El Gobierno de Río Negro dispuso la obligatoriedad desde el lunes 13 próximo del uso de protectores faciales de distinto tipo, incluidos los de fabricación personal (denominados «tapaboca»), a todas las personas que circulen en la vía pública.
La medida, dispuesta por decreto de la gobernadora Arabela Carreras, se fundamenta en la necesidad de reforzar las medidas preventivas y de salubridad general mientras dure el estado de emergencia sanitaria por la pandemia de COVID-19. Los Municipios podrán controlar el cumplimiento de esta norma y establecer las sanciones correspondientes.
La normativa establece además el uso obligatorio de estos protectores faciales en las dependencias públicas, oficinas privadas, y locales comerciales que impliquen atención al público y que se encuentren incluidos en las excepciones previstas en el Artículo 6° del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 297/20 del Poder Ejecutivo Nacional.
En tanto, el decreto provincial establece que mientras dure el estado de emergencia sanitaria, los locales comerciales de Río Negro deberán impedir el acceso a quienes no cuenten con estos elementos de protección, bajo apercibimiento de aplicación de sanciones.
La decreto firmado hoy por la gobernadora Arabela Carreras quedó establecido que la utilización de barbijos profesionales tricapa de tela antibacterial hidrorepelente, con o sin filtro respirador; en cualquiera de sus marcas y modalidades aprobadas por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), quedará reservada al uso exclusivo de los sectores asistenciales críticos. Están incluidos en esta categoría al sector de salud, de seguridad, defensa civil y de protección ciudadana, y todos aquellos que eventualmente se consideren como tales. La utilización de estos insumos de protección se realizará de acuerdo a los protocolos sanitarios dispuestos por el Ministerio de Salud.
A los fines de asegurar la provisión de barbijos en sus distintos tipos para uso de los sectores asistenciales críticos, se dispuso que aquellos fabricantes o distribuidores de la Provincia de Río Negro sólo podrán comercializarlos o distribuirlos por fuera del requerimiento que efectúe el sector público, una vez satisfecha esa demanda esencial y conforme disponga el Ministerio de Salud.
En el decreto, el Poder Ejecutivo Provincial invita a adherir a esta norma a los Municipios de la Provincia de Río Negro, facultando a aquellos que adhieran a implementar los procedimientos pertinentes a los fines de la fiscalización y control y a la fijación, graduación y percepción de las sanciones pertinentes ante dicho incumplimiento
La Secretaría de Obras y Servicios de la Municipalidad de Villa Regina lleva adelante trabajos en diferentes espacios públicos de la ciudad. Uno de ellos fue reparar y pintar los aparatos de ejercitación ubicados en el Paseo de la Avenida 9 de Julio. Próximamente se cambiará la cartelería explicativa en ese sector. Esto se suma…
Un tribunal de tres jueces condenó a nueve años de prisión al ex jefe de fiscales de Rosario Patricio Serjal al que encontró culpable de cobrar sobornos de parte de un capitalista de juego clandestino para no investigarlo. Un empleado de la unidad fiscal donde se desempeñaba Serjal, Nelson Ugolini, recibió cinco años de prisión. Era quien mantenía los contactos con el empresario de juego ilegal que buscaba protección y que canalizaba los pagos hacia arriba.
Las condenas fueron unánimes y para ambos juzgados los jueces dispusieron el cumplimiento de prisión en un establecimiento carcelario. Ya había sido condenado por formar la misma red el ex fiscal adjunto Gustavo Ponce Asahad.
Una de las principales novedades de este fallo, si queda firme, es sus efectos sucesivos e inexorables. La condena incluye la figura de asociación ilícita ya que establece que Serjal, que fue desplazado de su cargo en agosto de 2020, formaba la parte superior de una estructura que incluyó a un sector de la política santafesina, que recibía dinero de este capitalista de juego, Leonardo Peiti, para sus actividades.
Quien en este mismo trámite está imputado como jefe de asociación ilícita es el senador santafesino Armando Traferri, que no llegó a esta etapa del juicio aún porque durante cuatro años mantuvo los fueros legislativos ya que la mayoría de sus pares se negaron a levantarlos. La condena a Serjal por asociación ilícita deja a Traferri en el umbral de una resolución semejante.
Los fundamentos de los jueces reconocen la legalidad de la investigación que llevaron contra Serjal y Traferri los fiscales que inicialmente tuvieron el caso y a quienes las autoridades del Ministerio Público de la Acusación (MPA) corrieron del control del trámite cuando fueron señalados, incluso por fiscales colegas, de haber cometido delitos en el curso de la investigación para perjudicar a Traferri. Esa idea los jueces Nicolás Foppiani, Hebe Marcogliese y Facundo Becerra la descartaron.
«Detrás de esta sentencia hay todo un equipo de trabajo que hizo la investigación preparatoria y que se desempeñó de manera excelente ya que el tribunal avaló cada una de las pruebas», dijo la fiscal Marisol Fabbro, quien impulsó junto a su colega José Luis Caterina la acusación en el juicio que terminó este viernes.
Esa reivindicación explícita del trabajo de Schiappa Pietra y Edery viene recubierta de significado político y jurídico. Ambos fueron apartados de la investigación con el pedido explícito de Traferri que prácticamente supeditó a esa condición la decisión de presentarse el año pasado y que lo hizo tras ser reelecto en su banca en 2023. Los nuevos fiscales con las mismas pruebas rendidas por sus antecesores, y despreciadas por el Senado para desaforarlo, lo imputaron a Traferri el año pasado y le agregaron asociación ilícita.
Armando Traferri
El tribunal convalidó toda la investigación. Lo que significa también descartar la idea de que hubo un armado de fiscales que actuaron al margen de la legalidad en una pesquisa viciada coordinada por el criminólogo Marcelo Sain cuando era ministro de Seguridad de Omar Perotti.
El problema que tiene esta hipótesis, explicó la fiscalía y retomó el tribunal, es que el origen del caso aparece en 2017, cuando los fiscales Schiappa Pietra y Matías Edery no tenían ningún contacto con el asunto, y cuando Sain no tenía cargos en la provincia de Santa Fe. La detección de esta madeja de intereses, que incluye a Traferri y otros dirigentes políticos, está en una causa penal de Melincué. La llevaba quien ahora es fiscal regional de Rosario, Matías Merlo, quien como testigo en este juicio defendió muy enfáticamente esta causa.
Sobre la llamada «pata política», que fue llamada de esa forma por el tribunal, los jueces dijeron que para comprender cabalmente el alcance de la red en la que se enmarca la acción de los acusados, era importante entender que Serjal, Ugolini y Ponce Asahad actuaban bajo el paraguas de de estamentos con personas que aunque «no se encuentra en juzgamiento aquí fueron permanentemente aludidas durante el debate». Indicaron que esta implica la participación de funcionarios legislativos y políticos, «siendo el eje central el senador Armando Traferri».
En el juicio el capitalista Peiti admitió al declarar que le había dado 200 mil dólares a Traferri para la campaña política.
«Se produjo prueba que acreditó la existencia de una asociación ilícita estable, jerarquizada y funcional, cuyo objeto principal fue usufructuar el dinero ilícito proveniente de la recaudación generada por una red de casas de juego de azar ilegal, y, concomitantemente, garantizar la impunidad de dicho negocio mediante una cobertura judicial penal». Señalaron que esa estructura también era integrada «por personas que no fueron traídas a este juicio».
La fiscal Fabbro había dicho en su alegato final: «Este no es un caso de juego clandestino. Ni siquiera de «filtraciones» o incumplimientos funcionales aislados. Este caso traído a juicio es una investigación que pone sobre la mesa algo mucho más sutil y mucho más dañino: este caso versa sobre la impunidad. Este no es un caso sobre dinero, sino sobre lo que el dinero puede comprar. En esa posibilidad material que da el dinero combinada con ciertos contactos y con ciertas posiciones de poder, pudimos comprobar que ciertos funcionarios fueron efectivamente comprados por dinero».
Otro punto culminante que complica al condenado es que la fiscal Marianela Luna detecta en 2017 que Serjal actúa de una manera muy extraña cuando ella inicia una causa contra Peiti. En 2018 Luna avisa a la regional que va a allanar locales de juego ilegal de Peiti. Cuando se concretan las requisas esos garitos estaban sorpresivamente desmantelados. Frente a semejante filtración que volvió negativos los procedimientos en la siguiente oportunidad Luna tomó un recaudo: no le avisa a Serjal y allana directamente. En este caso los 14 operativos dan positivo. Ante la afectación de los intereses de Peiti lo que hace Serjal es dictar una resolución traspasando a dos fiscales de Rosario las causas de juego clandestino en la jurisdicción. Le dijo a la fiscal Luna, según ella declaró en el juicio, que la decisión era concentrar el mismo las causas.
El fiscal que acusó a los fiscales
Una de los principales testigos de la defensa fue paradójicamente un colega de los acusadores, el fiscal Pablo Socca. Según declaró Socca, los primero fiscales del caso usaron a la testigo colaboradora sospechada de extorsión Mariana Ortigala para llegar al capitalista Peiti y a través de él a Serjal.
Los jueces lo rechazaron remarcando que sus declaraciones connotaban «un conocimiento superficial del caso» que denunciaba. Hicieron eje en la declaración de la fiscal Bárbara Ilera que investiga al fiscal Edery por un supuesto hecho de omisión de investigación. Señalaron que la funcionaria «confirmó que no hay, hasta ahora, elementos que autoricen a presumir que hubo un acuerdo entre los fiscales Edery y/o su empleada Carla Belmonte con Ortigala para perjudicar al Sr. Serjal, y las apreciaciones en tal sentido del fiscal Socca no persuadieron por resultar genéricas y especulativas».
Siguieron los jueces: «La afirmación defensiva, basada en el testimonio de Socca, en cuanto a que la investigación se habría originado a partir de la manipulación o utilización de terceros – específicamente Mariana Ortigala- para «llegar a Peiti y a través de él a Serjal», constituye una mera especulación sin correlato probatorio»
Si Patricio Serjal resultaba condenado por asociación ilícita se sabía que el trance sería determinante en la causa de Traferri porque él está acusado de ser organizador de esa misma asociación.
Aquí estuvo centrada la pulseada. Se notó mucho en el juicio en la estrategia de la defensa. Y se advierte con elocuencia en el terreno de la opinión pública. Dos medios de fuerte presencia en Rosario, con importante penetración, publicaron el mismo artículo periodístico, con distinciones mínimas de construcción pero de idéntico eje, centrado en el testimonio del fiscal Socca, que denunciaba a los fiscales Edery y Schiappa Pietra de haber direccionado la causa en contra de Serjal y Traferri. Esas publicaciones fueron a diez días de la declaración de Socca.
El acceso a la vivienda es un derecho y como tal, debe respetarse y cumplirse. Nuestros representantes deben trabajar en pos de un desarrollo integral y una organización comunitaria de los sectores más humildes y necesitados de la ciudad. La casa propia con servicios básicos es la base de una vida digna y saludable. #Elecciones #DéficitHabitacional #LoteoSocial #VidaDigna#VillaRegina #LaTapa #PeriodismoAlternativo #Multimedia Difunde…
La Dirección de Tránsito y Protección Civil de la Municipalidad de Villa Regina recuerda que la Ley 24449 en su artículo 18 establece que el titular de una Licencia de Conducir debe denunciar a la brevedad todo cambio de los datos que figuran en ella. En el caso de haber cambiado de jurisdicción, deberá solicitar…
El descarrilamiento de una formación del Sarmiento en Liniers, con al menos 19 heridos, vuelve a poner en evidencia la desinversión y el retiro del control estatal sobre el sistema ferroviario. Hace menos de tres semanas, un choque entre dos trenes del Urquiza en San Miguel había encendido la misma alarma. El ajuste de Milei sobre el transporte público ya muestra sus consecuencias.
Por Roque Pérez para Noticias La Insuperable
Otra jornada negra para el Sarmiento
Una formación del tren Sarmiento se descarriló este martes a las 15:50 a unos cien metros de la estación Liniers, cerca de la intersección de Timoteo Gordillo y Avenida Rivadavia. La formación se descalzó a pocos metros del paso a nivel, obligando a los pasajeros a evacuar entre el susto, el humo y el desconcierto.
El SAME desplegó 40 móviles y atendió a 19 personas, de las cuales 9 fueron trasladadas a los hospitales Santojanni, Vélez Sársfield, Álvarez y Grierson. Según informó su titular, Alberto Crescenti, no hubo víctimas fatales, aunque varios pasajeros presentaron politraumatismos. El operativo de rescate concluyó cerca de las 17:20.
En la estación Once, los pasajeros estallaron en enojo al encontrarse con cancelaciones y demoras sin explicación oficial. No es para menos: el episodio se suma a una seguidilla de fallas y emergencias en el servicio.
Una tragedia anunciada
Desde la Agrupación Naranja Ferroviaria Nacional, integrada al Movimiento de Agrupaciones Clasistas (MAC), responsabilizaron directamente al Gobierno de Milei: “Decimos claramente que el gobierno nacional es responsable del vaciamiento y la desinversión, dejando una infraestructura obsoleta sin mantenimiento”.
Los trabajadores recordaron que “hace poco más de 20 días también ocurrió un hecho similar en el ferrocarril Urquiza, provocando un choque de trenes y varios heridos”, y denunciaron que “la falta de inversión en material rodante y en infraestructura genera accidentes predecibles y perfectamente evitables”. Exigieron la reestatización del sistema ferroviario y un plan de obras urgentes.
No es una advertencia nueva. En septiembre, el sindicato La Fraternidad había realizado medidas de fuerza y “trabajo a reglamento”, denunciando públicamente el saqueo y el abandono en el sector. Pero el Gobierno libertario eligió el camino inverso: ajustar el presupuesto, reducir controles y volver a abrir las puertas a la privatización.
El antecedente de San Miguel
El 23 de octubre, dos formaciones del ferrocarril Urquiza chocaron a la altura de la estación General Lemos, en San Miguel, dejando cuatro heridos. La empresa Metrovías, concesionaria de la línea, habló de un “rozamiento entre formaciones”, pero los trabajadores y los pasajeros coincidieron en que el sistema de señales y mantenimiento venía fallando desde hacía semanas.
Una pasajera, identificada como Milena, contó que “ya venía mal el servicio desde Federico Lacroze, con demoras y quejas; el impacto fue muy fuerte y se cortó la luz”. Otro testigo, Gustavo, relató que “cuando entramos a la estación sentimos el golpe, saqué la cabeza por la ventanilla y vi que habíamos chocado”.
En aquel momento, el hecho se trató como “un incidente menor”. Hoy, el descarrilamiento del Sarmiento demuestra que no lo era: es parte de un mismo patrón de descontrol y desinversión.
Sin control, sin inversión, sin Estado
Desde la llegada de Milei, el Ministerio de Infraestructura —bajo control directo de Guillermo Ferraro primero y luego de Luis Caputo— aplicó un ajuste drástico sobre los fondos destinados al mantenimiento ferroviario. Los convenios con cooperativas y empresas de reparación se paralizaron, y varios sectores de control y seguridad fueron desmantelados o tercerizados.
Mientras tanto, el discurso oficial sigue repitiendo el mantra del “Estado ausente”, pero en los hechos es un Estado retirado, que deja en manos privadas la seguridad de miles de usuarios diarios. El resultado está a la vista: dos accidentes en menos de un mes, sin muertos sólo por azar.
AHORA | Descarriló el tren Sarmiento en el barrio porteño de Liniers y todos los pasajeros fueron evacuados. Hay heridos. Esto pasa cuando nadie controla nada y el Estado está manejado por un resentido social. pic.twitter.com/SbtK0CLmXt
Las postales de hoy —pasajeros caminando por las vías, heridos, caos en Once— son el rostro cotidiano del modelo libertario aplicado al transporte público. Un sistema donde se recorta la inversión, se desmantelan los controles y se entrega la infraestructura al deterioro.
Cada descarrilamiento es una advertencia. Cada herido, una víctima del ajuste. Y cada accidente, una señal de que el ferrocarril argentino vuelve a ser el espejo del país: un tren sin conductor, descarrilando rumbo al desastre.
Las fuertes oscilaciones que tuvo este lunes la cotización del dólar que arrancó la jornada desplomándose y luego subió fuerte, en el mercado la atribuyeron a una decisión del Tesoro norteamericano que aprovechó el previsible derrumbe post electoral del dólar para recuperar parte de los dólares invertidos y de paso hacerse de una ganancia interesante.
La jugada, aseguran, habría sido ejecutada a través de sus bancos de siempre, JP Morgan, Citi y Santander, que operan como brazo largo del Tesoro en los mercados emergentes.
El dólar, que llegó a caer hasta los $1.320 en las primeras horas de la mañana, rebotó con fuerza para cerrar en $1.460. El salto encendió el tablero en las mesas de dinero, donde algunos leyeron la intervención como una señal que el Tesoro de Estados Unidos no solo vende cuando quiere ayudar al gobierno libertario, sino que también compra cuando el precio se derrumba. Micromanagement del peso argentino.
«Es la típica operación de Bessent y compañía: primero empujan y después salen a precio de ganga», resumió un operador porteño.
La escena fue cinematográfica: en cuestión de horas, el humor financiero dio una vuelta completa. A las 10 de la mañana, el dólar oficial caía de $1.515 a $1.370, casi un 10% en una hora. Al mediodía, el billete recuperaba 50 pesos y se ubicaba en torno a $1.420. En el tramo final, con las pantallas de BYMA encendidas y las mesas al rojo vivo, la divisa trepó hasta $1.460, donde terminó el día.
En el mercado mayorista el movimiento fue similar: piso en $1.350, cierre en $1.435. La volatilidad fue tal que algunos la compararon con una corrida «a la inversa»: no por fuga, sino por entrada. «Cuando el tipo de cambio cae 200 pesos y el Tesoro de EE.UU. aparece comprando, no es una corrida, es una aspiradora de dólares», bromeó un gestor local. En esa lógica, el derrumbe inicial habría sido una trampa perfecta para los fondos globales que venían expectantes de una señal de estabilización.
Es la típica operación de Bessent y compañía: primero empujan y después salen a precio de ganga.
Pero el Gobierno si tuvo una mejora financiera importante. El riesgo país, que venía en 1.080 puntos el viernes, se derrumbó 40% para cerrar en 650 puntos basicos. Una mejora impresionante, aunque la tasa de financiamiento sigue siendo prohibitiva: el 11% anual en dólares, un nivel que sigue dejando a la Argentina fuera de los mercados voluntarios.
El telón de fondo es político: el triunfo libertario tranquilizó los mercados. Desde la noche misma de la elección, los primeros indicios ya estaban ahí: el dólar cripto se desplomó y las acciones argentinas en Wall Street se dispararon hasta un 40% en el premarket.
El lunes por la mañana, la tendencia se consolidó. Los bonos rebotaron entre 15% y 23%, mientras las ADR de los bancos, grandes perdedores de las últimas semanas, encabezaban la recuperación con subas de hasta 50%.
En Nueva York, los bancos y energéticas argentinas lideraron el ranking de subas: Galicia, Macro y BBVA se dispararon más de 45%. Las acciones de YPF también acompañaron el rally. Los bonos globales, en tanto, cerraron la jornada con alzas de dos dígitos: el AL30 saltó 18%, el GD35 trepó 22%.
Aun así, los operadores más veteranos pidieron cautela. «El alivio es técnico, no estructural. Todavía no esta resuelto el problema de solvencia del país», advirtió un portfolio manager desde Miami. Otro fue más filosos: «Esto no es confianza, es oportunismo».
Difunde esta nota
Deja una respuesta
Lo siento, debes estar conectado para publicar un comentario.
