Niños y niñas reginenses de entre 5 y 10 años ya disfrutan de la colonia de invierno organizada por la Dirección de Deportes de la Municipalidad de Villa Regina.
La actividad se desarrolla los lunes, miércoles y viernes en distintos barrios de la ciudad. Esta semana, de 14 a 15,30 horas, tiene lugar en la Plaza de barrio Businelli y de 16 a 17,30 horas, en Don Rodolfo.
La semana que viene la propuesta será según el siguiente cronograma:
*14 a 15,30 horas: concentración cancha de las 86 Viviendas. Concurren de barrios Matadero, 80 Viviendas, 86 Viviendas, 201 Viviendas, 47 Viviendas y alrededores.
*16 a 17,30 horas: concentración en cancha de Borgatti. Concurren de barrios Este, El Trabajo, Borgatti, Don Bosco, Provincial, Don Bosco y alrededores.
Las inscripciones se reciben en el teléfono 2984-651398.
Dentro de la lógica de como enfocan los medios tradicionales al deporte esta nota de opinión tendría mayor sentido una vez finalizada la Copa Mundial FIBA 2019 realizada en China, ya que a la mayoría les gusta opinar con el diario del lunes -una vez puesto el resultado se acomoda el discurso– no obstante desde…
Mario Lugones activó una maniobra para quedarse con Osmédica, la obra social de los médicos que tiene más de 180 mil afiliados en todo el país. La intención del secretario de Salud sería nombrar una gerenciadora a pesar de que la obra social es superavitaria.
Por estatuto, Osmédica está administrada por Femeca, la Federación de Médicos de Capital, pero con el paso de los años captó afiliados en toda la Argentina. Su presidente es Héctor Garín, creador del SAME, pero desde el año pasado la conducción del gremio está judicializada.
Médicos Municipales está afiliado en Femeca y decidió jugar fuerte en la federación. Primero consiguió armar junta electoral paralela que luego convocó a elecciones de Femeca el 18 de marzo de 2026. Las elecciones oficiales se celebraron un día antes y confirmaron a Garín en la conducción del gremio.
Médicos Municipales, el poderoso gremio que conduce Carlos Rojo, impulsó a Cristina Rosales. «No les interesa Femeca, quieren quedarse con la obra social», le dijo a LPO un miembro del oficialismo.
Sin acuerdo entre las partes, la cuestión se judicializó. La comisión blue se anotó una victoria luego de que la Superintendencia de Salud, que responde a Mario Lugones nombrara a un administrador para Osmédica, que desde hace más de un mes está paralizada por la disputa.
El elegido fue Hernán Nápoli, un viejo conocido de Rojo que se desempeña como secretario de Ceremonial y Protocolo Facultad de Medicina. El titular de Médicos Municipales tiene influencia en la UBA y aliado a Emiliano Yacobitti llevó al ex decano de Medicina, Ricardo Gelpi, al rectorado.
El rumor que se escucha en Osemédica es que Rojo y Lugones ya tienen conversaciones avanzadas con una gerenciadora para que se haga cargo de la obra social. «No se entiende para qué se necesita una gerenciadora si Osemédica sigue haciendo obras y abriendo nuevos centros médicos», se quejó un dirigente del oficialismo.
En el Polideportivo Cumelén, culminó la capacitación a un grupo de empleados municipales (en este caso, agentes de Obras Públicas) sobre la ley Micaela, a cargo del Área Mujer y Diversidad. La misma se enmarca en la Ordenanza N°028/2020 y la Ley Nacional, la que establece la capacitación obligatoria en temática de género y violencia…
No parece muy arriesgado afirmar que entre los realizadores audiovisuales que en los últimos años trabajan en la Patagonia, el nombre de Alejo Estrabou es uno de los más destacables. Soñar Soñar producciones será seguramente recordada, y ya es reconocida, por ese extraordinario archivo musical y visual que es la serie de videos El Sonido…
Una nueva reforma penal que presenta Maximiliano Pullaro para acrecentar atribuciones en la lucha contra el delito puso en estado de alarma a organizaciones de abogados y a magistrados santafesinos. Para los críticos las enmiendas propuestas son graves porque prescinden de la figura del juez, le da facultades ampliadas a la policía para interrogatorios sin comunicación a un fiscal ni a defensor, avanzan sobre garantías en casos de allanamientos o intervención en comunicaciones privadas,
Pullaro parte de la idea de que hay que avanzar con medidas de restricción de garantías frente a la vigencia de un contexto de amenazas provenientes de actores criminales complejos. Por eso postula un segundo paquete de cambios al Código Procesal Penal que su gestión ya impulsó, con aval legislativo mayoritario, al asumir. Solamente que esta vez los cambios son tan duros en algunos casos que provocan una conmoción clara en ámbitos académicos del Derecho, en el campo de los jueces, de defensores penales y hasta de fiscalías.
La reforma busca reponer la figura de la declaración informativa y el interrogatorio policial inicial, algo que no existe desde el cambio al sistema acusatorio en 2014 en Santa Fe, y elimina la presencia del defensor como condición ineludible para la declaración del imputado.
Esto es una práctica que hace 40 años, en 1985, penalistas de Rosario como Héctor Superti, que fue ministro de Justicia de Hermes Binner, Daniel Erbetta, hoy miembro de la Corte Suprema de Santa Fe, o Ramón Ríos, docente de ambos y ex camarista penal, cuestionaban abiertamente a dos años de la recuperación democrática, por considerar metodologías distintivas de la dictadura.
El cambio propuesto también incluye el allanamiento automático por secuestro de armas en vía pública, sin orden judicial, bajo la idea de que la espera de una autorización de juez implica demoras que dan lugar a ocultamientos y posible pérdida de la evidencia.
Otro planteo buscado por el equipo jurídico de Pullaro es que se incorpore un procedimiento por decreto, sin participación del juez, para dictar resoluciones por contravenciones o delitos de bajo impacto, donde un magistrado sí puede revisar a pedido del condenado la sentencia.
Los puntos aludidos provocan una reacción todavía muy inicial pero ya muy expresiva. «Espantoso», «cruel», «inconstitucional», «regresión premoderna», son las referencias más reiteradas ya en el seno de entidades que agrupan jueces, abogados penalistas y docentes de Derecho Penal. Los objetores indican que es además una reforma que abre puertas a la corrupción policial.
El Ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni.
«Es fácil imaginarse lo que puede pasar si un policía encuentra o planta un arma, y luego queda facultado para allanar un domicilio a 40 cuadras de ahí. ¿Qué juez puede validar eso?», le dijo a LPO un magistrado de Rosario que se declara perplejo por la temeridad que atribuye a la reforma. «Un retroceso de treinta años. Esto va más atrás del sistema de jueces de instrucción porque con sistema escrito ya no regía», añadió otro juez a este medio.
Magistrados de muy diversas tendencias plantean una inquietud coincidente. «Nos preocupa este proyecto de reforma y esperamos un escenario de diálogo con los actores del campo político», le dijo a LPO el camarista penal Gustavo Salvador, presidente del Colegio de Jueces de Rosario.
José Nanni, presidente de la asociación de abogados penalistas de Rosario, dice que cuando recibió la declaración que el gobierno remitió este viernes a la Legislatura pensó que era una broma. «Lo que abre esta reforma es muy grave y autoritario. Tiene la lógica del discurso penal del enemigo y aniquila principios básicos de nuestro enjuiciamiento penal. Hay artículos muy peligrosos como los que habilitan inteligencia preventiva sin comunicación al juez. En general se piensa que es no importa si es contra Los Monos o Esteban Alvarado. Pero esta herramienta le abre la puerta a actos de espionaje que después van contra abogados, políticos, periodistas, empresarios. Todos sabemos bien cómo funciona», dijo a LPO.
Con esto último, el abogado alude a otro de los cambios solicitados por el gobierno a la Legislatura. Según el texto, consiste en incorporar expresamente las actividades de espionaje digital y electrónico al repertorio de fuentes del sistema de inteligencia. «La medida pretende fortalecer las capacidades estatales anticipatorias en la lucha contra el crimen organizado y la protección de la seguridad colectiva, aplicando las herramientas tecnológicas disponibles y sujetándolas a las correspondientes autorizaciones judiciales», según la fundamentación del proyecto.
Lo que creen variados defensores e inclusos jueces es que esto habilitará la penetración sin garantías sobre correspondencia o intercambios de mensajes privados.
El mensaje legislativo del gobernador apunta a imponer el juicio penal en rebeldía, que implica en la idea de los impulsores en que no hay violación del derecho de defensa si la persona es notificada de la causa en su contra, y que si el implicado no comparece debe asumir las consecuencias de su decisión.
En el gobierno sostienen que la marcada baja en los índices de violencia que distinguían a Rosario hasta 2023 precisa ser resguardada con herramientas normativas que además implique no solamente contener el delito en la calle, sino con un régimen agravado para los reclusos que ordenan delitos desde la cárcel, para lo cual busca habilitar medidas de aislamiento extremo y suspender privilegios de visita física, garantizando el contacto familiar por medio de correspondencia por carta, sujeta a fiscalización.
Pullaro considera haber construido un activo en su política de seguridad, que tiene una fuerte apelación contra el delito, y procura reforzarla, lo que es un capital para la búsqueda de adhesiones. Al iniciar su mandato ya logró una reforma procesal penal. Ya entonces se habilitaron facultades policiales y de fiscales más plenas, se concedieron allanamientos excepcionales en casos de delitos flagrantes y se prolongaron hasta 30 días los plazos para presentar un detenido en una audiencia ante un juez.
En ese momento, en un marco crítico sobre todo en Rosario, con homicidios que habían rozado las 300 muertes en 2022, la aprobación legislativa de estas medidas excepcionales no encontró resistencia ni los planteos iniciales de reprobación que aparecen ahora. Por entonces miembros del gobierno provincial reconocieron a este medio: «Presentamos un proyecto tan ambicioso que imaginamos iba a costarnos mucha negociación y muchos cambios. Pero no hubo que suavizar nada. Nos aprobaron casi todo».
En la coalición oficialista, los socialistas insinuaron algún tipo de incomodidad ante el proyecto, aunque moderada. «Estamos recién en el análisis inicial del texto. Se va a trabajar seriamente, sin apuros y el proyecto va a tener modificaciones», dijo un portavoz de la bancada de ese partido. Entre los radicales y los miembros del PRO no surgió ninguna voz de objeción.
Desde el gobierno, cuestionan los planteos de antemano. «No hay garantía efectiva sin capacidad estatal para hacerla cumplir. Por tal motivo se introducen reformas para lograr un equilibrio entre las garantías individuales, la eficacia del sistema penal y la protección de la comunidad», indica la fundamentación de la reforma.
La Municipalidad de Villa Regina informa que, a partir de la adhesión a la Resolución N° 4639 del Ministerio de Salud de Río Negro, hasta el 2 de julio inclusive tendrán vigencia las siguientes medidas sanitarias destinadas a contener los contagios de COVID-19. *La restricción a la circulación de las personas será entre las 22…
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