El Consejo de Administración de la Fundación Miradas…por una pedagogía en y para la diversidad (pers. Jurídica Nro. 3286) y el organizador comunican que debido a la situación (hecho fortuito y extraordinario) de pandemia mundial por Covid 19 y actuando en consonancia con las medidas sanitarias adoptadas por el gobierno nacional por el decreto (DNI) Nro. 297 de 2020 y las sucesivas ampliaciones que extienden la cuarentena y el aislamiento. (Aspo). Decretos al que el gobierno de la provincia de Río Negro y el municipio de Villa Regina han adherido; informa que ha reprogramado para el día 18 de abril de 2021 el Bingo Solidario a beneficio de nuestra Fundación previsto originalmente para el día 19 de abril de 2020 habiendo tenido que suspenderlo ajustándonos a los respectivos decretos nacionales y provinciales. A efectos de clarificar la situación a las personas que colaboraron con la compra de cartones de bingo se fija la fecha antes mencionada para la realización de este.
Muchas gracias por su comprensión. Consejo de Administración Fundación Miradas.
En apenas tres días, dos resoluciones del INCUCAI dejaron al descubierto un cambio profundo: mientras el financiamiento público de la ciencia y la salud cae de manera sostenida, el propio Estado empieza a cobrarle más caro —y sin excepciones— a sus propias instituciones. El giro no es aislado: se inscribe en una lógica más amplia que atraviesa organismos regulatorios, sistema científico y hospitales públicos.
Por Amparo Lestienne para NLI
El caso INCUCAI: de la excepción al cobro universal
El punto de partida es la Resolución INCUCAI 84/2026, publicada el 27 de marzo. La norma actualiza los aranceles para la evaluación de protocolos de investigación clínica vinculados a trasplantes y uso de órganos, tejidos y células, con el objetivo explícito de “asegurar los recursos operativos y técnicos” del organismo.
Pero el dato clave estaba en su artículo 2°: mantenía la lógica histórica del sistema argentino al eximir del pago a hospitales públicos, universidades nacionales y Fuerzas Armadas.
Esa excepción no era un detalle menor, sino la continuidad de un principio consolidado en normativas previas. Por ejemplo, ya en la Resolución 128/2019 del propio INCUCAI se establecía exactamente la misma exención para el sector público, en línea con la idea de que la investigación sanitaria estatal no debía ser tratada como una actividad comercial.
Sin embargo, apenas tres días después, el 30 de marzo, llegó la Resolución INCUCAI 95/2026, que directamente eliminó esa excepción. El resultado es contundente: el Estado empezó a cobrarle a sus propios hospitales y universidades por investigar.
Un cambio de lógica: del financiamiento a la autofinanciación
El argumento oficial es técnico: los protocolos requieren financiamiento y, por lo tanto, deben cubrir los costos regulatorios. Pero detrás de esa justificación aparece una transformación más profunda.
Históricamente, el sistema funcionaba bajo una premisa clara: la investigación pública en salud es parte del sistema sanitario y, por lo tanto, es financiada por el Estado. Eso implicaba que los organismos regulatorios podían cobrar aranceles, pero hacían excepciones cuando el actor era público.
Hoy esa lógica se invierte: todos los actores —incluso los públicos— deben pagar por el servicio estatal. Este cambio no surge en el vacío. Está directamente vinculado con el deterioro del financiamiento general del sistema científico.
El telón de fondo: caída del presupuesto científico
Según distintos informes y análisis del sistema nacional de ciencia y tecnología, el financiamiento público del sector atraviesa una contracción sostenida. Entre 2023 y 2026, la inversión estatal acumula una caída real estimada entre el 30% y el 40%, como resultado de la combinación entre recortes presupuestarios y el efecto de la inflación. En paralelo, la participación de la ciencia en el producto bruto interno se redujo a niveles por debajo del 0,3%, cuando en años anteriores se ubicaba en torno al 0,5%.
En términos concretos, el deterioro no es homogéneo sino que golpea con mayor intensidad en áreas clave del sistema. Las transferencias a universidades nacionales y organismos públicos muestran recortes que, en términos reales, se ubican entre el 25% y el 35%, afectando el funcionamiento cotidiano de institutos, laboratorios y proyectos en curso. A esto se suma el deterioro sostenido de los ingresos del personal científico y técnico, cuyos salarios perdieron aproximadamente entre un 20% y un 30% de su poder adquisitivo, mientras que la inversión en equipamiento —fundamental para sostener la capacidad experimental— registra caídas aún más pronunciadas, que en algunos casos superan el 50% en términos reales.
En este escenario, organismos como el CONICET ven afectada su capacidad de sostener proyectos, becas y estructuras de investigación, lo que introduce tensiones crecientes en todo el sistema científico.
ANMAT y el modelo de tasas: el antecedente silencioso
Este viraje tampoco es nuevo en la administración pública. La ANMAT funciona desde hace años con un sistema de aranceles para trámites regulatorios, donde cada procedimiento tiene un costo asociado.
Lo que cambia ahora no es la existencia de aranceles, sino su alcance: antes aplicaban principalmente a actores privados; ahora tienden a universalizarse. Es decir, el modelo basado en tasas por servicio empieza a expandirse a otros organismos, pero sin las protecciones históricas para el sector público.
La tensión central: menos presupuesto, más costos
La combinación de estas dos dinámicas —menor financiamiento y mayor carga arancelaria— configura una tensión estructural difícil de sostener en el tiempo. Por un lado, el Estado reduce su inversión directa en ciencia y salud; por otro, incrementa los costos que deben afrontar sus propias instituciones para desarrollar investigaciones.
Esto implica que universidades públicas, hospitales y centros de investigación no sólo cuentan con menos recursos, sino que además deben destinar parte de esos fondos a cubrir aranceles regulatorios que antes no existían para ellos. La consecuencia es una presión creciente sobre estructuras ya debilitadas.
El resultado es una paradoja evidente: el Estado se retrae como financiador, pero se consolida como cobrador.
Especialistas y debate: el riesgo de mercantilización
En el ámbito científico y sanitario, este tipo de transformaciones suele encender señales de alerta. Diversos análisis en políticas públicas advierten que, cuando se reducen los recursos estatales y se trasladan costos a los propios actores del sistema, tienden a producirse efectos previsibles: disminución en la cantidad de proyectos, mayor dependencia de financiamiento externo y desplazamiento de investigaciones hacia áreas con retorno económico más inmediato.
La investigación clínica en hospitales públicos suele estar orientada a necesidades sanitarias concretas de la población y no a intereses de mercado
En el caso de la salud, el impacto puede ser aún más sensible, porque la investigación clínica en hospitales públicos suele estar orientada a necesidades sanitarias concretas de la población y no a intereses de mercado. Buena parte de la producción científica argentina en salud se genera en estos ámbitos, donde la práctica asistencial se articula con la investigación sobre pacientes reales y problemáticas locales.
Ese rasgo tiene antecedentes históricos claros. La Misión de Estudios de Patología Regional Argentina, impulsada por Salvador Mazza, desarrolló en el siglo XX investigaciones clave sobre enfermedades como el Chagas, a partir del trabajo territorial en regiones postergadas del país. Difícilmente ese tipo de investigación hubiera sido financiado por el sector privado, dado que su lógica no era la rentabilidad sino la respuesta a una problemática sanitaria concreta.
Ese mismo patrón se replica, con otras formas, en la actualidad. Hospitales públicos de referencia como el Hospital Nacional Profesor Alejandro Posadas combinan atención médica, formación profesional e investigación clínica orientada a enfermedades prevalentes en su población, muchas veces vinculadas a sectores sociales vulnerables y sin atractivo comercial para la industria.
El problema es que este tipo de investigación —centrada en necesidades reales y no en retornos económicos— depende estructuralmente del financiamiento público. Cuando ese financiamiento se reduce y, al mismo tiempo, se introducen costos adicionales para investigar, el riesgo no es sólo cuantitativo sino cualitativo: no sólo se investiga menos, sino que se empieza a investigar otra cosa.
Conclusión: un cambio silencioso pero estructural
Lo ocurrido entre el 27 y el 30 de marzo con el INCUCAI no es un episodio aislado ni meramente administrativo. Es la expresión concreta de un cambio más amplio en la forma en que el Estado se vincula con la ciencia y la salud: menos financiamiento directo, eliminación de excepciones históricas y expansión de esquemas de arancelamiento.
En ese nuevo escenario, el sistema deja de apoyarse en la lógica de política pública para acercarse a un modelo de servicios, donde investigar ya no sólo depende del conocimiento y la capacidad técnica, sino también de la disponibilidad de recursos para pagar por ello.
La incógnita que queda abierta es tan estructural como urgente: hasta qué punto puede sostenerse un sistema científico y sanitario público cuando se le exige autofinanciarse en un contexto de retracción presupuestaria.
En la mañana de hoy, en la vereda del Paseo del Arroyo, se encontraron bolsas de basura rotas y se pueden observar varias jeringas usadas entre otra tanta suciedad. Se pide suma responsabilidad a los vecinos y que este tipo de elementos como jeringas, agujas, vidrios rotos, etc, sean descartados con las medidas de precaución…
Sandra Pettovello echó a su jefe de Gabinete, Leandro Massaccesi, por haber recibido un crédito del Banco Nación por más de 400 millones de pesos y, en ese acto, sentó un precedente moral que dejó expuestos nada menos que a Luis Toto Caputo y Manuel Adorni.
La ministra de Capital Humano tomó la decisión después que se viralizara en Twitter el nombre de Massaccesi en una lista de los funcionarios, tuiteros y legisladores oficialistas y aliados que se beneficiaron con los préstamos de mismo banco que los libertarios amagaron con privatizar. El ministro de Economía, sin embargo, no dijo todavía una palabra sobre el privilegio de su secretario de Finanzas, Federido Furiase, y su asesor Felipe Núñez, que recibieron 410 y 470 millones de pesos, respectivamente, de parte de la entidad crediticia.
Pese a que se lo vio sacado con los empresarios en la Bolsa de Comercio, Caputo guardó estricto silencio sobre Furiase y Núñez, muy lejos de las ganas que manifestó de «cagar a patadas en el culo» a los que piden devaluar. Pero el escándalo es mayúsculo porque el Ministerio de Economía ejerce control sobre el Banco Nación.
Ambos funcionarios trabajan, además, codo a codo con el ministro pero, encima, el secretario de Finanzas es el que define la política crediticia, lo que hace suponer que habría maniobrado de los dos lados del mostrador para aplicar al préstamo. «Furiase es el que hace las colocaciones de deuda y es el que maneja la política financiera», comentó un especialista a LPO.
En cambio, Pettovello reaccionó sin titubear, pese a que no tiene una relación funcional con el Nación. Al primer trascendido en redes sociales, no dudó en echar a Massaccesi, el funcionario que le maneja políticamente el ministerio.
De este modo, la ministra fija una regla ética que deja completamente en off-side a Caputo, pero también a Karina, que sigue respaldando a Manuel Adorni aunque los escándalos de corrupción se multiplican su alrededor.
Furiase y Núñez.
La determinación de Pettovello puede caer como una bomba en Casa Rosada, porque la ministra fetiche de Javier Milei termina teniendo una estatura moral mucho más alta que la de su hermana, quien ya evaluó la posibilidad de echar a la ministra en otra oportunidad.
El problema de Karina es que la definición política de la jefa de Capital Humano es coherente con la prédica libertaria anticasta, un discurso que cada vez resulta más difícil de honrar para un gobierno minado por hechos de corrupción. Sin ir más lejos, Adorni no puede explicar cómo compró su casa en el country, con qué dinero adquirió el departamento de Caballito, con qué recursos viajó en avión privado a Punta del Este y qué capacidad de pago tenía para planificar, como si fuera poco, un viaje al Caribe en medio de semejante volumen de inversiones.
La determinación de Pettovello puede caer como una bomba en Casa Rosada, porque la ministra fetiche de Javier Milei termina teniendo una estatura moral mucho más alta que Karina.
Para desgracia de Karina, Pettovello le muestra a Milei que hay dos formas de lidiar con la corrupción en su gobierno: la de la negación y la búsqueda de influencia en el Poder Judicial o la de exigir la renuncia del funcionario réprobo.
Leandro Massaccesi es el hijo de Horacio Massaccesi, el ex gobernador de Río Negro al que en sus horas de desesperación habría apelado el presunto narco Fred Machado para hacer lobby a su favor en Buenos Aires, tal como informó LPO.
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