La Municipalidad de Villa Regina informa que se encuentra en vigencia el ‘Protocolo para la tramitación, otorgamiento de permisos y la fiscalización de fiestas privadas’ aprobado a través del Decreto 13/2020.
El mismo establece que propietarios, tenedores de establecimientos rurales, salones de fiesta, casas quinta, countrys, chacras o de cualquier otro inmueble o predio ubicado en el ejido municipal en donde se realicen espectáculos o fiestas de carácter privado en la que se reúnan más de 50 personas con venta o no de bebidas alcohólicas deberán solicitar la correspondiente autorización municipal con 20 días de anticipación.
La misma deberá ser ingresada por Mesa de Entradas del Municipio adjuntando la documentación establecida en el Protocolo mencionado.
En caso de incumplimiento se aplicarán multas, procediéndose además a la inhabilitación, clausura y decomiso de las bebidas alcohólicas y todos los elementos de prueba necesarios para comprobar la infracción (equipos de sonido, iluminación, escenarios), dándole intervención a la Policía de Río Negro y al Juzgado de Faltas Municipal.
Quedan excluidas del ámbito de aplicación de este decreto, los actos y celebraciones privadas de carácter familiar.
Asimismo, la Municipalidad solicita a la comunidad y jóvenes no concurrir a fiestas organizadas a través de internet, consideradas clandestinas, que no presenten ningún tipo de control o seguridad para los concurrentes: seguro de espectador, servicio de asistencia y emergencia adecuado a la capacidad permitida, medidas de seguridad e higiene tanto del predio como de los artefactos eléctricos y fijos instalados, precariedad sanitaria en la prevención contra el COVID-19, entre otros aspectos.
El gobierno de Javier Milei congeló el subsidio a la tarifa social de colectivos bajo sistema SUBE. A partir de ahora, la compensación del 55% queda fija a la tarifa de referencia al 30 de junio y dejará de actualizarse al valor del boleto vigente.
Eso significa que, cuando las jurisdicciones definan nuevos aumentos, Nación no pondrá más recursos que los que destina al momento para ese beneficio.
La resolucion de la Secretaría de Transporte que se oficializó este miércoles disparó reacciones de rechazo en varios municipios, mientras ya hay provincias que avisan que no se harán cargo de los baches que dejará el subsidio nacional a futuro.
En el sector calculan que, en una próxima actualización del boleto, el peso de la tarifa social podría caer del 55% al 43%, algo que repercutiría muy fuerte en los sectores más vulnerables.
En ese sentido, fuentes del sector consultadas por LPO no dudan que, «para compensar» esa merma de recursos provenientes de Nación, «los próximos aumentos del cuadro tarifario tendrán que contemplar ese aspecto», por lo que el peso recaerá en los usuarios en general.
Eso, o directamente un derrumbe en el tiempo de la gravitación de la tarifa social. En el sector calculan que, en la próxima actualización, podría caer del 55% al 43%, algo que repercutiría muy fuerte en los sectores más vulnerables.
Hay empresarios que ya vaticinan por lo bajo que caerá aún más el índice pasajero-kilómetro, lo que genera un efecto dominó que ya se vio en abril pasado, con la reducción de frecuencias
Actualmente, ese beneficio abarca a jubilados, beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo, de la Asignación por Embarazo, del programa Progresar, personal de casas particulares, monotributistas sociales y veteranos de Malvinas, entre otros.
Por lo pronto, hay empresarios que ya vaticinan por lo bajo que caerá aún más el índice pasajero-kilómetro, lo que genera un efecto dominó que ya se vio en abril pasado, con la reducción de frecuencias por parte de numerosos empresas de colectivos del AMBA y de grandes centros urbanos del interior bonaerense.
Frente a eso, ya surgen expresiones de rechazo desde los municipios. «No es un cambio técnico, es una decisión política: el Estado Nacional se retira del transporte público del interior del país», dijo en su cuenta de X el intendente de Santa Rosa, Luciano Di Napoli.
El jefe comunal de la capital pampeana advirtió que, a partir de ahora, cada vez que se actualicen las tarifas, «la diferencia la van a pagar los vecinos o los municipios».
En tanto, un empresario del interior bonaerense, dijo a LPO: «La consecuencia para el sistema es que lo no abonado por el usuario de la tarifa social ni el Estado Nacional, será abonado por el resto de los usuarios. Es decir, se aumentará más todo el cuadro tarifario para compensar».
Mientras, ya hay provincias que advierten que no absorberán la diferencia que deje de aportar Nación. «Mendoza no va a poder hacerse cargo de estos subsidios nacionales que otorga Nación», dijo a LVDiez el subsecretario de Transporte de la gestión Cornejo, Luis Borrego.
Alfredo Cornejo salió a despegarse de su propia vicegobernadora con una nota enviada a la embajada de Francia en la que aclaró que las declaraciones racistas de Hebe Casado contra la selección de Mbappé no representan al gobierno provincial.
Casado fue declarada persona no grata por la embajada de Francia por referirse a la selección como «el equipo africano».
Ahora, con motivo del aniversario de la revolución francesa, Cornejo le mandó una carta a la embajada francesa para destrozar a su propia vice.
«Deseo transmitirle con total claridad que las expresiones individuales y de carácter personal que no reflejan el respeto universal a la diversidad, de ninguna manera representan el sentir de la comunidad mendocina ni la política de integración de este territorio, ni mucho menos del Gobierno que me toca conducir», dijo Cornejo.
Hebe Casado con la motosierra de Milei
«Mendoza ha sido, es y seguirá siendo una tierra de apertura, que celebra la riqueza de la convivencia cultural y rechaza plenamente toda manifestación de carácter discriminatorio», aclaró el gobernador.
Este fin de semana se corrió la 1ra fecha del MX Patagónico, este inicio de campeonato logró ubicarse, con muy buen atino por parte de los organizadores junto a la fecha aniversario de la ciudad de San Martín de los Andes. Con jornadas de entrenamiento y competencia con un clima más que agradable y con…
El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, anunció el envió de un proyecto de ley para el pase a planta permanente de 4.200 empleados públicos, tras un acuerdo con el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar.
El último pase masivo a planta había sido en el 2021. En el 2023, Weretilneck denunciaba que era un gasto para el Estado cuando Aguiar había hecho un acuerdo con la ex gobernadora Arabela Carreras, que luego fue descartado por el actual mandatario.
La polémica es más grande porque en las últimas semanas se conoció que el bloque legislativo del partido oficialista Juntos Somos Río Negro tiene asesores VIP donde figuran ex ministros nacionales y provinciales.
Todo muy lejos del discurso contra el empleo público y la casta política del gobierno libertario de Milei al que Weretilneck busca acercarse.
El anuncio de Weretilneck buscó mostrar una imagen de estabilidad en la administración provincial de cara a las próximas elecciones provinciales. La iniciativa será enviada a la Legislatura durante la primera semana de julio y, según el Ejecutivo, no implicará nuevas incorporaciones ni un incremento del gasto salarial.
La regularización alcanzará a trabajadores contratados hasta el 31 de diciembre de 2025 que continúen desempeñando tareas permanentes dentro del Estado. El Gobierno sostiene que se trata de un ordenamiento administrativo de personal que ya integra la estructura pública y que el proceso demandará entre seis y ocho meses para completar las evaluaciones de idoneidad, antecedentes y aptitud psicofísica previstas en el proyecto.
El anuncio llega bajo la sombra de investigaciones sobre contratos donde el oficialismo continúa enfrentando cuestionamientos derivados de investigaciones periodísticas sobre el funcionamiento de la Legislatura provincial, donde existen filtraciones que plantean presuntas irregularidades en contrataciones vinculadas al bloque oficialista de Juntos Somos Río Negro, encabezado por Facundo López, incluyendo la incorporación de familiares de funcionarios y dirigentes políticos, además de remuneraciones elevadas para algunos contratados.
Esas publicaciones también mencionaron casos de personas vinculadas al oficialismo que, según las investigaciones, integrarían la estructura legislativa sin que exista información pública detallada sobre las funciones que desempeñan. Entre los nombres citados aparecen dirigentes políticos, exfuncionarios y familiares de integrantes del Gobierno.
El pase masivo a planta permanente y las denuncias sobre ñoquis y asesores VIP en la Legislarura están muy lejos del discurso contra el empleo público y la casta política del gobierno libertario de Milei al que Weretilneck busca acercarse
Hasta el momento, ni el Poder Ejecutivo ni la conducción de la Legislatura respondieron públicamente en detalle a esas publicaciones ni se pronunciaron sobre cada uno de los casos mencionados.
Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE.
El contexto alimentó las críticas de la oposición, que reclama mayor transparencia en las designaciones y un acceso más amplio a la información sobre la estructura de personal del Poder Legislativo. Desde el oficialismo, en tanto, evitan profundizar la discusión y sostienen que el funcionamiento administrativo de la Legislatura se ajusta a las normas vigentes.
Entre los contratados VIP figuran el radical Daniel «Fino» Sartor, quien fue ministro provincial y también nacional en el gobierno de Fernando de la Rúa en la cartera de Desarrollo Social, donde tuvo que renunciar por irregularidades. También entre los contratados por el bloque oficialista figuran hijos de funcionarios, como
Vera Lastra hija de la secretaria de la Función Pública, Tania Lastra.
También se encontraba hasta hace pocos meses Juan Accatino, ex ministro de Producción del gobierno radial de Miguel Saiz. Accatino, que figuraba como asesor de JSRN, hace unos días recibió un fuerte revés de la Corte Suprema que dejó firme una condena en su contra a 2 años y 6 meses en una causa por sobresueldos. También fueron condenados otros ex ministros como César Barbeito (Educación) -defendido por Mariano Cúneo Libarona- y Francisco González (Coordinación), que recibieron penas de 3 años y 6 meses.
El pase a planta también se anunció pocos días después de otro episodio que generó fuerte repercusión política. El gobierno de Weretilneck denunció un presunto hackeo y la filtración de documentación interna, entre ella información vinculada con legajos y recibos de sueldo de funcionarios provinciales. A partir de esa denuncia se inició una investigación judicial que derivó en procedimientos sobre equipos informáticos y abrió una nueva controversia pública.
El Ejecutivo sostuvo que la difusión de esa documentación formó parte de una maniobra destinada a instalar información sensible con fines políticos. La investigación continúa en la Justicia y el Gobierno insistió en que fue víctima de un acceso ilegítimo a sistemas oficiales, mientras distintos sectores opositores reclamaron precisiones sobre el alcance del caso y el manejo de la información pública.
En ese escenario, el anuncio del pase a planta permanente también puede leerse como un intento del oficialismo de recuperar la iniciativa política. Con el respaldo de ATE, un proyecto de fuerte impacto sobre el empleo público y una agenda orientada a la gestión, Weretilneck busca volver a colocar el foco sobre la administración provincial mientras procura dejar atrás una sucesión de controversias que, durante las últimas semanas, condicionaron el debate político en Río Negro.
La contundente manifestación de la Selección Argentina en respaldo a la soberanía sobre las Islas Malvinas volvió a instalar el tema en el centro de la agenda pública. Horas después de esa imagen que recorrió el mundo, el Gobierno nacional difundió un comunicado de rechazo a la presencia de un buque británico en aguas argentinas, una reacción que despertó críticas por su aparente demora y por el contraste con otras decisiones adoptadas durante la gestión de Milei.
Por Roque Pérez para NLI
La bandera de la Selección que volvió a poner a Malvinas en el centro de la escena
La victoria de la Selección Argentina sobre Inglaterra tuvo un fuerte componente simbólico que trascendió lo deportivo. Al finalizar el encuentro, los jugadores celebraron con una bandera con la inscripción «Las Malvinas son argentinas», una imagen que rápidamente se viralizó y generó una amplia repercusión tanto dentro como fuera del país.
El gesto fue interpretado como una reafirmación de una causa que forma parte del consenso histórico de la sociedad argentina y que, en los últimos meses, había quedado envuelta en fuertes controversias por distintas decisiones y posicionamientos del Gobierno nacional.
La imagen también contrastó con la polémica generada por las restricciones impuestas por la FIFA al ingreso de banderas con referencias a Malvinas y con la postura asumida por funcionarios del Ejecutivo, que evitaron confrontar con esas disposiciones.
El comunicado oficial llegó después del impacto público
Pocas horas después del triunfo argentino y de la masiva difusión de las imágenes de los futbolistas, el Ministerio de Relaciones Exteriores emitió un comunicado rechazando la presencia del buque científico británico RRS Sir David Attenborough, cuya navegación vinculada a las Islas Malvinas fue considerada por Argentina como una actividad unilateral e incompatible con las resoluciones de Naciones Unidas sobre la disputa de soberanía.
El comunicado expresó el «más enérgico rechazo» a las operaciones desarrolladas por el Reino Unido y reiteró que cualquier actividad vinculada con los recursos naturales o con la plataforma continental en el área disputada requiere el consentimiento del Estado argentino.
Sin embargo, la reacción oficial fue interpretada por distintos sectores políticos y diplomáticos como una respuesta tardía. El barco británico ya venía desarrollando actividades conocidas desde hacía varios días y el Gobierno no había realizado pronunciamientos públicos hasta después del fuerte impacto que tuvo la bandera desplegada por los jugadores argentinos.
Un cambio de tono que alimentó las críticas
La coincidencia temporal no pasó inadvertida.
Durante buena parte de su gestión, Milei mantuvo una política exterior caracterizada por un acercamiento sin precedentes al Reino Unido y a los Estados Unidos. En distintos discursos evitó confrontar con Londres sobre la cuestión Malvinas e incluso llegó a expresar admiración personal por la ex primera ministra británica Margaret Thatcher, responsable política de la guerra de 1982.
A ello se sumaron otras decisiones que generaron cuestionamientos, entre ellas el apoyo del Gobierno argentino a las disposiciones de la FIFA que limitaron el ingreso de banderas con referencias a Malvinas en los estadios mundialistas, una medida que fue interpretada por amplios sectores como una innecesaria cesión frente a organismos internacionales.
En ese contexto, el repentino endurecimiento discursivo frente al buque británico fue leído por la oposición como un intento de recuperar iniciativa política después de que la propia Selección colocara nuevamente la causa Malvinas en el centro del debate nacional.
La causa Malvinas volvió a imponer la agenda
La repercusión de la bandera exhibida por los campeones del mundo volvió a demostrar que la cuestión Malvinas continúa siendo uno de los pocos temas capaces de generar un consenso transversal entre los argentinos.
Mientras el Gobierno intentaba instalar el comunicado diplomático, en redes sociales y distintos ámbitos políticos crecieron las comparaciones entre esa declaración y las decisiones adoptadas durante los últimos meses, especialmente aquellas vinculadas al vínculo con el Reino Unido y a las señales de alineamiento internacional de la administración libertaria.
Para numerosos analistas, el episodio dejó una conclusión evidente: fue la propia Selección Argentina la que volvió a poner la soberanía sobre las Islas Malvinas en el centro de la discusión pública, obligando al Gobierno de Javier Milei a reaccionar con un comunicado que muchos consideran llegó tarde y bajo la presión del impacto político y simbólico generado por los futbolistas.
Axel Kicillof salió a cuestionar con fuerza el acercamiento que encaró la Casa Rosada con los gobernadores para conseguir los votos en el Congreso para aprobar leyes clave como la anulación de las PASO y la Ley de Tierras.
«Ahora buscan que los gobernadores voten por extorsión. Los funden y después les prestan para que voten. Eso no es parlamentarismo, es extorsión», dijo el bonaerense en Morón.
«Nosotros estamos en la vereda contraria. Aunque nos persigan, aunque nos quieran asfixiar, no vamos a arrodillarnos», dijo Kicillof en una actividad junto al intendente Lucas Ghi.
Tras la llegada de Diego Santilli a la jefatura de Gabinete el gobierno nacional reactivó un operativo para poder seducir a los gobernadores y contar con sus votos en el Congreso. El objetivo es sacar en el segundo tramo del año la anulación de las PASO y la Ley de Tierras.
Este miércoles, Karina Milei formalizó la transferencia a Santa Fe del mantenimiento de la llamada «Ruta de los Puertos». Se trata de una traza fundamental para el área metropolitana de Rosario y que conecta el ingreso de los puertos y evita que en época de cosecha los miles y miles de camiones que transitan la zona ingresen en la ciudad.
En Santa Fe creen que la Casa Rosada busca «recuperar el diálogo y cumplir lo que promete» antes de abrir la negociación por las reformas que necesita en el Congreso.
Ahora buscan que los gobernadores voten por extorsión. Los funden y después les prestan para que voten. Eso no es parlamentarismo, es extorsión.
Quien trabaja para recuperar la confianza de los gobernadores es Santilli. El viernes, el Jefe de Gabinete se reunió con el gobernador de La Pampa, el peronista Sergio Ziliotto, con quien definió avances en materia de Caja Previsional y el traspaso de las obras del PROCREAR.
En tanto, el martes estuvo con el correntino Juan Pablo Valdés, con quien repasó la agenda de trabajo entre ambas administraciones y conversó sobre las obras para el puente Alvear-Itaquí y el proyecto Puente Monte Caseros-Bella Unión.
Mientras tanto, las conversaciones entre Casa Rosada y La Plata siguen cortadas. La orden de Karina a Santilli es no abrir con el gobierno de Kicillof ningún canal de diálogo.
Al día siguiente del anuncio de la llegada del Colo a la Jefatura de Ministros, el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, contó que le envió una carta vía WhatsApp en la que le pidió retomar el diálogo entre Gobierno Nacional y Provincia.
«Lo felicité y le pedí que reciba una delegación de funcionarios para establecer un plan de trabajo conjunto», describió Bianco. «Le conté sobre los fondos recortados y el abandono de las obras públicas en territorio bonaerense», agregó.
Kicillof quiere que Milei le transfiera la autopista Presidente Perón, una obra a la que le faltan apenas 5 kilómetros para concluirse y que quedó paralizada.
La autopista Perón es el tercer anillo de circunvalación del AMBA (el primero es la General Paz, el segundo es la ruta 4) y atraviesa 12 municipios. En 2024, los ministros Gabriel Katopodis (Infraestructura) y Javier Alonso (Seguridad) se reunieron con Patricia Bullrich (entonces al frente del ministerio de Seguridad) para iniciar las gestiones por el traspaso de la obra a la órbita de la provincia. Sin embargo, tras ese encuentro, no hubo ningún tipo de avance.
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