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Por decreto el uso de protectores faciales es obligatorio en Río Negro

El Gobierno de Río Negro dispuso la obligatoriedad desde el lunes 13 próximo del uso de protectores faciales de distinto tipo, incluidos los de fabricación personal (denominados «tapaboca»), a todas las personas que circulen en la vía pública.

La medida, dispuesta por decreto de la gobernadora Arabela Carreras, se fundamenta en la necesidad de reforzar las medidas preventivas y de salubridad general mientras dure el estado de emergencia sanitaria por la pandemia de COVID-19. Los Municipios podrán controlar el cumplimiento de esta norma y establecer las sanciones correspondientes.

La normativa establece además el uso obligatorio de estos protectores faciales en las dependencias públicas, oficinas privadas, y locales comerciales que impliquen atención al público y que se encuentren incluidos en las excepciones previstas en el Artículo 6° del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 297/20 del Poder Ejecutivo Nacional.

En tanto, el decreto provincial establece que mientras dure el estado de emergencia sanitaria, los locales comerciales de Río Negro deberán impedir el acceso a quienes no cuenten con estos elementos de protección, bajo apercibimiento de aplicación de sanciones.

La decreto firmado hoy por la gobernadora Arabela Carreras quedó establecido que la utilización de barbijos profesionales tricapa de tela antibacterial hidrorepelente, con o sin filtro respirador; en cualquiera de sus marcas y modalidades aprobadas por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), quedará reservada al uso exclusivo de los sectores asistenciales críticos. Están incluidos en esta categoría al sector de salud, de seguridad, defensa civil y de protección ciudadana, y todos aquellos que eventualmente se consideren como tales. La utilización de estos insumos de protección se realizará de acuerdo a los protocolos sanitarios dispuestos por el Ministerio de Salud.

A los fines de asegurar la provisión de barbijos en sus distintos tipos para uso de los sectores asistenciales críticos, se dispuso que aquellos fabricantes o distribuidores de la Provincia de Río Negro sólo podrán comercializarlos o distribuirlos por fuera del requerimiento que efectúe el sector público, una vez satisfecha esa demanda esencial y conforme disponga el Ministerio de Salud.

En el decreto, el Poder Ejecutivo Provincial invita a adherir a esta norma a los Municipios de la Provincia de Río Negro, facultando a aquellos que adhieran a implementar los procedimientos pertinentes a los fines de la fiscalización y control y a la fijación, graduación y percepción de las sanciones pertinentes ante dicho incumplimiento

Decreto uso de barbijos 2020 by Gobierno de Río Negro on Scribd

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    Sergio Uñac pidió que el peronismo elija su candidato a presidente este año en internas del PJ. El argumento fue que ante la posible decisión del gobierno de eliminar las PASO, el peronismo tenía que anticiparse.

    Antes de anunciar esa propuesta, se lo comunicó a Cristina Kirchner que tomó nota del planteo y lo dejó correr. Punto.

    Este viernes en Tucumán, el ex senador kirchnerista Oscar Parrilli, afirmó: «Si Cristina no es candidata en 2027, perdemos». Fue en un acto de la campaña «Cristina Libre», del que participó el diputado tucumano Pablo Yedlin, entre otros dirigentes. Parrilli sostuvo que no hay alternativa opositora viable sin Cristina y que cualquier gobierno peronista sin el apoyo de la ex presidenta estaría afectado de la misma debilidad que sufrió Héctor Cámpora.

    En el entorno de la ex presidenta redujeron la frase de Parrilli a un «deseo político» y aclararon: «Cristina no puede ser candidata, está presa e inhabilitada».

    Uñac pide internas abiertas en el PJ y le hace un guiño a Milei para eliminar las PASO

    Pero la jugada de Parrilli alimentó la versión de una fórmula Cristina-Uñac que circula en el peronismo, que podría ser consagrada en una interna del PJ, que todavía controla la ex presidenta. Una manera de meterle presión a la justicia, que si luego le impide competir en las generales abonaría el relato de la proscripción y quedaría como candidato Uñac. La propuesta fue una idea del dirigente del peronismo porteño, Víctor Santa María.

    Esta idea va acompañada de un diagnóstico que circula en el kirchnerismo: «Kicillof puede terminar derretido en la crisis de la provincia», según afirmó a LPO un importante dirigente de esa fuerza. En efecto, el propio gobernador trazó un panorama desolador de las finanzas provinciales en la cumbre que tuvo la semana pasada con intendentes.

    Esto sin embargo fue rechazado de plano por Parilli, que explicó a LPO que él está proponiendo exactamente «lo contrario». El senador explicó que quiere evitar que se repita el problema de un presidente vicario que tuvo el peronismo con Cámpora y de alguna manera con Alberto Fernández.

    El senador por San Juan, Sergio Uñac.

    El impulso a una interna abrió sin embargo otro problema: figuras de peso y con ambiciones que orbitan por fuera del sello del PJ, como Sergio Massa y Gerardo Zamora, en principio no podrían participar de una interna. «Pero eso podría salvarse con una autorización del Congreso partidario», afirmó a LPO un dirigente peronista.

    Pero en el entorno de la ex presidenta reconocen que el senador sanjuanino no tuvo «buen timming» al lanzar la propuesta en medio del escándalo Adorni.

    «Lo chistoso es que Uñac mandó la carta al PJ para hacer ruido, pero él es congresal del PJ. Es como si se hubiera mandado una carta a sí mismo», ironizó un dirigente peronista que agregó, «la respuesta no tardó en llegar, José Mayans lo cazó de las pestañas» y lo invitó a un café. El encuentro sería esta semana. 

    En efecto, el senador formoseño está a cargo del partido por la prisión de Cristina. Pero el juego del kirchnerismo es zigzagueante. Juliana di Tullio, una de las senadoras más cercanas a la ex presidenta, dijo que quizás no haya que defender las PASO. 

    En el fondo, lo que parece asomar es una doble estrategia. Defender las PASO en público, pero, por las dudas, preparar un candidato propio dentro del PJ. «Cristina juega en varias direcciones a la vez», completó el dirigente consultado.

     

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    El juez Alejandro Sánchez Freytes, a cargo del caso, ya decretó el secreto de sumario y deberá definir si avanza con las indagatorias. El punto neurálgico del caso remite a una práctica tan técnica como decisiva: quiénes integran el tribunal que juzga.

    En la estructura de la Justicia Federal, las cámaras de apelaciones se dividen en salas que deben conformarse con sorteos y subrogancias reguladas por ley. Ese mecanismo busca garantizar imparcialidad y evitar que los jueces elijan -o sean elegidos- para fallar en determinados expedientes.

     Según los fiscales, Montesi y Sánchez Torres habrían retenido o hecho circular expedientes hasta que la rotación de subrogancias les permitiera coincidir en la misma sala y votar en los casos «Padilla» y «Humanes», que tenían en común su conexión con la causa Bunge . 

    Sin embargo, la denuncia sostiene que esas reglas habrían sido alteradas en 2023 aprovechando vacantes en la Cámara. Según los fiscales, Montesi y Sánchez Torres habrían retenido o hecho circular expedientes hasta que la rotación de subrogancias les permitiera coincidir en la misma sala y votar en los casos «Padilla» y «Humanes».

    Ambos expedientes, radicados en Río Cuarto y Villa María respectivamente, tenían en común su conexión con la causa Bunge y su alto contenido económico.

    En una de las causas, Sánchez Torres habría emitido su voto en apenas un minuto, en coincidencia plena con el criterio de Montesi, lo que derivó en una falta de mérito para el imputado.

    El dato que más ruido genera en Tribunales es la velocidad con la que se resolvió uno de esos expedientes.

    En la causa «Padilla», Sánchez Torres habría emitido su voto en apenas un minuto, en coincidencia plena con el criterio de Montesi, lo que derivó en una falta de mérito para el imputado.

    Para los investigadores, ese nivel de sincronización refuerza la sospecha de que la integración del tribunal no fue azarosa. La gravedad institucional del caso radica en las consecuencias de una eventual manipulación.

    En la cabecera, Abel Sánchez Torres y, a su derecha, su pareja y también camarista Graciela Montesi. Ambos, están sospechados de ejecutar maniobras para favorecer a la cerealera Bunge.

    Si se altera la composición de una sala, se rompe el principio del juez natural. En un expediente como el de Bunge, esa distorsión puede traducirse en beneficios concretos para los imputados, desde demoras hasta resoluciones favorables.

    La existencia de vocalías sin cubrir en la Cámara Federal de Córdoba habría facilitado -según los fiscales- una concentración de poder interno a la pareja Sánchez Torres-Montesi que permitió estas maniobras.

    La denuncia original fue presentada por la secretaria de Cámara Celina Laje Anaya, quien se habría negado a convalidar la integración de salas que consideraba irregular. A partir de allí, según el relato fiscal, comenzó una escalada de hostigamiento atribuida a Sánchez Torres.

     En los últimos meses, Sánchez Torres hizo un fuerte lobby para meterse en la lista corta de candidatos para la Corte Suprema de Justicia de la Nación 

    El expediente describe un cuadro de presión sistemática que incluyó gritos, humillaciones y decisiones administrativas que afectaron la carrera de la funcionaria.

    Incluso se detalla que fue forzada a aceptar un cambio de cargo que implicó una degradación salarial y profesional. Los fiscales encuadraron estos hechos como lesiones graves en un contexto de violencia de género.

    En paralelo, la investigación sumó a otros actores del tribunal. El secretario penal Mario Olmedo fue señalado por su presunta participación necesaria en las maniobras, mientras que el secretario de superintendencia Gustavo Flores fue imputado por falso testimonio, ante inconsistencias detectadas en su declaración.

     La denuncia original fue presentada por la secretaria de Cámara Celina Laje Anaya, quien se habría negado a convalidar la integración de salas que consideraba irregular. A partir de allí, según el relato fiscal, comenzó una escalada de hostigamiento atribuida a Sánchez Torres. 

    En los últimos meses, Sánchez Torres hizo un fuerte lobby para meterse en la lista corta de candidatos para la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Según le contó a un importante empresario con el que se reunió en un bar de Nueva Córdoba, su plan A era que los gobernadores de Provincias Unidas lo propongan.

    El resultado electoral tiró por tierra la estrategia. Entonces, «el Gordo Abel» recurrió a sus contactos con importantes empresarios para que hagan fuerza por él. 

     

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