El Gobierno de Río Negro dispuso la obligatoriedad desde el lunes 13 próximo del uso de protectores faciales de distinto tipo, incluidos los de fabricación personal (denominados «tapaboca»), a todas las personas que circulen en la vía pública.
La medida, dispuesta por decreto de la gobernadora Arabela Carreras, se fundamenta en la necesidad de reforzar las medidas preventivas y de salubridad general mientras dure el estado de emergencia sanitaria por la pandemia de COVID-19. Los Municipios podrán controlar el cumplimiento de esta norma y establecer las sanciones correspondientes.
La normativa establece además el uso obligatorio de estos protectores faciales en las dependencias públicas, oficinas privadas, y locales comerciales que impliquen atención al público y que se encuentren incluidos en las excepciones previstas en el Artículo 6° del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 297/20 del Poder Ejecutivo Nacional.
En tanto, el decreto provincial establece que mientras dure el estado de emergencia sanitaria, los locales comerciales de Río Negro deberán impedir el acceso a quienes no cuenten con estos elementos de protección, bajo apercibimiento de aplicación de sanciones.
La decreto firmado hoy por la gobernadora Arabela Carreras quedó establecido que la utilización de barbijos profesionales tricapa de tela antibacterial hidrorepelente, con o sin filtro respirador; en cualquiera de sus marcas y modalidades aprobadas por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), quedará reservada al uso exclusivo de los sectores asistenciales críticos. Están incluidos en esta categoría al sector de salud, de seguridad, defensa civil y de protección ciudadana, y todos aquellos que eventualmente se consideren como tales. La utilización de estos insumos de protección se realizará de acuerdo a los protocolos sanitarios dispuestos por el Ministerio de Salud.
A los fines de asegurar la provisión de barbijos en sus distintos tipos para uso de los sectores asistenciales críticos, se dispuso que aquellos fabricantes o distribuidores de la Provincia de Río Negro sólo podrán comercializarlos o distribuirlos por fuera del requerimiento que efectúe el sector público, una vez satisfecha esa demanda esencial y conforme disponga el Ministerio de Salud.
En el decreto, el Poder Ejecutivo Provincial invita a adherir a esta norma a los Municipios de la Provincia de Río Negro, facultando a aquellos que adhieran a implementar los procedimientos pertinentes a los fines de la fiscalización y control y a la fijación, graduación y percepción de las sanciones pertinentes ante dicho incumplimiento
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En la previa a una audiencia entre las partes en el Ministerio de Trabajo y en vísperas del fallo judicial sobre el conflicto, en Fate recrudecieron las tensiones a partir de lo que el gremio del neumático Sutna denunció como «provocaciones» por parte de la empresa.
«La patronal no quiere llegar a que esto se resuelva de la manera correcta. Quieren colocar a los trabajadores en situaciones violentas intencionalmente, cuando estamos pacíficamente reclamando algo claro para nuestros compañeros: que se termine este lockout», acusaron en el sindicato.
En concreto, el Sutna advirtió que este viernes por la mañana se generaron movimientos extraños en el predio de la empresa en San Fernando, donde existe una permanencia de trabajadores desde que se anunció el cierre, en febrero pasado.
«Metieron camiones, supuestamente para retirar mercadería y situaciones que no podemos saber pero que montaron una provocación. Hemos hablado con el gremio de Camioneros y los camiones se han retirado. Luego, tuvimos un episodio más vergonzoso, mediante la utilización de un escribano arriba de una camioneta con un nuevo equipo de seguridad», señalaron.
En Sutna denuncian «un lock-out patronal en contra de las familias de los trabajadores» y reclaman una resolución pacífica del conflicto que, advierten, ven amenazada con actitudes como las de este viernes.
Esto se da en vísperas del fallo que surja de la Sala de Apelaciones. En Sutna tienen expectativas que la sentencia sea favorable para los trabajadores a partir del criterio que utilizó en la cautelar, dejando sin utilidad los despidos.
En tanto, este martes está prevista una audiencia administrativa en la cartera laboral bonaerense. «Lo que está provocando la patronal es tratar de generar un hecho en planta provocado intencionalmente por el hostigamiento de la empresa», avisaron en Sutna.
El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, desplegó este miércoles un intenso operativo de prensa (tuit, nota radial, comunicado y finalmente conferencia de prensa) para denunciar que era falsa la información que daba cuenta de un allanamiento en la gobernación por parte de la Policía Federal y el secuestro de una computadora, en el marco de la causa que investiga sus vínculos con Juan Pablo Beacon, el arrepentido de la AFA.
«Quiero desmentir, no hubo ningún allanamiento ni en la gobernación, ni en ninguna dependencia oficial, ni a mi como particular, como tampoco hubo ningún pedido de información, no hubo absolutamente nada, es todo mentira», afirmó tajante Weretilneck.
Apenas 24 horas después la palabra del gobernador empezó a aguarse. El gobierno de Río Negro no tuvo más remedio que aceptar que efectivamente hubo un procedimiento judicial en dependencias provinciales. La respuesta surgió ante la insistencia del periodismo que empezó a confirmar que efectivamente se habían realizado operativos judiciales.
Presión a la que se sumaron diferentes bloques de la oposición, que realizaron un pedido de informes al gobierno de Weretilneck para que aclare si hubo allanamientos y qué dependencias incluyeron.
Finalmente, en un comunicado difundido este jueves, Weretilneck aceptó la existencia de los procedimientos judiciales en dependencias públicas, pero los vinculó a una denuncia que hizo el propio Gobierno por un supuesto hackeo.
En Río Negro ya se había desatado un escándalo por la filtración de los contratos que reparte la Legislatura local. En la Casa de Gobierno entraron en pánico por la posibilidad de que hubiera una segunda oleada de filtraciones, pero ahora con los recibos de sueldos millonarios que cobra el propio gobernador y sus funcionarios, además de otra información sensible.
En Río Negro ya se había desatado un escándalo por la filtración de los contratos que reparte la Legislatura local. En la Casa de Gobierno entraron en pánico por la posibilidad de que hubiera una segunda oleada de filtraciones, pero ya con los recibos de sueldos millonarios que cobra el propio gobernador y sus funcionarios.
El gobierno de Weretilneck, entonces, primero dijo que no y luego dijo que si, pero por una causa distinta a la investigación sobre sus vínculos con los negocios de la AFA y los qataríes.
El enredo comenzó el martes por la noche cuando distintos medios nacionales y provinciales publicaron que la Policía Federal había allanado la Casa de Gobierno. Fuentes de la Policía Federal, la Justicia y hasta del gobierno nacional, confirmaban la noticia.
Lo extraño es que al ser consultados, los voceros de Weretilneck negaban el hecho, pero se rechazaba emitir un comunicado oficial bajo el argumento que «no se puede desmentir una mentira». En ese momento, el procedimiento ya se había realizado y no podían desconocerlo, pero eligieron no aclarar que sí había ocurrido, pero -supuestamente- correspondía a una denuncia de la propia administración, como hicieron un día después.
La mala fe quedó en evidencia el miércoles por la mañana cuando Weretilneck buscó victimizarse y hasta se comparó con el padre de Messi. Calificó la información como una «fake news» y denunció una operación política montada desde el peronismo que lidera el senador Martín Soria.
Pero atrás del escándalo aparece otro escándalo. Antes de los allanamientos que incluyeron las oficinas de Altec, la firma del estado provincial que provee de servicios informáticos al gobierno de Weretilneck, hubo una «investigación» de la propia administración que incluyó la manipulación de elementos de prueba, sin resguardo ni permiso judicial.
Según la versión de Weretilneck el procedimiento judicial en Altec y otras dependencias, fue para identificar la computadora desde donde supuestamente accedieron a los recibos de sueldo de los funcionarios.
El problema es que en el comunicado, la propia gobernación reconoce que antes que intervenga la justicia se realizó una «investigación interna» sobre la computadora de los empleados para detectar el origen de la filtración. Fuentes con conocimiento del expediente confirmaron a LPO que antes que la Fiscalía de Estado formulará la denuncia penal, ya se había desarrollado la investigación interna y se habría secuestrado la computadora asignada al empleado señalado como presunto responsable de la filtración, sin intervención judicial.
Atrás del escándalo aparece otro escándalo. Antes de los allanamientos que incluyeron las oficinas de Altec, la firma del estado provincial que provee de servicios informáticos al gobierno de Weretilneck, hubo una «investigación» de la propia administración que incluyó la manipulación de elementos de prueba, sin resguardo ni permiso judicial.
El detalle que le agrega morbo a toda la secuencia, que acaso explica el nerviosismo y la furia con la que salió el gobernador a atacar a LPO, es que la computadora en cuestión sería la de su propio despacho. Como no quedaba bien que allanaran el despacho del gobernador, la computadora fue «trasladada» por empleados a oficinas de Altec, lo que podría suponer que se rompió la cadena de prueba.
El comunicado del gobierno provincial afirma que «la investigación se inició a raíz de un posible acceso indebido, por parte de un empleado, a documentación reservada alojada en los sistemas de la administración pública. Frente a esa situación, el Gobierno solicitó la asistencia técnica de ALTEC para colaborar en el esclarecimiento de los hechos».
«Durante la investigación se logró determinar cuál fue el equipo informático desde el que se habría producido el acceso indebido. Ese equipo fue puesto a resguardo por ALTEC y posteriormente entregado a la Justicia para su peritaje», agrega.
Y en el paso más sugestivo se aclara: «ALTEC colaboró exclusivamente en la investigación del caso a pedido del Gobierno de la Provincia. Una vez detectado el origen de la filtración de información, la situación fue denunciada ante la Justicia provincial, que resguardó el equipo para su análisis pericial», y acaso en un lapsus el último parrafo considera necesario aclarar que «toda actuación se desarrolló dentro del marco legal vigente».
«¿Cómo llegó el Gobierno a identificar al supuesto responsable de la filtración antes de la apertura formal de la causa judicial? ¿Qué herramientas utilizó para reconstruir el acceso a los sistemas informáticos? ¿Existió un procedimiento administrativo formal o una auditoría informática? ¿El trabajador acusado fue notificado de esa investigación? ¿Qué tipo de controles se realizaron sobre la manipulación de los equipos y registros informáticos?», se preguntó en diálogo con LPO un abogado penalista.
En efecto, este accionar deja flotando un interrogante complejo sobre el gobierno de Weretilneck: ¿Realizó tareas de inteligencia ilegal?, ¿Violó la normativa sobre protección de datos personales y los derechos de sus propios trabajadores?
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