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EMERGENCIA PESQUERA, MERLUZA EN EXTINCIÓN

La merluza es uno de los recursos principales de la economía regional por excelencia del Golfo San Matías y constituye para el pueblo argentino el producto de mar de mayor consumo.

La gobernadora Arabela Carreras declaró la Emergencia Pesquera en el Golfo de San Matías por el término de un año, con el objetivo de parar la extinción de la merluza y de mitigar los efectos de la crisis económica generada por la escasez del recurso.

La medida se dispuso a través del Decreto 480/23, luego de un análisis pormenorizado de la Comisión Asesora de Pesca Marítima y tras conocerse los datos del informe «Campaña de Investigación Pesquera ReDe 2022 (Golfo San Matías – Río Negro), Monitoreo de Merluza y Especies Demersales».

A través del análisis se detectó la notable baja de ejemplares. Luego del mismo, se concluyó que la disminución observada en el indicador de rendimiento pesquero y en la biomasa del stock del recurso desencadenó un contexto productivo y económico complejo para el sector.

Se concluyó que la disminución observada en el indicador de rendimiento pesquero y en la biomasa del stock del recurso desencadenó un contexto productivo y económico complejo para el sector.

Es una cuestión multicausal, no podemos establecer una causa especifica. Si, los científicos que son los que nos están asesorando, que formaron parte de la investigación, nos indican que puede ser que esté relacionado con la pesquería de langostino”, explicó la subsecretaria de Pesca de Río Negro, Jessica Ressler. Y agregóEn el año 2016 aparece el langostino en el golfo San Matías y empiezan a darse capturas de langostinos. Y en ese contexto, muchas veces cuando el barco tira la red arrastra no solo langostino, sino también merluza, y se produce el descarte del recurso merluza en la pesquería de langostino”.

El langostino se pesca con red de arrastre lo que provoca que no sea una pesca seleccionada sino más bien se lleva todo puesto, entre ello la merluza. Seguramente vieron lo que está pasando en la milla 201 donde los “poteros” que son barcos específicos que pescan calamar por la noche, atraen al calamar con potentes luces, arrasando con todo lo que está a su alcance por medio de la pesca con red de arrastre generando impactos ambientales de grandes dimensiones, que no solo se limitan a la sobrepesca, sino también a la captura de especies amenazadas como la merluza. Las 300 embarcaciones que operan en el Pacífico Sur y la flota que opera en Atlántico Sur tienen un impacto terriblemente negativo sobre todo el ecosistema marino.

El langostino se pesca con red de arrastre lo que provoca que no sea una pesca seleccionada sino más bien se lleva todo puesto,
entre ello la merluza.

Los barcos que operan allí son de 4 nacionalidades: China, España, Corea del Sur y Taiwán. Todos están subsidiados por sus estados de bandera. No respetan ninguna regulación, ni norma ambiental, laboral, ni de seguridad de navegación.

Según la gobernadora el objetivo no solo es que la merluza no desaparezca sino también mitigar los efectos de la crisis económica generada por la escasez del recurso. La merluza constituye para el pueblo argentino el producto de mar de mayor consumo. Imagínense como influye su escacés en lo que es la economía regional de excelencia del Golfo.

Es por esto que no deja de llamar la atención la incongruencia de la decisión política de declarar la emergencia pesquera cuando el oleoducto de YPF que se aprobó en la legislatura derogando previamente de manera inconstitucional la Ley 3.308 que resguardaba al Golfo de actividades hidrocarburíferas va a ser emplazado en Punta Colorada, justamente donde se da el desove de la merluza.

Así y todo afirman que la economía regional de la pesca artesanal y el puerto exportador de hidrocarburos son compatibles.

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    Adorni y el cuento del pendrive

     

    La declaración jurada de Manuel Adorni abrió una caja de Pandora que el propio funcionario terminó agrandando con una explicación difícil de creer: aseguró que mantuvo durante años un pendrive con criptomonedas valuadas en alrededor de 500 mil dólares porque representaba un «trofeo». La justificación llegó en pleno debate por el régimen de «Inocencia Fiscal», el nuevo blanqueo impulsado por el gobierno que ya comenzó a ser utilizado por integrantes del gabinete y que pone en crisis el discurso moralista con el que La Libertad Avanza llegó al poder.

    Por Roque Pérez para NLI

    El gobierno que prometió terminar con «la casta» y que hizo de la transparencia una de sus principales banderas atraviesa una semana incómoda. Después de conocerse que varios funcionarios recurrieron al nuevo régimen de regularización patrimonial impulsado por el propio oficialismo, fue Manuel Adorni quien quedó en el centro de la escena por una declaración que rápidamente generó polémica.

    La presentación patrimonial del vocero presidencial reveló la existencia de una importante tenencia de criptoactivos que, según distintas estimaciones periodísticas, ronda el equivalente a medio millón de dólares. Sin embargo, lo que más llamó la atención no fue únicamente el monto sino la explicación pública que ofreció cuando comenzaron las preguntas.

    Un «trofeo» de casi medio millón de dólares

    Adorni sostuvo que esos activos digitales permanecieron durante años almacenados en un pendrive porque los consideraba un «trofeo». La definición buscó transmitir la idea de una inversión temprana realizada cuando las criptomonedas todavía eran un mercado desconocido y de alto riesgo.

    La versión, lejos de despejar dudas, abrió nuevos interrogantes.

    ¿Por qué alguien mantendría inmovilizado durante años un patrimonio de semejante magnitud solamente por un valor simbólico? ¿Cómo evolucionó ese activo durante ese período? ¿Fue declarado oportunamente? ¿Cuál fue el criterio utilizado para su valuación?

    Las preguntas no son menores porque el propio gobierno viene impulsando un régimen excepcional para exteriorizar bienes y activos con escasas exigencias de justificación sobre su origen, una herramienta presentada oficialmente como «Inocencia Fiscal» y promocionada como un mecanismo para dejar atrás los controles que, según Milei, perseguían a los contribuyentes.

    Del discurso anticasta al perdón fiscal

    El episodio expone una contradicción política cada vez más evidente.

    Durante la campaña electoral y los primeros meses de gestión, La Libertad Avanza construyó buena parte de su identidad sobre una superioridad moral frente a la política tradicional. La consigna era sencilla: terminar con los privilegios, exigir transparencia absoluta y denunciar cualquier irregularidad patrimonial.

    Sin embargo, los últimos días mostraron un panorama muy diferente.

    La explicación sobre cuáles fueron “esos años” también resultó sospechosa: según Adorni, invirtió 200 mil dólares en 2013 en criptomonedas y ganó unos 300 mil un año más tarde. Si se sigue el hilo lógico de la explicación, el ahora jefe de gabinete tuvo ese dinero en bitcoins durante más de una década y no fue declarado ni gastado o invertido en viajes y propiedades sino hasta que llegó a la función pública.

    O sea que, en resumen, dijo haber juntado, eventualmente, unos 500 mil dólares doce años atrás; y recién al asumir como funcionario libertario decidió gastarlos a un ritmo descomunal.

    Sumado además a que el mismo gobierno que promovió el blanqueo es el que comienza a utilizarlo para beneficio de sus propios funcionarios.

    Mucho humo, pocas respuestas

    Especialistas consultados por distintos medios remarcaron que las criptomonedas son activos perfectamente declarables y registrables, por lo que el debate no pasa por su existencia sino por la consistencia del relato oficial y por la trazabilidad de las operaciones.

    La explicación del «trofeo» tampoco ayuda a disipar las dudas.

    Un activo valuado en aproximadamente 500 mil dólares no es un simple recuerdo tecnológico ni un objeto de colección. Se trata de un patrimonio significativo que, en cualquier análisis financiero, representa una parte importante de la riqueza personal de quien lo posee.

    En ese contexto, la respuesta de Adorni fue interpretada por sectores de la oposición como un intento de minimizar una situación que merece precisiones mucho más detalladas.

    La moralidad selectiva del gobierno

    El caso también reabre un debate más amplio sobre el doble estándar del oficialismo.

    Mientras Milei y sus funcionarios repiten que quienes tienen dólares «debajo del colchón» son héroes que deben ser liberados del Estado, el ajuste fiscal continúa descargándose sobre jubilaciones, salarios públicos, universidades, hospitales y programas sociales.

    El contraste resulta inevitable: para millones de argentinos la discusión cotidiana es cómo llegar a fin de mes; para algunos de los principales funcionarios del gobierno, el debate pasa por explicar por qué conservaron durante años un pendrive con activos equivalentes a cientos de miles de dólares.

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