PorLa Tapa
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El Fondo Monetario le volvió a correr el arco al equipo económico. La revisión del programa prevista para este mes es volvió a postergar sin fecha cierta, aunque s ehabla de abril. La revisión del acuerdo con Argentina, que originalmente debía resolverse en noviembre. No es un tema burocrático, de la aprobación de esa instancia depende la liberación de fondos frescos para el país por unos USD 1.000 millones.
«En el staff técnico del Fondo consideran que el ritmo actual de acumulación de reservas no implica una mejora sustancial y se trata de un aspecto clave para evaluar la sostenibilidad externa del plan económico», explicó a LPO un economista al tanto de las negociaciones.
Por eso, lo que está en juego no es la revisión en sí, sino el waiver que el organismo tendrá que conceder por el incumplimiento de la meta de reservas. Es una escena conocida: el gobierno necesita esa dispensa para mantener vivo el programa y destrabar los desembolsos. «Este delay debe leerse como un reto, pero no hay soltada de mano», agregó la fuente.
El FMI, mientras tanto, gana tiempo. El problema es que la distancia entre lo prometido y lo logrado se volvió demasiado grande para disimularla. Según la consultora EcoGo, que dirige Marina Dal Poggetto, el desvío respecto de la meta de acumulación de reservas ronda los USD 20.000 millones. Un número que obliga a recalcular todo el programa.
En la última revisión comparable, en julio de 2025, la brecha había sido de apenas USD 3.000 millones. Aquella revisión de julio ocurrió durante la primera evaluación del acuerdo firmado en abril de 2025. El programa exigía que para el segundo trimestre el Banco Central hubiera acumulado unos USD 4.700 millones de reservas internacionales netas. La meta no se cumplió. El BCRA quedó corto, entre pagos de deuda y una estrategia deliberada del gobierno de no emitir pesos para comprar dólares en el mercado.
Según la consultora EcoGo, que dirige Marina Dal Poggetto, el desvío respecto de la meta de acumulación de reservas ronda los USD 20.000 millones. Un número que obliga a recalcular todo el programa.
Aun así, el Directorio del FMI decidió aprobar la revisión y otorgar un waiver por ese incumplimiento. El argumento fue que el resto de las metas del programa estaban razonablemente encaminadas. La decisión habilitó un desembolso inmediato de unos USD 2.000 millones (equivalentes a DEG 1.529 millones) y el organismo además recalibró el sendero de acumulación de reservas, admitiendo que el punto de partida del programa había sido demasiado optimista.
La historia ahora es distinta. La distancia con las reservas es mucho mayor y el margen político para repetir aquella indulgencia parece más estrecho. El gobierno sostiene que el problema no es la falta de dólares sino la forma en que entran y salen.
En lo que va de 2026 el BCRA compró USD 3.100 millones, pero las reservas no acompañan ese movimiento. Las reservas brutas subieron unos USD 4.600 millones en lo que va del año, pero las reservas netas cayeron más de USD 3.000 millones porque hay que descontar los distintos pasivos del Banco Central.
La razón es sencilla: sin acceso a los mercados internacionales, el Tesoro debe pagar sus vencimientos en efectivo. Para hacerlo, el BCRA le vende los dólares. El resultado es una contabilidad extraña.
Para entender ese movimiento hay que mirar el balance cambiario. El último disponible es el de enero. Allí aparece el patrón que dominó casi todo 2025: déficit de cuenta corriente compensado por ingreso de capitales financieros. Ese mes la cuenta financiera registró un superávit de USD 3.147 millones, suficiente para que las reservas del BCRA aumentaran USD 2.240 millones.
La cuenta corriente, en cambio, arrojó un rojo de USD 919 millones, El superávit comercial llegó a USD 2.014 millones. Del lado financiero, el ingreso de divisas tuvo tres motores claros: el repo por USD 3.000 millones que tomó el BCRA, la venta de USD 1.742 millones de divisas del sector financiero y el rubro préstamos y líneas de crédito, que aportó USD 2.030 millones, el tercer registro más alto desde la asunción de Javier Milei.
Pero buena parte de esos dólares volvió a salir. La línea de compraventa de billetes del sector privado no financiero marcó un déficit de USD 2.730 millones. Dentro de ese número, las personas humanas explicaron USD 3.103 millones. Fue el mayor saldo negativo para un mes de enero en toda la serie. Parte corresponde al pago de consumos con tarjeta en dólares y a transferencias al exterior.
La incógnita hacia adelante es si este esquema se puede sostener. La estrategia oficial apuesta a que la cuenta financiera siga aportando dólares mientras el comercio exterior mejora con la cosecha. Pero el interrogante es cuánto de ese flujo terminará en atesoramiento privado y cuánto en reservas del Banco Central, sobre todo en un escenario que luce más exigente hacia 2027, con elecciones y vencimientos de deuda más pesados.
En el medio aparece un mecanismo financiero que en los despachos del Fondo siguen con atención. Funciona así: el Banco Central compra dólares emitiendo pesos. Luego el Tesoro absorbe esos pesos colocando deuda. Después el propio Tesoro usa esos pesos para volver a comprarle dólares al BCRA. El resultado es que la cantidad de pesos queda relativamente estable, el Banco Central no acumula reservas y el stock de deuda del Tesoro sigue creciendo.
Desde el piso 22 del evento que organizó JPMorgan en Nueva York, Javier Milei se permitió cruzar una línea «Tenemos equilibrio fiscal y nuestras cuentas externas se van a favorecer; preparate Santiago porque te van a salir los dólares por las orejas», le dijo en público a Bausili, presidente del Banco Central. Y enseguida agregó una advertencia: «Que esos dólares no se vayan a inflación. Cuidado cómo los comprás».
La escena refleja otro punto que inquieta al establishment financiero: la independencia del Banco Central. En el modelo que admiran los inversores (Chile, Perú, incluso Brasil) el banco central se ocupa de la política monetaria y el gobierno de la fiscal. Esa división es un dogma en ese universo.
«El FMI está pidiendo flexibilizar encajes y aflojar la política monetaria después del ajuste previo a las elecciones de medio término», contó a LPO una fuente al tanto de las negociaciones. Según esta fuente, el FMI reclama además una hoja de ruta clara para desarmar el cepo.
A eso se suma el ruido político. Las salidas de Marco Lavagna del INDEC por defender el cambio metodológico fue financiado por el propio FMI; y de Alejandro Lew, que tenía en sus manos la estrategia de regreso al mercado internacional, agregaron incertidumbre en Washington.
En ese contexto, la postergación de la revisión funciona como un mensaje. «Es un tirón de orejas, no una ruptura», resumió la fuente consultada y remarcó «El Fondo no está dispuesto a soltar la mano. Pero tampoco quiere firmar el perdón sin antes ver cómo piensa el gobierno cerrar el agujero de reservas».
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El gobierno confía que este jueves conseguirá en el Senado la media sanción de la modificación a la Ley de Glaciares con los votos del bloque de Carolina Moisés y los peronistas Sergio Uñac y Lucía Corpacci.
La senadora jujeña acaba de separarse del interbloque de José Mayans y se convirtió en vicepresidenta de la cámara con el respaldo de los 44 antikirchneristas, quedándose sorpresivamente con el lugar que le correspondía a la principal fuerza opositora. Si se inclina por la afirmativa, su postura serviría de excusa para que sus excompañeros de bancada se reconforten en el reproche por su acompañamiento a Javier Milei.
Uñac y Corpacci, por su parte, ni siquiera asistieron este miércoles a la reunión del bloque peronista. La catamarqueña preside el PJ de su provincia y, aunque se encolumna bajo el liderazgo de Cristina Kirchner, se cuida siempre de no desairar a su gobernador pero, encima, cultiva un profundo malestar después que Mayans blandiera su nombre para compulsar contra Moisés en vano, por el sillón que dejó vacante Silvia Sapag.
Por lo demás, fuentes del oficialismo adelantaron a LPO que cuentan con el apoyo de los gobernadores Raúl Jalil y Marcelo Orrego, quienes expusieron a favor de los cambios a la norma aprobada el 30 de septiembre de 2010, con el histórico voto de Miguel Pichetto.
«No hay impacto ambiental más negativo que la pobreza»
El propio Orrego anunció este martes que los diputados que le responden, Nancy Picón Martínez y Carlos Jaime Quiroga, tienen la orden de votar por la afirmativa pero aprovechó para pronunciarse contra los peronistas que rechacen la iniciativa en la Cámara Alta. «Votar en contra de esta ley es votar en contra del desarrollo, del empleo y del futuro de los sanjuaninos», dijo.
A Uñac, de todas formas, lo asiste incluso la postura del exgobernador José Luis Gioja, que no solo se opuso a la ley nacional vigente sino que impulsó una legislación provincial que flexibilizó las condiciones impuestas por el Congreso. Además, su hermano César Gioja se desempeñaba en 2010 como senador y votó contra la normativa impulsada en ese entonces.
Carolina Moisés y Flavia Royón.
En rigor, Moisés, que se abrió junto a Sandra Mendoza y Guillermo Andrada con Convicción Federal, más Corpacci y Uñac, sumarían cinco voluntades al lote de los 21 libertarios, los dos misioneros, los dos santacruceños, el correntino Carlos «Camau» Espínola, la salteña Flavia Royón y la neuquina Julieta Corroza. En total serían 33 y habría que agregarles alrededor de cinco radicales, porque se espera que el bloque de la UCR también se divida.
Cerca de Eduardo Vischi comentaron a LPO que la preocupación radical se basaba en «las competencias de las provincias cuando se tomen decisiones que afecten a otras» y se evaluaban «alternativas para dirimir las discusiones».
Votar en contra de esta ley es votar en contra del desarrollo, del empleo y del futuro de los sanjuaninos.
El dictamen que se estará este jueves en las bancas todavía no estaba totalmente pulido, al cierre de esta nota. A ese trabajo de correcciones y negociaciones se dedicaban en la tarde de este miércoles el libertario Agustín Coto, la salteña Flavia Royón, la chubutense Edith Terenzi y la santacruceña Natalia Gadano.
En el bloque de Patricia Bullrich, no obstante, aseguraron a LPO que la ley saldría. «De piso, tenemos 38 votos pero podemos acercarnos un poco más al techo de 44», dijeron.
Los libertarios reivindican que «no se va a tocar el inventario de glaciares» hecho por el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) y se jactan de promover el respeto pleno al artículo 124 de la Constitución Nacional, que establece que las provincias tienen la potestad sobre los recursos que provean sus suelos. «Vamos a usar los argumentos de Cristina para el veto de 2008», anticipan.
La ley en debate se basa en el cuestionamiento a la pericia del IANIGLA para inventariar con imágenes satelitales los miles de glaciares del país. Un senador de LLA lanzó ante LPO una crítica furiosa «al progresismo de Palermo que impulsó la ley Bonasso», en referencia al periodista y exdiputado Miguel Bonasso. «No vamos a tocar el artículo del objeto protegido pero necesitamos que las provincias puedan decidir si habilitan la minería o no en glaciares de escombros, donde no hay relevancia hídrica», argumentó.
En los últimos 10 años se observó una reducción del 17 por ciento en la superficie glaciar del noroeste del país, precisamente en las zonas donde más se necesitan como reservas y reguladores del recurso hídrico.
A pedido de los gobernadores, los libertarios repusieron la primacía de los distritos provinciales por encima de los criterios científicos del IANIGLA para que sea cada jurisdicción, en base a sus propios estudios de impacto ambiental y con la legitimidad social que emane de audiencias públicas, la que resuelva si una zona de glaciares o sus adyacencias pueden abrirse a la minería u otro tipo de producción.
Según la última actualización del inventario del IANIGLA, apuntó Eugenia Testa, redactora de la ley de 2010 y actual directora del Círculo de Políticas Ambientales, «en los últimos 10 años se observó una reducción del 17 por ciento en la superficie glaciar del noroeste del país, precisamente en las zonas donde más se necesitan como reservas y reguladores del recurso hídrico». «Estas áreas corresponden en gran parte a las provincias cuyos gobernadores hoy buscan flexibilizar la norma que los protege», alertó.
Con el color y la alegría de las distintas colectividades que desplegaron en el polideportivo Cumelen su música, danza y gastronomía, comenzó el sábado la XVI Fiesta del Inmigrante, segunda de carácter provincial. La celebración tuvo su acto de apertura encabezado por el Intendente Marcelo Orazi, acompañado por los legisladores Marcela Ávila, Silvia Morales y…
