«EXPROPIAREMOS LOS GRANDES MONOPOLIOS FRUTÍCOLAS»

 

Milei autorizó el amarre de un petrolero británico en Ushuaia, una decisión que genera polémica y cuestionamientos por su impacto sobre la soberanía y la causa Malvinas.

Por Bruno A. Monteverde para NLI

El Gobierno de Javier Milei acaba de quedar atrapado en una de esas contradicciones que ya no pueden explicarse como simples errores administrativos. Mientras la Argentina sostiene constitucionalmente que la recuperación del ejercicio pleno de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur constituye un objetivo permanente e irrenunciable, la administración nacional que interviene el puerto de Ushuaia autorizó allí el amarre y la operación de un buque petrolero de bandera británica, el VS Promise, en la capital de la provincia que incluye bajo su jurisdicción a los territorios australes usurpados por el Reino Unido.

La decisión provocó el inmediato repudio del Gobierno de Tierra del Fuego, que calificó la situación como “inadmisible” y exigió explicaciones públicas sobre los criterios políticos, estratégicos y administrativos que permitieron la operación. El reclamo adquiere una dimensión todavía mayor porque el Puerto de Ushuaia se encuentra actualmente bajo intervención de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación, es decir, bajo una administración que depende directamente del Estado nacional. La misma Nación que decidió desplazar a la Provincia del manejo de una infraestructura estratégica del extremo austral es, por lo tanto, la que ahora debe explicar por qué habilitó el ingreso de una embarcación vinculada a la bandera de la potencia que ocupa las islas cuya soberanía reclama la Argentina.

Un puerto intervenido en nombre de la soberanía

Hay una contradicción política difícil de disimular. La intervención nacional del puerto fue presentada como una medida destinada a garantizar el funcionamiento de una terminal considerada estratégica para los intereses argentinos, ubicada en un punto fundamental del Atlántico Sur y vinculada directamente con la proyección hacia la Antártida. Sin embargo, meses después, esa administración nacional autorizó que un petrolero británico amarrara en Ushuaia, precisamente en un escenario geopolítico donde la soberanía argentina sobre el Atlántico Sur no es una cuestión simbólica sino un conflicto territorial reconocido internacionalmente.

La situación resulta todavía más llamativa porque la Provincia recordó la existencia de normas locales que restringen la permanencia, amarre, abastecimiento y operaciones logísticas de embarcaciones de bandera británica vinculadas con actividades relacionadas con los recursos naturales de Malvinas. Tierra del Fuego reclamó entonces que el Gobierno nacional explique bajo qué criterios se permitió la operación y cuestionó que una decisión de semejante sensibilidad estratégica haya sido tomada sin coordinación con las autoridades provinciales.

El problema no es, entonces, solamente que un barco haya llegado a un puerto argentino. El problema es qué representa ese barco, dónde fue autorizado a operar y quién tomó la decisión. Ushuaia no es un puerto cualquiera: es la ciudad más austral del país, capital de la provincia que constitucionalmente comprende a las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes, y constituye además una pieza fundamental de la presencia argentina en el Atlántico Sur y de su proyección antártica.

Malvinas no es una consigna para los actos oficiales

La Constitución Nacional no deja margen para interpretaciones caprichosas sobre la cuestión. La Disposición Transitoria Primera establece que la Nación Argentina ratifica su “legítima e imprescriptible soberanía” sobre Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur y que la recuperación de esos territorios y el ejercicio pleno de la soberanía constituyen un objetivo permanente e irrenunciable.

Por eso resulta insuficiente que el Gobierno de Milei ratifique formalmente el reclamo argentino durante un acto del 2 de abril si, en la administración concreta del territorio, de los puertos, de los recursos naturales y de la infraestructura estratégica del Atlántico Sur, aparecen decisiones que parecen subordinar esa cuestión a una lógica puramente comercial. En abril de este mismo año, Milei volvió a reivindicar públicamente la soberanía argentina sobre las islas y habló de fortalecer las capacidades de defensa nacionales. Pero cuatro meses después, la noticia que llega desde Ushuaia es que un petrolero británico pudo operar en el puerto bajo administración nacional.

La cuestión de fondo es precisamente esa distancia entre lo que se declara y lo que se hace. Defender Malvinas no consiste únicamente en pronunciar la palabra “soberanía” en un discurso presidencial, colocarla en un comunicado oficial o recordarla cada 2 de abril. Una política soberana implica también definir qué empresas, qué embarcaciones y qué intereses económicos participan en el desarrollo de los recursos estratégicos del Atlántico Sur, y hacerlo de acuerdo con una visión nacional de largo plazo.

El propio Estado argentino ha reconocido históricamente el carácter estratégico de esa región por sus recursos pesqueros e hidrocarburíferos, su posición geográfica, las rutas comerciales y su condición de plataforma natural hacia la Antártida. En consecuencia, convertir al Atlántico Sur en un simple espacio de negocios donde prevalece la conveniencia inmediata sobre la dimensión geopolítica significa, como mínimo, vaciar de contenido práctico la defensa de la soberanía.

El modelo Milei y una soberanía subordinada al negocio

La polémica del VS Promise vuelve a instalar una pregunta que el Gobierno debería responder sin consignas ni evasivas: ¿qué significa soberanía para Javier Milei? Porque si soberanía significa solamente reivindicar formalmente las islas mientras se flexibilizan las condiciones para que intereses vinculados al Reino Unido participen de actividades económicas en el extremo austral argentino, entonces estamos ante una concepción profundamente limitada de la defensa nacional.

Y allí aparece el problema político más profundo. La administración libertaria ha construido buena parte de su política exterior alrededor de una relación privilegiada con Estados Unidos y de una marcada cercanía ideológica con determinados sectores del mundo anglosajón. Esa orientación puede ser presentada como una elección diplomática, pero se vuelve problemática cuando comienza a chocar con intereses territoriales que la Argentina sostiene como política de Estado y no como patrimonio de un gobierno particular.

La propia legislación argentina creó mecanismos institucionales destinados a sostener una política de Estado sobre Malvinas y a generar consensos políticos y sociales para avanzar en el ejercicio pleno de la soberanía. El reclamo argentino, además, no depende de una interpretación partidaria: está incorporado a la Constitución y forma parte de una posición histórica sostenida por gobiernos democráticos de distinto signo político.

Por eso el episodio de Ushuaia merece algo más que una pelea circunstancial entre Nación y Provincia. Expone una concepción de país. De un lado está la idea de que el territorio, los puertos, los recursos naturales y el Atlántico Sur forman parte de una estrategia nacional que debe preservarse durante décadas. Del otro aparece una lógica en la que todo puede transformarse en una operación comercial mientras cumpla determinadas condiciones administrativas.

Y Malvinas no puede ser reducida a una cuestión administrativa. Tampoco puede convertirse en una variable secundaria frente a los negocios. Mucho menos puede sostenerse una política exterior que reivindique la soberanía argentina en los discursos mientras, en la práctica, habilita situaciones que generan el interrogante inevitable sobre cuánto pesa realmente esa soberanía a la hora de tomar decisiones.

El Gobierno de Tierra del Fuego pidió explicaciones y reclamó el fin de la intervención nacional sobre el puerto. También advirtió que la soberanía se ejerce “en todos los ámbitos posibles”, una definición que resume el núcleo de la controversia. Porque la soberanía no se defiende solamente frente a los organismos internacionales: se defiende en los puertos, en el mar, en los recursos naturales, en las decisiones económicas y en cada metro del territorio nacional.

El amarre del petrolero británico en Ushuaia deja así una imagen política difícil de ignorar: mientras una parte del territorio argentino permanece bajo ocupación británica y la Constitución ordena sostener como objetivo irrenunciable la recuperación de la soberanía, en la ciudad que mira hacia ese territorio una administración dependiente de la Casa Rosada permite operar a una embarcación vinculada al Reino Unido. Puede haber una explicación administrativa para la autorización, pero todavía falta la explicación política. Y esa explicación es la que Milei le debe al país, porque Malvinas no es una bandera que se levanta en los discursos: es una causa nacional que se defiende también cuando están en juego los intereses económicos del presente.

 

 

La compra de los cazas a Dinamarca fue apenas el comienzo. Desde abril de 2024, el Gobierno fue ampliando progresivamente el alcance del secreto militar: primero la operación contractual por los aviones, después las obras y materiales importados, luego el armamento y las capacidades complementarias y, ahora, también la exportación de componentes al exterior para mantenimiento y actualización. En el camino aparecen cientos de millones de dólares y decenas de miles de millones de pesos cuya documentación detallada dejó de estar sometida a las reglas ordinarias de publicidad.

Por Luis Bulnes Valdez para NLI

El Gobierno de Milei volvió a ampliar el alcance del secreto militar sobre el programa de los F-16, y la decisión publicada este 18 de agosto en el Boletín Oficial permite reconstruir una historia bastante más extensa que la simple adquisición de 24 aviones de combate a Dinamarca. Desde abril de 2024 hasta hoy, distintas decisiones presidenciales fueron colocando bajo confidencialidad buena parte de la cadena contractual, logística, edilicia y de sostenimiento necesaria para poner en funcionamiento el nuevo sistema de armas de la Fuerza Aérea Argentina.

El punto de partida fue el Decreto 370/2024, publicado el 29 de abril de 2024. Allí el Ejecutivo declaró secreto militar la operación contractual tramitada mediante el expediente EX-2024-05198131-APN-DGPPYP#FAA, justamente el expediente asociado a la adquisición del sistema de armas F-16. La norma estableció además que, una vez declarado el secreto, el organismo contratante quedaba exceptuado de las disposiciones relativas a la publicidad y difusión de las actuaciones del proceso.

Sin embargo, el precio principal de la compra sí quedó expuesto públicamente. La Decisión Administrativa 252/2024 estableció que el contrato con la Organización de Adquisiciones y Logística del Ministerio de Defensa danés tendría un valor de US$301.200.000, pagadero en cinco cuotas anuales, e incluiría 16 aeronaves monoplaza, 8 biplaza, componentes y servicios.

A esa cifra se sumó desde el comienzo otro componente mucho más difícil de reconstruir en detalle: el sistema de armas y equipamiento provisto por Estados Unidos. Las estimaciones difundidas durante la operación ubicaron ese paquete en torno de US$350 millones, llevando el costo inicial del programa a aproximadamente US$650 millones.

El secreto se expandió: de los aviones a las bases, motores y armamento

Cuatro meses después de la declaración inicial, el Gobierno dio un segundo paso. El Decreto 807/2024, publicado en septiembre de 2024, declaró secreto militar la contratación y construcción de las obras de infraestructura y la importación del material relacionado con la incorporación del sistema de armas del expediente original. La propia norma cita como fundamento que el Decreto 9390/63 considera secreto militar determinadas adquisiciones, construcciones y sus negociaciones y trámites.

Eso significó incorporar a la zona de confidencialidad algo que tiene una dimensión económica concreta: las obras necesarias para que los F-16 puedan operar en la Argentina. En 2024 se informó una previsión de $44.694 millones para la modernización y construcción de infraestructura en la VI Brigada Aérea de Tandil y el Área Material Río Cuarto. La programación contemplaba desembolsos en distintos ejercicios presupuestarios y trabajos sobre instalaciones vinculadas con la operación de los nuevos cazas.

Pero el alcance no terminaba en pistas, hangares o edificios. La documentación pública que acompañó aquella decisión mencionaba material sensible relacionado con el sistema, incluyendo partes de aeronaves, motores, repuestos y armamento real y de entrenamiento.

En diciembre de 2024 llegó una nueva ampliación. El Decreto 1073/2024 declaró secreto militar las operaciones contractuales tramitadas mediante el expediente EX-2024-116082935-APN-EMGFAA#FAA. Y acá aparece un dato especialmente relevante: el propio texto oficial explica que la incorporación del sistema F-16 sería complementada mediante una Letter of Offer and Acceptance (LOA) dentro del programa estadounidense Foreign Military Sales, además de otra suscripción con la United States Navy, junto con contratos adicionales para incorporar equipos y capacidades complementarias.

Es decir: el segundo expediente no es simplemente una repetición administrativa del primero. Es el mecanismo utilizado para mantener bajo secreto las adquisiciones adicionales necesarias para completar el sistema de armas. La propia norma establece que los procedimientos quedan exceptuados de las disposiciones de publicidad y difusión de las actuaciones.

Ahora el secreto alcanza también al sostenimiento de los F-16

El decreto publicado este 18 de agosto agrega una nueva capa. El Decreto 735/2026 declara secreto militar la exportación del material relacionado con el sistema de armas correspondiente al expediente original y a los contratos adicionales. El texto menciona expresamente la posibilidad de que salgan del país partes integrantes de las aeronaves, motores, repuestos, armamento real y armamento de entrenamiento para tareas vinculadas con mantenimiento y actualización.

La decisión coincide con el comienzo de una nueva etapa operacional. El Gobierno informó oficialmente que el 30 de marzo de 2026 comenzaron los vuelos del sistema F-16 en el Área Material Río Cuarto, dentro del programa Peace Condor. La Fuerza Aérea señaló que el proceso incluye entrenamiento de pilotos y técnicos y que la puesta a punto de las instalaciones continúa.

La secuencia, entonces, es reveladora: primero se ocultó la operación contractual; después, las obras y las importaciones; luego, las compras adicionales y capacidades complementarias; y ahora, también la salida del país de componentes para mantenimiento y actualización.

No significa que el Gobierno esté vendiendo los aviones ni que cada salida de una pieza implique una operación comercial secreta. Por el contrario, resulta perfectamente compatible con el funcionamiento de un sistema de armas complejo que determinados motores, componentes o equipos deban ser enviados al exterior para inspección, reparación, actualización o intervención técnica. Lo que cambia es el grado de información pública disponible sobre qué se envía, a quién, por cuánto, bajo qué contrato y con qué frecuencia.

Y ahí aparece el verdadero problema periodístico.

US$650 millones y una cuenta que todavía no terminó

La compra de los 24 F-16 fue presentada como una operación de aproximadamente US$301,2 millones, pero el propio Gobierno y distintas fuentes periodísticas explicaron que el programa completo debía contemplar también armamento, equipamiento y capacidades complementarias, llevando la estimación inicial a unos US$650 millones.

Además, el gasto no terminó con la firma del contrato. En junio de 2026 se informó que Argentina ya había abonado tres de las cinco cuotas correspondientes a la compra de las aeronaves, por aproximadamente US$180 millones, mientras que el Presupuesto 2026 contempla otros $20.000 millones para trabajos de modernización y actualización tecnológica en Tandil y Río Cuarto.

Y existe una cuestión todavía más importante: comprar un avión de combate es apenas el comienzo del gasto. El sistema necesita horas de vuelo, combustible, repuestos, capacitación, mantenimiento, infraestructura, simuladores, armamento, actualización de software y componentes, además de servicios técnicos y logísticos.

El propio Gobierno informó en abril de 2026 que el programa apunta a alcanzar una capacidad operacional completa y que la capacitación de pilotos y técnicos se realiza con participación de la empresa estadounidense Top Aces. También presentó al Centro de Instrucción y Capacitación en Mantenimiento de Aeronaves F-16 como una pieza estratégica para avanzar hacia una mayor autosuficiencia en el sostenimiento de la flota.

Por eso el nuevo decreto es importante: el secreto ya no acompaña solamente la compra de los cazas, sino que comienza a envolver su ciclo de vida.

Hay además una contradicción que merece ser discutida. El secreto militar tiene una razón legítima cuando se trata de proteger información cuya divulgación pueda afectar la seguridad nacional. El propio Decreto 9390/63 contempla como materia secreta determinadas adquisiciones, construcciones y negociaciones militares.

Pero secreto militar no debería ser sinónimo de cheque en blanco. Una cosa es no publicar las características técnicas sensibles de un misil o los detalles operativos de una aeronave; otra diferente es que la ciudadanía no pueda conocer cuánto dinero público se gastó, qué empresa fue contratada, qué obra se adjudicó, cuánto se pagó, qué mecanismo de contratación se utilizó o qué órgano de control intervino.

De hecho, el propio Congreso viene planteando preguntas sobre el financiamiento y el sostenimiento de los F-16. En documentación parlamentaria aparecen interrogantes sobre con qué fondos se costearán los aviones, cómo se financiará su mantenimiento y qué recursos se utilizarán para adquirir otros equipos destinados a completar el sistema de armas.

La investigación documental deja así una conclusión concreta: los F-16 no costaron solamente US$301,2 millones y tampoco terminaron de pagarse cuando llegaron los primeros seis aviones. Existe un programa mucho más amplio, con infraestructura, armamento, capacitación, capacidades complementarias, mantenimiento y futuras actualizaciones.

Una parte de esa información puede y debe permanecer protegida por razones de defensa. Pero otra parte es información económica y administrativa sobre recursos públicos, y allí la discusión sobre transparencia permanece plenamente vigente.

El desafío, entonces, no es revelar dónde está cada misil ni publicar información que pueda comprometer la seguridad de la Fuerza Aérea. Es mucho más sencillo: determinar cuánto dinero público está involucrado en el programa F-16, quién lo recibe, mediante qué contratos, qué obras se ejecutaron, qué compras se hicieron y qué controles existen sobre ellas.

Porque si la cuenta total puede superar ampliamente los US$650 millones, la pregunta que queda abierta no es solamente cuánto cuestan los aviones; es cuánto terminará costando realmente el sistema F-16 completo y cuánto de esa cuenta podremos conocer los argentinos.