PorMunicipalidad Villa Regina
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La Dirección de Cultura de la Municipalidad de Villa Regina invita a la presentación del primer material de Emi Alessandroni ‘Ahí estamos’.
Hoy y mañana, a partir de las 21 horas, el SUM de la Escuela de Arte será el escenario del evento que tendrá como artista invitado a Guillermo Penedo.
Las entradas se pueden reservar al 2984-650817 ya que la capacidad es limitada.
El DNU 941/2025 no moderniza la inteligencia argentina: la redefine en clave autoritaria. Bajo un lenguaje técnico y eufemístico, el decreto amplía facultades, diluye controles y habilita un esquema de vigilancia política interna incompatible con el Estado de Derecho. No es una hipótesis alarmista: está escrito, negro sobre blanco.
Por Tomás Palazzo para NLI
El gobierno de Milei volvió a recurrir al atajo institucional del Decreto de Necesidad y Urgencia para reformular de manera integral el sistema de inteligencia nacional. Lo hizo sin debate parlamentario, sin consensos mínimos y sin explicaciones públicas serias. El resultado es un texto extenso, ambiguo y peligrosamente abierto a interpretaciones expansivas, que concentra poder en la SIDE, debilita los controles democráticos y habilita prácticas históricamente asociadas al espionaje interno y al disciplinamiento político.
No se trata de una discusión técnica. Se trata de qué tipo de Estado se está construyendo y contra quiénes se orientan sus herramientas más opacas.
El DNU 941/2025 redefine los objetivos de la SIDE ampliando de manera sustancial el concepto de “seguridad estratégica”. Bajo esa categoría difusa se incorporan amenazas que ya no se limitan a riesgos externos, sino que incluyen fenómenos internos vinculados a la “influencia”, la “injerencia”, la “desestabilización” o la “afectación del orden institucional”.
El problema no es semántico: es político. En la historia argentina, cada vez que el Estado amplió de forma ambigua estas nociones, el resultado fue el mismo: espionaje sobre partidos políticos, sindicatos, organizaciones sociales, periodistas y referentes opositores. El decreto no prohíbe de manera explícita esas prácticas; por el contrario, las deja implícitamente habilitadas.
La supuesta prohibición del espionaje interno queda vaciada de contenido cuando el propio texto permite acciones “encubiertas” y de “obtención de información” frente a amenazas que no están claramente definidas ni tipificadas. En otras palabras, la SIDE pasa a tener margen para decidir por sí misma qué constituye una amenaza interna, sin control previo efectivo.
Uno de los rasgos más preocupantes del DNU es su redacción. Conceptos como “operaciones encubiertas”, “acciones preventivas”, “seguridad estratégica” o “riesgos híbridos” aparecen reiteradamente sin definiciones precisas. Esta ambigüedad no es un error técnico: es una decisión política.
El decreto refuerza la autonomía operativa de la SIDE, reduce instancias de supervisión externa y consolida un esquema de concentración de poder en el Ejecutivo, con una cadena de mando corta y opaca. El Congreso queda relegado a un rol casi decorativo, sin herramientas reales para auditar en tiempo real las actividades de inteligencia.
Además, se amplían las capacidades del personal de inteligencia, incluyendo facultades operativas que rozan funciones de seguridad interior. Aunque no se lo diga de forma explícita, el texto habilita una zona gris donde inteligencia y coerción comienzan a superponerse, un terreno históricamente fértil para abusos.
El decreto formaliza y potencia el rol de las llamadas comunidades CIFN (Comunidad de Inteligencia Federal Nacional) y CITN (Comunidad de Inteligencia Territorial Nacional), estructuras destinadas a articular información entre distintos organismos del Estado y actores privados. En los hechos, se trata de redes de intercambio de datos a gran escala, con escasos límites normativos y controles difusos.
Este esquema plantea un riesgo evidente para la privacidad y las garantías constitucionales. La circulación de información sensible sin reglas claras de protección, almacenamiento y uso abre la puerta a bases de datos políticas, sociales y sindicales, algo expresamente prohibido por la legislación vigente y por estándares internacionales en derechos humanos.
La experiencia histórica demuestra que cuando estos sistemas se expanden sin control, terminan siendo utilizados para el seguimiento de opositores y la anticipación de conflictos sociales, no para la defensa nacional.
Que una reforma de esta magnitud se haya hecho por DNU no es un detalle menor. El sistema de inteligencia es, por definición, uno de los ámbitos que más control democrático requiere. Milei eligió exactamente lo contrario: evitar el debate parlamentario y avanzar por decreto.
Esta forma de legislar no solo vulnera el espíritu de la Constitución, sino que consolida una lógica de Estado de excepción permanente, donde el Ejecutivo se arroga facultades extraordinarias sin justificación real de necesidad y urgencia.
La inteligencia, en este esquema, deja de ser una herramienta al servicio de la soberanía nacional para convertirse en un instrumento de gobierno, orientado a garantizar gobernabilidad mediante la vigilancia y la disuasión.
Argentina conoce bien este camino. La SIDE de la democracia tutelada, la AFI del espionaje político, los archivos ilegales, las escuchas, las carpetas y los servicios como factor de poder autónomo. Nada de eso empezó con declaraciones explícitas: empezó siempre con decretos ambiguos y promesas de modernización.
El DNU 941/2025 no crea un monstruo nuevo: reactualiza viejas prácticas, ahora bajo el ropaje del liberalismo autoritario y la retórica de la seguridad.
La pregunta no es si estas herramientas pueden usarse mal. La pregunta es cuándo y contra quiénes. La historia argentina ofrece una respuesta incómoda pero clara.
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