ENTREVISTA LTA/MARCELO ORAZI

La interna del gobierno por el rumbo económico pasó a jugar en la superficie. El dato de inflación expuso una fisura entre Javier Milei y Luis Caputo. Y en ese ruido, Federico Sturzenegger encontró terreno fértil para moverse.

El contraste fue inmediato y quedó plasmado en redes. Caputo salió primero. Publicó un hilo técnico en el que culpó a la guerra de Medio Oriente por la suba de combustibles, pero insistió que la inflación núcleo, excluyendo carnes, se mantuvo en 2,5% y que el proceso de desinflación sigue en pie.

Horas después, Milei eligió otro registro. «El dato es malo. No nos gusta», escribió. No hubo guiños al ministro. No hubo respaldo explícito. 

La diferencia no es solo de tono. En un gobierno donde la comunicación suele estar alineada, la divergencia llamó la atención. Cuando se conoció el dato, Sturzenegger le dijo a Milei que eso no podía pasar y que la suba de la inflación era culpa de Caputo y de su socio y presidente del Banco Central, Santiago Bausili.

Nada marcha de acuerdo al plan

Las diferencias de tono entre Milei y su ministro de Economeia son cada vez más evidentes. Días antes de conocerse el dato de inflación, en la Bolsa de Comercio, Caputo prometió que comenzaban «los mejores dieciocho meses de la historia argentina». Un mensaje que pocos economistas comparten. Esa misma noche, en la Televisión Pública Milei pidió paciencia. Habló de un proceso más largo. Dos discursos para un mismo momento.

Federico suma puntos cada vez que Toto queda expuesto.

En ese desacople se metió Sturzenegger, que como nunca vio la oportunidad de cobrarse viejas cuentas con su colega del macrismo. Tiene historia con Caputo. Y no es menor. Ambos chocaron en el gobierno de Mauricio Macri por las metas de inflación y el control del dólar. Aquella disputa terminó con la salida de Sturzenegger del Banco Central y dejó una marca en el ministro desregulador.

Hoy, ese rencor encuentra una ventana. Sturzenegger se posiciona como el técnico confiable ante Washington. Su paso por el MIT le abre puertas. En el Fondo lo escuchan. En conversaciones privadas, Sturzenegger se adjudica haber destrabado el acuerdo con el FMI, que venía demorado desde enero. 

No parece casualidad que al anunciar el acuerdo en Washington, la titular del FMI, Kristalina Georgieva, haya subrayado la suba de la inflación como un tema negativo. «Vamos a tratar el dato de la inflación en la reunión con Caputo», dijo Georgieva a la prensa. 

«Federico suma puntos cada vez que Toto queda expuesto», afirmó a LPO un funcionario que conoce bien la dinámica del área económica.

De hecho Sturzenegger empezó a moverse con más intensidad en los últimos días. Mas allá del cerco mediático que impuso Karina Milei a los funcionarios del Gobierno, el ministro desrelugador multiplicó los contactos con periodistas de confianza. Llama, comenta, baja línea. Nunca en público. Pero busca instalar su mirada y, al mismo tiempo, marcar diferencias con el enfoque del Palacio de Hacienda sin exponerse directamente.

El juez Ariel Lijo citó a declaración indagatoria al empresario Hugo Sigman, a la ex ministra de Salud Carla Vizzotti y a otros ex funcionarios y ejecutivos acusados de demorar durante la pandemia la compra de vacunas del laboratorio estadounidense Pfizer para favorecer intereses locales en la fabricación de dosis entre 2020 y 2021.

Son en total 15 indagatorias ordenadas por Lijo a pedido del fiscal Carlos Stornelli, que advirtió una «matriz de corrupción, tráfico de influencias y conflicto de intereses» durante la pandemia, que envuelve a empresarios como Sigman y funcionarios del gobierno de Alberto Fernández.

Stornelli señaló en su dictamen que, a pesar de haberse puesto a disposición del país en una instancia temprana las vacunas Pfizer «desde el gobierno argentino no se avanzó en dicho sentido» y «se decidió avanzar con las contrataciones de las vacunas de AstraZeneca, Sputnik V y Sinopharm».

Y agregó: «Si se hubiese promovido desde las máximas autoridades del gobierno el avance de las negociaciones con Pfizer, presumiblemente se podría haber obtenido una importante cantidad de vacunas con una significativa antelación».

Ya en 2021, Sigman tuvo que salir a dar explicaciones sobre el fiasco de su vacuna con AstraZeneca, despegándose de las demoras.

Hugo Sigman aportó 4 millones de pesos a la campaña de Milei

A pesar de los lucrativos negocios con el gobierno de Alberto Fernández durante la pandemia, Sigman fue uno de los aportantes más fuertes a la campaña presidencial de Javier Milei.

Desde su posición de poder hizo un fuerte lobby durante tres años contra el tratado de patentes, debate que se arrastra hasta estos días ya que se volvió a aplazar su tratamiento en el Congreso.

El acuerdo con el Tesoro le mete presión al lobby de Sigman contra las patentes

La pelea por las patentes ya le había costado caro a Diana Mondino. La excanciller era partidaria de desregular y adherir a la normativa de EEUU, pero chocó con la resistencia de Javier Milei. Esa contradicción ideológica del presidente acaso estuvo motivada por los generosos aportes de campaña de los laboratorios liderados por Sigman y Sielecki.

Pero en la actualidad el gobierno de Milei se ve comprometido a tener listo el tratado antes de fin de mes en el marco de la firma del acuerdo comercial con los Estados Unidos. Eso, representa un golpe a los intereses de Sigman que, ahora, se encuentra comprometido en la Justicia por la causa de las vacunas.

 «Se ha podido establecer que aquellos funcionarios públicos que intervinieron en las contrataciones se habrían interesado en miras de beneficiar a, cuanto menos, los laboratorios oferentes de las vacunas identificadas como AstraZeneca, Sinopharm y Sputnik como así también a aquellos socios locales», dijo Stornelli

Según Stornelli, existieron «serias irregularidades de relevancia penal en el marco de los procedimientos de contratación con los laboratorios oferentes de vacunas contra el COVID-19».

«Se ha podido establecer que aquellos funcionarios públicos que intervinieron en las contrataciones se habrían interesado en miras de beneficiar a, cuanto menos, los laboratorios oferentes de las vacunas identificadas como AstraZeneca, Sinopharm y Sputnik como así también a aquellos «socios locales» que realizaron estudios clínicos de tales vacunas y/o intervinieron en sus procesos de fabricación y/o suministro, demorando, para ello, durante un período crucial en el que el Estado buscaba abastecerse de vacunas para inocular a la población, las negociaciones con el laboratorio Pfizer el cual había ofrecido suministrar vacunas en una etapa temprana», dijo el fiscal.

Y consideró que las maniobras habrían configurado «un notorio abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes que les correspondían en función de sus investiduras».

El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, hizo saber este viernes que el nuevo modelo penal de enjuiciamiento se posterga hasta febrero de 2027. Es el tercer atraso en la implementación de un modelo que ayudaría a reducir la politización de los juzgados federales y que fue la bandera del ex ministro Mariano Cúneo Libarona, que dejó el gobierno sin lograr su instrumentación.

Ahora, Mahiques adujo razones ligadas a los recursos para justificar esta nueva postergación, cuando hace unos días había indicado que no era ese motivo para suspender su inicio. El modelo ya se aplica en doce provincias pero se posterga en el fuero más sensible, porque juzga los casos de corrupción de los funcionarios del gobierno nacional.

Definido por la Constitución de 1994, el acusatorio lleva un retraso de 31 años en su aplicación. Su implementación provoca un cambio total de funciones y de influencias. Los todopoderosos jueces federales pierden su poder de investigar que pasa a los fiscales. Los tiempos eternos de las causas se terminan. Los trámites dejan de ser secretos y cada acto se transparenta en una audiencia pública.

Comodoro Py no tiene ninguna urgencia por cambiar esa realidad. Hoy los jueces de Retiro reciben una denuncia, la pisan años y la usan como herramienta de negociación política. «La saco y en un minuto tengo sentado a un diputado, a un ministro o al jefe de gabinete. La meto en un cajón y consigo que me deban algo», le dice un juez santafesino a LPO.

El gobierno ahora no descarta abrir la negociación de la Corte con Comodoro Py para acordar una «paz judicial» 

Otro tema central que también complica su instrumentación es la interna que existe para elegir el fiscal coordinador del nuevo sistema. Una suerte de mini procurador que tendrá peso en la definición de quien tomará cada causa.

Un tema central que también complica la instrumentación del sistema acusatorio es la interna que existe para elegir el fiscal coordinador del nuevo sistema. Una suerte de mini procurador que definirá quien tomará cada causa.

En el acusatorio son los fiscales los que, al controlar las investigaciones, toman el poder de los jueces. Lo que vienen rosqueando entre el Ministerio de Justicia y la Procuración General de la Corte es quién se queda con el rol de fiscal coordinador que define la línea de persecución y la asignación de cargas de trabajo. La interna se disputa entre tres exponentes del Ministerio Público Federal porteño.

Uno es Diego Luciani, fiscal de la causa Vialidad, que terminó en condena contra Cristina Kirchner. El otro es Carlos Stornelli, el fiscal de instrucción de la causa Cuadernos con una historia polémica, como estar en rebeldía en la causa por espionaje ilegal donde fue condenado Marcelo D’Alessio. El tercero es Ramiro González, el que celebró su cumpleaños con una fiesta de lujo en la que cantó Cristian Castro, y en la que estuvieron jueces federales, el operador macrista Daniel Angelici y hasta el ministro de la Corte Ricardo Lorenzetti.

Los jueces Daniel Petrone y Diego Barroetaveña.

«La pelea sigue siendo la misma, quién dirige la Procuración y el fiscal responsable. Hasta que ellos no tengan el nombre de quien va a alinear la tropa en Comodoro Py no van a hacer nada», dice un analista y funcionario que tiene su despacho en Retiro.

Coincide con esto Javier Alfie, director Ejecutivo del Instituto en Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip). «No hay nada más allá que una lucha de tribus al interior de la Procuración para definir cómo se tramitan causas que involucran corrupción. En esta pelea intervienen mafias judiciales que controlan Comodoro Py por quien se queda con la manija. Esta indefinición rutinaria que traba el acusatorio lo que hace es buscar que se prolongue un modelo garante de impunidad sistémica», le dijo a este medio.

El fiscal que investigó a Cristina por Vialidad suena como coordinador del nuevo modelo acusatorio

En el Inecip indican que van 13 años desde que se aprobó el Código Procesal Penal. Son tres años desde que el gobierno reactivó su implementación en todo el país, que anunció que lo haría en dos años. Y dos años desde que por primera vez se anunció una fecha de entrada en vigencia para Comodoro Py.

Esta indefinición rutinaria que traba el acusatorio lo que hace es buscar que se prolongue un modelo garante de impunidad sistémica.

Es esto, y no la mentada cuestión de recursos no asignados para el cambio, la que llevó a Mahiques a postergar el arranque de un sistema que, sin que se definieran nombramientos especiales, funciona en la mitad de la Argentina. Cuneo Libarona lo hizo dos veces. Debía empezar el 11 de agosto de 2025, lo cambió al 10 de noviembre del mismo año y al llegar esa fecha lo volvió a diferir para el 27 de abril de este año.

El calendario vuelve a estirarse. La Procuración General de la Corte a cargo de Eduardo Casal, que lleva un interinato de ocho años, indica que para cambiar el modelo judicial primero hay que garantizar recursos humanos, tecnológicos y edilicios.

Los problemas y justificativos que se dan para solicitar y obtener la venia del poder político para no empezar nunca con el acusatorio en Comodoro Py son materia pendiente de resolución en las 12 provincias que arrancaron con este sistema. Es un pretexto.

«Es un pretexto absoluto ese planteo», dice un funcionario desde adentro de la Justicia Federal de Rosario. «Los problemas y justificativos que se dan para solicitar y obtener la venia del poder político para no empezar nunca con el acusatorio en Comodoro Py son materia pendiente de resolución en las 12 provincias que arrancaron con este sistema». Que rige en Mendoza, Rosario, Mar del Plata, Salta, Corrientes y Bahía Blanca entre otras jurisdicciones.

En ningún lugar tienen resuelto los temas de nombramientos. En Rosario los jueces de garantías que afrontan las audiencias iniciales donde se imputa a un detenido son magistrados de Tribunales Orales que cubren esa función. En Corrientes para los juicios orales actúan un juez de General Roca y otro de Formosa.

Los jueces Ercollini y Martínez di Giorgi.

Los que en la Procuración definen con Casal para ver quién es el ungido como fiscal coordinador son Juan Manuel Olima y Juan Manuel Casanova. Pero nada saldrá sin la anuencia de la Casa Rosada o, por lo menos, una negociación.

En ese rumbo la que está tratando de tender puentes con Comodoro Py es Karina Milei, quien tiene preocupación e interés en que les frenen las causas en contra en camino. Con una gestión que ya atraviesa los últimos dos años la sensibilidad y el poder de presión de los jueces federales se activa. Mahiques y Santiago Viola, como delegados de Karina, van a querer incidir en los nombramientos de fiscal coordinador y fiscal revisor con el fin de suavizar los compromisos judiciales en la Casa Rosada.

Una reunión de Borinsky con Santiago Caputo agitó las versiones de su candidatura a la Corte

La puja por poner el procurador de la Corte que conduce a los fiscales federales también es parte de esta martingala. Los que buscan sentarse en la silla de Casal son los jueces Ariel Lijo y Mariano Borinsky, que también suena como posible candidato a la Corte Suprema.

Hay fiscales que se bancan sin una palabra que un juez federal tenga un pedido de indagatoria sin citar a los implicados durante siete años. Hay una morosidad tremenda del trabajo judicial en Comodoro Py, que tiene récord nacional en demoras y en cantidad de funcionarios.

Lo que hace doblarse de ironía a funcionarios judiciales que siguen esta rosca eterna es la preocupación que, tanto en la Procuración como en el ámbito de los jueces federales, alegan por los posibles inconvenientes de la entrada del acusatorio.

«Lo dicen muy serios fiscales que se bancan sin una palabra que un juez federal, por ejemplo, tenga un pedido de indagatoria sin citar durante siete años a los implicados. Hay una morosidad tremenda del trabajo judicial en Comodoro Py, que tiene récord nacional en demoras y en cantidad de funcionarios», dice el juez rosarino que habla con LPO.

Esa capacidad política de jugar con los tiempos en el sistema acusatorio se termina. Los fiscales federales investigan desde el inicio, deben llevar de inmediato a audiencia de imputados a breve lapso, que no deciden ellos sino una oficina de gestión judicial. Los jueces solo valoran las pruebas en una sala frente a público que entra sin restricciones.

Los jueces Borinsky y Hornos.

El Inecip consignó en un documento del año pasado que los fiscales federales de la CABA tienen la carga de trabajo más baja de todo el país. «Solo el 1 % de las condenas de Comodoro Py corresponden a delitos de alto impacto. El sistema acusatorio es imprescindible para optimizar el uso de los recursos y mejorar la actual tasa de 1 % de eficacia político-criminal».

Aunque después Comodoro Py le dobló el brazo, el año pasado a esos números Cuneo Libarona se los refregó a los fiscales que pedían prórroga porque no podrían enfrentar delitos complejos sin recursos. Le mandó una carta a Casal diciendo que solo el 3% de las causas que manejan son por delitos relevantes. Por ejemplo, en Comodoro Py las causas por narcocriminalidad representaron en 2024 el 0,84% del total, las de corrupción el 0,51% y las de criminalidad económica el 0,08%.

«Y eso pasa en un fuero en CABA con una cantidad desproporcionada hacia otros distritos en relación a sus recursos humanos», dice Alfie. «Incluso las fiscalías por la cantidad de empleados son incomparables a las jurisdicciones del interior del país».