Durante dos días, la Feria ReEmprender se vistió de rojo en su edición especial de ‘Carnaval del amor’. Las casitas de los artesanos, en la Plaza Primeros Pobladores, se convirtieron en el paseo de los reginenses que pudieron observar el trabajo de emprendedores y artesanos.
A esta posibilidad, se sumó durante el domingo la caminata ‘Atardeceres reginenses’ y el clásico ‘Domingos de Plaza’.
La Dirección de Turismo y la Dirección de Cultura agradecen a todos quienes participaron de las actividades propuestas.
El Senado debate cambios al Súper RIGI para atraer megacentros de datos e inversiones en inteligencia artificial. La gran pregunta: ¿qué gana Argentina?
Por Ignacia Fratelint para NLI
La Argentina está a punto de tomar una decisión que puede parecer, a primera vista, una cuestión técnica reservada para especialistas en tecnología, energía y legislación tributaria, pero que en realidad toca uno de los debates económicos más importantes de los próximos años: qué quiere hacer el país con su energía, sus recursos naturales y su infraestructura cuando la inteligencia artificial se convierta en uno de los mayores consumidores eléctricos del planeta. El proyecto conocido como Súper RIGI, que busca avanzar esta semana en el Senado con modificaciones negociadas por el oficialismo con bloques aliados, incorpora entre sus objetivos la llegada de grandes inversiones vinculadas con centros de datos, inteligencia artificial, semiconductores y otras actividades consideradas estratégicas. El Gobierno sostiene que se trata de una oportunidad para atraer capitales hacia industrias que todavía no tienen desarrollo comercial significativo en el país, mientras sus críticos advierten que los beneficios fiscales pueden terminar subsidiando emprendimientos de enorme consumo energético cuyo impacto sobre el empleo y el entramado productivo nacional podría ser mucho menor del que promete el discurso oficial.
La discusión adquirió especial intensidad en las últimas horas porque uno de los puntos que el oficialismo aceptó modificar está relacionado precisamente con el abastecimiento energético de los megacentros de datos. La cuestión no es menor: entrenar y operar modelos avanzados de inteligencia artificial requiere instalaciones capaces de procesar cantidades gigantescas de información durante períodos prolongados, y esas instalaciones necesitan electricidad de manera permanente, con niveles de demanda que pueden convertir a un único proyecto en un consumidor energético de escala comparable con grandes establecimientos industriales. Las modificaciones negociadas en el Senado buscan establecer condiciones específicas para esos emprendimientos, en particular respecto de quién debe garantizar la energía necesaria para ponerlos en funcionamiento, en un momento en que la infraestructura eléctrica argentina todavía enfrenta restricciones y necesita inversiones considerables para acompañar cualquier salto significativo de la demanda.
La nueva frontera no es el petróleo: es la electricidad
Durante buena parte del siglo XX, las grandes disputas económicas internacionales estuvieron relacionadas con el acceso al petróleo. En el siglo XXI, esa competencia continúa, pero empieza a complementarse con otra disputa cada vez más evidente: quién tendrá acceso a suficiente energía para sostener la infraestructura digital que mueve la nueva economía. Un centro de datos no se parece a una oficina llena de computadoras; es una instalación industrial donde miles de servidores funcionan simultáneamente, procesando información y generando calor que debe ser disipado de manera constante, razón por la cual la disponibilidad de electricidad barata, abundante y relativamente estable se convirtió en uno de los factores decisivos para decidir dónde instalar este tipo de infraestructura.
Argentina tiene algunos elementos que la vuelven atractiva para esa carrera. Posee gas natural abundante en Vaca Muerta, potencial hidroeléctrico, capacidad creciente de generación renovable, disponibilidad territorial y una comunidad científica y tecnológica con experiencia en áreas vinculadas con software, inteligencia artificial y servicios basados en conocimiento. El atractivo, por lo tanto, no es inventado: existe una oportunidad real. El problema es determinar qué condiciones debe establecer el Estado para que esa oportunidad tecnológica no termine reducida a la explotación de una ventaja energética.
El proyecto oficial busca precisamente aprovechar esa combinación. Según la información difundida sobre el Súper RIGI, el régimen apunta a actividades que todavía no cuentan con desarrollo comercial previo en el país o que se encuentran en fases experimentales o piloto, incluyendo megacentros de datos destinados al entrenamiento de modelos de inteligencia artificial y otras industrias tecnológicas. Para acceder al régimen se plantea un umbral de inversión de 1.000 millones de dólares, lo que coloca el programa en una escala muy diferente de la de las políticas tradicionales destinadas a pequeñas y medianas empresas.
La pregunta, entonces, no debería ser simplemente si Argentina quiere tener centros de datos. Por supuesto que debería interesarle desarrollar infraestructura digital propia y atraer inversiones tecnológicas. La cuestión verdaderamente relevante es bajo qué condiciones esas inversiones se incorporarán a la economía argentina.
Porque un centro de datos puede estar físicamente ubicado en nuestro territorio, consumir energía producida aquí y utilizar infraestructura nacional sin necesariamente generar un ecosistema industrial comparable al de una fábrica tradicional. Su principal activo son los servidores, el software, los sistemas de refrigeración, la conectividad y el capital tecnológico, y una vez construido puede funcionar con una cantidad de trabajadores relativamente reducida respecto de la magnitud de la inversión involucrada.
Eso no significa que carezca de impacto laboral o económico. Puede generar empleo especializado, demandar servicios, ampliar la infraestructura de telecomunicaciones y atraer otras inversiones. Pero no es razonable equiparar automáticamente 1.000 millones de dólares invertidos en infraestructura digital con 1.000 millones invertidos en una cadena industrial intensiva en empleo.
El punto que incomoda: ¿quién paga la energía?
Aquí aparece el cambio que el Senado está discutiendo y que probablemente sea uno de los aspectos más importantes del debate. Los grandes centros de datos necesitan energía en cantidades extraordinarias y, si su llegada implica aumentar significativamente la demanda eléctrica, la pregunta inevitable es quién asumirá el costo de esa expansión de infraestructura.
La modificación negociada por el oficialismo incorpora justamente la cuestión de que los proyectos electrointensivos, especialmente los vinculados con inteligencia artificial, puedan tener que garantizar su propio abastecimiento energético. La diferencia parece técnica, pero en realidad expresa una discusión política de fondo: si una empresa decide instalar en Argentina una infraestructura que demanda enormes cantidades de electricidad, ¿debe esa empresa adaptar su consumo a la capacidad existente o debe el sistema eléctrico argentino adaptarse para satisfacer sus necesidades?
La diferencia puede traducirse en miles de millones de dólares de inversión pública o privada.
Una cosa es que un centro de datos se instale utilizando capacidad eléctrica disponible y pagando por ella como cualquier otro usuario industrial. Otra muy diferente es que para abastecerlo sea necesario construir nuevas líneas de transmisión, ampliar subestaciones, desarrollar generación adicional o modificar redes que también utilizan hogares, comercios y pequeñas industrias.
Por eso el debate energético no puede quedar separado del debate tributario. Si el Estado concede beneficios fiscales extraordinarios para atraer una inversión y además debe realizar inversiones en infraestructura para que esa inversión pueda funcionar, la rentabilidad privada del proyecto puede estar acompañada por un costo público que no aparece en el anuncio inicial de los millones de dólares comprometidos.
La cuestión tampoco consiste en rechazar toda inversión tecnológica. Al contrario: Argentina necesita desesperadamente ampliar su infraestructura digital y aprovechar el conocimiento que produce. Pero una política industrial seria debería preguntarse qué condiciones permiten que una inversión extranjera se convierta en una plataforma para desarrollar proveedores nacionales, formar trabajadores especializados, generar investigación local y aumentar la capacidad tecnológica del país.
Si la respuesta es que solamente traerá servidores y consumirá electricidad, el resultado será bastante diferente.
El riesgo de convertirse en una enorme usina para otros
Existe una tentación comprensible detrás de la propuesta: Argentina posee un recurso que el mundo necesita —energía relativamente barata en comparación con otros mercados— y existe una industria global que necesita cada vez más electricidad. ¿Por qué no aprovecharlo?
La respuesta puede encontrarse en una palabra que América Latina conoce demasiado bien: enclave.
Un enclave económico aparece cuando una actividad productiva está integrada principalmente hacia afuera, utiliza recursos locales pero mantiene buena parte de sus decisiones, tecnología y beneficios fuera del territorio donde opera. Históricamente, América Latina conoció esa lógica con la minería, los grandes complejos agroexportadores y los hidrocarburos. El desafío contemporáneo consiste en evitar que la economía digital reproduzca exactamente el mismo esquema bajo una apariencia completamente diferente.
Un megacentro de datos podría convertirse en una pieza de una estrategia tecnológica nacional si se articula con universidades, empresas argentinas, centros de investigación, proveedores locales, formación profesional y desarrollo de software. También podría generar una demanda energética que impulse nuevas inversiones en generación y transmisión, beneficiando al conjunto del sistema. Pero también podría terminar funcionando simplemente como una enorme infraestructura privada conectada a los recursos energéticos argentinos para prestar servicios digitales a consumidores ubicados en otros países.
En ambos casos habría inversión. En ambos casos habría exportaciones. En ambos casos podrían aparecer cifras millonarias en los anuncios oficiales. Pero el impacto estructural sobre el país sería completamente distinto.
Ese es precisamente el tipo de diferencia que una ley de promoción de inversiones debería contemplar.
El espejismo de medir el éxito solamente en dólares
El RIGI original permite observar ya una primera experiencia. Según un seguimiento basado en datos oficiales del Boletín Oficial, hacia fines de agosto había 22 proyectos aprobados por unos 47.074 millones de dólares, con una estimación de 95.975 empleos directos e indirectos, aunque esos compromisos se encuentran en distintas etapas de ejecución y no equivalen a dinero ya ingresado o a puestos de trabajo efectivamente creados.
La diferencia entre inversión comprometida, inversión efectivamente ejecutada y actividad económica generada resulta fundamental para evaluar cualquier régimen de incentivos. Un proyecto puede anunciar una inversión gigantesca que se desarrollará durante una década y generar relativamente pocos empleos directos una vez que entre en funcionamiento. Eso no convierte al proyecto en negativo, pero obliga a medirlo por sus resultados reales y no solamente por el número que aparece en el comunicado de prensa.
El problema aparece cuando los beneficios fiscales se conceden durante períodos prolongados y la sociedad debe esperar décadas para comprobar si el crecimiento prometido efectivamente se produjo.
Ese es uno de los puntos que hacen especialmente sensible al Súper RIGI. El propio Gobierno lo presenta como una herramienta destinada a industrias que prácticamente no existen todavía en Argentina y busca ofrecer condiciones capaces de atraer inversiones que, de otro modo, podrían dirigirse hacia otros países.
La competencia internacional existe y Argentina no puede ignorarla. Pero competir por inversiones no significa necesariamente ofrecer las mayores ventajas posibles. También significa construir una propuesta que resulte atractiva porque combina recursos naturales, infraestructura, talento, estabilidad normativa y un mercado capaz de generar valor.
Una política tecnológica inteligente debería intentar que el centro de datos sea solamente el primer eslabón, no el producto final.
Si llegan servidores pero no se desarrolla industria nacional alrededor de ellos, la oportunidad será limitada. Si llega capital pero no aumenta la formación tecnológica, el efecto será menor. Si se consume energía pero no se fortalece el sistema eléctrico, el costo puede terminar socializándose. Y si se conceden beneficios tributarios extraordinarios sin mecanismos claros para evaluar resultados, el Estado puede quedar comprometido durante años con una inversión cuyo impacto económico real sea difícil de medir.
La Argentina ante una decisión que va mucho más allá del Súper RIGI
El debate que atraviesa al Senado esta semana puede parecer una discusión más dentro de la larga lista de reformas económicas del Gobierno, pero en realidad anticipa una cuestión que va a acompañar a la Argentina durante las próximas décadas. La inteligencia artificial necesita territorio, energía, agua, minerales, infraestructura y trabajadores, aunque su producto final parezca completamente inmaterial.
Detrás de cada consulta que hacemos a una herramienta de inteligencia artificial existe una infraestructura física gigantesca que consume electricidad, necesita refrigeración, requiere redes de transmisión de datos y depende de equipos fabricados con minerales y componentes provenientes de distintas partes del mundo. La nube, en definitiva, no está en el aire: está en edificios, cables, centrales eléctricas y servidores.
Por eso Argentina debería discutir su estrategia tecnológica con la misma seriedad con la que discute su estrategia energética. Tener gas y electricidad disponibles puede convertirse en una ventaja extraordinaria, pero vender energía barata para que otros países procesen sus datos no es necesariamente lo mismo que construir una economía tecnológica nacional.
El verdadero desafío consiste en conseguir que la infraestructura digital genere capacidades que permanezcan en el país incluso si mañana cambian las empresas, las plataformas o las tecnologías. Eso significa universidades fortalecidas, científicos trabajando, técnicos capacitados, proveedores locales, empresas argentinas capaces de integrarse a cadenas globales y un Estado con capacidad para establecer reglas que protejan el interés público sin cerrar la puerta a la inversión.
La Argentina tiene una oportunidad concreta. Sería absurdo negarla por prejuicio ideológico o por temor a cualquier participación extranjera. Pero sería igualmente equivocado aceptar que cualquier inversión es automáticamente buena por el solo hecho de traer dólares.
Porque la historia económica ofrece demasiados ejemplos de países que confundieron tener un recurso valioso con saber desarrollarlo.
La inteligencia artificial puede convertirse en una nueva frontera productiva para Argentina, pero solamente si el país decide qué quiere hacer con ella. Puede ser una oportunidad para transformar energía en conocimiento, conocimiento en industria y tecnología en empleos de calidad; o puede convertirse simplemente en otro mecanismo mediante el cual nuestros recursos naturales alimenten negocios cuyo mayor valor agregado se genera lejos de nuestras fronteras.
El Súper RIGI no resolverá por sí solo esa disyuntiva. Una ley de incentivos puede atraer inversiones, pero no puede reemplazar una política tecnológica, energética e industrial. Esa política todavía está por construirse.
Y quizás por eso el debate más importante no sea cuánto dinero promete cada megacentro de datos, sino qué parte de esa nueva economía queremos que quede efectivamente en la Argentina cuando los servidores se enciendan, las máquinas comiencen a procesar millones de operaciones y la electricidad producida aquí empiece a alimentar la inteligencia artificial del mundo.
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La decisión de Javier Milei de sancionar a todas las empresas que participen de la explotación petrolera alrededor de Malvinas amenaza con causar problemas en la explotación de Vaca Muerta y otros yacimientos de la Argentina continental, si es que el Presidente habló en serio en su mensaje por cadena nacional.
El Presidente y su canciller, Pablo Quirno, anunciaron que las sanciones alcanzarán a accionistas, directivos y proveedores, sin importar su nacionalidad. Si cumple con ese criterio, Argentina deberá cerrarles la puerta a compañías que también necesita para desarrollar Vaca Muerta y su propio offshore.
Quirno incluso festejó este sábado que Halliburton anunciara que iba a respetar la decisión de Milei y no operaría en Malvinas. El detalle es que esa empresa -una de las más grandes en servicios petroleros- no opera en Malvinas. Es decir, no está alcanzada por las sanciones. No sucede lo mismo con otras corporaciones globales de la industria.
Declaración de Halliburton, la 2da empresa de servicios petroleros más grande del mundo sobre las Islas Malvinas%uD83C%uDDE6%uD83C%uDDF7%uD83C%uDDE6%uD83C%uDDF7%uD83C%uDDE6%uD83C%uDDF7%uD83D%uDC47%uD83C%uDFFC%uD83D%uDC47%uD83C%uDFFC%uD83D%uDC47%uD83C%uDFFC pic.twitter.com/bLOBVjIgFZ
El caso más evidente es Noble Corporation, uno de los gigantes mundiales de la perforación offshore. Un reporte internacional del mercado de plataformas identifica al semisumergible Noble Endeavor con un contrato para una campaña de once pozos en Sudamérica a partir de fines de 2026 que lo ubica en el yacimiento Sea Lion de las Malvinas. La cantidad coincide exactamente con los once pozos previstos para la primera etapa del proyecto. La petrolera israelí Navitas confirmó que el contrato de la plataforma está firmado, aunque mantiene bajo reserva el nombre del proveedor.
El problema es que Noble trabaja para la Argentina. TotalEnergies contrató a la compañía para perforar el yacimiento Fénix frente a Tierra del Fuego. Noble llevó la plataforma Noble Regina Allen hasta la Cuenca Austral para perforar los tres pozos horizontales del desarrollo.
La misma compañía especializada que Argentina necesita para perforar frente a Tierra del Fuego aparece ahora en la maquinaria que permitirá producir petróleo alrededor de Malvinas. Ese es el dilema que se esconde detrás del anuncio. El petróleo offshore funciona con un reducido club mundial de empresas capaces de perforar a cientos de metros de profundidad, operar barcos de producción, construir instalaciones submarinas, asegurar una plataforma o conseguir miles de millones de dólares para financiar un desarrollo. No hay demasiados reemplazos disponibles.
Si Milei cumple con el anuncio que hizo por cadena nacional, debería sancionar a Noble Corporation que aparece como la firma que provee las plataformas para sacar el petróleo de Malvinas. Esta firma es también la que extrae gas en el proyecto Fenix, frente a Tierra del Fuego. El Gobierno debería cancelarle ese permiso.
Otro nombre directamente involucrado es Bluewater Energy Services. Navitas contrató a la compañía para aportar el Aoka Mizu, el FPSO sobre el que descansará Sea Lion. El Aoka Mizu es prácticamente una refinería flotante. Recibirá el petróleo de los pozos submarinos, separará los fluidos, procesará y almacenará el crudo y permitirá cargarlo sobre los tanqueros que después lo llevarán al mercado internacional. Sin Aoka Mizu no hay Sea Lion.
La reconversión del barco ya suma más compañías a la lista. ICE Marine Design Group fue contratada para realizar trabajos de ingeniería sobre el casco. También aparecen proveedores vinculados a la enorme red de equipos que debe instalarse para conectar once pozos submarinos con una planta industrial que flota en medio del Atlántico Sur.
El CEO de Noble Corporation, Robert Eifler junto al vicepresidente de TotalEnergies, Thomas Gautherot.
La telaraña llega rápidamente al sistema financiero. Macquarie Bank aparece directamente vinculado a la estructura de Sea Lion. La sociedad británica mediante la cual Navitas desarrolla el proyecto constituyó en diciembre de 2025 una garantía sobre sus activos a favor del banco australiano, en los mismos días en que el proyecto cerró su financiamiento. Sea Lion consiguió alrededor de 1.000 millones de dólares de deuda senior, divididos en unos 650 millones para Navitas y 350 millones para Rockhopper. Macquarie no es solamente un banco. Es uno de los grandes jugadores mundiales en financiamiento de petróleo y gas.
Por el lado de Rockhopper aparecen Canaccord Genuity y Peel Hunt. Las dos firmas son brokers de la petrolera británica y participaron de sus operaciones de capital. Canaccord funciona además como asesor de Rockhopper en el mercado de deuda de Londres.
Otro engranaje es Netherland, Sewell & Associates, NSAI, una de las grandes consultoras internacionales de reservas. NSAI evaluó los recursos de Sea Lion para Navitas y realizó una nueva certificación para Rockhopper. Sobre esos informes se construyó la operación y la búsqueda de financiamiento que la hizo posible.
La consultora NSAI fue la que certificó las reservas del yacimiento Sea Lion de Malvinas, lo que permitió financiar la operación. Esa consultora trabajó con YPF en yacimientos de Neuquén y Mendoza. Las nuevas sanciones de Milei deberían prohibirle operar en la Argentina.
NSAI no es ajena al petróleo argentino. La consultora trabajó en evaluaciones de reservas de YPF en las cuencas Neuquina y Cuyana y mantiene vínculos con el ecosistema petrolero local. Este año representantes de la compañía participaron en Buenos Aires de actividades técnicas vinculadas a la evaluación de reservas, algunas realizadas en la torre de YPF.
La lista puede crecer mucho más. Ese es el problema para las sanciones. El mercado mundial de servicios petroleros está concentrado en gigantes como SLB, Halliburton, Baker Hughes y Weatherford. Para instalaciones submarinas, el club vuelve a achicarse alrededor de empresas como TechnipFMC, Subsea7 y Saipem.
SLB, Halliburton, Baker Hughes y Weatherford, al mismo tiempo, forman parte del engranaje cotidiano de Vaca Muerta. La Argentina necesita sus equipos, tecnología y servicios para aumentar la velocidad de perforación y fractura que requiere el salto exportador que proyecta Milei.
Richard Talley, CEO de la consultora especializada en reservas NSAI.
Pero el cuello de botella es aún más delicado en los seguros. Ninguna plataforma offshore, buque licuefactor, refinería flotante o campaña de perforación de esta magnitud puede operar sin cobertura.
El nombre del broker que estructuró el programa y la nómina de aseguradoras y reaseguradoras que tomaron el riesgo de garantizar la operación en el mar que circunda las Malvinas no fueron revelados. Es uno de los secretos más importantes de la estructura de Sea Lion. El problema es que ese mercado también está concentrado. Marsh, Aon y WTW están entre los pocos grandes brokers capaces de estructurar coberturas energéticas internacionales de semejante escala. Los tres operan en Argentina.
Sea Lion necesita además traders capaces de comprar cargamentos, conseguir barcos, financiar inventarios y colocar los barriles entre las refinerías internacionales. Otra vez aparecen pocos nombres: Vitol, Trafigura, Gunvor, Glencore y Macquarie, además de las grandes mesas comerciales de Shell, BP, Chevron y TotalEnergies.
Varias ya están profundamente conectadas con Argentina. Trafigura construyó una posición importante como compradora de crudo Medanito y desarrolló infraestructura petrolera en Bahía Blanca. Vitol también compra petróleo producido en Argentina.
El nombre del broker que estructuró el programa y la nómina de aseguradoras que tomaron el riesgo de garantizar la operación en el mar que circunda las Malvinas no fueron revelados. Es uno de los secretos más importantes de Sea Lion. El problema es que ese mercado está concentrado. Marsh, Aon y WTW están entre los pocos brokers capaces de estructurar coberturas energéticas internacionales de semejante escala. Los tres operan en Argentina.
La contradicción se vuelve todavía más visible con las petroleras. TotalEnergies, que contrató a Noble para Fénix, es uno de los grandes productores de gas de Argentina.
La presencia británica en la cadena argentina, por tanto, está lejos de limitarse a alguna empresa marginal, forma parte d ela trama densa del negocio petrolero. Buena parte del mercado internacional de seguros, financiamiento, servicios marítimos y trading que necesita la expansión petrolera argentina tiene una fuerte conexión con Londres. Por eso la tensión que el giro malvinera causó con el ministro Toto Caputo, como reveló LPO.
La amenaza anunciada por Milei consiste precisamente en utilizar el mercado argentino como arma: una compañía que contribuya a producir petróleo alrededor de Malvinas puede quedar impedida de trabajar en el territorio continental.
Pero lo curioso es que en el mercado petrolero nadie cree que las sanciones anunciadas avancen en serio, por el impacto que causaría en uno de los pocos sectores que funcionan en la economía argentina. «Va a quedar en nada», afirmó a LPO el ejecutivo de una firma importante del sector.
El CEO de Transfigura, Richard Holtum.
La potencia del castigo depende de que Argentina esté realmente dispuesta a prescindir de jugadores claves para su propio desarrollo petrolero. Ahí está el efecto búmeran que deberá administrar el Gobierno.
Para intentar aislar Sea Lion, Milei necesita amenazar a compañías que le dan financiamiento, tecnología, perforación, seguros y mercado. Pero el gobierno libertario quiere acelerar Vaca Muerta y avanzar sobre su propio offshore. Para conseguirlo necesita exactamente a ese mismo puñado de empresas que ahora debería sancionar.
En el mercado petrolero nadie cree que las sanciones anunciadas por Milei avancen en serio, por el impacto que causaría en uno de los pocos sectores que funcionan en la economía argentina. «Va a quedar en nada», afirmó a LPO el ejecutivo de una firma importante del sector.
Sea Lion ya dejó atrás la etapa de las promesas. Navitas Petroleum, de Israel, controla el 65% y la británica Rockhopper Exploration conserva el 35%. Las compañías tomaron la decisión final de inversión y proyectan unos 2.100 millones de dólares para la primera etapa. Frenar esa operación no será sencillo, como dejaron en claro este viernes ambas petroleras, con un comunicado que ninguneó sin piedad el anuncio de Milei.
Guillermo Montenegro está analizando seriamente regresar a la intendencia de Mar del Plata. Aunque las versiones que corrieron desde principios de año siempre fueron desmentidas, en el entorno del hoy senador provincial ahora admiten en privado esa posibilidad.
A las tensiones internas que estaban subyacentes desde que Agustín Neme se hizo cargo de forma interina del municipio, se suma ahora una crisis de gestión que tiene su epicentro precisamente en la bandera del gobierno local de Montenegro: la seguridad.
Como contó LPO, desde que Karina Milei cortó su ingreso al gabinete nacional, Montenegro se volvió a encuadrar en el PRO al punto de ponerle ese sello al bloque de concejales local.
Sin embargo, Neme reforzó su acercamiento con los libertarios, a quienes les dio lugares clave en el gabinete, como Obras Sanitarias. Esa relación, desmarcada de Montenegro, empezó a mostrarlo a Neme con la intención de construir un perfil propio con vistas a una candidatura en 2027.
Para eso, Neme tiene el apoyo de parte de la estructura del PRO local que preside su mentor político, el empresario y ex titular del Ente de Turismo Emiliano Giri, con fuerte influencia en el interinato municipal.
Pero es muy corto el hilo en el carretel que tiene hoy Neme para levantar vuelo propio, ya que cualquier movimiento abrupto de desmarque o un giro fuerte en la marcha de la gestión, pueden provocar el hastío de Montenegro y su decisión de volver a tomar control del municipio. Y eso parece que está sucediendo.
Por lo pronto, fuentes cercanas a Montenegro señalaron a LPO que Neme no es el elegido del hoy senador para continuar su proyecto de municipio en 2027, sino que es el jefe del bloque de concejales PRO, Fernando Muro, quien se muestra completamente alineado al intendente en uso de licencia.
Además, cerca de Montenegro advierten que, además de su alianza con los libertarios, Neme quiere apalancarse sobre Florencio Aldrey Iglesias, uno de los empresarios más fuertes de la ciudad, dueño de medios, hoteles y hasta un shopping que bautizó con su apellido.
Según comentan en Mar del Plata, Neme estaría dispuesto a abrirle más puertas a «El Gallego», algo que no aprueba Montenegro.
«El Senado no funciona y no puede dejar que se prenda fuego la ciudad», dicen dirigentes con llegada a Montenegro.
Pero, más allá del plano político, lo que parece acelerar un regreso de Montenegro a la comuna es la marcha de la gestión. Por fuera de los datos que muestran un derrumbe del turismo y de las ventas en comercios o de las quejas por la prestación deficitaria de servicios, la crisis de la gestión Neme está en la ola de inseguridad.
En sólo días, se produjeron tres asesinatos que conmocionaron a la ciudad balnearia, al punto de realizarse el último miércoles una marcha contra la inseguridad que tuvo como uno de sus destinos el Palacio Municipal.
El sábado pasado, el chofer de Uber Alberto Rodríguez fue asesinado en ocasión de robo de su auto. También durante un asalto, se produjo el crimen del ferretero Ricardo Ruiz, quien fue atacado por dos delincuentes que le dispararon al huir.
Neme no es el elegido de Montenegro para continuar su proyecto de municipio en 2027, sino que es el jefe del bloque de concejales PRO, Fernando Muro
Luego, se produjo el femicidio de Mailén Antonich en una de las playas del sur, donde había sido citada para una falsa entrevista de trabajo.
El descontrol en materia de seguridad llevó incluso al ex intendente Gustavo Pulti a levantar el tono reclamando al Ministerio de Seguridad de la Provincia y a Neme «sentarse a trabajar juntos. Coordinar, actuar y dar respuestas».
La movilización de este miércoles al Municipio en reclamo por la ola de inseguridad.
«Mar del Plata necesita decisiones serias, no un circo mediático. La seguridad se construye con gestión y resultados», lanzó Pulti en un mensaje que descolocó a sectores del axelismo por el tono crítico a una de las áreas de gestión provincial.
Como sea, lo que quedó en evidencia esta semana fue cómo trastocó al pleno del arco político el masivo reclamo por seguridad y es ahí donde Montenegro analiza apurar un regreso que antes se meditaba con mayor hermetismo y por razones políticas.
Otra de las razones que tributan a la vuelta a Mar del Plata es la cuasi nula actividad en la Legislatura bonaerense. «El Senado no funciona y no puede dejar que se prenda fuego la ciudad», dicen dirigentes con llegada a Montenegro.
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