PorLa Tapa
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Con la mirada puesta en la crisis de empleo -según datos oficiales, Córdoba perdió más de 10.000 puestos formales privados desde la asunción de Milei hasta octubre de 2025, lo que equivale a una caída de alrededor del 1,9 %-, Martín Llaryora se subió al escenario de la fábrica de camiones Iveco para defender la industria nacional e intentar asumir la vocería de la defensa del trabajo argentino.
Mientras Javier Milei volvió a cargar contra los industriales y los acusó de «delincuentes» por reclamar protección frente a la apertura importadora, Llaryora se rodeó de operarios de la automotriz y dijo que «la industria nacional está para competir, pero queremos igualdad de condiciones; sin igualdad de condiciones no se podrá defender el trabajo».
Sin mencionar al Presidente, el cordobés insistió en que la competitividad «no puede ser solo para algunos» y advirtió que no se puede construir un esquema donde sea más conveniente traer un producto terminado del exterior que fabricarlo en el país. «No queremos ninguna ventaja. Sabemos que tenemos que competir. Pero ésta no debe darse con mejores condiciones para traer cosas de afuera que para producir en el país», repitió.
El mensaje no fue inocente. En el Panal admiten que la situación industrial es crítica. Los números del propio Gobierno provincial indican que la pérdida de empleos privados formales habría llegado a 13 mil en los dos años de Milei en la Rosada, con una aceleración de 3.000 en el último trimestre de 2025, que se suman a los 10.000 registrados hasta octubre. El corazón manufacturero del Gran Córdoba, que incluye autopartistas, metalmecánicas y pymes vinculadas a la cadena automotriz, es uno de los sectores más golpeados.
Córdoba perdió 11 mil empleos privados en dos años y se resiente la matriz productiva
Llaryora tiene de primera mano distintos informes de economistas que advierten que la crisis del empleo se profundizará, y que una derrota de Donald Trump en noviembre podría complejizar la coyuntura económica. Por ahora, Llaryora juega al filo: aunque defiende a la industria, mandó a sus legisladores a votar la reforma laboral resistida por los gremios.
La complejidad de la relación Panal-Rosada incluye una disputa por los fondos nacionales para la Caja de Jubilaciones y la caída de subsidios al transporte que asfixiaron a Daniel Passerini, el principal socio de Llaryora, en la gestión municipal.
La industria nacional está para competir, pero queremos igualdad de condiciones; sin igualdad de condiciones no se podrá defender el trabajo
En el contexto de crisis de empleo, Llaryora busca aggiornar la máxima del peronismo cordobés «gobernar es generar trabajo»: deslizó que lo central hoy es conservar los puestos existentes. «Cada vez es más difícil construir un puesto de trabajo con los desafíos de la tecnología 4.0 y la IA. Por eso, cada puesto que se sostiene es central», afirmó.
Así, el lanzamiento del camión pesado S-Way funcionó como una puesta en escena política. En un contexto de caída del consumo, avance del comercio electrónico y cierre de pymes, el gobernador cordobés buscó mostrarse como garante del empleo industrial y socio confiable de las multinacionales. «Hay que trabajar en conjunto para pelear por la competitividad y la igualdad de condiciones», insistió.
En su discurso pro industria nacional, Llaryora encontró el eco empresarial: «No tuvimos ninguna duda al tomar la decisión de producir aquí, porque la mano de obra en Córdoba es de altísimo nivel. No es solo un camión, es una apuesta de largo plazo y de desarrollo tecnológico», afirmó Marcio Querichelli, presidente de Iveco para América Latina, quien también reclamó «condiciones de competitividad y previsibilidad».
La escena contrastó con la relación tirante que mantiene Milei con parte del establishment industrial. Días atrás, el Presidente arremetió contra grupos como Techint y Aluar por cuestionar el impacto de la apertura. En Córdoba, donde la industria automotriz es una marca de identidad, esas declaraciones cayeron mal incluso entre sectores que apoyan el ordenamiento macroeconómico libertario.
El mensaje de Llaryora fue una síntesis de su estrategia: reconocer la necesidad de competir en un mundo abierto, pero reclamar reglas que no castiguen la producción local. En el corazón fabril de Córdoba, Llaryora volvió a pararse en la vereda desarrollista del peronismo provincial, aun cuando en el Congreso sus diputados levanten la mano junto al oficialismo libertario. La tensión entre discurso y práctica, por ahora, es el precio de ese equilibrio que, justifica el llaryorismo, es producto de la «responsabilidad institucional» de darle a Milei herramientas para su plan económico.
Martín Llaryora sumará al Gobierno provincial un pelotón de intendentes con la misión de relanzar la gestión y calmar las ansiedades del peronismo, que ve una amenaza cierta de perder la elección del año que viene tras el mal paso que dio el proyecto «cordobesista» con la derrota de Provincias Unidas.
La principal incorporación se dio este viernes, con la asunción como ministro de Desarrollo Social de Marcos Torres, intendente de Alta Gracia y hermano de Facundo, el jefe de bloque en la Legislatura. Así, Llaryora blinda con los hermanos Torres el departamento Santa María, un territorio que puede volverse clave en la disputa del año que viene. Torres reemplazó a la schairettista Laura Jure.
Se espera que en las próximas horas se incorpore como secretario en el Ministerio de Seguridad Agustín González, intendente de Cruz Alta y ahijado (de bautismo y político) de Daniel Passerini, el intendente de la ciudad de Córdoba. Passerini y el padre de Agustín forjaron en la Facultad de Medicina una amistad inquebrantable. La relación del intendente capitalino y el nuevo funcionario provincial trasciende la política.
En paralelo, Agustín González ocupa la vicepresidencia del Frente Renovador en Córdoba y desde ese lugar apuntaló la candidatura de Natalia de la Sota en octubre. Ahora, González deberá trabajar bajo las órdenes de Juan Pablo Quinteros, el ministro de Seguridad que cultiva un altísimo perfil.
Apuntalar una gestión en crisis con intendentes no es una fórmula nueva: lo hizo José Manuel de la Sota en 2013, cuando el acuartelamiento policial puso en jaque a su gobierno. En esa oportunidad, Llaryora, quien ocupaba la intendencia de San Francisco, fue designado ministro de Comercio e Industria. Dos años después, Juan Schiaretti lo llevó como vicegobernador.
La incorporación de suboficiales del PJ al gabinete no terminaría con Torres y González. Todos los convocados tienen dos características: están impedidos de ser reelectos y su sucesión está resuelta.
En este marco, el intendente de Capilla del Monte, Fabricio Díaz, suena para ocupar la Secretaría de Infraestructura del Ministerio de Cooperativas. A primera vista, parece un cargo administrativo. Sin embargo, esta cartera concentrará la ejecución de la obra pública en el interior cordobés, incluyendo tendido de la red de gas natural. A Cooperativas la comanda un ex intendente, Gustavo Brandan; y uno de los secretarios es Gabriel Frizza, ex intendente de Jesús María y ex dirigente del PRO.
También el intendente de Idiazábal, Juan Pablo Vassia, sería convocado en Cooperativas, confirmando que la ejecución de la obra pública a través de las cooperativas del interior se concentrará en esta cartera.
Al Ministerio de Gobierno, que lidera Manuel Calvo, llegarían Marcos Torres Cena (Laguna Larga) y Martín García (San Javier). De esa cartera saldría eyectado el ex legislador radical Orlando Arduh, quien podría ser remplazado por otro correligionario, aunque intendente y del esquema de la vicegobernadora Myrin Prunotto: Gustavo Benedetti, jefe comunal de Arroyito.
El Gobierno debe atajar una eventual fuga de intendentes radicales hacia La Libertad Avanza, donde la cornejista Soledad Carrizo tiene la misión de reclutar boinas blancas para Gabriel Bornoroni. Esa será una de las claves de la ingeniería electoral durante este año.
