La Municipalidad de Villa Regina recuerda la vigencia de la Ordenanza 10/2009 que reglamenta el arbolado urbano y establece el procedimiento para la autorización de extracción de árboles, los criterios de plantación y el sistema de multas para quienes infrinjan la presente normativa.
En este sentido, se informa que multará a los frentistas que no soliciten permiso para la extracción de los mismos y, también, a aquellos que habiéndolo solicitado no realizaron la reposición correspondiente.
Cabe recordar que, de acuerdo a lo establecido, todos los inmuebles de la zona urbana, con edificación o sin ella, deben poseer dos árboles cada 10 metros de frente.
El arbolado urbano es un bien de dominio público municipal y los árboles son generadores de un sinnúmero de beneficios como purificar el aire, atenuar los vientos, filtrar ruidos y formar parte de los ciclos ecológicos vitales, entre otros.
El gobierno de Javier Milei rechazó el plan que presentó el Grupo Clarín para avanzar con la fusión entre Telecom y Telefónica y profundizó el enfrentamiento con el conglomerado que conduce Héctor Magnetto.
Según confirmaron a LPO dos fuentes al tanto de la negociación, el grupo había aceptado desprenderse de la mitad de los clientes que le exigía la administración libertaria y para ello presentó dos empresas que estaban interesadas en absorber esos clientes.
La fuentes confirmaron que Clarín presentó dos empresas que absorberían 2.9 millones de los seis millones de usuarios que le pedía el gobierno de Milei que resignaran, para aprobar la fusión de las telco. Una de ellas fue creada recientemente por un ex CEO de Telefónica que quedó afuera tras la venta, mientras que la segunda es una empresa local que quedó como alternativa, por si el gobierno objetaba la primera.
Pero el Gobierno rechazó la propuesta, confirmando la mala relación de Milei con el Grupo. La negociación se lleva adelante en el marco del Enacom, organismo que controla políticamente Rodrigo Lugones, hijo del ministro de Salud.
Clarín presentó dos empresas que absorberían 2.9 millones de los seis millones de usuarios. Una de ellas fue creada recientemente por un ex CEO de Telefónica que quedó afuera tras la venta, mientras que la segunda es una empresa local que quedó como alternativa.
La decisión mantiene paralizada en los hechos la fusión, que sigue sin aprobarse ni rechazarse, en un ejercicio explícito de kirchnerismo austríaco.
Como reveló LPO en exclusiva, Milei había ordenado que fijen condiciones durísimas a Clarín para aprobar la fusión, entre ellas el desprendimiento de hasta seis millones de clientes, con el argumento que se buscaba evitar una posición dominante en el mercado. Una idea heterodoxa que contradice la prédica libertaria de Milei.
Lo que confirma que se trata de una pelea de poder. Desde que Telefónica decidió vender su filial argentina, en el gobierno alentó que la compre el consorcio de empresarios locales conformado por Darío Werthein y Marcelo Mindlin. También competía Marcelo Figoli, que inicialmente tuvo buena sintonía con Rodrigo Lugones y luego terminó distanciado.
Pero Magnetto se adelantó a todos y sacó un crédito de 1.200 millones de dólares y cerró la operación al contado con la casa matriz española, a pura operación de mercado. El movimiento dejó al Gobierno descolocado y disparó la reacción de Milei, que desde entonces mantiene un enfrentamiento abierto, incluso tiene fijado un tuit contra el Grupo.
La senadora por San Juan, Cristina López Valverde(FdT) informó sobre el proyecto conocido como «educación a distancia». Destacó que la educación a distancia se dará «en tiempos de excepcionalidad» y «garantizando que se trate de una educación de calidad». Al hablar sobre la importancia de la educación presencial aseguró que «la brecha digital y tecnológica…
Mientras Milei celebra el fallo favorable por YPF, un entramado de relaciones con fondos buitres, negociaciones paralelas y tensiones internas deja al descubierto contradicciones profundas dentro del propio oficialismo. El caso ya no es solo jurídico: es político.
Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI
Desde que la Justicia de Estados Unidos falló a favor de la Argentina en la causa por la expropiación de YPF, el Gobierno intentó instalar una narrativa de triunfo. Sin embargo, detrás de esa victoria judicial emergen datos incómodos que exponen una trama de intereses, contactos y contradicciones que comprometen al propio oficialismo.
El análisis del periodista Leandro Renou revela que, lejos de sostener una postura coherente, sectores del Gobierno venían manteniendo conversaciones con actores directamente enfrentados a los intereses del país en el litigio.
Negociaciones en las sombras
Uno de los puntos más sensibles del caso es el rol del ministro de Economía, Luis Caputo. Según reconstruye Renou, desde principios de 2025 ya existían contactos con operadores del fondo Burford —principal beneficiario del juicio contra Argentina— con la intención de negociar un eventual pago.
Ese dato no es menor: implica que mientras el Estado defendía judicialmente la legalidad de la expropiación de YPF, parte del equipo económico evaluaba una salida que reconocía el reclamo de los fondos buitres, en abierta contradicción con la estrategia de la Procuración del Tesoro.
La situación adquiere mayor gravedad si se considera que el fallo final terminó favoreciendo la postura argentina, validando la expropiación impulsada en 2012 y desarmando el reclamo millonario.
Presiones internacionales y aliados inesperados
Otro elemento clave que surge del informe es el escenario internacional. Cuatro países respaldaron la posición argentina ante la jueza Loretta Preska, cuestionando el criterio que favorecía a los fondos especulativos.
Este dato muestra que el conflicto trascendía lo jurídico: se trataba de una disputa geopolítica en torno al control de recursos estratégicos como Vaca Muerta, uno de los mayores reservorios energéticos del mundo.
En ese contexto, el alineamiento discursivo del gobierno de Milei con posiciones críticas hacia la expropiación generó tensiones, ya que coincidía parcialmente con los argumentos de los demandantes.
El giro forzado del oficialismo
La paradoja es evidente: el mismo Gobierno que cuestionó históricamente la estatización de YPF terminó celebrando un fallo que valida esa decisión.
Dirigentes del campo nacional señalaron que la resolución judicial confirma la legalidad del proceso llevado adelante durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, reforzando la idea de soberanía energética como eje estratégico.
Sin embargo, el trasfondo que describe Renou deja en evidencia que dentro del oficialismo no existía una única línea, sino tensiones entre quienes buscaban acordar con los fondos y quienes sostenían la defensa judicial.
Mucho más que un juicio
El caso YPF dejó de ser un expediente técnico para convertirse en un espejo de la política económica del gobierno de Milei.
Las negociaciones paralelas, los contactos con fondos especulativos y la falta de una estrategia unificada muestran un esquema donde conviven intereses contradictorios.
Como advierte el propio Renou, el fallo no solo resolvió una disputa legal: también expuso quiénes estaban de cada lado del mostrador en una de las causas más sensibles para la soberanía económica argentina.
El Congreso sancionó en la madrugada de este jueves la modificación a la ley de Glaciares que regía desde 2010 con una mayoría cómoda de 137 votos contra 111 de la oposición y las abstenciones de la neuquina Karina Maureira, Oscar Zago y Eduardo Falcone.
A las 2:30, Martín Menem sometió a votación el proyecto que había sido aprobado por el Senado en sesiones extraordinarias y abrochó una jornada tamizada más por los discursos contra Manuel Adorni y la postura de Javier Milei en la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán que por la norma en debate.
Para la votación, el gobierno contó con el respaldo de las bancadas del PRO, la UCR, los salteños y los misioneros de Innovación Federal, los catamarqueños de Raúl Jalil, los tucumanos de Osvaldo Jaldo y los sanjuaninos de Marcelo Orrego. También se sumaron al lote de los 94 diputados libertarios, que no sintieron la ausencia con certificado médico de Rocío Bonacci por su avanzado embarazo, legisladores de Provincias Unidas en representación de Chubut, Río Negro y Córdoba como Jorge «Loma» Ávila, Sergio Capozzi y Alejandra Torres.
Desde temprano, el oficialismo se sentía holgado para la sanción y, pese a la moderada crispación opositora por los casos de corrupción que rodean a Adorni, la foto de la forma en que consiguió el quórum funcionó como proyección para el saldo de la votación.
En efecto, el desembarco de la bancada de Gabriel Bornoroni en el recinto estuvo acompañado por 16 integrantes del interbloque del PRO y la UCR, denominado Fuerza del Cambio. Pasadas las 15, se sentaron a sus bancas Daiana Fernández Molero, Florencia de Sensi, Antonela Giamperi, Fernando de Andreis, Javier Sánchez Wrba, Martín Yeza, Alicia Fregonese y Martín Ardohain por el macrismo, Pamela Verasay, Lisandro Nieri, Gerardo Cipolini, Darío Schneider, Diógenes González y Guillermo Agüero por los radicales y los monobloquistas José Luis Garrido y Karina Banfi.
Además, dieron quórum la ex vicegobernadora santafecina Gisela Scaglia, quien lidera Provincias Unidas en la Cámara Baja, el rionegrino Capozzi, el jujeño Jorge Rizzotti, el santafecino José Núñez y los cordobeses Alejandra Torres e Ignacio García Aresca, quien se ausentaría al momento de la votación.
Sergio Capozzi, Gisela Scaglia e Ignacio García Aresca.
Los sanjuaninos Nancy Picón Martínez y Carlos Jaime Quiroga, los catamarqueños Sebastián Nóblega, Fernanda Ávila y Fernando Monguillot y los tucumanos de Independencia, Gladys Medina, Elia Fernández y Javier Noguera fueron puntuales para abrir la sesión. En representación de Gustavo Sáenz y Carlos Rovira solo bajaron de sus despachos tres de los nueve que les responden: Pablo Outes, Yolanda Vega y Daniel Vancsik.
La presencia más llamativa fue la del puntano Jorge «Gato» Fernández, que funciona como satélite de UP por su filiación peronista pero este jueves se sumó al lote de 129 para que inicie la sesión. «Revoleando ATN y todo al gobierno le costó llegar al quórum», dijo un diputado radical a LPO.
La presencia más llamativa fue la del puntano Jorge ‘Gato’ Fernández, que funciona como satélite de UP por su filiación peronista pero este jueves se sumó al lote de 129 para que inicie la sesión.
Como sea, la norma aprobada trastoca los controles que establecía la ley sancionada en 2010, tras un intenso debate que incluso partió al bloque del por entonces Frente Para la Victoria. La discusión traía cola porque dos años antes la propia Cristina Kirchner vetó la primera versión de la ley de Glaciares, mucho más restrictiva para la explotación minera que la que rigió hasta ahora y que se logró con amplio consenso de organizaciones ambientalistas y legisladores que defendían el derecho de las provincias a definir el uso de los recursos de su suelo, tal como establece la Constitución de 1994.
Ese tópico sobrevoló las discusiones de los últimos días, pero bajo las denuncias de la oposición por el lobby minero y las brumosas estimaciones del oficialismo sobre futuras inversiones por alrededor de U$S 20 mil millones.
A partir de ahora, los gobernadores podrán encargar sus propios estudios de impacto ambiental para determinar el grado de importancia de las zonas glaciares y periglaciares como reservas hídricas. Esa tarea recaía hasta el momento en el Instituto Argentino de Nivología y Glaciología (IANIGLA), con asiento en la Patagonia y un inventario de 17 mil glaciares desde Jujuy hasta Tierra del Fuego.
El juez Ariel Lijo citó a declaración indagatoria al empresario Hugo Sigman, a la ex ministra de Salud Carla Vizzotti y a otros ex funcionarios y ejecutivos acusados de demorar durante la pandemia la compra de vacunas del laboratorio estadounidense Pfizer para favorecer intereses locales en la fabricación de dosis entre 2020 y 2021.
Son en total 15 indagatorias ordenadas por Lijo a pedido del fiscal Carlos Stornelli, que advirtió una «matriz de corrupción, tráfico de influencias y conflicto de intereses» durante la pandemia, que envuelve a empresarios como Sigman y funcionarios del gobierno de Alberto Fernández.
Stornelli señaló en su dictamen que, a pesar de haberse puesto a disposición del país en una instancia temprana las vacunas Pfizer «desde el gobierno argentino no se avanzó en dicho sentido» y «se decidió avanzar con las contrataciones de las vacunas de AstraZeneca, Sputnik V y Sinopharm».
Y agregó: «Si se hubiese promovido desde las máximas autoridades del gobierno el avance de las negociaciones con Pfizer, presumiblemente se podría haber obtenido una importante cantidad de vacunas con una significativa antelación».
Ya en 2021, Sigman tuvo que salir a dar explicaciones sobre el fiasco de su vacuna con AstraZeneca, despegándose de las demoras.
A pesar de los lucrativos negocios con el gobierno de Alberto Fernández durante la pandemia, Sigman fue uno de los aportantes más fuertes a la campaña presidencial de Javier Milei.
Desde su posición de poder hizo un fuerte lobby durante tres años contra el tratado de patentes, debate que se arrastra hasta estos días ya que se volvió a aplazar su tratamiento en el Congreso.
La pelea por las patentes ya le había costado caro a Diana Mondino. La excanciller era partidaria de desregular y adherir a la normativa de EEUU, pero chocó con la resistencia de Javier Milei. Esa contradicción ideológica del presidente acaso estuvo motivada por los generosos aportes de campaña de los laboratorios liderados por Sigman y Sielecki.
Pero en la actualidad el gobierno de Milei se ve comprometido a tener listo el tratado antes de fin de mes en el marco de la firma del acuerdo comercial con los Estados Unidos. Eso, representa un golpe a los intereses de Sigman que, ahora, se encuentra comprometido en la Justicia por la causa de las vacunas.
«Se ha podido establecer que aquellos funcionarios públicos que intervinieron en las contrataciones se habrían interesado en miras de beneficiar a, cuanto menos, los laboratorios oferentes de las vacunas identificadas como AstraZeneca, Sinopharm y Sputnik como así también a aquellos socios locales», dijo Stornelli
Según Stornelli, existieron «serias irregularidades de relevancia penal en el marco de los procedimientos de contratación con los laboratorios oferentes de vacunas contra el COVID-19».
«Se ha podido establecer que aquellos funcionarios públicos que intervinieron en las contrataciones se habrían interesado en miras de beneficiar a, cuanto menos, los laboratorios oferentes de las vacunas identificadas como AstraZeneca, Sinopharm y Sputnik como así también a aquellos «socios locales» que realizaron estudios clínicos de tales vacunas y/o intervinieron en sus procesos de fabricación y/o suministro, demorando, para ello, durante un período crucial en el que el Estado buscaba abastecerse de vacunas para inocular a la población, las negociaciones con el laboratorio Pfizer el cual había ofrecido suministrar vacunas en una etapa temprana», dijo el fiscal.
Y consideró que las maniobras habrían configurado «un notorio abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes que les correspondían en función de sus investiduras».
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