El próximo sábado 6 a partir de las 9 horas, llega a Villa Regina ‘Elegí pescado’, iniciativa del Ministerio de Producción y Agroindustria de Río Negro donde se podrá comprar pescados y mariscos de calidad a precios promocionales.
Será a partir de las 9 horas en el predio ferial ubicado frente a la Plaza de los Próceres respetando las medidas preventivas por COVID-19.
Quienes se acerquen podrán adquirir pez gallo, merluza, cazuela, hamburguesas, langostinos y mejillones.
El principal objetivo de la campaña es acercar este producto a la dieta diaria de los rionegrinos, razón por la cual se repite en distintos puntos de la provincia.
El medioambiente es uno de los ejes editoriales de nuestro medio. En Villa Regina contamos con un basural a cielo abierto y en altura (con lo que esto implica), que de manera formal o informal suele estar incendiado, si a esto le sumamos que vivimos en un valle la problemática es cada vez más compleja….
Vecinos, asambleas socioambientales y familias de toda Mendoza iniciaron una caravana a pie de más de cien kilómetros para exigir que el Senado provincial rechace la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto minero San Jorge, respaldado públicamente por Milei.
Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI
Una caminata que volvió a encender la defensa del agua
Desde las 8 de la mañana de este lunes, la “Plaza del Agua Pura” de Uspallata se convirtió en el punto de partida de una nueva gesta popular: la “Gesta Libertadora por el Agua”, impulsada por la Asamblea por el Agua de Uspallata. Vecinos, ciclistas, familias y agrupaciones socioambientales se reunieron con una consigna que se volvió bandera en toda la provincia: el agua de Mendoza no se negocia.
La caravana, que reúne desde organizaciones territoriales hasta turistas que se encontraban en la zona, marcha rumbo a la capital provincial para llegar mañana, justo cuando el Senado iniciará el debate por la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto minero San Jorge, rebautizado por la empresa como PSJ Cobre Mendocino.
El objetivo es claro y directo: presionar al Senado provincial para que rechace el proyecto, considerado por los manifestantes como una amenaza grave para una región ambientalmente frágil y dependiente del agua.
Más de cien kilómetros para hacerse escuchar
La movilización recorrerá más de cien kilómetros a lo largo de dos días. El trayecto comprende:
Ruta 7, avanzando hasta Potrerillos.
Ruta 82, bordeando el perilago y atravesando Cacheuta, Blanco Encalada y Luján de Cuyo, hasta desembocar finalmente en la capital.
Para sostener la marcha se organizaron postas cada siete u ocho kilómetros, con agua, alimentos y espacios de descanso. La convocatoria continúa sumando adhesiones, incluidas asambleas y movimientos sociales de Lavalle, el Valle de Uco y el Este provincial, que realizan caravanas paralelas para confluir en la Legislatura.
El movimiento ambientalista mendocino considera esta protesta como una de las más importantes desde las históricas movilizaciones de 2019 en defensa de la Ley 7722, la norma que protege el agua frente a proyectos extractivistas de alto impacto.
El proyecto San Jorge y el respaldo de Milei
Mientras miles caminan para impedir su avance, Milei salió a defender abiertamente el emprendimiento minero. Según expresó, el proyecto aportaría una inversión de 600 millones de dólares para poner en producción una mina de 40.000 toneladas por año de concentrado de cobre. El mandatario, fiel a su estilo confrontativo, afirmó que para sorpresa de nadie, el kirchnerismo no acompaña, siguiendo la línea de los últimos 25 años y estando siempre en contra del sector privado, de la inversión, del progreso y del trabajo, apuntando directamente al peronismo.
Las asambleas, en cambio, insisten en que la explotación de cobre y oro en la alta montaña pone en riesgo la disponibilidad de agua en una provincia donde cada gota es estratégica. Por eso reclaman a los legisladores que voten en contra de la DIA y pongan freno a lo que consideran un retroceso ambiental de consecuencias irreversibles.
La llegada a la Legislatura está prevista para mañana por la mañana. Y allí, cuando los senadores abran el debate, la multitud mendocina les recordará algo que hace años es mandato popular: el agua vale más que cualquier negocio.
La cancillería metió ruido a la relación de Javier Milei con Israel. Esta tarde emitió un duro comunicado contra las empresas petroleras Rockhopper Exploration Plc, de origen británico, y la israelí Navitas Petroleum Development and Production Limited por su exploración de petroleo en las Islas Malvinas
Ambas son licenciatarias para el desarrollo del yacimiento «Sea Lion» de la Cuenca Malvinas Norte, ubicada en la costa afuera de las islas y habían sido repudiadas cuando comenzaron con el plan de extracción.
LPO adelantó en abril de 2022 que la asociación de estas dos gigantes petroleras para la explotación de León Marino se compone de una participación del 65% para la israelí Navia y el restante 35 para la inglesa Rockhopper. Las estimaciones del entonces gobierno de Boris Johnson indicaban que León Marino y sus yacimientos satélites, contienen recursos contingentes de aproximadamente 520 mmbbl.
Cabe recordar que mas allá del rechazo del gobierno a la actividad de Navitas, Milei no hizo mención del tema en la reunión que tuvo con Benjamín Netanhayu en septiembre de este año. Por eso, el tono comunicado de Cancillería podría traerle con uno de los aliados más importantes del Presidente en la agenda internacional y considera como «el bastión de occidente». En ese mismo sentido, crecen las críticas de los que ponen en cuestionamiento la incondicionalidad de la alianza con Israel porque no expresa reciprocidad en apoyos básicos como la soberanía de las Malvinas en ningún ámbito.
El texto publicado por el ministerio de Pablo Quirno califica a las empresas de «ilegítimas», destaca la falta de autorización para esa exploración y repudia «la pretendida Decisión Final de Inversión» decididas por estas firmas.
«La Argentina recuerda que toda exploración y explotación unilateral de recursos naturales renovables y no renovables en las áreas sujetas a disputa de soberanía resulta contraria a lo dispuesto por la Resolución 2065 (XX) y concordantes de la Asamblea General de las Naciones Unidas y del Comité Especial de Descolonización», remarca el comunicado.
Asimismo, sostiene que «dichos instrumentos reconocen la existencia de una disputa de soberanía entre la República Argentina y el Reino Unido, e instan a ambos gobiernos a reanudar negociaciones a fin de alcanzar, a la mayor brevedad posible, una solución pacífica y definitiva a la controversia».
«El rechazo argentino se hace extensivo a todos los actos conexos vinculados al avance hacia la fase productiva del proyecto, incluyendo la adopción de pretendidas normativas isleñas, las concesiones de explotación en la plataforma continental argentina, la contratación de proveedores de servicios, y toda otra medida o decisión asociada a las actividades ilegales de exploración y explotación de hidrocarburos en la plataforma continental argentina próxima a las Islas Malvinas», agrega.
Milei con Netanhayu en la visita a Israel de septiembre.
Estas medidas, insiste, «constituyen acciones unilaterales e ilegítimas del Reino Unido, incompatibles con lo dispuesto por la Resolución 31/49 de la Asamblea General, que insta a las partes a abstenerse de introducir modificaciones unilaterales en la situación mientras las Islas se encuentran sujetas al proceso de negociación recomendado por las resoluciones pertinentes de Naciones Unidas».
El rechazo argentino se hace extensivo a todos los actos conexos vinculados al avance hacia la fase productiva del proyecto, incluyendo la adopción de pretendidas normativas isleñas, las concesiones de explotación en la plataforma continental argentina, la contratación de proveedores de servicios, y toda otra medida o decisión asociada a las actividades ilegales de exploración y explotación de hidrocarburos en la plataforma continental argentina próxima a las Islas Malvinas
«Dicho accionar unilateral resulta manifiestamente contrario al ordenamiento jurídico argentino, en particular a lo dispuesto por las Leyes N° 26.659 y N° 26.915, conforme a las cuales no pueden realizarse actividades de exploración y/o explotación de hidrocarburos en la totalidad de la plataforma continental argentina sin contar con la debida autorización de la autoridad competente argentina», puntualiza.
En otro tramo, el gobierno recordó que ambas compañías han sido oportunamente sancionadas. Rockhopper Exploration Plc fue declarada clandestina y sus actividades ilegales por medio de la Resolución de la Secretaría de Energía y se dispuso su inhabilitación para operar en el país por un plazo de 20 años .
Las áreas de explotación petrolera en torno a las Malvinas.
Por su parte, Navitas Petroleum Lp fue pasible de idénticas sanciones mediante la por desarrollar operaciones hidrocarburíferas en territorio argentino sin la debida autorización de las autoridades competentes.
En ese contexto, el Gobierno reitera que «no reconoce competencia ni jurisdicción a ninguna autoridad distinta de la propia para establecer las condiciones que habiliten actividades vinculadas a hidrocarburos en las áreas mencionadas y hace saber a toda persona física o jurídica, nacional o extranjera, incluyendo empresas, entidades financieras, proveedores de servicios, aseguradoras y demás actores involucrados en estos proyectos, que toda participación directa o indirecta en actividades de exploración o explotación hidrocarburífera no autorizadas en las áreas en disputa constituye un acto ilícito a la luz del derecho internacional y del ordenamiento jurídico argentino, y que tomará todas las acciones pertinentes».
Quienes intervengan o faciliten dichas actividades quedarán expuestos a la adopción de medidas administrativas, legales y judiciales, incluyendo sanciones, restricciones operativas, inhabilitaciones y acciones en jurisdicciones nacionales e internacionales
En consecuencia, advierte que «quienes intervengan o faciliten dichas actividades quedarán expuestos a la adopción de medidas administrativas, legales y judiciales, incluyendo sanciones, restricciones operativas, inhabilitaciones y acciones en jurisdicciones nacionales e internacionales».
Por último, el comunicado sostiene que «Argentina desalienta de manera expresa la participación en estos emprendimientos ilegales y se reserva el derecho de ejercer plenamente todas las acciones disponibles para impedir su desarrollo y salvaguardar sus derechos e intereses soberanos».
«Los nuevos anuncios sobre la intención de dar inicio a las actividades de explotación de hidrocarburos en áreas bajo disputa constituyen un nuevo acto unilateral de efectos futuros potencialmente irreversibles, teniendo en cuenta que se trata de recursos naturales no renovables. Argentina profundizará su plan de acción con el fin de adoptar todas las medidas adicionales, de conformidad con el derecho internacional, que considere necesarias para salvaguardar sus derechos e intereses soberanos», concluye.
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Pasó por Concepción del Uruguay la 2da fecha del Top Race y Facu Aldrighetti cerró con un aceptable P5 considerando las complicaciones que se le presentaron durante el fin de semana entrerriano. En la clasificación del día sábado el piloto reginense no tuvo una buena jornada y terminó con un #P9, que solo lo benefició…
El diputado Guillermo Michel alertó este sábado sobre un tajo de USD 3000 millones que la reforma laboral produciría en los recursos de Anses, a través de la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL) que el gobierno busca crear para el pago de indemnizaciones por despidos. El recorte agudizaría la crisis del sistema previsional argentino, producto del crecimiento de la informalidad laboral y el peso de la relación desequilibrada entre la cantidad de jubilados con cobertura previsional y el total de la población económicamente activa que realiza aportes en el sistema solidario de reparto.
La gentileza de los impulsores del proyecto con las empresas recorta un 3 por ciento sobre las contribuciones patronales y las obliga a colocar esa suma de dinero en agencias habilitadas por la CNV, dando lugar al surgimiento de minis AFJP.
PLos empleadores con más de 100 empleados registrados pagan 20 por ciento de la masa salarial por aportes, mientras que las firmas con menos de 100 trabajadores tributan un 18 por ciento. Como la iniciativa parlamentaria de Javier Milei y Federico Sturzenegger propone una poda «plana» sobre todos los rubros, sin distinción por magnitud del empleador, el legislador entrerriano estimó que Ansés perdería USD 3000 millones.
En efecto, entre los artículos 58, 59 y 60 se establece el modo en que se constituye el fondo, al tiempo que el artículo 76 deja en claro que el invento no supone un incremento en las contribuciones patronales. «Los empleadores tendrán una reducción de TRES (3) puntos porcentuales en la contribución patronal con destino al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) de conformidad con lo establecido en el artículo 19 de la Ley Nº 27.541 y sus modificatorias», dice la ley.
Por eso, Michel plantea que «para financiar el FAL, se desfinancia el Sistema de la Seguridad Social».
El diputado peronista consigna que, según datos de Seguridad Social, hasta agosto de este año había «437.587 empleadores -el 84% del total- que tienen registrados hasta 10 empleados». Ese conjunto totaliza 1.197.094 trabajadores formalizados, el 18% de los registrados.
Además, «hay 9.516 empleadores (el 1,82% del total) que registran más de 100 empleados pero que concentran el 50% del empleo registrado, es decir 3.290.182 trabajadores», apunta Michel. «El 1,8 por ciento de las empresas concentra el 63 por ciento de los empleados», agrega.
Para financiar el FAL, se desfinancia el Sistema de la Seguridad Social. Hay 9.516 empleadores (el 1,82% del total) que registran más de 100 empleados pero que concentran el 50% del empleo registrado, es decir 3.290.182 trabajadores.
Esa discriminación habilita la inquietud acerca de qué sector se beneficia más con la ley que cuyo tratamiento el gobierno debió postergar por el fracaso legislativo del miércoles pasado en la Cámara de Diputados, con el presupuesto. «El sueldo promedio de los trabajadores que trabajan en empresas chicas, es decir de hasta 10 empleados, es de $ 1 millón. En cambio, en las empresas que emplean 100 o más empleados el sueldo promedio mensual es de $ 2,2 millones», señaló Michel en un documento de trabajo al que accedió LPO.
Pero el sueldo promedio es más alto a medida que se escala en la pirámide empresarial por cantidad de empleados. En las empresas con más de 1500 empleados, y hasta 2500, el salario promedio es de $2,4 millones pero en las que acreditan entre 2500 y 5000 es de $2,5 millones y en las de más de 5000 es de $3,3 millones.
Por eso, la información pública disponible en el registro de Seguridad Social indica que el 37% de la masa salarial lo aportan empresas con hasta 100 empleados y que el 63% restante, empresas con más de 100 empleados. «Estos empleadores son los que más aprovechan la reducción de 3 puntos porcentuales de las contribuciones para financiar sus futuras indemnizaciones», asegura el diputado.
Empleadores son los que más aprovechan la reducción de 3 puntos porcentuales de las contribuciones para financiar sus futuras indemnizaciones.
Si bien el proyecto de presupuesto 2026 prevé una recaudación de 55 billones de pesos por contribuciones patronales, la reforma laboral desfinanciaría al Sistema de la Seguridad Social en $4,8 billones. «Es el 0,46 por ciento del PBI y el equivalente a USD 3.000 millones considerando la evolución del dólar con el esquema de bandas actuales», dice Michel.
Existe, por otra parte, una dificultad para mensurar el impacto: el gobierno asegura que la ley aplicará sobre los nuevos empleos que se generen pero en ninguno de sus artículos se aclara ese aspecto explícitamente. Ese detalle puso de manifiesto el senador Mariano Recalde ante el secretario de Trabajo, Julio Cordero, cuando asistió esta semana al Senado para defender el proyecto del oficialismo.
Por último, Michel advierte sobre el golpe a las provincias, algo que gobernadores como Martín Llaryora ya detectaron. En base al coeficiente general de la ley de coparticipación, las provincias podrían terminar resignando 1,45 puntos porcentuales del PBI de recursos.
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