Marcas que se reconvierten para evitar los sellos negros. Danone, Nesquik, Bimbo y La Serenísima son algunas que modificaron el contenido de ciertos productos para así no tener el octógono. Crece el cumplimiento en góndolas. Una barrita de cereal, un alfajor de arroz, un pote de queso untable “light” nunca fueron garantía, pero desde que…
Un sumario administrativo contra la fiscal Jorgelina Gutiez, firmado por la vocal del Tribunal Superior de Justicia, Jessica Valentini, de confianza de Martín Llaryora, desató una ruidosa protesta de fiscales y funcionarios, quienes hicieron un ruidoso aplauso en la sede de Tribunales este lunes a media mañana.
Los funcionarios de las fiscalías protestaron porque la sala de Sumarios del TSJ abrió un expediente en contra de la fiscal Gutiez y otros tres funcionarios que intervinieron meses atrás en el expediente de Paulo Laura, el uruguayo que asesinó a su expareja y a la madre en Córdoba.
En el sumario firmado por Valentini, se le atribuye a la fiscal y a los otros funcionarios un «ejercicio negligente de sus deberes funcionales y carentes de responsabilidad laboral».
Como se indicó en el párrafo anterior, la actuación de la fiscal y su equipo ocurrió al menos 10 meses antes del doble crimen. La protesta en contra del sumario es un capítulo más de la escalada contra el Tribunal Superior.
La semana pasada quien sufrió una derrota fue Aída Tarditti, también integrante del Tribunal Superior de Justicia y de reconocida trayectoria jurídica. La jurista apoyó como representantes de los magistrados en el Consejo de la Magistratura a la camarista Ángeles Palacio y al fiscal Enrique Gavier, manos de su estructura.
Pero la lista perdió por 10 puntos contra la fiscal de Cámara Laura Batistelli. «Perdió Tarditti», se escuchó en los pasillos de Tribunales. A Batistelli la acompañaron fuertemente los fiscales, donde tiene peso Héctor «Chirola» David, fiscal General adjunto y exministro de Justicia de José Manuel de la Sota, quien lo puso ahí como parte del entramado peronista que comanda el Ministerio Publico Fiscal.
Los funcionarios de las fiscalías protestaron porque la sala de Sumarios del TSJ abrió un expediente en contra de la fiscal Gutiez y otros tres funcionarios que intervinieron meses atrás en el expediente de Paulo Laura, el uruguayo que asesinó a su expareja y a la madre en Córdoba.
David hizo saber que la «derrota» de Tarditti fue gracias a él y su tropa de fiscales. Ahora, nuevamente los fiscales se paran ante el sumario administrativo a Gutiez. Se espera que en las próximas horas el reclamo llegue a la Fiscalía General que comanda Juan Manuel Delgado, quien llegó a la jefatura de los fiscales de la mano del schiarettismo, pero ahora debe medir muy bien sus pasos si quiere seguir en el cargo desde marzo, cuando vence su período.
En este berenjenal, no pasó inadvertida la mala cara que tuvo el vocal Sebastián López Peña el viernes último, cuando los popes de la Justicia se juntaron para celebrar el centenario de la creación del Tribunal Superior de Justicia.
En el acto habló el archienemigo de López Peña en la interna: Luis Angulo, presidente del TSJ. Como se sabe, Angulo fue ministro de Justicia de Schiaretti. La disputa entre él y López Peña no se disimula: el último votó en contra de que el schiarettista presida el Tribunal Superior.
Por ahora, no está claro cómo sigue la interna que tiene como espectador de lujo a Esteban Conte Grand, quien reemplazó a German Garavano en el asesoramiento al Tribunal superior cordobés.
Mientras la defensa del ex titular de la ANDIS intenta frenar la causa alegando que los audios fueron creados con inteligencia artificial, las revelaciones difundidas por Jorge Rial y Mauro Federico exponen una trama de corrupción que involucra a laboratorios, droguerías y funcionarios del entorno directo de Karina Milei. El Gobierno, otra vez, se refugia en el silencio.
Por Roque Pérez para Noticias La Insuperable
“Los audios son falsos”: la defensa que nadie cree El abogado Mauricio D’Alessandro, representante del ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, intentó desactivar la causa afirmando que las grabaciones fueron creadas con inteligencia artificial. Pero el argumento no convenció a nadie. Lejos de calmar las aguas, su declaración encendió aún más las alarmas. Porque negar grabaciones que llevan meses circulando, con detalles precisos sobre el funcionamiento interno de la Secretaría General de Presidencia, solo profundizó la sospecha.
Según D’Alessandro, el expediente lleva más de cincuenta días bajo secreto de sumario, y lo único que conocen es lo aportado por Mauro Federico. El abogado apeló a la vieja doctrina del “fruto venenoso”: si la prueba es falsa, todo el caso debe anularse. Pero la maniobra, más que limpiar el terreno, terminó manchando todavía más.
Los audios que golpean al corazón del poder libertario En los audios difundidos por Rial y Federico, la voz atribuida a Spagnuolo describe un sistema de recaudación ilegal que habría operado desde la ANDIS, con vínculos directos con laboratorios y droguerías. La grabación más comprometedora señala que un 3% de los contratos públicos debía destinarse como “aporte” para garantizar su continuidad con el Estado, dinero que —según esa voz— iba a parar a la Secretaría General de Presidencia, bajo la órbita de Karina Milei y Eduardo “Lule” Menem.
Una frase resonó con fuerza: “Tengo todos los WhatsApps de Karina”. No se trata de una mera insinuación: es una afirmación directa que conecta a la hermana del Presidente con la supuesta estructura de recaudación.
La defensa de los laboratorios y el intento de cierre Los dueños de la droguería Suizo Argentina, Eduardo, Jonathan y Emmanuel Kovalivker, también intentaron despegarse, argumentando que los hechos ya fueron investigados en una causa archivada por inexistencia de delito. Invocaron el principio de non bis in idem, para evitar una nueva investigación. Pero los audios —negados, pero imposibles de ignorar— mantienen viva la sospecha de una red de coimas y favores empresariales dentro del esquema de poder libertario.
Rial, sin filtro: “No vaya a ser cosa que aparezcan los audios completitos” La respuesta de Jorge Rial ante la defensa de Spagnuolo fue inmediata y filosa. Desde su programa en el canal Carnival, lanzó una advertencia que retumbó en la Casa Rosada: “No vaya a ser cosa que aparezcan los audios completitos”. Una frase con el sello Rial: breve, ácida y cargada de mensaje. Como si dijera “sé más de lo que conté”. Incluso fue más lejos, deslizando que el oficialismo “quizás hubiera preferido dejar las cosas como estaban y haber entregado el culo de Spagnuolo”. Una expresión brutal, pero que retrata la crudeza del momento y el nivel de tensión dentro del gobierno libertario.
La estrategia del silencio y la excusa tecnológica Desde el oficialismo, la reacción fue predecible: acusar una operación, invocar la inteligencia artificial y evitar toda explicación concreta. Pero el libreto libertario se desgasta. Cada intento de minimizar el caso con el argumento de la IA refuerza la sospecha de que hay algo que ocultar. Hasta ahora, ningún funcionario presentó pruebas técnicas que respalden la supuesta manipulación digital.
El caso Spagnuolo, explican desde EnOrsai, se transformó así en un espejo incómodo que refleja las grietas morales del gobierno. Lo que Milei presentó como una cruzada contra la “casta corrupta” hoy se le devuelve como un boomerang desde su propio entorno.
Karina Milei, la sombra que incomoda al poder Sin cargo formal pero con poder real, Karina Milei vuelve a aparecer en el centro de la tormenta. Su nombre, asociado a contratos estatales y redes de favores empresariales, se repite como un eco en cada denuncia. Y mientras ella guarda silencio, el escándalo crece. Porque no es solo lo que dicen los audios: es lo que el Gobierno no dice, lo que evita aclarar, lo que prefiere tapar.
Un gobierno que no puede dar explicaciones La Cámara Federal deberá decidir si las grabaciones son válidas o si la causa se anula. Pero más allá del aspecto judicial, la batalla política ya está perdida: el oficialismo no logra explicar por qué las denuncias internas lo persiguen una y otra vez.
En un gobierno que prometía transparencia, el caso Spagnuolo muestra un poder encerrado, con reflejos corporativos y una tendencia cada vez más marcada al encubrimiento. Si los “audios completitos” llegan a ver la luz, el impacto será devastador. Y si no, el daño ya está hecho: la duda ya se instaló, y en política, la duda suele ser más corrosiva que la prueba.
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