La Municipalidad de Villa Regina informa que se encuentra en vigencia el ‘Protocolo para la tramitación, otorgamiento de permisos y la fiscalización de fiestas privadas’ aprobado a través del Decreto 13/2020.
El mismo establece que propietarios, tenedores de establecimientos rurales, salones de fiesta, casas quinta, countrys, chacras o de cualquier otro inmueble o predio ubicado en el ejido municipal en donde se realicen espectáculos o fiestas de carácter privado en la que se reúnan más de 50 personas con venta o no de bebidas alcohólicas deberán solicitar la correspondiente autorización municipal con 20 días de anticipación.
La misma deberá ser ingresada por Mesa de Entradas del Municipio adjuntando la documentación establecida en el Protocolo mencionado.
En caso de incumplimiento se aplicarán multas, procediéndose además a la inhabilitación, clausura y decomiso de las bebidas alcohólicas y todos los elementos de prueba necesarios para comprobar la infracción (equipos de sonido, iluminación, escenarios), dándole intervención a la Policía de Río Negro y al Juzgado de Faltas Municipal.
Quedan excluidas del ámbito de aplicación de este decreto, los actos y celebraciones privadas de carácter familiar.
Asimismo, la Municipalidad solicita a la comunidad y jóvenes no concurrir a fiestas organizadas a través de internet, consideradas clandestinas, que no presenten ningún tipo de control o seguridad para los concurrentes: seguro de espectador, servicio de asistencia y emergencia adecuado a la capacidad permitida, medidas de seguridad e higiene tanto del predio como de los artefactos eléctricos y fijos instalados, precariedad sanitaria en la prevención contra el COVID-19, entre otros aspectos.
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Otra vez el «periodista» queda expuesto tras una montaña de billetes.
Por Roque Pérez para NLI
Mientras se presenta como periodista “crítico” del poder, Luis Majul volvió a quedar en el centro de la polémica por el cobro de cuantiosas sumas de dinero provenientes, en esta ocasión, de la pauta oficial del gobierno de Córdoba. Una investigación periodística reveló los montos millonarios que recibió su productora durante años y expuso una relación incómoda entre medios, negocios y poder político.
La trama quedó al descubierto a partir de una investigación de Data 24, que reconstruyó el flujo de fondos públicos que terminaron en manos de La Cornisa Producciones S.A., la empresa ligada a Luis Majul, a través de contratos de pauta oficial con la provincia de Córdoba. Los datos surgen de registros oficiales y muestran que el vínculo económico con el Estado provincial se sostuvo tanto durante la gestión de Juan Schiaretti como en la actual administración de Martín Llaryora.
Según la investigación, entre 2020 y 2023 la productora de Majul facturó decenas de millones de pesos bajo el concepto de “publicidad y difusión de actos de gobierno”. Al actualizar esas cifras por inflación, el volumen real del dinero recibido resulta todavía más impactante: más de 60 millones de pesos en los primeros años, cerca de 59 millones en 2022 y más de 100 millones de pesos ajustados en 2023, un año atravesado por la campaña electoral.
Pauta, relato y silencios convenientes
Uno de los datos que más llama la atención es que, tras no percibir fondos durante 2024, en 2025 la pauta volvió a fluir: el gobierno de Llaryora habría destinado 12 millones de pesos adicionales a la empresa de Majul. La secuencia refuerza la sospecha de que la pauta oficial funciona como herramienta de disciplinamiento, premio o negociación política, incluso con periodistas que en pantalla construyen un discurso de confrontación permanente.
La contradicción es evidente: Majul es una de las caras mediáticas más identificadas con el antiperonismo, con editoriales durísimas contra gobiernos nacionales populares, pero no tuvo reparos en cobrar durante años del peronismo cordobés. La grieta, una vez más, parece diluirse cuando se trata de negocios.
El rol del gobierno de Llaryora
La investigación también pone el foco en una decisión política concreta del oficialismo cordobés: la pauta oficial no se ajusta, incluso en contextos de recortes, crisis económica y deterioro social. Mientras se habla de austeridad, el presupuesto destinado a propaganda estatal se mantiene firme y beneficia a grandes actores mediáticos, muchos de ellos con llegada nacional.
Este esquema no sólo distorsiona el sistema informativo, sino que erosiona la credibilidad del periodismo y refuerza la idea de que parte del discurso mediático está condicionado por intereses económicos antes que por convicciones editoriales reales.
Cuando la crítica se paga con fondos públicos
El caso Majul vuelve a poner sobre la mesa un debate de fondo: ¿qué independencia puede tener un periodista que cobra millones del Estado al que dice cuestionar? La investigación no sólo aporta cifras, sino que desnuda una práctica estructural donde la pauta oficial opera como moneda de cambio y donde la supuesta neutralidad periodística queda seriamente en entredicho.
En tiempos donde Milei agita el ajuste brutal y la demonización del Estado, estos vínculos entre gobiernos provinciales y comunicadores “opositores” muestran que el problema no es el Estado en sí, sino quién se queda con sus recursos y para qué.
Los hermanos Patricio y Germán Neuss buscan dar un salto gravitante en el tablero de control del sistema eléctrico argentino y van por Transnoa, la transportadora de energía del Noroeste Argentino (NOA) que hoy está envuelta en una severa crisis operativa que disparó una inédita denuncia conjunta de Tucumán, Jujuy y Salta.
De estrechos vínculos con el subsecretario de Energía, Damián Sanfilippo, los hijos de Jorge Justo Neuss, herederos de un extenso entramado de empresas, mostraron un fuerte interés en el mercado energético desde la llegada de Javier Milei al Gobierno.
En 2025 conformaron el holding Edison Energía junto con el fondo Inverlat liderado, entre otros, por Ezequiel Carballo y Guillermo Stanley y donde se desempeña el yerno de éste último, el ex jefe de Gabinete de María Eugenia Vidal, Federico Salvai. También participa de este fondo el dueño de Newsan, Rubén Cherñajovsky.
En solo un año, los Neuss se hicieron de activos de un valor incalculable: se quedaron con el control de la transportadora Litsa, la hidroeléctrica Cempsa, la operadora de la represa Potrerillos en Mendoza, el complejo hidroeléctrico Cerros Colorados y las distribuidoras de Tucumán (Edet) y Jujuy (Ejesa).
El manejo estas últimas dos distribuidoras les permitió un acceso directo a los gobernadores Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Carlos Sadyr (Jujuy), al que han sumado una reciente buena relación con el salteño Gustavo saenz.
Este despliegue en esas provincias llevó a los Neuss a interesarse por la transportadora Transnoa que opera en la zona y cuyo control tiene la familia Castro, que maneja Gasnea.
Estos tres gobernadores concretaron esta semana una acción muy inusual: firmaron de manera conjunta una denuncia contra Trasnea, culpándola por los cortes de luz en sus provincias, que afectan a más de 900 mil usuarios. Curioso que la demanda no haya sido extensiva a las distribuidoras de los Neuss que son los que efectivamente prestan el servicio.
Como sea, Trasnoa tampoco es una joyita. En medio de fuertes peleas accionarias, la empresa realizó cambios de directorio que también generaron problemas internos.
Hoy, como presidente figura Diego Castro y, como vice, Melitón Eugenio López, que tiene un pasado reciente en la función pública como presidente de Lotería y Casinos de la provincia de Buenos Aires durante de la gestión de María Eugenia Vidal.
En solo un año, los Neuss se hicieron, a través del Grupo Edison, con el control de la transportadora Litsa, la hidroeléctrica Cempsa, la operadora de la represa Potrerillos en Mendoza, el complejo hidroeléctrico Cerros Colorados y las distribuidoras de Tucumán (Edet) y Jujuy (Ejesa).
«Los cortes registrados no constituyen hechos aislados, sino que responden a un deterioro estructural en la operación de Transnoa», señalaron los gobernadores en la denuncia que presentaron ante el ENRE.
LPO pudo confirmar de fuentes del sector que los Neuss pretenden quedarse con esta transportadora que opera en el NOA desde 1994. Fuentes de Trasnoa, dijeron a LPO desconocer esa movida, pero reconocieron que «puede haber apetito» por su compañía.
El presidente de Pampa Energ®eia, Marcelo Mindlin.
En paralelo, los Neuss también estrían interesados en quedarse con Transener, que el gobierno busca privatizar en un proceso muy polémico, donde puso un precio bastante por debajo de la valuación de mercado de la transportadora, la más grande del país. Una pelea en la que deberán enfrentarse al dueño de Pampa Energía, Marcelo Mindlin, también interesado en hacerse con el control de la compañía que ya integra como socio privado del Estado,
En efecto, desde finales del año pasado, el gobierno aceleró el proceso de privatización de la empresa de energía estatal Enarsa, que posee el 50% de Citelec, la controlante de Transener (con 51% de las acciones). La otra mitad de las acciones son de Pampa Energia, de Marcelo Mindlin.
Transener distribuye 86% de la electricidad que se consume en Argentina, con más de 15 mil kilómetros de líneas de alta tensión que conectan a las centrales eléctricas con las redes de distribución.
El control de Transener implicaría para los Neuss alcanzar la hegemonía del sistema eléctrico local.
Se viene la navidad y el fin de año y en esta fecha es más común aún el uso y abuso de la pirotecnia. Sin embargo, se puede celebrar con felicidad, música y sin ruidos molestos que perjudiquen a los demás. Ya a esta altura es sabido que las mascotas sufren, se asustan, se pierden…
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