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Feria Raíces se suma a ‘Vendimia Celebra 2021’

Una nueva edición de la Feria Raíces en Los Gansos Restó se suma a las actividades de ‘Vendimia Celebra 2021’ durante el próximo fin de semana a partir de las 18 horas.

El domingo 14 la Dirección de Turismo de la Municipalidad de Villa Regina estará presente con un espacio para degustación y la posibilidad de comprar vinos a precios promocionales.

Los Gansos Restó también formará parte del programa Gastro Arte ofreciendo un menú vendimial.

Cabe destacar que dicho emprendimiento forma parte de la mesa de trabajo de Turismo Rural.

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  • Llaryora lanza una ofensiva contra los estatales: «Los vamos a limar desde las bases»

     

    El final del 2025 tuvo un marcado enfrentamiento entre el gobernador cordobés Martín Llaryora y los estatales locales por la reforma previsional que derivó en una ofensiva que los gremios están dispuestos a encaminar en la Justicia en las próximas semanas. Tensión que, con el arranque de este 2026 lejos está de terminar; sino más bien, todo lo contrario.

    Porque en la primera semana hábil del año, los estatales se mostraron abroquelados para continuar con la estrategia judicial y porque, precisamente desde la Justicia, hubo algunos guiños a los amparos presentados por los gremios. Y al que se pliegan, paradójicamente según entienden en El Panal, aquellos opositores a Llaryora que son aliados nacionales de Milei.

    Tal es el caso de juecistas y radicales que reportan a Rodrigo de Loredo.

    Así, la ley de equidad jubilatoria que Llaryora impulsó el último mes del año en la Unicameral y cuya promulgación anunció él mismo con dardos a todas las gestiones anteriores -sin distinción partidaria- en la administración de la Caja de Jubilaciones tendrá al verano cordobés aún más acalorado.

    Principalmente, porque Llaryora vuelve de vacaciones y la orden es limar a los estatales en las bases, cuestionar las conducciones y replicar con una contraofensiva el recorrido que los gremios ya empezaron en Tribunales.

    «De ahora a marzo viene la tensión con los gremios y arrancan los planteos judiciales. Hay principio de diálogo con algunos sectores y reclamos de todo tipo, pero todo esto tiene un trasfondo político. Por eso, no se descartan las conversaciones con las bases», reconoció un importante funcionario provincial a LPO luego de la reunión de la mesa multisectorial que realizaron los estatales cordobeses este jueves. Que, además, terminó con el compromiso de los referentes de la veintena de gremios que aportan a la Caja de Jubilaciones provincial de nacionalizar el conflicto, llegar a la Corte Suprema y en febrero, cuando culmine la feria judicial, posiblemente presentar un amparo colectivo.

    La mesa chica de Llaryora está al tanto de esto. Incluso tienen en claro que el recorrido desembocará en el Tribunal Superior de Justicia. Por eso, ante la consulta de este medio sobre el devenir del reclamo de los estatales en la Corte cordobesa, en el entorno del gobernador algunos mantienen un moderado optimismo acerca del futuro del reclamo en esos despachos.

    «No creo que camine», dijo un funcionario a LPO.

    La otra cuestión con la que también jugará la generación heredera del cordobesismo es la discusión dentro de los sindicatos. Existe el diálogo con aquellos que tienen renovación de autoridades este año y los que van a elecciones en el 2027. «No se pueden hacer los boludos ahí. Ellos saben cómo se puede digitar de afuera para inclinar la balanza hacia cualquiera de los dos lados», sostuvo una de las espadas de Llaryora en la discusión.

    Acerca de esto, en los despachos del Panal sobrevoló un comentario en los últimos días en los que se vio nuevamente a Rubén Daniele, el conductor del poderoso Suoem, el gremio de los Municipales cordobeses abrir el fuego contra Llaryora desde una de las manifestaciones. Algunos que están hace tiempo cerca del gobernador recordaron cómo actuó el peronismo para que el sindicalista volviera a la conducción de su gremio y cómo fue la convivencia entre ambos cuando el actual gobernador fue intendente de la capital cordobesa.

    Pero hay otra artillería relacionada con la comunicación con la que están dispuestos a disparar desde el gobierno provincial. El mensaje a las bases será que las cúpulas de algunos sindicatos quieren voltear una ley que, en volumen, beneficia al grueso de los afiliados. «En el caso de los docentes, al 90% de los activos no se les tocó nada y el 50% de los jubilados tienen aumentos que van del 10 al 25%, ¿y resulta que cuatro tipos la quieren voltear?», lanzó un llaryorista.

    Los estatales cordobeses están en una situación similar a la de los intendentes en la relación con el llaryorismo: no hay paraguas nacional que los cobije. En el caso de los gremios, en otro momento, una tensión de estas características tenía un peronismo opositor al cordobés en Casa Rosada que contribuía a la fricción; y con los alcaldes ocurría lo mismo a la hora de tantear un ATN foto mediante. Otra realidad, otra era y con un Milei que rechaza cualquier reclamo gremial.

    Un funcionario coincidió con el análisis y fue más allá: «o a veces ocurre algo peor: que los autoconvocados te lleven todo a una anarquía como pasó con los Judiciales el año pasado».

    Con el arco político opositor en plena reconfiguración, el 2026 de Llaryora tendrá como primer escollo la disputa con los gremios y por ahí pasa la discusión del primer trimestre. Y donde esperan, dentro del Panal, cuántos de los cañones apuntan los sindicatos a Milei por el envío de fondos a la Caja de Jubilaciones, y cuántos quedarán envueltos en la discusión local contra el gobernador.

     

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    A través del ENACOM, Milei le perdona deudas millonarias a las empresas de telecomunicaciones

     

    El organismo intervenido por el Gobierno de Milei aprobó un régimen especial que permite a las empresas de telecomunicaciones regularizar deudas históricas con quita de intereses y multas. La medida beneficia a los grandes grupos del sector, debilita el Fondo del Servicio Universal y consolida un esquema de impunidad empresaria disfrazado de gestión administrativa.

    Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI

    El Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) aprobó un Régimen de Facilidades de Pago que habilita a las empresas de telecomunicaciones a regularizar deudas acumuladas durante años con el Estado nacional, incluyendo tasas, derechos radioeléctricos, aportes obligatorios y multas ya aplicadas o en trámite. La decisión quedó formalizada mediante la Resolución 3/2026, publicada este lunes en el Boletín Oficial.

    La medida alcanza a los licenciatarios y autorizados de servicios TIC y permite cancelar obligaciones vencidas hasta el 31 de diciembre de 2025, con condiciones ampliamente favorables: quita de intereses, eliminación de multas diarias y planes de pago en cuotas. El plazo de adhesión será de 180 días y podrá prorrogarse por otros seis meses.


    Una moratoria hecha a medida de los grandes jugadores

    Aunque el texto administrativo se presenta como una herramienta técnica para “mejorar la recaudación”, lo cierto es que el régimen funciona como una moratoria encubierta para las empresas más poderosas del sector, muchas de las cuales arrastran deudas millonarias con el ENACOM desde hace años.

    La resolución reconoce explícitamente que existen obligaciones vencidas de difícil o nula cobrabilidad, pero en lugar de avanzar con sanciones efectivas o ejecuciones, el organismo opta por perdonar penalidades y ofrecer facilidades excepcionales. En los hechos, se premia a quienes incumplieron sistemáticamente, mientras se licúan sanciones que tenían como objetivo disciplinar conductas abusivas.

    El propio ENACOM admite que puede excluir la aplicación de multas diarias, aun cuando los incumplimientos se hayan extendido en el tiempo, apelando a una supuesta afectación de la “seguridad jurídica” de los administrados. Una lógica que, una vez más, protege al poder económico antes que al interés público.


    El Fondo del Servicio Universal, otra vez la variable de ajuste

    Uno de los puntos más sensibles del régimen aprobado es que incluye los Aportes al Fondo del Servicio Universal, un instrumento clave destinado a garantizar conectividad en zonas rurales, barrios populares y regiones postergadas del país.

    Al permitir la regularización flexible —y con quitas— de esas obligaciones, el ENACOM debilita el financiamiento de políticas públicas esenciales, mientras las empresas continúan cobrando tarifas cada vez más altas a los usuarios. El ajuste no cae sobre los balances corporativos, sino sobre el derecho a la comunicación de millones de argentinos.

    No se exige, además, ninguna contraprestación social: ni inversiones obligatorias, ni mejoras en la calidad del servicio, ni compromisos concretos de expansión de redes. El perdón es liso y llano.


    Milei, el Estado blando y la impunidad empresaria

    La resolución se inscribe de lleno en la lógica del gobierno de Milei: mano dura discursiva para los sectores populares y mano blanda real para los grandes grupos económicos. Mientras se recortan derechos, se ajustan presupuestos y se criminaliza la protesta social, las corporaciones reciben beneficios bajo el rótulo de “eficiencia administrativa”.

    No es un dato menor que el ENACOM continúe intervenido, sin directorio plural ni control democrático, lo que facilita la adopción de decisiones de alto impacto económico sin debate público ni transparencia real. La emergencia administrativa invocada funciona, en este caso, como coartada para consolidar privilegios.

    La adhesión al régimen implica que las empresas desisten de cualquier acción judicial o administrativa, cerrando conflictos a su favor y garantizando una paz fiscal construida sobre la renuncia del Estado a cobrar lo que le corresponde.


    Un mensaje claro: incumplir paga

    Lejos de fortalecer la regulación del sector, la Resolución 3/2026 envía un mensaje inequívoco: incumplir conviene. Las empresas que especularon, dilataron pagos o judicializaron deudas hoy reciben premios; las que cumplieron en tiempo y forma no obtienen ningún reconocimiento.

    Así, bajo el discurso de la modernización y la eficiencia, el gobierno profundiza un modelo donde el Estado se disciplina frente al poder económico, resigna recursos estratégicos y consolida un esquema de impunidad que tiene ganadores claros y perdedores previsibles.

     

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