Por decreto el uso de protectores faciales es obligatorio en Río Negro
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Por decreto el uso de protectores faciales es obligatorio en Río Negro

Por decreto el uso de protectores faciales es obligatorio en Río Negro

El Gobierno de Río Negro dispuso la obligatoriedad desde el lunes 13 próximo del uso de protectores faciales de distinto tipo, incluidos los de fabricación personal (denominados «tapaboca»), a todas las personas que circulen en la vía pública.

La medida, dispuesta por decreto de la gobernadora Arabela Carreras, se fundamenta en la necesidad de reforzar las medidas preventivas y de salubridad general mientras dure el estado de emergencia sanitaria por la pandemia de COVID-19. Los Municipios podrán controlar el cumplimiento de esta norma y establecer las sanciones correspondientes.

La normativa establece además el uso obligatorio de estos protectores faciales en las dependencias públicas, oficinas privadas, y locales comerciales que impliquen atención al público y que se encuentren incluidos en las excepciones previstas en el Artículo 6° del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 297/20 del Poder Ejecutivo Nacional.

En tanto, el decreto provincial establece que mientras dure el estado de emergencia sanitaria, los locales comerciales de Río Negro deberán impedir el acceso a quienes no cuenten con estos elementos de protección, bajo apercibimiento de aplicación de sanciones.

La decreto firmado hoy por la gobernadora Arabela Carreras quedó establecido que la utilización de barbijos profesionales tricapa de tela antibacterial hidrorepelente, con o sin filtro respirador; en cualquiera de sus marcas y modalidades aprobadas por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), quedará reservada al uso exclusivo de los sectores asistenciales críticos. Están incluidos en esta categoría al sector de salud, de seguridad, defensa civil y de protección ciudadana, y todos aquellos que eventualmente se consideren como tales. La utilización de estos insumos de protección se realizará de acuerdo a los protocolos sanitarios dispuestos por el Ministerio de Salud.

A los fines de asegurar la provisión de barbijos en sus distintos tipos para uso de los sectores asistenciales críticos, se dispuso que aquellos fabricantes o distribuidores de la Provincia de Río Negro sólo podrán comercializarlos o distribuirlos por fuera del requerimiento que efectúe el sector público, una vez satisfecha esa demanda esencial y conforme disponga el Ministerio de Salud.

En el decreto, el Poder Ejecutivo Provincial invita a adherir a esta norma a los Municipios de la Provincia de Río Negro, facultando a aquellos que adhieran a implementar los procedimientos pertinentes a los fines de la fiscalización y control y a la fijación, graduación y percepción de las sanciones pertinentes ante dicho incumplimiento

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    Aguirre, comparte el paquete accionario de TR Nutrition, dedicada a la venta complementos nutricionales, con el presidente de la Cámara de Diputados, pero también es dueño de la firma de consultoría informática HTECH Innovation. En efecto, Casanello y el fiscal Guillermo Marijuan indagan la empresa de tecnología por dos facturas que rondan los 260 millones de pesos.

    Tal como informó LPO, el socio de Menem fue citado a indagatoria junto a los interventores que designó el gobierno, Virginia Montero y Marcelo Petroni, un abogado ligado a Lule Menem.

    Las defensas de los imputados apelaron y la causa llegó a la Sala II de la Cámara Federal porteña, donde se desempeñan Roberto Boico y Farah. Como Martín Irurzun cumplió 75 años el pasado 18 de julio sin que Javier Milei mandara su pliego de prórroga al Senado, los camaristas tuvieron que sortear un tercer juez entre los tres integrantes de la Sala I, Mariano Llorens, Pablo Yadarola y Bertuzzi, nombrados en sus cargos después de una traumática votación para el kirchnerismo en la Cámara Alta.

    Un socio de Martín Menem embargado y a indagatoria por corrupción en la obra social de los peones rurales

    Por azar en el sorteo, Bertuzzi terminó siendo el magistrado que desempató a favor de los interventores y Aguirre, todos cercanos a los primos Menem.

    Bertuzzi anudó con este fallo, una seguidilla de cuatro definiciones a favor del gobierno a una semana de que el decreto de su nombramiento se publicara por Boletín Oficial con las firmas de Javier Milei y Juan Bautista Mahiques.

    Eduardo Farah.

    Primero confirmaron el apartamiento de las querellas en la causa LIBRA, dejando el caso al borde del archivo porque el fiscal Eduardo Taiano mantiene la investigación planchada. Luego, votó junto a Llorens para enterrar la pesqiusa por el endeudamiento perpetrado por Mauricio Macri y Luis Toto Caputo en 2018, con un dictamen contundente del fiscal Franco Picardi. Y el lunes pasado votó también el archivo de la causa por el espionaje que se instrumentó desde la AFI y que descubrió la ex interventora Cristina Camaño en los discos rígidos de las computadoras de la central de inteligencia.

    En Comodoro Py, señalan que Bertuzzi «se está apurando a pagar al contado su designación», en referencia a los favores que le está haciendo al gobierno de Milei y su antiguo promotor, el ex presidente Mauricio Macri.

    Bertuzzi se está apurando a pagar al contado su designación, dicen en referencia a los favores que le está haciendo al gobierno de Milei.

    Más extraño es el caso de Farah, que ingresó a la cámara por impulso del peronismo, responde al auditor Javier Fernández y viene desmarcándose de los compromisos que el kirchnerismo le reclamaría. Auditor de la Nación desde 2001, Fernández solía decir que su conducción era Cristina Kirchner y que ejercía ascendencia sobre Farah.

    El voto del camarista es otro elemento más en el desconcierto de los peronistas. «Hay un vínculo entre Javier Fernández y Cristina pero juega para él mismo y Farah está ahí gracias a nosotros, que lo repusimos, pero en la mayoría de los casos jugó para el orto», resumió una fuente del Congreso.

    El único que votó contra Montero, Petroni y Aguirre fue Boico. Farah justificó su decisión diciendo que tenía a la vista razones suficientes para proponer al acuerdo la nulidad de las órdenes de allanamiento realizadas.

    Con todo, el único que votó contra Montero, Petroni y Aguirre fue Boico. Farah justificó su decisión diciendo que tenía «a la vista razones suficientes para proponer al acuerdo la nulidad de las órdenes de allanamiento realizadas en el marco del legajo de investigación N° 1, y de lo obrado en su consecuencia, porque la actividad procesal que las integra, fundamenta y ejecuta se llevó a cabo con exclusión de la intervención de las defensas, sin que existiera una justificación legal para ello».

    Bertuzzi, por su parte, consideró los procedimientos dispuestos por Casanello como «inadmisibles». «Aun si este accionar fue efectuado con el objetivo de perseguir un delito o de aportar pruebas que den cuentan de su comisión, resulta inadmisible el resultado de un procedimiento ilegal o contrario a derecho», planteó.

    El 30 de agosto de 2025 LPO había revelado la escandalosa vinculación del socio de Martín Menem con la intervención de la obra social de los peones rurales. «Petroni es el que firmaba los acuerdos pero quien manejaba atrás era Sergio Aguirre, que es socio de Martín Menem», afirmó en ese momento un abogado al tanto de la situación de Osprera.

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