Durante dos días, la Feria ReEmprender se vistió de rojo en su edición especial de ‘Carnaval del amor’. Las casitas de los artesanos, en la Plaza Primeros Pobladores, se convirtieron en el paseo de los reginenses que pudieron observar el trabajo de emprendedores y artesanos.
A esta posibilidad, se sumó durante el domingo la caminata ‘Atardeceres reginenses’ y el clásico ‘Domingos de Plaza’.
La Dirección de Turismo y la Dirección de Cultura agradecen a todos quienes participaron de las actividades propuestas.
A las 9:15, María Verón de 23 años saludo a su mamá y salío de su casa, se dirigía a una consulta médica a unas cuadras de su casa. Cuando llegó a la esquina, un Duna rojo la interceptó y 3 personas la subieron por la fuerza. Sus padres fueron a la comisaría a realizar…
Martín Otero Monsegur es un empresario tucumano de apellido distinguido, que milita a Milei con la misma pasión que utiliza para atacar al peronismo. Hasta acá nada nuevo. Excepto, que la semana pasada su empresa insignia, Citrícola San Miguel, está en las puertas del default de su deuda en dólares.
Como muchos empresarios grandes de la Argentina, Otero Monsegur aprovechó el dólar barato de Milei para salir a tomar deuda en moneda dura. Y en una historia ya conocida para la Argentina, ahora su empresa tuvo que reconocer que no puede pagarla.
San Miguel es la citrícola más grande del país y apenas en mayo de este año, Otero Monsegur celebraba que «con el cambio económico, pasamos de jugar a la defensiva a jugar a la ofensiva».
Apenas un mes después de esa entrevista, Otero Monsegur tuvo que explicarle al resto de los accionistas que iban a tener que aportar USD 15 millones para enfrentar un vencimiento, que la empresa no podía pagar. El salvataje, fue apenas un parche: Citrícola San Miguel tomó bajo la gestión de Otero Monsegur deuda por USD 250 millones.
Y el momento llegó. La semana pasada, Otero Monsegur tuvo que reconocer a sus acreedores que no iba a poder pagar la deuda. Ahora está enterrado en negociaciones poco elegantes con los acreedores a los que ofreció patear vencimientos por cuatro años y, al mismo tiempo, les pidió una baja de la tasa que acordó cuando les pidió la plata.
En mayo de este año, Otero Monsegur afirmó que «con el cambio económico, pasamos de jugar a la defensiva a jugar a la ofensiva». Este mes, Cirtícola San Miguel tuvo que reconocer a sus acreedores que no va a poder pagar los USD 250 millones de deuda que tomó bajo el actual gobierno.
La reestructuración de la deuda alcanza a las obligaciones negociables series X, XI y XII, por hasta 120 millones de dólares en total, que serán reemplazadas por la emisión de las ON series XIII, de clase A (en pesos) o B (en dólares). Ambas con una menor tasa de interés, del 8% contra el 9,5% anual, y con un vencimiento de 42 meses desde su fecha de emisión.
El caso de Otero Monsegur es un paradigma de una parte importante del empresariado nacional, donde prevalece la mirada ideológica por sobre la salud real de sus negocios, al revés de lo que suele ocurrir en buena parte del mundo. Basta mirar el silencio atronador de la UIA, mientras cierran miles de industrias por año.
Pero encierra además una advertencia estructural al modelo de Milei y Caputo: El riesgo de una crisis de deuda sistémica, que se insinúa en la dificultad de Caputo para conseguir los dólares del próximo vencimiento.
Es que la deuda privada pasó a ser una de las anclas silenciosas del esquema macro, dólares frescos que Caputo utiliza para pisar el valor de la divisa. El caso San Miguel no es una rareza aislada. Se inscribe en un fenómeno más amplio: el festival de deuda corporativa que se aceleró en los últimos meses.
Los números explican por qué el mercado mira a San Miguel como posible punta de un iceberg. La compañía controla cerca del 14% del procesamiento global de limón.
El caso de Citrícola San Miguel encierra además una advertencia estructural al modelo de Milei y Caputo: El riesgo de una crisis de deuda sistémica.
Mientras ajusta cuentas en Argentina, San Miguel siguió expandiéndose fuera del país. En Paysandu, la companía inauguró una planta de procesamiento con una inversión estimada en USD 33 millones. La misma lógica se repitió en el puerto de Coega, uno de los nodos logísticos mas modernos del hemisferio sur, donde San Miguel montó una planta con tecnología de última generación. Tras expandirse en Sudáfrica y Uruguay, elevó su capacidad de molienda en un 60%, superando las 470.000 toneladas anuales.
«Se endeuda acá pero invierte afuera», comentó a LPO un empresario tucumano proveedor de San Miguel.
A las claras, el problema no está en el negocio. De hecho, el resultado operativo muestra margen bruto positivo de mas de USD 18 millones. La grieta aparece en el frente financiero: para el ejercicio acumulado a 2025, la empresa registró un déficit financiero de USD 15,6 millones.
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La oposición inició contactos en el Congreso con el objetivo de lograr el número para voltear el DNU que reconfigura la SIDE, publicado bajo el número 941/25. El primer paso fue reclamarles a Victoria Villarruel y Martín Menem que conformen la Bicameral de Inteligencia y la de Trámite Legislativo, que es la que rechaza o valida los decretos dentro de los 10 días hábiles desde su publicación en Boletín Oficial.
Un diputado del interbloque de Provincias Unidas le dijo a LPO que la apuesta es llevar la discusión al recinto, en una sesión. «Tenemos el número», aseguró.
En efecto, las bancadas de Miguel Pichetto, la Coalición Cívica y PU emitieron un comunicado de rechazo y plantearon que «no existe necesidad ni urgencia que justifique abordar un tema tan sensible por fuera del Congreso, menos aún cuando continúan incompletas las comisiones bicamerales que deben controlar a los servicios de inteligencia y al propio uso de los DNU».
La Bicameral de Inteligencia se compone de 14 miembros, siete por cada cámara, mientras que la de Trámite Legislativo admite nueve en total, cinco por el Senado y cuatro por Diputados.
El recambio parlamentario obliga a las autoridades del Congreso a nombrar a los nuevos integrantes, respetando la proporcionalidad de los bloques.
En la Cámara Alta, el líder de la bancada peronista, José Mayans, impugnó el criterio definido por Patricia Bullrich con el concurso de los presidentes de los bloques antikirchneristas, por asignarle a Fuerza Patria menos lugares de los que les corresponderían en la comisión de Trabajo y la de Presupuesto y Hacienda. De hecho, el formoseño dejó vacantes las sillas de su espacio, como el paso previo a la judicialización contra lo actuado si se llegara a sancionar la reforma laboral que el gobierno debió postergar hasta febrero.
Oscar Zago.
En Diputados, por otro lado, la discusión por la integración encuentra al peronismo en otra posición. Aún cuando en la bancada de Germán Martínez se quejan que Menem «cambia el criterio o no tiene criterio para conformar las comisiones», La Libertad Avanza cuenta con un bloque de 95 diputados y Fuerza Patria con uno de 93. Los dos interbloques que le siguen en cantidad de miembros acreditan 22 cada uno y, si se calcula por sistema D’Hont, sería difícil que puedan colar algún representante en las bicamerales.
De hecho, un legislador comentó a LPO que Unidos está tratando de juntarse en interbloque con algún otro espacio «para poder dontear (en referencia al D’Hont) y meter uno en la de Inteligencia y otro en la Bicameral de DNU».
El problema sería que casi no quedan bloques donde pescar más integrantes. «Insistimos con (Marcela) Pagano hasta último momento para sumar a los cuatro de Coherencia pero no hubo caso», admitieron en Provincias Unidas.
No existe necesidad ni urgencia que justifique abordar un tema tan sensible por fuera del Congreso, menos aún cuando continúan incompletas las comisiones bicamerales que deben controlar a los servicios de inteligencia y al propio uso de los DNU.
Por lo demás, la Bicameral de Inteligencia no dictamina sino que elabora informes y, por definición, son secretos. Ese detalle hace que la oposición tenga la mira puesta en la Bicameral de DNU, que el año pasado terminó siendo presidida por Oscar Zago tras el episodio de las trompadas con Lisandro Almirón en plena sesión. Premiado con ese cargo, Zago salvó el decreto de Milei y Toto Caputo para el acuerdo con el FMI una semana después de las piñas.
Si la composición de esa bicameral mantuviera cuatro lugares para la Cámara Baja, la lógica indicaría que se repartieran dos sillas para los libertarios y dos para los peronistas. Las cinco que quedarían en representación del Senado podrían distribuirse entre los bloques de Mayans, Bullrich y el radical Eduardo Vischi, que lidera la tercera minoría.
Sin embargo, la oposición recuerda el antecedente del decreto con el aumento de los fondos de la SIDE que el Congreso volteó en 2024. En aquella ocasión, Mauricio Macri fue determinante: horas antes de la sesión en Diputados, convocó a un zoom con los gobernadores de Juntos y los referentes parlamentarios para ordenar el voto en contra del DNU. Hasta Diego Santilli se agarraba la cabeza en los pasillos del Congreso, diciendo que ya había salido por las radios a decir que estaba a favor la misma mañana que Macri mandaba a hacer lo contrario.
Esta vez, el bloque PRO difundió un comunicado de tibio respaldo al DNU 941/25. «Conformamos un equipo especializado que se encuentra analizando el decreto», dice en su primera oración, y agrega: «consideramos que la temática abordada es central para la seguridad y la defensa del país, por lo que nuestra postura inicial es actuar con responsabilidad institucional: ser prudentes y aguardar el dictado de los protocolos de aplicación y normativa complementaria, antes de fijar una posición definitiva».
Es imprescindible conocer los protocolos de uso, reglas de empeñamiento y alcances operativos, tanto para las tareas de contrainteligencia como para las facultades vinculadas a la aprehensión de personas, subrayando que esta última es de carácter restrictivo y excepcional.
Pese a que el texto afirma que «los cambios introducidos podrían resultar positivos», señala que «es imprescindible conocer los protocolos de uso, reglas de empeñamiento y alcances operativos, tanto para las tareas de contrainteligencia como para las facultades vinculadas a la aprehensión de personas, subrayando que esta última es de carácter restrictivo y excepcional, dado que el agente de inteligencia no puede revelar su identidad ni darse a conocer durante el ejercicio de su función».
El rechazo al decreto motivó, incluso, que la cordobesa Alejandra Vigo tuiteara. «Un tema tan relevante como es la modificación de la Ley de Inteligencia Nacional debe ser discutido en el Congreso de la Nación», expresó.
Entre los peronistas, salieron al cruce del gobierno los diputados Agustín Rossi, ex titular de la AFI, y Jorge Taiana, ex ministro de Defensa, lo criticaron con dureza. El santafecino consideró que el DNU transforma a los agentes de la SIDE en una «policía secreta» y alertó que otorga «carácter encubierto» a todas las actividades del organismo, mientras que Taiana advirtió que «se autonomiza la inteligencia del control civil por parte del Ministerio de Defensa».
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