PorLa Tapa
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Crece el rechazo de entidades del campo a una resolución del Senasa apoyada por Federico Sturzenegger que desregula a partir del año que viene la vacunación contra la fiebre aftosa.
Las 16 sociedades rurales del sudeste bonaerense nucleadas en Carbap se reunieron esta semana para tratar el tema y salieron con un duro comunicado en el que advierten que la medida del Gobierno «desarma el sistema sanitario que controló y erradicó la fiebre aftoso en el país».
La resolución 201/2026 del Senasa, que permite desde 2027 la libre elección de veterinarios privados para la vacunación antiaftosa y antibrucélica, barriendo así con el control que en este esquema vienen manteniendo las fundaciones sanitarias.
El campo rechazó el plan de Sturzenegger para desguazar el Instituto de la Carne
Para las rurales del sudeste, con esto se desarma el sistema por el cual las campañas de vacunación son auditables por Senasa y atomiza de forma «incontrolable» su operatividad, impidiendo llevar un orden y control para su efectivo cumplimiento.
Además, advirtieron que la nueva normativa «hará imposible auditar y garantizar la cadena de frío, condición fundamental para mantener la eficacia de las vacunas».
En caso de entrar en vigencia la Resolución 201/2026, queremos deslindar todo tipo de responsabilidades ante cualquier fracaso sanitario futuro
La medida había sido fuertemente celebrada por Sturzenegger que, en un posteo en X sostuvo que esa decisión «revoluciona la aplicación de la vacuna aftosa en argentina, respondiendo a una demanda de años del sector ganadero».
«La resolución también sube al ruedo a los veterinarios que podrán registrarse libremente para ellos también ofrecer el servicio, quizás comprando las vacunas a un distribuidor nacional, al ente o directamente a los laboratorios. Los entes seguirán, pero ahora estarán obligados a competir en un ecosistema mucho más diverso», dijo el ministro de Desregulación.
La discusión por la potestad en el manejo de la vacunación anti aftosa se desató desde el arranque del gobierno de Javier Milei y genera tensiones internas en la Mesa de Enlace.
Fuerte interna en la Mesa de Enlace por el fin del monopolio de la vacuna antiaftosa
Ya en 2024, LPO contó que la Sociedad Rural Argentina (SRA) comenzó a impulsar la libre elección del productor al momento de vacunar.
A 32 años del último foco de fiebre aftosa y libre el país de esa enfermedad, en la Rural hay quienes creen que el sistema de fundaciones se «desvirtuó» y plantean que los productores puedan vacunar si necesidad de pagarle a estos entes. Pero en CRA y Carbap salieron fuerte en defensa de las fundaciones.
En esa línea fue el mensaje de las rurales del sudeste: «Esta nueva norma atenta contra el cumplimiento de las campañas establecidas por el SENASA, que deben realizarse en tiempo y forma para lograr una inmunidad en bloque», advirtieron.
Reunión de las rurales del sudeste esta semana en Ayacucho, donde manifestaron un fuerte rechazo a la desregulación sanitaria.
Frente a eso, le propusieron al Senasa «rever la medida dictada» y establecer un «sistema de control conjunto (Estado/privados) que permita monitorear, evaluar y eventualmente corregir costos, teniendo en cuenta que la fortaleza de este sistema se ha basado en el financiamiento y manejo de los recursos por parte de los propios interesados, que son los productores ganaderos».
«En caso de entrar en vigencia la Resolución 201/2026, queremos deslindar todo tipo de responsabilidades ante cualquier fracaso sanitario futuro», señalaron en las rurales del sudeste.
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Martín Llaryora encontró en la seguridad uno de los ejes para intentar perforar la resistencia que tiene el peronismo cordobés en los sectores medios de Córdoba, proclives a votar a La Libertad Avanza en las últimas elecciones. Por eso decidió que la flamante Ley Antibúnker tenga un protagonista indiscutido: el ministro del área, Juan Pablo Quinteros, un dirigente que no pertenece al peronismo, que construyó su carrera política desde la oposición y cuyo apellido remite a una de las familias tradicionales de la aristocracia capitalina.
La sanción de la Ley Provincial Antibúnker y Antiaguantaderos terminó así convirtiéndose en una herramienta más política que efectiva contra el narcotráfico.
Aunque la ley le otorga al Ministerio de Seguridad un rol central y podrá iniciar actuaciones de oficio o por denuncias, inspeccionar inmuebles, ordenar intimaciones a propietarios, disponer clausuras preventivas, tapiados, cerramientos, bloqueos de accesos y custodia perimetral, Quinteros no podrá ordenar demoliciones por decisión propia; una decisión que quedará en manos de un juez.
En el Centro Cívico la leen como una plataforma para seguir instalando a Quinteros como uno de los aspirantes del oficialismo a disputar la intendencia de Córdoba cuando concluya el mandato de Daniel Passerini.
De hecho, Llaryora se encargó personalmente de darle centralidad cuando lo sentó a su lado durante la presentación del proyecto. El gobernador sostuvo que los búnkeres representan mucho más que un punto de venta de drogas: son la expresión territorial del poder narco y el Estado debe recuperar esos espacios para devolverles tranquilidad a los vecinos, dijo.
En el Panal reconocen que la Capital sigue siendo el distrito más complejo para el oficialismo. Passerini transita el desgaste natural de la gestión municipal y todavía no aparece un heredero indiscutido dentro del peronismo. En ese escenario, el gobernador volvió a demostrar que no tiene reparos en apostar por dirigentes extrapartidarios si considera que pueden ampliar la base electoral.
Quinteros encaja perfectamente en esa lógica. Llegó al gabinete desde la oposición, sin pertenecer al PJ ni al cordobesismo tradicional. Su incorporación fue una señal de apertura política que ahora adquiere una nueva dimensión: la posibilidad de transformarse en candidato del oficialismo para la ciudad de Córdoba e intentar aligerar el peso de los 28 años de peronismo.
