«EXPROPIAREMOS LOS GRANDES MONOPOLIOS FRUTÍCOLAS»

La crisis económica, el deterioro del poder adquisitivo y el desgaste político empiezan a reflejarse con fuerza en las encuestas. Un nuevo relevamiento mostró que más de la mitad de los argentinos tiene una imagen negativa de Milei, mientras crece el malestar social y se profundiza el rechazo a la situación económica del país.

Por Roque Pérez para NLI

Los números confirman una tendencia que distintos estudios vienen marcando desde comienzos de año: el Gobierno pierde apoyo incluso entre sectores que acompañaron a Milei en el balotaje de 2023. Según distintos sondeos publicados en las últimas semanas, la desaprobación presidencial ya oscila entre el 55% y el 65%, en un contexto atravesado por inflación persistente, caída del consumo y salarios pulverizados.

La encuesta de la consultora Giacobbe & Asociados reveló además que una parte importante de la población asegura que “ya no soporta” la situación económica actual. El dato expone un fenómeno que empieza a perforar el relato oficial sobre la supuesta recuperación: el ajuste impacta de lleno en la vida cotidiana y cada vez más familias llegan con dificultad a fin de mes.

El deterioro no aparece solamente en la evaluación económica. También se observa una fuerte caída en la valoración personal de Milei. La consultora CEOP Latam detectó que la imagen positiva presidencial cayó hasta apenas superar el 34%, muy lejos de los niveles que había alcanzado luego de las legislativas de 2025. Incluso, cuatro de cada diez votantes que lo apoyaron en el balotaje afirman que hoy no volverían a elegirlo.

Otro estudio, elaborado por Zuban Córdoba, mostró que el 65% de los encuestados desaprueba la gestión libertaria, el peor registro en varios meses. El informe vincula directamente la caída del Gobierno con los escándalos políticos, las denuncias de corrupción y el agravamiento de la crisis social.

En paralelo, otras consultoras vienen detectando un patrón similar: caída de expectativas, descreimiento respecto del rumbo económico y creciente agotamiento frente al ajuste permanente. La combinación entre tarifazos, salarios deprimidos y recesión empieza a erosionar incluso al núcleo duro libertario.

La situación también impacta en el plano regional. Un informe de CB Global Data ubicó a Milei entre los presidentes latinoamericanos con peor imagen del momento, tras registrar una fuerte baja en su valoración positiva.

Mientras tanto, el oficialismo intenta sostener el discurso del “sacrificio necesario”, aunque los números muestran otra realidad: cada vez más argentinos consideran que el costo del modelo económico es demasiado alto y empiezan a expresar ese rechazo en las encuestas. La pregunta que empieza a recorrer la política argentina es si el Gobierno todavía tiene margen para sostener el ajuste sin que el deterioro social termine convirtiéndose en una crisis política más profunda.

La designación de Lucila Crexell como embajadora en Canadá reaviva una de las acusaciones más explosivas del último tiempo: el presunto intercambio de favores políticos en el Congreso. Mientras el oficialismo habla de “consensos”, la oposición denuncia directamente una compra de votos para aprobar la ley más importante del gobierno de Milei.

Por Roque Pérez para NLI

La política argentina volvió a exhibir su costado más crudo. La exsenadora Lucila Crexell fue designada embajadora en Canadá tras haber sido una pieza clave en la aprobación de la Ley Bases, en medio de acusaciones de que su voto fue “negociado” a cambio del cargo.

El dato no es menor: el Senado aprobó su pliego con 45 votos a favor y 26 en contra, en una sesión atravesada por denuncias de “coima” y “dádivas” lanzadas desde distintos sectores de la oposición.

Un voto que valía una embajada

El eje de la polémica es claro. Durante el debate de la Ley Bases, Crexell pasó de cuestionar aspectos del proyecto a votarlo favorablemente, en un contexto donde ya circulaban versiones sobre su posible designación diplomática.

Las sospechas no quedaron en rumores. En el recinto, legisladores denunciaron abiertamente que la entonces senadora “negoció su voto por un cargo en la embajada”, señalando que su decisión no fue autónoma sino parte de un acuerdo político.

Incluso se llegó a plantear que el caso podría constituir un delito, con pedidos para reabrir investigaciones judiciales vinculadas a posibles dádivas.

La escena es brutal en términos políticos: una ley estructural para el programa de Milei aprobada con votos bajo sospecha y, meses después, el “premio” materializado en un cargo diplomático de alto nivel.

La casta que no era casta

El discurso libertario construyó su identidad sobre la denuncia a “la casta”. Sin embargo, este episodio expone una contradicción difícil de ocultar: los mecanismos más clásicos de la política —negociaciones, intercambios, recompensas— siguen plenamente vigentes.

No se trata de una interpretación aislada. Desde el propio oficialismo se llegó a justificar este tipo de prácticas como parte de los “acuerdos y consensos” necesarios para gobernar, lo que en los hechos equivale a admitir la lógica de negociación de poder que se decía combatir.

El problema es más profundo: cuando esos acuerdos incluyen cargos públicos estratégicos, la línea entre política y clientelismo institucional se vuelve difusa.

Un precedente peligroso

El nombramiento de Crexell no es un hecho menor ni aislado. Marca un precedente político delicado: legitima la idea de que un voto clave en el Congreso puede tener recompensa directa en la estructura del Estado.

Y en un contexto de ajuste, recorte del gasto público y discurso anti-Estado, el contraste se vuelve aún más evidente: mientras se predica austeridad, se distribuyen cargos diplomáticos como moneda de negociación.

La pregunta que queda flotando es incómoda pero inevitable: si esto no es “casta”, ¿qué es?