El fiscal federal Gerardo Pollicita intimó a Manuel Adorni para que en un plazo de 15 días explique el explosivo crecimiento patrimonial que tuvo durante su paso por la gestión. El requerimiento de justificación patrimonial es el paso previo al llamado a indagatoria.
La medida de Pollicita era esperada desde hace tiempo en Comodoro Py, pero parecía haberse dormido con la renuncia del jefe de gabinete y el cambio de clima de los jueces federales con la Casa Rosada. Cambio de clima que en
los tribunales consideran directamente un pacto de impunidad.
El requerimiento de justificación patrimonial a Adorni se apoyó en un informe que realizó la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI), que analizó los ingresos y gastos de Adorni y su esposa Bettina Angeletti desde diciembre de 2023.
Adorni tendrá un plazo de 15 días para responder el pedido de Pollicita y tras eso podría ser llamado a indagatoria por enriquecimiento ilícito, una medida que quedará a decisión del juez federal Ariel Lijo.
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En su dictamen, Pollicita sostuvo que el análisis del informe de la DAFI y el cruce de datos con las declaraciones juradas y otras pruebas reunidas en la causa, «permitió advertir las inconsistencias que sustentan el requerimiento de justificación patrimonial». El dictamen tiene 20 puntos que Adorni deberá explicar y comprende una serie muy detallada de gastos que no se condicen con los ingresos del matrimonio.
Según detalló Clarín, el dictamen sostiene que durante la investigación confirmaron que durante el período investigado «Adorni percibió treinta y cinco haberes derivados del ejercicio de su cargo a los que se añaden los correspondientes a ingresos comprobados de su cónyuge». Esos recursos ascienden en conjunto a $ 229.752.283,20. Pero los Adorni se gastaron -según lo confirmado por la justicia- durante esa etapa al menos $ 272.820.832,20, por lo que no pueden justificar $ 43.068.549.
Pero el fiscal también lo intimó a que justifique gastos por
402.578,12 dólares. En el dictamen dice que los gastos en moneda dura «no encuentran correlato en los ingresos lícitos comprobados». Menciona viajes, alquileres, la adquisición del lote 380 del Country Indio Cuá y su refacción integral, la compra el departamento de Miró 550, y el mobiliario de esos inmuebles.
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