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La discusión sobre el empleo argentino ya no puede reducirse a saber cuántas personas tienen trabajo. El desempleo convive con informalidad, subocupación, pluriempleo y nuevas formas de contratación, mientras la reforma laboral de 2026 modificó reglas centrales de la relación entre trabajadores y empleadores. Los números oficiales permiten dimensionar el fenómeno, pero la sociología ayuda a entender qué ocurre cuando la incertidumbre laboral deja de ser una excepción y empieza a convertirse en una experiencia cotidiana.

Por Tomás Palazzo para NLI

Hay una escena que se repite cada vez con mayor frecuencia en la Argentina: una persona que trabaja, pero busca otro trabajo. Un empleado que conserva su puesto, aunque empezó a hacer repartos por la noche. Una profesional que se convirtió en monotributista para realizar tareas que antes hacía bajo relación de dependencia. Un trabajador que acepta una ocupación informal porque necesita ingresos inmediatos y otro que acumula varias actividades porque ninguna de ellas, por separado, alcanza para pagar el alquiler, los alimentos y los servicios. Todos están ocupados. Pero no necesariamente todos tienen un empleo que permita construir una vida alrededor del trabajo.

Ese es uno de los principales problemas que aparecen cuando se mira el mercado laboral exclusivamente a través de la tasa de desempleo. El INDEC informó que en el primer trimestre de 2026 la desocupación alcanzó el 7,8%, mientras que la tasa de empleo fue del 44,8%, la de actividad del 48,6% y la subocupación llegó al 11,1%. Es decir, hay una porción significativa de personas que trabajan menos horas de las que desean y necesitan. La propia estadística oficial incorporó además, desde 2025, una medición específica de la informalidad laboral, reconociendo que el dato sobre cuántas personas tienen o no una ocupación no alcanza para describir la estructura del mercado.

La fotografía se vuelve todavía más compleja cuando se incorpora la calidad de esos puestos. Según una medición elaborada por el investigador del CONICET Jorge Paz, utilizando una definición amplia que incluye tanto asalariados no registrados como trabajadores independientes de baja calificación, la informalidad alcanzaba aproximadamente al 49% de los trabajadores. La estimación no es idéntica a la medición estadística oficial —y es importante no mezclar metodologías—, pero permite comprender la magnitud del fenómeno desde otra perspectiva.

La pregunta que queda flotando es incómoda: ¿qué significa exactamente estar empleado en la Argentina de 2026?

La sociología de un trabajador que nunca termina de llegar

El sociólogo francés Robert Castel utilizó hace décadas una idea que resulta particularmente útil para pensar el presente: el trabajo no es solamente una fuente de ingresos, sino también uno de los principales mecanismos de integración social. El empleo estable permite construir vínculos, acceder a derechos, proyectar una familia, organizar el tiempo y establecer una relación relativamente previsible con el futuro. Cuando esa estabilidad se erosiona, no desaparece solamente una parte del salario: se debilita también una estructura social.

La investigación argentina sobre mercado laboral viene señalando precisamente esa dimensión. Estudios del CONICET sobre informalidad, precariedad y segmentación laboral advierten que la inseguridad ocupacional no se distribuye al azar y que la calidad del empleo tiene consecuencias directas sobre las posibilidades de caer o permanecer en la pobreza. Una investigación de Jésica Pla, Santiago Poy y Agustín Salvia encontró que la clase ocupacional y la calidad del empleo mantienen efectos persistentes sobre la probabilidad de experimentar pobreza, mientras que la inseguridad laboral atraviesa distintos grupos sociales.

Esto permite comprender por qué la precarización tiene una dimensión sociológica que no aparece inmediatamente en una planilla de estadísticas. Cuando una persona no sabe cuánto va a ganar el mes próximo, cuándo terminará su contrato, si podrá mantener sus horas de trabajo o si deberá aceptar una segunda ocupación, cambia su relación con el futuro. La incertidumbre se incorpora a la vida cotidiana.

Y cuando esa incertidumbre se vuelve colectiva, también modifica comportamientos sociales. Se posterga la compra de una vivienda, se demora la decisión de tener hijos, se reemplaza el consumo duradero por gastos inmediatos, se prolonga la convivencia con los padres, se abandona una actividad educativa para conseguir ingresos o se aceptan trabajos por debajo de la calificación profesional. No hace falta que todos esos fenómenos aparezcan juntos para que exista un cambio estructural: alcanza con que una parte creciente de la población deje de sentir que el trabajo constituye una plataforma segura para proyectarse.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) plantea precisamente que la informalidad no debe analizarse solamente como ausencia de registro, sino en relación con derechos, productividad, protección social y oportunidades de desarrollo. En su actualización conceptual publicada en 2025, la organización advierte que las formas contemporáneas de informalidad son diversas y requieren políticas de transición hacia la formalidad que garanticen trabajo decente.

La cuestión, entonces, no es únicamente cuántos argentinos están «en negro». Es qué tipo de ciudadanía social produce una economía donde una parte importante de sus trabajadores carece de las protecciones asociadas al empleo formal.

La reforma laboral y el nuevo mapa de derechos

Aquí aparece el costado jurídico, que tampoco puede separarse de la discusión económica. La Constitución Nacional, en su artículo 14 bis, establece que el trabajo «en sus diversas formas» debe gozar de protección legal y menciona expresamente condiciones dignas y equitativas, jornada limitada, descanso, vacaciones pagas, retribución justa y protección contra el despido arbitrario. No se trata de una declaración decorativa: constituye el marco constitucional dentro del cual deben interpretarse las leyes laborales.

Pero en 2026 ese marco comenzó a convivir con una modificación importante de la legislación ordinaria. La Ley 27.802 de Modernización Laboral, sancionada en febrero y publicada en marzo, introdujo cambios en la Ley de Contrato de Trabajo y en distintos regímenes laborales. Entre otras cuestiones, modificó el esquema de cálculo de la indemnización por despido, estableció nuevas reglas sobre determinados componentes remunerativos y habilitó que mediante convenios colectivos pueda sustituirse el régimen indemnizatorio por un fondo o sistema de cese laboral financiado por el empleador.

También creó los Fondos de Asistencia Laboral (FAL), destinados a colaborar con el cumplimiento de determinadas obligaciones e indemnizaciones laborales. Y la reforma estableció un régimen específico para los prestadores independientes de plataformas tecnológicas de movilidad y reparto, definiéndolos jurídicamente como independientes y fijando determinados derechos sin que estos constituyan, por sí mismos, indicios de una relación de dependencia.

Esto último resulta especialmente relevante desde una perspectiva sociológica. Una parte del nuevo mundo laboral se está construyendo alrededor de trabajadores que no encajan cómodamente en la vieja división entre empleado y trabajador autónomo. El repartidor que se conecta cuando quiere puede ser presentado como un emprendedor independiente; pero si su ingreso depende de una plataforma, de sus algoritmos, de las tarifas que esta determina y de una demanda que no controla, la discusión sobre dónde termina la autonomía y dónde comienza la subordinación seguirá abierta.

Especialistas en derecho laboral que analizaron la nueva legislación han señalado precisamente que la reforma modifica cuestiones sensibles como el período de prueba, las jornadas y el llamado banco de horas, el cálculo indemnizatorio, los fondos de cese, las plataformas y la presunción de laboralidad.

El Gobierno puede sostener que estas modificaciones buscan reducir la litigiosidad, facilitar contrataciones y generar mayor previsibilidad para las empresas. Esa es una hipótesis económica legítima que deberá contrastarse con los resultados. Pero también existe una pregunta jurídica y social diferente: ¿cuánto puede flexibilizarse una relación laboral antes de que la flexibilidad deje de funcionar como instrumento para generar empleo y empiece a trasladar sistemáticamente el riesgo económico hacia quien trabaja?

No existe una respuesta automática. Y justamente por eso no alcanza con decir que una reforma es «pro trabajador» o «anti trabajador». Hay que mirar qué derechos cambia, qué obligaciones modifica, qué incentivos genera y, sobre todo, qué ocurre después con el empleo real.

El dato que falta: no solamente cuánto empleo hay, sino qué empleo estamos construyendo

Existe además una paradoja que atraviesa la historia argentina reciente. La informalidad no nació con Milei y sería incorrecto presentarla como una creación de su Gobierno. La Argentina arrastra desde hace décadas un mercado laboral profundamente segmentado. Investigaciones de la OIT ya habían documentado la coexistencia de empleo asalariado informal, trabajo independiente de subsistencia y modalidades atípicas incluso durante períodos en los que la ocupación y los salarios mejoraban.

Pero reconocer ese problema estructural no significa que todos los gobiernos produzcan los mismos resultados. Las políticas económicas pueden favorecer determinados sectores, destruir otros, modificar los incentivos para contratar formalmente y cambiar la relación entre salarios, productividad y empleo. De acuerdo con datos recopilados recientemente, desde diciembre de 2023 hasta abril de 2026 se habían perdido cerca de 400.000 puestos asalariados formales, según registros del Ministerio de Capital Humano citados por El País: alrededor de 250.000 correspondían al sector privado, 130.000 al público y 17.400 al régimen de casas particulares.

Ese número tampoco puede interpretarse aisladamente como prueba de que cada puesto perdido se convirtió automáticamente en empleo informal. Una parte de las personas puede haber salido de la fuerza laboral, otra puede haber quedado desempleada y otra puede haberse desplazado hacia actividades independientes. Precisamente por eso las estadísticas laborales deben leerse como un conjunto y no como titulares separados.

La cuestión central aparece cuando se cruzan todos esos indicadores: desocupación, subocupación, informalidad, empleo registrado, salarios y horas trabajadas. Allí comienza a verse una economía en la que tener trabajo no garantiza necesariamente estabilidad y en la que conseguir ingresos puede requerir acumular ocupaciones.

La propia OIT insiste en que la transición hacia la formalidad requiere políticas integrales y no solamente cambios normativos. En Argentina, su trabajo reciente sobre sectores como construcción, textil y trabajo doméstico pone el foco justamente en las barreras concretas que impiden formalizar empleo y en la necesidad de combinar regulación, incentivos, productividad y protección social.

Por eso la pregunta más importante para la Argentina de los próximos años no debería ser solamente cuántos puestos de trabajo crea la economía, sino qué clase de puestos está generando.

Porque una sociedad puede mostrar una tasa de desempleo relativamente contenida y, al mismo tiempo, tener cientos de miles de personas que trabajan sin estabilidad, sin protección suficiente, con ingresos insuficientes o con la necesidad de sumar una segunda ocupación para completar el mes.

El trabajo sigue estando. Lo que está cambiando es aquello que el trabajo permite construir.

Y esa diferencia es mucho más profunda que una cifra de desempleo. Es una transformación en la relación entre economía y sociedad, entre trabajador y empresa, entre presente y futuro. También es una discusión sobre el sentido mismo del derecho laboral: si su función consiste simplemente en ordenar contratos entre partes formalmente iguales o si, como reconoce la Constitución, debe intervenir para equilibrar una relación en la que el poder económico de las partes nunca fue exactamente simétrico.

La respuesta no se encuentra solamente en una ley ni en una estadística. Se va a ver en la vida concreta de quienes trabajan.

 

 

Durante décadas, Buenos Aires convivió con una idea que hoy parece salida de una novela de ciencia ficción: construir una enorme red subterránea capaz de trasladar personas, vehículos, servicios y hasta actividades comerciales por debajo de la ciudad. El proyecto nunca llegó a concretarse, pero sus planos permiten descubrir otra Buenos Aires posible, una ciudad pensada para crecer hacia abajo cuando el tránsito y la expansión urbana recién comenzaban a convertirse en un problema.

Por Redacción de NLI

Hay ciudades que se expanden hacia arriba y otras que lo hacen hacia afuera. Buenos Aires, en cambio, comenzó muy temprano a imaginar una tercera posibilidad: crecer hacia abajo. Mucho antes de que los grandes túneles urbanos se convirtieran en una solución habitual para el tránsito de las metrópolis, ingenieros y urbanistas argentinos elaboraron proyectos para construir enormes corredores subterráneos debajo de la capital. Algunos buscaban aliviar el tránsito, otros reorganizar el transporte y hubo incluso propuestas que imaginaban verdaderas ciudades bajo la ciudad. La mayoría quedó en planos, pero esos proyectos revelan hasta qué punto Buenos Aires fue, durante buena parte del siglo XX, un laboratorio de ideas urbanísticas.

Una ciudad que empezó a quedarse sin espacio

A comienzos del siglo XX, Buenos Aires estaba viviendo una transformación extraordinaria. La llegada masiva de inmigrantes, el crecimiento industrial, la expansión de los barrios y el aumento constante de automóviles y tranvías estaban modificando una ciudad que había sido diseñada para una escala completamente diferente.

El problema no era solamente la cantidad de habitantes. También comenzaba a cambiar la velocidad con la que las personas se desplazaban. Las calles que habían servido para carruajes debían soportar tranvías eléctricos, automóviles, camiones, bicicletas y peatones. La congestión empezó a convertirse en una preocupación permanente y aparecieron propuestas cada vez más ambiciosas para reorganizar el tránsito.

En ese contexto, el subterráneo adquirió una importancia estratégica. Buenos Aires había inaugurado en 1913 la primera línea de subterráneos de América Latina, un acontecimiento que colocó a la ciudad a la vanguardia regional. Pero los planificadores entendieron rápidamente que una sola red no alcanzaría para resolver todos los problemas de movilidad que aparecerían con el crecimiento urbano.

El subsuelo comenzó entonces a ser visto como un territorio disponible.

No era una idea completamente descabellada. Las grandes ciudades europeas ya construían túneles ferroviarios y metropolitanos, mientras Nueva York y otras ciudades estadounidenses desarrollaban sistemas subterráneos de enormes dimensiones. La pregunta era qué podía hacer Buenos Aires con ese espacio invisible que se encontraba debajo de sus calles.

Los proyectos que imaginaban otra Buenos Aires

Durante el siglo XX surgieron numerosos proyectos para ampliar las redes subterráneas y construir túneles destinados a distintos usos. Algunos proponían líneas ferroviarias, otros corredores para automóviles y otros buscaban separar completamente el tránsito rápido de la circulación superficial.

La idea central era sencilla: si la superficie estaba saturada, había que liberar espacio trasladando parte de las actividades hacia abajo.

Uno de los aspectos más interesantes de esos proyectos era que no siempre se pensaba en túneles exclusivamente como vías de transporte. Algunos urbanistas imaginaban que el subsuelo podía albergar estacionamientos, depósitos, centros de distribución, instalaciones técnicas y servicios urbanos. En determinados planes aparecía una concepción mucho más radical: una ciudad organizada en diferentes niveles, donde cada capa tendría una función específica.

La superficie quedaría reservada principalmente para peatones, espacios verdes y actividades urbanas, mientras los vehículos y determinados servicios circularían por debajo.

La idea tenía un atractivo evidente. Permitía conservar el trazado histórico de las calles sin necesidad de demoler edificios enteros para construir grandes autopistas. También prometía reducir el ruido y la contaminación en determinadas zonas y liberar terrenos muy valiosos del centro porteño.

Pero había un problema gigantesco: el costo.

Construir túneles debajo de una ciudad consolidada significaba enfrentarse a redes de agua, cloacas, electricidad, gas, líneas ferroviarias, cimientos de edificios y una enorme cantidad de infraestructura que ya existía bajo tierra. Cada excavación podía convertirse en una obra de ingeniería de enorme complejidad.

A eso se sumaba otra dificultad: Buenos Aires está asentada sobre terrenos cuya composición y presencia de agua subterránea hacen especialmente exigentes determinados trabajos de excavación.

La ciudad que finalmente eligió otra dirección

Con el paso de las décadas, Buenos Aires fue resolviendo sus problemas de movilidad mediante una combinación de alternativas: ampliación de avenidas, construcción de autopistas, extensión del subterráneo, incorporación de ferrocarriles metropolitanos y desarrollo de nuevas modalidades de transporte público.

Algunos proyectos subterráneos llegaron a convertirse en obras concretas. Otros quedaron archivados y reaparecieron décadas después bajo nuevos nombres. Cada generación de urbanistas volvió a imaginar, de alguna manera, cómo reorganizar una ciudad que nunca dejó de crecer.

Pero aquellos viejos proyectos tienen hoy un valor que supera la curiosidad arquitectónica. Permiten observar cómo cada época imagina su propio futuro.

Los urbanistas de mediados del siglo XX veían el automóvil como símbolo del progreso y pensaban en corredores capaces de permitir que millones de vehículos atravesaran la ciudad con mayor velocidad. Décadas después, el problema comenzó a plantearse de manera diferente: transporte público, movilidad sustentable, bicicletas, espacios verdes y reducción del uso del automóvil volvieron a ocupar el centro del debate.

La ciudad soñada cambió porque también cambió la idea de progreso.

Y ahí aparece la parte más fascinante de esta historia. Los proyectos que nunca fueron construidos también forman parte de la historia urbana. Un plano guardado en un archivo puede revelar tanto sobre una sociedad como una obra terminada: muestra qué problemas preocupaban a sus dirigentes, qué tecnologías consideraban posibles y qué modelo de ciudad imaginaban para las generaciones futuras.

Buenos Aires no terminó convertida en una ciudad subterránea. Pero debajo de sus calles existe todavía una infraestructura enorme que demuestra que aquella intuición no era completamente equivocada. Túneles ferroviarios, líneas de subterráneo, galerías técnicas, estacionamientos y redes de servicios forman una segunda ciudad invisible que funciona todos los días mientras millones de personas caminan sobre ella sin verla.

Quizás la verdadera ciudad subterránea nunca haya sido construida porque, en realidad, Buenos Aires ya tiene una. Solo que no es la ciudad futurista que imaginaron aquellos viejos proyectos, sino una compleja red de infraestructura que sostiene silenciosamente la vida cotidiana de la superficie.

Y cada vez que un tren entra en un túnel, un subte atraviesa una estación o una red de servicios permite que un edificio siga funcionando, aquella vieja idea vuelve a aparecer, aunque ya nadie la vea.