El próximo sábado 6 a partir de las 9 horas, llega a Villa Regina ‘Elegí pescado’, iniciativa del Ministerio de Producción y Agroindustria de Río Negro donde se podrá comprar pescados y mariscos de calidad a precios promocionales.
Será a partir de las 9 horas en el predio ferial ubicado frente a la Plaza de los Próceres respetando las medidas preventivas por COVID-19.
Quienes se acerquen podrán adquirir pez gallo, merluza, cazuela, hamburguesas, langostinos y mejillones.
El principal objetivo de la campaña es acercar este producto a la dieta diaria de los rionegrinos, razón por la cual se repite en distintos puntos de la provincia.
La diputada libertaria volvió a quedar en el centro de la polémica tras una declaración aberrante contra Ian Moche, un niño con autismo que visibiliza el ajuste del Gobierno en discapacidad. Lejos de pedir disculpas, Lemoine profundiza una lógica de odio que ya es marca registrada del oficialismo.
Por Roque Pérez para NLI
La diputada nacional de La Libertad Avanza, Lilia Lemoine, protagonizó un nuevo escándalo público al poner en duda la condición de autismo de un niño de 12 años y acusar a su madre de hacerlo “actuar” para obtener rédito político, en una declaración televisiva que generó repudio transversal y volvió a exponer el nivel de degradación discursiva que promueve el espacio que gobierna la Argentina.
Ian Moche, un niño autista que se convirtió en una voz visible en la defensa de los derechos de las personas con discapacidad, fue blanco directo de los dichos de la legisladora, quien sugirió que su madre lo manipula y lo expone deliberadamente. No solo se trata de una agresión personal, sino de una forma brutal de estigmatización y negacionismo, impropia de cualquier representante institucional.
El ajuste en discapacidad y la reacción violenta del oficialismo
Las declaraciones de Lemoine no son un exabrupto aislado. Se producen en un contexto donde el Gobierno de Milei enfrenta fuertes cuestionamientos por el ajuste salvaje en políticas de discapacidad, la demora en pagos, la falta de actualización de aranceles y el desfinanciamiento de prestaciones básicas.
Ante la incapacidad de responder con políticas públicas, el oficialismo parece optar por atacar a quienes visibilizan el problema, incluso cuando se trata de niños. En lugar de explicar por qué miles de familias están al borde del colapso, una diputada nacional elige cuestionar la condición neurológica de un menor, un límite ético que jamás debería cruzarse.
“Ian Moche finge tener autismo”
La trastornada mental de Lilia Lemoine dijo en vivo que un nene con autismo en realidad está ACTUANDO, los libertarios siguen teniendo de enemigo a un nene de 12 años, es impresionante pic.twitter.com/Wtnaie6NFe
Crueldad como método y provocación como estrategia
Lemoine ya cuenta con un extenso prontuario de declaraciones misóginas, violentas y provocadoras. Desde relativizar el acoso hasta justificar la represión estatal, su rol dentro del esquema libertario parece ser el de correr permanentemente los márgenes de lo decible, funcionando como una vocera del desprecio social que Milei legitima desde el poder.
En este caso, el ataque resulta aún más grave: se estigmatiza a la neurodivergencia, se desacredita a una madre y se expone a un niño a la violencia simbólica y digital, todo para sostener un relato que niega derechos básicos.
Cuando el odio reemplaza a la política
El episodio deja una pregunta incómoda pero necesaria: ¿qué tipo de democracia se construye cuando una diputada nacional usa su voz pública para humillar a un niño con discapacidad? La respuesta parece evidente. No se trata de libertad de expresión ni de debate político, sino de una estrategia de disciplinamiento y crueldad que busca silenciar reclamos legítimos.
Mientras el Gobierno ajusta y abandona, sus voceros atacan. Y cuando el blanco es un niño, queda claro que el problema no es Ian Moche ni su familia, sino un modelo político que necesita del odio para ocultar su fracaso.
Por enésima vez, los que odian el Estado te demuestran que sólo saben vivir a sus expensas.
Por Tomás Palazzo para NLI
El escándalo volvió a impactar en el corazón del Gobierno libertario: **el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto adjudicó un contrato por $114.044.133 —casi USD 78.000 al tipo de cambio actual— para la capacitación en inglés de su propio personal a la Asociación Argentina de Cultura Inglesa (AACI), entidad dirigida por María Josefina Rouillet, esposa del actual ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.
El expediente —formalizado mediante adjudicación simple por especialidad y publicado en el sistema COMPR.AR— activó los mecanismos de control previstos en el Decreto 202/2017 por el vínculo familiar entre la directora ejecutiva de la AACI y el funcionario responsable de parte del ajuste estatal, con intervención de la Oficina Anticorrupción (OA) y la Sindicatura General de la Nación (SIGEN).
Contra viento y ajuste Resulta inevitable el contraste: mientras Sturzenegger se presenta como el ejecutor de una política de recortes masivos, ventas de activos y “motosierra” a programas estatales, el Estado decidió asignar más de 114 millones de pesos a la asociación de su propia pareja en un contrato directo y sin licitación competitiva.
Las críticas políticas no tardaron: la senadora del bloque Justicialista Juliana di Tullio anunció que denunciará formalmente ante la Justicia a Sturzenegger y a Rouillet por considerar “irregular” el contrato, pese a que el propio canciller Pablo Quirno negó irregularidades y afirmó en redes que la contratación “cumplió con todos los mecanismos de control y transparencia”.
Viejas prácticas, nuevo escándalo
Este episodio no surge de la nada. Desde hace años Noticias La Insuperable ya había documentado la trayectoria de Rouillet en espacios públicos vinculados a la “casta” política:
En abril de 2017, el portal reveló que su nombramiento en un cargo oficial se oficializó con un año de demora, en medio de cuestionamientos por nepotismo y falta de transparencia.
Más recientemente, en diciembre de 2023, también en NLI y en exclusiva pusimos en evidencia el “increíble kiosquito” que armó Rouillet en el Programa de Mecenazgo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, donde manejó millones de pesos del presupuesto cultural porteño y desde donde incluso promovió proyectos vinculados a su rol posterior en la AACI.
Aquellas investigaciones muestran un patrón persistente: constante tránsito entre cargos públicos, interferencias privadas y negocios con recursos del Estado, con un denominador común que hoy se repite bajo el gobierno de Milei.
El doble estándar
Mientras en el discurso oficial se habla de “quitar privilegios”, “ajustar el Estado” y recortar gastos, este contrato deja al descubierto que el ajuste no siempre aplica a círculos cercanos al poder. En plena ola de privatizaciones de servicios estatales y cierre de organismos, la decisión de destinar fondos públicos a la asociación que dirige la esposa del ministro que implementa esos recortes expone un flagrante doble estándar que alimenta la crítica política y judicial.
¿Una moda de campaña o una regla de gobierno?
Con denuncias judiciales en puerta, defensas públicas desde el Gobierno y una oposición que promete ir hasta las últimas consecuencias, este caso podría convertirse en un emblema de lo que NLI desde hace años señalamos: la persistencia del amiguismo y la falta de transparencia dentro de las estructuras del poder, sin importar quién gobierne.
La controversia está abierta. Y mientras los mecanismos de control se activan, lo que queda claro es que la motosierra sí corta para los trabajadores y programas sociales, pero parece no llegar al círculo íntimo del propio ministro encargado de llevarla adelante.
El Intendente Marcelo Orazi participó esta mañana de la conferencia de prensa en la que se presentó la décima edición del ‘Pedaleando por un sueño’ que se desarrollará el 20 y 21 de noviembre. Estuvieron presentes Martín Torres, presidente del Club de Leones, institución organizadora; Osvaldo Ruiz Díaz, director del hospital local e integrantes de…
Compartimos el documento del Consejo Local de las Mujeres Villa Regina redactado para el paro internacional feminista #8M. Como Consejo Local de las Mujeres ¡¡¡queremos celebrar que hemos recuperado las calles!!!! Tras dos años muy difíciles de pandemia hemos sido muchas haciendo paro en nuestros trabajos, en nuestras casas y de las maneras que podemos…
El gobierno logró la media sanción en general de la reforma laboral, con una amplia mayoría de 42 votos a favor y 30 en contra, que dejó en evidencia la novedosa debilidad del peronismo en el Senado. Para obtener el apoyo mayoritario de los bloques, Patricia Bullrich tuvo que conceder a la CGT el carácter obligatorio de la cuota sindical, bien entrada la tarde del miércoles, pero mantuvo la creación del fondo de indemnizaciones que captura dinero de Ansés, la supresión de la ultraactividad, la negociación por empresas y la derogación de los estatutos. Un golpe importante al modelo sindical argentino.
Sobre un borrador del proyecto, que recibía sucesivas correcciones en rojo en plena sesión, el oficialismo terminó admitiendo la retención compulsiva de la cuota sindical, un reclamo de la central obrera contra el artículo que establecía que el aporte de los trabajadores fuera voluntario. Ese punto se sumó al sostenimiento del 6 por ciento para las obras sociales, otra demanda de los sindicatos. Ambos ítems son, apenas, la conservación de conquistas de antaño.
Pese a esa neutralización parcial que lograron los gremios, la Casa Rosada logró quebrarlos con un articulado que destroza regímenes de licencias y afecta el derecho de huelga a través de la declaración de una serie de actividades como esenciales. En la votación en particular se diluyó el plan de la CGT para desflecar la reforma laboral, tal como anticipó a LPO el líder de la central obrera, Cristian Jerónimo.
La CGT salvó herramientas que le permiten resguardar cierta defensa corporativa de la organización pero el gobierno se impuso en modificaciones de institutos centrales del modelo sindical peronista, como el derecho a huelga, la ultraactividad y las negociaciones colectivas por rama, retomando para de la senda de reformas de los 90 con Carlos Menem.
En la votación no hubo sorpresas y apenas en un puñado de títulos hubo algunas defecciones de los 42 que votaron a favor de la ley en general. El gobierno incluso sumó a los dos santacruceños en la votación del traspaso del fuero laboral a la Ciudad, una iniciativa que abrió una interesante batalla política entre los libertarios, en la que se jugó un primer round por la candidatura a jefe de Gobierno entre patricia Bullrich y Karina Milei, que busca imponer a Manuel Adorni. Villarruel la aprovechó para acercarse a los jueces nacionales.
La CGT salvó herramientas que le permiten resguardar cierta defensa corporativa de la organización pero el gobierno se impuso en modificaciones de institutos centrales del modelo sindical peronista, como la ultraactividad, el derecho a huelga y las negociaciones colectivas por rama.
El gobierno alcanzó la mayoría luego de quitar del proyecto la baja de cuatro puntos de Ganancias, como anticipó LPO, que había enardecido a los gobernadores aliados porque afectaba su ya maltrecha recaudación. Para evitarse sorpresas, Milei ordenó a toda la mesa política del gobierno que se traslade al Congreso hasta que se aprobara la norma. Karina, Santilli, Adorni y los Menem, se recluyeron en el despacho del riojano en Diputados.
La votación de hecho revela un trabajo político interesante de los libertarios, donde se notó la incorporación de Santilli, que desde que asumió se dedicó a cortejar a los gobernadores. A los 22 senadores libertarios -contando a Luis Juez- el gobierno logró sumar 20 votos más de provincias aliadas, que venían muy enojadas con la Casa Rosada.
El punto más debatido fue la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), pero el oficialismo únicamente perdió los votos de la salteña Flavia Royón, la cordobesa Alejandra Vigo y el radical Maxi Abad.
Acaso la crítica más contundente partió del peronista puntano Fernando Salino, cuando ya iban casi 12 horas de discusión. El hombre de Alberto Rodríguez Saá avisó sobre la judicialización que se avecina para la ley, toda vez que «a diez minutos de la votación en particular, todavía no se sabe qué texto se va a votar».
José Mayans y Sergio Uñac.
José Mayans, a su turno, atribuyó «al grupo de los 44», en referencia a los libertarios y sus aliados en el Senado, «un avasallamiento y una violación del reglamento», reabriendo la puerta de una eventual judicialización tanto por el contenido del proyecto como por la conformación de las comisiones diseñada por Bullrich.
«Nos robaron siete senadores», denunció el formoseño y agregó: «acá se hablaba de 28 modificaciones y vinieron con 50 modificaciones a las 7 de la mañana», dijo.
Mayans calificó el procedimiento como «una falta de respeto» porque la reforma modifica 41 leyes, que se tomó el trabajo de enumerar al filo de la medianoche. «¿Les parece que podemos tratar todo este paquete, una ensalada de leyes?», se quejó.
Para el cierre, Bullrich repasó «las frustraciones múltiples» cada vez que se intentó implementar reformas de este tipo en Argentina, una sutil corrección de lo que postuló al inicio de la sesión cuando dijo que esta iniciativa era la primera ley laboral de la democracia. «Nosotros no estamos prometiendo milagros, estamos trayendo soluciones concretas porque Argentina necesita generar trabajo y se genera cuando hay competitividad», argumentó.
Nosotros no estamos prometiendo milagros, estamos trayendo soluciones concretas porque Argentina necesita generar trabajo y se genera cuando hay competitividad.
La exministra reivindicó la eliminación de la ultraactividad y la prelación de la negociación por empresa. «Estamos rompiendo cadenas», se jactó.
El primero en objetar las pretensiones fundacionales de la senadora fue Mariano Recalde, quien calificó el proyecto como «revanchista» y negó que lo que se discutía fuera inédito. Además, sostuvo que en la Ley Bases «se habilitó la contratación de hasta tres colaboradores sin ningún derecho laboral, pero no se generó trabajo».
Al respecto, recordó que la jefa del bloque libertario dijo cuando era ministra de Trabajo del gobierno de Fernando de la Rúa que su cartera no era la encargada de crear empleo sino que esa tarea correspondía al Ministerio de Economía. «No crean empleo las normas laborales», advirtió el senador kirchnerista, apuntando al punto más delicado del relato libertario, que ha difundido que con esta nueva norma crecerá el empleo.
La senadora tucumana Beatriz Avila.
La radical Mariana Juri, por su parte, opinó que «una sola ley no genera empleo por sí sola, pero sin una buena ley laboral que se adapte a las situaciones actuales, el empleo no llega».
La catamarqueña Lucía Corpacci se quejó por la forma en que el oficialismo manejó la negociación de la ley. «No se dio ninguna oportunidad para que nuestro bloque pudiera hacer un aporte o algo que cambie al menos un poquito el daño que esta ley hace a los trabajadores», dijo.
La tucumana Beatriz Ávila, que responde al gobernador Osvaldo Jaldo, alertó que la reforma «no es suficiente», en sintonía con los planteos de sus antecesores en el uso de la palabra, aunque consideró que la ley en discusión «va a ayudar a ordenar y equilibrar las reglas de la economía y del mercado del trabajo».
La jefa de La Libertad Avanza, que tiene más transferencias que un Corsa, dijo que era la primera vez que se trataba una reforma laboral en Argentina… cuando ella misma era ministra de Trabajo en el 2001.
Joaquín Benegas Lynch mezcló la apelación a las transformaciones políticas y económicas con el cambio moral. «Esta ley no es una descripción técnica, es un pilar estructural y fundamental para mejorar el ámbito laboral», señaló. Y con la misma profundidad, catalogó al empleador y el empleado como «socios naturales».
La kirchnerista Anabel Fernández Sagasti fue la encargada de recordarle a Bullrich los episodios de las coimas en el Senado para aprobar la reforma laboral en el 2000. «Pasaron 25 años de la Ley Banelco y vienen con las mismas ideas y hablan de modernización», se burló.
«La jefa de La Libertad Avanza, que tiene más transferencias que un Corsa, dijo que era la primera vez que se trataba una reforma laboral en Argentina… cuando ella misma era ministra de Trabajo en el 2001», chicaneó y agregó «la desfachatez de algunos personajes de la política argentina me deja boquiabierta».
Juliana di Tullio y Anabel Fernández Sagasti.
Más tarde la jujeña Carolina Moisés barrió con las especulaciones sembradas por el kirchnerismo acerca de la chance que los integrantes del bloque de peronistas disidentes de Convicción Federal votaran a favor de la reforma, junto a los libertarios. Después de asumir que «es una pena que el peronismo, que tuvo al trabajador como columna vertebral del movimiento, no haya podido estar a la altura de las circunstancias», aclaró que «Argentina necesita una reforma laboral, pero no es esta».
El último orador antes que los presidentes de bloque hicieran los cierres fue Ezequiel Atauche, que cargó enfáticamente contra las organizaciones gremiales. «Los sindicatos son parte de una mafia que apañó el peronismo», dijo. También celebró que la reforma barrió con la ultraactividad y festejó: «Esa realidad se acabó, está extinta. Los argentinos ya no quieren más eso. El camino del verdadero progreso de la Argentina son las empresas».
El Intendente Marcelo Orazi y la Gobernadora Arabela Carreras dejaron hoy oficialmente inauguradas dos obras emblemáticas de la actual gestión municipal: la Comisaría de la Familia y la renovada calle Libertad. El traslado de la Comisaría de la Familia fue iniciado en los primeros meses del año por el Intendente ante la Secretaria de Estado…
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