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 El secretario del Tesoro, Scott Bessent, cosechó este miércoles un nuevo rechazo de Wall Street. Por tercera vez anunció una compra de bonos masiva para bajar la tasa y logró el efecto contrario: la tasa del Treasury a 10 años escaló al 4,83%, su nivel más alto desde 2023.

El récord de deuda, la suba de la inflación y la suba del petróleo están dragando la confianza de Wall Street en el secretario del Tesoro de Trump.

El bono a 30 años volvió a rendir cerca de 5,3%, el mismo nivel que antes de que el Tesoro duplicara las recompras, por eso Bessent anunció este miércoles que las triplicaría, pero lejos de calmar al mercado lo alarmó. Wall Street advierte que las intervenciones no alcanzan para compensar el déficit, la inflación y las crecientes necesidades de financiamiento de Estados Unidos.

Scott Bessent consiguió bajar las tasas de largo plazo de Estados Unidos durante algunos días, pero el mercado terminó borrando prácticamente todo el efecto de la intervención. El rendimiento del bono del Tesoro a 30 años volvió a la zona de 5,27%, el mismo nivel en el que se encontraba antes de que el secretario del Tesoro anunciara la ampliación de las recompras para intentar contener los costos de financiamiento.

El mal momento de Bessent por sus fallidas intervenciones en el mercado complican a Caputo

La desconfianza del mercado es tan grande, que en Estados Unidos ya se habla abiertamente de un default de su deuda, algo impensado: hasta este momento se suponía que los bonos del Tesoro eran el activo más seguro del mundo. Axios, uno de los medios con mejor accesos a la Casa Blanca de Trump, analizó este jueves esa posibilidad.

El bono a 30 años volvió a rendir cerca de 5,3%, el mismo nivel que antes de que el Tesoro duplicara las recompras, por eso Bessent anunció este miércoles que las triplicaría, pero lejos de calmar al mercado lo alarmó. 

Se trata por supuesto de un ejercicio de política ficción basado en el trabajo práctico que hicieron estudiantes de derecho de Virginia, sobre la posibilidad de un default de Estados Unidos de su deuda de 40 trillones, citando antecedentes mundiales como Argentina. La periodista Emily Peck, analizó que tan posible es ese escenario, tendiendo en cuenta la progresiva toma de distancia del mundo financiero de Estados Unidos como último refugio de valor: Holanda acaba de mudar sus reservas de oro de Nueva York a Londres.

Como sea, la nueva ola de ventas volvió a poner en duda la capacidad de Bessent para torcer una tendencia que responde a problemas mucho más profundos que la liquidez del mercado. El Treasury a 10 años, referencia para las hipotecas, los créditos y buena parte del sistema financiero estadounidense, también volvió a ubicarse alrededor de 4,8%, más de 10 puntos básicos por encima de los niveles registrados cuando se conoció la intervención.

El Tesoro había sorprendido a Wall Street al anunciar que desde septiembre elevaría de USD 2.000 millones a USD 4.000 millones el monto máximo de sus operaciones de recompra sobre determinados bonos de largo plazo. El objetivo oficial es mejorar la liquidez y el funcionamiento del mercado, aunque la operación tiene un efecto directo: al aumentar la demanda de Treasuries largos y retirar títulos de circulación, presiona sus precios al alza y sus rendimientos a la baja.

En un primer momento, la estrategia funcionó. El rendimiento a 30 años llegó a caer alrededor de 10 puntos básicos y la decisión llevó alivio a los mercados. Pero el movimiento comenzó a revertirse rápidamente y ahora la tasa volvió prácticamente al punto de partida. La semana llegó incluso a negociarse en torno al 5,29%, nuevamente cerca de los máximos de los últimos 19 años.

El problema para Bessent es que el Tesoro intenta reducir las tasas largas sin modificar sustancialmente la cantidad de deuda que necesita colocar. El funcionario aclaró que la ampliación de las recompras no supone reducir las subastas regulares de bonos de largo plazo. En la práctica, Washington retira títulos por una ventanilla mientras continúa colocando deuda por otra para financiar sus necesidades fiscales.

Esa contradicción comenzó a ser señalada por los grandes jugadores de Wall Street. Mark Cabana, responsable de estrategia de tasas estadounidenses de Bank of America, advirtió que el mercado no consiguió sostener ningún descenso significativo de los rendimientos y señaló que los inversores están exigiendo una compensación cada vez mayor para mantener deuda con vencimientos a varias décadas.

El problema para Bessent es que el Tesoro intenta reducir las tasas largas sin modificar sustancialmente la cantidad de deuda que necesita colocar. El funcionario aclaró que la ampliación de las recompras no supone reducir las subastas regulares de bonos de largo plazo. En la práctica, Washington retira títulos por una ventanilla mientras continúa colocando deuda por otra para financiar sus necesidades fiscales.

Un operador financiero consultado por LPO explicó que Bessent puede intervenir sobre la cantidad de bonos que circulan, pero tiene muchas menos herramientas para modificar las razones por las que el mercado exige una tasa cercana al 5,3% para prestarle a Estados Unidos a 30 años. Las recompras, sostuvo, pueden provocar movimientos importantes en el corto plazo, pero difícilmente consigan sostenerlos mientras el Tesoro siga necesitando colocar grandes volúmenes de deuda.

«Para bajar de manera permanente la tasa larga necesitás que el mercado vea menos inflación, una trayectoria fiscal más creíble o menores necesidades de emisión. Si ninguna de esas variables cambia, cada baja provocada por las recompras termina siendo una oportunidad para que aparezcan vendedores», afirmó el operador. La velocidad con la que desapareció el efecto inicial también muestra que Wall Street está dispuesto a poner a prueba hasta dónde llega la capacidad de intervención del secretario del Tesoro.

Las críticas alcanzaron incluso al círculo cercano de Bessent. Stanley Druckenmiller, para quien trabajó el actual secretario del Tesoro, cuestionó que las recompras excedan el objetivo tradicional de garantizar liquidez y comiencen a parecerse a un intento directo por influir sobre el precio de los bonos. La discusión es especialmente sensible porque esa tarea estuvo históricamente mucho más asociada a la Reserva Federal que al Tesoro.

Bessent rechaza esa lectura y sostiene que no pretende fijar las tasas, sino mejorar el funcionamiento de un mercado que considera distorsionado. Sin embargo, el episodio profundiza el giro intervencionista que viene mostrando desde el año pasado. En octubre de 2025, en plena tensión cambiaria previa a las elecciones legislativas argentinas, el Tesoro estadounidense compró directamente pesos para apuntalar al gobierno de Javier Milei y acompañó la estrategia con un swap por USD 20.000 millones con el Banco Central.

Meses después apareció el antecedente japonés. Washington acompañó a Japón frente a la fuerte depreciación del yen, una cuestión particularmente sensible para Estados Unidos porque el país asiático es uno de los principales tenedores extranjeros de Treasuries. Una intervención japonesa financiada mediante ventas masivas de bonos estadounidenses podía alimentar precisamente el problema que ahora busca contener Bessent: una mayor presión sobre las tasas largas.

La secuencia resulta llamativa: primero el peso argentino, después el yen y finalmente los propios bonos estadounidenses. En los tres episodios aparece la disposición de Bessent a utilizar la capacidad financiera del Tesoro para enfrentar movimientos del mercado considerados inconvenientes por Washington. Pero esta vez el desafío es de otra dimensión: ya no se trata de estabilizar una moneda extranjera sino de modificar el costo al que se financia la principal economía del mundo.

El regreso del bono a 30 años a la zona de 5,3% empieza a exponer los límites de esa estrategia. Las recompras pueden retirar temporalmente oferta, mejorar la liquidez y generar una baja puntual de los rendimientos. Pero mientras Estados Unidos mantenga déficits elevados, necesite colocar enormes cantidades de deuda y los inversores reclamen una prima creciente para financiarlo durante tres décadas, Bessent enfrenta un mercado demasiado grande como para torcerlo únicamente a fuerza de intervenciones.

 

 

El gobierno dio marcha atrás con una desregulación que había celebrado apenas cuatro meses atrás. La Comisión Nacional de Valores (CNV) prohibió el uso de cheques y eCheqs para ingresar y retirar fondos de las cuentas comitentes y dispuso que las transferencias sean la única vía habilitada. 

En el mercado lo leyeron como un cepo reforzado. Pero detrás de la decisión aparece una razón menos doctrinaria: la recaudación del impuesto al cheque se desplomó y Economía decidió cerrar una puerta que había abierto la propia CNV. 

La Resolución General 1166 establece que los fondos que ingresan a una ALyC deben provenir de una cuenta bancaria a la vista del propio cliente o de una CVU vinculada a su CUIT. Para retirar el dinero ocurre lo mismo. La CNV justificó la decisión por la necesidad de garantizar la disponibilidad inmediata, evitar rechazos de cheques y fortalecer los controles frente a «posibles conductas disvaliosas». 

La explicación oficial, sin embargo, deja afuera el elefante de la habitación. En mayo, la CNV había dictado las resoluciones 1139 y 1141, que incorporaron el cheque electrónico y permitieron que los eCheqs circularan sin límites en la cantidad de endosos, siempre que pudiera garantizarse su trazabilidad. La regulación mantenía un máximo de dos pagos por día y cliente, pero no ponía límites a los endosos de los cheques electrónicos que ingresaban al circuito. 

Las tasas cortas ya son negativas en términos reales y vuelve el riesgo de dolarización

Ahí apareció el agujero fiscal. La transmisión de cheques mediante endoso está contemplada entre las operaciones exentas del impuesto sobre los créditos y débitos bancarios. Empresas comenzaron a utilizar eCheqs para fondear sus cuentas en sociedades de Bolsa, colocar esos pesos en instrumentos de muy corto plazo y luego retirarlos mediante transferencia. La secuencia podía completarse en unas 48 horas y permitía evitar el costo del impuesto al cheque. 

El mecanismo creció justo cuando la recaudación comenzó a mostrar números cada vez más raquíticos. En términos reales, los ingresos por el impuesto al cheque cayeron 11% interanual en junio, 6,3% en julio y 9% en agosto. 

En un primer momento, el Gobierno atribuyó el deterioro a la caída de la actividad. Pero un informe de ARCA y el aumento del volumen de endosos pusieron el foco sobre la nueva operatoria. Economía pidió entonces cerrar el grifo. 

La crítica apunta a una contradicción incómoda para un gobierno que hizo de la desregulación una bandera. En mayo habilitó una herramienta que facilitaba el movimiento de fondos por fuera del circuito bancario tradicional y en septiembre la eliminó cuando comprobó su costo fiscal. 

La marcha atrás encendió a las sociedades de Bolsa. Franco Tealdi, managing partner de IEB Córdoba, calificó la decisión como una «HORRIBLE medida» en mayúscula y apuntó además contra el comportamiento de los bancos. «Los bancos ‘retienen por las dudas’ el impuesto a débitos y créditos aún cuando fondeás a ACDI (después tenés que reclamarlo). No hay incentivos para que las PyMes operen en el mercado mediante ALyCs. Inentendible y espero que corrijan», afirmó.  El experto Christian Buteler eligió una ironía más política: «¿Volvió Kicillof?». 

La crítica apunta a una contradicción incómoda para un gobierno que hizo de la desregulación una bandera. En mayo habilitó una herramienta que facilitaba el movimiento de fondos por fuera del circuito bancario tradicional y en septiembre la eliminó cuando comprobó su costo fiscal. 

El torniquete no apareció por una pulsión regulatoria sino porque la alquimia financiera comenzó a perforar una caja que el Tesoro necesita cuidar. Pero existe otra lectura en la City, sintetizada con menos diplomacia por la cuenta conocida como «Pájaro Loco»: «Bien CNV. Los curros que metían las ALyCs con los cheques ya era joda». 

Esa mirada pone el foco sobre el uso de una franquicia pensada para facilitar operaciones del mercado de capitales como vehículo para evitar un impuesto. La exención terminó funcionando en algunos casos como un atajo para administrar tesorería empresaria y no necesariamente para financiar inversión productiva. 

La pelea también es por quién se queda con esos pesos. Los bancos habían cuestionado la operatoria porque las ALyCs les estaban quitando depósitos y parte del negocio de tesorería corporativa. Los fondos que antes permanecían dentro del sistema bancario podían entrar mediante eCheqs al mercado de capitales y terminar estacionados en money markets o cauciones. 

Fuentes del mercado reconocieron a LPO que los bancos venían reclamando contra ese circuito. Con la nueva resolución, buena parte de esos fondos vuelve a pasar obligatoriamente por las cuentas bancarias. 

Por eso la decisión tiene ganadores y perdedores bastante definidos. Las ALyCs pierden una herramienta que se había vuelto atractiva para empresas y pymes. Los bancos recuperan terreno en el manejo de la liquidez corporativa. Y el Estado procura recuperar recaudación obligando a que los movimientos vuelvan a transitar por un canal alcanzado por el impuesto a los débitos y créditos. La medida golpea especialmente a las pymes que utilizaban cheques como parte habitual de su circuito comercial.