Niños y niñas reginenses de entre 5 y 10 años ya disfrutan de la colonia de invierno organizada por la Dirección de Deportes de la Municipalidad de Villa Regina.
La actividad se desarrolla los lunes, miércoles y viernes en distintos barrios de la ciudad. Esta semana, de 14 a 15,30 horas, tiene lugar en la Plaza de barrio Businelli y de 16 a 17,30 horas, en Don Rodolfo.
La semana que viene la propuesta será según el siguiente cronograma:
*14 a 15,30 horas: concentración cancha de las 86 Viviendas. Concurren de barrios Matadero, 80 Viviendas, 86 Viviendas, 201 Viviendas, 47 Viviendas y alrededores.
*16 a 17,30 horas: concentración en cancha de Borgatti. Concurren de barrios Este, El Trabajo, Borgatti, Don Bosco, Provincial, Don Bosco y alrededores.
Las inscripciones se reciben en el teléfono 2984-651398.
Javier Milei y Diego Santilli designaron como subsecretario de Proyectos Estratégicos a Guillermo Nicanor Toranzos Torino, un ex funcionario de los gobiernos de Carlos Menem y Fernando de la Rúa con una extensa trayectoria en la Sociedad Rural Argentina.
Por Tomás Palazzo para NLI
El Gobierno de Javier Milei continúa completando el organigrama de la nueva Jefatura de Gabinete encabezada por Diego Santilli. Esta vez lo hizo con la designación de Guillermo Nicanor Toranzos Torino como subsecretario de Proyectos Estratégicos, un cargo de fuerte peso político y técnico que dependerá de la Vicejefatura de Gabinete. Sin embargo, el dato que sobresale de su nombramiento no está en sus antecedentes académicos sino en su extensa trayectoria dentro del Estado: fue funcionario durante el menemismo y luego continuó ocupando responsabilidades durante el gobierno de la Alianza, una continuidad que vuelve a poner en evidencia el reciclaje de cuadros de los años noventa dentro de la administración libertaria.
Un hombre de los ’90 vuelve al Gobierno
La designación fue oficializada mediante el Decreto 647/2026, firmado por el presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete Diego Santilli. Toranzos Torino tendrá a su cargo la flamante Subsecretaría de Proyectos Estratégicos, un área creada para coordinar programas considerados prioritarios por la Casa Rosada, intervenir en proyectos con organismos internacionales y asistir técnicamente a la Jefatura de Gabinete en iniciativas de alcance nacional.
Pero detrás de ese perfil técnico aparece una historia política que atraviesa distintos gobiernos. Entre 1995 y 1999, durante la segunda presidencia de Carlos Menem, se desempeñó como Coordinador General de la Subsecretaría de Comercio Exterior del Ministerio de Economía y también fue director ejecutivo de la Unidad Coordinadora de Política de Fomento de Exportaciones, formando parte del esquema económico que impulsó la apertura comercial y las reformas estructurales de aquella década.
Lejos de finalizar allí su paso por el Estado, logró mantener presencia durante el cambio de signo político. Entre 2000 y 2001 trabajó como asesor de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación durante la presidencia de Fernando de la Rúa, consolidando una continuidad que atravesó tanto el menemismo como la gestión de la Alianza.
Vínculos históricos con la Sociedad Rural
Antes incluso de ingresar al Gobierno nacional, Toranzos Torino había construido una carrera ligada a uno de los sectores más tradicionales del poder económico argentino.
Durante una década, entre 1984 y 1994, fue Jefe de Economistas del Instituto de Estudios Económicos de la Sociedad Rural Argentina, una de las entidades históricamente enfrentadas con los gobiernos peronistas y protagonista de numerosos debates sobre política agropecuaria. Posteriormente desarrolló una extensa actividad como consultor para organismos internacionales como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la FAO, además de desempeñarse como docente universitario en distintas instituciones.
Su currículum también incluye participación como experto argentino en mecanismos de solución de controversias del Mercosur y cargos vinculados al comercio exterior y la economía forestal, conformando un perfil eminentemente técnico especializado en planificación económica y agronegocios.
El regreso de los cuadros de los años noventa
Toranzos Torino integró el equipo técnico que ejecutó la política de comercio exterior del menemismo, orientada a la apertura de mercados y la promoción de exportaciones durante la segunda presidencia de Carlos Menem. Desde la Subsecretaría de Comercio Exterior del Ministerio de Economía, donde se desempeñó entre 1995 y 1999, formó parte del entramado estatal que impulsó la inserción de la economía argentina en los mercados internacionales, en un período marcado por la reducción de barreras comerciales, la profundización del Mercosur y el modelo de apertura económica que caracterizó a la década del noventa.
Aquel esquema económico, presentado entonces como una vía para modernizar la economía y aumentar la competitividad, también fue objeto de fuertes críticas por sus efectos sobre sectores industriales nacionales, que denunciaron dificultades para competir frente a la apertura importadora y la pérdida de capacidades productivas. Tres décadas después, uno de los cuadros técnicos de aquella etapa vuelve al Estado de la mano del gobierno de Javier Milei y Diego Santilli.
La incorporación de Toranzos Torino se produce en plena reorganización del Gobierno tras el desembarco de Diego Santilli al frente de la Jefatura de Gabinete. Aunque el oficialismo suele presentarse como una fuerza que busca romper con «la vieja política», la elección de un funcionario con responsabilidades durante los gobiernos de Carlos Menem y Fernando de la Rúa vuelve a mostrar una tendencia creciente dentro de la administración libertaria: la recuperación de cuadros técnicos formados durante las reformas económicas de los años noventa.
En este caso, además, se trata de un funcionario que arriba a una dependencia encargada de coordinar proyectos estratégicos y la relación técnica con organismos internacionales, un área con capacidad de incidencia sobre algunas de las principales políticas públicas que impulsará la Jefatura de Gabinete en la nueva etapa de gestión.
Dentro de las infinitas posibilidades que existen uno puede elegir qué comer, qué cuidar, qué atender, y ahí todos podemos diferir libremente. Existe también algo que todos tenemos, podría decir casi sin propia elección, y es nuestro cuerpo físico. Aquí por supuesto que también elegimos qué hacer con él pero me parece importante destacar que…
La jugada de los abogados de Cristina Kirchner de apelar a la ONU para pedir una revisión de su condena para que pueda ser candidata en 2027 choca con la doctrina de la Corte Suprema que niega que exista una cuarta instancia internacional contra sus pronuciamientos. En 2017, la Corte Suprema estableció en el fallo Fontevecchia que los tribunales internacionales no tienen competencia para anular decisiones del máximo tribunal.
El kirchnerismo lanzó un operativo clamor para que Cristina pueda competir por la presidencia en las elecciones del año próximo. Fue tras el anuncio de la integración de un nuevo equipo de abogados para asesorar a la ex presidenta en la búsqueda de un fallo internacional que revierta su condena actual que incluye la inhabilitación de por vida para presentarse en elecciones que disputen un cargo público.
Javier Borrego, ex juez del Supremo Tribunal de España y el brasileño Rafael Valim, ex abogado de Lula y especialista en Lawfare, que se sumaron al penalista Carlos Beraldi, en la defensa de la expresidenta.
Ese equipo anunció esta semana que recurriría a la ONU para exigir un pronunciamiento de su Comité de Derechos Humanos contra la condena de Cristina Kirchner y además presentarán un «amparo» ante el comité de expertos que asesora a ese comité, para que se le permita presentarse en las PASO.
Pero tres fuentes judiciales, incluso una cercana a la ex presidenta, afirmaron a LPO que la vía elegida no tiene posibilidades de éxito. El primer escollo es que el Comité de Derechos Humanos de la ONU emite dictámenes que no son vinculantes. Si bien una decisión favorable a Cristina podría generar una gran presión internacional, su aplicación dependerá de la justicia local. De hecho, Lula continuó preso a pesar de haber recibido un dictamen favorable.
Menos viable aún es que funcione el «amparo» ante el grupo de expertos que asesora al Comité de la ONU. «Se trata de abogados que emiten un documento de análisis, no es el dictámen del Comité de Derechos Humanos y mucho menos un fallo», afirmó a LPO una de las fuentes consultadas.
En 2017, con el fallo Fontevecchia la Corte estableció que no hay una cuarta instancia internacional superior a los fallos del máximo tribunal argentino.
Pero más allá de lo que defina el Comité de Derechos Humanos de la ONU y de las probabilidades inciertas de que lo haga antes de las elecciones del año que viene, en el Poder Judicial creen que la maniobra de Cristina tiene otros dos obstáculos insuperables.
La primera es una barrera constitucional. La reforma de la Constitución de 1994 le dio rango constitucional a los tratados internacionales y como en ellos está incorporada la adhesión de la Argentina al tratado que dio nacimiento a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CNDH), abrió un largo debate jurídico sobre si había adquirido estatus constitucional una «cuarta instancia» de apelación o revisión de los fallos firmes de la justicia argentina.
Pero, según estableció la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos en 1997 para el caso Genie Lacayo vs Nicaragua, la CIDH puede señalar «las violaciones procesales de los derechos consagrados», pero «carecen de competencia» para subsanarlas.
Rafael Valim y Javier Borrego, los nuevos abogados de Cristina.
La condena de Cristina en la Causa Vialidad está firme en todas las instancias judiciales de la Argentina: en junio de 2025, la Corte Suprema rechazó el último recurso de queja de la defensa y agotó las vías judiciales internas del país, lo que dejó la condena firme de manera definitiva.
Y ahí aparece la segunda barrera a la nueva estrategia judicial de la ex presidenta: la jurisprudencia al respecto. En la Justicia recuerdan que esta misma Corte estableció que no existe cuarta instancia en la Argentina el caso de Jorge Fontevecchia y Héctor D’Amico contra el Estado argentino. En 1995, la revista Noticias publicó dos artículos que revelaban la existencia de un hijo no reconocido del entonces presidente Carlos Menem. El riojano le hizo una demanda civil al medio y consiguió que la Corte Suprema dejara firme en 2001 un fallo que obligaba a Fontevecchia a pagar una indemnización de 150 mil dólares por violación del derecho a la intimidad.
La eventual revisión de la sentencia se llevaría a cabo mediante el procedimiento previsto por el ordenamiento jurídico argentino y sería resuelta por los órganos jurisdiccionales nacionales.
El dueño de la Editorial Perfil acudió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos con el argumento de que la vida privada de un presidente es escrutada legítimamente si involucra el uso de fondos públicos o afecta su idoneidad para el cargo. Además pidieron que se revocara la penalización económica. La CIDH le dio la razón a Fontevecchia en 2011.
La CIDH dispuso que el dueño de Perfil debía ser indemnizado y además recomendó que se anule el fallo de Corte de 2001.
Seis años más tarde, en 2017, la Corte actual aceptó la exigencia de indemnizar a Fontevecchia, pero rechazó revocar o anular su propia sentencia de aquel año.
Ese fallo estableció un límite histórico en la relación de Argentina con los tribunales internacionales. El máximo tribunal determinó que la CIDH no representa una «cuarta instancia» con facultades para anular fallos locales firmes.
«La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha enfatizado estos principios al manifestar que la protección internacional que otorgan los órganos de supervisión de la Convención es de carácter subsidiario y que no puede hacer las veces de un tribunal de alzada para examinar supuestos errores de derecho o de hecho que puedan haber cometido los tribunales nacionales», argumentó la Corte en el fallo de 2017.
Ante la consulta de LPO, Valim respondió que la condena a Cristina se inscribe en el ámbito penal y no en el civil, como el caso de Fontevecchia.
El abogado explicó que ante un fallo favorable, «el Código Procesal Penal Federal prevé la revisión de la decisión interna por parte del propio poder judicial argentino para adecuarlo a las obligaciones internacionales obligatorias por la constitución argentina».
Y agregó: «La eventual revisión de la sentencia se llevaría a cabo mediante el procedimiento previsto por el ordenamiento jurídico argentino y sería resuelta por los órganos jurisdiccionales nacionales».
El antecedente de la CIDH le sirvió al kirchnerismo para no recurrir a es mismo tribunal por dos motivos: la posibilidad de no superar esa doctrina y evitar una demora de 16 años como la que padeció Fontevecchia. Acaso por eso recurrieron a la ONU, aunque el final asoma igual de desfavorable.
Además, en la Justicia aseguraron a LPO que existe un acuerdo para avanzar con el decomiso de los bienes de la ex presidenta antes de que termine el año. La condena de la Causa Vialidad prevé la ejecución de bienes por 685 mil millones de pesos. Los abogados de Cristina aclararon que la cuestión del decomiso no tiene relación con la presentación que realizaron ante Naciones Unidas.
Si esto se confirma, en la segunda mitad de este año la ex presidenta enfrentará una agenda judicial muy distinta al debate sobre su apelación a la ONU, sino sobre la venta de sus hoteles y otros bienes.
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