Durante dos días, la Feria ReEmprender se vistió de rojo en su edición especial de ‘Carnaval del amor’. Las casitas de los artesanos, en la Plaza Primeros Pobladores, se convirtieron en el paseo de los reginenses que pudieron observar el trabajo de emprendedores y artesanos.
A esta posibilidad, se sumó durante el domingo la caminata ‘Atardeceres reginenses’ y el clásico ‘Domingos de Plaza’.
La Dirección de Turismo y la Dirección de Cultura agradecen a todos quienes participaron de las actividades propuestas.
Compartimos el documento del Consejo Local de las Mujeres Villa Regina redactado para el paro internacional feminista #8M. Como Consejo Local de las Mujeres ¡¡¡queremos celebrar que hemos recuperado las calles!!!! Tras dos años muy difíciles de pandemia hemos sido muchas haciendo paro en nuestros trabajos, en nuestras casas y de las maneras que podemos…
La Municipalidad de Villa Regina puso en marcha la licitación pública N° 04/2021 para el mantenimiento y recambio de luminarias a tecnología LED para el sector centro, Avenida Mitre, calle Juan XXIII, Avenida Cipolletti, Las Heras, Brown, Belgrano y Avenida General Paz. El presupuesto oficial es de $ 29.078.154,41 y el plazo de obra es…
El Concejo Deliberante aprobó por unanimidad la Declaración de Interés Municipal; la creación de la “Agrupación Valkirias Rosas”, que desarrolla la actividad náutica “Remo por la Vida”, con el objetivo de promover la actividad del remo, como tratamiento post quirúrgico oncológico de mama. Este proyecto fue elevado por los ediles de la Comisión de Asuntos…
La misión SAC-D Aquarius marcó un hito en la historia espacial argentina hace diez años cuando se puso en órbita un satélite que cambió la forma de medir la salinidad de los océanos, dato clave para evaluar las consecuencias del cambio climático, al portar una cámara de alta sensibilidad, otra infrarroja, radiómetro de microondas e…
Una de las pocas causas por corrupción durante el gobierno de Javier Milei que avanza en la justicia tiene como escenario Tandanor, el estátegico astillero estatal.
La Policía Federal realizó cinco allanamientos por orden del juez federal Sebastián Casanello, cuatro en la Ciudad de Buenos Aires y uno en Mar del Plata. En los procedimientos fueron secuestrados exactamente 367.110 dólares, encontrados entre un domicilio particular y una caja de seguridad ubicada en el microcentro porteño. El principal investigado es Julio Eduardo Gallé, que se desempeñaba como gerente comercial de Tandanor.
La Justicia intenta determinar si Gallé le exigió dinero al empresario Antonio Alejandro Napoleone, titular de Lucrimar SA, a cambio de condonarle una deuda que su compañía mantenía con el astillero estatal. La deuda rondaba los 200 mil dólares.
Según la hipótesis que reconstruyen los investigadores, Gallé habría ofrecido hacerla desaparecer a cambio de un pago. La maniobra investigada alcanza al menos los 220 mil dólares. Pero los allanamientos dejaron una pista todavía más comprometedora. Los investigadores encontraron un recibo manuscrito entre los involucrados por 100 mil dólares y 12,7 millones de pesos. También secuestraron cartas documento, extractos bancarios, comprobantes de transferencias, contratos, una notebook, una computadora, una tablet y tres teléfonos celulares.
La causa nació de una auditoría interna realizada en Tandanor luego del recambio de autoridades. Las irregularidades detectadas terminaron en una denuncia de la propia empresa y Casanello delegó en mayo la investigación en la unidad especializada contra la corrupción de la Policía Federal.
El episodio atraviesa una empresa que LPO viene siguiendo desde el comienzo del gobierno libertario. Ana Laura Hernández había desembarcado en la presidencia de Tandanor durante la gestión de Nicolás Posse.
Ana Laura Hernández había desembarcado en la presidencia de Tandanor durante la gestión de Nicolás Posse. Su llegada estuvo acompañada por una fuerte reestructuración. Despidió trabajadores, incorporó directores y asesores con salarios elevados. En ese proceso también fue desarticulada la Gerencia de Control de Gestión.
Su llegada estuvo acompañada por una fuerte reestructuración. Hernández despidió trabajadores, incorporó directores y asesores con salarios elevados y contrató a BDO para realizar una auditoría. En ese proceso también fue desarticulada la Gerencia de Control de Gestión, precisamente el área que concentraba información sensible sobre el funcionamiento de la compañía.
La decisión generó una crisis interna. Silvia Martínez, presidenta de la Cámara de la Industria Naval Argentina y una de las integrantes del directorio, terminó alejándose de la empresa en medio de diferencias con el rumbo que había tomado la conducción.
La gestión de Hernández ocurrió además mientras dentro de Tandanor crecían las sospechas de que el gobierno preparaba el terreno para rematar activos de la empresa. El astillero no solamente tiene capacidad industrial estratégica: ocupa más de 30 hectáreas en uno de los terrenos más codiciados de Buenos Aires.
El interés inmobiliario siempre sobrevoló la discusión. Frente a Tandanor se encuentra el gigantesco desarrollo Solares de Santa María en la ex Ciudad Deportiva de La Boca. La posibilidad de liberar las tierras del astillero multiplicó las sospechas sobre qué había realmente detrás del interés libertario por desprenderse de la compañía.
Hernández finalmente dejó el cargo y en su lugar desembarcó Mauricio González Botto, otro hombre directamente vinculado a Posse. Antes de llegar a Tandanor, González Botto había tenido bajo su órbita el universo de las empresas públicas y participado del diseño inicial de las privatizaciones del gobierno.
Ahora, mientras el gobierno vuelve a mover las fichas alrededor del futuro del astillero, la Justicia reconstruye qué ocurrió puertas adentro durante aquella etapa. Los 367 mil dólares, el recibo escrito a mano y los movimientos bancarios secuestrados dejaron de ser una auditoría administrativa para convertirse en una causa federal por cohecho.
El juez federal Ernesto Kreplak procesó a las ex funcionarias Agustina Bisio y Gabriela Mantecón Fumadó en la causa que investiga más de 120 muertes por la administración hospitalaria de fentanilo contaminado producido en los laboratorios HLB y Ramallo, ante la presunta corrupción de las autoridades, que debían controlar los medicamentos.
El magistrado impuso una inhibición y embargo sobre los bienes de la directora de la Anmat y la ex titular del Instituto Nacional de Medicamentos (Iname) hasta cubrir 500 mil millones de pesos, y también dictó una serie de medidas que las imputadas deberán cumplir para permanecer en libertad, mientras avanza la investigación.
El escrito del juez encierra un párrafo muy significativo que podría significar la desafectación del ministro Mario Lugones de la causa. «Si bien considero probado que el Ministro tenía conocimiento al menos de las generalidades relevantes de lo que ocurría con los laboratorios, no menos cierto resulta que todos los elementos de convicción apuntan a que su intervención, lejos de permitir un funcionamiento en tales condiciones, tendía lisa y llanamente a su cierre, esto es, a impedir su operación», sostuvo Kreplak.
Salvo que ante la situación de ser las únicas condenadas, las funcionarias se declaren arrepentidas y avancen en declaraciones probatorias de la responsabilidad de Lugones en la decisión de no clausurar los laboratorios, el párrafo citado parece anticipar el curso de acción del juez en favor del ministro de Milei.
Para la investigación penal que lleva adelante Kreplak, Bisio y Mantecón Fumadó fueron «partícipes necesarias penalmente responsables del delito de adulteración de sustancias medicinales». Es decir, sin su concurso que básicamente consistió en no clausurar los laboratorios pese a los informes y testimonios de inspectores que pedían tomar esa medida -hasta con argumentos dramáticos-, el fentanilo envenenado no hubiera llegado a la calle.
«A partir de las probanzas colectadas a lo largo de la pesquisa, es posible concluir que las imputadas Mantecón Fumadó y Bisio realizaron un aporte concreto y necesario a la lesión del bien jurídico salud pública protegido por los artículos. 200 y 201 bis CP así como al bien jurídico integridad personal resguardado por el delito de lesiones leves previsto por el art. 89 CP, a raíz de su decisión de no adoptar las medidas preventivas y correctivas oportunas y eficaces contempladas por la normativa aplicable ya explicadas», argumenó Kreplak en su resolución, a la que accedió LPO.
Si bien considero probado que el Ministro tenía conocimiento al menos de las generalidades relevantes de lo que ocurría con los laboratorios, no menos cierto resulta que todos los elementos de convicción apuntan a que su intervención, lejos de permitir un funcionamiento en tales condiciones, tendía lisa y llanamente a su cierre, esto es, a impedir su operación.
El fallo si bien favorece a Lugones no termina de sacarlo de los hechos investigados. «A lo largo de la investigación llevada adelante, diversos elementos de convicción permiten poner en escena al Dr. Lugones», destacó Kreplak en el auto de procesamiento y señaló que en los testimonios de Mantecón y Bisio asoman coincidencias respecto del rol del ministro.
En efecto,, Bisio afirmó que «Lugones hacía reuniones de gabinete y de los institutos venían todos los que de él dependíamos. Allí contábamos las situaciones. Esto era un tema que fue llevado permanentemente, de la situación de los laboratorios e incumplidores. En este caso, estos se llevaban. Y la idea fue siempre que Lugones me daba la instrucción y yo daba la instrucción de cerrar».
Al ser indagada respecto de una reunión realizada en la sede de la Anmat el 14 de enero pasado, Bisio dijo: «Yo le avisé al Ministro, ‘van a venir, ¿qué hago?, ¿sigo con lo mismo?’, ‘sí, cerrá, cerrá’, me dijo». Ese testimonio puede favorecer al ministro.
Ese día, Bisio y Fumadó mantuvieron un encuentro con Ariel García Furfaro y otras dos personas de la empresa en «Avenida de Mayo», tal como se la denomina a la sede de la Anmat. Para esa fecha, Bisio y Fumadó contaban con un informe realizado por inspectoras de la Anmat en los últimos días de 2025. En el texto alertaban sobre la situación del laboratorio y recomendaban prohibir la producción y retirar del mercado las drogas elaboradas. Por alguna razón, el Ministerio de Salud desoyó esas advertencias y la tragedia se consumó. Hubo alertas institucionales que se eligió no escuchar.
Según consta en el expediente, luego de hablar con el ministro Lugones las dos funcionarias ofrecen no avanzar contra los laboratorios a cambio que presenten un plan de acción para subsanar sus incumplimientos. Esa es la parte más delicada para Lugones de los testimonios.
Lugones hacía reuniones de gabinete y de los institutos venían todos los que de él dependíamos. Allí contábamos las situaciones. Esto era un tema que fue llevado permanentemente, de la situación de los laboratorios e incumplidores. En este caso, estos se llevaban. Y la idea fue siempre que Lugones me daba la instrucción y yo daba la instrucción de cerrar.
En el gobierno existe extrema preocupación por el caso. Temen que Lugones sea procesado porque hay varios testimonios que estaba al tanto de los hechos y tenía la última decisión. Incluso trascendió que su hijo, Rodrigo Lugones, le habría sugerido que renuncie a su cargo, decisión que el ministro rechazó.
En la Casa Rosada buscan culpar a los ex ministros de Salud del gobierno de Alberto Fernández -Carla Vizzoti y Ginés González García, ya fallecido- argumentando que tanto Bisio como Mantecón Fumadó ya eran funcionarias bajo se gestión. El problema es que los hechos ocurrieron durante la gestión de Lugones. Es un principio básico del derecho penal que no se puede juzgar a las personas por hechos que no cometieron.
De hecho, Cristina Kirchner está presa en la causa Vialidad porque era la responsable última de las objetadas concesiones de rutas realizadas bajo su gestión, aunque no firmó nada. El mismo criterio aplica en el caso de Lugones, pero más grave: según los testimonios de las funcionarias el ministro sí fue alertado sobre la gravedad de la situación.
El empresario García Furfaro.
Mantecón Fumadó declaró que antes de firmar la carta de advertencia dirigida a los laboratorios la consultó a Bisio. «Como todas las decisiones que se toman en esta gestión, hay que consultarlas, porque no había independencia resolutiva de parte de la administración nacional, sin consultar con el Ministerio. Le pedí a Agustina (Bisio) que consultara con el Ministro cómo quería manejar esta situación, en función de si se inhibe por carta de advertencia todo el laboratorio o si inhibían otras líneas productivas. Y el Ministro, después de unos días, informó a Agustina que contestó ‘vaya para adelante pero con cautela'».
Bisio contó además que en las reuniones de gabinete convocadas por Lugones intervenían activamente abogados penalistas.
El testimonio confirma que en marzo de 2025 Lugones ya estaba al tanto de los incumplimientos de HBL. La titular del Iname envió un informe sobre el laboratorio y en un chat, Bisio le consultó si ese informe era suficiente para cerrar las instalaciones. «Solo en dos palabras decime si esto da para cierre porque Mario pregunta. ¿Sólo eso o aún falta?», pregunta la titular de la Anmat.
Como todas las decisiones que se toman en esta gestión, hay que consultarlas, porque no había independencia resolutiva de parte de la administración nacional, sin consultar con el Ministerio. El ministro contestó que vayamos para adelante, pero con cautela.
A fines de marzo, Mantecón Fumadó mantiene otra reunión con Furfaro. Tras ese encuentro Bisio le pide información precisa sobre la situación del laboratorio: «¿Podrías mandarme para que le dé al Ministro cuál es la implicancia de esto? Traducción a la práctica. Ej: No puede vender más. Insistir o informarnos sobre el retiro de mercado».
Kreplak advierte en el auto de procesamiento d elas funcionarias la discrepancia entre la supuesta decisión política que bajaba del Ministerio con lo que efectivamente ocurría en la Anmat y el Iname. «Si bien considero probado que el Ministro tenía conocimiento al menos de las generalidades relevantes de lo que ocurría con los laboratorios, no menos cierto resulta que todos los elementos de convicción apuntan a que su intervención, lejos de permitir un funcionamiento en tales condiciones, tendía lisa y llanamente a su cierre, esto es, a impedir su operación», dice el juez en su resolución.
El magistrado destaca que distinta es la situación de Bisio, quien «tenía la responsabilidad máxima sobre el cumplimiento de los cometidos legales y reglamentarios de Anmat y sus órganos internos y, además, había sido investida políticamente como polea de transmisión de esas directrices políticas».
Según el juez el obrar de la funcionaria fue el contrario. A pesar de que tenía conocimiento de las irregularidades de los laboratorios y que habría recibido la decisión política de obrar, mantuvo una actitud pasiva y permisiva que culminó favoreciendo el accionar criminal de los laboratorios.
No sólo eso, sino que participó activamente en algunas de las acciones decisivas que permitieron al laboratorio continuar operando cuando lo correcto hubiese sido impedirlo.
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