La Municipalidad de Villa Regina informa que se encuentra en vigencia el ‘Protocolo para la tramitación, otorgamiento de permisos y la fiscalización de fiestas privadas’ aprobado a través del Decreto 13/2020.
El mismo establece que propietarios, tenedores de establecimientos rurales, salones de fiesta, casas quinta, countrys, chacras o de cualquier otro inmueble o predio ubicado en el ejido municipal en donde se realicen espectáculos o fiestas de carácter privado en la que se reúnan más de 50 personas con venta o no de bebidas alcohólicas deberán solicitar la correspondiente autorización municipal con 20 días de anticipación.
La misma deberá ser ingresada por Mesa de Entradas del Municipio adjuntando la documentación establecida en el Protocolo mencionado.
En caso de incumplimiento se aplicarán multas, procediéndose además a la inhabilitación, clausura y decomiso de las bebidas alcohólicas y todos los elementos de prueba necesarios para comprobar la infracción (equipos de sonido, iluminación, escenarios), dándole intervención a la Policía de Río Negro y al Juzgado de Faltas Municipal.
Quedan excluidas del ámbito de aplicación de este decreto, los actos y celebraciones privadas de carácter familiar.
Asimismo, la Municipalidad solicita a la comunidad y jóvenes no concurrir a fiestas organizadas a través de internet, consideradas clandestinas, que no presenten ningún tipo de control o seguridad para los concurrentes: seguro de espectador, servicio de asistencia y emergencia adecuado a la capacidad permitida, medidas de seguridad e higiene tanto del predio como de los artefactos eléctricos y fijos instalados, precariedad sanitaria en la prevención contra el COVID-19, entre otros aspectos.
Una remera secuestrada en la casa del chico de 15 años que desató la tragedia de la escuela de San Cristóbal dio un primer indicio de que ese ataque a tiros de escopeta, que mató a un nene de 13 años y causó heridas a otros ocho alumnos, sugería una conexión más oscura que un grave desvarío aislado. A eso se sumaron, según fuentes oficiales dijeron a LPO, enlaces encontrados en las comunicaciones de este adolescente con comunidades centradas en crímenes reales y asesinos de masas que han generado conductas en espejo.
Frente a esto los investigadores del caso en el que murió Ian Cabrera, de 13 años, advierten un giro inesperado en este hecho. La eventualidad de que el chico agresor haya movilizado su conducta bajo la identificación de un grupo como True Crime Community (TCC), que muestra fascinación por los perpetradores de crímenes reales o asesinos en serie, es algo que ingresa en el análisis del caso. Y que también provoca una mirada alerta en autoridades fiscales nacionales ya que este tipo de comunidades son seguidas por brigadas antiterroristas.
El primero en blanquear que esta hipótesis había entrado de lleno a la investigación del caso de San Cristóbal fue el director de Investigación Criminal de Santa Fe, Rolando Galfrascoli. «Estamos trabajando en esto que excede a la Argentina porque es una red internacional. Así como está trabajándose en las provincias, también está impactando en otros países donde esta red difusa, gigantesca, atomizada y anárquica tiene una finalidad macabra de causar el mayor daño posible y venerando a autores de grandes masacres de este tipo», declaró a la radio Aire de Santa Fe.
El funcionario de Seguridad dijo asimismo que las alertas dispuestas luego del caso de la escuela 40 Mariano Moreno de San Cristóbal posibilitó neutralizar un hecho semejante. «Esta acción terminó desbaratando tal vez la posibilidad de que una persona cometa un hecho de similares características. Porque una de las denuncias, una de las amenazas, termina en Sunchales con el secuestro de un arma de fuego cargada y lista para disparar en manos de un menor, que tendrá que dar explicaciones en la Justicia, pero no nos caben dudas de que había manifestado que iba a cometer un crimen».
El chico que disparó hace una semana en San Cristóbal está bajo protección de la Secretaría de Niñez de Santa Fe dado que no es punible y no afrontará por ese hecho un proceso penal. La remera que se encontró en su vivienda cuando la requisaron es similar, según fuentes del caso, a la que utilizaba uno de los jóvenes que produjo la matanza en Columbine, Colorado, EEUU, el 20 de abril de 1999, con el resultado de doce estudiantes y un profesor asesinados.
El viernes pasado hubo una audiencia judicial de carácter confidencial en la ciudad de Rafaela donde compareció el chico que produjo el incidente. El juez penal actuante admitió medidas propuestas por el fiscal Luis Schiappa Pietra junto a funcionarios de la Secretaría de Niñez ya que no es punible. El magistrado prohibió a los presentes, responsables por su rol institucional, difundir cualquier aspecto relacionado con lo tratado en ese acto.
Las autoridades investigan si el chico agresor actuó bajo la identificación de un grupo como True Crime Community (TCC), que muestra fascinación por los perpetradores de crímenes reales o asesinos en serie
Al salir de la audiencia ese día el fiscal Schiappa Pietra hizo una declaración escueta que, a la luz de lo conocido hoy, contiene un matiz sugestivo. «Hay muchas aristas de esta investigación. Nosotros explicamos al momento de hacer saber los hechos que este es un evento que había tenido una cierta planificación y que estaba atravesada por una serie de relaciones y vínculos en redes sociales».
Este lunes se conoció que hubo un nuevo adolescente detenido, que tiene 16 años, por el incidente de San Cristóbal. Ocurrió en la ruta 11, en la localidad de Nelson, a 40 kilómetros de la ciudad de Santa Fe. Este chico estaba vinculado al adolescente que tiró por la plataforma Discord. Ellos dos, junto a otros jóvenes, mantuvieron intercambios según fuentes del caso dijeron a LPO, donde se hacía referencias a matanzas en distintos colegios de Estados Unidos y Serbia. Los investigadores refieren que el joven habría tenido información previa sobre el ataque que dejó un alumno muerto y ocho chicos heridos de manera superficial.
«Tenemos información muy contundente sobre la manera en que se venían dando estas comunicaciones, estas relaciones con otras personas. Obviamente no tenemos al día de hoy la posibilidad de determinarla, justamente porque es una forma de comunicarse en redes mucho más compleja de lo que nosotros creemos, con mecanismos de ocultamiento de identidades y demás. En sí, en comunidades de redes muy cerradas también», dijo el fiscal.
Al respecto, la Secretaría de Análisis Integral del Terrorismo Internacional (SAIT), que es una oficina de la Procuración General de la Nación, elaboró en forma reciente un documento sobre la consolidación del fenómeno del TCC, cuyos miembros o adherentes que se dedican a seguir, y a veces a emular, a los perpetradores de homicidios masivos. Justamente lo que advierte el paper es el desarrollo de una subcultura integrada por comunidades digitales radicalizadas, que producen narrativas que sitúan a los que cometen este tipo de delitos como figuras admirables o a imitar.
La SAIT indica concretamente en este documento que en su tarea cotidiana de pesquisa ha detectado la existencia de siete causas en trámite en distintos lugares de Argentina «cuyas características presentan alta similitud con este fenómeno».
Los enlaces de grupos desde Argentina con los seguidores de TCC se dan en el ecosistema digital, no solamente a través de telefonía celular, sino también mediante consolas de juegos donde se generan intercambios. También destacan características comunes de los integrantes de estas redes conectadas al TCC. Reporta el informe que muchas veces se observa en ellos antecedentes de aislamiento social, experiencias de victimización o dificultades notorias para integrarse a su medio y consumo intenso de contenidos digitales. Advierten también como principales rasgos en sus integrantes «misantropía, reflejada comúnmente en un odio profundo hacia la humanidad y la sociedad», también «problemas de salud mental, frecuentemente evidenciados en baja autoestima e ideación suicida» y «gran exposición a consumo de gore, a videos violentos y material gráfico extremo».
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En el despacho presidencial, un grupo reducido aplaude de pie antes de que empiece. Patricia Bullrich, Manuel Adorni y el canciller Pablo Quirno visten uniforme militar. En el estrado, dos banderas: la argentina y la estadounidense. Javier Milei sube a la tarima con su enterito camuflado. A su lado, Peter Lamelas, el embajador norteamericano. Karina Milei observa desde un costado. Las cámaras de la cadena nacional encuadran la escena.
Un pitido. Suena el himno.
Cadena nacional. El presidente Javier Milei se dirige a la Nación.
Karina asiente. Milei comienza.
—Argentinos: hoy, después de 193 años, puedo anunciarles que recuperamos las Malvinas. Este gobierno, que llegó al poder para hacer lo que otros no se animaron, cerró el acuerdo que la casta política les prometió durante décadas y nunca cumplió. Hicimos lo que había que hacer. Fuimos al único lugar donde se hacen bien las cosas, y hablamos con la única persona que las resuelve, el líder del mundo libre, el presidente de los Estados Unidos de América. Vamos a tener una base militar en las islas, es cierto. Una base bajo soberanía argentina, con nuestra bandera, con nuestras reglas. El que no entienda la diferencia entre ceder y negociar es porque nunca gobernó, nunca arriesgó nada y nunca ganó nada. Hoy sí podemos decir: Las Malvinas son argentinas. ¡Viva la libertad, carajo!.
No. Esta escena nunca ocurrió. Pero hay quienes ya la imaginan, por más extraño y bizarro que suene. El escenario que podría hacerla parece cobrar forma.
Veamos la secuencia y los antecedentes.
El primero que lo dijo fue Horacio Verbitsky, en noviembre de 2025, cuando trascendió que el gobierno de Estados Unidos estaría evaluando interceder ante el Reino Unido para favorecer a la Argentina en la disputa por la soberanía de las Islas Malvinas, a cambio de instalar una base militar propia en el archipiélago. No es la primera vez que algo así se mueve por los pasillos de la diplomacia argentina: en los noventa, Carlos Menem quiso ir por ese camino –normalizar vínculos con Londres, avanzar en acuerdos de cooperación, seducir a los isleños– pero no llegó a ningún lado. El intento estuvo.
Treinta años después, con la Argentina gobernada por Milei quien, al igual que Menem, hace del alineamiento con Washington su principal activo diplomático, la cuestión Malvinas vuelve a alinearse con los intereses norteamericanos. Esta vez en un contexto geopolítico diferente.
Las Malvinas no son sólo las islas: son el centro de gravedad de una disputa que abarca cerca de seis millones de kilómetros cuadrados de océano con petróleo, gas, minerales estratégicos y una de las mayores reservas pesqueras del Atlántico. Son la puerta de entrada a la Antártida –la mayor reserva de agua dulce del planeta– en un mundo donde el agua empieza a valer lo que el petróleo. Y son el punto desde donde Washington, que estudia reorganizar su arquitectura de comandos militares en el hemisferio, podría anclar su presencia en el extremo sur del continente. El Atlántico Sur volvió a aparecer en los mapas estratégicos del Pentágono. La neutralidad ya no es una opción.
Petróleo, pesca, rutas de navegación
Para entender por qué Washington estaría dispuesto a dinamitar la histórica special relationship con Londres, hay que leer las grietas que se abrieron en las últimas semanas. El punto de quiebre fue el 2 de marzo de 2026: frente a la presión para meterse de lleno en el conflicto entre EE.UU. e Irán, el gobierno de Keir Starmer plantó bandera y se negó a una participación militar activa, limitando el uso de sus bases en Chipre. La reacción de Trump fue una descalificación pública vía Truth Social, donde tildó al Reino Unido de aliado «débil y poco confiable».
En ese clima de reproches diplomáticos, lo que antes era impensado empezó a circular por los pasillos del Capitolio. Marc Zell, congresista republicano fanático de Milei, sugirió abiertamente que Estados Unidos debería revisar su neutralidad y cambiar su postura sobre la soberanía de las Malvinas. Si bien no es todavía una declaración formal de la Casa Blanca, el mensaje es nítido: en el tablero transaccional de Trump, la lealtad británica dejó de ser un dogma y las islas pasaron a ser una pieza de cambio posible.
Es en este impasse de la histórica special relationship donde se manifiesta el pragmatismo más crudo de la era Trump. Si hoy Washington está dispuesto a presionar a su aliado más antiguo, no es sólo por un desplante diplomático o un cruce de redes, sino porque las Malvinas tienen una densidad material que las vuelve una pieza de cambio irresistible.
El primer dato es el petróleo. A 220 kilómetros al norte de las islas descansa el yacimiento Sea Lion, con reservas estimadas en 917 millones de barriles según evaluaciones independientes. El 10 de diciembre de 2025, las empresas Navitas Petroleum (israelí) y Rockhopper Exploration (británica) tomaron la decisión final de inversión: 2100 millones de dólares para un proyecto que se planea inaugurar en 2028 y tiene una vida útil estimada de 35 años. El gobierno argentino se opuso formalmente, publicó comunicados de protesta y sancionó a Navitas en 2023. La compañía sigue perforando.
Pero el petróleo es sólo el inicio. Las Malvinas son el centro de gravedad de una disputa que abarca cerca de seis millones de kilómetros cuadrados de océano, dos veces la superficie continental argentina. En ese espacio hay reservas pesqueras que en 2024 representaron el 58 por ciento del PBI de las islas, nódulos polimetálicos en el fondo marino con zinc, litio y cobre, y rutas marítimas que conectan los puertos del Cono Sur con Europa y que constituyen uno de los corredores estratégicos del Atlántico Sur.
Y después está la Antártida. Las Malvinas son la puerta de entrada al continente blanco –la mayor reserva de agua dulce del planeta– en un momento en que el acceso al agua empieza a ser un factor de poder tan relevante como el acceso al petróleo.
Todo esto ya sería suficiente para explicar el interés estadounidense. Pero hay algo más inmediato: Washington está redibujando su arquitectura militar en el hemisferio. En febrero de 2025, la administración Trump estudió fusionar el Comando Sur –responsable del Atlántico Sur hasta la Antártida– con el Comando Norte en un mando hemisférico unificado. La fuente no es una filtración ni un medio militante: es el Congressional Research Service, el servicio de investigación no partidario del Congreso de Estados Unidos. Una base en las Malvinas, en ese esquema, no es un capricho geopolítico. Es una pieza que encaja en la gran estrategia norteamericana.
Perón, Menem
El peronismo histórico fue el primero en entender la importancia de negociar para aprovechar el Atlántico: la Tercera Posición de Perón no era sólo la consigna «ni yankis ni marxistas», era una doctrina de autonomía real frente a los dos bloques, que incluía a Malvinas como parte de una estrategia soberana coherente. En 1974, su gobierno llegó incluso a negociar en serio: el embajador británico James Hutton le propuso al canciller Alberto Vignes un condominio de 25 años sobre las islas como paso previo al reconocimiento de la soberanía argentina. Perón murió ese mismo año. La propuesta murió con él.
Lo que vino después fue distinto. Carlos Menem llegó al poder en 1989 con una lógica que invertía exactamente la de su propio partido: en lugar de usar la autonomía para resistir al hegemón, la cedió deliberadamente para ver qué obtenía a cambio.
El teórico que le dio sustento intelectual a ese giro fue Carlos Escudé. En 1992 publicó Realismo Periférico: Fundamentos para la nueva política exterior argentina, el libro más incómodo de la teoría política argentina de las últimas décadas. Su diagnóstico de arranque era brutal por su simpleza: la Argentina había caído en lo que llamó la «falacia antropomórfica», es decir, tratar al Estado como si fuera una persona con dignidad propia que defender, como si el país fuera un individuo ofendido que no puede ceder sin perder el honor. Esa lógica, decía Escudé, había justificado décadas de confrontación con las grandes potencias a un costo enorme para los ciudadanos de carne y hueso. La llamó «políticas de poder sin poder»: actuar como potencia cuando no se es una. Malvinas era su ejemplo más claro. La guerra de 1982 no había sido sólo una derrota militar sino el precio máximo de una política exterior que confundió el prestigio del Estado con el bienestar del pueblo. Miles de jóvenes enviados a morir en el Atlántico Sur por una lógica que priorizaba la épica sobre la precisión militar y el interés nacional.
La solución de Escudé no era rendirse ante Washington por convicción moral. Era un cálculo frío, casi contable. Para un país débil y periférico, confrontar innecesariamente a la potencia dominante tiene costos que sus ciudadanos terminan pagando. Y acá viene el concepto más útil –y el más inquietante para leer el presente–: la diferencia entre consumo e inversión de autonomía. Un Estado periférico tiene un margen limitado de maniobra. Puede gastarlo en gestos, declaraciones y confrontaciones simbólicas, consumo improductivo, autonomía que se evapora sin dejar nada concreto. O bien, puede invertirlo deliberadamente en un objetivo preciso y tangible, inversión de autonomía. La pregunta, para Escudé, no es si ceder autonomía sino para qué y a cambio de qué.
Escudé no sólo inspiró esa política desde afuera. Fue asesor especial del canciller Guido Di Tella durante la presidencia de Menem y contribuyó directamente al diseño de la estrategia argentina frente al bloque occidental. La teoría y la práctica tenían la misma firma. Di Tella sintetizó esa lógica con una expresión que quedó en la historia de la diplomacia argentina: las «relaciones carnales» con Estados Unidos. No era una metáfora accidental, era la descripción exacta de una política que apostaba a que la cercanía con Washington terminaría rindiendo frutos concretos. En Malvinas, esos frutos nunca llegaron. El propio canciller lo admitió: con Gran Bretaña iban a normalizar las relaciones en todos los temas menos en uno, el de la soberanía de las islas.
Milei llegó treinta años después con la misma lógica, pero más radicalizada. Lo que Juan Gabriel Tokatlian denominó hiperoccidentalismo, no es simplemente alinearse con Estados Unidos: es una práctica que combina acoplamiento a los intereses estratégicos de Washington, acomodamiento a sus preferencias para evitar roces y un engagement activo que busca recompensas futuras. No es un relato ni una promesa. Es un modus operandi que se despliega en cada votación en la ONU –como el voto en contra, junto a Estados Unidos e Israel, de declarar la esclavitud africana como crimen de lesa humanidad–, en la distancia tomada de China, en la declaración de guerra –aunque informal– a Irán, en el abandono por parte de argentina de la OMS, en cada gesto hacia la Casa Blanca.
La diferencia con Menem es que Milei logró algo que su predecesor no: que el alineamiento se traduzca en resultados concretos. El hiperoccidentalismo libertario ya tiene un historial verificable de éxitos: el salvataje del tesoro estadounidense antes de las elecciones de 2025 y, hace apenas días, la intervención directa de Washington en la justicia estadounidense para que Argentina no pagara 16.000 millones de dólares en el juicio por la expropiación de YPF. Dos veces en que Trump movió fichas a favor de Milei. En ese contexto, que Malvinas aparezca como el próximo capítulo de ese intercambio no es inverosímil.
Entonces: ¿Es posible que la alianza de Milei con Trump nos ayude a recuperar las Malvinas?
Antes de responder, conviene pensar en qué mundo avanzaría esa posibilidad.
No es el mundo de 1990, cuando Menem apostó a Washington en un tablero unipolar donde Estados Unidos era el único jugador que importaba. Es un mundo en guerra: Medio Oriente en llamas, una disputa entre China y Estados Unidos que atraviesa cada región del planeta, una OTAN que rediscute sus compromisos y un multilateralismo en crisis terminal. Trump ya se fue de la OMS, ya ignoró a la ONU, ya amenazó con abandonar la propia OTAN. Las instituciones que durante décadas funcionaron como red de contención para los países pequeños están debilitadas o directamente rotas. Los tratados tienen cláusulas de retiro voluntario y hay una presidencia dispuesta a usarlas. En ese contexto, cualquier acuerdo bilateral firmado hoy con Washington vale lo que vale la palabra de quien lo firma.
América Latina es una de las pocas regiones del planeta que puede llamarse, todavía, una zona de paz. Tener una base militar estadounidense en el extremo sur del continente pone en duda hasta cuándo. Argentina, y por osmosis la región, dejaría de ser un país ajeno a los conflictos globales para convertirse en una pieza de la arquitectura militar de una potencia nuclear en disputa activa con otras potencias nucleares. Lo que hoy es un acuerdo bilateral mañana puede ser una obligación. Lo que hoy parece una ganancia puede convertirnos en un blanco.
La soberanía formal estaría ahí, bandera argentina, gobernación argentina, pasaportes argentinos en Puerto Argentino. Pero soberanía formal y soberanía real son dos cosas distintas. Recuperar las islas con una base adentro no es exactamente lo que Perón negoció en 1974, ni lo que los soldados del 82 creyeron que estaban defendiendo. Conviene leer la letra chica antes de firmar el contrato.
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Hay una pregunta que el campo nacional y popular lleva años sin poder responder: ¿qué haríamos con Malvinas si pudiéramos recuperarlas?
No es una pregunta retórica. Es la pregunta que el trascendido de noviembre de 2025 volvió urgente, porque la respuesta que circuló desde ese espacio fue, en el mejor de los casos, la indignación. Y la indignación no es una política.
Durante los gobiernos kirchneristas, Malvinas funcionó como una bandera eficaz, se acumularon resoluciones favorables en foros regionales, se renovó el reclamo ante las Naciones Unidas, se construyó una narrativa de descolonización que encontró eco en América Latina. No era una estrategia equivocada para su época: el multilateralismo estaba en su momento de mayor esplendor, el Comité de Descolonización de la ONU era un foro con peso real, y acumular apoyos regionales tenía sentido en un mundo que todavía creía en las instituciones. El problema es que ese mundo ya no existe. Hoy el tablero internacional vuelve a valorar la fuerza militar y el poder duro por sobre los consensos multilaterales. En ese nuevo tablero, décadas de resoluciones favorables no valen lo que valían. Al contrario: mientras Argentina acumulaba declaraciones y «fuertes rechazos», el Reino Unido avanzaba en silencio, consolidando infraestructura militar, otorgando licencias pesqueras y habilitando inversiones petroleras.
Ni la posición británica ni la de Estados Unidos, que siguió siendo el aliado más importante de Londres en la disputa, se movieron un centímetro. En los términos de Escudé –el mismo Escudé que en 2012 declaró que el kirchnerismo era en los hechos más realista periférico de lo que su propio discurso admitía– fue consumo puro de autonomía: capital político gastado en gestos sin construir una palanca real de presión sobre los únicos actores que podían cambiar algo.
Después de 2015, ni siquiera eso. Malvinas fue desapareciendo del debate público grande sin que nadie lo decidiera explícitamente. No fue una decisión estratégica sino una fatiga. Y en ese silencio, el tema quedó disponible para que otros lo recuperaran con una lógica completamente distinta.
Milei no inventó esta negociación. La encontró sobre la mesa, huérfana.
Después de la guerra, cuarenta y tres años de democracia no alcanzaron para avanzar en la soberanía argentina en Malvinas por la vía diplomática. Esa deuda acumulada es lo que hoy le da oxígeno a una negociación que, si se cierra, va a plantear muchas preguntas incómodas.
