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Mientras el Gobierno vende la derogación de normas “ridículas” como parte de una limpieza burocrática, en el paquete aprobado en Diputados aparecen leyes vinculadas a soberanía tecnológica, producción pública de medicamentos y control estatal sobre contratos con multinacionales. Detrás de la motosierra administrativa emerge otro objetivo: desmontar herramientas históricas de regulación sobre sectores estratégicos.

Por Celina Fraticiangi para NLI

Federico Sturzenegger eligió una puesta en escena eficaz. Habló de leyes sobre palomas mensajeras, registros absurdos, microfilmaciones olvidadas y regulaciones de otra época para justificar la llamada “Ley Hojarasca”. El relato oficial funciona porque mezcla normas efectivamente obsoletas con otras que, lejos de ser decorativas, todavía expresan una determinada idea de soberanía económica y tecnológica.

Entre esas normas aparece una de las menos discutidas públicamente pero más sensibles del paquete: la Ley 22.426 de Transferencia de Tecnología, sancionada en 1981 y orientada a regular contratos entre empresas locales y compañías extranjeras vinculados a patentes, marcas, licencias industriales, asistencia técnica y know how. La norma obligaba a registrar esos acuerdos y permitía al Estado intervenir frente a cláusulas consideradas abusivas o perjudiciales para el interés nacional. En otras palabras, el Estado conservaba capacidad de supervisión sobre relaciones comerciales donde históricamente existieron enormes asimetrías entre corporaciones multinacionales y empresas argentinas.

La derogación podría pasar inadvertida si no fuera porque uno de los sectores más atravesados por contratos de transferencia tecnológica es justamente el farmacéutico. Patentes, fórmulas, licencias, propiedad intelectual y derechos de fabricación forman parte del corazón económico de los grandes laboratorios internacionales. Y ahí es donde el proyecto libertario empieza a mostrar una coherencia política mucho más profunda que la simple eliminación de “normas viejas”.

El Gobierno no sólo impulsa la caída de la Ley 22.426. También busca derogar la Ley 26.688, que declara de interés nacional la investigación y producción pública de medicamentos y respalda jurídicamente a laboratorios estatales nacionales y provinciales. La combinación resulta difícil de leer como una casualidad: menos capacidad estatal para controlar contratos tecnológicos, menor respaldo político a la producción pública y una apertura cada vez más amplia a corporaciones extranjeras en sectores estratégicos.

La cuestión farmacéutica ocupa desde hace décadas un lugar central en la política exterior de Estados Unidos. Washington históricamente impulsó esquemas de protección de propiedad intelectual favorables a grandes laboratorios multinacionales, especialmente en debates sobre patentes, genéricos y regulación sanitaria. En Argentina, esas tensiones reaparecieron una y otra vez alrededor del acceso a medicamentos, la fabricación estatal y la capacidad del país para desarrollar tecnología propia sin depender completamente de compañías extranjeras.

En ese contexto, las derogaciones promovidas por Milei adquieren otra dimensión. Ya no se trata solamente de “desregular”. Lo que emerge es un cambio de paradigma: pasar de un modelo donde el Estado retenía herramientas de control sobre sectores estratégicos a otro donde esas relaciones quedan prácticamente libradas al mercado y a la capacidad de negociación de grandes actores privados.

La narrativa de la “hojarasca” cumple entonces una función política precisa. Mientras la discusión pública gira alrededor de leyes extravagantes y normas olvidadas, avanzan modificaciones sobre estructuras sensibles vinculadas a medios de comunicación, soberanía tecnológica, patrimonio cultural y producción sanitaria. El paquete aparece diseñado para licuar el debate político detrás de una estética antipolítica basada en la idea de “limpiar privilegios” y eliminar regulaciones absurdas.

La Ley 22.426 nació en un período marcado por discusiones sobre dependencia tecnológica y fuga de divisas. En aquellos años, buena parte de América Latina debatía cómo impedir contratos abusivos donde empresas extranjeras imponían regalías excesivas, restricciones productivas o mecanismos de subordinación económica a compañías locales. Con el tiempo, varias de esas herramientas fueron perdiendo peso práctico por reformas posteriores, pero su existencia seguía representando una concepción política concreta: entender la tecnología y el conocimiento como áreas estratégicas y no simplemente como mercancías sujetas al poder del mercado.

Ahí aparece el verdadero núcleo ideológico del proyecto libertario. Muchas de las normas incluidas en la “Ley Hojarasca” no son derogadas porque hayan quedado inútiles, sino porque expresan principios incompatibles con la lógica política de Milei: intervención estatal, regulación económica, protección de sectores estratégicos y defensa de herramientas de soberanía nacional.

Por eso, detrás de la supuesta limpieza administrativa, empieza a asomar algo bastante más profundo que una depuración burocrática. Empieza a discutirse qué margen de autonomía conserva un país cuando renuncia voluntariamente a regular áreas donde se juegan salud, tecnología, comunicación y poder económico.

 

 

Copete

La historia de Manuel Adorni ya no se parece solamente a una investigación patrimonial. Se parece, sobre todo, a un cuento. Un muñeco de madera que aseguraba decir siempre la verdad, un Gepetto dispuesto a defenderlo contra cualquier evidencia, un misterioso pendrive convertido en cofre del tesoro y una enorme ballena esperando al final del camino. La diferencia es que Carlo Collodi escribía ficción. La política argentina, a veces, parece empeñada en superarla.

Por Tomás Palazzo para NLI

Hay una razón por la que Pinocho sigue siendo uno de los personajes más universales de la literatura. Su historia no habla simplemente de un niño de madera que miente, sino de la imposibilidad de sostener una mentira indefinidamente. Cada engaño deja una marca visible. Cada intento de explicar una contradicción genera una nueva contradicción. La nariz crece porque la realidad termina imponiéndose sobre el relato.

Manuel Adorni parece haber encontrado una versión del siglo XXI para esa vieja metáfora. En lugar de una nariz de madera, apareció un pendrive. No cualquier pendrive: según explicó en televisión, allí permanecieron guardados durante años más de medio millón de dólares en Bitcoin, un patrimonio que definió como un «trofeo» y que no había sido incorporado a sus declaraciones patrimoniales hasta que la investigación judicial y periodística comenzó a exponer inconsistencias difíciles de explicar.

La imagen es poderosa por sí sola. Mientras el personaje insiste en que siempre dijo la verdad, la memoria USB termina ocupando el lugar que en el cuento ocupaba la nariz. Allí se almacenan archivos, movimientos, operaciones, declaraciones rectificativas y explicaciones sucesivas que modifican las anteriores. Ya no se trata solamente de una discusión contable sino de un problema narrativo: la historia original dejó de ser suficiente para explicar la realidad.

Durante meses, el jefe de Gabinete sostuvo que su patrimonio estaba debidamente declarado y que las denuncias respondían a operaciones políticas. Sin embargo, con el avance de la investigación comenzaron a conocerse compras inmobiliarias, refacciones de alto valor, viajes, operaciones con criptomonedas y finalmente la existencia de activos que no habían sido declarados oportunamente y que luego fueron incorporados mediante declaraciones rectificativas aprovechando el nuevo régimen de regularización fiscal impulsado por el propio Gobierno.

La paradoja política resulta inevitable. La administración de Milei llegó al poder prometiendo una superioridad moral sobre la denominada «casta», presentándose como el gobierno que venía a terminar con los privilegios, las maniobras oscuras y la opacidad patrimonial de los funcionarios públicos. Sin embargo, uno de sus hombres más importantes terminó admitiendo la existencia de cientos de miles de dólares no declarados mientras argumentaba que se trataba de una situación habitual entre los argentinos.

Allí aparece otro personaje del cuento.

Gepetto.

En la historia de Carlo Collodi, el viejo carpintero construye a Pinocho con paciencia y amor, convencido de que algún día se convertirá en un niño de verdad. En esta versión política, Milei parece decidido a defender a su criatura incluso cuando el propio relato comienza a resquebrajarse. Las críticas son calificadas como operaciones, las investigaciones como persecuciones y las contradicciones como simples malentendidos administrativos. Pero ni siquiera Gepetto podía impedir que la nariz creciera cuando el muñeco elegía el camino de la mentira.

La filosofía siempre distinguió entre la verdad y la verosimilitud. Una mentira bien contada puede parecer verdadera durante mucho tiempo, hasta que los hechos empiezan a acumularse. Aristóteles sostenía que la coherencia es una condición indispensable de la verdad: un relato que necesita corregirse permanentemente termina revelando sus propias fisuras. En política ocurre exactamente lo mismo. No es una sola explicación la que genera desconfianza, sino la necesidad constante de reemplazarla por otra.

Cada nueva versión agrega un nuevo archivo al pendrive. Primero fue la defensa absoluta. Después aparecieron las criptomonedas. Luego llegaron las rectificaciones patrimoniales. Más tarde la explicación del «trofeo». Finalmente la apelación al régimen de Inocencia Fiscal impulsado por el propio oficialismo. El dispositivo ya no guarda solamente bitcoins: almacena una cronología completa de justificaciones que fueron modificándose a medida que avanzaban las preguntas.

Y entonces aparece la ballena.

En el cuento original, Pinocho termina dentro del enorme animal marino después de una larga cadena de errores. No es un castigo divino sino la consecuencia de sus propias decisiones. La ballena de Adorni podría ser su propio relato, una construcción que fue creciendo hasta volverse imposible de controlar. Cada nueva declaración intenta explicar la anterior y, al hacerlo, crea una nueva incógnita. No hay persecución capaz de fabricar esas contradicciones; nacen del propio discurso.

Queda un último personaje por ingresar a escena.

El hada madrina.

En la literatura aparece para ofrecer una oportunidad de redención, pero sólo cuando el protagonista decide abandonar el engaño. En la Argentina ese papel quedará reservado para Comodoro Py, el lamentable lugar donde las verdades no importan y que avergüenzan a una Justicia. Quedará por verse si Lijo (viajecito a París mediante) acepta interpretar al hada madrina o si, por el contrario, decide que la madera siga siendo madera. Una cosa distingue a los cuentos de la realidad: en la vida pública las narices no siempre crecen, pero los patrimonios sí.

Porque existe una sentencia que no depende de ningún tribunal. La confianza pública se construye sobre la coherencia entre lo que un funcionario dice y lo que termina admitiendo cuando las evidencias aparecen. Carlo Collodi escribió que Pinocho sólo pudo convertirse en un niño verdadero cuando dejó de mentir. La política argentina ofrece una versión distinta del cuento: un muñeco cuya nariz ya no es de madera sino un pendrive repleto de archivos, un Gepetto que insiste en defenderlo y una ballena hecha de contradicciones que amenaza con tragarse una historia que pretendía ser perfecta.

Porque en los cuentos las narices crecen. En la vida pública, a veces, lo que crece son las explicaciones. Y cuando eso ocurre, la metáfora deja de ser literatura para convertirse en noticia.