El próximo sábado 6 a partir de las 9 horas, llega a Villa Regina ‘Elegí pescado’, iniciativa del Ministerio de Producción y Agroindustria de Río Negro donde se podrá comprar pescados y mariscos de calidad a precios promocionales.
Será a partir de las 9 horas en el predio ferial ubicado frente a la Plaza de los Próceres respetando las medidas preventivas por COVID-19.
Quienes se acerquen podrán adquirir pez gallo, merluza, cazuela, hamburguesas, langostinos y mejillones.
El principal objetivo de la campaña es acercar este producto a la dieta diaria de los rionegrinos, razón por la cual se repite en distintos puntos de la provincia.
Carlos Rosenkrantz e Inés Weinberg, miembros designados como jurado para el concurso N° 527 para cubrir a una vacante de vocal en Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial, ofendieron a un postulante al que le bajaron el puntaje por utilizar «lenguaje mediocre» y quedaron envueltos por el polémico criterio de evaluación que utilizaron contra los concursantes que respondieron a las preguntas con jurisprudencia que condenaba al Estado por incumplir derechos de personas con discapacidad.
Los exámenes para los jueces tienen un marco metodológico de evaluación. Los candidatos deben responder ante un caso específico que deberían resolver si ocuparan la vacante y, de los 100 puntos totales para la calificación máxima, 45 corresponden a la consistencia jurídica de la solución propuesta, 35 a la pertinencia y el rigor de los fundamentos y 20 a la corrección del lenguaje utilizado, algo que incluye la apelación a latinismos, barroquismos o giros casi ociosos para revestir la crudeza de una sentencia.
Pero la evaluación de Rosenkrantz y Weimberg amagan con desatar un vendaval en el Consejo de la Magistratura, después que el concursante enfurecido por la calificación mandara una nota en queja a la Comisión de Selección de ese órgano del Poder Judicial. En su mensaje, el candidato consideró que lo dispuesto por el juez de la Corte Suprema y su par del TSJ porteño era «injuriante» e «indecoroso», precisó uno de los consejeros a LPO.
El problema es que la bronca del concursante despertó la curiosidad de los integrantes del Consejo y ahora crecen las sospechas acerca del criterio ideológico utilizado por ambos jueces para aprobar a algunos candidatos y aplazar a otros.
En efecto, a los candidatos les tocaba analizar el caso hipotético sorteado de una trabajadora del Estado que quedaba «cuadripléjica» y al cuidado de sus padres, adultos mayores de bajos ingresos. El relato indicaba que la obra social le recortaba la cobertura de prestaciones unilateralmente, contra las prescripciones de los médicos y la advertencia sobre el riesgo vital que conllevaba la suspensión del tratamiento.
Lo curioso es que los que concluían que el Estado tenía responsabilidad subsidiaria por las prestaciones por discapacidad obtuvieron notas bajas o fueron bochados. «Rosenkrantz y Weimberg terminan avalando la postura del gobierno que se ensañó con los discapacitados», comentaron a LPO.
Santiago Viola, Alberto Maques y Alejandra Provítola en el Consejo.
Fuentes judiciales explicaron que antes de la llegada de Rosenkrantz al máximo tribunal, la jurisprudencia indicaba que el Estado, como garante subsidiario o de última instancia en salud, debía tutelar el derecho de las personas al acceso a las prestaciones médicas cuando las obras sociales o las prepagas no lo hicieran. Desde 2018, el magistrado que desplazó a Ricardo Lorenzetti de la presidencia de la Corte impuso matices que contemplaban un giro hacia la sustentabilidad o racionalidad presupuestaria que permitiera cuidar los recursos públicos.
Pese a la postura que fue consolidando Rosenkrantz, Rosatti se mantuvo en disidencia sobre el criterio fiscalista de su colega. No es casual tampoco que los concursantes que apelaron a la visión del presidente de la Corte fueran relegados, después que Rosenkrantz suscribiera junto a Lorenzetti la acordada que promovía un cambio de reglamento en la selección de magistrados bajo la crítica a la falta de transparencia actual.
En rigor, las pruebas de oposición exigen que los evaluadores no sepan quiénes son los aspirantes al cargo vacante. Por eso, se les asigna una sigla particular en lugar del nombre propio.
Lo curioso es que los que concluían que el Estado tenía responsabilidad subsidiaria por las prestaciones por discapacidad obtuvieron notas bajas o fueron bochados. ‘Rosenkrantz y Weimberg terminan avalando la postura del gobierno que se ensañó con los discapacitados’, comentaron a LPO.
Sin embargo, la carta del concursante ofendido habría movido el avispero y fuentes del Poder Judicial comentaron a LPO que el juez de la Corte Suprema y su par del TSJ porteño dejaron primero en el orden de mérito a un candidato que trabajó en el máximo tribunal, en la Secretaría de Juicios Ambientales y que también se desempeñó en la vocalía de Horacio Rosatti, presidente de la Corte Suprema y titular del Consejo de la Magistratura, y en segundo lugar habría quedado otro miembro de la misma vocalía.
También se rumoreaba este martes que en el sexto lugar habría quedado un secretario letrado de la Corte que atiende juicios ordinarios y extraordinarios. No obstante, resta que se conozcan las impugnaciones antes de establecer el orden definitivo.
Para colmo, un consejero sembró la duda de que haya sido Rosenkrantz quien decidiera calificar las respuestas del candidato ofendido bajo la etiqueta de «lenguaje mediocre» y deslizó ante LPO la posibilidad de que haya sido algún colaborador suyo quien elaboró el informe. «Es incapaz de incluir expresiones como las que aparecen en el informe, quizá confió en quien redactó o revisó el informe y firmó sin leer», dijo como si quisiera ayudar con una reflexión tan inquietante como comprometedora.
Entre el 7 y el 14 de enero de 1919, Buenos Aires vivió uno de los episodios más violentos de la historia social argentina. Lo que comenzó como un conflicto laboral en los Talleres Vasena terminó convirtiéndose en una represión masiva contra trabajadores, con cientos de muertos y heridos. La Semana Trágica marcó un antes y un después en la relación entre el Estado, el empresariado y el movimiento obrero, y anticipó una discusión que atraviesa a la Argentina hasta hoy: qué lugar ocupan los trabajadores en el modelo de desarrollo de un país.
Por Redacción de NLI
La historia de los derechos laborales en la Argentina no nació de una concesión espontánea del poder económico ni de una decisión administrativa tomada desde los despachos oficiales. Fue el resultado de décadas de organización, huelgas, movilizaciones y conflictos protagonizados por trabajadores que reclamaban condiciones de vida más dignas en una sociedad marcada por profundas desigualdades.
Uno de los momentos más dramáticos de ese proceso ocurrió en enero de 1919, cuando la ciudad de Buenos Aires quedó paralizada por un conflicto que comenzó en una fábrica metalúrgica y terminó transformándose en una crisis política y social de enormes dimensiones. Aquellos días, conocidos como la Semana Trágica, dejaron una marca profunda en la memoria del movimiento obrero argentino y revelaron hasta qué punto la cuestión laboral ya no podía ser considerada un problema menor.
El conflicto tuvo su origen en los Talleres Metalúrgicos Vasena, una empresa ubicada en el barrio porteño de San Cristóbal. Los trabajadores reclamaban mejoras salariales, reducción de la jornada laboral y mejores condiciones de seguridad. La respuesta empresarial fue la negativa a aceptar los reclamos y la incorporación de personal para reemplazar a los huelguistas, una práctica conocida como contratación de rompehuelgas.
El enfrentamiento fue escalando hasta que el 7 de enero se produjo un choque entre trabajadores y fuerzas de seguridad. La represión dejó varios muertos y provocó una reacción inmediata del movimiento obrero, que convocó a una huelga general.
Lo que siguió fue una semana de violencia en las calles de Buenos Aires, con enfrentamientos entre trabajadores, fuerzas policiales, el Ejército y grupos civiles armados vinculados a sectores conservadores.
Una Argentina moderna, pero profundamente desigual
La Semana Trágica ocurrió en una Argentina que atravesaba grandes transformaciones. El país había experimentado un fuerte crecimiento económico basado en el modelo agroexportador y Buenos Aires se había convertido en una de las ciudades más importantes de América Latina.
Pero detrás de esa imagen de progreso existía una realidad social mucho más compleja. Miles de inmigrantes europeos habían llegado buscando oportunidades y terminaron incorporándose a un mercado laboral con bajos salarios, extensas jornadas y escasas protecciones. La riqueza generada por el crecimiento económico no se distribuía de manera equitativa y la cuestión social comenzaba a ocupar un lugar central.
Las organizaciones obreras, influenciadas por distintas corrientes políticas como el socialismo, el anarquismo y posteriormente el sindicalismo revolucionario, comenzaron a reclamar derechos que hoy parecen básicos: descanso semanal, límites a la jornada laboral, seguridad en los lugares de trabajo y mejores salarios.
Para las elites dirigentes de la época, muchas de esas demandas eran vistas como una amenaza al orden establecido. El conflicto laboral era interpretado no como una discusión sobre derechos, sino como un problema de seguridad.
La violencia del Estado y la disputa por la memoria
Uno de los aspectos más controvertidos de la Semana Trágica fue el papel del Estado. Durante esos días, las fuerzas de seguridad y sectores civiles reaccionarios participaron de una represión que dejó un número de víctimas que todavía es discutido por los historiadores, aunque existe consenso en que fueron cientos.
El episodio también estuvo acompañado por persecuciones contra comunidades inmigrantes, especialmente integrantes de organizaciones obreras y militantes de izquierda. La violencia no se limitó al conflicto fabril, sino que alcanzó dimensiones políticas y sociales más amplias.
La Semana Trágica mostró una tensión que se repetiría muchas veces en la historia argentina: cómo responde el Estado cuando los trabajadores organizados reclaman una participación mayor en la distribución de la riqueza.
Del conflicto social a la construcción de derechos
Aunque la Semana Trágica terminó con una derrota para los trabajadores de Vasena, sus consecuencias fueron profundas. El conflicto obligó a la dirigencia política a reconocer que la cuestión laboral ya no podía ser ignorada y aceleró un proceso de discusión sobre la necesidad de establecer regulaciones para proteger a los trabajadores.
Décadas más tarde, especialmente a partir del surgimiento del peronismo, muchos de esos reclamos históricos se transformarían en derechos incorporados al sistema laboral argentino: vacaciones pagas, aguinaldo, convenios colectivos, indemnizaciones y una mayor institucionalización del vínculo entre trabajadores, sindicatos y Estado.
La relación entre esos derechos y las luchas obreras previas forma parte de un debate histórico. Pero existe un punto innegable: las conquistas laborales argentinas fueron producto de un largo proceso de organización social.
Un siglo después, la discusión vuelve
Más de cien años después, muchas de las discusiones de aquella época reaparecen en el debate público. Las reformas laborales impulsadas por el gobierno de Javier Milei, con propuestas orientadas a flexibilizar normas laborales y reducir regulaciones, volvieron a colocar en el centro una pregunta histórica: si los derechos laborales son obstáculos para la economía o herramientas para construir una sociedad más equilibrada.
Quienes defienden las reformas sostienen que una menor regulación puede favorecer la creación de empleo y reducir costos para las empresas. Sus críticos advierten que muchas de esas medidas implican trasladar el costo de las crisis económicas sobre los trabajadores y debilitar herramientas de protección construidas durante décadas.
La Semana Trágica recuerda que la discusión sobre el trabajo nunca fue solamente económica. Siempre implicó una disputa sobre qué tipo de sociedad se quiere construir y quiénes participan de los beneficios del crecimiento.
A más de un siglo de aquellos días de enero de 1919, la Semana Trágica continúa siendo una de las páginas más dolorosas de la historia argentina. No solamente por la violencia que dejó, sino porque reveló un conflicto que atraviesa toda la modernidad argentina: cómo equilibrar producción, riqueza y derechos. La historia del movimiento obrero muestra que muchos de los derechos que hoy parecen naturales alguna vez fueron considerados demandas imposibles. Y recuerda que detrás de cada conquista laboral hubo trabajadores que decidieron organizarse para reclamarla.
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