Durante la campaña previa a las elecciones municipales del 27 de octubre entrevistamos al, hoy, intendente electo la ciudad de Villa Regina Marcelo Orazi. En el día de ayer presentó a su equipo de trabajo, nosotros te mostramos sus ideas y proyectos sobre algunos de los ejes claves de su gestión:
MEDIOAMBIENTE
…la quema de basura a cielo abierto en alta barda es un problema importante a solucionar en forma inmediata, debemos buscar un plan…
TURISMO
…primero hay que ordenar la ciudad, limpiarla, cuidar nuestra barda que está llena de basura, no podemos atraer turismo a Villa Regina en la situación donde se encuentra…
DESARROLLO ECONÓMICO
…tenemos que diversificar la economía, debemos buscar alternativas para nuestras chacras…
CONCEJO DELIBERANTE
…vamos a plantear la reforma de la Carta Orgánica que hoy en día ha quedado desactualizada…
GOBIERNO
Nos anticipamos a las elecciones preguntándole como le gustaría que sea recordada su gestión.
El Tribunal Oral Federal de Santa Cruz dictó, el pasado miércoles 8, la sentencia definitiva en el juicio por el hundimiento del submarino ARA San Juan: el excapitán de navío Claudio Villamide fue condenado a tres años de prisión en suspenso, mientras que el ex contralmirante Luis López Mazzeo, el ex capitán de navío Héctor Alonso y el ex capitán de fragata Hugo Correa fueron absueltos.
En la Armada hizo ruido la condena porque entienden que «la justicia no quiso ir más allá del Consejo Supremo y le dio a Villamide por la cabeza porque lo destituyó».
El criterio de los jueces, según la visión de la Marina, fue «si los propios militares lo encontraron responsable, entonces es el responsable, obviamente con la pena mínima de todo lo que le podían dar para que no vaya preso y siga su vida como Marino Mercante».
Respecto a la doctrina naval, un integrante de la Armada afirmó que «esto marca un antes y un después dado que es la primera vez que un comandante superior es condenado por una falta o un hecho que involucró a un comandante subordinado en algo que no es un delito sino un tema profesional».
«Ahora se va a plantear puertas adentro de la Armada es la responsabilidad de los comandantes superiores que tienen varias unidades a su cargo sobre fallas que involucran a comandantes subordinados, es decir, aquel principio de que el Comandante es el último que puede decidir si su buque está en condiciones de salir o no, eso ahora va a quedar en duda», agregó.
Lo que hicieron fue políticamente correcto, judicialmente aceptable, pero militarmente es un quilombo
Este militar activo puso como ejemplo que «si el comandante de la Fragata Libertad dice que está en condiciones y para su jefe le falta algo. Entonces no sale, pero estaría contrariando la voluntad de quien está al mando del buque».
Por último, aseguran que «lo que hicieron fue políticamente correcto, judicialmente aceptable, pero militarmente es un quilombo».
«Lo que dicen todos es que lo que habría que empezar a hacer a partir de ahora, es trabajar en volver a poner el Código de Justicia Militar para que en el futuro, si vuelve a pasar algo, sea juzgado dentro de los parámetros militares y no de los civiles», concluyó.
Con el ingreso del empresario Marcelo Figoli, se produjo un cambio de alto impacto en el esquema societario que controla el estadio mundialista José María Minella y del Polideportivo Islas Malvinas de Mar del Plata tras ocho meses de ausencia de obras y escándalos que golpearon de cerca a la contratista Minella Stadium.
En Mar del Plata sostienen que el desembarco del dueño de Fénix Entertainment Group viene a oxigenar financieramente a un proyecto que muchos veían encaminado hacia el naufragio de no llegar un socio de peso.
Como contó LPO, a poco de otorgarse la concesión por 30 años a Minella Stadium, su principal accionista, la brasileña Revee, se vio sacudida por lo que fue catalogado como el mayor fraude bancario en la historia de Brasil y que tiene entre sus principales investigados al Grupo REAG, controlante de Revee.
Desde entonces, la oposición presentó múltiples pedidos de informes para conocer la sustentabilidad financiera para avanzar en una inversión superior a los USD 40 millones. Mientras, el deterioro del Minella se profundizó y solo se pusieron algunos metros de alambrado.
Ahora, la llegada de Figoli es vista con expectativas en fuentes cercanas al municipio que destacan que Fenix ya cuenta con experiencia en la administración de grandes escenarios, como el Aconcagua Arena de Mendoza.
Incluso, este viernes, el intendente interino Agustín Neme apoyó el cambio y sostuvo la concesión. «Es una eventualidad de una situación. A veces puede pasar, son imponderables», dijo a Radio Brisas.
Pero en la oposición ven la transferencia de acciones de Minella Stadium como «una confesión de insolvencia».
«Lo que ha estado haciendo el Municipio desde el momento cero es improvisar groseramente uno de los patrimonios mas importantes de la ciudad», dijo el concejal de Acción Marplatense Horacio Taccone.
El dirigente pultista culpó a la gestión PRO por adjudicar la licitación a un grupo empresarial «que no tenía con qué afrontar inversiones reales».
De ninguna manera vamos a bajar esto. Yo confío mucho en la decisión que tomamos
Por eso, reclamó «un nuevo llamado a licitación verdaderamente transparente con un pliego solido que documente con claridad los objetivos de la concesión, el monto de las inversiones, los plazos de las obras y las sanciones por eventuales incumplimientos».
Sin embargo, Neme ratificó la concesión: «De ninguna manera vamos a bajar esto. Yo confío mucho en la decisión que tomamos».
Y agregó: «Es inviable que el Municipio sostenga con calidad de infraestructura y eventos el Minella y el Polideportivo. Lejos de dar de baja esto, trabajo para que haya nuevas oportunidades».
En Mar del Plata esperan que durante la próxima semana se definan los detalles del ingreso de Figoli en la concesión del Minella.
A través del Decreto 189/21, la Municipalidad de Villa Regina adhiere en todos sus términos a la Resolución del Ministerio de Salud de Río Negro Nº N° 8951/21 que establece el ‘PASE LIBRE COVID’ como requisito para asistir a aquellas actividades realizadas en el territorio de la provincia que representan mayor riesgo epidemiológico, además de…
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Cuando el vocero presidencial calificó a la Argentina como un «país bananero», desató una fuerte polémica. Sin embargo, la mayor contradicción no estaría en la frase en sí, sino en que el propio gobierno de Javier Milei impulsa políticas que, para sus críticos, acercan al país a la definición histórica de una «república bananera»: exportación primaria, extranjerización de los recursos estratégicos, dependencia de intereses foráneos y pérdida de soberanía.
Por Roque Pérez para NLI
¿Qué significa realmente «república bananera»?
La expresión «república bananera» fue acuñada en 1904 por el escritor estadounidense O. Henry para describir a países centroamericanos cuya economía dependía casi exclusivamente de la exportación de bananas y cuyo funcionamiento político estaba condicionado por grandes corporaciones extranjeras, especialmente la United Fruit Company.
Con el tiempo, el concepto dejó de referirse únicamente al monocultivo para transformarse en una categoría política. Hoy suele describir a Estados caracterizados por instituciones débiles, corrupción, dependencia económica, primarización de la economía y una fuerte influencia de potencias extranjeras sobre sus decisiones soberanas.
Precisamente por ese significado histórico fue que la frase del vocero presidencial generó rechazo. Porque si existe un debate abierto en la Argentina actual es si las políticas del Gobierno están fortaleciendo o debilitando la capacidad del Estado para decidir sobre sus propios recursos estratégicos.
Un modelo basado en materias primas y apertura irrestricta
Desde su llegada al poder, el gobierno de Javier Milei sostiene que la Argentina debe especializarse en aquellas actividades donde posee ventajas comparativas: agro, minería, petróleo y gas, relegando cualquier estrategia activa de industrialización.
A esa orientación económica se suma el impulso para modificar la legislación sobre tierras rurales. El proyecto promovido por el oficialismo elimina el límite nacional del 15% de tierras rurales en manos extranjeras y delega esa regulación en las provincias, además de flexibilizar otras restricciones vigentes. Diversos sectores políticos, académicos y ambientales advierten que esos cambios facilitarían una mayor extranjerización de recursos estratégicos y zonas con importantes reservas de agua y minerales.
Para los defensores del proyecto se trata de atraer inversiones. Para sus detractores, representa un paso más hacia un modelo donde los activos estratégicos nacionales quedan crecientemente bajo control de capitales extranjeros.
La discusión remite, justamente, al origen del concepto de «república bananera»: países cuya riqueza natural termina administrada por grandes intereses privados externos mientras el Estado reduce su capacidad de regulación.
La otra característica: corrupción e instituciones debilitadas
Otra de las características históricas asociadas al concepto de «país bananero» es la debilidad institucional acompañada por sospechas permanentes de corrupción.
Paradójicamente, el Gobierno que utilizó esa expresión enfrenta desde hace meses distintos cuestionamientos públicos. Entre ellos aparecen las denuncias derivadas del caso $LIBRA, las investigaciones periodísticas sobre supuestos pedidos de retornos conocidos mediáticamente como el «3%», las polémicas vinculadas con funcionarios del Ejecutivo, los gastos de Adorni, los vínculos de Espert y diversas causas que aún continúan en distintas instancias judiciales.
Más allá del resultado que finalmente tengan esas investigaciones, la contradicción política resulta evidente: mientras se descalifica al país utilizando un concepto asociado históricamente a corrupción y captura del Estado, el propio oficialismo convive con denuncias que alimentan ese mismo debate público.
Soberanía exterior: Washington, Tel Aviv y el alineamiento absoluto
La definición clásica de «república bananera» también incluía otro elemento central: la subordinación política frente a potencias extranjeras.
En ese aspecto, la política exterior de Javier Milei ha marcado un giro sin precedentes. El Presidente ha manifestado reiteradamente que sus principales aliados son Estados Unidos e Israel, alineando la política internacional argentina con las posiciones de Donald Trump y del gobierno israelí prácticamente sin matices.
Ese alineamiento se expresó en votaciones internacionales, acuerdos diplomáticos, cambios en la política exterior e incluso en decisiones simbólicas que modificaron décadas de tradición diplomática argentina.
Los críticos sostienen que ese esquema reduce los márgenes de autonomía estratégica del país y condiciona decisiones soberanas en función de intereses geopolíticos externos.
La reacción oficial también contrasta con la actitud que el propio Gobierno mostró frente a la reivindicación de la causa Malvinas durante el Mundial. Mientras la Selección Argentina posó orgullosamente junto a una bandera en defensa de la soberanía nacional antes del encuentro frente a Inglaterra, desde el oficialismo surgieron voces que cuestionaron ese gesto y buscaron desalentar la presencia de símbolos vinculados a las islas en los estadios, en línea con las restricciones impulsadas por la FIFA. La contradicción resulta difícil de disimular: se intenta exhibir firmeza frente a un buque británico después de haber quedado expuesto por una actitud que muchos interpretaron como complaciente con las exigencias internacionales y distante del histórico reclamo argentino sobre Malvinas.
La paradoja de llamar «bananero» al país
El término utilizado por el vocero presidencial nació hace más de un siglo para describir economías dependientes, con Estados débiles y gobiernos condicionados por grandes intereses extranjeros.
Por eso la polémica excede una frase desafortunada.
Porque mientras desde la Casa Rosada se utiliza «país bananero» como un insulto dirigido hacia la Argentina, la orientación económica del Gobierno apuesta a profundizar la especialización en materias primas, flexibilizar los límites para la compra de tierras por capitales extranjeros, reducir la intervención estatal sobre sectores estratégicos y sostener un alineamiento internacional casi automático con Washington y Tel Aviv.
En definitiva, la mayor contradicción no parece estar en la utilización del término, sino en que muchas de las políticas impulsadas por la propia administración libertaria son presentadas por sus críticos como rasgos que históricamente definieron precisamente aquello que el vocero pretendió utilizar como descalificación: una auténtica «república bananera».
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