La Municipalidad de Villa Regina recuerda la vigencia de la Ordenanza 10/2009 que reglamenta el arbolado urbano y establece el procedimiento para la autorización de extracción de árboles, los criterios de plantación y el sistema de multas para quienes infrinjan la presente normativa.
En este sentido, se informa que multará a los frentistas que no soliciten permiso para la extracción de los mismos y, también, a aquellos que habiéndolo solicitado no realizaron la reposición correspondiente.
Cabe recordar que, de acuerdo a lo establecido, todos los inmuebles de la zona urbana, con edificación o sin ella, deben poseer dos árboles cada 10 metros de frente.
El arbolado urbano es un bien de dominio público municipal y los árboles son generadores de un sinnúmero de beneficios como purificar el aire, atenuar los vientos, filtrar ruidos y formar parte de los ciclos ecológicos vitales, entre otros.
Si cada argentino hiciese esta práctica, más de 20 millones de kilos diarios de «basura» no terminarían en un relleno sanitario. Cada habitante de este país desecha aproximadamente 1 kilo de «basura» por día. Si nos enfocamos en lo orgánico, esos 22 millones de kilos diarios, en lugar de transportarse y pudrirse en los basurales…
En 2013, fruto de la movilización de vecinos y chacareros, se sanciona una ordenanza anti-fracking para evitar que se realice esta actividad en Allen, sin embargo es derogada tres meses más tarde por el superior tribunal de justicia de Rio Negro. En 2013, fruto de la movilización de vecinos y chacareros, se sanciona una ordenanza anti-fracking para evitar que se realice esta actividad en Allen, sin embargo es derogada tres meses más tarde por el superior tribunal de justicia de Rio Negro. Desde ese momento se instalan pozos de fracking en zonas rurales y pegado a barrios humildes, forzando a vecinos y chacras a convivir con muy diversos malestares. Sin embargo establecer algún tipo de acuerdo o acción legal contra las empresas es muy difícil. En 2017 después de un gran derrame en una chacra, se logra que la justicia condene a YPF por contaminación por primera vez.
Fernando Cerimedo, ex asesor de Javier Milei, fue detenido la madrugada de este martes en el aeropuerto Viru Viru de Santa Cruz luego de un ataque a tiros contra su ex novia, la abogada Nadia Beller.
Cerimedo fue reducido por agentes de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) y trasladado a dependencias de la entidad anticrimen para tomarle de declaración.
Según reveló el medio digital El Deber, la investigación apunta a la presunta participación de Cerimedo en el ataque a Beller, que recibió tres impactos de bala en su humanidad cuando se encontraba en un hotel por la zona del canal Isuto.
Los dos autores materiales fueron captados por las cámaras de vigilancia de la zona, que llegaron hasta un reconocido hotel vestidos de delivery. Tras el ataque armado, ambos abandonaron la motocicleta en la que se transportaban para darse a la fuga con rumbo desconocido y aún no fueron encontrados.
Medios boliviano confirmaron que Cerimedo fue detenido mientras estaba por tomar un vuelo a Buenos Aires.
El ex asesor de Milei fue clave durante la campaña presidencial de 2023 a través de la estrategia digital que hizo fuerza al libertario en las redes sociales. Además, Cerimedo es co-fundador de La Derecha Diario y trabajó con Jair Bolsonaro, también en el esquema de comunicación digital que lideró Carlos Bolsonaro, hijo del ex presidente.
En la actualidad, Cerimedo es asesor del presidente de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira, luego de formar parte de su equipo de campaña en las elecciones que ganó en 2025 y terminó con 20 años de dominio del Movimiento Al Socialismo de Evo Morales.
Los dos autores materiales fueron captados por las cámaras de vigilancia de la zona, que llegaron hasta un reconocido hotel vestidos de delivery. Tras el ataque armado, ambos abandonaron la motocicleta en la que se transportaban para darse a la fuga con rumbo desconocido y aún no fueron encontrados.
Nadia Beller es abogada y fue candidata a diputad en 2019 por el Movimiento al Socialismo (MAS) siendo una férrea defensora pública de de Evo. Luego del golpe de estado se alejó para volverse crítica y lo llegó a acusar de pedófilo en el marco de la causa judicial por trata gravada de personas y estupro, vinculado a una supuesta relación que mantuvo con una menor de edad.
En 2020, Beller dijo en una entrevista el ex gobernador de Santa Cruz y uno de los arquitectos del golpe contra Evo Morales la asesoraba en sus conversaciones con integrantes del gobierno del MAS. Esto se daba mientras Camacho lideraba lo que se conoce como «paros cívicos» que fueron determinantes para salida forzada del poder del expresidente.
«En una oportunidad, estando Luis Fernando Camacho a mi lado en los días de paro, me pidió que dijera que el Ejército y la Policía habían cerrado con él. Yo le dije: ‘Andan comentando los del Comité Cívico que Carlos Mesa habría negociado con ustedes (exautoridades). Camacho estaba escuchando la charla. Estaba a mi lado», detalló Beller.
En noviembre de 2019, Camacho mencionó a la abogada y reconoció que ella había desempeñado un rol significativo de «acercamiento» entre MAS y la oposición.
«Nadia Beller me apoyó, previo y posterior a la salida de Evo Morales en el acercamiento a los sectores que eran afines a éste, con el único fin de que yo pueda hablar con ellos y darles a entender que ésta era una lucha democrática contra un tirano, no contra ellos», mencionó Camacho.
Escándalo en el Gobierno de Milei por la designación de Adriana Baravalle en Ciencia: su doctorado en Inteligencia Artificial quedó bajo la lupa por la universidad que lo otorgó.
Por Roque Pérez para NLI
La designación de Adriana Baravalle como nueva secretaria de Innovación, Ciencia y Tecnología abrió una polémica que excede largamente una discusión sobre currículums. La funcionaria llega para conducir una de las áreas estratégicas del Estado argentino con un doctorado en Inteligencia Artificial otorgado por la American Andragogy University, una institución radicada en Hawaii que, según distintas fuentes periodísticas, no cuenta con reconocimiento oficial en Estados Unidos.
El dato resulta particularmente llamativo porque Baravalle no fue presentada como una funcionaria administrativa más, sino como una especialista destinada a conducir la política científica y tecnológica de un país que posee universidades, investigadores, organismos científicos y una extensa tradición académica. La controversia, por lo tanto, pone sobre la mesa una pregunta incómoda: ¿qué criterios está utilizando el Gobierno de Javier Milei para seleccionar a quienes deben conducir la ciencia argentina?
Un doctorado que quedó bajo la lupa
El título de doctora en Inteligencia Artificial que figura asociado a Baravalle proviene de la American Andragogy University, una institución de enseñanza a distancia de Hawaii cuya situación académica generó cuestionamientos. La propia universidad se presenta como una institución con métodos de formación “no tradicionales” y advierte que sus diplomas pueden no resultar habilitantes para determinadas profesiones.
La controversia se profundiza por las características del programa. Según la información difundida sobre la institución, una tesis doctoral podría completarse en un período extraordinariamente breve, algo que naturalmente despierta interrogantes cuando se lo compara con los procesos habituales de formación doctoral en universidades reconocidas.
El problema no es que una persona estudie a distancia. Tampoco que una universidad tenga métodos pedagógicos diferentes. La cuestión central es otra: qué reconocimiento académico tiene efectivamente el título y qué valor posee una credencial de ese tipo para quien pasa a dirigir la política científica de la Argentina.
El caso ya generó repercusiones en otros países. Distintas publicaciones recordaron que en Perú hubo cuestionamientos vinculados con un ex funcionario que había incorporado a su currículum un doctorado otorgado por la misma institución.
La paradoja de un Gobierno que ajusta a la ciencia
La polémica adquiere una dimensión mayor cuando se la coloca en el contexto de la política científica del Gobierno.
Mientras el sistema nacional de ciencia y tecnología atraviesa recortes presupuestarios, pérdida de investigadores y reducción de programas, la administración libertaria acaba de colocar al frente del área a una funcionaria cuya principal credencial polémica es precisamente un doctorado cuya validez académica genera cuestionamientos.
No se trata de descalificar toda la trayectoria de Baravalle. Y allí está justamente una de las cuestiones que conviene separar para evitar simplificaciones.
La funcionaria sí posee antecedentes académicos y profesionales comprobables. Tiene formación de posgrado en Ciencia de Datos y Gestión del Conocimiento en la Universidad Austral, experiencia en áreas vinculadas con inteligencia artificial, ciberseguridad y gestión de datos, y una extensa actividad docente. La propia Universidad Austral registra su trayectoria académica y profesional.
También aparece documentada como doctoranda en Ingeniería de la Universidad Austral, además de contar con antecedentes de investigación y participación en actividades vinculadas con inteligencia artificial y ciberseguridad.
Por eso, el escándalo no pasa sencillamente por afirmar que “no sabe nada” o que carece de formación. Eso sería una caricatura y no está respaldado por la información disponible.
La discusión es más precisa: ¿por qué una funcionaria con una trayectoria profesional real decidió incorporar a su perfil el título de doctora en Inteligencia Artificial de una institución cuya acreditación genera semejante controversia? ¿Qué evaluación hizo el Gobierno de esa credencial antes de designarla para conducir la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología?
Ciencia argentina: cuando el problema no es solamente el currículum
La escena tiene además una carga simbólica difícil de ignorar.
Argentina posee universidades públicas y privadas de enorme prestigio, investigadores reconocidos internacionalmente, organismos como el CONICET, la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, la Comisión Nacional de Energía Atómica y una comunidad científica que durante décadas construyó capacidades en campos como biotecnología, medicina, física nuclear, informática, inteligencia artificial y tecnología satelital.
En ese contexto, la conducción política de la ciencia no es un cargo menor. Define prioridades de investigación, políticas de innovación, vínculos con universidades, financiamiento, transferencia tecnológica y buena parte de las condiciones en las que trabajan miles de científicos.
La designación de Baravalle, entonces, vuelve a poner en discusión una contradicción más profunda del modelo libertario: un Gobierno que cuestiona permanentemente las estructuras académicas y científicas existentes termina generando controversias alrededor de las credenciales de quienes coloca al frente del sistema.
El caso tampoco debería convertirse en una caza de brujas contra la funcionaria. Su trayectoria previa merece ser evaluada por sus resultados, sus antecedentes comprobables y sus decisiones al frente del organismo. Pero justamente por tratarse de un área estratégica, las credenciales académicas de quien la conduce deben poder ser examinadas públicamente.
La ciencia no funciona sobre la base de títulos decorativos ni de etiquetas. Funciona sobre publicaciones, investigación, evaluación de pares, instituciones, evidencia y conocimiento acumulado.
Y allí aparece la paradoja que deja este nuevo episodio del Gobierno de Milei: mientras se reclama “excelencia” para justificar el ajuste sobre universidades, investigadores y organismos científicos, la persona elegida para conducir la política nacional de ciencia llega al cargo envuelta en una polémica precisamente por una de sus credenciales académicas.
El problema, en definitiva, no es solamente Adriana Baravalle. Es qué lugar ocupa el conocimiento científico en el proyecto de país que propone el Gobierno y cuáles son los criterios con los que se decide quién tiene la responsabilidad de conducirlo.
Porque una nación que pretende disputar el futuro tecnológico no puede darse el lujo de convertir la discusión sobre quién dirige su ciencia en una discusión sobre si un doctorado merece o no ser considerado un verdadero doctorado.
La pregunta queda abierta. Y ahora deberá responderla el Gobierno.
El próximo viernes 25 se llevará a cabo la capacitación sobre la Ley Micaela al primer grupo del personal de la Municipalidad de Villa Regina. La misma será dictada por la Universidad Nacional del Comahue a partir del convenio que en marzo firmó el Área Mujer y Diversidad del Municipio y la Universidad. La misma…
La empresa Bioceres anunció que 25 molinos ya procesan el cuestionado trigo transgénico, que va acompañado con el agrotóxico glufosinato de amonio. El Poder Ejecutivo aprobó su comercialización y no estableció obligación de informar qué productos lo contienen. La población de Argentina es la primera, del mundo, en comer alimentos con harina transgénica. La empresa…
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