En Los Ángeles irrumpe la agresión policial-militar de la administración Trump

En Los Ángeles irrumpe la agresión policial-militar de la administración Trump

 

Tropas de la Guardia Nacional de California y agentes de Policía montan guardia mientras la gente asiste a una manifestación contra las redadas federales de inmigración, en Los Ángeles, California, EE. UU., el 9 de junio de 2025. © Reuters – David Ryder

Hoy, cuando han transcurridos días de la ofensiva policial-militar del gobierno fascistoide de Trump, trabajadores migrantes se debaten entre salir de sus casas para buscar el sustento diario de los suyos corriendo el riesgo de ser arrestados y deportados o aumentar la situación de miseria en la que viven. Mientras tanto, las luces de neón de Hollywood le siguen mostrando al mundo un sueño de país y economía que dista mucho de la tragedia en la que viven los humildes que con esperanzas llegan a los Estados Unidos. Pero no todo está perdido: cada hora se eleva el número de nacionales norteamericanos, de la clase trabajadora de ese país, que se unen a las protestas y rechazan el fascismo trumpista. En lo inmediato, las manifestaciones – locales e internacionales – del 14 de junio deberán, como mínimo, demostrar la capacidad que tiene el pueblo estadounidense en lucha de movilizarse, y, de esa manera, aguarle no solo el cumpleaños a Donald Trump sino también su inhumana política migratoria. Por Luis Bonilla-Molina (1) y Jorge Lefevre Tavárez (2)*.


Introducción

José es un conductor hondureño, trabajador precario de la plataforma de Uber, quien ha tomado un servicio para buscar a Olivia en el distrito de Hollywood, de los Ángeles. Aunque hace más de una década obtuvo la ciudadanía norteamericana, no puede evitar sentir temor al percatarse que su pasajera es latina, así que enmudece para no asumir el riesgo de tener que hablar en el idioma prohibido del español.

La ruta solicitada no pertenece a una de las zonas de acción del Servicio de Control de Inmigración de Aduanas (Immigration and Customs Enforecement, llamados en todos lados por sus siglas en inglés, ICE), ni las fuerzas policiales anti migrantes, pero prefiere tomar un par de desvíos por calles que acaba de comprobar que están exentas de operaciones policiales y protestas. El temor del conductor y la pasajera se expresan en las miradas que se cruzan en el retrovisor, como si ambos supieran que estaban en riesgo, como los centenares de migrantes detenidos los últimos días. Prende la radio y las noticias hablan de incidentes callejeros y el incremento de detenciones a la población trabajadora del Estado de California.

Manifestantes se enfrentan con las autoridades en el centro de Los Ángeles, el domingo 8 de junio de 2025, tras las protestas contra las redadas migratorias de la noche anterior. (AP Foto/Jae Hong, Archivo)

Miles de niños quedan atrapados en sus casas por temor a ser separados de sus padres, mientras la juventud latina prefiere perder el semestre en la universidad antes que ser tratados como delincuentes, por el único delito de ser hijos de trabajadores pobres que fueron tras el sueño americano. En estos días, enfermarse y tener que acudir al médico, puede convertirse en el boleto a una celda. La indignación recorre las calles de Los Ángeles y las ciudades de California.

Antecedentes

En su campaña electoral de 2024, Donald Trump prometió liderar la ¨mayor operación de deportación¨ en la historia de los Estados Unidos. Esto, como parte de su discurso reaccionario, nacionalista y xenofóbico, que culpa a la población migrante de robar empleos, y criminaliza esta población llamándoles ilegales y criminales. Esta promesa de campaña no impidió que, según Prensa Asociada, un 43% del voto latino haya sido emitido a favor de Trump en los comicios de noviembre. Esto en parte se debe a que la política del Partido Demócrata hacia los migrantes está lejos de ser un trato humano; Joseph Biden, como presidente, llegó a deportar a un número mayor de migrantes que Trump en su primera presidencia, y Barack Obama, más que George Bush, hijo. Pero la política de terror que ha implementado Trump en su segundo mandato no tiene precedente reciente.

Luego de las elecciones, y habiendo triunfado, el proyecto racista de Trump arrancó desde el inicio de su mandato el 20 de enero de 2025, cuando aprobó la Ley Ejecutiva anti migrantes. Esta moviliza las fuerzas del estado, particularmente a ICE, para hacer redadas y prácticamente secuestrar a personas para procesarlas y deportarlas de Estados Unidos. Al ser política del gobierno federal, requiere la complicidad de los gobiernos estatales. Se ha dicho que en ocasiones se les ha puesto una cuota de deportaciones a las agentes federales. Ha habido, igual, detenciones de personas que cuentan con documentos para permanecer en territorio estadounidense, y son igualmente desplazados. Son verdaderas campañas de terror, que tienen a la población migrante en una situación de extrema vulnerabilidad, y que ha llevado a grandes ausentismos en los trabajos y en las escuelas por miedo al acecho.

David Ryder / REUTERS.

En los meses transcurridos desde que asumió su segundo mandato, Trump ha intensificado las acciones contra la población migrante, especialmente la latina. Una de las poblaciones más afectadas es la venezolana, que tiene una diáspora de cerca de 8 millones de ciudadanos, muchos de los cuales se encuentran en los Estados Unidos. A pesar de que Nicolás Maduro se ha convertido en el gran aliado energético de los Estados Unidos, entregando en condiciones coloniales el petróleo venezolano a los gringos, Trump usa el fantasma del enemigo ideológico para expulsar y devolver a Venezuela la población del país dirigido por su aliado seudo izquierdista.

Ningún rincón del territorio estadounidense queda a salvo de esta política. Puerto Rico, colonia caribeña de Estados Unidos desde el 1898, con una población latina, también es víctima de esta política, en este caso, en particular la comunidad migrante de República Dominicana y de Haití. Esto, lamentablemente, con la complicidad del actual gobierno trumpista del Partido Nuevo Progresista y la gobernadora Jenniffer González. El Departamento de Transportación y Obras Públicas le entregó a ICE la dirección de 6,000 personas indocumentadas que contaban con licencias de conducir, desvirtuando una ley aprobada originalmente con la intención de incorporar a personas indocumentadas a la vida social del país. A esta fecha, ya ICE ha arrestado a 568 inmigrantes en Puerto Rico, de los cuales 421 son dominicanos.

Después de eliminar, restringir y someter a evaluación los estatus de toda la población migrante, ahora ha lanzado una ofensiva policial-militar sobre California, el Estado con mayor población extranjera, quienes juegan un papel esencial en la economía regional; en 2022, California aportó 692 millones de dólares en impuestos federales, equivalente al 15% el total de los ingresos federales de los Estados Unidos, mientras que se estima que en 2023 California envió 78 millones de dólares más de lo que recibió de fondos federales.

Narrativa de los hechos de junio 2025

Las redadas masivas de captura de migrantes iniciadas el 6 de junio mostró que se estaba entrando en un escalamiento de las políticas anti migración. Las operaciones de ICE se ejecutaron con especial brutalidad y violación de los derechos de la población migrante. El despliegue de la Guardia Nacional de California, el 7 de junio, generó respuestas y resistencias sociales en Paramount, Compton y el propio centro de Los Ángeles. No es para menos: la Guardia Nacional, un cuerpo militar que cada estado tiene y que responde simultáneamente a cada estado y al gobierno federal, en los Estados Unidos no suele movilizarse para acciones como esta (la propia propaganda de reclutamiento indica que se espera que un miembro de la Guarda Nacional sea movilizado “una vez cada dos o tres años”). Esto ha llevado a una pugna entre el gobierno estatal de California, que repudia la movilización de la Guardia Nacional en estas protestas, y el gobierno federal que los movilizada. Esto explica, también, la razón por la que grandes sectores de la Guardia Nacional han ignorado el llamado de Trump y no se han dejado movilizar (se estima que de los 2000 efectivos de la Guardia Nacional que se pretendía movilizar, solo han podido hacerlo con 300).

El 6 de junio, entre 8 y 10 de la mañana, agentes del ICE junto con agentes el Departamento de Seguridad Nacional (Department of Homeland Security, DHS), el Buró Federal de Investigación (Federal Bureau of Investigation, FBI) y la Administración de Control de Drogas (Drug Enforcement Administration, DEA) realizaron redadas en un almacén textil arrestando a unos 44 trabajadores que fueron trasladados al Centro de Detención Edward R. Roybal, lo cual provocó protestas frente a este centro de confinamiento. Esto generó las primeras contradicciones en el establishment gringo.

La policía de Los Angeles se enfrenta con manifestantes. Imagen: EFE / EPA / Caroline Brehman.

En paralelo, ICE había tomado la Tienda Home Depot, en Paramount CA, deteniendo a latinos, a lo cual respondieron con protestas unos 400 manifestantes.  Surgieron las primeras denuncias respecto a la imposibilidad que tenían los prisioneros de acceder a un abogado, poniéndose de manifiesto la violación de los derechos humanos y las garantías mínimas procesales a quienes eran calificados como ilegales y sujetos a deportación.

El 7 de junio, continuaron las operaciones anti migrantes en el Atlantic Boulevard, incrementando las detenciones, pero también las protestas que culminaron en la quema de un vehículo. Los protestantes marchaban con banderas nacionales de los países de la región. Algo similar ocurrió en Compton.

Mientras la policía disparaba balas plásticas y gases lacrimógenos para dispersar las protestas, el funcionario de la administración Trump, Tom Homan, anunciaba el despliegue de 2.000 efectivos de la Guaria Nacional, lo cual generó que los concejales de Los Ángeles aprobaran 500 millones de dólares para fondos legales de protección a migrantes. Esa noche, centenares de manifestantes se concentraron frente al Edward R. Roybal Federal Building, vociferando la consigna de “¡ICE fuera de los Ángeles!”, a lo que Trump respondió en la red social Truth Social defendiendo las redadas.

El capítulo de la American Civil Liberties Union (ACLU, una organización sin fines de lucro que vela por los derechos de la población) del Sur de California expresó su intención de retar las medidas represivas en los Tribunales, y calificó la jornada como un operativo militar.

El 8 de junio, 300 guardias nacionales, armados hasta los dientes, con rifles largos y escudos anti motines, se apostaron frente al Metropolitan Detention Center en el propio centro de Los Ángeles. Mientras esto ocurría, al grito de “¡Paren las deportaciones!”, miles de manifestantes se reunían en la Mariachi Plaza con banderas de México, Honduras y El Salvador. La Policía de Los Ángeles (LAPD) y la Patrulla de Caminos de California (CHP) dispersaron con gases lacrimógenos a los manifestantes.

Imagen: Daniel Cole.

El gobernador de California, Kevin Newson, y el sheriff, Robert Luna, exigieron por la red social X que la Guardia Nacional debía retirarse. Esa noche, comenzaron los llamados a taxis autónomos (sin conductores) que al llegar al sitio eran quemados por pobladores indignados, como señal de protesta.

El 9 de junio, las protestas continuaron frente a los centros de detención, con un saldo de 27 manifestantes detenidos. Mientras el gobernador Newson anunciaba que demandaría a Trump por movilizar a la Guardia Nacional del estado de manera ilegítima, la congresista Nanette Barragán por un distrito de California develaba que el gobierno federal intencionaba que las redadas en Los Ángeles continuarían por 60 días, apareciendo Nueva York como el próximo territorio a ser ocupado por las fuerzas anti migrantes.

El 10 de junio el Pentágono confirmaba que desplegaría en Los Ángeles 700 marines, fuerzas militares con alta capacidad destructiva y aniquiladora de vidas humanas. Esto sería una nueva escala de las políticas migratorias que coloca a la clase trabajadora latina como enemigo ideológico de los Estados Unidos, no obstante, al parecer este contingente no ha podido ser movilizado por resistencias internas de efectivos de esta fuerza élite. Ante este anuncio el gobernador de California solicitó públicamente revertir la medida, lo que muestra la agudización de las contradicciones entre sectores del capital norteamericano, cuya evolución y correlación de fuerzas será determinante en los acontecimientos de los próximos días.

Si bien los datos oficiales son escasos, es un hecho que las protestas ciudadanas y las contradicciones entre la administración federal de Trump y el liderazgo local, especialmente del Gobernador de California y la alcaldesa de la ciudad de Los Ángeles, han hecho disminuir el número de arrestos los días 10 y 11 de junio.

Mientras tanto, se eleva el número de manifestantes que protestan las medidas, con pancartas que señalan Fuck ICE; ciudadanos norteamericanos salen de sus casas a evitar la deportación de vecinos, mostrando que el verde oliva y las armas de la Guardia Nacional no son suficientes para detenerlos

Las resistencias antifascistas

Las manifestaciones y choques de la población migrante contra el aparato policial-militar y ICE, si bien son un reflejo de sobrevivencia, son también signos de maduración política contra las políticas reaccionarias del gobierno federal, incluyendo sectores que incluso votaron a Trump. El alto apoyo de la población latina con voto hacia Trump, por ejemplo, que se mencionó al inicio de este artículo, ha decaído estrepitosamente, según encuestas recientes. Una parte importante de las movilizaciones en Los Ángeles ha sido de la comunidad latina, a la vez de las más vulnerables y de las más militantes. Se dice que las actuales movilizaciones pueden ser un presagio de un movimiento similar al “Black Lives Matter” de hace algunos años. Además, estas resistencias comienzan a ser expresión de enfrentamiento a las políticas fascistoides de la administración norteamericana.

Si bien los sectores liberales se oponen a las políticas de Trump, ha habido una oposición igualmente insistente a la manera en que estas manifestaciones se han desarrollado. La alcaldesa de Los Ángeles se ha expresado en contra de las manifestaciones violentas. La policía de Los Ángeles declaró que las concentraciones en el centro de la ciudad, eran asambleas ilegales y los participantes serían castigados con el peso de la Ley. Bernie Sanders, incluso, ha manifestado simpatía con la resistencia no-violenta que promovía Marthin Luther King, en oposición a lo que se ha visto en Los Ángeles. Ante eso, conviene recordar las propias palabras de Marthin Luther King:

“Y debo decir esta noche que un motín es el lenguaje de los que no son escuchados. ¿Y qué es lo que Estados Unidos no ha escuchado? … No ha escuchado que las promesas de libertad y justicia no se han cumplido. Y no ha escuchado que grandes segmentos de la sociedad blanca están más preocupados por la tranquilidad y el statu quo que por la justicia y la humanidad”.

Imagen: Univisión.

Ya hay una convocatoria para manifestaciones a nivel nacional para el 14 de junio, en el que los sectores en lucha han llamado a una protesta “No Kings”, o “sin reyes”. Si bien esta se había convocado con anterioridad a los motines en Los Ángeles, estos hechos han aumentado el interés y la participación en ella.

El mismo 14 de junio, Trump pretende simultáneamente conmemorar su nacimiento – cumple 79 años – y celebrar los 250 años del ejército estadounidense, con un despliegue militar en Washington, D.C que se indica que costará unos $45 millones. Los sectores en lucha, para denunciar el autoritarismo de Trump, favoreciendo el llamado a un gobierno sin “rey” y la vuelta a la “democracia”, convocan a manifestaciones en cada uno de los 50 estados de los Estados Unidos para ese día. Sin embargo, las manifestaciones no se limitan a 50 ciudades, sino que ya superan en número a las 2,000, y también se celebran fuera del territorio estadounidense: en las Islas Vírgenes, en México, en Canadá, en países en Europa y en África y en Puerto Rico (donde el llamado es doble: contra Trump, contra la gobernadora Jenniffer González). A estas manifestaciones se han unido importantes sectores sindicales. Se acrecienta el entusiasmo y la militancia de camino a la manifestación.

La amenaza de guerra civil para consolidar el poder

Gaby Hinsliff advierte en una columna en The Guardian que el despliegue militar en Los Ángeles tendrá un impacto directo en la democracia norteamericana. En efecto, la intervención del gobierno federal en los estados, y el despliegue militar de estas semanas, demuestra la tendencia creciente del gobierno de Trump hacia el autoritarismo, impulsando el poder ejecutivo por encima del estatal e incluso de la rama judicial.

El 9 de junio de 2025, Sunny Hostin señalaba en el programa de televisión The View que el caos fascistoide que genera esta situación está abriendo la posibilidad de una guerra civil en los Estados Unidos. Sin embargo, un escenario de guerra civil no pareciera estar planteado -al menos en el corto plazo- porque aún no se ha afectado de manera decisiva las cadenas productivas y los círculos de inversión en ese país. Solo una quiebra del modelo de acumulación de capital, en el cual los migrantes participan como mano de obra, podría plantear un riesgo de este tipo, pero en realidad no ha sido rota aún la proporción entre necesidades de absorber empleo y el ejército de reserva que sigue siendo aún muy numeroso.

Ciudades y condados de California con políticas ‘santuario’ protegen inmigrantes al limitar la cooperación con ICE. | Composición: La República.

Lo que es evidente, es que el caos le favorece a la consolidación del modo autoritario unipersonal que quiere implementar Trump. Este caos programado, le permitiría gobernar con poderes especiales, disminuyendo el margen de acción del Congreso y el poder judicial, especialmente con este último con el cuál se incrementan las tensiones a partir del desarrollo de la política anti migratoria.

La urgencia de la solidaridad internacional

Las políticas de ataque a la población migrante están en el corazón de las políticas de la nueva derecha mundial y los expresiones fascistas cada vez más comunes en gobiernos dirigidos por la ola neoconservadora mundial que encarna Trump. En ese sentido, la solidaridad hacia el pueblo estadounidense y hacia la comunidad de indocumentados debería incluir, no solo actividades y manifestaciones a favor de esta, sino también acciones y manifestaciones en contra de las expresiones reaccionarias y autoritarias en cada país. Todas las fuerzas progresistas, democráticas, defensoras de los derechos humanos y de izquierdas tienen que conformar un amplio frente mundial que enfrente con la movilización y las ideas este ataque a la clase trabajadora migrante.

Esta alianza mundial alternativa no puede ocultar los acuerdos a los que han llegado muchos gobiernos de la región para servir de anillo de contención y apoyo a las políticas trumpistas, deteniendo y criminalizando a quienes se mueven por necesidades, hacia el norte imperialista. Tampoco se pueden ocultar las políticas anti clase trabajadora de gobiernos nacionales, aliados a sus burguesías de sus países, quienes sostienen niveles de precarización salarial que expulsan a los migrantes; muchos de estos gobernantes quieren pescar en río revuelto, criticando a Trump a la par que destruyen el salario de la clase trabajadora de sus connacionales. Por tanto, una expresión internacional alternativa tiene también que poner los puntos sobre las íes, y promover una visión democrática de la sociedad, lejos del irracionalismo reaccionario, pero también de las políticas anti obreras del establishment liberal. Esta alianza alternativa mundial tiene que ser construida, además, dialogando con la población migrante, organizando junto a ellos acciones internacionales de enuncia y protesta, que tengan en la movilización su estrategia central.

Los migrantes no son números sino vidas humanas

Hoy, cuando han transcurridos días de la ofensiva policial-militar del gobierno fascistoide de Trump, trabajadores migrantes como José, Olivia, Marcos, Raúl, Luis o Pepe, se debaten entre salir de sus casas para buscar el sustento diario de los suyos corriendo el riesgo de ser arrestados y deportados o aumentar la situación de miseria en la que viven. Mientras tanto, las luces de neón de Hollywood le siguen mostrando al mundo un sueño de país y economía que dista mucho de la tragedia en la que viven los humildes que con esperanzas llegan a los Estados Unidos.

Pero no todo está perdido, cada hora se eleva el número de nacionales norteamericanos, de la clase trabajadora de ese país, que se unen a las protestas y rechazan el fascismo trumpista. Solo un despertar el pueblo norteamericano puede salvar al pueblo migrante de este ataque del complejo policial-militar liderado por Trump. En lo inmediato, las manifestaciones – locales e internacionales – del 14 de junio deberán, como mínimo, demostrar la capacidad que tiene el pueblo estadounidense en lucha de movilizarse, y, de esa manera, aguarle no solo el cumpleaños a Donald Trump sino también su inhumana política migratoria.


[1] Profesor e investigador venezolano. Actualmente profesor visitante em la Universidad Federal de Sergipe (UFS) de Brasil. Integrante del Comité Directivo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) e integrante del movimiento del Congreso Mundial contra el Neoliberalismo educativo.

[2] Profesor universitário. Vicepresidente de la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios (APPU) y militante del Movimiento Político Victoria Ciudadana.

Fuente: https://luisbonillamolina.com/2025/06/11/en-los-angeles-irrumpe-la-agresion-policial-militar-de-la-administracion-trump/

 

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  • La Segunda guerra civil en Estados Unidos

     

     

    Si estuviéramos en otro país, los medios estarían discutiendo sobre una «revolución de colores» contra el poder establecido y a favor de los valores de la libertad y la democracia. Los enfrentamientos que se están produciendo en EEUU entre los detractores de la Migra o ICE (Immigration and Customs Enforcement) y las fuerzas represivas enviadas por Trump representan el embrión de esa «segunda guerra civil norteamericana» que lleva tiempo rondando en el horizonte. Si desemboca en un conflicto civil en toda regla o si, por el contrario, se apaga, es lo que veremos en las próximas semanas, pero es importante observar su significado radical.Por Andrea Zhok (LaHaine).


     

    No se trata simplemente de la contestación de una normativa contra la inmigración clandestina. Las líneas políticas que se enfrentan aquí son, con bastante claridad, herederas directas de las líneas de contraste de la Guerra de Secesión (1861-1865).

    En esa Guerra, el Sur, agrícola, estaba vinculado a una visión política y económica intrínsecamente conservadora, telúrica, identitaria, mientras que el Norte, industrial o en vías de industrialización, se proyectaba en una dimensión de ‘progreso’, en rápida evolución.

    En cuanto a las relaciones interétnicas, la divergencia no podía ser más clara: el Sur seguía anclado en una perspectiva en la que la esclavitud sedentaria y hereditaria desempeñaba un papel económico fundamental, mientras que el Norte, gracias al rápido proceso de industrialización, seguía atrayendo a una amplia población migratoria procedente de Europa, que constituía su fortuna.

    En la segunda mitad del siglo XIX, la esclavitud era un anacronismo y las relaciones de poder entre las zonas urbanas industriales y las zonas agrícolas favorecían totalmente a las primeras. La supremacía del norte era un hecho. Pero un siglo y medio después, el auge del urbanismo industrial, convertido en economía financiera, está en plena crisis; la libre circulación de la mano de obra, que siempre ha sido una característica de los EEUU, genera más problemas de los que puede resolver la contribución económica de los trabajadores baratos.

    En este momento, los frentes de la Guerra de Secesión reaparecen, pero con nuevas funciones históricas. La línea divisoria ya no es tan clara entre el norte y el sur geográficos, sino entre las grandes áreas urbanas, vinculadas a la internacionalización financiera y con un electorado predominantemente demócrata, y la provincia profunda, que busca protección económica y la recuperación de una identidad perdida, y vota mayoritariamente republicano.

    Es evidente que esta fractura es objetivamente profunda y se percibe como tal en EEUU. Se ve en la radicalización del enfrentamiento en el plano institucional, donde, por ejemplo, la alcaldesa de Los Ángeles y el gobernador de California alimentan constantemente una retórica de «democracia contra dictadura», apoyando de hecho el carácter subversivo y anticonstitucional de las decisiones de la presidencia.

    A su vez, Trump tiene fácil trabajo para dar la vuelta a las acusaciones, acusando a las instituciones californianas de actividades subversivas e insurreccionales. Esta fractura se está propagando rápidamente en todos los principales centros urbanos del país: Seattle, Chicago, Filadelfia, etc., donde las autoridades demócratas apoyan esta lectura de «choque de civilizaciones».

    Dudo que los políticos con intereses profesionales sólidos, alcaldes, gobernadores, diputados, etc., estén dispuestos a una confrontación arriesgada en el momento en que Trump recurra a la Ley de Insurrección, que confiere al presidente el poder de utilizar el ejército y la guardia nacional para tareas policiales.

    Pero no es nada seguro que, una vez evocada en una parte de la población la imagen de un choque vital entre concepciones de la civilización, en el que no hay margen para el compromiso con la otra parte, se consiga volver a meter el ganado en los corrales.

    Si estuviéramos en otro país, los medios de comunicación estarían discutiendo sobre una «revolución de colores» contra el poder establecido y a favor de los valores de la libertad y la democracia. Pero, a diferencia de las habituales «revoluciones de colores» en otros países del mundo, aquí falta un elemento decisivo: el papel de financiación y coordinación de los estadounidenses.

    (Solo podemos imaginar lo que pasaría aquí si, como en 2014 en Ucrania, el equivalente ruso o chino de la entonces portavoz del Departamento de Estado de EEUU, Victoria ‘Fuck Europe’ Nuland, distribuyera alimentos y financiación, o arengara a la multitud de insurrectos en Los Ángeles…).

    CALPU

     

     

     

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  • Profunda tristeza por la muerte de una actriz de El Eternauta

     

    La actriz y docente Claudia Schijman, recordada por sus trabajos en El Eternauta y El Palacio de la Risa, murió a los 66 años, dejando una profunda tristeza en el mundo artístico argentino.

    Schijman falleció días después de haber sufrido un incendio doméstico en su vivienda del barrio porteño de Palermo, ubicada sobre la calle Nicaragua al 5500. Según informaron fuentes policiales, la actriz se encontraba sola en su domicilio cuando vecinos alertaron a los bomberos al ver humo salir de la casa.

    Al ingresar, los rescatistas hallaron a la artista con graves quemaduras en ambos brazos. Si bien las llamas fueron controladas rápidamente, las heridas provocaron complicaciones severas que derivaron en su muerte.

    Las gravísimas heridas sufridas en el incendio fueron fatales para la actriz.

    Schijman fue trasladada de urgencia al Hospital Fernández, donde permaneció internada en cuidados intermedios. Su familia y amigos habían iniciado una campaña solidaria para donar sangre, pero pese a los esfuerzos médicos, no logró recuperarse.

    El adiós de la Asociación Argentina de Actores

    La Asociación Argentina de Actores y Actrices confirmó la triste noticia a través de un comunicado:

    “Con profunda tristeza despedimos a la actriz y docente Claudia Schijman. En más de tres décadas de carrera artística se lució en teatro, televisión, cine y publicidad. Nuestras condolencias a sus familiares y seres queridos.”

    Una trayectoria marcada por el talento y la docencia

    Claudia Schijman nació el 8 de agosto de 1959 y se formó con referentes como Norman Brisky, Ricardo Bartis y Guillermo Angelelli. Su debut televisivo fue en El Palacio de la Risa, junto a Antonio Gasalla, y también participó en los ciclos Gasalla en Telefe y Gasalla en Libertad.

    Su carrera en televisión incluyó títulos emblemáticos como Verdad Consecuencia, Trillizos, Buenos Vecinos, Malandras, Disputas, Hechizada, Por Amor a Vos, Juanita la Soltera, Ambiciones y Soy tu Fan. En los últimos años había trabajado en la serie El Eternauta, interpretando a una de las mujeres refugiadas en la parroquia San Isidro Labrador.

    En cine, se destacó en producciones como Evita, Corazón Iluminado, Diario para un cuento, Cohen vs. Rosi, Pendeja, payasa y gorda, Mi reino por un platillo volador y La felicidad es una leyenda urbana.

    En teatro, brilló en obras como Brebaje, Erecto, Las descamisadas, una gesta, Éxodo y Yo escribo. Vos dibujás.

    El arte como herramienta de transformación

    Además de su trayectoria actoral, Schijman fue una docente comprometida con la enseñanza y la inclusión a través del arte. Dictó talleres en el Centro Cultural Ricardo Rojas, el Centro Cultural Recoleta, el Hospital Borda y la Clínica Psiquiátrica Santa María, donde impulsaba el teatro como espacio de expresión y acompañamiento emocional.

    Su legado permanecerá en las aulas, los escenarios y en todos aquellos que encontraron en ella una maestra apasionada por el arte y la empatía.

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  • El Gobierno reformó por decreto la Ley de Migraciones

     

    Imagen ilustrativa

    El gobierno de Javier Milei oficializó el Decreto 366/2025, mediante el cual se implementa una profunda reforma a la Ley de Migraciones, la misma fue votada en el año 2004 por amplia mayoría por el Congreso de la Nación. La medida, publicada en el Boletín Oficial, introduce modificaciones significativas en las condiciones de ingreso, permanencia y acceso a servicios sociales como educación, salud, residencia y trabajo. Entre los principales cambios, se destacan nuevas exigencias para la regularidad migratoria, ciudadanía argentina y cambios en tiempos administrativos y judiciales para la ejecución de expulsiones. Por Pablo Cossio para ANRed. 


    La nueva categorización para el acceso a derechos sociales abre un camino de división entre el propio sector migrante: los residentes permanentes con derechos y los residentes nuevos sin ningún piso de acceso a derechos básicos. El carácter social de la nueva política migratoria abre un paradigma de exclusión para cientos de miles de migrantes que se encuentran tramitando su residencia en el país. 

    Salud y educación

    Uno de los puntos más sensibles es la modificación en el acceso a los servicios públicos de salud. A partir de ahora, a través de una declaración jurada, los extranjeros no residentes que ingresen al país deberán contar con un seguro o abonar la atención en los hospitales públicos nacionales, excepto en casos de emergencia. Es decir, los únicos que podrán acceder de manera gratuita son los residentes permanentes. 

    En el plano educativo, las universidades de gestión estatal establecerán aranceles para los estudiantes que no posean la categoría de residencia permanente. Aunque aún no se ha definido cómo se implementará esta medida, tampoco se conoce la adhesión, por sí o por no, de las instituciones educativas universitarias frente al decreto 366/2025. El cambio de fondo es claro: el acceso igualitario a salud y educación queda ahora supeditado a la categoría migratoria con carácter permanente. 

    Cambios en residencia y ciudadanía

    La validez inicial de la residencia precaria se reduce de 180 a 90 días y su renovación solo podrá realizarse mediante resolución fundada, es decir, presentando un criterio de radicación que valide la estadía en el país. Esta medida refuerza el rol de la Dirección Nacional de Migraciones (DNM), que mantiene la facultad de determinar el cambio de categoría migratoria.

    El acceso a la residencia permanente será más restrictivo: ahora se exige acreditar medios económicos suficientes (tener un contrato de trabajo o ingresos comprobables). A su vez, imitando el modelo de EEUU, se crea la Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión, en el ámbito del Ministerio de Economía, que evaluará el otorgamiento de la nacionalidad argentina a extranjeros que realicen inversiones calificadas como “relevantes”. Esta medida, totalmente economicista, privilegia a quienes traen dinero al país transformando el derecho a la residencia en una cuestión meritocrática y sujeta al poder adquisitivo (un cipayismo de primera línea). 

    Ingreso, permanencia y expulsiones

    También se amplían los motivos de inadmisión y expulsión, incluyendo la posibilidad de expulsar del país sin necesidad de condena firme, violando el debido proceso y el acceso a un juicio justo. Como todo en este gobierno, la medida roza la inconstitucionalidad y el estado de derecho.

    Además, se establece de forma expresa que quienes hayan ingresado con residencia temporaria o transitoria deberán abandonar el país al finalizar el plazo autorizado. El incumplimiento conlleva sanciones previstas en el artículo 61 de la Ley, que incluyen la expulsión inmediata. 

    El decreto prohíbe expresamente el trabajo remunerado para quienes estén en situación migratoria irregular. Esta medida apunta directamente contra el trabajador migrante que emprende en el espacio público.

    Otro aspecto controvertido es la facultad de la DNM para suspender trámites de residencia en casos en que el migrante esté siendo investigado penalmente, pudiendo otorgar sólo una residencia precaria y restringida. También se incorpora la posibilidad de solicitar la retención preventiva mientras se revisa judicialmente una orden de expulsión.

    En materia administrativa, se elimina la posibilidad de interponer recursos como el de alzada. El único camino será recurrir judicialmente a, por ejemplo, la decisión de expulsión dentro de un plazo de 15 días hábiles judiciales, lo que reduce sustancialmente las garantías procedimentales y el derecho a la defensa. 

    Con la entrada en vigencia del decreto 366, la política migratoria argentina cambia de rumbo de manera drástica, se recortan derechos fundamentales para la población migrante y se avala, una vez más, la criminalización y discriminación. Un país que históricamente se definió como tierra de acogida, enfrenta ahora un paradigma más restrictivo y securitista, con consecuencias directas sobre la vida de miles de trabajadores migrantes que aportan con su fuerza de trabajo al desarrollo del país. Ayer el gobierno de Milei decidió desconocer estos aportes y recortar los pocos derechos sociales, económicos y políticos de miles de migrantes.

     

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  • Otorgaron 210 millones de pesos a 15 emprendimientos productivos

     

    El gobierno neuquino y la empresa Pluspetrol oficializaron la entrega de financiamiento a 15 emprendimientos seleccionados a través del programa Impacta Neuquén, una iniciativa que impulsa proyectos con triple impacto —económico, social y ambiental— en distintas localidades. Cada propuesta recibirá un aporte de 14 millones de pesos, totalizando una inversión de 210 millones destinada a fortalecer el ecosistema emprendedor.

    El acto realizado este lunes contó con la presencia del gobernador Rolando Figueroa, el ministro de Trabajo y Desarrollo Laboral, Lucas Castelli, el Country Manager de Pluspetrol Argentina, Julián Escuder, y autoridades de Empretec.

    El programa forma parte de Emplea Neuquén y es una articulación entre el ministerio de Trabajo, Pluspetrol Argentina y Empretec. Más de 360 personas participaron del proceso, que incluyó instancias formativas en modelos de negocios sostenibles. De los 97 proyectos presentados, 25 accedieron a capacitación intensiva y certificación internacional avalada por Naciones Unidas; finalmente, 15 quedaron seleccionados para recibir financiamiento.

    Durante el acto, Castelli destacó la dimensión humana detrás de cada iniciativa. “Vi el esfuerzo que pusieron. Me llevé un aprendizaje de esta capacitación: son personas con un sueño muy grande”, expresó y afirmó que el cierre del proceso “fue un éxito”. Remarcó que Impacta Neuquén “es una política pública dentro de Emplea Neuquén, algo que ha diseñado nuestro gobernador al inicio de la gestión”, además de ratificar la necesidad de darle continuidad: “Hay muchos neuquinos y neuquinas esperando una segunda oportunidad”.

    Castelli también subrayó el compromiso con la transparencia. “Estamos convencidos, en este gobierno, que debemos trabajar políticas públicas sin amiguismos. Se acabaron las políticas públicas para los amigos. Lo único que nos importa es que sean neuquinos y neuquinas”, aseguró. “Cuando nos juntamos el sector público y el sector privado se concretan hechos muy importantes”, remarcó.

    Por su parte, Escuder agradeció la participación de los más de 350 emprendedores que formaron parte del proceso. “Nos enorgullece mucho poder contribuir a las sociedades donde operamos”, manifestó, y destacó que Impacta Neuquén contempla no solo el crecimiento económico, sino también “el desarrollo social, la inclusión y el medioambiente”. Agregó que detrás de cada emprendimiento “hay un sueño de hacer algo distinto, de proveer un servicio de una manera diferente y, así contribuir a la comunidad”.

    En tanto, el líder de Responsabilidad Social de Pluspetrol, Santiago Sarachian, señaló que Impacta Neuquén “implicó un proceso largo de capacitación para emprendedores que orientan sus proyectos al triple impacto”, y consideró que el programa “vino para quedarse”, dada la respuesta positiva en toda la provincia. También resaltó la articulación entre sectores: “Esta es la forma en la que nos gusta trabajar: sector privado, sector público y sociedad civil, alineados a lo que es política pública”.

    Desde el ministerio de Trabajo se reiteró que el acompañamiento continuará con asistencia técnica, articulación institucional y herramientas para el fortalecimiento de cada iniciativa.

    Los proyectos seleccionados

    Entre los proyectos seleccionados se encuentran Abeja Dorada Patagonia, Amigos de la Naturaleza, Fardo, Gran Mate, Kallpa, Punto Gráfico, Página 804, Reciclaje Electrónico Neuquén, Tomato, Chacra 42 Zucchini, Ecotípica, Cali Textil, Dell Vonet, Afrodita y Abrazando Culturas / Ruca Choroy, representando a distintas regiones de la provincia.

    El acto contó además con la presencia del coordinador general de Empretec, Gustavo Fernández Gorelo, y la decana de la facultad de Economía y Administración de la Universidad Nacional del Comahue, Mariela Martínez.

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  • Buscan a un joven salteño desaparecido en General Roca

     

    Juan Carlos Molina, un joven salteño de 27 años, viajó a General Roca con la esperanza de conseguir empleo, pero perdió todo contacto con su familia.

    La familia del Juan Carlos no recibe noticias suyas desde el pasado 25 de octubre. Su hermana Brenda contó que algunas personas aseguraron haberlo visto en un comercio del barrio Chacramonte, aunque los intentos de comunicarse por teléfono con él fueron infructuosos. La familia expresó su profunda preocupación y pide colaboración para dar con su paradero.

    Molina es de contextura delgada, mide aproximadamente 1,70 metros, tiene cabello oscuro y no presenta tatuajes ni cicatrices visibles. Ante cualquier información que pueda ayudar a encontrarlo, se solicita comunicarse al 911, acercarse a la comisaría más cercana, o contactar directamente a la familia al 3878245177. La búsqueda continúa activa en General Roca y zonas aledañas.

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  • Prisión preventiva para Facundo Jones Huala

     

    El juez de Bariloche Ezequiel Andreani dictó la prisión preventiva por 90 días al referente y lonko mapuche, Facundo Jones Huala. Alrededor de las 17 horas será trasladado a la Unidad 6 de Rawson, a más de mil kilómetros. La acusación está centrada en el contenido de un libro de poesía escrito por su autoría y también por algunas palabras que habría dicho en una presentación. Tanto el lonko como la familia Jones Huala tiene un largo historial de persecusión por su encendido discurso contra el Estado argentino y contra las multinacionales y empresarios que explotan la Patagonia. Como explicó el medio alternativo Prosa Urgente “esta decisión de neto corte fascista se da a pocas horas de conocerse el fallo proscriptivo a Cristina Fernández de Kirchner”. Por ANRed


    Facundo Jones Huala había sido detenido de forma irregular el pasado domingo. Los efectivos que lo arrestaron no presentaron orden judicial. La denuncia fue realiaza por el Ministerio de Seguridad Nacional a cargo de Patricia Bullrich y se basaba la acusación por «incitación a la violencia» en palabras que el lonko había expresado durante una presentación de un libro de poesía que el propio Facundo escrito el pasado verano.

    La Gremial de abogados que lleva adelante su defensa judicial ya había emitido un comunicado alertando sobre la audiencia que se realizó esta mañana y las irregularidades del proceso que hoy dicto prisión preventiva:

    EN UN MARCO DE INNUMERABLES Y GRAVES IRREGULARIDADES AVANZA EL PROCESO A FACUNDO JONES HUALA, FINALMENTE, LOS ABOGADOS DEFENSORES DE LA GREMIAL PUDIMOS ACCEDER A ALGUNA INFORMACIÓN (INSUFICIENTE) SOBRE LA AUDIENCIA FIJADA PARA MAÑANALA GRAVEDAD DE LA PRETENSIÓN FISCAL EN BASE A UN CÓDIGO “MODERNO”

    Para que quede claro: Facundo fue detenido irregular e ilegalmente, sin orden judicial.

    No se nos permitió hablar con él cuando nos llamó el oficial “de inteligencia de la Policía Federal” (sic) que era parte del grupo que lo detuvo y que nos informó de un número de causa hasta ahora inexistente y de una intervención del juez federal Andreani y la fiscal Pagano Mata.

    Más de 6 horas después “apareció” una orden y más de 40 horas después, finalmente, los defensores fuimos notificados por la autoridad judicial, y en forma confusa, de los delitos que se le imputan.

    También ahora nos enteramos de las cuestiones que la Fiscalía pretende tratar en esta audiencia “multipropósito”.

    Mientras tanto, todas las conversaciones que Facundo tuvo con sus defensores fueron con teléfonos en altavoz y en presencia (y atenta escucha) de personal de la Policía Federal.Con lo cual afectan el derecho de privacidad entre Defensor e Imputado.

    Ahora se nos informa que no está previsto el acceso por medio de videoconferencia (zoom, youtube, etc.) a todo aquel interesado en presenciar la audiencia, violando el principio de publicidad que supuestamente es uno de los ejes del Código de procedimientos vigente.

    Nosotros, en cumplimiento de lo que la norma mencionada manda informamos los datos de acceso a la plataforma zoom que se nos han enviado: ID. de reunión: 833 7803 0426 / Clave de acceso: 4607.

    La audiencia tiene hora de inicio prevista a las 9:00 de mañana 11 de junio.

    Por último queremos destacar algo que creemos de máxima gravedad (dentro de un panorama de hechos de por sí graves): nos acabamos de enterar, como dijimos, que la Fiscalía pedirá en la audiencia de mañana que el proceso contra Facundo se desarrolla según lo previsto en el Título IV del Libro Segundo (arts. 334 a 336) del Código Procesal Penal Federal vigente.A él nos remitimos y cualquiera que lo lea podrá apreciar la gravedad de esa pretensión.

    Somos conscientes que a muchos ni les interesará la suerte de Jones Huala.Algunos aplaudirán su detención.

    Sepan siempre que estas barbaridades que hacen con Facundo les puede tocar a cualquiera.

    Nadie se salva sólo.

     

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