJ Matías Le Music y Camila Tapia en ‘Entre Charlas’.
El menú será bondiola braseada con puré de zapallo y manzanas y pera flambeada con helado y frutos rojos.
La Municipalidad de Villa Regina adhiere a la Resolución N° 4989 del Ministerio de Salud de Río Negro que dispuso extender las medidas sanitarias destinadas a contener los contagios de COVID-19 hasta el 16 de julio, inclusive. Se establecieron algunas modificaciones con respecto a las restricciones anteriores. Entre otras cosas, la cartera sanitaria provincial habilitó…
El gobierno de Maximiliano Pullaro avanzó con la licitación del nuevo sistema integrado de salud laboral para los trabajadores estatales, dicho de manera fácil, el mecanismo para controlar presentismo, resúmen en los gremios. El dato curioso es que solo hubo un solo interesado en el pliego para un negocio de mil millones de pesos.
Según el acta oficial, a la que accedió LPO, únicamente cotizó SML Consultores Médicos, una firma vinculada a la aseguradora Experta, que de esta manera quedó en posición de quedarse con un contrato millonario para gestionar el control médico y el ausentismo en toda la administración pública provincial.
El dato no es menor. En el mercado de la medicina laboral y los riesgos del trabajo operan al menos unas quince empresas con capacidad técnica para prestar el servicio. Sin embargo, ninguna de ellas se presentó. Ni siquiera Colonia Suiza, una de las compañías líderes que trabaja con ART y grandes empleadores.
En el sector no dudan en vincular esa ausencia masiva con las condiciones del pliego. «Es imposible cumplir con lo que piden con ese presupuesto», explicó a LPO un operador con años en el negocio de los seguros.
La licitación contempla la cobertura integral de la salud laboral de toda la administración pública provincial, incluyendo docentes, policías, empleados administrativos, pasantes y becarios.
Pero además, según deslizan fuentes del sector, exige una presencia territorial extrema de agentes sanitarios: piden capacidad de respuesta en cada punto de la provincia donde haya un trabajador estatal, o sea, en todos lados, señaló una fuente al tanto del pliego que habló con LPO.
La provincia tiene docentes y policías en todo el territorio. Para cumplir el pliego tenés que tener cobertura real en cada lugar. Eso no se arma con mil doscientos millones. O saben que no van a ser tan exigente en el monitoreo o se van a dar la cabeza contra la pared.
Eso implica, en la práctica, montar una red de prestadores médicos que cubra no solo las grandes ciudades sino también pueblos y localidades pequeñas, donde la presencia de profesionales es más escasa y los costos operativos se disparan.
«La provincia tiene docentes y policías en todo el territorio. Para cumplir el pliego tenés que tener cobertura real en cada lugar. Eso no se arma con mil doscientos millones», resumieron y agregaron «o saben que no van a ser tan exigente en el monitoreo o se van a dar la cabeza contra la pared».
Julián Galdeano, secretario de Vinculación Institucional
Las estimaciones de las empresas médicas locales ubican el costo razonable del servicio por encima de los 2.500 millones de pesos, más del doble del monto que trascendió como referencia oficial. Incluso algunas ofertas habrían superado ampliamente ese número, lo que refuerza la idea de un desfasaje entre las exigencias técnicas y el presupuesto previsto.
En el negocio de la salud señalan al radical Julián Galdeano como el que encargado de armar la licitación. «En definitiva hizo su trabajo» ironizó un empresario de la ciudad de Santa Fe. Galdeano es el secretario de Vinculación Institucional de la provincia.
Los ganadores eran accionistas de la aseguradora La Caja y se hicieron del control pleno en 2015 tras la salida de Generali que fue rebautizada como Experta. En ese movimiento también reordenaron su sociedad con los D’Onofrio en La Estrella Seguros de Retiro, una caja histórica del sistema previsional.
Desde entonces, ambos grupos manejan un entramado que combina seguros laborales, ART, servicios médicos y de retiros ocupando una porción importante del mercado. De esa manera, debajo de Experta armaron una estructura propia de medicina laboral.
La sociedad madre es SML y la ART es SML Consultores Médicos, dedicada a servicios de salud ocupacional y control de ausentismo. Es decir, el mismo grupo que asegura a los trabajadores también interviene en el monitoreo de su presentismo, cerrando un circuito completo de negocio.
Ahí es donde aparece la licitación santafesina: SML Consultores Médicos no es una firma aislada sino una pieza de ese engranaje. El contrato para controlar el presentismo estatal termina así en manos de un holding que integra seguros, salud y gestión laboral asociado a los D’Onofrio, socios con Werthein en los negocios.
Ahora en Santa Fe, el resultado es una licitación formalmente abierta pero sin competencia real, en un servicio clave para la gestión de los recursos humanos del Estado. Un esquema que en los gremios estatales miran con desconfianza y temen que el sistema se convierta en una ART que no tenga como objetivo primario velar por la salud laboral.
La Dirección de Turismo de la Municipalidad de Villa Regina invita a participar de una caminata bajo la luna llena el próximo sábado 27, con punto de encuentro al pie del sendero para luego subir a la Capilla Santa Teresita del Niño Jesús. La caminata será guiada por dos profesionales: la guía turística local y…
La Dirección de Turismo de la Municipalidad de Villa Regina propone una nueva jornada de feria de artesanos reginenses ‘ReEmprender’ para acompañar la música de los ‘Domingos de Plaza’. Además, desde el sector de las casitas de artesanos en la Plaza Primeros Pobladores, saldrá una nueva caminata recreativa por la ciudad. A partir de las…
En La Libertad Avanza recrudecen las acciones negacionistas y la ofensiva en el plano legislativo contra los organismos de Derechos Humanos a falta de dos semanas para que se cumpla el 50 aniversario del último golpe de Estado.
En un contexto donde -como reveló LPO en exclusiva- Javier Milei analiza indultar el próximo 24 de marzo a los genocidas condenados por delitos de lesa humanidad perpetrados durante la última dictadura, desde Casa Rosada empiezan a bajar directivas para que los bloques libertarios se desmarquen del rechazo al golpe.
En Mar del Plata, donde Guillermo Montenegro le entregó el control del Concejo Deliberante a La Libertad Avanza, el concejal libertario Julián Bussetti presentó este martes un proyecto para suprimir la proyección del video «Historias de Abuelas» en todas las actividades convocadas por el Concejo, algo estipulado por una normativa.
«Resulta incompatible con el principio de neutralidad que debe regir el funcionamiento del cuerpo», dice Bussetti en los considerandos de su proyecto.
Antes, los concejales libertarios habían chocado con los radicales, con quienes, (sumado al PRO y la CC) integran el espectro oficialista en Mar del Plata.
En La Plata, los bloques de LLA y el PRO avisaron que no asistirán a la sesión especial convocada para el 24 de marzo y que está previsto realizarse en la ex comisaría Quinta, uno de los ex centros clandestinos de detención y tortura.
Al discutir un proyecto para que toda la papelería oficial del municipio lleve la leyenda «2026 – A 50 años de la última dictadura. Memoria, Verdad y Justicia. Democracia siempre», los libertarios rechazaron la consigna «Memoria, Verdad y Justicia», la cual se omitió para lograr un proyecto por unanimidad.
Sin embargo, los radicales sumaron la leyenda «Nunca más» y eso volvió a desatar el rechazo de La Libertad Avanza, que venía de usar ese icónico lema de rechazo al genocidio de la dictadura para adosárselo al kirchnerismo durante la campaña legislativa del año pasado.
En La Plata, en tanto, los bloques de LLA y el PRO avisaron que no asistirán a la sesión especial convocada para el 24 de marzo y que está previsto realizarse en la ex comisaría Quinta, uno de los ex centros clandestinos de detención y tortura.
En Mar del Plata, donde Guillermo Montenegro le entregó el control del Concejo Deliberante a La Libertad Avanza, el concejal libertario Julián Bussetti presentó este martes un proyecto para suprimir la proyección del video «Historias de Abuelas» en todas las actividades convocadas por el Concejo
En este caso, los libertarios acusan al oficialismo local de hacer «uso político» de la fecha. Lo paradójico es que, en las sesiones de años anteriores, no se registraron ausencias.
Cerca del armado de LLA hablan de una estrategia de recrudecimiento del negacionismo que -adelantan- tendrá más expresiones en algunos concejos deliberantes del Conurbano en los próximos días.
Mientras, como contó LPO, en Casa Rosada analizan el indulto a los genocidas. La decisión final no está tomada, pero la orden fue de avanzar en el estudio de los aspectos legales, políticos y comunicacionales. La idea busca correr el foco de la crisis productiva que sufre el país y de paso pelearle el voto militar a Victoria Villarruel.
Actualmente hay 539 represores detenidos de los cuales 454 se encuentran en arresto domiciliario, según la actualización trimestral de las estadísticas producidas por la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad que depende del Ministerio Fiscal.
La apertura de documentos de la Secretaría de Inteligencia del Estado vuelve a exponer el funcionamiento interno de uno de los organismos más oscuros del país. Infiltración, persecución ideológica y burocracia del espionaje: claves para entender el rol de la SIDE en la historia reciente.
Por Alcides Blanco para NLI
El origen de un aparato pensado para vigilar
La reciente desclasificación de archivos de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), difundida a través del portal oficial del Estado argentino, reabre una discusión de fondo sobre el papel que jugó —y en muchos sentidos aún proyecta— el sistema de inteligencia en la vida política del país. Lejos de ser un simple organismo técnico, la SIDE fue, desde su consolidación en la segunda mitad del siglo XX, una herramienta central en la construcción de poder estatal, con capacidad para observar, registrar y clasificar a amplios sectores de la sociedad.
En sus orígenes, la inteligencia estatal se estructuró bajo la influencia de la llamada doctrina de la seguridad nacional, que redefinió el concepto de amenaza. El enemigo dejó de ser exclusivamente externo para convertirse en interno, una categoría amplia y difusa que incluía no solo a organizaciones armadas sino también a militantes políticos, sindicalistas, estudiantes, periodistas e incluso actores culturales. Este cambio no fue menor: implicó que el espionaje dejara de estar orientado a la defensa frente a potencias extranjeras para centrarse en el control de la propia población.
La lógica del enemigo interno y la obsesión anticomunista
Los documentos recientemente publicados confirman con crudeza una característica ya señalada por múltiples investigaciones: la obsesión anticomunista como motor del aparato de inteligencia. La SIDE construyó durante años un mapa ideológico del país en el que prácticamente cualquier actor con capacidad de incidencia podía ser catalogado como sospechoso.
Lo que emerge de estos archivos no es solo la vigilancia sobre organizaciones específicas, sino una lógica mucho más amplia de control social sistemático, donde universidades, sindicatos, medios de comunicación y espacios culturales eran objeto de seguimiento permanente. En ese esquema, la producción de inteligencia no se limitaba a recolectar información, sino que implicaba clasificar, jerarquizar y construir perfiles ideológicos, en una dinámica que preparaba el terreno para la represión.
La amplitud del concepto de “subversión” resulta clave para comprender la magnitud del fenómeno: no se trataba únicamente de combatir a grupos armados, sino de disciplinar a toda una sociedad a partir de la sospecha.
La SIDE durante la dictadura: engranaje del terrorismo de Estado
Durante la última dictadura cívico-militar iniciada en 1976, la SIDE se consolidó como un actor central dentro del aparato represivo. Su función no fue secundaria ni meramente administrativa, sino estratégica: producir la información que permitía identificar objetivos, planificar operativos y coordinar acciones entre distintas fuerzas.
Antes del golpe del 24 de marzo de 1976, el organismo empezó a adecuarse a las tareas clandestinas que se extenderían a gran escala. El 30 de diciembre de 1975, el vicealmirante Aldo Alberto Peyronel –al frente de la SIDE– firmó la resolución secreta 835. Allí disponía que el 1 de febrero de 1976 comenzaría el encubrimiento del personal: toda autoridad debía firmar con nombre de encubrimiento y todos los agentes civiles debían ser mencionados por su nombre de encubrimiento. Quedaba excluido el personal en actividad de las Fuerzas Armadas y de las fuerzas de seguridad.
Las investigaciones del Centro de Estudios Legales y Sociales han demostrado que la inteligencia estatal fue un componente estructural del terrorismo de Estado. La SIDE operaba como un nodo que concentraba datos provenientes de distintas agencias y los redistribuía en función de las necesidades represivas, en un circuito donde la información podía convertirse rápidamente en persecución, secuestro o desaparición.
En ese contexto, la inteligencia no era un paso previo aislado, sino una parte constitutiva del sistema represivo. Sin esa producción sistemática de información, el despliegue de la maquinaria clandestina hubiera sido, en términos operativos, mucho más limitado.
La burocracia del espionaje: cómo funcionaba el control cotidiano
Uno de los aspectos más reveladores de los documentos desclasificados es la dimensión burocrática del espionaje. Lejos de las imágenes espectaculares asociadas al mundo de la inteligencia, lo que aparece es una trama de informes, fichas, seguimientos y registros que dan cuenta de una práctica sostenida en el tiempo.
La SIDE funcionaba a partir de una lógica de acumulación constante de información, alimentada por redes de informantes y por la infiltración en distintos ámbitos sociales. Cada dato, por mínimo que fuera, podía integrarse en un sistema mayor de clasificación, donde las personas eran evaluadas en función de sus vínculos, ideas y actividades.
Este carácter burocrático no le quitaba peligrosidad al sistema; por el contrario, lo hacía más eficaz. La repetición, la sistematicidad y la persistencia en el registro permitían construir perfiles detallados que luego podían ser utilizados por las fuerzas represivas. La inteligencia, en ese sentido, era tanto un archivo como una herramienta activa de persecución.
La larga lucha por abrir los archivos
La publicación de estos documentos es también el resultado de una disputa histórica. Desde el retorno de la democracia, los organismos de derechos humanos reclamaron insistentemente el acceso a los archivos de inteligencia, entendiendo que allí se encontraba una parte esencial de la verdad sobre lo ocurrido durante la dictadura.
Durante décadas, ese acceso fue parcial o directamente negado. Si bien hubo avances, como la desclasificación de documentos militares o la incorporación de archivos provenientes del exterior, los archivos de la SIDE permanecieron como uno de los núcleos más cerrados del Estado.
La apertura actual, aunque significativa, llega entonces como parte de un proceso largo y todavía incompleto. La ausencia de nombres propios en los documentos difundidos y la publicación fragmentaria plantean interrogantes sobre la profundidad real de la desclasificación y sobre cuánto material continúa sin ver la luz.
Memoria, verdad y los límites de la desclasificación
La importancia de estos archivos excede el interés histórico. Su apertura tiene implicancias directas en el proceso de memoria, verdad y justicia, ya que pueden aportar elementos para reconstruir el funcionamiento del aparato represivo y, eventualmente, contribuir a causas judiciales.
Sin embargo, la desclasificación por sí sola no garantiza esos resultados. Los documentos requieren un trabajo de análisis, contextualización y cruce con otras fuentes para transformarse en evidencia útil. De lo contrario, corren el riesgo de quedar atrapados en su propio lenguaje técnico, inaccesibles para la sociedad y limitados en su impacto.
En ese sentido, la discusión no es solo qué se publica, sino cómo se publica y para qué.
Un pasado que sigue interpelando al presente
A casi cincuenta años del golpe de Estado, la apertura de los archivos de la SIDE vuelve a mostrar que el pasado no está cerrado. La historia del espionaje en la Argentina no es simplemente un capítulo archivado, sino una dimensión activa en la comprensión del presente.
La SIDE, como institución, encarna esa continuidad entre secreto, poder y política. Sus archivos, aún incompletos, permiten vislumbrar apenas una parte de su funcionamiento, pero alcanzan para confirmar algo fundamental: que el espionaje interno y la persecución ideológica no fueron desviaciones aisladas, sino prácticas estructurales del Estado.
Lo que queda por delante es, quizás, lo más importante. Porque en esos documentos que todavía no se conocen, en esos nombres que aún no aparecen y en esas historias que siguen sin reconstruirse, se juega una parte decisiva de la memoria colectiva argentina.
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