Este sábado, ‘Elegí pescado’ llega a Regina

 

En 1927, San Juan reconoció el voto femenino y permitió que las mujeres fueran elegidas, dos décadas antes de la ley nacional de 1947.

Por Alcides Blanco para NLI

Mucho antes de que la Argentina aprobara el voto femenino a nivel nacional, mucho antes de que Eva Perón convirtiera esa conquista en una de las grandes banderas políticas del primer peronismo y mucho antes de que las mujeres pudieran participar plenamente en las elecciones nacionales, hubo una provincia que decidió adelantarse varias décadas a su tiempo. San Juan reconoció en 1927 el derecho de las mujeres a votar y a ser elegidas, y lo hizo mediante una reforma constitucional provincial que convirtió a ese territorio cuyano en un laboratorio político extraordinario para una sociedad en la que la ciudadanía seguía siendo concebida fundamentalmente en términos masculinos. La experiencia tuvo una importancia histórica enorme porque permitió que las sanjuaninas no solamente concurrieran a las urnas, sino que también ocuparan cargos electivos, algo que en el resto del país todavía parecía una posibilidad remota. La historia de aquel experimento democrático, sin embargo, también muestra hasta qué punto los avances en materia de derechos pueden depender de las disputas políticas de cada época: lo que parecía una conquista irreversible terminó siendo parcialmente desmantelado pocos años después por una intervención federal.

Una provincia que decidió romper el molde

La Argentina de la década de 1920 estaba lejos de ser una democracia plenamente inclusiva. La Ley Sáenz Peña de 1912 había establecido el voto secreto y obligatorio para los ciudadanos varones argentinos, pero las mujeres permanecían excluidas de las elecciones nacionales. La exclusión no era presentada necesariamente como una prohibición explícita basada en una teoría única sobre la inferioridad femenina; estaba incorporada a un sistema político construido alrededor de la figura del ciudadano varón, mientras las mujeres quedaban asociadas principalmente al ámbito doméstico y familiar. En ese contexto, las organizaciones feministas, socialistas y sufragistas venían reclamando desde hacía décadas la ampliación de los derechos políticos, pero sus demandas todavía chocaban con una estructura institucional profundamente conservadora.

San Juan tomó otro camino. Durante la gobernación de Federico Cantoni, la provincia impulsó una reforma constitucional que amplió de manera significativa la participación política de las mujeres. El texto aprobado en 1927 estableció derechos electorales femeninos y permitió que las sanjuaninas participaran activamente de la vida política provincial. La medida formaba parte de un programa más amplio de transformación impulsado por el cantonismo, una fuerza política provincial que había construido su identidad alrededor de un discurso de modernización y de confrontación con las estructuras tradicionales del poder. La incorporación de las mujeres al electorado no fue, por lo tanto, una concesión aislada, sino parte de una disputa más amplia sobre quiénes debían ser considerados sujetos políticos dentro de la provincia.

La importancia de aquella reforma se comprende mejor cuando se observa la enorme distancia que existía con el escenario nacional. Mientras San Juan avanzaba hacia una ciudadanía política más amplia, en el Congreso de la Nación seguían fracasando distintas iniciativas destinadas a reconocer el sufragio femenino. La mujer argentina podía trabajar, estudiar, participar de organizaciones sociales, sostener actividades sindicales y desarrollar una intensa vida intelectual, pero no podía decidir mediante el voto quiénes ocuparían los principales cargos políticos del país. La ciudadanía estaba incompleta, y San Juan se convirtió en una excepción que demostraba que aquella exclusión no era inevitable.

Cuando las mujeres llegaron a las urnas

El verdadero alcance de la reforma quedó demostrado en las elecciones provinciales posteriores. Las mujeres sanjuaninas no fueron incorporadas al sistema como una figura decorativa, sino que participaron efectivamente del proceso electoral y algunas llegaron a ocupar cargos públicos. Entre ellas se destacó Emar Acosta, abogada, docente y militante vinculada al Partido Demócrata Nacional, que en 1934 fue elegida diputada provincial y se convirtió en la primera mujer legisladora de América Latina. Su llegada a la Legislatura fue un acontecimiento extraordinario para la época porque demostraba que el sufragio femenino no tenía como único efecto incorporar nuevas votantes: también podía abrir las puertas de las instituciones representativas a mujeres que hasta entonces habían sido excluidas de ellas.

La figura de Acosta resulta particularmente significativa porque permite escapar de una interpretación demasiado sencilla de la historia del voto femenino. No se trataba simplemente de que las mujeres recibieran el derecho de votar y comenzaran automáticamente a ocupar espacios de poder. La política continuaba siendo un territorio atravesado por disputas partidarias, diferencias sociales y conflictos ideológicos, y las mujeres que ingresaban a ella debían desarrollar estrategias propias para hacerse escuchar. Acosta, además de su actividad legislativa, impulsó iniciativas vinculadas con derechos civiles y cuestiones sociales, demostrando que la incorporación de las mujeres a la política podía modificar también la agenda de las instituciones.

Aquella experiencia sanjuanina tuvo un valor simbólico que trascendió las fronteras provinciales. El país podía observar que las mujeres no solamente estaban capacitadas para votar, sino que podían participar de campañas, intervenir en debates y ejercer responsabilidades públicas. El argumento de que el sufragio femenino produciría una ruptura del orden social comenzaba a perder fuerza frente a una evidencia concreta: las mujeres podían formar parte de la democracia sin que la sociedad se desintegrara por ello.

Pero la historia no siguió una línea ascendente. En 1930, el golpe de Estado que derrocó a Hipólito Yrigoyen modificó profundamente el escenario político argentino y en San Juan también se produjeron cambios decisivos. El régimen surgido de la interrupción institucional debilitó al cantonismo y posteriormente la provincia fue intervenida. Con la intervención y la modificación del orden político provincial, aquella experiencia de participación femenina perdió parte de su continuidad y las conquistas alcanzadas quedaron sometidas a las nuevas condiciones políticas.

El derecho que tardó veinte años en llegar a todo el país

La paradoja histórica es notable: San Juan había permitido votar a las mujeres veinte años antes de que el Congreso Nacional sancionara la Ley 13.010, promulgada en septiembre de 1947, que reconoció los derechos políticos de las mujeres argentinas en todo el territorio nacional. Durante ese período, las sanjuaninas habían demostrado que una ampliación de la ciudadanía era perfectamente posible, pero el país en su conjunto siguió atravesando gobiernos civiles, golpes militares, proscripciones y fuertes disputas sobre la naturaleza misma de la democracia.

Cuando el peronismo convirtió el sufragio femenino en una política nacional, la experiencia sanjuanina quedó parcialmente desplazada de la memoria pública. La figura de Eva Perón adquirió un protagonismo central en la campaña por la aprobación de la ley y, con justicia histórica, se convirtió en uno de los símbolos fundamentales de aquella conquista. Sin embargo, la historia del voto femenino argentino no comenzó en 1947, y tampoco puede explicarse exclusivamente a partir de una figura o de un gobierno. Antes hubo décadas de lucha sufragista, iniciativas parlamentarias, organizaciones feministas y experiencias provinciales que demostraron que la ampliación de derechos podía convertirse en realidad.

San Juan ocupa en esa historia un lugar particularmente importante porque permitió comprobar algo que después se volvería evidente a escala nacional: una democracia no se limita a establecer mecanismos para elegir autoridades, sino que debe definir quiénes tienen derecho a formar parte de la comunidad política. Durante mucho tiempo, la mitad de la población argentina quedó fuera de esa definición. La reforma sanjuanina de 1927 abrió una grieta en ese modelo y mostró que la frontera de la ciudadanía podía ser desplazada.

El caso también deja una enseñanza política que excede ampliamente la cuestión del voto femenino. Los derechos no siempre avanzan de manera lineal. Pueden ser conquistados, ampliados, restringidos e incluso parcialmente anulados dependiendo de las relaciones de poder existentes en cada momento. La experiencia sanjuanina demuestra que una reforma institucional puede adelantarse décadas a la legislación nacional y, al mismo tiempo, quedar vulnerable frente a una interrupción democrática. Por eso, recordar a las primeras mujeres que votaron y fueron elegidas en San Juan no consiste únicamente en celebrar una conquista del pasado, sino en comprender que las ampliaciones de ciudadanía necesitan instituciones capaces de protegerlas.

En 1927, las sanjuaninas ingresaron a las urnas cuando todavía faltaban veinte años para que ese derecho fuera reconocido en todo el país. Algunas de ellas también ingresaron a las legislaturas y demostraron que la política podía dejar de ser un territorio exclusivamente masculino. No esperaron a que la Argentina estuviera preparada para ellas: obligaron a la Argentina a demostrar que podía ser más democrática de lo que hasta entonces había sido. Esa es, quizá, la verdadera dimensión de aquella experiencia: San Juan no fue simplemente una excepción curiosa dentro de la historia electoral argentina, sino uno de los primeros lugares donde quedó demostrado que cuando una sociedad amplía la definición de ciudadanía, no pierde democracia; la gana.

 

 

Escándalo en el Gobierno de Milei por la designación de Adriana Baravalle en Ciencia: su doctorado en Inteligencia Artificial quedó bajo la lupa por la universidad que lo otorgó.

Por Roque Pérez para NLI

La designación de Adriana Baravalle como nueva secretaria de Innovación, Ciencia y Tecnología abrió una polémica que excede largamente una discusión sobre currículums. La funcionaria llega para conducir una de las áreas estratégicas del Estado argentino con un doctorado en Inteligencia Artificial otorgado por la American Andragogy University, una institución radicada en Hawaii que, según distintas fuentes periodísticas, no cuenta con reconocimiento oficial en Estados Unidos.

El dato resulta particularmente llamativo porque Baravalle no fue presentada como una funcionaria administrativa más, sino como una especialista destinada a conducir la política científica y tecnológica de un país que posee universidades, investigadores, organismos científicos y una extensa tradición académica. La controversia, por lo tanto, pone sobre la mesa una pregunta incómoda: ¿qué criterios está utilizando el Gobierno de Javier Milei para seleccionar a quienes deben conducir la ciencia argentina?

Un doctorado que quedó bajo la lupa

El título de doctora en Inteligencia Artificial que figura asociado a Baravalle proviene de la American Andragogy University, una institución de enseñanza a distancia de Hawaii cuya situación académica generó cuestionamientos. La propia universidad se presenta como una institución con métodos de formación “no tradicionales” y advierte que sus diplomas pueden no resultar habilitantes para determinadas profesiones.

La controversia se profundiza por las características del programa. Según la información difundida sobre la institución, una tesis doctoral podría completarse en un período extraordinariamente breve, algo que naturalmente despierta interrogantes cuando se lo compara con los procesos habituales de formación doctoral en universidades reconocidas.

El problema no es que una persona estudie a distancia. Tampoco que una universidad tenga métodos pedagógicos diferentes. La cuestión central es otra: qué reconocimiento académico tiene efectivamente el título y qué valor posee una credencial de ese tipo para quien pasa a dirigir la política científica de la Argentina.

El caso ya generó repercusiones en otros países. Distintas publicaciones recordaron que en Perú hubo cuestionamientos vinculados con un ex funcionario que había incorporado a su currículum un doctorado otorgado por la misma institución.

La paradoja de un Gobierno que ajusta a la ciencia

La polémica adquiere una dimensión mayor cuando se la coloca en el contexto de la política científica del Gobierno.

Mientras el sistema nacional de ciencia y tecnología atraviesa recortes presupuestarios, pérdida de investigadores y reducción de programas, la administración libertaria acaba de colocar al frente del área a una funcionaria cuya principal credencial polémica es precisamente un doctorado cuya validez académica genera cuestionamientos.

No se trata de descalificar toda la trayectoria de Baravalle. Y allí está justamente una de las cuestiones que conviene separar para evitar simplificaciones.

La funcionaria sí posee antecedentes académicos y profesionales comprobables. Tiene formación de posgrado en Ciencia de Datos y Gestión del Conocimiento en la Universidad Austral, experiencia en áreas vinculadas con inteligencia artificial, ciberseguridad y gestión de datos, y una extensa actividad docente. La propia Universidad Austral registra su trayectoria académica y profesional.

También aparece documentada como doctoranda en Ingeniería de la Universidad Austral, además de contar con antecedentes de investigación y participación en actividades vinculadas con inteligencia artificial y ciberseguridad.

Por eso, el escándalo no pasa sencillamente por afirmar que “no sabe nada” o que carece de formación. Eso sería una caricatura y no está respaldado por la información disponible.

La discusión es más precisa: ¿por qué una funcionaria con una trayectoria profesional real decidió incorporar a su perfil el título de doctora en Inteligencia Artificial de una institución cuya acreditación genera semejante controversia? ¿Qué evaluación hizo el Gobierno de esa credencial antes de designarla para conducir la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología?

Ciencia argentina: cuando el problema no es solamente el currículum

La escena tiene además una carga simbólica difícil de ignorar.

Argentina posee universidades públicas y privadas de enorme prestigio, investigadores reconocidos internacionalmente, organismos como el CONICET, la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, la Comisión Nacional de Energía Atómica y una comunidad científica que durante décadas construyó capacidades en campos como biotecnología, medicina, física nuclear, informática, inteligencia artificial y tecnología satelital.

En ese contexto, la conducción política de la ciencia no es un cargo menor. Define prioridades de investigación, políticas de innovación, vínculos con universidades, financiamiento, transferencia tecnológica y buena parte de las condiciones en las que trabajan miles de científicos.

La designación de Baravalle, entonces, vuelve a poner en discusión una contradicción más profunda del modelo libertario: un Gobierno que cuestiona permanentemente las estructuras académicas y científicas existentes termina generando controversias alrededor de las credenciales de quienes coloca al frente del sistema.

El caso tampoco debería convertirse en una caza de brujas contra la funcionaria. Su trayectoria previa merece ser evaluada por sus resultados, sus antecedentes comprobables y sus decisiones al frente del organismo. Pero justamente por tratarse de un área estratégica, las credenciales académicas de quien la conduce deben poder ser examinadas públicamente.

La ciencia no funciona sobre la base de títulos decorativos ni de etiquetas. Funciona sobre publicaciones, investigación, evaluación de pares, instituciones, evidencia y conocimiento acumulado.

Y allí aparece la paradoja que deja este nuevo episodio del Gobierno de Milei: mientras se reclama “excelencia” para justificar el ajuste sobre universidades, investigadores y organismos científicos, la persona elegida para conducir la política nacional de ciencia llega al cargo envuelta en una polémica precisamente por una de sus credenciales académicas.

El problema, en definitiva, no es solamente Adriana Baravalle. Es qué lugar ocupa el conocimiento científico en el proyecto de país que propone el Gobierno y cuáles son los criterios con los que se decide quién tiene la responsabilidad de conducirlo.

Porque una nación que pretende disputar el futuro tecnológico no puede darse el lujo de convertir la discusión sobre quién dirige su ciencia en una discusión sobre si un doctorado merece o no ser considerado un verdadero doctorado.

La pregunta queda abierta. Y ahora deberá responderla el Gobierno.