El Consejo de Administración de la Fundación Miradas…por una pedagogía en y para la diversidad (pers. Jurídica Nro. 3286) y el organizador comunican que debido a la situación (hecho fortuito y extraordinario) de pandemia mundial por Covid 19 y actuando en consonancia con las medidas sanitarias adoptadas por el gobierno nacional por el decreto (DNI) Nro. 297 de 2020 y las sucesivas ampliaciones que extienden la cuarentena y el aislamiento. (Aspo). Decretos al que el gobierno de la provincia de Río Negro y el municipio de Villa Regina han adherido; informa que ha reprogramado para el día 18 de abril de 2021 el Bingo Solidario a beneficio de nuestra Fundación previsto originalmente para el día 19 de abril de 2020 habiendo tenido que suspenderlo ajustándonos a los respectivos decretos nacionales y provinciales. A efectos de clarificar la situación a las personas que colaboraron con la compra de cartones de bingo se fija la fecha antes mencionada para la realización de este.
Muchas gracias por su comprensión. Consejo de Administración Fundación Miradas.
Un decreto publicado este martes modifica el mecanismo creado en 2003 para la designación de integrantes de la Corte Suprema, el Procurador General y el Defensor General. Aunque el Gobierno sostiene que busca agilizar los plazos, la decisión reaviva el debate sobre el equilibrio entre el Poder Ejecutivo y el control democrático que ejerce el Senado.
Por Ramiro C. Ferrante para NLI
La publicación de hoy del Decreto 467/2026 no pasa inadvertida en el mundo judicial ni en los pasillos de la política. La norma modifica varios artículos del Decreto 222/03, el procedimiento impulsado hace más de dos décadas para dotar de mayor publicidad y participación ciudadana a la designación de ministros de la Corte Suprema, Procurador General y Defensor General de la Nación.
La principal novedad es que el Poder Ejecutivo queda obligado a publicar, dentro de un plazo máximo de treinta días desde que se produzca una vacante, el nombre y los antecedentes de las personas que estén siendo consideradas para ocupar el cargo. La difusión deberá realizarse durante tres días en el Boletín Oficial y en la página del Ministerio de Justicia.
Un cambio que acelera los tiempos políticos
Hasta ahora, el decreto de 2003 regulaba el procedimiento de publicidad y participación, pero no establecía un límite temporal tan preciso para que el Ejecutivo iniciara formalmente el proceso. Con la modificación, el Gobierno busca transmitir la idea de que las vacantes no podrán permanecer indefinidamente sin un candidato oficial.
La norma también endurece las exigencias de transparencia para los postulantes. Además de la declaración patrimonial prevista por la Ley de Ética Pública, deberán presentar una declaración detallando las asociaciones civiles y sociedades de las que forman o formaron parte, los estudios jurídicos donde trabajaron y la nómina de clientes o contratistas de los últimos ocho años, en la medida permitida por las normas de ética profesional.
El texto fundamenta estas modificaciones afirmando que la designación de magistrados constituye «un acto institucional complejo» en el que el Senado cumple la función de controlar públicamente la idoneidad de los candidatos y garantizar la representación federal prevista por la Constitución. El propio decreto reconoce expresamente ese papel de la Cámara alta.
El impacto político detrás del cambio
Más allá del contenido técnico, el decreto llega en un contexto de fuerte disputa por la integración de la Corte Suprema y por el funcionamiento del Ministerio Público.
La decisión puede interpretarse como una señal de Milei de que pretende acelerar futuras nominaciones y evitar que las vacantes permanezcan abiertas durante largos períodos, especialmente en un escenario donde la negociación parlamentaria se volvió uno de los principales obstáculos para el Gobierno.
Sin embargo, el decreto no modifica el requisito constitucional más importante: los candidatos siguen necesitando el acuerdo del Senado, por lo que el Ejecutivo no obtiene una vía alternativa para completar los nombramientos.
En términos políticos, el Gobierno intenta instalar un discurso de mayor transparencia y rapidez administrativa, mientras que la oposición probablemente pondrá el foco en la oportunidad elegida y en la posibilidad de que el nuevo esquema funcione como un mecanismo para presionar sobre futuras negociaciones judiciales.
Una reforma limitada pero con alto contenido simbólico
El Decreto 467/2026 no altera la Constitución ni elimina instancias de participación ciudadana. Tampoco modifica el control legislativo sobre las designaciones. Su alcance es reglamentario y reorganiza los plazos y la información que deberán presentar los candidatos.
Sin embargo, en un escenario donde la integración de la Corte Suprema se convirtió en uno de los ejes centrales de la disputa institucional, cualquier cambio en el procedimiento adquiere una dimensión política mucho mayor que su contenido administrativo.
La decisión de fijar un plazo de treinta días para iniciar el proceso de cobertura de vacantes y ampliar las declaraciones juradas de los postulantes puede ser presentada como una medida de transparencia, pero también funciona como un mensaje político: el Gobierno busca marcar el ritmo de una discusión que inevitablemente terminará otra vez en el Senado y en el centro del debate público.
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La causa por los 200 mil dólares transferidos por el empresario aeronáutico Federico “Fred” Machado sumó un nuevo capítulo y golpea de lleno a uno de los principales referentes del oficialismo. La Justicia federal avanzó con la citación a indagatoria de José Luis Espert, investigado por presunto lavado de activos tras recibir fondos cuyo origen es cuestionado por la fiscalía.
Por Ramiro C. Ferrante para NLI
La situación judicial de José Luis Espert se complicó de manera significativa. El fiscal federal de San Isidro, Fernando Domínguez, impulsó formalmente su declaración indagatoria en el marco de una investigación por presunto lavado de activos vinculada a una transferencia de 200.000 dólares proveniente de una estructura empresarial ligada a Federico “Fred” Machado, empresario que en Estados Unidos admitió delitos de fraude y lavado de dinero y que además estuvo investigado por narcotráfico.
La medida judicial representa un salto cualitativo en una causa que desde hace meses genera preocupación en el oficialismo. Según la investigación, los fondos recibidos por Espert habrían sido utilizados posteriormente para la adquisición de bienes de alto valor, entre ellos vehículos de lujo y participaciones inmobiliarias, movimientos patrimoniales que la fiscalía considera incompatibles con la explicación brindada por el dirigente libertario.
La fiscalía pone en duda la versión de Espert
El núcleo de la defensa de Espert se apoyó en la existencia de un supuesto contrato de consultoría para una empresa minera radicada en Guatemala. De acuerdo con esa versión, los 200 mil dólares habrían sido el adelanto de honorarios profesionales por tareas privadas realizadas para Machado.
Sin embargo, el fiscal Domínguez concluyó que la documentación presentada para justificar la transferencia presenta inconsistencias y sostuvo que el contrato utilizado como respaldo sería falso o, como mínimo, insuficiente para acreditar la legitimidad de la operación. La acusación sostiene que no existe evidencia económica consistente que respalde la prestación de los servicios declarados.
El expediente además investiga la participación de terceros vinculados a la operatoria financiera y alcanza a la firma Varianza S.A. y a un contador relacionado con los movimientos bajo análisis.
Un problema político para Milei
La causa judicial trasciende la situación personal de Espert porque afecta a una de las figuras más identificadas con Milei. El economista se transformó en uno de los principales voceros de las políticas de ajuste, desregulación y reducción del Estado impulsadas por el gobierno nacional.
La investigación también reaviva interrogantes sobre la relación entre sectores del oficialismo y empresarios que acumularon fortunas en actividades bajo sospecha. La denuncia original sostiene que Machado no sólo mantuvo vínculos económicos con Espert sino que también le brindó apoyo logístico en etapas anteriores de su carrera política.
El avance de la fiscalía ocurre además en un contexto especialmente delicado para el gobierno, golpeado por distintas controversias judiciales y por cuestionamientos sobre la transparencia de algunos de sus dirigentes más cercanos.
El dinero que nunca dejó de generar preguntas
La existencia de la transferencia dejó de ser materia de discusión hace tiempo. El propio Espert terminó reconociendo que recibió los 200 mil dólares. Lo que permanece bajo investigación es si esos fondos tuvieron un origen lícito y si fueron correctamente declarados ante los organismos correspondientes.
Para la fiscalía, las respuestas aportadas hasta el momento no alcanzan. Por eso solicitó la indagatoria y mantiene bajo observación el recorrido del dinero, las compras realizadas posteriormente y la documentación presentada para justificar la operación.
La citación a indagatoria no implica una condena, pero sí coloca a Espert en una situación procesal compleja. A partir de ahora deberá responder formalmente ante la Justicia sobre una transferencia que pasó de ser presentada como una simple consultoría privada a convertirse en uno de los expedientes más incómodos para el universo político de Milei.
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