Son 8 los finalistas de los PREMIOS ETAPAS 2023. Las disciplinas representadas en esta final son: arquería, karate, fútbol, basquet, gimnasia, patín, telas y tenis. Fueron más de 11.000 votos los que se realizaron en la primera instancia.
Juan Martín Amado, Agustina García, Agustina Castro, Caterine Pino, Nara Gonzalez, Sofía Palacios, Sofía Fernetich Tulli y Josefina Lira son lxs finalistas. Hasta el sábado se puede votar para determinar quien será el deportista destacadx de los ETAPAS 2023. En la segunda edición el ganador fue el futbolista de Círculo Italiano Mateo Vertúa y en la primera el piloto de motocross Pablo Galleta.
Martín Llaryora empieza a jugar las fichas para 2027 y manda a su ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, a cerrar filas con la agenda penal de Patricia Bullrich y de la nueva ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, ex titular de esa cartera en Córdoba durante al gestión de De la Sota, de la que salió eyectada por un motín policial en 2013.
En estos dos años de gestión, Quinteros empoderó a la Policía, se puso al frente de varios operativos impactantes y, audaz en el manejo de la simbología, hasta persiguió a un motochorro que había despojado de un celular a una joven. Ahora, va por el cambio de legislación cordobesa para acompañar la agenda penal de Bullrich en el Congreso.
Intenta así secar una de las fuentes libertarias: la que reclama mano dura contra motochorros y «naranjitas», el mote cordobés para los «trapitos». Este año, casi 300 «naranjitas» ilegales fueron detenidos por intimidar o amenazar a conductores. Están en zonas comerciales y en grandes eventos, por lo que su clientela es la clase media alta, justo el sector que le dio la espalda al Gobierno provincial en la última elección.
Con la consigna de «ordenar la calle» y el latiguillo de «la paz social y el orden no se negocia», Quinteros se apresta a iniciar su tercer año con su agenda enfocada en estás demandas y en sintonía con Monteoliva. De hecho, ya invitó a la futura ministra a que realice su primera actividad fuera de Buenos Aires en Córdoba.
Con la consigna de «ordenar la calle» y el latiguillo de «la paz social y el orden no se negocia», Quinteros se apresta a iniciar su tercer año con una agenda en sintonía con Monteoliva y Bullrich
«La crisis policial de 2013 fue porque el kirchnerismo la alentó e impidió que los gendarmes de Jesús María restablecieran el orden. Fue una decisión política de Cristina Kirchner en contra de Córdoba», dicen cerca de Quinteros. Ese será el discurso del ministro cuando reciba a Monteoliva en Córdoba.
La alianza con Monteoliva-Bullrich blinda a Quinteros de las críticas de los libertarios, que hoy están aliados con Luis Juez. Quinteros fue un fundamentalista juecista hasta que en 2019 renunció a su banca de legislador y se alejó para siempre de Juez.
Quinteros advierte que «el tejido social está roto» y agrega que la crisis de la salud mental generará más violencia. Por eso advierte que «sin empleo, sin proyecto de vida y sin familias haciéndose cargo de sus hijos» los hechos de inseguridad no podrán neutralizarse.
El Senado de Brasil aprobó este miércoles por 48 votos a favor y 25 en contra, el Proyecto de Ley de Sentencias que reduce las penas de los condenados por los hechos del 8 de enero de 2023 y el intento de golpe de Estado juzgados por el Supremo Tribunal Federal, incluyendo al expresidente Jair Bolsonaro.
Ahora, el proyecto pasa ahora al presidente para su sanción pero hay grandes chances que la vete porque considera que Bolsonaro tiene que pagar por su condena.
LPO publicó la semana pasada que el líder brasileño dijo en na entrevista que «cuando llegue a mi despacho, tomaré la decisión. Así que, ahora, que se exprese el Legislativo. Cuando llegue al despacho del Ejecutivo, tomaré mi decisión».
Lula dejó en claro que Bolsonaro «tiene que pagar» por haber atentado contra la democracia y afirmó que si Bolsonaro hubiera tenido la misma actitud que cuando perdió las elecciones, hoy no estaría en prisión y «podría estar presentándose a las elecciones».
«Tiene que pagar por el intento de golpe de Estado, por el intento de destruir la democracia que llevó a cabo en este país. Él lo sabe. No tiene sentido quejarse ahora. Fue condenado a 27 años y 3 meses de prisión porque intentó hacer algo muy serio», remarcó.
El impulsor de la iniciativa es el senador de derecha Esperidião Amin que en la Comisión de Constitución y Justicia, aceptó una enmienda del senador y ex juez Sergio Moro para restringir la reducción de penas en regímenes cerrados en relación con delitos contra el Estado Democrático de Derecho.
En la práctica, la propuesta puede beneficiar a personas más allá de quienes participaron en los sucesos del 8 de enero, incluyendo a los condenados por actos contra la democracia, como es el caso de los acusados investigados por el intento de golpe de Estado tras las elecciones de 2022.
La propuesta puede beneficiar a personas más allá de quienes participaron en los sucesos del 8 de enero, incluyendo a los condenados por actos contra la democracia, como es el caso de los acusados investigados por el intento de golpe de Estado tras las elecciones de 2022
A pesar de modificar el proyecto de ley, la enmienda fue clasificada como editorial, no sustancial, por el relator. Esto permite que el texto evite su retorno a la Cámara de Diputados para su análisis, con aprobación en el pleno. Sin embargo, los senadores de la comisión y del pleno discreparon sobre la clasificación de la enmienda.
En efecto, la propuesta aborda la reducción del cálculo de las penas y, para ello, el texto enumera condiciones y establece porcentajes mínimos para el cumplimiento de la pena y la progresión de régimen. También determina que la remisión de la pena puede ser compatible con el arresto domiciliario.
El proyecto de ley modifica la Ley de Ejecución Penal, estableciendo nuevas condiciones y porcentajes mínimos para la progresión de régimen. Según la norma actual, la transferencia a un régimen menos restrictivo se produce tras cumplir el 16% de la condena, siempre que el delito no se haya cometido con violencia ni amenaza grave.
En cuanto a Jair Bolsonaro, si una persona es condenada por «ejercer el mando, individual o colectivamente, de una organización criminal estructurada para la práctica de delitos atroces o equivalentes, debe cumplirse al menos el 50% de la condena
De esta forma, la iniciativa prevé la posibilidad de progresión tras cumplir una sexta parte de la condena, con porcentajes más altos para delitos atroces, feminicidios, formación de milicias y reincidencia.
En cuanto a Jair Bolsonaro, si una persona es condenada por «ejercer el mando, individual o colectivamente, de una organización criminal estructurada para la práctica de delitos atroces o equivalentes, debe cumplirse al menos el 50% de la condena». Este sería el caso de Bolsonaro, condenado a 27 años y 3 meses de prisión y con la ley permanecería en prisión preventiva otros 2 años y 4 meses.
La base del gobierno rechazó el proyecto pero en la Comisión de Constitución, Justicia y Ciudadanía), el líder del oficialismo en el Senado, Jaques Wagner, declaró que buscaba un acuerdo de procedimiento, no de fondo, con la oposición para que el texto se sometiera a votación este miércoles y no se pospusiera hasta el próximo año. Afirmó que la iniciativa era suya y no contaba con la aprobación del Palacio Presidencial.
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