La Municipalidad de Villa Regina recuerda la vigencia de la Ordenanza 10/2009 que reglamenta el arbolado urbano y establece el procedimiento para la autorización de extracción de árboles, los criterios de plantación y el sistema de multas para quienes infrinjan la presente normativa.
En este sentido, se informa que multará a los frentistas que no soliciten permiso para la extracción de los mismos y, también, a aquellos que habiéndolo solicitado no realizaron la reposición correspondiente.
Cabe recordar que, de acuerdo a lo establecido, todos los inmuebles de la zona urbana, con edificación o sin ella, deben poseer dos árboles cada 10 metros de frente.
El arbolado urbano es un bien de dominio público municipal y los árboles son generadores de un sinnúmero de beneficios como purificar el aire, atenuar los vientos, filtrar ruidos y formar parte de los ciclos ecológicos vitales, entre otros.
Para disfrutar de buenas películas al aire libre, este fin de semana comienza el ciclo ‘Cine en mi barrio’, una propuesta de la Dirección de Cultura de la Municipalidad de Villa Regina. El cronograma inicia este viernes en Santa Rita, continuando el sábado en Don Rodolfo y el domingo en Villa Alberdi. En todos los…
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El consumo de marihuana se ha expandido a lo largo del planeta en los últimos siglos. Una gran cantidad de países del “primer mundo” han legalizado su consumo, con distintas restricciones. Río Negro tiene todo para ser potencia en la materia. Nuestra provincia cuenta con innumerables riquezas, sin embargo, los problemas sociales persisten….
El gobierno de Axel Kicillof publicó el índice con el cual distribuye los recursos coparticipables a los 135 distritos de la provincia de Buenos Aires. Como suele suceder en los primeros días de un nuevo año, el temido Coeficiente Único de Distribución (CUD) dispara la bronca de los distritos que se ven perjudicados.
Mar del Plata y General Madariaga fueron dos distritos que expresaron disconformidad con el nuevo coeficiente. En el caso de la ciudad balnearia fue el senador Maximiliano Abad quien cuestionó los números.
«En los últimos diez años, General Pueyrredón perdió casi el 5% de su participación en la coparticipación provincial», dijo y explicó que el golpe más fuerte llegó en estos días: entre 2023 y 2025 se perdió, en solo dos años, lo mismo que en toda la década anterior. Aunque Mar del Plata es gobernada por Guillermo Montenegro (PRO), el radicalismo cogobierna esa ciudad con varios funcionarios en el gabinete y sintonía en el Concejo Deliberante.
Abad dijo que Mar del Plata es el principal destino turístico de la provincia. «Recibe millones de visitantes, genera empleo y sostiene una economía regional clave. Pero el gobierno provincial no reconoce esa realidad», dijo en un largo posteo en el que evitó mencionar a Kicillof.
Este sistema (CUD) también necesita una modificación hace años, al igual que la coparticipación federal. Es un deuda institucional para trabajar entre todos. https://t.co/Uu6JAC48Ly
Desde Madariaga también lanzaron críticas. «Recibiremos 800 millones menos que en 2025», dijeron desde el municipio que gobierna Carlos Santoro (UCR). «Si observamos los últimos diez años, el CUD bajó para nuestra ciudad un 25% que, si lo vemos con valores actuales, para este año hubiesen significado 4.000 millones de pesos», dijo y agregó que eso supone los salarios de cuatro meses de la planta de trabajadores municipales.
Las críticas no apuntan tanto al gobierno de Kicillof sino a un mecanismo que muchos consideran obsoleto. Por caso, el diputado nacional Sebastian Galmarini (Unión por la Patria) planteó que el sistema, al igual que la coparticipación federal, una modificación hace años. «Es un deuda institucional para trabajar entre todos», planteó.
Los libertarios directamente quieren anularlo y que los impuestos patrimoniales pasen a ser administrados por los intendentes. El senador provincial Matías de Urraza plantea que sean los intendentes los que manejen directamente los recursos y puedan competir entre ellos para fortalecer a sus distritos. «Lo que quiero es que los intendentes compitan a ver quién es el mejor en lo suyo, el que lleva más inversiones a su municipio», dijo el legislador que responde a Sebastián Pareja a Buenos Aires/12.
Matías de Urraza.
El actual régimen de coparticipación de Impuestos de la provincia rige desde 1988 y establece que las municipalidades recibirán en concepto de coparticipación el 16,14 % de los montos que la provincia perciba en concepto del impuesto sobre los Ingresos Brutos no descentralizado, Inmobiliario Urbano, Automotores, Sellos, Tasas Retributivas de Servicios y de la Coparticipación Federal de Impuestos.
El importe que surge de ese porcentaje se distribuye luego entre los 135 municipios de acuerdo con el cuestionado CUD, un índice que determina por resolución todos los años el ministerio de Economía. Ese índice surge de una serie de variables como la población de cada municipio, su capacidad tributaria (inversa), la superficie, la cantidad de camas en hospitales, el número de pacientes, las consultas médicas,
En 2022 se estableció un mecanismo de protección para los municipios frente a caídas abruptas en el CUD. Desde entonces rige un tope general por el cual ningún municipio puede sufrir una reducción superior al 5%.
Conformación del Coeficiente Único de Distribución. Fuente: Consultora PPA.
Un informe de la consultora PPA destaca que nueve municipios vieron limitada la reducción de su CUD al tope máximo del 5%: Ezeiza, Florentino Ameghino, General Madariaga, Leandro N. Alem, Maipú, Pila, Pinamar, San Isidro y Tordillo. Cabe destacar que, en el caso de Florentino Ameghino, San Isidro y Tordillo es el segundo periodo consecutivo que se ven beneficiados por el tope a la caída máxima, por lo que tendrán una caída máxima de 2,5% en 2027.
En tanto, en diciembre se modificó ese artículo para introducir un esquema que suavice aún más las pérdidas. En la ley de endeudamiento se acordó que cuando un municipio registra una caída del 5% durante dos ejercicios consecutivos, la disminución máxima permitida para el tercer y cuarto ejercicio se reduce al 2,5% anual.
Así, este año fueron nueve los municipios que vieron limitada la reducción de su CUD al tope máximo del 5%: Ezeiza, Florentino Ameghino, General Madariaga, Leandro N. Alem, Maipú, Pila, Pinamar, San Isidro y Tordillo. En el caso de Florentino Ameghino, San Isidro y Tordillo es el segundo período consecutivo que se ven beneficiados por el tope a la caída máxima, por lo que tendrán una caída máxima de 2,5% en 2027.
En tanto, cuatro municipios fueron beneficiados por el tope máximo de caída del 2,5% luego de dos caídas consecutivas del 5%: Lezama, Lujan, Moron y Saavedra.
Por último, los diez distritos que registraron las mayores disminuciones en su CUD -exceptuando a los nueve municipios beneficiados por la aplicación del tope máximo de caída del 5%- son Vicente López, Tandil, Azul, Chascomús, General San Martín, Hipólito Yrigoyen, General Viamonte, San Antonio de Areco, Ayacucho y San Pedro. A diferencia del grupo anterior, estos municipios no se encuentran alcanzados por ningún tope máximo, por lo que las variaciones observadas reflejan plenamente el resultado del recálculo del CUD.
La renuncia de Carlos Casares al Enargas expuso el criterio para el funcionamiento del nuevo esquema regulatorio que impulsa el Gobierno para el ecosistema energético. Detrás del discurso de modernización y mérito, quedó al descubierto un proceso cerrado, discrecional y armado para dejar el control en manos propias. La unificación de los entes terminó siendo una purga silenciosa.
La salida de Casares como interventor del Enargas fue oficializada este lunes en el Boletín Oficial, donde también se designó en su reemplazo a Marcelo Alejandro Nachón, que era parte del Consejo Asesor del ente y antes trabajó en Wintershall Dea Argentina.
Casares dejó el cargo con una carta extensa. Enumeró 21 hitos de gestión y admitió que no había cumplido las expectativas políticas. Pero el mensaje central fue otro: quedó afuera del directorio del nuevo Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad, que desde marzo absorberá al Enargas y al ENRE. Se había presentado al concurso. No pasó.
En su renuncia escribió que su intención era seguir colaborando con la unificación y construir un organismo con estándares internacionales. Pero dejó claro que ya no contaba con la confianza de la Secretaría de Energía. En esas condiciones, dijo, no había margen para continuar. Fue un desplazamiento sin anestesia.
El concurso para elegir a las autoridades del nuevo ente terminó de cerrar la escena. El Gobierno prometió transparencia, mandatos de cinco años y selección por antecedentes. Pero descartó el concurso público abierto que fijan los marcos regulatorios, tal como reveló el sitio especializado El Post Energético. No hubo convocatorias masivas, ni comité independiente, ni posibilidad de impugnaciones. Hubo control político.
La Secretaría de Energía armó un consejo ad hoc integrado por figuras alineadas con la gestión. Participaron Osvaldo Rolando, ex directivo de Edesur y ex interventor del ente eléctrico; María Lujan Crespo, asesora directa del área; y Santiago Urbiztondoreferente técnico de FIEL. Ellos evaluaron 31 postulantes.
El Gobierno prometió transparencia, mandatos de cinco años y selección por antecedentes. Pero descartó el concurso público abierto que fijan los marcos regulatorios
Cinco quedaron afuera por no ir a la entrevista personal. Hubo incluso un caso insólito: Vicente Serra reclamó por nota porque no lo habían llamado y recién después fue entrevistado. El peso decisivo estuvo en criterios subjetivos: liderazgo, personalidad, entusiasmo. No hubo puntajes ni orden de mérito.
Ese comité armó ternas por consenso. Para la presidencia propuso a Casares, a Néstor Lamboglia y a Osvaldo Pitrau. Para la vicepresidencia, a Ángel Garay, Mónica Gay y Vicente Serra. Para las vocalías, una lista amplia que mezcló técnicos, asesores y contratados del propio Enargas.
El 12 de enero, la secretaria de Energía, María Tettamanti, eligió sin explicación. Mandó al coordinador Daniel González los cinco nombres finales. Lamboglia como presidente. Serra como vice. Marcelo Nachón, Griselda Lambertini y Sergio Falzone como vocales. Todos funcionarios o asesores del Gobierno.
La decisión cayó como un balde de agua fría en el despacho de Casares. El abogado se consideraba número puesto. Antes de irse, firmó el pase a planta del personal contratado. Su salida dejó heridas abiertas y mensajes cruzados.
Lamboglia arrastra polémicas. Su designación previa en el ENRE fue «ad honorem» para no perder un contrato en Enargas, organismo en el que nunca trabajó y que no figuraba en su CV. Antes había sido asesor en Yacyretá. Serra, en tanto, venía asesorando al titular de Enarsa, en pleno plan de venta de activos. Entre los vocales, Nachón y Lambertini también tenían contratos en Enargas.
El caso más llamativo es Falzone. Rechazado meses atrás para la vicepresidencia de Cammesa por falta de idoneidad, ahora fue validado para un cargo clave. Incluso fue designado y echado como subsecretario de Energía Eléctrica en el mismo decreto.
Lo concreto es que el nuevo ente ya tiene nombres enviados al Congreso. Si en 30 días no hay respuesta, quedarán firmes. En el medio, el organismo que debe regular gas y electricidad atraviesa la implementación de los subsidios focalizados sin autoridades formales. Las órdenes, dicen, ya las da Lamboglia.
Durante el mes de enero se van a realizar distintas actividades familiares en la Isla 58 que serán libres y gratuitas. El lugar de encuentro será en la Escuela de Canotaje y se recomienda usar protector solar, gorra, anteojos de sol y llevar agua para una hidratación constante. El cronograma de actividades será el siguiente:…
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