En Los Ángeles irrumpe la agresión policial-militar de la administración Trump

En Los Ángeles irrumpe la agresión policial-militar de la administración Trump

 

Tropas de la Guardia Nacional de California y agentes de Policía montan guardia mientras la gente asiste a una manifestación contra las redadas federales de inmigración, en Los Ángeles, California, EE. UU., el 9 de junio de 2025. © Reuters – David Ryder

Hoy, cuando han transcurridos días de la ofensiva policial-militar del gobierno fascistoide de Trump, trabajadores migrantes se debaten entre salir de sus casas para buscar el sustento diario de los suyos corriendo el riesgo de ser arrestados y deportados o aumentar la situación de miseria en la que viven. Mientras tanto, las luces de neón de Hollywood le siguen mostrando al mundo un sueño de país y economía que dista mucho de la tragedia en la que viven los humildes que con esperanzas llegan a los Estados Unidos. Pero no todo está perdido: cada hora se eleva el número de nacionales norteamericanos, de la clase trabajadora de ese país, que se unen a las protestas y rechazan el fascismo trumpista. En lo inmediato, las manifestaciones – locales e internacionales – del 14 de junio deberán, como mínimo, demostrar la capacidad que tiene el pueblo estadounidense en lucha de movilizarse, y, de esa manera, aguarle no solo el cumpleaños a Donald Trump sino también su inhumana política migratoria. Por Luis Bonilla-Molina (1) y Jorge Lefevre Tavárez (2)*.


Introducción

José es un conductor hondureño, trabajador precario de la plataforma de Uber, quien ha tomado un servicio para buscar a Olivia en el distrito de Hollywood, de los Ángeles. Aunque hace más de una década obtuvo la ciudadanía norteamericana, no puede evitar sentir temor al percatarse que su pasajera es latina, así que enmudece para no asumir el riesgo de tener que hablar en el idioma prohibido del español.

La ruta solicitada no pertenece a una de las zonas de acción del Servicio de Control de Inmigración de Aduanas (Immigration and Customs Enforecement, llamados en todos lados por sus siglas en inglés, ICE), ni las fuerzas policiales anti migrantes, pero prefiere tomar un par de desvíos por calles que acaba de comprobar que están exentas de operaciones policiales y protestas. El temor del conductor y la pasajera se expresan en las miradas que se cruzan en el retrovisor, como si ambos supieran que estaban en riesgo, como los centenares de migrantes detenidos los últimos días. Prende la radio y las noticias hablan de incidentes callejeros y el incremento de detenciones a la población trabajadora del Estado de California.

Manifestantes se enfrentan con las autoridades en el centro de Los Ángeles, el domingo 8 de junio de 2025, tras las protestas contra las redadas migratorias de la noche anterior. (AP Foto/Jae Hong, Archivo)

Miles de niños quedan atrapados en sus casas por temor a ser separados de sus padres, mientras la juventud latina prefiere perder el semestre en la universidad antes que ser tratados como delincuentes, por el único delito de ser hijos de trabajadores pobres que fueron tras el sueño americano. En estos días, enfermarse y tener que acudir al médico, puede convertirse en el boleto a una celda. La indignación recorre las calles de Los Ángeles y las ciudades de California.

Antecedentes

En su campaña electoral de 2024, Donald Trump prometió liderar la ¨mayor operación de deportación¨ en la historia de los Estados Unidos. Esto, como parte de su discurso reaccionario, nacionalista y xenofóbico, que culpa a la población migrante de robar empleos, y criminaliza esta población llamándoles ilegales y criminales. Esta promesa de campaña no impidió que, según Prensa Asociada, un 43% del voto latino haya sido emitido a favor de Trump en los comicios de noviembre. Esto en parte se debe a que la política del Partido Demócrata hacia los migrantes está lejos de ser un trato humano; Joseph Biden, como presidente, llegó a deportar a un número mayor de migrantes que Trump en su primera presidencia, y Barack Obama, más que George Bush, hijo. Pero la política de terror que ha implementado Trump en su segundo mandato no tiene precedente reciente.

Luego de las elecciones, y habiendo triunfado, el proyecto racista de Trump arrancó desde el inicio de su mandato el 20 de enero de 2025, cuando aprobó la Ley Ejecutiva anti migrantes. Esta moviliza las fuerzas del estado, particularmente a ICE, para hacer redadas y prácticamente secuestrar a personas para procesarlas y deportarlas de Estados Unidos. Al ser política del gobierno federal, requiere la complicidad de los gobiernos estatales. Se ha dicho que en ocasiones se les ha puesto una cuota de deportaciones a las agentes federales. Ha habido, igual, detenciones de personas que cuentan con documentos para permanecer en territorio estadounidense, y son igualmente desplazados. Son verdaderas campañas de terror, que tienen a la población migrante en una situación de extrema vulnerabilidad, y que ha llevado a grandes ausentismos en los trabajos y en las escuelas por miedo al acecho.

David Ryder / REUTERS.

En los meses transcurridos desde que asumió su segundo mandato, Trump ha intensificado las acciones contra la población migrante, especialmente la latina. Una de las poblaciones más afectadas es la venezolana, que tiene una diáspora de cerca de 8 millones de ciudadanos, muchos de los cuales se encuentran en los Estados Unidos. A pesar de que Nicolás Maduro se ha convertido en el gran aliado energético de los Estados Unidos, entregando en condiciones coloniales el petróleo venezolano a los gringos, Trump usa el fantasma del enemigo ideológico para expulsar y devolver a Venezuela la población del país dirigido por su aliado seudo izquierdista.

Ningún rincón del territorio estadounidense queda a salvo de esta política. Puerto Rico, colonia caribeña de Estados Unidos desde el 1898, con una población latina, también es víctima de esta política, en este caso, en particular la comunidad migrante de República Dominicana y de Haití. Esto, lamentablemente, con la complicidad del actual gobierno trumpista del Partido Nuevo Progresista y la gobernadora Jenniffer González. El Departamento de Transportación y Obras Públicas le entregó a ICE la dirección de 6,000 personas indocumentadas que contaban con licencias de conducir, desvirtuando una ley aprobada originalmente con la intención de incorporar a personas indocumentadas a la vida social del país. A esta fecha, ya ICE ha arrestado a 568 inmigrantes en Puerto Rico, de los cuales 421 son dominicanos.

Después de eliminar, restringir y someter a evaluación los estatus de toda la población migrante, ahora ha lanzado una ofensiva policial-militar sobre California, el Estado con mayor población extranjera, quienes juegan un papel esencial en la economía regional; en 2022, California aportó 692 millones de dólares en impuestos federales, equivalente al 15% el total de los ingresos federales de los Estados Unidos, mientras que se estima que en 2023 California envió 78 millones de dólares más de lo que recibió de fondos federales.

Narrativa de los hechos de junio 2025

Las redadas masivas de captura de migrantes iniciadas el 6 de junio mostró que se estaba entrando en un escalamiento de las políticas anti migración. Las operaciones de ICE se ejecutaron con especial brutalidad y violación de los derechos de la población migrante. El despliegue de la Guardia Nacional de California, el 7 de junio, generó respuestas y resistencias sociales en Paramount, Compton y el propio centro de Los Ángeles. No es para menos: la Guardia Nacional, un cuerpo militar que cada estado tiene y que responde simultáneamente a cada estado y al gobierno federal, en los Estados Unidos no suele movilizarse para acciones como esta (la propia propaganda de reclutamiento indica que se espera que un miembro de la Guarda Nacional sea movilizado “una vez cada dos o tres años”). Esto ha llevado a una pugna entre el gobierno estatal de California, que repudia la movilización de la Guardia Nacional en estas protestas, y el gobierno federal que los movilizada. Esto explica, también, la razón por la que grandes sectores de la Guardia Nacional han ignorado el llamado de Trump y no se han dejado movilizar (se estima que de los 2000 efectivos de la Guardia Nacional que se pretendía movilizar, solo han podido hacerlo con 300).

El 6 de junio, entre 8 y 10 de la mañana, agentes del ICE junto con agentes el Departamento de Seguridad Nacional (Department of Homeland Security, DHS), el Buró Federal de Investigación (Federal Bureau of Investigation, FBI) y la Administración de Control de Drogas (Drug Enforcement Administration, DEA) realizaron redadas en un almacén textil arrestando a unos 44 trabajadores que fueron trasladados al Centro de Detención Edward R. Roybal, lo cual provocó protestas frente a este centro de confinamiento. Esto generó las primeras contradicciones en el establishment gringo.

La policía de Los Angeles se enfrenta con manifestantes. Imagen: EFE / EPA / Caroline Brehman.

En paralelo, ICE había tomado la Tienda Home Depot, en Paramount CA, deteniendo a latinos, a lo cual respondieron con protestas unos 400 manifestantes.  Surgieron las primeras denuncias respecto a la imposibilidad que tenían los prisioneros de acceder a un abogado, poniéndose de manifiesto la violación de los derechos humanos y las garantías mínimas procesales a quienes eran calificados como ilegales y sujetos a deportación.

El 7 de junio, continuaron las operaciones anti migrantes en el Atlantic Boulevard, incrementando las detenciones, pero también las protestas que culminaron en la quema de un vehículo. Los protestantes marchaban con banderas nacionales de los países de la región. Algo similar ocurrió en Compton.

Mientras la policía disparaba balas plásticas y gases lacrimógenos para dispersar las protestas, el funcionario de la administración Trump, Tom Homan, anunciaba el despliegue de 2.000 efectivos de la Guaria Nacional, lo cual generó que los concejales de Los Ángeles aprobaran 500 millones de dólares para fondos legales de protección a migrantes. Esa noche, centenares de manifestantes se concentraron frente al Edward R. Roybal Federal Building, vociferando la consigna de “¡ICE fuera de los Ángeles!”, a lo que Trump respondió en la red social Truth Social defendiendo las redadas.

El capítulo de la American Civil Liberties Union (ACLU, una organización sin fines de lucro que vela por los derechos de la población) del Sur de California expresó su intención de retar las medidas represivas en los Tribunales, y calificó la jornada como un operativo militar.

El 8 de junio, 300 guardias nacionales, armados hasta los dientes, con rifles largos y escudos anti motines, se apostaron frente al Metropolitan Detention Center en el propio centro de Los Ángeles. Mientras esto ocurría, al grito de “¡Paren las deportaciones!”, miles de manifestantes se reunían en la Mariachi Plaza con banderas de México, Honduras y El Salvador. La Policía de Los Ángeles (LAPD) y la Patrulla de Caminos de California (CHP) dispersaron con gases lacrimógenos a los manifestantes.

Imagen: Daniel Cole.

El gobernador de California, Kevin Newson, y el sheriff, Robert Luna, exigieron por la red social X que la Guardia Nacional debía retirarse. Esa noche, comenzaron los llamados a taxis autónomos (sin conductores) que al llegar al sitio eran quemados por pobladores indignados, como señal de protesta.

El 9 de junio, las protestas continuaron frente a los centros de detención, con un saldo de 27 manifestantes detenidos. Mientras el gobernador Newson anunciaba que demandaría a Trump por movilizar a la Guardia Nacional del estado de manera ilegítima, la congresista Nanette Barragán por un distrito de California develaba que el gobierno federal intencionaba que las redadas en Los Ángeles continuarían por 60 días, apareciendo Nueva York como el próximo territorio a ser ocupado por las fuerzas anti migrantes.

El 10 de junio el Pentágono confirmaba que desplegaría en Los Ángeles 700 marines, fuerzas militares con alta capacidad destructiva y aniquiladora de vidas humanas. Esto sería una nueva escala de las políticas migratorias que coloca a la clase trabajadora latina como enemigo ideológico de los Estados Unidos, no obstante, al parecer este contingente no ha podido ser movilizado por resistencias internas de efectivos de esta fuerza élite. Ante este anuncio el gobernador de California solicitó públicamente revertir la medida, lo que muestra la agudización de las contradicciones entre sectores del capital norteamericano, cuya evolución y correlación de fuerzas será determinante en los acontecimientos de los próximos días.

Si bien los datos oficiales son escasos, es un hecho que las protestas ciudadanas y las contradicciones entre la administración federal de Trump y el liderazgo local, especialmente del Gobernador de California y la alcaldesa de la ciudad de Los Ángeles, han hecho disminuir el número de arrestos los días 10 y 11 de junio.

Mientras tanto, se eleva el número de manifestantes que protestan las medidas, con pancartas que señalan Fuck ICE; ciudadanos norteamericanos salen de sus casas a evitar la deportación de vecinos, mostrando que el verde oliva y las armas de la Guardia Nacional no son suficientes para detenerlos

Las resistencias antifascistas

Las manifestaciones y choques de la población migrante contra el aparato policial-militar y ICE, si bien son un reflejo de sobrevivencia, son también signos de maduración política contra las políticas reaccionarias del gobierno federal, incluyendo sectores que incluso votaron a Trump. El alto apoyo de la población latina con voto hacia Trump, por ejemplo, que se mencionó al inicio de este artículo, ha decaído estrepitosamente, según encuestas recientes. Una parte importante de las movilizaciones en Los Ángeles ha sido de la comunidad latina, a la vez de las más vulnerables y de las más militantes. Se dice que las actuales movilizaciones pueden ser un presagio de un movimiento similar al “Black Lives Matter” de hace algunos años. Además, estas resistencias comienzan a ser expresión de enfrentamiento a las políticas fascistoides de la administración norteamericana.

Si bien los sectores liberales se oponen a las políticas de Trump, ha habido una oposición igualmente insistente a la manera en que estas manifestaciones se han desarrollado. La alcaldesa de Los Ángeles se ha expresado en contra de las manifestaciones violentas. La policía de Los Ángeles declaró que las concentraciones en el centro de la ciudad, eran asambleas ilegales y los participantes serían castigados con el peso de la Ley. Bernie Sanders, incluso, ha manifestado simpatía con la resistencia no-violenta que promovía Marthin Luther King, en oposición a lo que se ha visto en Los Ángeles. Ante eso, conviene recordar las propias palabras de Marthin Luther King:

“Y debo decir esta noche que un motín es el lenguaje de los que no son escuchados. ¿Y qué es lo que Estados Unidos no ha escuchado? … No ha escuchado que las promesas de libertad y justicia no se han cumplido. Y no ha escuchado que grandes segmentos de la sociedad blanca están más preocupados por la tranquilidad y el statu quo que por la justicia y la humanidad”.

Imagen: Univisión.

Ya hay una convocatoria para manifestaciones a nivel nacional para el 14 de junio, en el que los sectores en lucha han llamado a una protesta “No Kings”, o “sin reyes”. Si bien esta se había convocado con anterioridad a los motines en Los Ángeles, estos hechos han aumentado el interés y la participación en ella.

El mismo 14 de junio, Trump pretende simultáneamente conmemorar su nacimiento – cumple 79 años – y celebrar los 250 años del ejército estadounidense, con un despliegue militar en Washington, D.C que se indica que costará unos $45 millones. Los sectores en lucha, para denunciar el autoritarismo de Trump, favoreciendo el llamado a un gobierno sin “rey” y la vuelta a la “democracia”, convocan a manifestaciones en cada uno de los 50 estados de los Estados Unidos para ese día. Sin embargo, las manifestaciones no se limitan a 50 ciudades, sino que ya superan en número a las 2,000, y también se celebran fuera del territorio estadounidense: en las Islas Vírgenes, en México, en Canadá, en países en Europa y en África y en Puerto Rico (donde el llamado es doble: contra Trump, contra la gobernadora Jenniffer González). A estas manifestaciones se han unido importantes sectores sindicales. Se acrecienta el entusiasmo y la militancia de camino a la manifestación.

La amenaza de guerra civil para consolidar el poder

Gaby Hinsliff advierte en una columna en The Guardian que el despliegue militar en Los Ángeles tendrá un impacto directo en la democracia norteamericana. En efecto, la intervención del gobierno federal en los estados, y el despliegue militar de estas semanas, demuestra la tendencia creciente del gobierno de Trump hacia el autoritarismo, impulsando el poder ejecutivo por encima del estatal e incluso de la rama judicial.

El 9 de junio de 2025, Sunny Hostin señalaba en el programa de televisión The View que el caos fascistoide que genera esta situación está abriendo la posibilidad de una guerra civil en los Estados Unidos. Sin embargo, un escenario de guerra civil no pareciera estar planteado -al menos en el corto plazo- porque aún no se ha afectado de manera decisiva las cadenas productivas y los círculos de inversión en ese país. Solo una quiebra del modelo de acumulación de capital, en el cual los migrantes participan como mano de obra, podría plantear un riesgo de este tipo, pero en realidad no ha sido rota aún la proporción entre necesidades de absorber empleo y el ejército de reserva que sigue siendo aún muy numeroso.

Ciudades y condados de California con políticas ‘santuario’ protegen inmigrantes al limitar la cooperación con ICE. | Composición: La República.

Lo que es evidente, es que el caos le favorece a la consolidación del modo autoritario unipersonal que quiere implementar Trump. Este caos programado, le permitiría gobernar con poderes especiales, disminuyendo el margen de acción del Congreso y el poder judicial, especialmente con este último con el cuál se incrementan las tensiones a partir del desarrollo de la política anti migratoria.

La urgencia de la solidaridad internacional

Las políticas de ataque a la población migrante están en el corazón de las políticas de la nueva derecha mundial y los expresiones fascistas cada vez más comunes en gobiernos dirigidos por la ola neoconservadora mundial que encarna Trump. En ese sentido, la solidaridad hacia el pueblo estadounidense y hacia la comunidad de indocumentados debería incluir, no solo actividades y manifestaciones a favor de esta, sino también acciones y manifestaciones en contra de las expresiones reaccionarias y autoritarias en cada país. Todas las fuerzas progresistas, democráticas, defensoras de los derechos humanos y de izquierdas tienen que conformar un amplio frente mundial que enfrente con la movilización y las ideas este ataque a la clase trabajadora migrante.

Esta alianza mundial alternativa no puede ocultar los acuerdos a los que han llegado muchos gobiernos de la región para servir de anillo de contención y apoyo a las políticas trumpistas, deteniendo y criminalizando a quienes se mueven por necesidades, hacia el norte imperialista. Tampoco se pueden ocultar las políticas anti clase trabajadora de gobiernos nacionales, aliados a sus burguesías de sus países, quienes sostienen niveles de precarización salarial que expulsan a los migrantes; muchos de estos gobernantes quieren pescar en río revuelto, criticando a Trump a la par que destruyen el salario de la clase trabajadora de sus connacionales. Por tanto, una expresión internacional alternativa tiene también que poner los puntos sobre las íes, y promover una visión democrática de la sociedad, lejos del irracionalismo reaccionario, pero también de las políticas anti obreras del establishment liberal. Esta alianza alternativa mundial tiene que ser construida, además, dialogando con la población migrante, organizando junto a ellos acciones internacionales de enuncia y protesta, que tengan en la movilización su estrategia central.

Los migrantes no son números sino vidas humanas

Hoy, cuando han transcurridos días de la ofensiva policial-militar del gobierno fascistoide de Trump, trabajadores migrantes como José, Olivia, Marcos, Raúl, Luis o Pepe, se debaten entre salir de sus casas para buscar el sustento diario de los suyos corriendo el riesgo de ser arrestados y deportados o aumentar la situación de miseria en la que viven. Mientras tanto, las luces de neón de Hollywood le siguen mostrando al mundo un sueño de país y economía que dista mucho de la tragedia en la que viven los humildes que con esperanzas llegan a los Estados Unidos.

Pero no todo está perdido, cada hora se eleva el número de nacionales norteamericanos, de la clase trabajadora de ese país, que se unen a las protestas y rechazan el fascismo trumpista. Solo un despertar el pueblo norteamericano puede salvar al pueblo migrante de este ataque del complejo policial-militar liderado por Trump. En lo inmediato, las manifestaciones – locales e internacionales – del 14 de junio deberán, como mínimo, demostrar la capacidad que tiene el pueblo estadounidense en lucha de movilizarse, y, de esa manera, aguarle no solo el cumpleaños a Donald Trump sino también su inhumana política migratoria.


[1] Profesor e investigador venezolano. Actualmente profesor visitante em la Universidad Federal de Sergipe (UFS) de Brasil. Integrante del Comité Directivo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) e integrante del movimiento del Congreso Mundial contra el Neoliberalismo educativo.

[2] Profesor universitário. Vicepresidente de la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios (APPU) y militante del Movimiento Político Victoria Ciudadana.

Fuente: https://luisbonillamolina.com/2025/06/11/en-los-angeles-irrumpe-la-agresion-policial-militar-de-la-administracion-trump/

 

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    A 35 años de la desaparición de Andrés Núñez, la Cámara Penal de la ciudad denegó el pedido de prisión domiciliaria que había solicitado el ex comisario Luis Raúl Ponce Peralta, condenado en 2017 a reclusión perpetua por ser responsable de los delitos de “privación ilegal de la libertad calificada en concurso real con torturas seguidas de muerte”.

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    Fuente: https://www.laizquierdadiario.com/Caso-Andres-Nunez-niegan-la-prision-domiciliaria-a-uno-de-los-policias-condenados

     

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  • El FIT presenta proyecto para derogar convenio previsional y romper relaciones diplomáticas-económicas con el Estado de Israel

     

    El Frente de Izquierda y los Trabajadores – Unidad presentó un proyecto para derogar el convenio previsional del gobierno de Javier Milei con el Estado de Israel (Ley 27.641) y romper relaciones diplomáticas y económicas. «La reciente visita del presidente Milei al Estado genocida de Israel es un aval del gobierno argentino al genocidio perpetrado contra la población de Gaza, que continúa con los intentos de extorsionarla por el hambre, forzándola a abandonar sus territorios. Se trata de un alineamiento que convierte al presidente y a la Argentina en cómplices de los crímenes de lesa humanidad cometidos por el Estado de Israel», denuncian. Asimismo, señalan: «Milei ratifica la posibilidad de otorgar pensiones y jubilaciones a ciudadanos israelíes que residan en Argentina, mientras se les niega esa posibilidad a miles de argentinos adultos mayores que por no completar 30 años de aportes no podrán jubilarse sin la extensión de la moratoria previsional». Por ANRed.


    Con el N°3230-D-2025, las y los diputados del Frente de Izquierda y los Trabajadores – Unidad, Vanina Biasi, Vilma RipollNicolás del CañoChristian Castillo y Alejandro Vilca, presentaron un proyecto para derogar el convenio previsional del gobierno de Javier Milei con el Estado de Israel (Ley 27.641) y romper relaciones diplomáticas y económicas con el régimen liderado por Benjamín Netanyahu.

    «Derógase el Convenio entre la República Argentina y el Estado de Israel sobre Seguridad Social (Ley 27.641), suscrito en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el 12 de septiembre de 2017, por constituir un compromiso de asistencia previsional a ciudadanos de un estado genocida que viene desenvolviendo una limpieza étnica en la franja de Gaza, masacrando a más de 55.000 gazatíes en su mayoría niños, mujeres y ancianos y que persiste mediante el uso del hambre como arma de guerra para forzar a la población a abandonar sus territorios», señala el artículo 1° del proyecto.

    Los palestinos se agolparon para obtener una comida gratis en la ciudad de Rafah, en el sur de Gaza, el mes pasado. Crédito: Fatima Shbair/Associated Press.

    En tanto, en su artículo 2° dispone: «el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Argentina procederá a romper relaciones diplomáticas y económicas con el Estado de Israel, cuyo presidente Benjamin Netanyahu es un prófugo de la Justicia Internacional, acusado de crímenes de lesa humanidad, como forma de manifestar su solidaridad con el pueblo palestino por su horroroso sufrimiento y su oposición a la política de apartheid, racista, xenófoba y belicista que agrede militarmente a todos los pueblos de la región y transformó Gaza en un campo de concentración durante años para terminar convirtiéndola en cementerio«.

    En tanto, en sus fundamentos, el proyecto del FIT remarca: «la reciente visita del presidente Javier Milei al estado genocida de Israel, que hemos denunciado en nuestro Proyecto de Resolución Expte 3149-D-2025, es un aval del gobierno argentino al genocidio perpetrado contra la población de Gaza, que continúa con los intentos de extorsionarla por el hambre, forzándola a abandonar sus territorios. Se trata de un alineamiento que convierte al presidente y a la Argentina en cómplices de los crímenes de lesa humanidad cometidos por el Estado de Israel«.

    El 80% de la ciudad de Gaza ha sido destruida por los ataques aéreos israelíes.

    En la misma línea las y los legisladores de izquierda agregan: «efectivamente, el mandatario argentino se reunió con el primer ministro Benjamin Netanyahu, sobre quien pesa una orden de arresto por parte de la Corte Penal Internacional debido a crímenes de lesa humanidad, y suscribió un memorándum de entendimiento que profundiza las relaciones con el Estado sionista, a contramano del creciente repudio popular global al plan de anexión de la franja de Gaza, la intensificación de los bombardeos y un bloqueo draconiano que sumió nuevamente a la población en la hambruna. Así lo vienen denunciando el director de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Ghebreyesus, y el Jefe de Operaciones humanitarias de las Naciones Unidas, Tom Fletcher. (sitio de Naciones Unidas, 20/5)».

    «Como ya anunciara el presidente estadounidense, Donald Trump, el plan en marcha consiste en “limpiar” Gaza, expulsando a su población para un desarrollo turístico-inmobiliario de alta gama – suma el proyecto en sus fundamentos – Desde que el sionismo rompió el acuerdo de cese al fuego alcanzado a fines de enero, que establecía, entre otros puntos, el intercambio de rehenes por prisioneros políticos palestinos, alrededor de 2.500 gazatíes fueron asesinados, elevando la cifra total a cerca de 55 mil. A su vez, a comienzos de marzo, el ejército israelí reimpuso un bloqueo casi total al ingreso de alimentos, agua, combustibles y medicinas que colocó nuevamente al enclave al borde de la hambruna y el colapso de la atención sanitaria«.

    En cuanto al denominado «Memorándum en Defensa de la Libertad y la Democracia contra el Terrorismo y el Antisemitismo«, firmado por Milei, el FIT recuerda que «no sólo apunta a traducir en hechos concretos este alineamiento incondicional con el Estado sionista, sino que va mucho más allá«. Según el diario The Jerusalem Post, que se basó en una entrevista con el embajador argentino en Israel, Axel Wahnish, rabino y guía espiritual de Milei, el Memorándum implica una cooperación sin precedente supuestamente “en contra del terrorismo”, que implica investigaciones en cibercrimen, establecer carriles aduaneros fast-track, lanzamientos satelitales conjuntos y centros de tecnología hídrica en el río Paraná».

    Norita Cortiñas, acompañando a «Fuera Mekorot». Foto: David Paoli Testa.

    «Se trata de fortalecer los negociados, como el de la empresa estatal israelí de aguas Mekorot, denunciada por los relatores de Naciones Unidas en Palestina por utilizar el agua como arma de guerra, que viene firmando sucesivos acuerdos de manejo del agua con las provincias argentinas – denuncia el FIT – También ‘apuntará a elevar los grados de cooperación militar y de seguridad mayor a los que ya hay secretos entre los israelíes y libertarios’. Una pieza de estos acuerdos sigilosos es Mario Montoto, titular de la Cámara de Comercio Argentino-Israelí (CCAI), quien comanda un imperio empresario dedicado a la venta de materiales y servicios de seguridad cuyas empresas de vigilancia están enlazadas con firmas del complejo de seguridad israelí y cuentan con numerosos convenios con Estados provinciales argentinos. (Clarín, 27/5)», detalla el proyecto del FIT.

    Milei recibió el «Premio Génesis», conocido como el “Nobel Judío”, en una ceremonia especial en el Knesset.

    Asimismo, el proyecto señala: «la Fundación que condecoró al presidente argentino con el premio Génesis, “el Nobel israelí”, con el otorgamiento de un millón de dólares que Milei utilizará para propagandizar en América Latina la “causa” sionista, valora tanto las medidas en respaldo a Israel (votaciones argentinas en organismos internacionales, declaración de Hamas y Hezbollah como organizaciones terroristas, etc.), así como su orientación económica, incluyendo el ajuste fiscal. Aun así Milei no pudo evitar ser abucheado por una multitud en la Universidad Hebrea por su apoyo al genocidio».

    Finalmente, con respecto al acuerdo de pensiones y jubilaciones con Israel, remarcan: «es en este contexto que Milei ratifica la posibilidad de otorgar pensiones y jubilaciones a ciudadanos israelíes que residan en Argentina, mientras se les niega esa posibilidad a miles de argentinos adultos mayores que por no completar 30 años de aportes no podrán jubilarse sin la extensión de la moratoria previsional».

     

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  • Autorizaron la compra de fusiles semiautomáticos en Argentina

     

    El gobierno de Javier Milei aprobó la resolución que permite a los civiles adquirir y poseer fusiles semiautomáticos bajo condiciones estrictas. La medida, publicada en el Boletín Oficial, reemplaza la antigua prohibición que regía sobre este tipo de armamento. El Registro Nacional de Armas (RENAR), dependiente del Ministerio de Seguridad Nacional, será el organismo responsable de autorizar, fiscalizar y controlar el nuevo régimen.

    Hasta ahora, la compra de fusiles semiautomáticos estaba prácticamente vedada a los civiles, salvo excepciones concedidas por el Ministerio de Defensa. Con la nueva normativa, se habilita la adquisición de armas con cargadores removibles como fusiles o subametralladoras derivadas de modelos militares para usuarios y entidades de tiro que cumplan con los requisitos legales. Este cambio busca reemplazar la prohibición por un modelo de control más riguroso y transparente, centrado en la trazabilidad y el uso deportivo.

    Requisitos estrictos para los usuarios

    Para acceder al permiso, los solicitantes deberán identificar el arma con precisión (marca, modelo, calibre y número de serie), contar con un sistema de almacenamiento seguro tipo G2, y presentar una declaración jurada que justifique el uso del fusil. Además, deben demostrar experiencia deportiva comprobada, no poseer antecedentes sancionatorios, y tener al menos cinco años de antigüedad como legítimos usuarios de armas. También se exige abonar tasas administrativas y presentar documentación que respalde la necesidad del arma para actividades deportivas o didácticas.

    La resolución también transforma la estructura administrativa del control de armas. La Agencia Nacional de Materiales Controlados vuelve a denominarse RENAR y pasa a depender del Ministerio de Seguridad Nacional. Este organismo concentrará toda la aplicación de la Ley Nacional de Armas y Explosivos N.º 20.429, derogando antiguas disposiciones que generaban superposición normativa. Así, se busca consolidar un sistema único de registro, fiscalización y trazabilidad de armamento en el país.

    AEl nuevo régimen redefine las condiciones para la adquisición y tenencia de fusiles semiautomáticos de uso civil condicional. Las armas permitidas incluyen fusiles, carabinas y subametralladoras con cargadores desmontables y calibre superior al .22 LR.

    Solo podrán acceder quienes cumplan con los requisitos y cuenten con la autorización del RENAR.

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  • Venezuela acusó a EE.UU. de “provocación militar” tras el envío de un buque al Caribe

     

    Un buque de guerra lanzamisiles de Estados Unidos, el USS Gravely, arribó este domingo a Trinidad y Tobago para realizar ejercicios militares con el ejército local. La llegada del destructor se produce en medio de un aumento de la presión militar ordenada por el presidente estadounidense Donald Trump contra el mandatario venezolano Nicolás Maduro, a quien acusa de liderar redes de narcotráfico vinculadas al Cartel de los Soles.

    El arribo del buque fue visible el domingo frente a la capital trinitense, Puerto España, y permanecerá atracado allí hasta el jueves. La operación había sido anunciada días antes por el gobierno de Trinidad y Tobago, que confirmó la participación de una unidad de marines estadounidenses.

    Desde Caracas, el gobierno venezolano denunció el despliegue como una “provocación militar coordinada con la CIA” y aseguró que busca generar un conflicto en el Caribe. En paralelo, Washington mantiene desde agosto una ofensiva naval y aérea en la región, con más de cuarenta muertos en ataques a presuntas embarcaciones de narcotraficantes.

    Caracas denunció una “provocación militar” en el Caribe

    El gobierno venezolano, a través de la vicepresidenta Delcy Rodríguez, calificó como una “provocación militar” la llegada del buque lanzamisiles estadounidense USS Gravely a Trinidad y Tobago.

    En un comunicado oficial, Caracas acusó al gobierno trinitense de actuar “en coordinación con la CIA para provocar una guerra en el Caribe” y anunció la captura de “un grupo de mercenarios” presuntamente vinculados con la agencia de inteligencia norteamericana.

    Según la declaración, las maniobras militares impulsadas por Washington “no son ejercicios defensivos, sino una operación colonial de agresión que busca convertir al Caribe en un espacio para la violencia letal y el dominio imperial estadounidense”.

    El destructor permanecerá atracado en Puerto España hasta el jueves. Venezuela y Trinidad están separadas por apenas 11 kilómetros en su punto más cercano, lo que permite la visibilidad de las costas vecinas desde ambos países.

    Escalada militar en la región

    Desde agosto, Estados Unidos mantiene desplegados buques de guerra en el Caribe y realiza ataques aéreos contra embarcaciones de presuntos narcotraficantes. Además, el gobierno de Donald Trump anunció el envío del portaaviones Gerald R. Ford, el más grande del mundo, decisión que el presidente Nicolás Maduro calificó como un intento de “inventar una nueva guerra”.

    Washington sostiene que Maduro encabeza redes de narcotráfico vinculadas al denominado Cartel de los Soles, acusación que el mandatario venezolano rechaza tajantemente. Caracas afirma que estas acciones responden a una estrategia para justificar un cambio de régimen y apoderarse de las reservas petroleras del país.

    Tensiones diplomáticas con Trinidad y Tobago

    La primera ministra trinitense, Kamla Persad-Bissessar, es considerada una aliada política de Trump y ha adoptado un discurso crítico hacia la inmigración venezolana y el aumento de la criminalidad. El gobierno de Maduro acusa a su administración de alinearse con los intereses de Washington.

    Muertes y cuestionamientos legales

    La campaña militar estadounidense ha dejado hasta ahora 43 muertos en diez bombardeos a embarcaciones sospechosas en aguas internacionales del Caribe y el Pacífico, según datos del propio gobierno de Estados Unidos.

    Familias trinitenses denunciaron además la muerte de dos ciudadanos de ese país en esos ataques, aunque las autoridades locales no lo confirmaron ni lo desmintieron.

    Expertos en derecho internacional advirtieron sobre la posible ilegalidad de estas operaciones, al realizarse contra sospechosos que no fueron interceptados ni sometidos a procesos judiciales.

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  • La burocracia sindical cegetista banca a Milei y asiste al Consejo de Mayo: mientras, más de 70 organizaciones marchan contra el gobierno

     

    Panorama de conflictos sindicales. El Frente de Lucha por la Soberanía, el Trabajo Digno y los Salarios Justos, integrado por más de 70 federaciones y sindicatos del transporte, organizaciones sociales y gremios del ámbito estatal, industrial y de servicios, moviliza este miércoles 25 de junio desde las 12 al ministerio de Desregulación del Estado. Mientras, la CGT aceptó la convocatoria del Gobierno y hoy asistirá al Consejo de Mayo para debatir la «modernización laboral». El Gobierno reglamentó que los trabajadores se paguen su propio despido, modificó por decreto la Ley de Asociaciones Sindicales y aplicó cambios en el régimen electoral de los sindicatos. Hoy se movilizaron trabajadores estatales porteños para exigir recomposición salarial urgente. El jueves pasado los trabajadores de la gráfica Morvillo, que cumplieron 120 días de ocupación en defensa de 250 puestos de trabajo, realizaron una manifestación en el Puente Pueyrredón. Por Mario Hernández.


    A pesar de la ofensiva gubernamental la burocracia sindical cegetista banca a Milei en su peor momento político: mientras, más de 70 organizaciones marcharán contra el gobierno

    El Frente de Lucha por la Soberanía, el Trabajo Digno y los Salarios Justos, integrado por más de 70 federaciones y sindicatos del transporte, organizaciones sociales y gremios del ámbito estatal, industrial y de servicios, convocó a una conferencia de prensa el lunes 23 de junio en la sede de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), en Avenida Jujuy 1074, Ciudad de Buenos Aires.

    En la conferencia se explicaron los detalles y motivos para manifestar sus reclamos al Gobierno Nacional, que tendrán como epicentro el ministerio de Desregulación del Estado con una masiva movilización el miércoles 25 de junio.

    Juan Carlos Schmidt (Dragado y Balizamiento y CATT), Hugo Cachorro Godoy (CTA Autónoma) y Abel Furlán (UOM) fueron algunos de los dirigentes que participaron de la conferencia de prensa donde se lanzó la primera acción de lucha del Frente de Lucha por la Soberanía, el Trabajo Digno y los Salarios Justos. Foto: combinado en base a imágenes de prensa CTA-A e Indymedia Argentina.

    Las organizaciones concentrarán ese día desde las 12:00 en Carlos Pellegrini y Sarmiento para dirigirse a la sede del Ministerio, ubicado en Avenida Presidente Roque Sáenz Peña 788. Hasta el momento, adhirieron al frente y la movilización los integrantes de la CATT y la Federación Marítima, Portuaria y de la Industria Naval Argentina (FeMPINRA); la CGT Regional La Plata, Berisso, Ensenada, Magdalena y Punta Indio; la CTA Autónoma nacional, de Berisso y de Ensenada; la CTA de los Trabajadores; la CTA Buenos Aires y Capital Federal; el Partido Justicialista de Berisso (PJ Berisso); y las 62 Organizaciones Gremiales Peronistas. Por otro lado, apoyan sindicatos como la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP); la Unión Obrera Metalúrgica (UOM); la Federación Argentina de Trabajadores Cerveceros y Afines (FATCA); la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN); ATE Nación, Buenos Aires, Ensenada, Berisso y Punta Alta; la Asociación Argentina de Trabajadores de las Comunicaciones (AATRAC); el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SIPREBA); la Confederación de Educadores Argentinos (CEA); el Sindicato Único de la Publicidad (SUP); la Asociación de Supervisores de Subterráneos (ASSRA); el Sindicato de Trabajadores del Espectáculo Público (SUTEP); la Federación de Trabajadores Aceiteros y Desmotadores de Algodón (FTCIODyARA); el Sindicato de Trabajadores de Juegos de Azar, Entretenimiento, Esparcimiento, Recreación y Afines (ALEARA); el Sindicato Municipal de Berisso; el Sindicato Argentino de Televisión, Telecomunicaciones, Servicios Audiovisuales, Interactivos y de Datos (SATSAID); el Sindicato Único de los Trabajadores de la Educación (SUTEBA) de Buenos Aires y Ensenada; el Sindicato Municipales Ensenada; la Unión de Docentes de la Provincia de Buenos Aires (UDOCBA) y de Ensenada; el Frente de Gremios Estatales; y la Agrupación del Personal Superior ARS (APSA).A su vez, también se sumaron instituciones como el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA); las Universidades de Quilmes, Avellaneda, la Patria Grande y la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires; la Federación Universitaria de La Plata. Finalmente, otras organizaciones como la Agrupación Manuel Belgrano; la Agrupación Caballito; el Movimiento Sanitario Provincial de Capital Federal (MOSAPRO); la Federación Nacional Campesina; el Encuentro Federal por la Soberanía; el Foro por la Recuperación del Paraná; Peronismo por la Soberanía; la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI); y la Corriente Clasista y Combativa (CCC).

    La conformación del frente único y multisectorial se realizó a inicios de junio, en el marco del plan de lucha de la CATT y en repudio al plan de desregulación liderado por Federico Sturzenegger, al cual calificaron en aquel entonces como «criminal». También se trata de una respuesta a los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) del gobierno de Javier Milei que «desregulan el sistema productivo y del transporte, fijan límites a las paritarias y recortan en áreas estratégicas como la educación, la ciencia, la salud y la infraestructura».

    El Gobierno reglamentó que los trabajadores se paguen su propio despido

    El Gobierno Nacional publicó este lunes el marco regulatorio de los Productos de Inversión Colectiva de Cese Laboral (PICs) que nacen tras las modificaciones en las indemnizaciones laborales dispuestas en la Ley Bases. Con esta modalidad, el trabajador podría aportar dinero de su salario todos los meses para su futura hipotética desvinculación. Según el texto publicado en el Boletín Oficial, cada sector podrá incluirlo o no en su Convenio colectivo de trabajo.

    Imagen: La Voz 90.1

    Las partes podrán sustituir la indemnización por un fondo o sistema de cese laboral conforme los parámetros que disponga el Poder Ejecutivo nacional».Estos sistemas podrán reemplazar a la indemnización por antigüedad, que equivale a un mes de sueldo bruto por cada año trabajado. Según se desprende de la mencionada Ley Bases, del Decreto que la reglamentó en septiembre pasado y de la Resolución 1071/2025 de este lunes, el Fondo de Cese Laboral podrá administrarse bajo alguna de las siguientes modalidades:

    • Régimen de Cuentas Bancarias de Cese Laboral.
    • Régimen de Fondos Comunes de Inversión Abiertos de Cese Laboral.
    • Régimen de Fideicomisos Financieros de Cese Laboral.

    Los Fondos Comunes de Inversión (FCI) son patrimonios que se forman con los aportes que realizan los inversores suscribiendo cuota partes y convirtiéndose, en consecuencia, en cuota partistas. Intervienen dos tipos de entidades: la sociedad gerente y la sociedad depositaria, que administran y custodian los activos respectivamente.

    Traidores: la CGT aceptó la convocatoria del Gobierno y hoy asistirá al Consejo de Mayo para debatir la modernización laboral

    La mesa chica cegetista avaló la participación de Gerardo Martínez en la instancia de diálogo multisectorial que comenzará este martes en la Casa Rosada para debatir con funcionarios, gobernadores, legisladores y empresarios una propuesta de «modernización laboral».

    La decisión, que se adoptó el lunes en una reunión realizada en la Federación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (FATSA), significa un aval a la presencia de Gerardo Martínez (UOCRA), secretario de Relaciones Internacionales de la CGT, en la instancia de diálogo anunciada hace un año por Javier Milei para consensuar 10 puntos que se convertirán en proyectos para que trate el Congreso.

    Foto: Somos Télam.

    El Consejo de Mayo, presidido por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, fue citado para este martes, a las 9:30, en la Casa Rosada: además de Martínez, participarán Alfredo Cornejo por las provincias firmantes del Pacto y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Carolina Losada por el Senado de la Nación, Cristian Ritondo por la Cámara de Diputados y Martín Rappallini (UIA) en representación de las entidades empresariales. Además, se sumará el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger.

    Algunos dirigentes de la CGT se oponían a sentarse con el Gobierno mientras sigan «el ajuste, el cepo a las paritarias y la reglamentación del derecho de huelga», pero finalmente se aprobó la presencia en el Consejo de Mayo y se acordó que Martínez lleve al diálogo los reclamos de la CGT, que exceden la agenda de trabajo que propondrá el Gobierno.

    Entre las demandas de la CGT para llevar al Consejo de Mayo figuran «defender la consigna producción, desarrollo y trabajo, las paritarias libres, la situación de los jubilados y la no reglamentación del derecho de huelga», entre otros puntos.

    Según explicó Martínez, la idea es que a partir de la segunda reunión del Consejo de Mayo se incorporen expertos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para facilitar los acuerdos.

    De los 15 participantes a la reunión de FATSA, sólo Juan Carlos Schmid (Dragado y Balizamiento), titular de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), planteó una postura crítica sobre la presencia de la CGT en el diálogo con el Gobierno.

    El dirigente es uno de los impulsores de una marcha que se realizará este miércoles hasta el ministerio que encabeza Federico Sturzenegger, en avenida Roque Sáenz Peña 788, para reclamar contra la desregulación del transporte y otras áreas.

    Pero en el debate cegetista, que se extendió durante dos horas y media, se analizó la situación generada por la convocatoria oficial al Consejo de Mayo y cada sindicalista presente, aun con sus reparos, acordó que la CGT debía participar.

    Los dirigentes gremiales que participaron del encuentro fueron los cotitulares cegetistas Héctor Daer (Sanidad), Octavio Argüello (Camioneros) y Carlos Acuña (estaciones de servicio), más Gerardo Martínez (UOCRA), Hugo Moyano (Camioneros), José Luis LingeriJulio Piumato (judiciales), Jorge Sola (seguro), Sergio Romero (UDA), Sergio Sasia (Unión Ferroviaria), Argentino Geneiro (gastronómicos), Oscar Rojas (maestranza), Guillermo Moser (Luz y Fuerza) y Omar Plaini (canillitas).

    Fuentes sindicales aseguraron que también fue invitado Abel Furlán (UOM), pero no concurrió. El titular del gremio metalúrgico exigió la semana pasada a la CGT que en forma urgente se discuta un plan de lucha «sostenido y escalonado» contra el ajuste y la «proscripción» de Cristina Kirchner. Entre los presentes tampoco estuvieron otros miembros del sindicalismo kirchnerista como Sergio Palazzo (bancarios) o Laura Lorenzo (SMATA), reemplazante de Mario Manrique, quien renunció en octubre pasado a la CGT por profundas diferencias con la estrategia ante el gobierno de Javier Milei.

    Gerardo Martínez fue incluido por el Gobierno entre los integrantes del Consejo de Mayo, pero hasta ahora no tenía el aval orgánico de la CGT. El líder de la UOCRA dijo hace 48 horas: «Nadie del Gobierno habló conmigo. En su momento nos dijeron que el Poder Ejecutivo iba a decidir quiénes iban a representar tanto al sector empresarial como al sindical, pero ahora indudablemente me veo en la obligación de una consulta. No voy a decidir por mi cuenta algo así y se necesita el aval de una parte importante de la CGT».

    El sindicalista admitió que la eventual participación de la CGT en el Consejo de Mayo sería «un desafío para poder llegar a lo que pretendemos, que es la trilogía desarrollo, producción y trabajo, un capítulo aún desconocido por este gobierno».»Necesitamos un acople entre el sector productivo y el trabajo dentro de un diálogo sustentable y no discrecional», agregó, tras lo cual insistió: «Yo no pedí ni busco estar ahí (en el Consejo de Mayo), pero si se aprueba será una oportunidad para ser la voz de la CGT y que todas las propuestas salgan por consenso».

    El gobierno sienta a la CGT en la mesa donde se comienza por discutir una de las exigencias del nuevo acuerdo con el FMI: la reforma laboral, dándole una mano a Milei en su peor momento.

    Sin un discurso que logre imponerse en una agenda dominada por el justicialismo, la semana pasada el gobierno se vio obligado a ensayar muestras de independencia mediática para intentar retomar la centralidad. Además de la entrevista que el presidente brindó al periodista oficialista, Esteban Trebucq, luego de su viaje de 10 días por Europa e Israel, el martes pasado el legislador electo y vocero presidencial, Manuel Adorni, retomó sus conferencias de prensa después de más de dos semanas sin presentaciones.

    A la misma hora, Karina Milei, encabezó una reunión de la mesa chica: Guillermo Francos, Santiago Caputo, Eduardo «Lule» Menem y Lisandro Catalán, donde expuso los lineamientos políticos de una gestión atravesada por la condena a Cristina Fernández.

    Son todos eventos por retomar desesperadamente el control de la agenda política, perdida por primera vez en 18 meses de gobierno.

    Este es el marco en el que se reactivó en tiempo récord el Pacto de mayo firmado en Tucumán casi un año atrás con el propósito de conformar un organismo multisectorial para avanzar en la ejecución de una refundación institucional que permita al oficialismo llevar adelante reformas estructurales que de otra forma no podría implementar por su escasa presencia en el Congreso. La propuesta del gobierno se recostará en la modificación de la Ley de Contrato de Trabajo 20.744, con la que buscarán reducir la participación del Estado en los acuerdos paritarios y volver a la implementación del Decreto que limita el derecho de huelga rechazado por la Justicia entre otras.

    ¿Por qué la Justicia suspendió el decreto de Milei que limitaba el derecho de huelga?

    Ante un planteo de la CGT, la jueza del Trabajo Moira Fullana, suspendió con una medida cautelar la aplicación de dos artículos claves del DNU 340/25 con que el gobierno de Javier Milei volvió a poner en jaque el derecho a huelga. «La norma cuestionada podría conculcar el ejercicio de los derechos derivados de la libertad sindical que gozan de la más amplia garantía legal y supralegal», dice la resolución. También hace hincapié en que no está justificada la excepcionalidad, ni la necesidad ni la urgencia, ya que el Congreso funciona con normalidad y de este modo el Poder Ejecutivo está ejerciendo facultades que son legislativas. A quien le parezca que esto ya lo leyó o escuchó, es así, porque la Cámara del Trabajo declaró inconstitucionalidad de aspectos del DNU 70/23, de los inicios del gobierno libertario, porque coartaba la libertad sindical y el derecho a distintas medidas, negociaciones y huelgas.

    El DNU 340 amplía el listado e incluye servicios de telecomunicaciones, todas las actividades de la aeronáutica comercial, los servicios aduaneros y migratorios, el cuidado de menores y todos los niveles de educación, además del transporte marítimo de personas y/o mercaderías y/o cargas. Entre los servicios trascendentales –que según la ley actual se pueden determinar de acuerdo a los criterios de libertad sindical de la Organización Internacional del Trabajo– mezcla todo tipo de transporte terrestre y subterráneo, producción de medicamentos e insumos, actividades industriales, radio y televisión, servicios bancarios, financieros, hoteleros y gastronómicos, entre otros.Como es ostensible, la decisión del gobierno insiste con un tema que estaba saldado ante un escenario de conflictividad laboral creciente. El argumento es que quieren cuidar la recaudación asociada al equilibrio fiscal, pero a lo que apuntan es a aplicar el ajuste, que es lo que genera la reacción de trabajadores y trabajadoras. La restricción del derecho a huelga va en la misma línea de la represión del derecho a la protesta.

    El amparo de la CGT

    Estos son algunos de los planteos que planteó la Central sindical en su amparo y a los que la jueza, en principio, tomó como válidos, aunque en un fallo posterior deberá resolver la cuestión de fondo:*»Con el Congreso Nacional en pleno y normal funcionamiento, se implementa una reforma sustantiva, regresiva y permanente en una de las manifestaciones estructurantes del sistema de relaciones colectivas de trabajo y la acción colectiva de autotutela, mediante un decreto de necesidad y urgencia».

    *»El Poder Ejecutivo vuelve a dictar una norma en otro acto de autoridad, con un contenido material idéntico al del DNU 70/23 con el agregado de una actividad esencial, en un descarado intento de sustraerse de la declaración de invalidez constitucional ya declarada (para otro conjunto normativo) por la Justicia Nacional del Trabajo. Es que, ya de manera reiterada a propósito del DNU 70/23 la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo en sus diversas salas y composiciones durante la feria de enero, de manera enérgica no ha avalado la impropia utilización de la Constitución Nacional que parte del orden de saber que ‘El Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones legislativo’ (art. 99, inc.3, CN), en el intento de modificar el conjunto normativo del derecho individual y colectivo del trabajo de manera regresiva permanente’».

    Foto: Indymedia Trabajadoras/es.

    *»Pero, además por su contenido, estigmatiza la huelga y está teñido de notoria antisindicalidad y antijuricidad. Con perplejidad advertimos que se retrocede en términos de debate democrático, al alterar los consensos compartidos por la comunidad respecto del derecho de huelga. La Constitución Nacional como nuestra carta de navegación que supo orientar el pensamiento y la acción de la representación política, parece haber sido sustraída de la práctica institucional».

    *»Es retroceder 150 años, pretender que, porque los derechos no son absolutos, 4.368.764 de trabajadores de nuestro país, el 66% de los trabajadores registrados del sector privado a quienes se les aplica (desde el 21 de mayo de 2025) (…) deberán garantizar el 75% o 50% de las prestaciones habituales. Todo ello en un contexto, en el que integrantes del Poder Ejecutivo reiteran a diario que la pauta salarial que se negocia en forma colectiva no puede superar el 1% mensual y dicha imposición (así funciona en la práctica, puesto que no se homologan los acuerdos que superan la «pauta») es fuente de una conflictividad que no distingue sectores al ser generalizada».

    * «Tanta desmesura, no puede ser ni avalada ni tolerada, no sólo por los trabajadores y su representación, sino por toda la comunidad, por la sociedad en su conjunto. Está en crisis el derecho a la protesta, está en crisis el derecho a garantizar que quienes trabajan tengan protección, que esta pueda ser mejorada y que, quienes no lo tienen puedan acceder a puestos de trabajo decente. Con las disposiciones que se impugnan se instauran dos principios inversos al orden constitucional y al entramado institucional y de protecciones de la libertad sindical: a) el Poder Ejecutivo puede emitir disposiciones legislativas y, b) todas las huelgas pueden ser limitadas excepto las que se determinen. Para que ello no se convalide, acudimos al último resguardo de la vigencia de los derechos y garantías de la Constitución Nacional y de los Tratados de Derechos Humanos».

    La cautelar

    La jueza Fullana refresca algo harto señalado en fallos laborales previos sobre el DNU 70/23. «Es preciso recordar –dice– que el inciso 3 del artículo 99 de la Constitución Nacional dispone que ‘El Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo. Solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes, y no se trate de normas que regulen materia penal, tributaria, electoral o de régimen de los partidos políticos, podrá dictar decretos por razones de necesidad y urgencia, los que serán decididos en acuerdo general de ministros que deberán refrendarlos, conjuntamente con el jefe de gabinete de ministros’».

    Lo señala para explicar que no habría razones que justifiquen un DNU ya que «a la fecha del dictado de la norma impugnada, por efectos del Decreto 140/25 y desde el 1 de Marzo de 2025 el Congreso de la Nación Argentina tiene abiertas las Sesiones Ordinarias, dicha circunstancia, resulta a mi modo de ver, elemento suficiente para tener por verosimilizado el derecho». «En el presente caso, reitero, el Congreso de la Nación Argentina se encuentra sesionando en forma ordinaria, extremo que impone al Estado Nacional una sólida y consistente argumentación en relación con la situación de emergencia que habilitaría la vía excepcional previo al tratamiento de la norma ante el Poder Legislativo», subraya.

    Luego advierte, además, que «la norma cuestionada podría conculcar el ejercicio de los derechos derivados de la libertad sindical que gozan de la más amplia garantía legal y supralegal». Su decisión es suspender los artículos 2° y 3° del DNU en cuestión.El gobierno ya anunció que apelará el fallo. La estrategia es reproducir, repetir, una discusión que ya estaba judicialmente saldada. Es a lo que apuestan para desgastar las protestas y generar confusión.

    Monedas de canje 

    El Gobierno modificó por decreto la Ley de Asociaciones Sindicales y aplicó cambios en el régimen electoral de los sindicatos, en busca de reducir la intervención estatal en la elección de autoridades internas de los gremios. El secretario general del gremio estatal UPCN, Andrés Rodríguez, se quejó por lo que consideró una decisión «unilateral«.

    «Lo lógico es que, si hay una iniciativa que tiene que ver con un sector comunitario como es la representación de los trabajadores, tendría que haber convocado para anunciar su intención».»Veremos si en una discusión se puede zanjar los entredichos, pero tomar medidas unilaterales nos parece totalmente perjudicial en una democracia», remarcó.En concreto, el Gobierno restringió la intervención de la autoridad de aplicación únicamente a situaciones de acefalía sin resolución estatutaria, escenario en el que podrá designar un funcionario con mandato limitado a 120 días hábiles para convocar a elecciones, que son prorrogables de ser necesario.

    El referente gremial también habló sobre la intervención estatal en las paritarias y concluyó: «Por un lado el Poder Ejecutivo determina que no se va a meter más en las elecciones, pero por otro lado genera un condicionamiento absurdo y unilateral en materia de negociación libre de salarios. Se contradice, hay muchos errores de gestión».Otra «vuelto» sería mantener el aporte obligatorio a los sindicatos de todos los trabajadores sindicalizados o no cuando se actualiza un acuerdo salarial.

    Se movilizarán trabajadores estatales porteños para exigir la recomposición salarial «urgente»

    «En un contexto de pérdida sostenida del poder adquisitivo, tanto los trabajadores de planta como los monotributistas del Gobierno de la Ciudad no llegamos a fin de mes. El salario queda cada vez más lejos de cubrir las necesidades básicas», manifestaron desde ATE Capital, que organizó una marcha para el martes 24 desde las 11:00.

    En la misma línea, indicaron que los monotributistas de dependencias porteñas «recibieron aumentos del 8% en febrero y 9% en mayo» (17,7% acumulado), pero al descontar el importe que pagan para el monotributo e Ingresos Brutos, «los ingresos reales son muy bajos», mientras que los salarios iniciales de las personas de planta «se acercan peligrosamente a la línea de indigencia».

    «La suma fija no remunerativa de $60.000, congelada desde agosto de 2024, perdió drásticamente su valor. Actualizada por inflación, debería alcanzar al menos los $140.000. Con salarios que no alcanzan y condiciones laborales precarias, las y los trabajadores del Gobierno de la Ciudad seguimos en lucha. Exigimos respuestas urgentes. Queremos vivir y trabajar con dignidad», concluyeron. 

    120 días de ocupación por 250 puestos de trabajo

    El jueves pasado los trabajadores de la gráfica Morvillo realizaron una manifestación en el Puente Pueyrredón. El miércoles se cumplieron cuatro meses de la ocupación de la planta que sostienen desde que la empresa líder del sector gráfico anunciara su cierre y diera comienzo a un curioso e inédito pedido de «auto quiebra» que para los trabajadores implica un «cierre fraudulento» para eludir el pago de sus indemnizaciones.

    Se trata de más de 250 trabajadores que, según denuncia la Comisión interna la empresa «dejó en la calle y sin un peso». El reclamo de los trabajadores que, con aval de la justicia, custodian los bienes de la firma, va dirigido al gobierno provincial que, dicen, tiene la llave para garantizar la continuidad productiva. Sebastián Rodríguez, delegado general, señaló que «estamos haciendo un planteo a la provincia para que intervenga y active un plan de salvataje». Los obreros aseguran estar «en condiciones de producir manuales escolares, boletas electorales, revistas y folletería para los municipios».

    Fuentes: Página 12, Resumen Latinoamericano, La Izquierda Diario, Tiempo Argentino, Perfil, Infobae, El Destape, Indymedia Trabajadoras/es, Infogremiales.

     

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  • Con escaso margen y un desempate de Verónica Magario, el Senado bonaerense aprobó la ley de reelecciones indefinidas

     

    Tras un empate de 22 votos a favor y 22 en contra (con una abstención), con el desempate de la titular del cuerpo, la vicegobernadora Verónica Magario, el Senado bonaerense aprobó anoche un proyecto que habilita la reelección indefinida de diputados, senadores, concejales y consejeros escolares. Los intendentes quedaron excluidos. La polémica ley recibió el apoyo de kicillofistas, kirchneristas y de los «libertarios disidentes» o «díscolos» Carlos Kikuchi, Sergio Vargas y Silvana Ventura. Mientras que el PRO, la UCR, el GEN de Margarita Stolbizer y La Libertad Avanza (tanto oficial como el sector de Joaquín de la Torre) votaron en contra. Dentro del peronismo hubo dos excepciones: Federico Fagioli, del Frente Patria Grande (que responde a Juan Grabois) y Sofía Vannelli, del Frente Renovador. Ahora, el proyecto pasa a la Cámara de Diputados bonaerense. Por ANRed.


    Finalmente, anoche el Senado bonaerense votó la ley de reelecciones indefinidas de diputados, senadores, concejales y consejeros escolares (con la exclusión de los intendentes). El resultado fue un empate en 22 votos a favor y 22 en contra, con una abstención.

    En ese marco, la vicegobernadora y presidenta del Senado, Verónica Magario, desempató a favor de la iniciativa y así se sancionó la ley: «a diferencia de lo que pasó hace largos años en la Argentina, mi voto es positivo”, dijo Magario, comparando el momento con el recordado «voto no positivo» de Julio Cobos en el Senado nacional en 2008, durante el conflicto entre el kirchnerismo y sectores del campo por las retenciones.

    Los alineamientos reflejaron la fragmentación interna: la polémica ley recibió el apoyo de kicillofistas, kirchneristas y «libertarios disidentes» o «díscolos» Carlos Kikuchi, Sergio Vargas y Silvana Ventura.

    Mientras que el PRO, la UCR, el GEN de Margarita Stolbizer y La Libertad Avanza (tanto oficial como el sector de Joaquín de la Torre) votaron en contra. Dentro del bloque de Unión por la Patria hubo dos excepciones: Federico Fagioli, del Frente Patria Grande (que responde a Juan Grabois) y Sofía Vannelli, del Frente Renovador.

    «Hoy la legislatura bonaerense va a tratar la reelección indefinida de diputados, senadores, concejales y consejeros escolares: NO CUENTEN CONMIGO. Ya manifestamos en varias ocasiones que mientras el pueblo la está pasando como el orto, no puede ser que la política se esté mirando el ombligo. Por eso, no voy a acompañar la sesión de hoy. No nos eligieron para esto. No es un tema de principismo sino de prioridades. Nuestras prioridades son otras y no estuvieron contempladas: la ley para garantizar integralmente los derechos humanos de las personas en situación de calle y en riesgo de estarlo; la ley de protección de los territorios periurbanos productivos de alimentos; la ley que crea el régimen de protección integral para repartidores y choferes de moto asociados a plataformas digitales; la ley de marco normativo para los establecimientos educativos de gestión social, cooperativa y comunitaria; la ley de protección de la fauna autóctona; y la ley de centros socioeducativos Entre otras. No se pueden discutir reelecciones políticas sin antes discutir realizaciones sociales. Siempre vamos a estar del mismo lado: trabajando donde más se nos necesita, con convicción y con amor por nuestro pueblo», había anticipado en su cuenta de X Fagioli.

    Por su parte, Vannelli, a pesar de que rechazó la votación, dio quórum para que la sesión se llevara a cabo. Ese gesto fue celebrado por referentes de su espacio, el massista Frente Renovador. Así, la ajustadísima votación reflejó la falta de cohesión dentro del oficialismo, que sufrió una ausencia clave y un voto negativo.

    En tanto, Malena Galmarini, figura del massismo y referente de la renovación política, lanzó una crítica irónica contra quienes promueven la reelección indefinida: «atornillados a sus sillas, discuten sobre lo que les importa y cada tanto miran por la cerradura a ver si llueve del lado de afuera», ironizó, con una metáfora climática muy oportuna para el inicio del invierno.

    Ahora, el proyecto pasa a la Cámara de Diputados bonaerense.

     

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