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Por decreto el uso de protectores faciales es obligatorio en Río Negro

El Gobierno de Río Negro dispuso la obligatoriedad desde el lunes 13 próximo del uso de protectores faciales de distinto tipo, incluidos los de fabricación personal (denominados «tapaboca»), a todas las personas que circulen en la vía pública.

La medida, dispuesta por decreto de la gobernadora Arabela Carreras, se fundamenta en la necesidad de reforzar las medidas preventivas y de salubridad general mientras dure el estado de emergencia sanitaria por la pandemia de COVID-19. Los Municipios podrán controlar el cumplimiento de esta norma y establecer las sanciones correspondientes.

La normativa establece además el uso obligatorio de estos protectores faciales en las dependencias públicas, oficinas privadas, y locales comerciales que impliquen atención al público y que se encuentren incluidos en las excepciones previstas en el Artículo 6° del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 297/20 del Poder Ejecutivo Nacional.

En tanto, el decreto provincial establece que mientras dure el estado de emergencia sanitaria, los locales comerciales de Río Negro deberán impedir el acceso a quienes no cuenten con estos elementos de protección, bajo apercibimiento de aplicación de sanciones.

La decreto firmado hoy por la gobernadora Arabela Carreras quedó establecido que la utilización de barbijos profesionales tricapa de tela antibacterial hidrorepelente, con o sin filtro respirador; en cualquiera de sus marcas y modalidades aprobadas por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), quedará reservada al uso exclusivo de los sectores asistenciales críticos. Están incluidos en esta categoría al sector de salud, de seguridad, defensa civil y de protección ciudadana, y todos aquellos que eventualmente se consideren como tales. La utilización de estos insumos de protección se realizará de acuerdo a los protocolos sanitarios dispuestos por el Ministerio de Salud.

A los fines de asegurar la provisión de barbijos en sus distintos tipos para uso de los sectores asistenciales críticos, se dispuso que aquellos fabricantes o distribuidores de la Provincia de Río Negro sólo podrán comercializarlos o distribuirlos por fuera del requerimiento que efectúe el sector público, una vez satisfecha esa demanda esencial y conforme disponga el Ministerio de Salud.

En el decreto, el Poder Ejecutivo Provincial invita a adherir a esta norma a los Municipios de la Provincia de Río Negro, facultando a aquellos que adhieran a implementar los procedimientos pertinentes a los fines de la fiscalización y control y a la fijación, graduación y percepción de las sanciones pertinentes ante dicho incumplimiento

Decreto uso de barbijos 2020 by Gobierno de Río Negro on Scribd

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    El gobierno de Axel Kicillof avanzará en los procesos técnicos para contar con un proyecto de autovía para la Ruta Provincial 88 que une Mar del Plata con Necochea.

    Así lo expuso Gabriel Katopodis este jueves, luego de reunirse con la madre de Ana Peralta Rondanina, una joven de 15 años que falleció días atrás a raíz de un accidente en esa ruta, hecho que conmocionó a Necochea y reflotó el reclamo de una autovía en esa traza.

    «Lo que le manifesté es la posibilidad de dar un primer paso. ¿Cuál es? Tener un proyecto que sea viable para la doble vía de la Ruta 88», dijo el ministro de Infraestructura provincial al medio necochense Ecos Diarios y en referencia a la charla que mantuvo con la madre de la joven.

    Al señalar que se trata de «un proyecto complejo y costoso», Katopodis sostuvo que en la Provincia se van a «abocar fuertemente a tenerlo técnicamente elaborado para después empezar a buscar la posibilidad de financiarlo o incluso ejecutarlo por etapas».

    El compromiso es trabajar rápidamente, contrarreloj, para tener un proyecto que, en principio, debiera ser una autovía entre Necochea y Mar del Plata 

    Fuentes ministeriales señalaron a LPO que se revisarán los antecedentes y se va a «priorizar» en Vialidad provincial el diseño de un proyecto. «Es algo que demandará estudios y tiempo», aclararon en la Provincia para agregar que, una vez que se realice el proyecto, hay que lograr licencia social y, por último, buscar financiamiento.

    Considerando que se trata de una obra multimillonaria, en Infraestructura señalaron que es necesario obtener financiamiento de algún organismo internacional para avanzar.

    Anuncian que para fin del mandato de Kicillof las rutas a la costa serán autovías renovadas

    «No hay ninguna posibilidad de que podamos financiar una obra si no tenemos primero ese proyecto. Mi compromiso con la familia de Ana fue exactamente ese: trabajar rápidamente, contrarreloj, para tener un proyecto que, en principio, debiera ser una autovía entre Necochea y Mar del Plata», dijo Katopodis..

    Y agregó: «Si digo que la obra se va a hacer o que va a comenzar tal día, estaría mintiendo. Hoy no tiene asignado ningún financiamiento».

    Aunque dijo que la Ruta 88 registra un buen estado de la carpeta asfáltica, Katopodis focalizó en el aumento del caudal vehicular que transita por esa traza, sobre todo en lo relativo al movimiento portuario, algo que motiva a una ampliación de ese corredor.

     

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    País bananero: la contradicción de un Gobierno que usa el insulto mientras impulsa un modelo de dependencia

     

    Cuando el vocero presidencial calificó a la Argentina como un «país bananero», desató una fuerte polémica. Sin embargo, la mayor contradicción no estaría en la frase en sí, sino en que el propio gobierno de Javier Milei impulsa políticas que, para sus críticos, acercan al país a la definición histórica de una «república bananera»: exportación primaria, extranjerización de los recursos estratégicos, dependencia de intereses foráneos y pérdida de soberanía.

    Por Roque Pérez para NLI

    ¿Qué significa realmente «república bananera»?

    La expresión «república bananera» fue acuñada en 1904 por el escritor estadounidense O. Henry para describir a países centroamericanos cuya economía dependía casi exclusivamente de la exportación de bananas y cuyo funcionamiento político estaba condicionado por grandes corporaciones extranjeras, especialmente la United Fruit Company.

    Con el tiempo, el concepto dejó de referirse únicamente al monocultivo para transformarse en una categoría política. Hoy suele describir a Estados caracterizados por instituciones débiles, corrupción, dependencia económica, primarización de la economía y una fuerte influencia de potencias extranjeras sobre sus decisiones soberanas.

    Precisamente por ese significado histórico fue que la frase del vocero presidencial generó rechazo. Porque si existe un debate abierto en la Argentina actual es si las políticas del Gobierno están fortaleciendo o debilitando la capacidad del Estado para decidir sobre sus propios recursos estratégicos.

    Un modelo basado en materias primas y apertura irrestricta

    Desde su llegada al poder, el gobierno de Javier Milei sostiene que la Argentina debe especializarse en aquellas actividades donde posee ventajas comparativas: agro, minería, petróleo y gas, relegando cualquier estrategia activa de industrialización.

    A esa orientación económica se suma el impulso para modificar la legislación sobre tierras rurales. El proyecto promovido por el oficialismo elimina el límite nacional del 15% de tierras rurales en manos extranjeras y delega esa regulación en las provincias, además de flexibilizar otras restricciones vigentes. Diversos sectores políticos, académicos y ambientales advierten que esos cambios facilitarían una mayor extranjerización de recursos estratégicos y zonas con importantes reservas de agua y minerales.

    Para los defensores del proyecto se trata de atraer inversiones. Para sus detractores, representa un paso más hacia un modelo donde los activos estratégicos nacionales quedan crecientemente bajo control de capitales extranjeros.

    La discusión remite, justamente, al origen del concepto de «república bananera»: países cuya riqueza natural termina administrada por grandes intereses privados externos mientras el Estado reduce su capacidad de regulación.

    La otra característica: corrupción e instituciones debilitadas

    Otra de las características históricas asociadas al concepto de «país bananero» es la debilidad institucional acompañada por sospechas permanentes de corrupción.

    Paradójicamente, el Gobierno que utilizó esa expresión enfrenta desde hace meses distintos cuestionamientos públicos. Entre ellos aparecen las denuncias derivadas del caso $LIBRA, las investigaciones periodísticas sobre supuestos pedidos de retornos conocidos mediáticamente como el «3%», las polémicas vinculadas con funcionarios del Ejecutivo, los gastos de Adorni, los vínculos de Espert y diversas causas que aún continúan en distintas instancias judiciales.

    Más allá del resultado que finalmente tengan esas investigaciones, la contradicción política resulta evidente: mientras se descalifica al país utilizando un concepto asociado históricamente a corrupción y captura del Estado, el propio oficialismo convive con denuncias que alimentan ese mismo debate público.

    Soberanía exterior: Washington, Tel Aviv y el alineamiento absoluto

    La definición clásica de «república bananera» también incluía otro elemento central: la subordinación política frente a potencias extranjeras.

    En ese aspecto, la política exterior de Javier Milei ha marcado un giro sin precedentes. El Presidente ha manifestado reiteradamente que sus principales aliados son Estados Unidos e Israel, alineando la política internacional argentina con las posiciones de Donald Trump y del gobierno israelí prácticamente sin matices.

    Ese alineamiento se expresó en votaciones internacionales, acuerdos diplomáticos, cambios en la política exterior e incluso en decisiones simbólicas que modificaron décadas de tradición diplomática argentina.

    Los críticos sostienen que ese esquema reduce los márgenes de autonomía estratégica del país y condiciona decisiones soberanas en función de intereses geopolíticos externos.

    La reacción oficial también contrasta con la actitud que el propio Gobierno mostró frente a la reivindicación de la causa Malvinas durante el Mundial. Mientras la Selección Argentina posó orgullosamente junto a una bandera en defensa de la soberanía nacional antes del encuentro frente a Inglaterra, desde el oficialismo surgieron voces que cuestionaron ese gesto y buscaron desalentar la presencia de símbolos vinculados a las islas en los estadios, en línea con las restricciones impulsadas por la FIFA. La contradicción resulta difícil de disimular: se intenta exhibir firmeza frente a un buque británico después de haber quedado expuesto por una actitud que muchos interpretaron como complaciente con las exigencias internacionales y distante del histórico reclamo argentino sobre Malvinas.

    La paradoja de llamar «bananero» al país

    El término utilizado por el vocero presidencial nació hace más de un siglo para describir economías dependientes, con Estados débiles y gobiernos condicionados por grandes intereses extranjeros.

    Por eso la polémica excede una frase desafortunada.

    Porque mientras desde la Casa Rosada se utiliza «país bananero» como un insulto dirigido hacia la Argentina, la orientación económica del Gobierno apuesta a profundizar la especialización en materias primas, flexibilizar los límites para la compra de tierras por capitales extranjeros, reducir la intervención estatal sobre sectores estratégicos y sostener un alineamiento internacional casi automático con Washington y Tel Aviv.

    En definitiva, la mayor contradicción no parece estar en la utilización del término, sino en que muchas de las políticas impulsadas por la propia administración libertaria son presentadas por sus críticos como rasgos que históricamente definieron precisamente aquello que el vocero pretendió utilizar como descalificación: una auténtica «república bananera».

     

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