¿Qué fundamento tiene indignarse cuando se «vandaliza» un espacio público? ¿Será por que es público y es de todxs? ¿Será que lxs enoja por que lo mantenemos todxs? ¿Será que se «rompe» algo de todxs? ¿Será que no les molesta cuando ven pintado «River campeón»?; ¿Será que no es lo mismo?
¿Será que es una forma de no empatizar con ciertos temas? ¿Sera una forma de rechazar un pensamiento por estar a favor de otro? ¿Será que es la «naturaleza humana» dividirse y agredir en todas sus formas al que tiene otro ideal? ¿Será que al lectxr le indigna ver que escribo con la x?
¿Será que hacer una intervención en un espacio público no es necesario para hacerse escuchar? ¿Será que se «rompen sus valores» dogmáticos? ¿Será que prefieren que haya silencio y no revolución? ¿Será que tienen miedo a esa revolución? ¿Será que tienen miedo de que las cosas estén cambiando?
¿Será que siempre hay preguntas y nunca respuestas?
¿Será que importa más un pedazo de escombro inerte, que la lucha de las mujeres, las de antes, las de ahora y las de mañana?
En Rio Negro, se licito amplias zonas de la provincia para hacer fracking y se proyecta que se extienda al resto de la provincia. También en áreas productivas, como en valle medio, el “área Chelforó”.
La designación de Lucila Crexell como embajadora en Canadá reaviva una de las acusaciones más explosivas del último tiempo: el presunto intercambio de favores políticos en el Congreso. Mientras el oficialismo habla de “consensos”, la oposición denuncia directamente una compra de votos para aprobar la ley más importante del gobierno de Milei.
Por Roque Pérez para NLI
La política argentina volvió a exhibir su costado más crudo. La exsenadora Lucila Crexell fue designada embajadora en Canadá tras haber sido una pieza clave en la aprobación de la Ley Bases, en medio de acusaciones de que su voto fue “negociado” a cambio del cargo.
El dato no es menor: el Senado aprobó su pliego con 45 votos a favor y 26 en contra, en una sesión atravesada por denuncias de “coima” y “dádivas” lanzadas desde distintos sectores de la oposición.
Un voto que valía una embajada
El eje de la polémica es claro. Durante el debate de la Ley Bases, Crexell pasó de cuestionar aspectos del proyecto a votarlo favorablemente, en un contexto donde ya circulaban versiones sobre su posible designación diplomática.
Las sospechas no quedaron en rumores. En el recinto, legisladores denunciaron abiertamente que la entonces senadora “negoció su voto por un cargo en la embajada”, señalando que su decisión no fue autónoma sino parte de un acuerdo político.
Incluso se llegó a plantear que el caso podría constituir un delito, con pedidos para reabrir investigaciones judiciales vinculadas a posibles dádivas.
La escena es brutal en términos políticos: una ley estructural para el programa de Milei aprobada con votos bajo sospecha y, meses después, el “premio” materializado en un cargo diplomático de alto nivel.
La casta que no era casta
El discurso libertario construyó su identidad sobre la denuncia a “la casta”. Sin embargo, este episodio expone una contradicción difícil de ocultar: los mecanismos más clásicos de la política —negociaciones, intercambios, recompensas— siguen plenamente vigentes.
No se trata de una interpretación aislada. Desde el propio oficialismo se llegó a justificar este tipo de prácticas como parte de los “acuerdos y consensos” necesarios para gobernar, lo que en los hechos equivale a admitir la lógica de negociación de poder que se decía combatir.
El problema es más profundo: cuando esos acuerdos incluyen cargos públicos estratégicos, la línea entre política y clientelismo institucional se vuelve difusa.
Un precedente peligroso
El nombramiento de Crexell no es un hecho menor ni aislado. Marca un precedente político delicado: legitima la idea de que un voto clave en el Congreso puede tener recompensa directa en la estructura del Estado.
Y en un contexto de ajuste, recorte del gasto público y discurso anti-Estado, el contraste se vuelve aún más evidente: mientras se predica austeridad, se distribuyen cargos diplomáticos como moneda de negociación.
La pregunta que queda flotando es incómoda pero inevitable: si esto no es “casta”, ¿qué es?
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