Este domingo, Corrida Aniversario organizada por Grupo Comahue

 

Milei y su costumbre de subordinarnos.

Por Celina Fraticiangi para NLI

En su discurso de hoy en el Foro Económico Mundial de Davos, Milei volvió a desplegar una narrativa que excede largamente la economía y se adentra en una concepción ideológica de la historia, la cultura y la civilización. Más allá de las reiteradas defensas del capitalismo de libre mercado, hubo un eje particularmente revelador: la idea de que América arrastra una supuesta “deuda civilizatoria” con Occidente y que su misión histórica sería saldarla regresando a la filosofía griega, el derecho grecorromano y los valores judeocristianos.

Lejos de ser una simple reflexión cultural, este planteo condensa una visión profundamente política, excluyente y funcional a un proyecto de poder.

La “deuda civilizatoria”: una noción problemática desde el origen

Cuando Milei afirma que América debe “pagar una deuda civilizatoria” a Occidente, introduce una categoría que no es neutra ni inocente. Hablar de deuda implica subordinación, implica aceptar que existe un centro civilizatorio legítimo —Europa y su tradición occidental— y una periferia que debe agradecer, imitar y reparar.

Esta idea desconoce deliberadamente que América no es una hoja en blanco escrita por Grecia, Roma o el cristianismo europeo. Es un continente atravesado por civilizaciones milenarias, por procesos históricos propios, por luchas sociales, políticas y culturales que no pueden reducirse a una herencia importada. La noción de deuda borra de un plumazo a los pueblos originarios, las tradiciones populares, las experiencias emancipatorias y los proyectos políticos que disputaron —y disputan— el sentido mismo de la modernidad. Nos deja sin identidad.

Además, el concepto remite peligrosamente a las viejas justificaciones coloniales: Europa como portadora de civilización, América como territorio incompleto que debe “agradecer” lo recibido. No es una novedad discursiva: es un reciclaje ideológico con lenguaje contemporáneo.

Filosofía griega y derecho grecorromano: apropiación selectiva del pasado

El llamado de Milei a “inspirarse en la filosofía griega” y “abrazar el derecho grecorromano” opera como una selección interesada de la historia. No se trata de un análisis académico ni de una reivindicación crítica del pensamiento clásico, sino de una utilización simbólica para legitimar un orden político y económico actual.

La Grecia clásica y Roma no fueron paraísos de libertad universal: fueron sociedades atravesadas por la esclavitud, la exclusión política, la desigualdad estructural y la negación de derechos a amplios sectores de la población. Presentarlas como modelos morales sin esas contradicciones es falsear la historia.

Más aún, Milei invoca estas tradiciones como si condujeran de manera natural a un capitalismo desregulado y a un Estado mínimo, cuando buena parte de la filosofía clásica discutió justamente los límites del poder económico, la función de la comunidad y la centralidad de lo público. No hay herencia universal: hay recortes ideológicos.

Valores judeocristianos: moral selectiva y contradicción política

El tercer pilar del discurso fue el llamado a “retornar a los valores judeocristianos para salvar a Occidente”. Aquí la operación es doble. Por un lado, se construye un supuesto consenso moral único, invisibilizando otras tradiciones éticas, espirituales y culturales que forman parte tanto de América como del mundo occidental contemporáneo.

Por otro lado, se produce una contradicción evidente entre el discurso y la práctica política. Valores como la solidaridad, el cuidado del prójimo, la justicia social y la dignidad humana, históricamente asociados a la tradición judeocristiana, chocan de frente con políticas de ajuste, desprotección social y mercantilización extrema de la vida.

La apelación religiosa funciona así como un recurso retórico de legitimación, no como una guía ética real. Se invocan valores abstractos mientras se impulsan medidas concretas que profundizan la desigualdad y la exclusión.

Una idea de civilización que excluye

El discurso de Milei en Davos no propone una civilización plural ni un diálogo entre culturas. Propone una restauración: un Occidente idealizado, homogéneo, jerárquico y alineado con un modelo económico específico. Todo lo que queda fuera de ese canon —otras identidades, otros proyectos políticos, otras formas de organización social— aparece como desviación, amenaza o atraso.

La “deuda civilizatoria” no es, entonces, una reflexión histórica. Es una herramienta política que busca ordenar el mundo entre quienes encajan en ese relato y quienes deben ser corregidos, disciplinados o descartados.

En definitiva, el discurso de Milei en Davos revela con claridad que su proyecto no se limita a la economía: aspira a redefinir qué se entiende por civilización, quién tiene derecho a representarla y quién debe someterse a ella. Bajo una retórica grandilocuente sobre Grecia, Roma y los valores judeocristianos, se esconde una visión regresiva que empobrece el pasado, simplifica el presente y clausura la diversidad del futuro.

 

 

La renuncia de Marco Lavagna al frente del INDEC, justo antes de la publicación de un nuevo índice de inflación, dejó al descubierto una situación tan delicada como inquietante: los números que debía mostrar el organismo no coincidían con el relato económico del gobierno de Milei. La decisión oficial de postergar la nueva metodología y cambiar a su máxima autoridad reavivó las sospechas sobre la intervención política en las estadísticas públicas, en un contexto donde la inflación real sigue golpeando los bolsillos mientras el Ejecutivo necesita vender un éxito que los datos no confirman.

Por Roque Pérez para NLI

La renuncia de Marco Lavagna al frente del INDEC, a pocos días de que se conociera un nuevo índice de inflación con metodología actualizada, encendió todas las alarmas políticas. No se trata de un cambio administrativo más: el movimiento ocurre en un momento clave para el relato económico del gobierno de Milei, que necesita mostrar una desaceleración sostenida de precios para justificar el ajuste brutal que atraviesan los hogares argentinos.

Lavagna, que había sostenido un perfil técnico y de bajo ruido político desde su llegada al organismo, dejó su cargo justo cuando el Indec estaba en condiciones de publicar los primeros datos con una nueva fórmula de medición del IPC, basada en una canasta más actualizada y representativa del consumo real. La coincidencia temporal es demasiado evidente como para ser ignorada.

Una salida en el peor momento para el relato oficial

Según distintas reconstrucciones periodísticas, el nuevo índice no mostraba el resultado que el Gobierno esperaba. La inflación medida con la nueva metodología daba más alta de lo que Milei y el ministro Luis Caputo venían prometiendo, lo que implicaba un golpe directo al discurso de “desinflación exitosa” que el oficialismo intenta instalar.

En ese contexto, la continuidad de Lavagna se volvió incómoda. El ahora ex titular del Indec habría insistido en publicar los datos tal como estaban previstos, respetando los criterios técnicos y los tiempos ya trabajados por el organismo. Del otro lado, el Ejecutivo optó por patear la implementación del nuevo índice, una decisión que, lejos de ser inocua, tiene impacto político inmediato.

La versión oficial habló de “diferencias de criterio” y de la necesidad de esperar “condiciones más estables”. Sin embargo, puertas adentro del propio Estado nadie logra explicar por qué un índice terminado, probado y listo para difundirse debe ser guardado en un cajón justo cuando los números dejan de acompañar.

Postergar datos también es una forma de intervenir

Tras la renuncia, el Gobierno confirmó que Pedro Lines quedará al frente del Indec y que la nueva fórmula de medición de la inflación será postergada. En los hechos, se seguirá utilizando un índice que subestima consumos actuales, mientras los precios de alimentos, transporte, servicios y alquileres siguen golpeando el bolsillo real.

La decisión no es técnica, es política. Medir distinto cambia el resultado, y cambiar el resultado altera el clima social. Milei necesita mostrar una inflación en baja para sostener el ajuste, contener el malhumor y negociar con el poder financiero. Publicar un dato que contradiga ese relato sería admitir que el sacrificio no está dando los frutos prometidos.

El problema es que el Indec no es una consultora del Gobierno: es un organismo público cuya credibilidad fue duramente dañada en el pasado y que había logrado recomponer prestigio con criterios profesionales. Forzar salidas, demorar índices y acomodar tiempos vuelve a sembrar dudas que el país ya conoce demasiado bien.

Cuando la estadística molesta

La inflación no es una cifra abstracta: es el precio de comer, viajar, calefaccionarse y vivir. Si los números oficiales no reflejan esa realidad, el problema no es la gente, sino la estadística. Y cuando un director técnico se va justo porque los datos no cierran con el discurso presidencial, la sospecha deja de ser una hipótesis para transformarse en una señal política.

La renuncia de Lavagna expone una tensión de fondo: entre la necesidad del Gobierno de sostener su relato y la obligación del Estado de decir la verdad, aunque incomode. En esa disputa, Milei parece haber elegido priorizar la narrativa antes que la transparencia.

Porque cuando los números no le dan, el problema no es el índice. El problema es la realidad.