El Consejo de Administración de la Fundación Miradas…por una pedagogía en y para la diversidad (pers. Jurídica Nro. 3286) y el organizador comunican que debido a la situación (hecho fortuito y extraordinario) de pandemia mundial por Covid 19 y actuando en consonancia con las medidas sanitarias adoptadas por el gobierno nacional por el decreto (DNI) Nro. 297 de 2020 y las sucesivas ampliaciones que extienden la cuarentena y el aislamiento. (Aspo). Decretos al que el gobierno de la provincia de Río Negro y el municipio de Villa Regina han adherido; informa que ha reprogramado para el día 18 de abril de 2021 el Bingo Solidario a beneficio de nuestra Fundación previsto originalmente para el día 19 de abril de 2020 habiendo tenido que suspenderlo ajustándonos a los respectivos decretos nacionales y provinciales. A efectos de clarificar la situación a las personas que colaboraron con la compra de cartones de bingo se fija la fecha antes mencionada para la realización de este.
Muchas gracias por su comprensión. Consejo de Administración Fundación Miradas.
A seis meses de iniciada la concesión del estadio mundialista José María Minella de Mar del Plata, la empresa controlante, Minella Stadium, no avanzó con ninguna de las obras significativas previstas en el pliego. Por eso, en la oposición proliferan los pedidos de informes reclamando respuestas que aún no llegan de la gestión local.
Eso, en medio de escándalos de corrupción e investigaciones de negociados que salpican a la compañía que, como única oferente, ganó la licitación promovida por la gestión municipal al mando de Guillermo Montenegro el año pasado.
La socia mayoritaria de Minella Stadium, la brasileña Revee, tiene a su grupo controlante, REAG investigado en el «Caso Banco Master», catalogado como el mayor fraude bancario en la historia de Brasil.
Por eso, el 15 de enero pasado el Banco Central de Brasil ordenó la liquidación de REAG. Un día antes, el titular de REAG, João Carlos Mansur, renunció como presidente del Consejo de Administración de Revee.
Con la salida de Mansur, Revee buscó desprenderse del escándalo y garantizó que sus proyectos siguen en pie. Pero sus acciones se derrumbaron desde revelado el Caso Banco Master, en noviembre pasado, pocos días después de firmarse el contrato de concesión del Minella, que hoy sigue presentando el mismo estado de deterioro que motivó su entrega a privados.
La socia mayoritaria de Minella Stadium, la brasileña Revee, tiene a su grupo controlante, REAG investigado en el «Caso Banco Master», catalogado como el mayor fraude bancario en la historia de Brasil.
En paralelo, el proceso de licitación para concesionar el estadio mundialista también fue vinculado con la causa Sur Finanzas relativa a lavado de activos. Por ese caso, se hicieron allanamientos en oficinas municipales por las que la oposición pidió detalles.
Sin embargo, la mayoría oficialista en el Concejo mandó al archivo el proyecto del bloque Acción Marplatense/MDF relativos a los allanamientos.
«La licitación del estadio solo es un allanamiento, citaciones a declarar y una investigación penal que no sabemos como va a terminar», dijo por aquel entonces el concejal Gustavo Pulti y acusó: «El Mundialista fue entregado a cambio de nada».
En Mar del Plata advierten que los escándalos nacionales e internacionales que tocan a la empresa quemaron los planes originales de financiamiento de Minella Stadium que, al momento, solo colocó algunos metros de alambrado a pesar de facturar por una serie de recitales en el polideportivo.
Días atrás, el bloque de Unión por la Patria presentó un nuevo pedido de informes con relación a la concesión, pero por lo pronto no existe información alguna por parte del municipio, hoy a cargo del interino Agustín Neme.
En el ámbito político marplatense hay quienes no dudan que los escándalos nacionales e internacionales que tocan a la empresa quemaron los planes originales de financiamiento de Minella Stadium que, al momento, solo colocó algunos metros de alambrado a pesar de facturar por una serie de recitales en el polideportivo.
Render con las obras previstas por Minella Stadium. En seis meses, solo pusieron unos metros de alambres.
Fuentes al tanto del tema, hablan de sondeos desesperados de inversores chinos. Sin embargo, voces conocedoras del rubro ven muy poco factible esa alternativa.
Es que, al momento de hacer cuentas, ven que, para amortizar una inversión del orden de los 20 millones de dólares, es necesario un masterplan de eventos, recitales y competencias deportivas que no se ajusta a la dinámica y el caudal de espectadores que históricamente brindó Mar del Plata.
Frente a eso, también surgen interrogantes sobre el proceso licitatorio en sí. En la oposición hablan de una licitación «a medida» de Revee. Como sea, también se cuestiona al municipio por no facilitar el texto del contrato entre la empresa Minella Stadium y la Municipalidad.
«Ese contrato de concesión es el que estipula todas las obligaciones de las partes, lo reclamamos varias veces en el Concejo Deliberante y no lo muestran. Es un contrato que debería ser público, teniendo en cuenta que es la concesión más grande de la historia de Mar del Plata», dijo a LPO el concejal de AM/MDF Horacio Taccone. «Si no lo quieren mostrar es porque algo están ocultando. Es grave», alertó.
Por estos días, en Mar del Plata el debate por el Minella se cruza con la pelea entre el municipio y la Provincia por el control de Punta Mogotes. Este lunes, el gobierno de Axel Kicillof anunció que haría el traspaso de ese balneario a la comuna, una vez que se efectúe la licitación para su renovación.
La gestión municipal, que había abierto una instancia judicial por este tema, rechazó ese plan de la Provincia.
Cerca del axelista Pulti advierten que la propuesta del gobierno de Kicillof le daría el control al municipio más rápido que por la vía judicial que inició Montenegro. Por eso, en el proceder de la gestión PRO ven la intención de hacer con Punta Mogotes lo mismo que con el estadio mundialista, otorgarlo en concesión a privados.
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Una nueva reforma penal que presenta Maximiliano Pullaro para acrecentar atribuciones en la lucha contra el delito puso en estado de alarma a organizaciones de abogados y a magistrados santafesinos. Para los críticos las enmiendas propuestas son graves porque prescinden de la figura del juez, le da facultades ampliadas a la policía para interrogatorios sin comunicación a un fiscal ni a defensor, avanzan sobre garantías en casos de allanamientos o intervención en comunicaciones privadas,
Pullaro parte de la idea de que hay que avanzar con medidas de restricción de garantías frente a la vigencia de un contexto de amenazas provenientes de actores criminales complejos. Por eso postula un segundo paquete de cambios al Código Procesal Penal que su gestión ya impulsó, con aval legislativo mayoritario, al asumir. Solamente que esta vez los cambios son tan duros en algunos casos que provocan una conmoción clara en ámbitos académicos del Derecho, en el campo de los jueces, de defensores penales y hasta de fiscalías.
La reforma busca reponer la figura de la declaración informativa y el interrogatorio policial inicial, algo que no existe desde el cambio al sistema acusatorio en 2014 en Santa Fe, y elimina la presencia del defensor como condición ineludible para la declaración del imputado.
Esto es una práctica que hace 40 años, en 1985, penalistas de Rosario como Héctor Superti, que fue ministro de Justicia de Hermes Binner, Daniel Erbetta, hoy miembro de la Corte Suprema de Santa Fe, o Ramón Ríos, docente de ambos y ex camarista penal, cuestionaban abiertamente a dos años de la recuperación democrática, por considerar metodologías distintivas de la dictadura.
El cambio propuesto también incluye el allanamiento automático por secuestro de armas en vía pública, sin orden judicial, bajo la idea de que la espera de una autorización de juez implica demoras que dan lugar a ocultamientos y posible pérdida de la evidencia.
Otro planteo buscado por el equipo jurídico de Pullaro es que se incorpore un procedimiento por decreto, sin participación del juez, para dictar resoluciones por contravenciones o delitos de bajo impacto, donde un magistrado sí puede revisar a pedido del condenado la sentencia.
Los puntos aludidos provocan una reacción todavía muy inicial pero ya muy expresiva. «Espantoso», «cruel», «inconstitucional», «regresión premoderna», son las referencias más reiteradas ya en el seno de entidades que agrupan jueces, abogados penalistas y docentes de Derecho Penal. Los objetores indican que es además una reforma que abre puertas a la corrupción policial.
El Ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni.
«Es fácil imaginarse lo que puede pasar si un policía encuentra o planta un arma, y luego queda facultado para allanar un domicilio a 40 cuadras de ahí. ¿Qué juez puede validar eso?», le dijo a LPO un magistrado de Rosario que se declara perplejo por la temeridad que atribuye a la reforma. «Un retroceso de treinta años. Esto va más atrás del sistema de jueces de instrucción porque con sistema escrito ya no regía», añadió otro juez a este medio.
Magistrados de muy diversas tendencias plantean una inquietud coincidente. «Nos preocupa este proyecto de reforma y esperamos un escenario de diálogo con los actores del campo político», le dijo a LPO el camarista penal Gustavo Salvador, presidente del Colegio de Jueces de Rosario.
José Nanni, presidente de la asociación de abogados penalistas de Rosario, dice que cuando recibió la declaración que el gobierno remitió este viernes a la Legislatura pensó que era una broma. «Lo que abre esta reforma es muy grave y autoritario. Tiene la lógica del discurso penal del enemigo y aniquila principios básicos de nuestro enjuiciamiento penal. Hay artículos muy peligrosos como los que habilitan inteligencia preventiva sin comunicación al juez. En general se piensa que es no importa si es contra Los Monos o Esteban Alvarado. Pero esta herramienta le abre la puerta a actos de espionaje que después van contra abogados, políticos, periodistas, empresarios. Todos sabemos bien cómo funciona», dijo a LPO.
Con esto último, el abogado alude a otro de los cambios solicitados por el gobierno a la Legislatura. Según el texto, consiste en incorporar expresamente las actividades de espionaje digital y electrónico al repertorio de fuentes del sistema de inteligencia. «La medida pretende fortalecer las capacidades estatales anticipatorias en la lucha contra el crimen organizado y la protección de la seguridad colectiva, aplicando las herramientas tecnológicas disponibles y sujetándolas a las correspondientes autorizaciones judiciales», según la fundamentación del proyecto.
Lo que creen variados defensores e inclusos jueces es que esto habilitará la penetración sin garantías sobre correspondencia o intercambios de mensajes privados.
El mensaje legislativo del gobernador apunta a imponer el juicio penal en rebeldía, que implica en la idea de los impulsores en que no hay violación del derecho de defensa si la persona es notificada de la causa en su contra, y que si el implicado no comparece debe asumir las consecuencias de su decisión.
En el gobierno sostienen que la marcada baja en los índices de violencia que distinguían a Rosario hasta 2023 precisa ser resguardada con herramientas normativas que además implique no solamente contener el delito en la calle, sino con un régimen agravado para los reclusos que ordenan delitos desde la cárcel, para lo cual busca habilitar medidas de aislamiento extremo y suspender privilegios de visita física, garantizando el contacto familiar por medio de correspondencia por carta, sujeta a fiscalización.
Pullaro considera haber construido un activo en su política de seguridad, que tiene una fuerte apelación contra el delito, y procura reforzarla, lo que es un capital para la búsqueda de adhesiones. Al iniciar su mandato ya logró una reforma procesal penal. Ya entonces se habilitaron facultades policiales y de fiscales más plenas, se concedieron allanamientos excepcionales en casos de delitos flagrantes y se prolongaron hasta 30 días los plazos para presentar un detenido en una audiencia ante un juez.
En ese momento, en un marco crítico sobre todo en Rosario, con homicidios que habían rozado las 300 muertes en 2022, la aprobación legislativa de estas medidas excepcionales no encontró resistencia ni los planteos iniciales de reprobación que aparecen ahora. Por entonces miembros del gobierno provincial reconocieron a este medio: «Presentamos un proyecto tan ambicioso que imaginamos iba a costarnos mucha negociación y muchos cambios. Pero no hubo que suavizar nada. Nos aprobaron casi todo».
En la coalición oficialista, los socialistas insinuaron algún tipo de incomodidad ante el proyecto, aunque moderada. «Estamos recién en el análisis inicial del texto. Se va a trabajar seriamente, sin apuros y el proyecto va a tener modificaciones», dijo un portavoz de la bancada de ese partido. Entre los radicales y los miembros del PRO no surgió ninguna voz de objeción.
Desde el gobierno, cuestionan los planteos de antemano. «No hay garantía efectiva sin capacidad estatal para hacerla cumplir. Por tal motivo se introducen reformas para lograr un equilibrio entre las garantías individuales, la eficacia del sistema penal y la protección de la comunidad», indica la fundamentación de la reforma.
Una bicicleteada recorriendo el entorno rural de Villa Regina es la propuesta de la Dirección de Turismo y la Dirección de Deportes de la Municipalidad de Villa Regina para este sábado 23. La actividad denominada ‘Bicicleteada rural’ tendrá como punto de encuentro la Oficina de Turismo ubicada en Florencio Sánchez 817 a las 19 horas…
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