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La Justicia frena el ajuste universitario y obliga al Gobierno a pagar salarios y becas
Un fallo federal le puso un límite al intento del Ejecutivo de vaciar la ley de financiamiento universitario. La Justicia ordenó aplicar de inmediato la norma votada por el Congreso y dejó sin efecto el decreto con el que Milei buscó congelar salarios docentes y becas estudiantiles.
Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI
La ofensiva del Gobierno nacional contra el sistema universitario recibió este martes un golpe judicial de peso. El Juzgado Contencioso Administrativo Federal N.º 11 ordenó al Poder Ejecutivo cumplir de manera inmediata la ley de financiamiento universitario y suspendió, de forma cautelar, el decreto con el que la gestión libertaria había intentado frenar la actualización salarial de docentes y la recomposición automática de las becas.
La decisión fue adoptada por el juez Martín Cormick, en el marco de una acción de amparo impulsada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y otras entidades del sistema universitario, que denunciaron el vaciamiento de una ley aprobada por el Congreso y ratificada tras la insistencia legislativa de ambas cámaras.
Un decreto para vaciar una ley
En su resolución, el magistrado declaró inaplicable el decreto 759/2025 en el tramo en el que condicionaba la ejecución de la ley 27.795 a que el Congreso definiera previamente las fuentes de financiamiento. Para la Justicia, ese argumento no solo carece de sustento jurídico sino que constituye, en esta etapa del proceso, una conducta arbitraria y contraria a la Constitución.
Cormick fue explícito: una vez que el Congreso insiste con una ley —tal como lo prevé el artículo 83 de la Constitución Nacional— el Poder Ejecutivo no puede introducir variantes suspensivas ni condicionamientos encubiertos a través de normas de jerarquía inferior. En otras palabras, Milei no puede vetar por decreto lo que el Parlamento ya resolvió por amplia mayoría.
Salarios licuados y derechos vulnerados
El fallo hace lugar a la medida cautelar y ordena al Estado cumplir de inmediato con los artículos 5 y 6 de la ley, que establecen la actualización de las partidas destinadas a salarios docentes y la recomposición automática de las becas estudiantiles. La medida regirá hasta que se dicte sentencia definitiva.
En sus fundamentos, el juez advirtió que el incumplimiento de la ley genera “perjuicios graves de imposible reparación ulterior”, al remarcar la pérdida sostenida del poder adquisitivo de los trabajadores universitarios. Según señaló, esa situación vulnera derechos laborales protegidos tanto por la Constitución como por tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional.
Pero el alcance del daño no se agota en los bolsillos. Cormick subrayó que el deterioro salarial afecta de manera directa el derecho a enseñar y a aprender, pilares básicos del sistema universitario público que el Gobierno viene atacando desde el inicio de su gestión.
El falso argumento del “ahorro fiscal”
La resolución también desmonta uno de los principales argumentos del Ejecutivo: el supuesto interés público asociado al ajuste. Para el juez, el eventual ahorro fiscal que implicaría no aplicar la ley es marginal, con un impacto estimado en apenas el 0,23 % del PBI, una cifra insignificante frente al daño estructural que provoca el desfinanciamiento de las universidades.
En ese sentido, el fallo advierte que el decreto cuestionado podría vulnerar el principio de división de poderes, al intentar subordinar la vigencia de una ley del Congreso a la discrecionalidad del Ejecutivo. Un esquema que, de consolidarse, abriría la puerta a un vaciamiento sistemático del rol del Parlamento.
Un límite judicial al ajuste
Si bien el juez aclaró que la cautelar se dicta en una etapa preliminar y no implica adelantar opinión sobre el fondo del asunto, consideró plenamente acreditados los requisitos legales para ordenar el cumplimiento inmediato de la ley.
La decisión judicial vuelve a poner en evidencia que el plan de ajuste del Gobierno no solo choca con la resistencia social y académica, sino también con los límites constitucionales. Esta vez, fue la Justicia la que recordó que las universidades no se gobiernan por decreto y que las leyes votadas por el Congreso están para cumplirse.
LA NOVIA DE LA PEPONA SE LLEVÓ PUESTO UN POSTE: alcohol cero para el pueblo, 1,89 para la casta libertaria
Mientras Milei sermonea sobre la moral, el orden y la responsabilidad individual, una influencer libertaria terminó estrellando el auto contra un poste en Mar de Ajó con casi dos gramos de alcohol en sangre.
Por Roque Pérez para NLI
La militante e influencer de La Libertad Avanza María Eugenia Rolón, pareja de Iñaki Gutiérrez, fue protagonista este jueves de un episodio que resume con precisión quirúrgica la doble vara libertaria: choque, alcoholemia positiva y rescate político-familiar.
El hecho ocurrió poco antes de las 10 de la mañana, cuando personal del Operativo Sol detectó que la joven, de 23 años, realizaba maniobras imprudentes en la vía pública. Minutos después, el Honda Fit que conducía terminó impactando de lleno contra un poste de luz en la ciudad balnearia de Mar de Ajó.
El test que no pasó el filtro libertario
Al ser sometida al control de alcoholemia, Rolón arrojó un resultado de 1,89 gramos de alcohol por litro de sangre, una cifra que no admite interpretaciones creativas ni relatos épicos sobre la libertad individual.
Ante ese resultado, la Policía procedió al secuestro inmediato del vehículo, tal como indica la normativa vigente. Nada de persecución ideológica ni complot del Estado: un control de rutina y una infracción grave.
El parte oficial fue claro y sin eufemismos: el personal policial observó las maniobras imprudentes, el posterior choque y el resultado positivo del test. Fin del comunicado.
Llega el community manager del ajuste
Pero la escena no estaba completa sin su capítulo libertario. Tras la incautación del auto, se presentó en la comisaría Iñaki Gutiérrez, conocido por ser el responsable de la cuenta de TikTok de Milei, para retirar a su pareja.
El parte policial deja constancia textual: luego del choque y del test positivo, “se hace presente su pareja, quien se identifica como Iñaki Gutiérrez”. La meritocracia podrá esperar; el contacto correcto, no.
Libertad para manejar borracho, ajuste para el resto
Mientras el gobierno de Milei impulsa discursos de mano dura, orden, responsabilidad y castigo ejemplar, sus cuadros militantes parecen practicar una versión alternativa del ideario libertario: libertad para el exceso, indulgencia para los propios y cero autocrítica.
En redes sociales, donde este espacio político suele exigir castigos inmediatos, escraches y moral selectiva cuando el involucrado es ajeno, el silencio fue tan espeso como el alcohol en sangre. No hubo comunicados, pedidos de disculpas ni reflexiones sobre el “ejemplo”.
Una postal más de un oficialismo que ajusta, sermonea y señala, pero cuando el escándalo toca a los suyos, aplica la doctrina del poste caído y el TikTok salvador.
SADAIC: Para que no haya dudas en el Uso de la Música en la Web
Gran revuelo armó el comunicado que realizó SADAIC, organización que nuclea autores y compositores argentinos de la música, al anunciar las »Nuevas Tarifas en el Entorno Digital» La confusión fue inmediata, la viralización de la noticia también.El mundo de la música estuvo y está confundida ante estas medidas que explican, de cierta forma, el impuesto…
La otra mentira gorila: El mito del oro nazi
Durante décadas, una acusación se repite con una seguridad que contrasta brutalmente con la fragilidad de sus pruebas: que la Argentina fue refugio del llamado “oro nazi”, que el Banco Central actuó como engranaje financiero del saqueo del Tercer Reich y que el país habría sido cómplice silencioso de uno de los mayores crímenes económicos del siglo XX. La afirmación circula como verdad revelada, pero cuando se la somete al examen de la documentación histórica, el relato empieza a resquebrajarse.
Por Walter Onorato para NLI
Eso es exactamente lo que demuestra la investigación “Transacciones del Banco Central de la República Argentina en oro y divisas con países del Eje y neutrales”, realizada por los historiadores Mario Rapoport y Andrés Musacchio en el marco de la Comisión para el Esclarecimiento de las Actividades del Nazismo en la Argentina (CEANA). No se trata de una defensa política ni de una opinión ideológica, sino de un estudio riguroso basado en archivos oficiales del Banco Central, balances contables, libros de oro en custodia, documentación diplomática argentina y extranjera y el cruce sistemático con los informes de las comisiones investigadoras de Suiza y de Estados Unidos. La conclusión a la que llegan es tan clara como incómoda para los cultores del mito: no existen evidencias documentales de que el Banco Central argentino haya recibido oro nazi.
El primer problema del relato conspirativo es conceptual. El llamado “oro nazi” no es una categoría homogénea. Puede referirse al oro saqueado a las víctimas del nazismo, a las reservas de los bancos centrales de países ocupados, a las fortunas personales de jerarcas nazis en fuga o a depósitos bloqueados en países neutrales. Rapoport y Musacchio parten de esa distinción básica —habitualmente omitida— y siguen el rastro del oro allí donde necesariamente debería aparecer si la acusación fuera cierta: en los registros contables del Banco Central de la República Argentina.
Lo que encuentran es exactamente lo contrario de lo que promete la leyenda. Entre 1942 y 1948, los libros de “oro en custodia” y “oro en barras” del BCRA muestran que la Argentina no fue receptora, sino expulsora de oro. Las principales operaciones con bancos de países neutrales, especialmente Suiza y Portugal —señalados durante años como intermediarios privilegiados del oro nazi— registran salidas de oro desde Buenos Aires hacia el exterior, en particular hacia la Reserva Federal de Nueva York o hacia las casas centrales de esos bancos. Si la Argentina hubiera sido un destino del oro nazi, los registros mostrarían ingresos físicos relevantes. No los hay.
El caso suizo es especialmente revelador. Contra lo que sugiere el imaginario popular, los datos de la propia banca helvética, analizados por la Comisión Bergier, indican que durante la guerra Suiza fue compradora neta de oro argentino y que las transacciones con la Argentina representaron una fracción ínfima del total de sus operaciones. Más aún: la Argentina no compró oro a Suiza durante el período bélico, lo vendió. Es decir, el flujo va en sentido inverso al que exigiría cualquier hipótesis de “lavado” de oro nazi.
Con Portugal ocurre algo similar. Los registros del Banco de Portugal muestran que las operaciones consistieron básicamente en compras de oro argentino para su posterior traslado a la Reserva Federal estadounidense. Tampoco aquí aparece la Argentina como receptora de oro, sino como país del que el oro sale. Ninguna de estas operatorias responde al patrón esperable de un país que está recibiendo oro malhabido.
Otro dato que incomoda a los defensores del mito es el comercio. Durante la Segunda Guerra Mundial, el intercambio entre Argentina y Alemania se interrumpió por completo. Sin comercio regular, Alemania no tenía razón económica alguna para transferir oro a la Argentina. La hipótesis de una triangulación sistemática a través de países neutrales también se derrumba: la investigación sólo encuentra episodios marginales de contrabando, de escala reducida y sin participación de las máximas autoridades del Estado argentino. No hubo comercio triangular regular y, por lo tanto, no hubo financiamiento sistemático mediante oro.
No es casual que el mito del “oro nazi” haya sido dirigido casi exclusivamente contra el peronismo. La acusación no nació de una investigación histórica, sino de una necesidad política: construir un Perón ilegítimo, inmoral y criminal, incapaz de ser derrotado en el plano social pero vulnerable en el plano simbólico. El gorilismo necesitó presentar al primer gobierno peronista no como un proyecto de justicia social y soberanía económica, sino como una anomalía oscura, vinculada al fascismo europeo y financiada con riquezas malhabidas. En ese marco, el “oro nazi” funcionó como un arma narrativa perfecta: imposible de probar, pero fácil de repetir.
El trabajo de Rapoport y Musacchio deja al descubierto ese mecanismo con claridad demoledora. Cuando se revisan los archivos del Banco Central, el relato se cae. No aparece el oro, no aparece el flujo, no aparece la complicidad. Lo que sí aparece es una operación política clásica del antiperonismo: transformar la sospecha en certeza y la mentira en sentido común histórico.
La investigación no elude los puntos grises. Analiza los depósitos de ciudadanos alemanes incautados por el Estado argentino, los fondos de la embajada alemana tras la ruptura de relaciones y el célebre depósito de 40 lingotes vinculado a la empresa SAFU de Fritz Mandl. En ninguno de esos casos se encuentran pruebas de que se trate de “oro nazi”. En algunos, el origen no puede reconstruirse con precisión, pero el criterio metodológico es claro: la falta de información no equivale a culpabilidad. La historia no se escribe con conjeturas.
¿Por qué, entonces, el mito del oro nazi en la Argentina sigue circulando con tanta fuerza? Porque es funcional. Permite simplificar la historia, demonizar un proyecto político popular, justificar odios de clase y evitar discusiones más profundas sobre soberanía económica, distribución del ingreso y poder real. Es más cómodo repetir una acusación que revisar archivos.
La investigación de Rapoport y Musacchio demuestra que cuando se abandona la mitología y se entra en el terreno de la documentación, el relato se desinfla. No hubo un Banco Central argentino actuando como lavadora del saqueo nazi. No hubo un flujo sistemático de oro nazi hacia la Argentina. Hubo, sí, una mentira persistente, útil y gorila, que durante años intentó reemplazar a la historia. Y que, una vez más, no resiste el archivo.
DECISIONES
Hay que ver las dinámicas de sabotaje que tiene cada uno, que lo privan de darse el gusto de dar un pasito más. Puedo usar otras palabras y también decir que hay miles de excusas que nosotros mismos creamos, sostenemos y MATERIALIZAMOS cada vez que elegimos “seguir igual”, no tomar desafíos. Ojo acá, porque nada…
Macri desalojó a cartoneros y Grabois lo cruzó con dureza
El jefe de Gobierno porteño ordenó el desalojo de una cooperativa de recicladores en Parque Avellaneda y celebró la medida como “recuperación” de un predio. Juan Grabois respondió con una durísima crítica política y social, denunciando un ataque contra trabajadores humildes.
Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI
El conflicto estalló luego de que Jorge Macri anunciara el desalojo de la cooperativa El Amanecer de los Cartoneros, vinculada al Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), que funcionaba desde hace años en un predio de Parque Avellaneda. Desde la Ciudad justificaron la acción como una recuperación de propiedad pública.
Macri eligió las redes sociales para exhibir la medida como un logro de gestión, asegurando que la cooperativa había “usurpado” el lugar durante una década y que el operativo se inscribía en una política de orden y legalidad. Incluso contabilizó el procedimiento como la propiedad número 553 recuperada, en un mensaje con tono celebratorio.
La respuesta no tardó en llegar. El diputado nacional de Unión por la Patria y referente del Frente Patria Grande, Juan Grabois, salió al cruce y acusó al jefe de Gobierno de ensañarse con los sectores más vulnerables, en lugar de enfrentar problemas estructurales de la Ciudad.
El desalojo como política
Desde el entorno porteño sostienen que “los usurpadores no tienen lugar” y que el Estado debe garantizar el cumplimiento de la ley. Sin embargo, organizaciones sociales remarcan que se trata de trabajadores de la economía popular que reciclan, generan ingresos y cumplen una función ambiental clave, muchas veces supliendo la ausencia estatal.
La cooperativa desalojada forma parte del entramado cartonero que sostiene el reciclado urbano en la Ciudad, con miles de familias que viven de esa tarea y que, en muchos casos, operan bajo convenios y marcos de reconocimiento institucional.
La reacción de Grabois
Grabois fue directo y sin eufemismos. Calificó a Jorge Macri como una “rata de segunda marca” y sostuvo que el problema no es un ataque personal, sino la decisión de ir contra gente humilde que trabaja y no le hace daño a nadie. En su descargo, subrayó que los cartoneros actúan en el marco de la legalidad y con organización colectiva.
El dirigente social también cuestionó lo que definió como una estrategia política conocida: personalizar el conflicto para ocultar una política de exclusión contra los de abajo, y denunció una lógica de crueldad disfrazada de orden.
Un modelo de Ciudad en disputa
El episodio vuelve a poner en evidencia el choque entre dos modelos. Por un lado, una gestión porteña que prioriza el marketing del “orden” y la recuperación de espacios sin contemplar el impacto social. Por el otro, organizaciones que reclaman reconocimiento, diálogo y políticas públicas inclusivas para quienes sostienen la economía popular.
Lejos de ser un hecho aislado, el desalojo en Parque Avellaneda se inscribe en una avanzada contra cooperativas y organizaciones sociales, mientras la Ciudad evita discutir soluciones de fondo para el trabajo, la vivienda y el reciclado urbano.
En ese contexto, la pelea verbal entre Macri y Grabois expone algo más profundo que un cruce en redes: la disputa por quiénes tienen derecho a la Ciudad y quiénes son expulsados en nombre de una legalidad selectiva.
