El envío de la reforma laboral al Congreso desató una feroz disputa en el gabinete de Milei, donde el ala política cuestiona a Federico Sturzenegger por haber detonado la relación con la cúpula de la CGT que convocó a una marcha contra el proyecto, algo que hasta un día antes estaba en duda.
El ministro de Desregulación fue el impulsor de incluir en la reforma un ataque frontal contra las cajas que manejan los gremios, pese a que se supone que la CGT era parte de la redacción de las propuestas a través de la participación del jefe de la UOCRA, Gerardo Martínez, en el Consejo de Mayo.
Martínez no fue a la última reunión del Consejo, supuestamente enojado porque se había incluido un artículo para eliminar la cuota solidaria y otro para flexibilizar la cuota de afiliación, dos temas claves para los gremios. Finalmente, en la versión final se eliminó el primer artículo y se moderó el segundo, como un «gesto» de Milei a la CGT.
Ese gesto fue resultado de una negociación del ala política del gobierno con la cúpula de la CGT para evitar que la relación se desbande. Es que Martín Menem, Santiago Caputo y Diego Santilli venían negociando para que la reforma laboral no sea tan dura con los gremios como pretendía Sturzenegger, respaldado por Patricia Bullrich.
Lo impactante de esta discusión es que por primera todos los actores políticos del gobierno se mostraron tan abiertamente en contra de Sturzenegger, al punto que se unieron todas las tribus. Incluso Manuel Adorni un día antes de la presentación del proyecto dijo que la cuestión sindical quedaría para un proyecto posterior. La posición de los Menem y Adorni contra Sturzenegger sugiere que hasta Karina Milei estaba en contra del embate a la CGT.
Pero Sturzenegger igualmente cree que ganó la batalla contra la CGT al incluir pequeños cambios que golpearán las cajas sindicales. El ministro festejó la inclusión de restricciones para el cobro de las cuotas solidarias a los trabajadores no afiliados y, pese a que no se prohibió taxativamente, cree que en la práctica se terminarán cayendo.
Según esta posición, con el fin de la ultraactividad se caerán las cláusulas obligaciones de los convenios, como es la cuota solidaria. Además, otro artículo establece que los empleadores no podrán realizar retenciones de salario «sin el consentimiento expreso del trabajador». El proyecto apunta explícitamente a que esos aportes se hagan en negociaciones por empresa y no de toda la actividad. La cuota solidaria la cobran sindicatos, pero también cámaras empresariales, lo que explica que uno de los arquitectos de la reforma haya salido a despegarse.
Sturzenegger también festejó que impuso que las empresas no estén obligadas a ser agentes de retención de las cuotas de afiliación, salvo autorización del trabajador que además tendrá facilidades para dejar de aportar.
Finalmente, el ministro coló una rebaja de un punto de la contribución que hacen las empresas a las obras sociales, que baja de 6% a 5%. Esa baja golpea a las obras sociales sindicales, pero todo indica que será absorbida por los trabajadores.
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