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En vigencia la ordenanza sobre arbolado urbano

La Municipalidad de Villa Regina recuerda la vigencia de la Ordenanza 10/2009 que reglamenta el arbolado urbano y establece el procedimiento para la autorización de extracción de árboles, los criterios de plantación y el sistema de multas para quienes infrinjan la presente normativa.

En este sentido, se informa que multará a los frentistas que no soliciten permiso para la extracción de los mismos y, también, a aquellos que habiéndolo solicitado no realizaron la reposición correspondiente.

Cabe recordar que, de acuerdo a lo establecido, todos los inmuebles de la zona urbana, con edificación o sin ella, deben poseer dos árboles cada 10 metros de frente.

El arbolado urbano es un bien de dominio público municipal y los árboles son generadores de un sinnúmero de beneficios como purificar el aire, atenuar los vientos, filtrar ruidos y formar parte de los ciclos ecológicos vitales, entre otros.

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    Al exponer un ejemplo de lo que definió como un «cambio de modelo», Caputo sostuvo que el gobierno de Alberto Fernández «salió a armar a las apuradas» un gasoducto y que, en esa licitación, Techint cobró 4.000 dólares la tonelada de tubos.

    «»Primer error: se lo cargaron a la gente en vez del sector privado. Y esa licitación salió a 4.000 dólares la tonelada de tubos. En la última licitación, en cambio, salió a 1.400 dólares. Fijate la diferencia de modelo. Y lo paga el sector privado», destacó Caputo en Radio Mitre, en alusión a la oferta ganadora para el gasoducto a Río Negro y que hizo la empresa hindú Welspun por USD 203 millones para 480 kilómetros de ducto y enardeció a Rocca, que había pasado un presupuesto un 40 por ciento por encima de su competidora.

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    Esa licitación salió a 4.000 dólares la tonelada de tubos. En la última licitación, en cambio, salió a 1.400 dólares. Fijate la diferencia de modelo. Y lo paga el sector privado.

    Un ex funcionario que participó de la construcción del gasoducto Néstor Kirchner, rebautizado Perito Moreno por el gobierno libertario, explicó a LPO durante el gobierno de Alberto, una serie de factores como el Compre Argentino, la Ley de obra pública, el cepo y la obligación de pesificar los dólares, hacían que no se presenten competidores afuera.

    «No lo ganó una empresa argentina. Es una cuestión de incentivos. Nosotros trabajamos para los argentinos, y los argentinos quieren mejores productos a mejores precios», dijo Caputo al contrastar con el gobierno anterior.

    En ese sentido, el ministro habló de «un proceso de aprendizaje» y vaticinó que para la próxima licitación de tubos para una obra cinco veces más grande que la recientemente licitada, «seguramente Rocca baje los precios». 

     

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    «Las autoridades provinciales y el administrador actual siguen ensimismados en la gestión de puerto pesquero», apuntaron Emilio Bustamante y Alberto Ovejero, directores de TC2 que observaron que los requisitos que puso la Provincia en los pliegos «parecían diseñados para que no se haga nada».

    Inicialmente, tres empresas compraron los pliegos: Murchison (que ya había operado en Mar del Plata), la chilena AgunSA y la propia TC2. Sin embargo, ninguna ofertó. En el sector coinciden en hablar de una licitación «muy mal armada».

    Fuentes del entramado portuario marplatense detallaron a LPO que el pliego no establecía terminales con uso de muelle exclusivo pero sí exigía que instalen grúas. «No podés instalar grúas en un muelle donde no tenés el pleno usufructo», señalaron.

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    «Los puertos son el primer eslabón de la cadena logística y de distribución. Los contratos a mediano y largo plazo mandan, donde la previsibilidad y la predicción son columnas vertebrales. Sin seguridad jurídica son imposibles de concretar. Todo eso desalienta inversiones y genera desazón en los trabajadores que ven cada vez más cercana la posibilidad de perder su trabajo», alertaron en TC2.

    También salieron al cruce de la entrega de al sector inmobiliario de las últimas tierras disponibles: «Un puerto que no se puede expandir no tiene futuro», acusaron.

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    Como sea, Mar del Plata es uno de los municipios de la provincia donde no se logró alcanzar una lista de unidad en el PJ local. «Hay una mezcla de incompetencia y de internas políticas que hacen que hoy el puerto se desangre con oportunidades que pierden», señalan en el puerto.

    Así, en TC2 encorsetaron el caso marplatense en un modelo de gestión de consorcios portuarios que «está agotado». Por eso, ven «con esperanza que la intervención del puerto fueguino abra un nuevo camino al sector privado». 

     

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