La Municipalidad de Villa Regina informa que se encuentra en vigencia el ‘Protocolo para la tramitación, otorgamiento de permisos y la fiscalización de fiestas privadas’ aprobado a través del Decreto 13/2020.
El mismo establece que propietarios, tenedores de establecimientos rurales, salones de fiesta, casas quinta, countrys, chacras o de cualquier otro inmueble o predio ubicado en el ejido municipal en donde se realicen espectáculos o fiestas de carácter privado en la que se reúnan más de 50 personas con venta o no de bebidas alcohólicas deberán solicitar la correspondiente autorización municipal con 20 días de anticipación.
La misma deberá ser ingresada por Mesa de Entradas del Municipio adjuntando la documentación establecida en el Protocolo mencionado.
En caso de incumplimiento se aplicarán multas, procediéndose además a la inhabilitación, clausura y decomiso de las bebidas alcohólicas y todos los elementos de prueba necesarios para comprobar la infracción (equipos de sonido, iluminación, escenarios), dándole intervención a la Policía de Río Negro y al Juzgado de Faltas Municipal.
Quedan excluidas del ámbito de aplicación de este decreto, los actos y celebraciones privadas de carácter familiar.
Asimismo, la Municipalidad solicita a la comunidad y jóvenes no concurrir a fiestas organizadas a través de internet, consideradas clandestinas, que no presenten ningún tipo de control o seguridad para los concurrentes: seguro de espectador, servicio de asistencia y emergencia adecuado a la capacidad permitida, medidas de seguridad e higiene tanto del predio como de los artefactos eléctricos y fijos instalados, precariedad sanitaria en la prevención contra el COVID-19, entre otros aspectos.
Después de meses de dilaciones, excusas presupuestarias y reclamos de organizaciones, el Gobierno finalmente reglamentó la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad. Lo hizo mediante un decreto publicado en el Boletín Oficial y con anexos clave, pero no por voluntad política: fue empujado por la Justicia.
Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI
El Decreto publicado este martes reglamenta por fin la Ley de Emergencia en Discapacidad, una norma que había sido sancionada por el Congreso y ratificada tras el rechazo al veto presidencial, pero que permanecía virtualmente congelada por decisión del Ejecutivo. La reglamentación llega tarde y bajo presión, luego de una orden judicial que obligó al Gobierno a cumplir con la ley vigente.
Una ley vigente que el Gobierno se negaba a aplicar
La ley de emergencia en discapacidad se encuentra plenamente vigente desde el año pasado. Sin embargo, el Gobierno había optado por no reglamentarla, argumentando supuestas dificultades fiscales y administrativas. Esa omisión tuvo consecuencias concretas: prestaciones demoradas, pensiones paralizadas y miles de personas con discapacidad sin respuestas del Estado.
La falta de reglamentación derivó en acciones judiciales impulsadas por organizaciones y familias, hasta que un juzgado federal ordenó al Ejecutivo reglamentar la ley en un plazo perentorio. Recién entonces el Gobierno avanzó con el decreto.
Qué establece el decreto reglamentario
El decreto reglamenta la ley mediante dos anexos centrales que definen la estructura operativa del sistema. Entre los puntos más relevantes, se dispone:
La puesta en marcha del régimen de emergencia en discapacidad en todo el territorio nacional.
La reorganización del sistema de pensiones no contributivas por discapacidad, bajo la denominación de pensiones para la protección social.
La intervención de la Agencia Nacional de Discapacidad, que queda a cargo de la aplicación, fiscalización y dictado de normas complementarias.
Además, se instruye a convocar al Consejo Federal de Discapacidad, con participación de las provincias, para coordinar criterios y políticas comunes.
Auditorías y controles: el eje del enfoque oficial
Uno de los aspectos centrales del decreto es la insistencia en auditorías, controles y evaluaciones socioeconómicas. El texto establece que se deberán implementar mecanismos periódicos de revisión sobre las prestaciones otorgadas.
Si bien el control estatal es una obligación, organizaciones del sector advierten que el énfasis casi exclusivo en auditorías genera preocupación, especialmente en un contexto donde ya se denunciaron recortes encubiertos, demoras administrativas y obstáculos para acceder a derechos adquiridos.
Reglamentación tardía y sin debate presupuestario
El decreto reglamenta la ley, pero no resuelve el problema de fondo: el financiamiento. El Gobierno sigue sin detallar cómo se garantizarán los recursos necesarios para sostener las prestaciones en un contexto de ajuste generalizado.
La emergencia en discapacidad implica mayor presencia del Estado, algo que choca con la lógica de recorte que impulsa Milei desde el inicio de su gestión. Por eso, la reglamentación aparece más como una respuesta obligada que como una decisión política genuina.
Un avance formal que no despeja las dudas
La reglamentación representa un paso necesario para que la ley pueda empezar a aplicarse. Sin embargo, el verdadero desafío será su implementación real, sin recortes encubiertos ni trabas administrativas que vacíen de contenido la norma.
Después de meses de incumplimiento, el Gobierno reglamentó la ley porque no le quedó otra. Ahora, la atención está puesta en si garantizará efectivamente los derechos de las personas con discapacidad o si la emergencia quedará, una vez más, solo en el papel.
La Municipalidad de Villa Regina adhiere a la Resolución N° 5960 del Ministerio de Salud de Río Negro que prorroga las medidas sanitarias destinadas a contener los contagios de COVID-19 hasta el 27 de agosto, inclusive. Entre otras modificaciones, se extendió una hora el horario permitido de circulación y se amplió a 200 personas el…
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Con 80 años en el mercado argentino, la empresa santafesina Marengo lanzó los caramelos No hay plata como un homenaje a Milei a principios de 2025. Un año más tarde sus dueños debieron deshacerse de la compañía por la crisis de consumo.
Los No hay plata son caramelos ácidos duros frutales que se comercializaban en bolsas de 400 gramos. Se venden entre 3300 y 3800 pesos, pero no lograron escapar a la crisis que llevó al cierre de 22 mil Pymes desde el inicio de la gestión de Milei.
Marengo es una empresa de Rafaela que fue fundada en 1942 y vendía caramelos y chupetines como Chupaletas, Patitas y Pinta lengua.
Durante el gobierno de Macri, Marengo fue una de las 28 empresas argentinas presentes en el G20 de 2018.
Según publicó Infogremiales, meses después del guiño a Milei, la empresa entró en crisis y a mediados de 2025 suspendió a toda su dotación sin goce de sueldo.
Volvieron a producir, pero comenzaron con atrasos salariales: recién tras la venta de la empresa los trabajadores cobrarán los sueldos de enero.
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