Durante dos días, la Feria ReEmprender se vistió de rojo en su edición especial de ‘Carnaval del amor’. Las casitas de los artesanos, en la Plaza Primeros Pobladores, se convirtieron en el paseo de los reginenses que pudieron observar el trabajo de emprendedores y artesanos.
A esta posibilidad, se sumó durante el domingo la caminata ‘Atardeceres reginenses’ y el clásico ‘Domingos de Plaza’.
La Dirección de Turismo y la Dirección de Cultura agradecen a todos quienes participaron de las actividades propuestas.
El Gobierno de Milei volvió a avanzar sobre uno de los sectores más vulnerables de la sociedad. A través de la Resolución 28/2026 de la Secretaría de Transporte, publicada este lunes en el Boletín Oficial, la administración libertaria decidió eliminar las compensaciones económicas que el Estado nacional pagaba a las empresas de micros de larga distancia por los pasajes gratuitos destinados a personas con discapacidad, trasplantados y niños con cáncer.
Aunque el texto intenta aclarar que el derecho al pasaje gratuito “sigue vigente”, la realidad material es otra: el Estado se retira del financiamiento del sistema y deja librado al mercado el sostenimiento de una política social esencial. En términos concretos, las empresas deberán absorber esos costos o trasladarlos de alguna manera. Y la experiencia argentina demuestra qué suele ocurrir cuando el Gobierno abandona este tipo de mecanismos: aparecen trabas, cupos limitados, negativas encubiertas y una creciente vulneración de derechos.
Por Tomás Palazzo para NLI
La resolución deroga el esquema que estaba vigente desde 2018 y que permitía compensar económicamente a las compañías de transporte por los boletos gratuitos entregados bajo el marco de la Ley 22.431 de discapacidad, la Ley 26.928 para personas trasplantadas y la Ley 27.674 de protección integral para niños y adolescentes con cáncer.
El ajuste llega a quienes más dependen del Estado
El argumento oficial es el mismo que Milei repite desde que asumió: “desregular”, “achicar el gasto” y dejar que el mercado resuelva lo que antes garantizaba el Estado. Según la resolución, como ahora las empresas tienen “libertad tarifaria” gracias al Decreto 883/2024, ya no corresponde que reciban subsidios compensatorios.
Detrás de ese lenguaje técnico se esconde una definición política brutal: el Gobierno deja de financiar un derecho social y traslada la carga económica a empresas privadas que históricamente ya buscaron limitar este tipo de prestaciones.
El problema es evidente. El derecho formal puede seguir escrito en la ley, pero sin financiamiento estatal su cumplimiento queda debilitado. No hace falta demasiada imaginación para prever el escenario que se viene: más dificultades para conseguir pasajes, cupos “agotados”, demoras administrativas interminables y judicialización permanente.
La medida impacta sobre personas con discapacidad, pacientes trasplantados y chicos con cáncer
En otras palabras, el derecho seguirá existiendo en los papeles mientras el acceso real se vuelve cada vez más difícil para quienes necesitan viajar por tratamientos médicos, controles de salud o rehabilitación.
La lógica de Milei: derechos mínimos y Estado ausente
La resolución es coherente con el modelo ideológico que Milei viene aplicando desde el inicio de su gestión. El Gobierno busca reducir toda intervención estatal incluso en áreas sensibles donde históricamente existió consenso social y protección jurídica reforzada.
Lo llamativo es que la medida impacta sobre personas con discapacidad, pacientes trasplantados y chicos con cáncer: sectores cuya protección está reconocida no sólo por leyes nacionales sino también por tratados internacionales con jerarquía constitucional.
Sin embargo, el Gobierno elige mirar exclusivamente la variable fiscal. El texto oficial habla de “internalizar costos” y de “eficiencia económica”, como si el acceso al transporte para personas vulnerables fuera simplemente una distorsión presupuestaria y no una obligación básica de un Estado democrático.
La decisión también desnuda otra contradicción libertaria. Mientras Milei insiste en atacar supuestos “privilegios” sociales, el Estado sigue destinando enormes recursos a beneficios impositivos para grandes grupos económicos y al pago permanente de deuda financiera. El ajuste, otra vez, cae sobre quienes menos capacidad tienen de defenderse.
Un escenario de conflicto y posibles demandas judiciales
Especialistas en discapacidad ya advierten que la eliminación de las compensaciones podría derivar en una ola de conflictos judiciales. Si las empresas comienzan a restringir el acceso efectivo a los pasajes gratuitos, el Estado nacional podría enfrentar denuncias por incumplimiento de obligaciones legales y convencionales.
Porque el punto central es simple: no alcanza con decir que el derecho existe si al mismo tiempo se desmantelan los mecanismos que permiten ejercerlo.
La historia reciente argentina muestra que cada vez que el Estado se retira de políticas de protección social, quienes terminan pagando el costo son los sectores más vulnerables. Y esta resolución parece avanzar exactamente en esa dirección.
La economía argentina encontró un nuevo pozo de dólares. No sale de Vaca Muerta ni del campo. Sale de oficinas, computadoras y universidades. Mientras la industria tradicional sigue golpeada por la apertura y el mercado interno flaco, la economía del conocimiento cerró 2025 con exportaciones récord por USD 9.600 millones y ya se consolidó como el tercer complejo exportador del país. Un sector que hace veinte años era marginal hoy genera más divisas que varias cadenas fabriles históricas juntas.
Las exportaciones de servicios basados en el conocimiento crecieron 8,1% interanual durante 2025 y ya representan el 53% de todos los servicios que Argentina vende al mundo. El dato surge del INDEC y fue celebrado tanto por el Gobierno como por las cámaras empresarias. El sector quedó detrás del complejo oleaginoso cerealero y del petroquímico.
La cifra tiene además una carga simbólica. Durante años, Argentina discutió cómo generar dólares sin depender exclusivamente del agro o de los ciclos de precios internacionales de las commodities. La economía del conocimiento apareció como una especie de fábrica invisible: exporta software, servicios profesionales, biotecnología, inteligencia artificial, videojuegos, ingeniería y consultoría sin necesidad de barcos ni rutas colapsadas. El talento humano reemplaza al container.
Según datos oficiales, el sector ya supera los 285 mil empleos formales y sumó 17 mil puestos respecto de 2023. También paga salarios por encima del promedio de la economía. Cerca del 80% de los trabajadores tiene estudios universitarios o formación técnica especializada.
En Argencon, la entidad que nuclea a las principales empresas del sector, aseguran que el objetivo de mediano plazo es mucho más ambicioso: llevar las exportaciones hasta USD 30.000 millones anuales. En otras palabras, triplicar el volumen actual y convertir a la economía del conocimiento en uno de los grandes motores estructurales de ingreso de divisas.
La economía del conocimiento cerró 2025 con exportaciones récord por USD 9.600 millones y ya se consolidó como el tercer complejo exportador del país. Un sector que hace veinte años era marginal hoy genera más divisas que varias cadenas fabriles históricas juntas.
El fenómeno ya impacta en las proyecciones macroeconómicas. La consultora ABECEB que dirige Dante Sica estimó que Argentina podría alcanzar exportaciones totales por USD 94.400 millones en 2026, con un crecimiento de 8,4% interanual y un superávit comercial cercano a USD 16.000 millones. En ese nuevo mapa exportador, los servicios basados en el conocimiento aparecen como uno de los sectores que más ganan peso relativo junto a energía y minería.
«La economía del conocimiento se ubica entre los cinco principales complejos exportadores, con ventas externas que superan los US$ 10.000 millones anuales», destacó ABECEB en su último informe. Y agregó otro dato relevante: la actividad tiene «baja dependencia logística, alta intensidad de talento y encadenamientos transversales con el resto de la economía».
En privado, algunos empresarios del sector reconocen que el actual esquema económico tiene una contradicción difícil de resolver. Por un lado, celebran la estabilidad macro y la desaceleración inflacionaria. Por el otro, advierten que un dólar barato erosiona márgenes en una actividad donde gran parte de los costos está nominada en pesos pero la competencia es global. «Hoy exportar talento argentino es más caro que hace dos años», resumió un ejecutivo tecnológico que participa de la mesa de Argencon.
El Gobierno apuesta a que la economía del conocimiento funcione como una usina permanente de dólares genuinos. El problema es que ese modelo también necesita universidades fuertes, formación técnica, infraestructura científica y salarios competitivos para retener talento. Ahí aparece la tensión de fondo. La Argentina quiere vender cerebros al mundo mientras discute recortes en ciencia, investigación y educación pública.
Lo concreto es que los dólares no bajan solamente por la Hidrovía o por los caños de Vaca Muerta. También viajan por fibra óptica. Y detrás de cada exportación hay programadores, diseñadores, ingenieros o especialistas trabajando desde Buenos Aires, Córdoba, Mendoza o Rosario para empresas del exterior. Una economía menos visible que el campo o el petróleo, pero que ya se convirtió en una de las principales columnas que sostienen el ingreso de divisas de la Argentina.
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