El Consejo de Administración de la Fundación Miradas…por una pedagogía en y para la diversidad (pers. Jurídica Nro. 3286) y el organizador comunican que debido a la situación (hecho fortuito y extraordinario) de pandemia mundial por Covid 19 y actuando en consonancia con las medidas sanitarias adoptadas por el gobierno nacional por el decreto (DNI) Nro. 297 de 2020 y las sucesivas ampliaciones que extienden la cuarentena y el aislamiento. (Aspo). Decretos al que el gobierno de la provincia de Río Negro y el municipio de Villa Regina han adherido; informa que ha reprogramado para el día 18 de abril de 2021 el Bingo Solidario a beneficio de nuestra Fundación previsto originalmente para el día 19 de abril de 2020 habiendo tenido que suspenderlo ajustándonos a los respectivos decretos nacionales y provinciales. A efectos de clarificar la situación a las personas que colaboraron con la compra de cartones de bingo se fija la fecha antes mencionada para la realización de este.
Muchas gracias por su comprensión. Consejo de Administración Fundación Miradas.
La historia no empezó esta semana. Cuando LPO contó en julio del año pasado que Luis Caputo y Santiago Bausili sacaron las reservas de oro del país en un operativo clandestino, comenzó una saga de silencios y evasivas.
El Banco Central cargó USD 5.000 millones en lingotes de oro en un avión comercial en plena madrugada, sin dejar rastro documental, sin contratos, sin papeles, sin auditoría posible. Una escena propia de una novela policial que de la administración de las reservas de un país. Pero ocurrió.
Lo grave es que desde el Banco admitieron oficialmente ante la Auditoría General de la Nación que durante todo 2024 no existieron contratos registrados por el envío de oro al exterior. Ni ahora ni al cierre del año pasado.
«Los contratos de colocación de lingotes de oro con el BIS y/o cualquier otro depositario del exterior no existen», señalaron desde la entidad monetaria en la nota enviada a la Auditoría. La postura oficial fue al extremo al afirmar que no se elaboraron informes jurídicos porque, directamente, «no hay contratos». Este punto deberá ahora ser ratificado en sede judicial. Y la Justicia exige explicaciones.
La respuesta dejó sin sustento cualquier intento de auditoría sobre una operatoria valuada en USD 4.981 millones. Sin contratos, no hay nada que revisar. Como si los lingotes hubieran salido por una puerta lateral y se hubieran evaporado.
La presunción de delito encuentra sustento en elementos concreto. Porque los funcionarios del Central no manejan bienes propios. Custodian activos públicos. La inexistencia de respaldo contractual no es un detalle administrativo: abre un flanco penal. Cuando un activo estratégico de esa magnitud pierde trazabilidad, la responsabilidad deja de ser institucional y pasa a ser personal. No hay margen para la ingenuidad contable.
Ahora el expediente escaló al plano judicial y el margen para seguir ocultando información se achicó. La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal ordenó al Central entregar información precisa y fue explícita en su reproche. Señaló que las excepciones al acceso a la información pública no pueden depender de una decisión unilateral del funcionario obligado. Si el Estado alega confidencialidad, debe probar un daño concreto. No alcanza con invocar riesgos genéricos.
En paralelo, la AGN quedó habilitada para avanzar con acciones legales por entorpecimiento de auditoría tras la jura de nuevos auditores.
El contexto internacional vuelve todo más sensible. El oro cotiza cerca de los USD 4.400 la onza, un récord histórico. Ese salto funciona como un salvavidas contable para un Banco Central con reservas líquidas hundidas. Según estimaciones de LCG, las reservas netas reales podrían rondar los USD 18.000 millones negativos. Sin el efecto precio del oro, el rojo sería todavía más profundo.
La paradoja es evidente. Los lingotes computan como reservas aunque nadie diga dónde están. No se sabe si están en Londres, en Basilea, si generan rendimiento o si fueron entregados como garantía para conseguir dólares frescos.
Carlos Rodríguez, arquitecto del programa económico de Milei durante la campaña que quedó afuera apenas asumió el gobierno calificó el episodio como «simplemente insólito». Advirtió que el oro podría haber sido usado como garantía de un préstamo en dólares ya consumido y reclamó conocer la ubicación de todos los activos y pasivos del Central.
Rodríguez fue un paso más allá. Además de preguntar por el oro, pidió saber dónde están los billetes dólar de los encajes de los depósitos y reclamó la serie semanal de reservas internacionales netas según la metodología del Fondo Monetario Internacional.
LPO advirtió sobre la sospecha del mercado respecto al pagó del vencimiento de Bopreal de USD 1.000 millones con depósitos de las personas. Con reservas en rojo por USD 18.000 millones según el dato de LCG, la única ventanilla líquida del sistema son los encajes bancarios. El resto es swap con China y crédito del Fondo que no se pueden tocar.
Es la tasa de degradación de materiales plásticos más veloz que se conoce en el mundo sobre materiales plásticos. Científicos de la Universidad de Sydney reportaron una posible solución para el gran problema mundial de la contaminación por residuos plásticos. Los investigadores descubrieron hongos de jardín que son capaces de descomponer completamente el plástico en…
Hasta el jueves 30 los contribuyentes reginenses podrán pagar la boleta por tasas retributivas correspondientes al mes de diciembre. Quienes lo hagan participarán del sorteo de la tercera bicicleta mountain bike que se realizará el 12 de enero de 2022. Además ese mismo día se llevará a cabo el sorteo final de un monopatín eléctrico…
La nueva mesa política del gobierno se reunió este viernes para diseñar la estrategia para conseguir el apoyo de los gobernadores para sacar la reforma laboral y encontró rápidamente la respuesta: la eliminación del capítulo de ganancias que les recorta un billón y medio de pesos a las provincias.
La mesa la integran Santiago Caputo, Diego Santilli, Manuel Adorni, Lule Menem, Patricia Bullrich y Martín Menem. Este viernes se sumó Luis «Toto» Caputo durante la primera parte de la reunión, justamente para hablar del capítulo de ganancias que piden sacar los gobernadores.
La maniobra del gobierno de introducir en la reforma laboral una reforma impositiva, fue revelada por LPO en una columna exclusiva del diputado Guillermo Michel, ex titular d ela Aduana.
De aprobarse el artículo 191 de la reforma que envió el Ejecutivo al Congreso, las provincias tendrían un costo fiscal de 130 mil millones de pesos mensuales, es decir, 1,5 billón de pesos por año. El argumento de la Rosada es que gracias a la reforma laboral, las provincias suplirán esa quita gracias a la generación de empleo.
De aprobarse el artículo 191 de la reforma que envió el Ejecutivo al Congreso, las provincias tendrían un costo fiscal de 130 mil millones de pesos mensuales, es decir, 1,5 billón de pesos por año.
Los gobernadores no se tragan esa historia y para eso apoyaron el Presupuesto 2026, para saber de antemano cuántos fondos tendrán disponibles. Un escenario mucho más terrenal que el del futuro próspero que vende el Ejecutivo.
En el gobierno admitieron a LPO que ya están trabajando en moderar la curva del impacto del artículo de ganancias, pero que quieren sacar la reforma como sea para dar una señal al mercado, al FMI y a la Casa Blanca.
‘Hay una baja de impuestos que afectaría a las provincias, y la recuperación de los recursos a través del empleo formal se daría desde 2027. ¿Qué pasa si en 2027 esa formalización no sucede? Bueno, ese es el debate que estamos teniendo con los gobernadores’
La estrategia discursiva será insistir con que van a hacer cambios y que la votación sea a libro cerrado. Lo mismo hicieron con el Presupuesto y finalmente la oposición les propinó un golpe que llevó a Milei a analizar el veto de la ley de leyes. Los más experimentados del gabinete dicen que el artículo será la zanahoria para que no les rompan el corazón de la reforma.
«La idea de los gobernadores es bancar la reforma, pero necesitan mostrar que consiguieron frenar una bomba para irse tranquilos a las provincias», dijo a LPO una fuente que participa de las negociaciones.
Presidido por la Gobernadora Arabela Carreras, se reunió este sábado el Comité de Crisis por COVID-19 en Río Negro, compuesto por autoridades de los tres Poderes del Estado. Luego del análisis de la actual situación epidemiológica de la provincia, el Comité determinó como medidas la suspensión temporaria de todos los actos protocolares en territorio provincial,…
El gobierno de Milei avanzó un paso más en la entrega de las áreas sensibles del Estado a los intereses privados: designó al ahora ex CEO de OSDE como máxima autoridad de la ANMAT, el organismo encargado de controlar medicamentos, vacunas, alimentos y tecnologías sanitarias. Un nombramiento que despierta serias sospechas por los conflictos de intereses y los antecedentes del sector.
Por Celina Fraticiangi para NLI
La decisión quedó formalizada este lunes con la publicación del Decreto 3/2026, mediante el cual Milei aceptó la renuncia de Nélida Agustina Bisio y designó a Luis Eduardo Fontana como nuevo Administrador Nacional de la ANMAT, un organismo clave dentro del sistema de salud pública. No se trata de un cargo menor: la ANMAT tiene bajo su responsabilidad el control y la fiscalización de medicamentos, vacunas, alimentos, productos médicos y tecnologías sanitarias, funciones que quedaron especialmente bajo la lupa tras el escándalo del fentanilo.
La elección de Fontana, de 71 años, no es inocente ni técnica. Fontana es el reciente CEO de OSDE, una de las principales prepagas del país, beneficiada de manera directa por la desregulación del sector impulsada por el propio Milei a través del DNU 70/23. En otras palabras, el gobierno colocó a un representante del negocio privado de la salud a controlar un organismo que debería actuar como contrapeso y garante del interés público.
El Estado regulador en manos del mercado
Con este nombramiento, el Ejecutivo refuerza una lógica que ya es marca registrada de la gestión Milei: vaciar al Estado desde adentro y ponerlo al servicio de las corporaciones. La ANMAT no solo autoriza medicamentos y vacunas, sino que define estándares de seguridad, evalúa riesgos sanitarios y puede frenar productos peligrosos. Entregar ese poder a alguien con intereses directos en el sistema privado de salud rompe cualquier principio de independencia regulatoria.
La preocupación no es teórica. OSDE fue protagonista central de los aumentos desmedidos en las cuotas de la medicina prepaga durante el primer semestre de 2024, con subas de hasta 400%, habilitadas por la desregulación total del sector. En ese contexto, una jueza federal, María Caccioppoli, falló a favor de las personas afiliadas y ordenó la devolución de los incrementos, además de pedir que se investigara un posible accionar delictivo de los directivos de OSDE.
OSDE, negocios cruzados y causas judiciales
El fallo de Caccioppoli fue incómodo para el poder económico. Tanto, que la jueza terminó siendo apartada de la causa luego de que OSDE la recusara. Según denunciaron abogadas que representan a personas afiliadas, el apartamiento estuvo directamente vinculado con su decisión de enfrentarse a la corporación y proteger, en su mayoría, a personas jubiladas afectadas por los aumentos.
Detrás de OSDE hay una estructura que dista mucho de la imagen de “prepaga solidaria” que intenta mostrar. Aunque se presenta como empresa de medicina prepaga, OSDE tiene la figura jurídica de una obra social sin fines de lucro, lo que le permite no pagar impuestos como Ganancias o Ingresos Brutos. Sin embargo, administra un presupuesto mensual cercano a los 360 millones de dólares y funciona como un “financiador puro” del sistema, contratando prestaciones a empresas privadas muchas veces vinculadas a sus propios directivos.
En ese entramado aparecen sociedades compartidas, clínicas, prestadoras y empresas de importación de tecnología médica donde se repiten los mismos nombres: directivos de OSDE que, a la vez, son proveedores del sistema. Fontana no es ajeno a ese esquema, y su desembarco en la ANMAT despierta alertas inevitables.
Un mensaje político claro
El mensaje del gobierno es contundente: el control estatal es un obstáculo a remover, no una herramienta para cuidar a la población. Colocar al ahora ex CEO de una prepaga en la conducción del organismo que debe regular medicamentos y tecnologías sanitarias no es una casualidad ni un error de cálculo. Es una definición ideológica.
Mientras Milei habla de “libertad”, el Estado queda capturado por los mismos actores que deberían ser controlados. La ANMAT, una institución clave para la salud pública, pasa a estar conducida por alguien con intereses directos en el negocio sanitario privado. Una decisión peligrosa, que expone hasta qué punto este gobierno está dispuesto a subordinar la salud de la población a las reglas del mercado.
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