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Por decreto el uso de protectores faciales es obligatorio en Río Negro

El Gobierno de Río Negro dispuso la obligatoriedad desde el lunes 13 próximo del uso de protectores faciales de distinto tipo, incluidos los de fabricación personal (denominados «tapaboca»), a todas las personas que circulen en la vía pública.

La medida, dispuesta por decreto de la gobernadora Arabela Carreras, se fundamenta en la necesidad de reforzar las medidas preventivas y de salubridad general mientras dure el estado de emergencia sanitaria por la pandemia de COVID-19. Los Municipios podrán controlar el cumplimiento de esta norma y establecer las sanciones correspondientes.

La normativa establece además el uso obligatorio de estos protectores faciales en las dependencias públicas, oficinas privadas, y locales comerciales que impliquen atención al público y que se encuentren incluidos en las excepciones previstas en el Artículo 6° del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 297/20 del Poder Ejecutivo Nacional.

En tanto, el decreto provincial establece que mientras dure el estado de emergencia sanitaria, los locales comerciales de Río Negro deberán impedir el acceso a quienes no cuenten con estos elementos de protección, bajo apercibimiento de aplicación de sanciones.

La decreto firmado hoy por la gobernadora Arabela Carreras quedó establecido que la utilización de barbijos profesionales tricapa de tela antibacterial hidrorepelente, con o sin filtro respirador; en cualquiera de sus marcas y modalidades aprobadas por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), quedará reservada al uso exclusivo de los sectores asistenciales críticos. Están incluidos en esta categoría al sector de salud, de seguridad, defensa civil y de protección ciudadana, y todos aquellos que eventualmente se consideren como tales. La utilización de estos insumos de protección se realizará de acuerdo a los protocolos sanitarios dispuestos por el Ministerio de Salud.

A los fines de asegurar la provisión de barbijos en sus distintos tipos para uso de los sectores asistenciales críticos, se dispuso que aquellos fabricantes o distribuidores de la Provincia de Río Negro sólo podrán comercializarlos o distribuirlos por fuera del requerimiento que efectúe el sector público, una vez satisfecha esa demanda esencial y conforme disponga el Ministerio de Salud.

En el decreto, el Poder Ejecutivo Provincial invita a adherir a esta norma a los Municipios de la Provincia de Río Negro, facultando a aquellos que adhieran a implementar los procedimientos pertinentes a los fines de la fiscalización y control y a la fijación, graduación y percepción de las sanciones pertinentes ante dicho incumplimiento

Decreto uso de barbijos 2020 by Gobierno de Río Negro on Scribd

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    Osvaldo Jaldo le sacó el control de la Caja Popular de Ahorros al diputado Carlos Cisneros tras acusarlo de filtrar imágenes de sus vacaciones en las playas de Aruba y abrió un conflicto en el peronismo tucumano de alcance impredecible.

    La Caja Popular es un cuasi banco que no tiene el control del Banco Central. 

    En el imaginario popular de los tucumanos, la Caja es del sindicato La Bancaria que en la provincia lidera Cisneros. Es una mega estructura que entrega créditos a empleados públicos, hace operaciones financieras y hasta tiene el manejo del juego provincial en sociedad con el empresario Roberto Sagra. 

    Es una gigantesca fuente de poder que controla Cisneros, que suele ser un aliado ineludible de los gobernadores peronistas, hasta que alguna disputa de poder los hace chocar. Una situación muy similar a la actual ocurrió una década atrás entre Cisneros y el entonces gobernador José Alperovich, que le intervino la Caja y generó una amarga pelea que sigue hasta estos días. No así con Juan Manzur, que logró convivir en paz con el diputado. 

    La pelea por los jueces federales de Tucumán: Beatriz Ávila propone a Toledo y Gladys Medina a Casella

    Como sea, luego de meses de tensión subterránea entre Cisneros y el actual gobernador, el episodio de Aruba terminó de descarrilar la relación. Este miércoles, a su regreso de las vacaciones, Jaldo dio una conferencia de prensa con un nivel de tensión política explícita, poco habitual en la política tucumana, donde son especialistas en golpearse por detrás. 

    Me tomé licencia por diez días hábiles por razones particulares, sin goce de sueldo. Algunos medios nacionales que han sido motivados, incentivados por personajes de esta querida provincia, que muy pronto se va a conocer quienes son. Esto ha sido un carancheo político.

    «Me tomé licencia por diez días hábiles por razones particulares, sin goce de sueldo. Quiero agradecer a los medios locales que han respetado la vacaciones que me tomé con mi familia. No así algunos medios nacionales que han sido motivados, incentivados, por personajes de esta querida provincia, que muy pronto se va a conocer quienes son. Esto ha sido un carancheo político», afirmó Jaldo.

    Si bien no mencionó a Cisneros en su conferencia de prensa, horas después quedó clarísimo a quien apuntaba cuando decidió intervenir la Caja, una decisión de altísimo voltaje político en Tucumán. 

    Jaldo nombró como interventor a Guillermo Norry, un dirigente que se desempeñaba como interventor del municipio de Alberdi, y desplazó al actual interventor de la Caja, José Díaz, que responde a Cisneros. El gobernador desde que asumió buscó una alianza con los intendentes -peronistas y radicales-, como parte de un entramado territorial que sigue pesando en la política tucumana.

    Cisneros está acostumbrado a jugar fuerte, aunque el año que pasó acumuló conflictos con pesos pesado de la política provincial. Entró en guerra con Miguel Chaiben Terraz, presidente del Tribunal de Cuentas cuando este empezó a habilitar auditorias picantes sobre la ayuda social que distribuye la Caja Popular. Pero también chocó con Edmundo ´Pirincho´ Jiménez, octagenario jefe de los fiscales de la provincia, que avanzó contra algunos medios y disparado el conflicto avisó: «yo ya no tengo nada que perder».

    Desde es momento, la gran pregunta que recorría la política tucumana era si Jaldo se animaría a dar el paso de tocarle la Caja Popular a Cisneros.

    Cisneros está acostumbrado a jugar fuerte, pero el año que pasó acumuló conflictos con dos pesos pesado de la política provincial: el presidente del Tribunal de Cuentas,Miguel Chaiben Terraz y el jefe de los fiscales, Edmundo ´Pirincho´ Jiménez.

    En 2024, tras sellar un acuerdo con el ex intendente de la capital, Germán Alfaro, el gobernador había amenazado con nombrarlo interventor de la Caja Popular. Pero quedó en la nada. El golpe a Cisneros se hizo esperar casi dos años en medio de tironeos y de mensajes cruzados, en la promiscua política tucumana. 

    Ahora, en la provincia esperan una guerra de guerrillas entre el gobernador y Cisneros que puede salpicar a otros dirigentes de peso, con el telón de fondo de las elecciones del 2027, donde todos los cargos ejecutivos se pondrán en juego. 

    En cuanto a la situación de la Caja, fuentes al tanto de la decisión, anticiparon a LPO que podría haber novedades desde el lado del Tribunal de Cuentas. 

    «Norry es un bonachón que va a hacer lo que pida Jaldo», afirmó a LPO un dirigente del peronismo tucumano, al analizar los márgenes de autonomía del flamante interventor.

     

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    El final del 2025 tuvo un marcado enfrentamiento entre el gobernador cordobés Martín Llaryora y los estatales locales por la reforma previsional que derivó en una ofensiva que los gremios están dispuestos a encaminar en la Justicia en las próximas semanas. Tensión que, con el arranque de este 2026 lejos está de terminar; sino más bien, todo lo contrario.

    Porque en la primera semana hábil del año, los estatales se mostraron abroquelados para continuar con la estrategia judicial y porque, precisamente desde la Justicia, hubo algunos guiños a los amparos presentados por los gremios. Y al que se pliegan, paradójicamente según entienden en El Panal, aquellos opositores a Llaryora que son aliados nacionales de Milei.

    Tal es el caso de juecistas y radicales que reportan a Rodrigo de Loredo.

    Así, la ley de equidad jubilatoria que Llaryora impulsó el último mes del año en la Unicameral y cuya promulgación anunció él mismo con dardos a todas las gestiones anteriores -sin distinción partidaria- en la administración de la Caja de Jubilaciones tendrá al verano cordobés aún más acalorado.

    Principalmente, porque Llaryora vuelve de vacaciones y la orden es limar a los estatales en las bases, cuestionar las conducciones y replicar con una contraofensiva el recorrido que los gremios ya empezaron en Tribunales.

    «De ahora a marzo viene la tensión con los gremios y arrancan los planteos judiciales. Hay principio de diálogo con algunos sectores y reclamos de todo tipo, pero todo esto tiene un trasfondo político. Por eso, no se descartan las conversaciones con las bases», reconoció un importante funcionario provincial a LPO luego de la reunión de la mesa multisectorial que realizaron los estatales cordobeses este jueves. Que, además, terminó con el compromiso de los referentes de la veintena de gremios que aportan a la Caja de Jubilaciones provincial de nacionalizar el conflicto, llegar a la Corte Suprema y en febrero, cuando culmine la feria judicial, posiblemente presentar un amparo colectivo.

    La mesa chica de Llaryora está al tanto de esto. Incluso tienen en claro que el recorrido desembocará en el Tribunal Superior de Justicia. Por eso, ante la consulta de este medio sobre el devenir del reclamo de los estatales en la Corte cordobesa, en el entorno del gobernador algunos mantienen un moderado optimismo acerca del futuro del reclamo en esos despachos.

    «No creo que camine», dijo un funcionario a LPO.

    La otra cuestión con la que también jugará la generación heredera del cordobesismo es la discusión dentro de los sindicatos. Existe el diálogo con aquellos que tienen renovación de autoridades este año y los que van a elecciones en el 2027. «No se pueden hacer los boludos ahí. Ellos saben cómo se puede digitar de afuera para inclinar la balanza hacia cualquiera de los dos lados», sostuvo una de las espadas de Llaryora en la discusión.

    Acerca de esto, en los despachos del Panal sobrevoló un comentario en los últimos días en los que se vio nuevamente a Rubén Daniele, el conductor del poderoso Suoem, el gremio de los Municipales cordobeses abrir el fuego contra Llaryora desde una de las manifestaciones. Algunos que están hace tiempo cerca del gobernador recordaron cómo actuó el peronismo para que el sindicalista volviera a la conducción de su gremio y cómo fue la convivencia entre ambos cuando el actual gobernador fue intendente de la capital cordobesa.

    Pero hay otra artillería relacionada con la comunicación con la que están dispuestos a disparar desde el gobierno provincial. El mensaje a las bases será que las cúpulas de algunos sindicatos quieren voltear una ley que, en volumen, beneficia al grueso de los afiliados. «En el caso de los docentes, al 90% de los activos no se les tocó nada y el 50% de los jubilados tienen aumentos que van del 10 al 25%, ¿y resulta que cuatro tipos la quieren voltear?», lanzó un llaryorista.

    Los estatales cordobeses están en una situación similar a la de los intendentes en la relación con el llaryorismo: no hay paraguas nacional que los cobije. En el caso de los gremios, en otro momento, una tensión de estas características tenía un peronismo opositor al cordobés en Casa Rosada que contribuía a la fricción; y con los alcaldes ocurría lo mismo a la hora de tantear un ATN foto mediante. Otra realidad, otra era y con un Milei que rechaza cualquier reclamo gremial.

    Un funcionario coincidió con el análisis y fue más allá: «o a veces ocurre algo peor: que los autoconvocados te lleven todo a una anarquía como pasó con los Judiciales el año pasado».

    Con el arco político opositor en plena reconfiguración, el 2026 de Llaryora tendrá como primer escollo la disputa con los gremios y por ahí pasa la discusión del primer trimestre. Y donde esperan, dentro del Panal, cuántos de los cañones apuntan los sindicatos a Milei por el envío de fondos a la Caja de Jubilaciones, y cuántos quedarán envueltos en la discusión local contra el gobernador.

     

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