La Municipalidad de Villa Regina recuerda la vigencia de la Ordenanza 10/2009 que reglamenta el arbolado urbano y establece el procedimiento para la autorización de extracción de árboles, los criterios de plantación y el sistema de multas para quienes infrinjan la presente normativa.
En este sentido, se informa que multará a los frentistas que no soliciten permiso para la extracción de los mismos y, también, a aquellos que habiéndolo solicitado no realizaron la reposición correspondiente.
Cabe recordar que, de acuerdo a lo establecido, todos los inmuebles de la zona urbana, con edificación o sin ella, deben poseer dos árboles cada 10 metros de frente.
El arbolado urbano es un bien de dominio público municipal y los árboles son generadores de un sinnúmero de beneficios como purificar el aire, atenuar los vientos, filtrar ruidos y formar parte de los ciclos ecológicos vitales, entre otros.
Imaginemos si mañana Reinaldo Rueda (DT de la selección chilena) levantara el teléfono y se comunicara con Lionel Messi. La conversación sería mas o menos así: RR: Hola Leo, ¿cómo andas? Leo: Bien… Quién habla?RR: Reinaldo Rueda, no se si te acordas de mi, pero soy el DT del seleccionado chileno…Leo: ahh si si. Que…
Los squatters versión criolla del movimiento contracultural europeo, son un colectivo interdisciplinario que recorren las calles buscando marquesinas publicitarias para transformar los mensajes corporativos, disputando sentido desde 2018. Se unen también a organizaciones sociales para intervenir en los debates públicos, desde la Ley de Humedales al etiquetado frontal y la soberanía alimentaria. Proyecto Squatters es…
Pese a estar bajo investigación judicial por sobreprecios, licitaciones direccionadas y presuntos retornos ilegales, el Gobierno volvió a habilitar a la droguería Suizo-Argentina para hacer negocios con el Estado. La empresa está en el centro del escándalo de la ANDIS y es señalada por un esquema de coimas que salpica de lleno al entorno más íntimo de Milei.
Por Tomás Palazzo para NLI
Mientras Milei repite su discurso contra “la casta” y promete transparencia, la realidad vuelve a mostrar otra cosa. El Estado nacional reactivó contrataciones con la droguería Suizo-Argentina S.A., una de las firmas más beneficiadas durante el actual gobierno y que se encuentra bajo investigación por una trama de sobreprecios, contratos amañados y presuntos retornos del 3% en el marco de las compras realizadas por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
La investigación judicial se inició a partir de audios atribuidos al entonces titular de la ANDIS, Diego Spagnuolo, donde se describe con crudeza un esquema de contratación irregular con Suizo-Argentina. En esas grabaciones se habla de licitaciones armadas, sobreprecios sistemáticos y un retorno del 3% del monto de los contratos.
Según la denuncia, ese dinero habría sido canalizado hacia funcionarios y operadores políticos del oficialismo. El nombre de Karina Milei aparece mencionado como destinataria final de esos retornos, junto a otros integrantes del círculo de poder que rodea al Presidente.
Lejos de aclarar la situación, el Gobierno optó por no dar explicaciones públicas, desplazar silenciosamente a algunos funcionarios y, ahora, volver a habilitar a la empresa sospechada para seguir contratando con el Estado.
Contratos millonarios que continúan pese a la causa judicial
Los números son elocuentes. Más de 600 contratos firmados entre la ANDIS y Suizo-Argentina, por montos que superan los 55 mil millones de pesos, se encuentran bajo la lupa judicial. A eso se suman compras realizadas por otros organismos nacionales, como el Ministerio de Salud, el PAMI y obras sociales estatales.
Pese a este escenario, la droguería volvió a presentar ofertas en nuevas licitaciones, incluyendo provisión de insumos médicos de alta complejidad para hospitales públicos. En algunos casos, los procesos administrativos ya quedaron listos para adjudicar, como si la investigación en curso no existiera.
No hubo suspensión preventiva, ni inhabilitación, ni siquiera un gesto mínimo de prudencia institucional.
Un crecimiento explosivo bajo el gobierno de Milei
Otro dato que refuerza las sospechas es el crecimiento exponencial de los contratos de Suizo-Argentina desde la llegada de Milei al poder. En apenas un año, la facturación de la empresa con el Estado se multiplicó de manera abrupta, alcanzando cifras superiores a los 100 mil millones de pesos.
Este salto contrasta brutalmente con el ajuste que el propio Gobierno aplica sobre jubilaciones, prestaciones por discapacidad, salarios estatales y el sistema de salud pública. Mientras se recortan derechos, los negocios amigos siguen intactos.
El relato anticasta que se derrumba
La reapertura de las contrataciones con una empresa bajo investigación judicial deja en evidencia una doble vara escandalosa. Milei llegó al poder prometiendo terminar con la corrupción, pero cuando las sospechas tocan a su propia familia, el discurso se desvanece.
No hay transparencia, no hay explicaciones y no hay sanciones. Hay continuidad de negocios, encubrimiento político y una sensación de impunidad que se profundiza.
Mientras la Justicia avanza a paso lento y el Gobierno hace equilibrio para despegarse del escándalo, los contratos siguen firmándose y el dinero público sigue fluyendo, incluso cuando las denuncias ya no son versiones periodísticas sino una causa judicial en marcha.
El gobierno de Axel Kicillof perdió una oportunidad importante para empezar a modernizar el puerto de Mar del Plata, que arrastra una decadencia de años. El fracaso para la concesión de la terminal de contenedores generó un poco habitual reclamo público de la actual operadora de TC2, que difundió una dura carta abierta en la que alerta sobre el futuro del puerto y acusa al gobierno provincial de buscar que la licitación quede desierta.
«Las autoridades provinciales y el administrador actual siguen ensimismados en la gestión de puerto pesquero», apuntaron Emilio Bustamante y Alberto Ovejero, directores de TC2 que observaron que los requisitos que puso la Provincia en los pliegos «parecían diseñados para que no se haga nada».
La administración del puerto de Mar del Plata depende del subsecretario de Asuntos Portuarios, Juan Cruz Lucero, que a su vez depende del ministro de Producción, Augusto Costa. En el sector creen que el gobierno provincial prioriza la idea de un puerto pesquero por sobre la posibilidad de una potente terminal de contenedores. «La actividad pesquera está en un declive, no van a reactivar la terminal con esa idea», explicó a LPO un empresario.
Inicialmente, tres empresas compraron los pliegos: Murchison (que ya había operado en Mar del Plata), la chilena AgunSA y la propia TC2. Sin embargo, ninguna ofertó. En el sector coinciden en hablar de una licitación «muy mal armada».
Fuentes del puerto marplatense agregaron a LPO que el pliego no establecía terminales con uso de muelle exclusivo pero sí exigía que instalen grúas. «No podés instalar grúas en un muelle donde no tenés el pleno usufructo», señalaron.
Y graficaron los problemas de no contar con la administración del muelle: «Un día llega un barco Panamax lleno de contenedores y el muelle puede llegar a estar ocupado por dos barcos poteros». También advirtieron que el pliego no daba el tiempo para recuperar las inversiones que se exigían hacer en diez años.
Desde hace 20 años, TC2 viene operando con permisos de uso precarios por lo que advierten que esa inseguridad jurídica puede complicar la recalada de la única naviera que hoy opera en la terminal cada 15 días, Maersk.
En TC2 los cuestionamientos se enfocan en la centralidad que le da la Provincia al perfil pesquero del puerto en detrimento de un esquema multipropósito de cargas. Así, plantearon que, ante el llamado de la empresa a la la búsqueda de soluciones, «las autoridades de la provincia de Buenos Aires hacen oídos sordos».
En la extensa carta abierta, los directores de TC2 hicieron un repaso de la historia del puerto y de los intentos fallidos por diversificar su perfil más allá del pesquero. Para la empresa, conservar esa centralidad es un riesgo para el futuro del puerto y además señalaron que las grandes empresas pesqueras migraron al sur.
Desde hace 20 años, TC2 viene operando con permisos de uso precarios y advirtieron que esa inseguridad jurídica puede complicar la recalada de la única naviera que hoy opera en la terminal cada 15 días, Maersk.
Hasta el año pasado también operaba la naviera de capitales franceses CMA-CGM, pero el derrumbe de las proyecciones de exportación de Lamb Weston, la fábrica de papas fritas que inauguró Milei, precipitó su salida sin cumplir con el objetivo de cuatro salidas al mes.
«Los puertos son el primer eslabón de la cadena logística y de distribución. Los contratos a mediano y largo plazo mandan, donde la previsibilidad y la predicción son columnas vertebrales. Sin seguridad jurídica son imposibles de concretar. Todo eso desalienta inversiones y genera desazón en los trabajadores que ven cada vez más cercana la posibilidad de perder su trabajo», alertaron en TC2.
Todo eso desalienta inversiones y genera desazón en los trabajadores que ven cada vez más cercana la posibilidad de perder su trabajo.
También salieron al cruce de la entrega al sector inmobiliario de las últimas tierras disponibles: «Un puerto que no se puede expandir no tiene futuro», acusaron.
Fuentes con llegada a la empresa señalaron que el factor interno en el peronismo también juega. Desde la llegada de Kicillof al gobierno provincial, el consorcio estuvo manejado por La Cámpora, hoy a través de Marcos Gutiérrez. Voces portuarias sostienen que «el puerto queda paralizado» en medio de las constantes versiones de cambios de mando debido a la interna entre el axelismo y el kirchnerismo.
En efecto Mar del Plata es uno de los municipios de la provincia donde no se logró alcanzar una lista de unidad en el PJ local. «Hay una mezcla de incompetencia y de internas políticas que hacen que hoy el puerto se desangre con oportunidades que pierden», afirmaron en el puerto.
En TC2 agregaron que el caso marplatense en un modelo de gestión de consorcios portuarios que «está agotado». Por eso, ahora esperan que actúen las autoridades nacionales y ven «con esperanza» la decisión de la Administración Nacional de Puertos (APN) de intervenir el puerto de Tierra del Fuego, que manejaba la provincia. «Estamos esperand que se abra un camino al sector privado», afirmaron a LPO desde la empresa.
La renuncia de Marco Lavagna al frente del INDEC, justo antes de la publicación de un nuevo índice de inflación, dejó al descubierto una situación tan delicada como inquietante: los números que debía mostrar el organismo no coincidían con el relato económico del gobierno de Milei. La decisión oficial de postergar la nueva metodología y cambiar a su máxima autoridad reavivó las sospechas sobre la intervención política en las estadísticas públicas, en un contexto donde la inflación real sigue golpeando los bolsillos mientras el Ejecutivo necesita vender un éxito que los datos no confirman.
Por Roque Pérez para NLI
La renuncia de Marco Lavagna al frente del INDEC, a pocos días de que se conociera un nuevo índice de inflación con metodología actualizada, encendió todas las alarmas políticas. No se trata de un cambio administrativo más: el movimiento ocurre en un momento clave para el relato económico del gobierno de Milei, que necesita mostrar una desaceleración sostenida de precios para justificar el ajuste brutal que atraviesan los hogares argentinos.
Lavagna, que había sostenido un perfil técnico y de bajo ruido político desde su llegada al organismo, dejó su cargo justo cuando el Indec estaba en condiciones de publicar los primeros datos con una nueva fórmula de medición del IPC, basada en una canasta más actualizada y representativa del consumo real. La coincidencia temporal es demasiado evidente como para ser ignorada.
Una salida en el peor momento para el relato oficial
Según distintas reconstrucciones periodísticas, el nuevo índice no mostraba el resultado que el Gobierno esperaba. La inflación medida con la nueva metodología daba más alta de lo que Milei y el ministro Luis Caputo venían prometiendo, lo que implicaba un golpe directo al discurso de “desinflación exitosa” que el oficialismo intenta instalar.
En ese contexto, la continuidad de Lavagna se volvió incómoda. El ahora ex titular del Indec habría insistido en publicar los datos tal como estaban previstos, respetando los criterios técnicos y los tiempos ya trabajados por el organismo. Del otro lado, el Ejecutivo optó por patear la implementación del nuevo índice, una decisión que, lejos de ser inocua, tiene impacto político inmediato.
La versión oficial habló de “diferencias de criterio” y de la necesidad de esperar “condiciones más estables”. Sin embargo, puertas adentro del propio Estado nadie logra explicar por qué un índice terminado, probado y listo para difundirse debe ser guardado en un cajón justo cuando los números dejan de acompañar.
Postergar datos también es una forma de intervenir
Tras la renuncia, el Gobierno confirmó que Pedro Lines quedará al frente del Indec y que la nueva fórmula de medición de la inflación será postergada. En los hechos, se seguirá utilizando un índice que subestima consumos actuales, mientras los precios de alimentos, transporte, servicios y alquileres siguen golpeando el bolsillo real.
La decisión no es técnica, es política. Medir distinto cambia el resultado, y cambiar el resultado altera el clima social. Milei necesita mostrar una inflación en baja para sostener el ajuste, contener el malhumor y negociar con el poder financiero. Publicar un dato que contradiga ese relato sería admitir que el sacrificio no está dando los frutos prometidos.
El problema es que el Indec no es una consultora del Gobierno: es un organismo público cuya credibilidad fue duramente dañada en el pasado y que había logrado recomponer prestigio con criterios profesionales. Forzar salidas, demorar índices y acomodar tiempos vuelve a sembrar dudas que el país ya conoce demasiado bien.
Cuando la estadística molesta
La inflación no es una cifra abstracta: es el precio de comer, viajar, calefaccionarse y vivir. Si los números oficiales no reflejan esa realidad, el problema no es la gente, sino la estadística. Y cuando un director técnico se va justo porque los datos no cierran con el discurso presidencial, la sospecha deja de ser una hipótesis para transformarse en una señal política.
La renuncia de Lavagna expone una tensión de fondo: entre la necesidad del Gobierno de sostener su relato y la obligación del Estado de decir la verdad, aunque incomode. En esa disputa, Milei parece haber elegido priorizar la narrativa antes que la transparencia.
Porque cuando los números no le dan, el problema no es el índice. El problema es la realidad.
