«EXPROPIAREMOS LOS GRANDES MONOPOLIOS FRUTÍCOLAS»

 

La historia de Buenos Aires no es lineal ni épica en el sentido clásico: es una historia de intentos fallidos, abandono y refundación. Pero también es una historia simbólica, atravesada por la fe, los intereses imperiales y una decisión clave que terminaría definiendo el nombre de una de las ciudades más importantes de América Latina.

Por Alcides Blanco para NLI

La ciudad que nació dos veces no es una casualidad: es el resultado de la precariedad del proyecto colonial español en el Río de la Plata y de una persistencia estratégica que terminó imponiéndose.

La primera fundación: hambre, guerra y abandono

El 2 de febrero de 1536, el adelantado español Pedro de Mendoza desembarcó en las costas del Río de la Plata y estableció un asentamiento que llamó “Puerto de Nuestra Señora Santa María del Buen Aire” .

Ese acto —que muchas veces se menciona como “fundación”— en realidad fue más precario que solemne: se trató de un campamento fortificado, levantado en condiciones extremas, sin infraestructura ni recursos suficientes .

La situación se volvió rápidamente insostenible. El hambre, las enfermedades y los enfrentamientos con los pueblos originarios —especialmente los querandíes— devastaron la expedición. Los propios cronistas narraron escenas brutales: los colonos llegaron a comer cuero, ratas y hasta carne humana para sobrevivir .

Finalmente, en 1541, el asentamiento fue abandonado. Buenos Aires, en su primera versión, desapareció.

La segunda fundación: la ciudad que sobrevivió

Décadas después, la Corona española insistió con el proyecto. El 11 de junio de 1580, el conquistador Juan de Garay llevó adelante la segunda fundación, esta vez con una organización más sólida y población proveniente de Asunción .

Garay bautizó formalmente a la ciudad como “Ciudad de la Santísima Trinidad”, aunque el puerto mantuvo el nombre de “Santa María de los Buenos Aires”, que con el tiempo se impondría en el uso cotidiano .

A diferencia del intento de Mendoza, esta fundación logró consolidarse. La ciudad empezó lentamente a desarrollarse como enclave estratégico del imperio español, primero marginal y luego central en el comercio del Atlántico sur.

El origen del nombre: entre la fe y el mar

El nombre “Buenos Aires” no fue una ocurrencia casual ni un gesto poético. Tiene una raíz profundamente religiosa y marítima.

Proviene de la advocación de la Virgen María conocida como Nuestra Señora del Buen Aire, vinculada a los marineros y navegantes .

El origen de esta devoción se remonta a Cerdeña, donde una imagen de la Virgen —según la tradición— sobrevivió milagrosamente a un naufragio en el siglo XIV y fue venerada como protectora de quienes se hacían a la mar .

En el siglo XVI, esta advocación ya era popular entre los navegantes españoles, especialmente en Sevilla. Por eso no resulta extraño que Mendoza y su expedición hayan encomendado el viaje a esa protección.

El “buen aire” no alude al clima: alude a los vientos favorables para la navegación, a la esperanza de llegar a destino y sobrevivir al océano.

Entre la leyenda y la historia

La historia del nombre mezcla documentación y tradición. Algunos relatos sostienen que Mendoza habría hecho una promesa a la Virgen durante la travesía; otros apuntan a la presencia de religiosos mercedarios en la expedición, devotos de esa advocación.

Lo cierto es que el nombre quedó. Incluso después del fracaso de la primera fundación, “Buenos Aires” persistió como una idea, como un proyecto y como un símbolo, hasta concretarse definitivamente en 1580 .

Una ciudad marcada por su origen

Buenos Aires nació dos veces, pero su nombre fue uno solo desde el inicio. Esa continuidad no es menor: revela que, más allá del fracaso material, había una intención estratégica y simbólica que la Corona no estaba dispuesta a abandonar.

Entre el hambre de la primera fundación y la consolidación de la segunda, la ciudad se construyó como una promesa persistente: la de un puerto abierto al mundo, sostenido tanto por la geopolítica como por la fe.

Y en ese cruce —entre imperio, religión y supervivencia— se explica por qué Buenos Aires se llama así. No por el aire que se respira, sino por el viento que permitió llegar.

 

 

En apenas tres días, dos resoluciones del INCUCAI dejaron al descubierto un cambio profundo: mientras el financiamiento público de la ciencia y la salud cae de manera sostenida, el propio Estado empieza a cobrarle más caro —y sin excepciones— a sus propias instituciones. El giro no es aislado: se inscribe en una lógica más amplia que atraviesa organismos regulatorios, sistema científico y hospitales públicos.

Por Amparo Lestienne para NLI

El caso INCUCAI: de la excepción al cobro universal

El punto de partida es la Resolución INCUCAI 84/2026, publicada el 27 de marzo. La norma actualiza los aranceles para la evaluación de protocolos de investigación clínica vinculados a trasplantes y uso de órganos, tejidos y células, con el objetivo explícito de “asegurar los recursos operativos y técnicos” del organismo.

Pero el dato clave estaba en su artículo 2°: mantenía la lógica histórica del sistema argentino al eximir del pago a hospitales públicos, universidades nacionales y Fuerzas Armadas.

Esa excepción no era un detalle menor, sino la continuidad de un principio consolidado en normativas previas. Por ejemplo, ya en la Resolución 128/2019 del propio INCUCAI se establecía exactamente la misma exención para el sector público, en línea con la idea de que la investigación sanitaria estatal no debía ser tratada como una actividad comercial.

Sin embargo, apenas tres días después, el 30 de marzo, llegó la Resolución INCUCAI 95/2026, que directamente eliminó esa excepción. El resultado es contundente: el Estado empezó a cobrarle a sus propios hospitales y universidades por investigar.

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Un cambio de lógica: del financiamiento a la autofinanciación

El argumento oficial es técnico: los protocolos requieren financiamiento y, por lo tanto, deben cubrir los costos regulatorios. Pero detrás de esa justificación aparece una transformación más profunda.

Históricamente, el sistema funcionaba bajo una premisa clara: la investigación pública en salud es parte del sistema sanitario y, por lo tanto, es financiada por el Estado. Eso implicaba que los organismos regulatorios podían cobrar aranceles, pero hacían excepciones cuando el actor era público.

Hoy esa lógica se invierte: todos los actores —incluso los públicos— deben pagar por el servicio estatal. Este cambio no surge en el vacío. Está directamente vinculado con el deterioro del financiamiento general del sistema científico.

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El telón de fondo: caída del presupuesto científico

Según distintos informes y análisis del sistema nacional de ciencia y tecnología, el financiamiento público del sector atraviesa una contracción sostenida. Entre 2023 y 2026, la inversión estatal acumula una caída real estimada entre el 30% y el 40%, como resultado de la combinación entre recortes presupuestarios y el efecto de la inflación. En paralelo, la participación de la ciencia en el producto bruto interno se redujo a niveles por debajo del 0,3%, cuando en años anteriores se ubicaba en torno al 0,5%.

En términos concretos, el deterioro no es homogéneo sino que golpea con mayor intensidad en áreas clave del sistema. Las transferencias a universidades nacionales y organismos públicos muestran recortes que, en términos reales, se ubican entre el 25% y el 35%, afectando el funcionamiento cotidiano de institutos, laboratorios y proyectos en curso. A esto se suma el deterioro sostenido de los ingresos del personal científico y técnico, cuyos salarios perdieron aproximadamente entre un 20% y un 30% de su poder adquisitivo, mientras que la inversión en equipamiento —fundamental para sostener la capacidad experimental— registra caídas aún más pronunciadas, que en algunos casos superan el 50% en términos reales.

En este escenario, organismos como el CONICET ven afectada su capacidad de sostener proyectos, becas y estructuras de investigación, lo que introduce tensiones crecientes en todo el sistema científico.

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ANMAT y el modelo de tasas: el antecedente silencioso

Este viraje tampoco es nuevo en la administración pública. La ANMAT funciona desde hace años con un sistema de aranceles para trámites regulatorios, donde cada procedimiento tiene un costo asociado.

Lo que cambia ahora no es la existencia de aranceles, sino su alcance: antes aplicaban principalmente a actores privados; ahora tienden a universalizarse. Es decir, el modelo basado en tasas por servicio empieza a expandirse a otros organismos, pero sin las protecciones históricas para el sector público.

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La tensión central: menos presupuesto, más costos

La combinación de estas dos dinámicas —menor financiamiento y mayor carga arancelaria— configura una tensión estructural difícil de sostener en el tiempo. Por un lado, el Estado reduce su inversión directa en ciencia y salud; por otro, incrementa los costos que deben afrontar sus propias instituciones para desarrollar investigaciones.

Esto implica que universidades públicas, hospitales y centros de investigación no sólo cuentan con menos recursos, sino que además deben destinar parte de esos fondos a cubrir aranceles regulatorios que antes no existían para ellos. La consecuencia es una presión creciente sobre estructuras ya debilitadas.

El resultado es una paradoja evidente: el Estado se retrae como financiador, pero se consolida como cobrador.

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Especialistas y debate: el riesgo de mercantilización

En el ámbito científico y sanitario, este tipo de transformaciones suele encender señales de alerta. Diversos análisis en políticas públicas advierten que, cuando se reducen los recursos estatales y se trasladan costos a los propios actores del sistema, tienden a producirse efectos previsibles: disminución en la cantidad de proyectos, mayor dependencia de financiamiento externo y desplazamiento de investigaciones hacia áreas con retorno económico más inmediato.

La investigación clínica en hospitales públicos suele estar orientada a necesidades sanitarias concretas de la población y no a intereses de mercado

En el caso de la salud, el impacto puede ser aún más sensible, porque la investigación clínica en hospitales públicos suele estar orientada a necesidades sanitarias concretas de la población y no a intereses de mercado. Buena parte de la producción científica argentina en salud se genera en estos ámbitos, donde la práctica asistencial se articula con la investigación sobre pacientes reales y problemáticas locales.

Ese rasgo tiene antecedentes históricos claros. La Misión de Estudios de Patología Regional Argentina, impulsada por Salvador Mazza, desarrolló en el siglo XX investigaciones clave sobre enfermedades como el Chagas, a partir del trabajo territorial en regiones postergadas del país. Difícilmente ese tipo de investigación hubiera sido financiado por el sector privado, dado que su lógica no era la rentabilidad sino la respuesta a una problemática sanitaria concreta.

Ese mismo patrón se replica, con otras formas, en la actualidad. Hospitales públicos de referencia como el Hospital Nacional Profesor Alejandro Posadas combinan atención médica, formación profesional e investigación clínica orientada a enfermedades prevalentes en su población, muchas veces vinculadas a sectores sociales vulnerables y sin atractivo comercial para la industria.

El problema es que este tipo de investigación —centrada en necesidades reales y no en retornos económicos— depende estructuralmente del financiamiento público. Cuando ese financiamiento se reduce y, al mismo tiempo, se introducen costos adicionales para investigar, el riesgo no es sólo cuantitativo sino cualitativo: no sólo se investiga menos, sino que se empieza a investigar otra cosa.

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Conclusión: un cambio silencioso pero estructural

Lo ocurrido entre el 27 y el 30 de marzo con el INCUCAI no es un episodio aislado ni meramente administrativo. Es la expresión concreta de un cambio más amplio en la forma en que el Estado se vincula con la ciencia y la salud: menos financiamiento directo, eliminación de excepciones históricas y expansión de esquemas de arancelamiento.

En ese nuevo escenario, el sistema deja de apoyarse en la lógica de política pública para acercarse a un modelo de servicios, donde investigar ya no sólo depende del conocimiento y la capacidad técnica, sino también de la disponibilidad de recursos para pagar por ello.

La incógnita que queda abierta es tan estructural como urgente: hasta qué punto puede sostenerse un sistema científico y sanitario público cuando se le exige autofinanciarse en un contexto de retracción presupuestaria.