Fracasó la negociación de Mayans con Vischi por la Auditoría y sondean a Lousteau

Fracasó la negociación de Mayans con Vischi por la Auditoría y sondean a Lousteau

 

José Mayans buscó desesperadamente el apoyo de senadores por fuera del interbloque de UP para sesionar este jueves y sancionar la ley que limita el uso de los DNU pero no consiguió la confirmación de otras bancadas que le permitieran reunir el quórum.

Un senador aliado le dijo a LPO que el formoseño fracasó este martes cuando le propuso «autoconvocarse» al jefe del bloque de la UCR, Eduardo Vischi. El cálculo de Mayans era que entre el peronismo y el radicalismo superaban holgadamente los 37 legisladores necesarios para abrir el recinto y dar por iniciada la sesión.

Uno de los colegas de Vischi contestó este miércoles que «el pedido de sesión para mañana (por este jueves) no tendría el acompañamiento necesario».

Fuentes parlamentarias deslizaron ante LPO que Mayans tentaba al radicalismo con aprovechar la sesión para designar los tres auditores de la AGN en representación del Senado, dos por el peronismo y uno por el radicalismo. Vischi habría declinado ese ofrecimiento pero el vicepresidente del PJ no se habría dado por vencido.

El peronismo intenta aprobar la ley que limita los DNU a Milei antes del recambio

Después de la extensa reunión de la comisión de Asuntos Constitucionales, el formoseño tendió puentes con otros senadores, entre los que se apuntaba el nombre de Martín Lousteau.

Desde el entorno del titular de la UCR alegaron que desconocían que hubiera habido contacto entre ambos por ese tema y manifestaron que les resultaba improbable que hubiera sesión. En cambio, un legislador que también aparecía mencionado entre los que Mayans abordaba para juntar el número admitió antes de irse del palacio este miércoles que la convocatoria a sesión todavía era posible y que «los temas se negocian».

Pablo Blanco y Eduardo Vischi.

En el interbloque de UP suponían incólume el piso de sus 34 miembros, pese a que los radicales apuntan que no estaban todos disponibles para sentarse a sus bancas. «Ellos no están completos», advertían.

Como sea, Mayans promovía la designación de Javier Fernández, que integró la AGN desde 2001 en representación del peronismo, y el nombramiento de Carlos Raúl Gutiérrez Ortiz, asesor de UP en la Cámara Alta, en la Comisión Mixta Revisora de Cuentas. En Linkedin figura como «Asesor Jurídico Tributario» y «Sub Director de Auditoría en Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas», aunque en el Senado lo etiquetan como «asesor de Mayans».

La chance de una sesión se diluía al final de la jornada, mientras la bancada peronista se congregaba en la sede del PJ nacional, en la calle Matheu. La reunión de bloque se había mudado allí para aprovechar el quincho y hacer un asado que agasajara a los senadores que culminaban su mandato y los que se incorporarían en diciembre.

 

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    Publican DNU que abre la puerta a un apagón de soberanía energética: Milei habilita la liquidación del FONDESGAS

     

    En silencio y bajo el paraguas del DNU 849/2025, Milei entregó al Ministerio de Economía un poder inédito: modificar, transformar o directamente liquidar el FONDESGAS, el fondo fiduciario que financia las obras estratégicas del gasoducto argentino. La medida, camuflada entre planillas presupuestarias, puede paralizar proyectos claves, favorecer negocios privados y dejar a provincias enteras sin certezas sobre su infraestructura energética.

    Por Celina Fraticiangi para Noticias La Insuperable

    Un poder a medida del desguace

    Entre cientos de números, anexos y planillas técnicas, el artículo dedicado al Fondo de Desarrollo del Gas (FONDESGAS) pasa casi desapercibido. Pero es, en verdad, el corazón político del DNU 849/2025.

    El decreto faculta al Ministerio de Economía a “modificar, transformar o extinguir” el fondo fiduciario destinado a financiar obras de transporte y almacenamiento de gas. Traducido: pueden borrarlo de un plumazo, sin debate parlamentario y sin rendir cuentas.

    El FONDESGAS fue creado para sostener obras críticas como ampliaciones de gasoductos, infraestructura troncal, plantas compresoras y todo lo que permite que el gas llegue a hogares, industrias y centrales eléctricas. Es, en la práctica, el resguardo financiero de la soberanía energética.

    Con este DNU, queda a merced de un funcionario.


    ¿Por qué es tan grave tocar ese fondo?

    Porque en el ecosistema energético argentino hay una verdad básica: sin financiamiento estable, no hay obras. Y sin obras:

    • No avanzan los gasoductos troncales.
    • Se frena la capacidad de transporte desde Vaca Muerta.
    • Se encarecen los costos para las provincias alejadas.
    • Aumentan las importaciones de GNL en invierno.
    • Se compromete la estabilidad del sistema eléctrico.

    El FONDESGAS es la garantía de que esos proyectos no dependan del humor del ministro de turno ni de la billetera de empresas privadas cuyos intereses pueden no coincidir con los del país.

    Con la potestad otorgada por el DNU, Economía puede vaciarlo, redireccionarlo o entregarlo a operadores privados, rompiendo el mecanismo diseñado para proteger inversiones de largo plazo.


    Un botón de muestra: el antecedente de los fideicomisos

    En los últimos meses, diversos fondos fiduciarios ligados a transporte, obras públicas y energía fueron desfinanciados, “reordenados” o absorbidos. Cada cambio dejó un patrón: recortes, reducción de funciones y apertura a negocios privados.

    Si el FONDESGAS sigue ese camino, las provincias productoras —Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz— podrían ver suspendidos proyectos pactados hace años, y las provincias de alto consumo energético podrían terminar pagando tarifas más altas para suplir la falta de infraestructura.

    Las distribuidoras privadas, en cambio, podrían hacerse con negocios hoy regulados.


    El truco legal: esconder una reforma estructural en un decreto presupuestario

    El DNU se presenta como una ampliación de partidas para distintas áreas. Pero el artículo que habilita la intervención total sobre el FONDESGAS no tiene nada que ver con el presupuesto. No asigna fondos, no corrige créditos, no compensa diferencias salariales.

    Es un cambio estructural, escondido en un decreto de otra naturaleza.

    La lógica: si se hubiera enviado como proyecto de ley, el Congreso podía rechazarlo. Dentro de un DNU gigantesco, la posibilidad de que pase inadvertido es mucho mayor.


    ¿Qué puede pasar si lo eliminan?

    Si el Gobierno decide ejecutar lo que el decreto le habilita, las consecuencias son directas:

    • Paralización de obras en marcha (gasoductos regionales, ampliaciones del sistema troncal).
    • Riesgo de falta de oferta en picos invernales, obligando a importar GNL a precio internacional.
    • Demora en la expansión de Vaca Muerta, que depende de nueva infraestructura.
    • Incremento del costo energético para hogares e industrias.
    • Mayor dependencia de empresas privadas en el manejo del transporte de gas.
    • Pérdida de control estatal sobre un segmento estratégico del sistema energético.

    En otras palabras: una transferencia silenciosa de poder y recursos desde el Estado hacia el mercado, con impacto directo sobre la vida cotidiana.

     

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