La Municipalidad de Villa Regina informa que se encuentra en vigencia el ‘Protocolo para la tramitación, otorgamiento de permisos y la fiscalización de fiestas privadas’ aprobado a través del Decreto 13/2020.
El mismo establece que propietarios, tenedores de establecimientos rurales, salones de fiesta, casas quinta, countrys, chacras o de cualquier otro inmueble o predio ubicado en el ejido municipal en donde se realicen espectáculos o fiestas de carácter privado en la que se reúnan más de 50 personas con venta o no de bebidas alcohólicas deberán solicitar la correspondiente autorización municipal con 20 días de anticipación.
La misma deberá ser ingresada por Mesa de Entradas del Municipio adjuntando la documentación establecida en el Protocolo mencionado.
En caso de incumplimiento se aplicarán multas, procediéndose además a la inhabilitación, clausura y decomiso de las bebidas alcohólicas y todos los elementos de prueba necesarios para comprobar la infracción (equipos de sonido, iluminación, escenarios), dándole intervención a la Policía de Río Negro y al Juzgado de Faltas Municipal.
Quedan excluidas del ámbito de aplicación de este decreto, los actos y celebraciones privadas de carácter familiar.
Asimismo, la Municipalidad solicita a la comunidad y jóvenes no concurrir a fiestas organizadas a través de internet, consideradas clandestinas, que no presenten ningún tipo de control o seguridad para los concurrentes: seguro de espectador, servicio de asistencia y emergencia adecuado a la capacidad permitida, medidas de seguridad e higiene tanto del predio como de los artefactos eléctricos y fijos instalados, precariedad sanitaria en la prevención contra el COVID-19, entre otros aspectos.
Esta crisis desatada por el coronavirus ha dejado en evidencia varias cosas.Entre otras, que muchas personas quieren ayudar pero no encuentran elespacio, o que somos propensos a no corroborar si la información que tenemosy compartimos es cierta. Algunos de estos temas intentamos abordar conPensaRegina, pero hay algo subyacente que no podemos abordar y que másque…
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El presidente de La Libertad Avanza en Entre Ríos, Roque Fleitas, usó un salón del PAMI para un acto partidario en el que defendió a Manuel Adorni luego de que los Milei lo corrieran por el escándalo patrimonial.
«A nosotros no nos van a correr con los medios de comunicación implementando e implantando cosas que no son ciertas y si son ciertas, lo va a determinar la justicia. Nosotros tenemos división de poderes», dijo Fleitas, que es legislador provincial, y buscó ofrendarle a Milei un homenaje in memoriam del ex jefe de gabinete.
«En el pueblo están escandalizados porque hicieron un acto político partidario en el Salón que es de jubilados y pensionados, en este momento de ajuste en haberes y prestaciones», dijeron a LPO fuentes del manso Crespo que recibe a sus visitantes con un monumento gigante a un gallo y una gallina, un emblema de la Capital Nacional de la Avicultura.
Además de ser el presidente de la sucursal de La Libertad Avanza, Fleitas es padre de Rebeca, la legisladora de la Ciudad que si bien les debe sus votos a los porteños hace actos en Paraná como el del mes pasado, cuando reunió a un puñado de mujeres libertarias en el Centro Provincial de Convenciones de la capital entrerriana.
Por si algo faltaba para que el evento en el salón de los jubilados fuera puramente proselitista, se sumó también el Batman libertario, Andrés Laumman, que es diputado nacional de La Libertad Avanza y la senadora nacional Romina Almeida.
La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello
Tras la difusión del acto llegaron dos tirones de orejas desde Buenos Aires. El primero fue de equipo de comunicación, que había pedido que se dejara de usar a Adorni como un activo, tras la última encuesta que mostró que tenía un 80% de imagen negativa. El otro fue por el uso de un centro de jubilados para un acto partidario, lo que enfurece a Sandra Pettovello.
Desde el ministerio de Capital Humano bajaron la línea de no mezclar la gestión política con lo partidario, por eso en el gobierno hablan de cortar cabezas. Todos los implicados en el acto proselitista responden a Lule Menem: tanto Fleitas como la directora de la oficina de PAMI de Crespo, Lorena Werner y la titular de la delegación de Anses en Paraná, María Celina Ledesma.
Ledesma, que es vocal provincial de La Libertad Avanza, ni siquiera trató de disimular su militancia cuando salió pelearse en las redes con los usuarios que se referían a la escasa convocatoria que tuvo el acto.
«El evento fue un éxito total. Dejen de operar contra LLA E.R., el salón estuvo lleno. Esta noticia es una fake new (sic) opereta KK», dijo Ledesma, la encargada de atender los problemas de los jubilados de Entre Ríos.
«Fueron en un remís», la chicanearon los detractores. «Cuadras llenas esperando entrar al salón», le dijeron con ironía.
Ledesma, la delegada de Anses en Paraná, jactándose de la asistencia que tuvo el acto
Juan Bautista Mahiques prepara el bordado final de la protección judicial para Claudio «Chiqui» Tapia y Pablo Toviggino en la causa que tramita contra la AFA, en el fuero comercial local, por la denuncia de Guillermo Tofoni.
Como informó LPO, esta semana se publicó el decreto de designación de Javier Cosentino como juez de la Sala C en la Cámara de Apelaciones del fuero comercial, pero hasta el 16 de julio había sido el titular del Juzgado Nacional en lo Comercial N° 9, donde quedó radicada la denuncia.
En efecto, Cosentino fue el magistrado que desestimó el embargo preventivo que reclamó Tofoni por los partidos amistosos disputados hace más de 5 años, antes que Tapia y Toviggino optaran por cortar el contrato con el empresario despechado y otorgarle el negocio al productor Javier Faroni. Tras el fallo del juez, Tofoni apeló y ahora la Sala C tendrá que resolver, justo donde recaló Cosentino.
Fuentes judiciales deslizaron que el juez votado por el Senado el jueves pasado debería excusarse. El presidente de la sala es Eduardo Machin y, por ahora, venían subrogando Alejandra Tévez y Matilde Ballerini, quien cumpliría 75 años el próximo 6 de septiembre y solicitó hace meses la prórroga en su cargo al gobierno.
Atento, Mahiques apuró el lunes al senador Juan Carlos Pagotto, titular de la comisión de Acuerdos, para que convoque a audiencia pública para que defienda su pliego Ballerini el 4 de agosto. Entre el receso y las dificultades de Patricia Bullrich para conseguir las voluntades suficientes para sesionar, al oficialismo se le acota el margen de maniobra para aprobar nombramientos de jueces.
Para cubrir la otra subrogancia, el gobierno logró que los senadores le otorguen estado parlamentario a la postulación de Valeria Pérez Casado, quien curiosamente compartió con Cosentino el desenlace del caso Indalo, la empresa de Cristóbal López.
Tapia y Toviggino.
En la causa de Oil Combustibles, el juez que dictó la quiebra, decretó la intervención de la petrolera y le otorgó la operación inicial a YPF fue Javier Cosentino, cuando estaba al frente del Juzgado Comercial Nº 8 y luego en las actuaciones del proceso. En tanto, Pérez Casado intervino en las etapas posteriores y la liquidación de fondos.
Pero los pergaminos de esta candidata de Mahiques se fundarían en su actuación durante la quiebra de Cresta Roja, mientras se desempeñaba al frente del Juzgado Nacional en lo Comercial Nº 18. «Cresta Roja es la Ciccone del macrismo», dijo un camarista a LPO.
En el fuero comercial comentan también que Mahiques y la AFA no estarían dejando ningún detalle librado al azar, ni siquiera el sorteo para las subrogancias hasta que se aprueben las designaciones de los jueces para la Sala C.
Su apreciación se basa en las quejas de los ex dueños de la firma, Rasic Hermanos, que acusaron a Mauricio Macri por el despojo de sus bienes. Cuando el Juzgado Comercial le entregó la empresa al consorcio Proteinsa SA, compuesto por Ovoprot, Tanacorsa y apoyado por el banco BTG Pactual, Karina Rasic, hija de los fundadores, acusó al gobierno de dársela a un amigo del colegio de Marcos Peña, tal como reveló Noticias.
Pérez Casado, además, es miembro de la agrupación Compromiso Judicial, un sector de la magistratura con lazos históricos con el macrismo y el radicalismo. Allí milita José Luis López Castiñeira, un camarista de la Sala II del fuero contencioso administrativo federal que cultiva un vínculo muy cercano con el ministro de Justicia.
En el fuero comercial comentan también que Mahiques y la AFA no estarían dejando ningún detalle librado al azar, ni siquiera el sorteo para las subrogancias hasta que se aprueben las designaciones de los jueces para la Sala C. Desde el 4° Piso de Roque Sáenz Peña 1211, dicen que, ante cualquier demora, podrían salir sorteados la propia Ballerini, quien ya viene ocupando una de las vocalías vacantes, o Jorge Djivaris, ex funcionario del gobierno porteño al que promovieron a la Sala B de la cámara para contribuir eventualmente en la causa Correo, tal como informó LPO.
Por lo demás, los colegas de Cosentino se preguntan quién lo reemplazará en el juzgado N° 9. Su olfato indica que, por sorteo, podría tocarle la función a Pedro Giudice, flamante juez del fuero en cuya jura estuvieron Mahiques, la consejera Alejandra Provitola y el presidente de la Cámara de Casación Penal, Diego Barroetaveña, quien admitió el recurso de queja de la defensa de los presuntos testaferros de Toviggino, junto a Mariano Borinsky, para que la competencia de la causa recaiga en el juzgado de Campana, a cargo de Adrián González Charvay.
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