El próximo sábado 6 a partir de las 9 horas, llega a Villa Regina ‘Elegí pescado’, iniciativa del Ministerio de Producción y Agroindustria de Río Negro donde se podrá comprar pescados y mariscos de calidad a precios promocionales.
Será a partir de las 9 horas en el predio ferial ubicado frente a la Plaza de los Próceres respetando las medidas preventivas por COVID-19.
Quienes se acerquen podrán adquirir pez gallo, merluza, cazuela, hamburguesas, langostinos y mejillones.
El principal objetivo de la campaña es acercar este producto a la dieta diaria de los rionegrinos, razón por la cual se repite en distintos puntos de la provincia.
La Fundación Faro, uno de los principales usinas ideológicas del mileísmo y conducida políticamente por Agustín Laje, quedó en el centro de una inesperada tormenta. La Inspección General de Justicia (IGJ) la intimó para que explique el origen de casi $5.000 millones recibidos durante 2024, identifique a sus aportantes y aclare una serie de inconsistencias contables que ponen bajo la lupa el financiamiento de la llamada “batalla cultural” libertaria.
Por Celina Fraticiangi para NLI
La noticia cayó como una bomba en los círculos libertarios. La IGJ otorgó un plazo de diez días hábiles para que la Fundación Faro entregue información detallada sobre quienes realizaron los aportes que permitieron a la entidad declarar ingresos cercanos a los $4.957 millones durante 2024. Según la documentación observada por el organismo, los balances fueron presentados con retraso, sin identificar a los donantes y con diversos puntos que requieren aclaración.
No se trata de una organización cualquiera. Faro se convirtió en los últimos dos años en la principal plataforma de difusión ideológica del oficialismo, impulsando actividades, encuentros empresariales y campañas de comunicación alineadas con el proyecto político de Milei. La fundación tiene a Agustín Laje como figura emblemática y mantiene estrechos vínculos con sectores del gobierno nacional.
De una pequeña fundación a una maquinaria multimillonaria
Uno de los aspectos que más llamó la atención de los organismos de control es la velocidad del crecimiento patrimonial. Hasta 2023 la entidad se llamaba Fundación Valorar y declaraba un patrimonio cercano a los $12 millones. Tras el cambio de autoridades y su transformación en Fundación Faro, el patrimonio informado superó los $4.300 millones y los ingresos rozaron los $5.000 millones.
Los números son impactantes incluso para los estándares de las organizaciones vinculadas a la política. La evolución representa un incremento patrimonial superior a las 350 veces en apenas un ejercicio contable. Esa expansión es precisamente uno de los elementos que motivaron el interés de la IGJ, que ahora exige conocer quiénes financiaron semejante crecimiento.
La intimación también apunta a préstamos sin explicación suficiente, libros contables sin actualizar y la ausencia de información que permita identificar con precisión el origen de los fondos declarados. Según trascendió, el organismo considera indispensable determinar quiénes realizaron las contribuciones más importantes y bajo qué modalidad se efectuaron.
Una interna libertaria que asoma detrás del expediente
La investigación administrativa también alimentó especulaciones sobre las tensiones internas que atraviesan al oficialismo. Distintos análisis periodísticos señalaron que la avanzada de la IGJ ocurre en medio de la creciente disputa entre los sectores alineados con Karina Milei y el espacio que responde políticamente a Santiago Caputo, uno de los dirigentes más influyentes del entorno presidencial.
La particularidad del caso es que Faro fue presentada desde su nacimiento como la herramienta destinada a sostener la denominada «batalla cultural» libertaria. El propio Milei participó de actos y actividades de la fundación, respaldando públicamente su papel dentro de la construcción política oficialista.
Ahora, sin embargo, la discusión ya no gira alrededor de las ideas sino del dinero. La pregunta que busca responder la IGJ es simple y al mismo tiempo explosiva: ¿quiénes aportaron los casi $5.000 millones que permitieron el despegue de la organización?
La respuesta podría convertirse en un problema político de magnitud para un gobierno que llegó al poder prometiendo transparencia y cuestionando los mecanismos de financiamiento que durante años criticó en otras fuerzas políticas. Mientras tanto, la Fundación Faro enfrenta el desafío de justificar el origen de recursos multimillonarios que hasta hoy permanecen envueltos en un manto de opacidad.
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Una montaña de juicios se acumula en el fuero comercial nacional por las ejecuciones de saldos adeudados que realizan los bancos contra sus clientes con tarjeta de crédito. El Banco Santander es el que lidera la presentación de demandas y ahora fiscales y jueces empezaron a mirar con lupa los intereses que cobra a su clientes.
Según el análisis de un camarista que habló con LPO, estos procesos prosperan rápidamente porque los clientes no se presentan. «Los resúmenes de la tarjeta no son títulos ejecutivos, sino que hay que validarlos previamente mediante un proceso que se llama preparación de la vía ejecutiva, pero la gente no se presenta en esa instancia y ahí es donde los bancos obtienen los juicios ejecutivos», explica.
Un fiscal advirtió a LPO que «en el fuero comercial, Banco Santander está iniciando cientos de ejecuciones contra sus clientes, por saldos adeudos de tarjeta de crédito y lo llamativo es que en todos los casos los montos que reclama superan en un 300% los límites de las tarjetas que el mismo banco aprobó».
En el fuero comercial, Banco Santander está iniciando cientos de ejecuciones contra sus clientes, por saldos adeudos de tarjeta de crédito y lo llamativo es que en todos los casos los montos que reclama superan en un 300% los límites de las tarjetas que el mismo banco aprobó.
Del análisis de las causas que se apilan surge que habría perforación sistemática del límite de compra de la tarjeta de crédito. «En la totalidad de los casos analizados, el banco demanda saldos que lo duplican, triplican y hasta quintuplican», dijo el fiscal y agregó: «incluso, previo a la mora los pagos mínimos superan ese límite en los resúmenes, lo que demuestra que el límite de compra en los hechos no opera como un freno de seguridad financiera, sino como un elemento ficticio que la entidad expande unilateralmente para abultar un saldo potencialmente ejecutable».
Sin embargo, Alejandro Butti, CEO de Santander Argentina, afirmó en la conferencia Inside Argentina 2026, organizada a principios de mayo por Moody’s en Buenos Aires, que se está «llegando a un punto de inflexión» en el sistema financiero, en el buen sentido. Butti admitió en su exposición que «la mora creció» y explicó que cuando los bancos prestaban a tasa fija y después la inflación alcanzaba tres dígitos, «las cuotas se licuaban y era más fácil pagarlas».
El ejecutivo celebró que ahora «estamos yendo a tasas de interés reales, que es como tiene que funcionar, como funciona el resto del mundo, con lo cual que la mora suba es esperable» y explicó que la mora está concentrada «en personas» por su consumo con tarjetas de crédito o préstamos personales.
Sin embargo, la justicia analiza de manera crítica el financiamiento forzoso mediante Planes V (por Visa) o AMEX (por American Express), donde se observa el diseño de un mecanismo de anatocismo, que es el cobro de intereses sobre intereses.
Esto se investiga en el expediente 4923/2026, que recayó en el Juzgado N° 16. De los resúmenes presentados se desprende que al cliente de Santander se le cobraron intereses compensatorios de hasta 160% anual, pagos mínimos y totales que superaron el límite de compra. La usuaria tenía un límite de compra de $6.110.200 sumando las tarjetas Visa y AMEX, pero el banco reclama $22.025.652,62. Es decir, más del triple.
Similar es el expediente 10316/2026, que tramita ante el Juzgado N° 19. Al analizar la documentación del expediente, los fiscales detectaron que Santander autorizó refinanciaciones con tasas de 223,31% anual, incrementó unilateralmente los límites a pesar de que el cliente sólo abonaba pagos mínimos y así los pagos mínimos escalaron hasta triplicar el límite de compra. El usuario tenía un límite de compra de $15.250.000 considerando en conjunto las tarjetas Visa y AMEX y el Banco reclama $56.157.422,31. O sea, casi cuatro veces más.
La dificultad de los clientes para afrontar sus deudas se explica, fundamentalmente, porque los salarios crecieron muy por debajo de la inflación y las tasas bancarias. La entidad crediticia, según la justicia, no congeló las cuentas ni emitió alertas de riesgo, lo que redunda en un sobreendeudamiento crónico que mina la capacidad de pago del cliente.
Hoy estamos yendo a tasas de interés reales, que es como tiene que funcionar, como funciona el resto del mundo, con lo cual que la mora suba es esperable.
En la Justicia, comentaron además que existen casos en los que Santander habría autorizado «transacciones masivas, consecutivas, atípicas bajo la plataforma Mercado Pago que inflaron los saldos de cuentas en plazos mínimos». «La entidad financiera soslayó unilateralmente la evaluación del riesgo crediticio que realizó para otorgarles un límite de compra determinado, para luego consolidar una deuda espuria y derivarla a la vía ejecutiva», indicaron.
El problema de la mora con tarjetas ya es sistémico. Recientemente, el Banco Nación empezó a promocionar una línea de crédito para consolidar deudas, con una TNA del 65%. El guarismo está muy por encima del cálculo de la inflación oficial para el 2026.
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