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Milei reordenó por decreto el corazón del Estado y dejó a un solo ministerio a cargo de la energía, el transporte, la obra pública, Vialidad, los organismos de control y hasta el sector nuclear. La concentración inédita de funciones anticipa tarifazos, privatizaciones encubiertas y una entrega abierta de áreas estratégicas que afectará de lleno a los argentinos.
Por Celina Fraticiangi para NLI
El Decreto 866/2025, publicado hoy en el Boletín Oficial, reescribió de punta a punta la estructura del Ministerio de Economía y lo convirtió en un superministerio. Donde antes había áreas divididas entre producción, obra pública, transporte, minería, energía o infraestructura, ahora todo se ordena bajo un único mando político.
Según el nuevo organigrama, Energía, Minería, Transporte, Obras Públicas, Infraestructura, Asuntos Nucleares y Agua quedan dentro del mismo paquete administrativo. También se incorporan organismos clave como la CNRT, la ANSV, la ANAC, el ORSNA, la Junta de Seguridad en el Transporte, Vialidad Nacional, el Instituto Nacional del Agua y el Tribunal de Tasaciones.
El movimiento no es técnico: es político. Con esta estructura, el Gobierno se asegura que las decisiones sobre precios, subsidios, obras, concesiones, contratos, privatizaciones y energía dependan de una sola mesa, sin controles cruzados ni miradas divergentes. Un modelo estatal hecho a la medida de la desregulación.
El rediseño de la Secretaría de Energía —con nuevas subsecretarías para electricidad, combustibles líquidos, gas y transición energética— arma el terreno para nuevos aumentos de tarifas, segmentación más agresiva y liberalización de precios.
La presencia de áreas específicas para cada mercado energético es funcional a un objetivo: acomodar regulaciones y contratos para que los valores finales reflejen “precios de mercado”, es decir, más altos. La estructura está pensada para que nada frene ese proceso.
En transporte será similar. La Secretaría de Transporte, que reúne trenes, colectivos, logística y aviación civil, aparece diseñada para reducir subsidios, avanzar hacia tarifas plenas y preparar nuevas concesiones. Con la CNRT y la ANSV bajo la órbita de Economía, el ministerio controla la regulación, la supervisión y la operación de todos los sistemas.
El impacto para los argentinos será concreto: boletos más caros, servicios más inestables y un avance de privados sobre rutas, ferrocarriles, puertos y aeropuertos.
Al incorporar Obras Públicas, Vialidad Nacional, ORSEP y el Tribunal de Tasaciones, el superministerio queda a cargo de toda la infraestructura del país. Desde rutas y puentes hasta sistemas de agua, mantenimiento de represas y proyectos urbanos.
Esto le da a Milei, en la figura de Toto Caputo, un instrumento político directo: decidir qué provincia recibe obra, cuál no y cuáles proyectos quedan paralizados. En un contexto de recorte extremo, la obra pública será la herramienta para disciplinar gobernadores y avanzar con modelos de privatización de corredores viales, cobro de peajes o concesiones largas.
La nueva estructura no incorpora áreas para planificación o desarrollo federal, lo que confirma el enfoque: menos Estado, más mercado, menos coordinación territorial.
En un movimiento inesperado, el decreto crea la Secretaría de Asuntos Nucleares, con dos subsecretarías propias. El sector nuclear vuelve a tener rango político, pero sin el fortalecimiento técnico de siempre. La novedad es que la agenda se orienta a aplicaciones comerciales, exportaciones tecnológicas y articulación con empresas privadas.
Sin referencias fuertes a Atucha III, al CAREM o a la planta de agua pesada, el riesgo es claro: postergación de proyectos estratégicos, pérdida de capacidades del sistema científico y apertura a la participación privada en un área históricamente controlada por el Estado.
Otro gesto de entrega en un campo donde Argentina es líder mundial.
La reorganización del Ministerio de Economía no sólo cambia nombres: reordena el poder real. Concentra presupuesto, organismos técnicos, infraestructura, energía, transporte y minería en un único espacio político. No existe antecedente reciente de algo semejante.
Mientras Milei proclama achicar el Estado, la reforma hace lo contrario: lo centraliza. Pero lo centraliza para liberar precios, desregular mercados, acelerar privatizaciones y desplazar el rol público en áreas estratégicas.
Los argentinos verán sus efectos en el bolsillo, en las tarifas, en la obra pública frenada, en la infraestructura privatizada, en la energía dolarizada y en servicios básicos cada vez más caros y más lejos del control democrático.
El nuevo superministerio es, en los hechos, el Estado mínimo que sueña Milei: concentrado arriba, privatizado abajo y hecho a medida del mercado.
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