La Municipalidad de Villa Regina recuerda la vigencia de la Ordenanza 10/2009 que reglamenta el arbolado urbano y establece el procedimiento para la autorización de extracción de árboles, los criterios de plantación y el sistema de multas para quienes infrinjan la presente normativa.
En este sentido, se informa que multará a los frentistas que no soliciten permiso para la extracción de los mismos y, también, a aquellos que habiéndolo solicitado no realizaron la reposición correspondiente.
Cabe recordar que, de acuerdo a lo establecido, todos los inmuebles de la zona urbana, con edificación o sin ella, deben poseer dos árboles cada 10 metros de frente.
El arbolado urbano es un bien de dominio público municipal y los árboles son generadores de un sinnúmero de beneficios como purificar el aire, atenuar los vientos, filtrar ruidos y formar parte de los ciclos ecológicos vitales, entre otros.
El Colegio de Martilleros bonaerense salió al cruce este martes de la iniciativa en la que trabajan diputados libertarios de la provincia para desregular el mercado inmobiliario, en línea con lo que proyecta Federico Sturzenegger a escala nacional.
«Roza con lo ignaro y lo obsoleto, además de que, a prima facie, retrocede más de medio siglo en la evolución histórica profesional de la provincia», dijo el titular del colegio profesional, Luis Eusebio Colao.
Y agregó que la iniciativa «busca equiparar a un profesional universitario con cualquier entusiasta en la materia, bajo una supuesta premisa desregulatoria».
El proyecto al que se alude es promovido por los nueve diputados provinciales alineados a Sebastián Pareja y, entre los puntos más salientes, plantea que «la intermediación, corretaje y conclusión de contratos de compraventa de inmuebles podrá ser ejercida libremente por personas humanas y jurídicas no matriculadas».
También, establece el «libre pacto entre partes». Así, en ese bosquejo los libertarios detallaron que la ley tiene por objeto «desregular el mercado inmobiliario en la provincia mediante la eliminación de restricciones al ejercicio de la intermediación».
Como contó LPO, a escala nacional el principal impulsor de la desregulación inmobiliaria es Jorge Amoreo Casotti, un empresario oriundo de La Plata muy cercano a cercano a Sturzenegger y los Benegas Lynch.
El tema ya desata una discusión de alto voltaje en el plano político bonaerense. Semanas atrás, Sergio Massa visitó el Colegio de Martilleros provincial para expresar su apoyo a la entidad ante una eventual embestida desregulatoria inminente.
Ahí, el líder del Frente Renovador defendió la «necesidad e importancia del rol de los Colegios Profesionales como protección y contención frente a las múltiples modalidades de estafas inmobiliarias que podrían proliferar sin el control de la matricula existente».
Sergio Massa apoyó al Colegio de Martilleros de PBA en su rechazo al intento libertario por desregular la actividad.
Poco después de esa visita de Massa, se filtró el texto de los diputados de Pareja en la Cámara baja bonaerense que proyecta la eliminación de sanciones para quienes participen en operaciones inmobiliarias sin título habilitante. Hoy, la legislación vigente estipula multas que pueden llegar al doble de los honorarios.
«La tentativa de estos nueve legisladores, de los veinte que integran el bloque de La Libertad Avanza bonaerense, es esconder, a través del enmarañado proyecto, la equiparación de los profesionales universitarios con cualquier persona humana o jurídica no matriculada», dijo Colao.
Los martilleros pusieron de relieve el dato político de los firmantes de la iniciativa que, por lo pronto, solo tendría el impulso de los diputados que integran el núcleo duro del karinismo en la Legislatura, con el platense Juan Esteban Osaba a la cabeza.
La tentativa de estos nueve legisladores, de los veinte que integran el bloque de La Libertad Avanza bonaerense, es esconder, a través del enmarañado proyecto, la equiparación de los profesionales universitarios con cualquier persona humana o jurídica no matriculada
«Con inusitado desparpajo modifican el Art. 80 de las infracciones con el siguiente texto: ‘Queda excluida de las infracciones y multas previstas en el presente artículo toda persona que intervenga en la compraventa de inmuebles sin poseer título de martillero o corredor público’. Dicha modificación no solo equipara la ilegalidad, sino que además la despenaliza», advirtió Colao.
Al acusar que ese proyecto «legaliza la ilegalidad y se abre la puerta al reino de las estafas», el titular de Martilleros PBA acusó un intento de «vulnerar, caprichosamente, la dedicación y el esfuerzo de cientos de personas que estudiaron una carrera y se perfeccionan con cursos y talleres para brindar un mejor servicio».
Así, sostuvo que la iniciativa «precariza o podría terminar definitivamente con las fuentes de trabajo de más de 200 mil familias que laboran de modo directo e indirecto en el mercado inmobiliario de la provincia».
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