La Municipalidad de Villa Regina recuerda la vigencia de la Ordenanza 10/2009 que reglamenta el arbolado urbano y establece el procedimiento para la autorización de extracción de árboles, los criterios de plantación y el sistema de multas para quienes infrinjan la presente normativa.
En este sentido, se informa que multará a los frentistas que no soliciten permiso para la extracción de los mismos y, también, a aquellos que habiéndolo solicitado no realizaron la reposición correspondiente.
Cabe recordar que, de acuerdo a lo establecido, todos los inmuebles de la zona urbana, con edificación o sin ella, deben poseer dos árboles cada 10 metros de frente.
El arbolado urbano es un bien de dominio público municipal y los árboles son generadores de un sinnúmero de beneficios como purificar el aire, atenuar los vientos, filtrar ruidos y formar parte de los ciclos ecológicos vitales, entre otros.
El gobierno de Milei avanzó en un nuevo acuerdo militar con Estados Unidos para el patrullaje y la vigilancia del Atlántico Sur, una región estratégica para la Argentina por sus recursos naturales, la cercanía con la Antártida y la disputa de soberanía sobre las Islas Malvinas. El convenio, presentado bajo el nombre de “Protecting Global Commons Program”, fue anunciado primero por el Comando Sur y la Embajada estadounidense antes que por el propio Ministerio de Defensa argentino, y despertó fuertes críticas políticas por el alcance de la presencia norteamericana en aguas argentinas.
Por Ramiro C. Ferrante para NLI
La iniciativa contempla cooperación militar, provisión de equipamiento, entrenamiento especializado y tareas de vigilancia marítima durante los próximos cinco años. Según trascendió, el acuerdo comenzó con la entrega de tecnología para aeronaves destinadas al patrullaje del mar argentino, pero prevé una expansión progresiva con “equipamiento avanzado” y apoyo operativo para interceptar amenazas marítimas. Para sectores críticos, el problema excede cualquier cuestión técnica: el gobierno vuelve a colocar áreas estratégicas argentinas bajo tutela extranjera.
El concepto que encendió todas las alarmas
Uno de los puntos más cuestionados fue el lenguaje utilizado por Washington para justificar el despliegue. El Atlántico Sur fue definido como un “bien común global”, una expresión que para especialistas en soberanía y defensa implica relativizar el control argentino sobre una de las zonas geopolíticas más importantes del planeta.
No se trata de un territorio cualquiera. Allí confluyen las mayores reservas pesqueras del hemisferio sur, corredores marítimos estratégicos, recursos energéticos offshore y la puerta de entrada a la Antártida. Además, el Reino Unido mantiene en las Islas Malvinas una poderosa base militar con capacidad de proyección sobre toda la región.
Por eso, la decisión de Milei de profundizar acuerdos militares con el principal aliado estratégico de Londres dentro de la OTAN generó un fuerte rechazo en ámbitos diplomáticos y académicos. Para muchos analistas, el gobierno argentino termina validando indirectamente una arquitectura militar internacional que históricamente fue funcional a los intereses británicos y estadounidenses en el Atlántico Sur.
La polémica también escaló por el hermetismo oficial. El anuncio original no fue realizado por el Ministerio de Defensa argentino sino por organismos estadounidenses, algo que para la oposición refleja el nivel de subordinación política del gobierno libertario frente a Washington.
Una región bajo disputa geopolítica
El acuerdo se inscribe además en un contexto internacional de creciente militarización del Atlántico Sur. Estados Unidos busca consolidar presencia sobre corredores marítimos y recursos estratégicos, mientras el Reino Unido fortalece sus capacidades militares en Malvinas y otras potencias incrementan operaciones vinculadas a la Antártida.
En ese tablero global, la Argentina aparece cada vez más alineada con la agenda norteamericana. Durante los últimos meses, el gobierno de Milei multiplicó ejercicios conjuntos, reuniones con altos mandos militares estadounidenses y acuerdos de interoperabilidad. La intención parece evidente: convertir al país en el principal socio regional de Washington en materia de defensa y seguridad.
Pero esa estrategia tiene costos políticos y diplomáticos. Diversos especialistas advierten que una dependencia creciente de equipamiento, financiamiento y entrenamiento extranjero reduce márgenes de autonomía y condiciona futuras decisiones soberanas. La discusión no es solamente militar: también involucra pesca ilegal, explotación de hidrocarburos, rutas comerciales y control territorial.
Incluso dentro de las propias Fuerzas Armadas existen sectores que observan con preocupación el reemplazo de una política de desarrollo nacional de capacidades por un esquema de dependencia tecnológica externa. El problema, sostienen, es que la Argentina termina actuando como plataforma subordinada dentro de intereses estratégicos ajenos.
El atlántico sur, otra vez en el centro de la disputa
El trasfondo del conflicto vuelve a colocar en escena una pregunta histórica: quién controla realmente el Atlántico Sur. Mientras Milei profundiza vínculos militares con Estados Unidos, crecen las dudas sobre el impacto de esos acuerdos en la soberanía argentina y en el reclamo histórico sobre Malvinas.
Para el gobierno libertario, la alianza representa cooperación estratégica y modernización militar. Para sus críticos, en cambio, constituye un nuevo avance de Washington sobre áreas sensibles del país y una peligrosa cesión de autonomía en una de las regiones más codiciadas del siglo XXI.
Porque detrás del discurso de “seguridad marítima” y “cooperación internacional”, lo que está en juego es mucho más profundo: el control de los recursos naturales, las rutas oceánicas y la proyección geopolítica sobre el extremo sur del planeta.
Amalia Granata bajó el perfil de confrontación permanente contra Pullaro en la Legislatura de Santa Fe pero igual se la rebusca para no quedar afuera de la conversación pública. Esta vez, por un video realizado con inteligencia artificial para promocionar Atenxia, una aplicación móvil orientada al tratamiento y reeducación de niños con dislexia y TDAH.
La legisladora difundió la firma de un proyecto con la plataforma a través de un avatar creado con IA que la muestra hablando frente a una especie de rooftop parisino. La voz artificial, en delay y los movimientos del personaje llamaron rápidamente la atención de los usuarios que señalaban la mala calidad de la confección del avatar.
Uno de los que reaccionó fue Jorge Haddad, el comediante cordobés conocido por su personaje Hermana Beba, que suele ironizar sobre influencers, celebridades y referentes políticos desde una mirada ácida y provocadora.
«¿Estás rara, Ama, estás bien? ¿Estás durmiendo bien?», comienza preguntándose Beba en un reel que se volvió viral. Luego se detiene en detalles del avatar digital. «Le veo un pelo que se mueve solo», comenta mientras observa el video de Granata.
¿Estás rara, Ama, estás bien? ¿Estás durmiendo bien?», comienza preguntándose Beba en un reel que se volvió viral. Luego se detiene en detalles del avatar digital. «Le veo un pelo que se mueve solo
El comediante fue todavía más lejos al sugerir que la diputada estaba «curseada», una expresión tomada del inglés cursed que suele utilizarse en internet para describir situaciones o imágenes extrañas, inquietantes o directamente bizarras.
«Ama, te han hecho un trabajo. Esta chica está curseada», bromeó antes de recomendar, entre risas, que la llevaran a ver a un cura.
Lejos de molestarse, Granata recogió el guante y respondió con humor. De hecho, fue una de las primeras en comentar la publicación de Hermana Beba. «TE AMO», escribió la diputada junto a un emoji de corazón.
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Es llamativo que los derechos del empleado público sean defendidos principalmente por los gremios y no así por el Estado. Ser un trabajador público implica estar al servicio de la comunidad con todo lo que ello conlleva… Valorar la atención gratuita en los Hospitales y el esfuerzo de todo funcionario de la Educación es un…
El gobierno de Axel Kicillof acelera la discusión de la reforma de la Ley de Seguridad Pública, proyecto que, en la última apertura de sesiones en la Legislatura, el gobernador adelantó que presentará para modificar la normativa que data de los 90.
Para eso, profundizó esta semana la ronda de negociaciones que abrió el mes pasado en Escobar, cuando el Ministerio de Seguridad a cargo de Javier Alonso reunió a intendentes del Conurbano en Escobar.
Como contó LPO, en aquella oportunidad también hubo un principio de acuerdo para empezar a dar forma a un proyecto de ley que vuelva a crear la Policía Municipal en los distritos de la provincia.
Como sea, la descentralización y la necesidad de mayores recursos son aspectos que cruzan la discusión de políticas de seguridad en todos los municipios.
En ese encuentro de Escobar, la Provincia reunió mayoritariamente a intendentes del peronismo, con la única excepción de Ramón Lanús que, a pesar de su extracción PRO, mantiene un diálogo fluído con la cartera de Seguridad provincial.
El intendente de Chivilcoy, Guillermo Britos, durante el encuentro de este viernes entre intendentes de la Cuarta y funcionarios de Seguridad.
Ahora, el gobierno de Kicillof expandió en debate a intendentes de otros espacios. Esta semana, realizó encuentros en tres secciones electorales (Cuarta, Quinta y Séptima), convocando a cerca de una treintena de jefes comunales, algunos de ellos radicales, vecinalistas y del PRO.
El último de estos encuentros para debatir la reforma de la ley de seguridad pública se hizo en Chivilcoy, municipio gobernado por el vecinalista Guillermo Britos, de buena relación con el gobierno provincial y que esta semana se mostró en La Plata con Julio Alak, uno de los intendentes del peronismo que piensa en la Gobernación.
En el gobierno de Kicillof señalaron que la intención es construir una política de seguridad «que reconozca y fortalezca el rol de los intendentes», articulando ese trabajo con la función que cumple la Policía bonaerense dentro de una estructura de conducción provincial.
En la Provincia sostienen que la actual ley no contempla gran parte de las herramientas que los municipios desarrollaron en las últimas décadas, como Centros de monitoreo, sistemas de alerta, programas de asistencia a víctimas e iniciativas de seguridad rural.
En esos dispositivos y otros es que, sostienen, buscan darle un marco legal específico que las regule e integre dentro del sistema de seguridad provincial.
En esa línea, señalaron que la intención es construir una política de seguridad «que reconozca y fortalezca el rol de los intendentes», articulando ese trabajo con la función que cumple la Policía de la Provincia de Buenos Aires dentro de una estructura de conducción provincial.
En los encuentros realizados esta semana en secciones electorales del interior bonaerense, los intendentes coincidieron en la necesidad de diferenciar las problemáticas que atraviesan municipios del interior con respecto a los del conurbano y que eso sea contemplado en la ley.
«Pero los pedidos son los de siempre: falta de móviles, de personal, más recursos. Cada vez que se hacen reuniones con Seguridad, llueven los pedidos de ese tipo», dijo a LPO uno de los intendentes que participó de estos encuentros.
En la mañana del viernes, la Municipalidad de Villa Regina realizó el acto en homenaje a los veteranos y caídos en la Guerra de Malvinas. El mismo se llevó a cabo en las instalaciones de la Escuela Nº 279 del barrio Islas Malvinas y estuvo encabezado por el Intendente Marcelo Orazi, acompañado por las Legisladoras…
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