Hoy jueves, Maddison será el escenario de GastroArte, la propuesta de las Direcciones de Cultura y de Turismo que tiene como objetivo revalorizar e impulsar a los artistas y emprendimientos gastronómicos locales.
En esta ocasión, la cita será a las 21,30 horas con la presencia de DJ Matías Le Music y Camila Tapia en ‘Entre Charlas’.
El menú será bondiola braseada con puré de zapallo y manzanas y pera flambeada con helado y frutos rojos.
A una semana del traspaso, las rutas privatizadas por Luis Caputo ya registran aumentos en las tarifas de peaje cercanas al 20%. Eso, luego de los despidos masivos que el Gobierno aplicó en los corredores días antes de entregarlos a las empresas.
Corresur, el consorcio integrado por las firmas Concret Nor, Marcalba, Pose y Coarco que se quedó con el control de las rutas 3, 205, 226 y la autopista Ricchieri, anunció un incremento del 19,14% en los peajes de la 226 que se suma al aumento del 16% que la estatal Corredores Viales había aplicado meses atrás.
En paralelo, el consorcio privado que tendrá el control de estas rutas durante los próximos 20 años planteó obras menores y de mantenimiento para el corto plazo, confirmando las alertas que entidades de usuarios viales habían lanzado sobre la ausencia de inversiones de magnitud en los pliegos de concesión.
Concretamente, se especificaron tareas como reparación de banquinas, sellado de fisuras y el reemplazo de elementos de seguridad vial dañados, además de trabajos puntuales sobre tramos de las rutas 3 y 226.
Como contó LPO, el Gobierno avanzó en despidos masivos de trabajadores de peajes de esa ruta, días antes de hacer el traspaso a Corresur, que ya anunció que las estaciones operarán sin pago en efectivo y, por ende, el cobro será por medios electrónicos y automáticos.
Además de los 120 trabajadores que se desempeñaban en el tramo de la Ruta Nacional 226 que tiene como epicentro el peaje de Hinojo, en Olavarría, la estatal Corredores Viales echó a 45 empleados del peaje El Dorado, entre Balcarce y Mar del Plata y a otros 35 del peaje La Vasconia entre Tandil y Balcarce.
Mientras, Caputo acelera con la concesión de otro paquete de rutas nacionales. Esta semana se realizó la apertura del segundo sobre de ofertas económicas de la licitación de la Etapa II-B de la Red Federal de Concesiones.
Esa etapa incluye más de 2.500 kilómetros de rutas nacionales distribuidos en los Tramos Mediterráneo, Puntano, Portuario Sur y Portuario Norte. En esta instancia se presentaron 13 oferentes y 31 ofertas.
«Vialidad Nacional será el organismo encargado de supervisar el cumplimiento de los contratos mediante un esquema de control por resultados», señalaron en Economía, donde autorizaron que Corresur aplique un aumento del 19% en peajes a seis días de tomar el control.
En el Gobierno definen a la Red Federal de Concesiones como un nuevo modelo que «se desarrollará sin subsidios del sector público». No obstante, ya en su primer tramo concesionado, Nación lanzó créditos multimillonarios del BICE, el banco que controla Economía, para que las empresas que ganen las concesiones financien las obras.
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El gobierno de Estados Unidos oficializó este miércoles la aplicación de un arancel adicional del 25% sobre una amplia gama de productos importados desde Brasil, luego de concluir la investigación comercial iniciada bajo la Sección 301 de la legislación estadounidense.
La medida, que entrará en vigor el 22 de julio, representa un nuevo capítulo en el creciente conflicto entre Washington y el gobierno de Lula en Brasil.
La decisión fue adoptada tras varios meses de investigación por parte de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), que acusó a Brasil de mantener prácticas comerciales consideradas discriminatorias para las empresas estadounidenses.
Entre los principales cuestionamientos figuran el funcionamiento del sistema de pagos instantáneos Pix, las políticas aplicadas al mercado del etanol, regulaciones sobre comercio digital y aspectos vinculados con la propiedad intelectual.
Para la administración Trump, estas políticas generan ventajas indebidas para empresas brasileñas y restringen la competencia de compañías estadounidenses. Brasil, en cambio, rechaza las acusaciones y sostiene que se trata de medidas soberanas compatibles con las normas internacionales.
A pesar de las negociaciones diplomáticas impulsadas por el gobierno brasileño y de la presión ejercida por empresas de ambos países para evitar una escalada comercial, Washington decidió mantener el gravamen del 25%.
Sin embargo, la medida incluye una extensa lista de excepciones. Más de 2.100 productos quedaron excluidos del nuevo arancel, entre ellos varios de los principales bienes exportados por Brasil hacia el mercado estadounidense, como la carne bovina, el café, el jugo de naranja, la celulosa, aeronaves y componentes aeronáuticos, además de otros productos agrícolas e industriales considerados estratégicos.
Entre los principales cuestionamientos figuran el funcionamiento del sistema de pagos instantáneos Pix, las políticas aplicadas al mercado del etanol, regulaciones sobre comercio digital y aspectos vinculados con la propiedad intelectual
La inclusión de estas exenciones busca reducir el impacto sobre las cadenas de suministro estadounidenses y evitar aumentos de costos para industrias que dependen de insumos provenientes de Brasil. Desde Brasilia, el gobierno de Lula respondió que utilizará la Ley de Reciprocidad Comercial para evaluar posibles medidas contra Estados Unidos y no descarta presentar una demanda ante la Organización Mundial del Comercio (OMC).
El gobierno brasileño sostiene que las acusaciones carecen de fundamento y recuerda que, históricamente, Estados Unidos ha registrado superávit comercial en su intercambio con Brasil, por lo que rechaza el argumento de prácticas desleales.
Desde Washington, informó Folha de San Pablo, funcionarios de la administración Trump afirmaron que Brasil no mostró voluntad de negociar «de buena fe», mientras que el oficialismo brasileño interpreta el aumento de aranceles como una herramienta de presión política y económica.
El nuevo esquema arancelario añade incertidumbre al comercio bilateral entre las dos mayores economías del continente y abre la puerta a una posible escalada de represalias comerciales en las próximas semanas.
Aunque las excepciones limitan el impacto inmediato sobre algunos sectores clave, la medida incrementa la tensión entre ambos gobiernos en un contexto de creciente competencia económica y diferencias políticas.
La decisión llega en plena campaña para las elecciones presidenciales brasileñas y profundiza el deterioro de la relación entre Trump y Lula. De todas formas, en el entorno del líder del PT creen que esto potencia su candidatura y perjudica a Flavio Bolsonaro por mostrarse cercano a las políticas de Estados Unidos.
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