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Por decreto el uso de protectores faciales es obligatorio en Río Negro

El Gobierno de Río Negro dispuso la obligatoriedad desde el lunes 13 próximo del uso de protectores faciales de distinto tipo, incluidos los de fabricación personal (denominados «tapaboca»), a todas las personas que circulen en la vía pública.

La medida, dispuesta por decreto de la gobernadora Arabela Carreras, se fundamenta en la necesidad de reforzar las medidas preventivas y de salubridad general mientras dure el estado de emergencia sanitaria por la pandemia de COVID-19. Los Municipios podrán controlar el cumplimiento de esta norma y establecer las sanciones correspondientes.

La normativa establece además el uso obligatorio de estos protectores faciales en las dependencias públicas, oficinas privadas, y locales comerciales que impliquen atención al público y que se encuentren incluidos en las excepciones previstas en el Artículo 6° del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 297/20 del Poder Ejecutivo Nacional.

En tanto, el decreto provincial establece que mientras dure el estado de emergencia sanitaria, los locales comerciales de Río Negro deberán impedir el acceso a quienes no cuenten con estos elementos de protección, bajo apercibimiento de aplicación de sanciones.

La decreto firmado hoy por la gobernadora Arabela Carreras quedó establecido que la utilización de barbijos profesionales tricapa de tela antibacterial hidrorepelente, con o sin filtro respirador; en cualquiera de sus marcas y modalidades aprobadas por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), quedará reservada al uso exclusivo de los sectores asistenciales críticos. Están incluidos en esta categoría al sector de salud, de seguridad, defensa civil y de protección ciudadana, y todos aquellos que eventualmente se consideren como tales. La utilización de estos insumos de protección se realizará de acuerdo a los protocolos sanitarios dispuestos por el Ministerio de Salud.

A los fines de asegurar la provisión de barbijos en sus distintos tipos para uso de los sectores asistenciales críticos, se dispuso que aquellos fabricantes o distribuidores de la Provincia de Río Negro sólo podrán comercializarlos o distribuirlos por fuera del requerimiento que efectúe el sector público, una vez satisfecha esa demanda esencial y conforme disponga el Ministerio de Salud.

En el decreto, el Poder Ejecutivo Provincial invita a adherir a esta norma a los Municipios de la Provincia de Río Negro, facultando a aquellos que adhieran a implementar los procedimientos pertinentes a los fines de la fiscalización y control y a la fijación, graduación y percepción de las sanciones pertinentes ante dicho incumplimiento

Decreto uso de barbijos 2020 by Gobierno de Río Negro on Scribd

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    La Ciudad avanza con el traspaso de la justicia laboral y esperan que en febrero de 2027 ya estén en funcionamiento 10 juzgados y dos salas de cámara. Las causas colectivas seguirán en el fuero nacional. Los jueces y fiscales compartirán equipos para las tareas administrativas. Aún no está cerrado el monto que transferirá Nación.

    La magistratura porteña envió a la Legislatura el listado de los primeros diez jueces y los primeros seis camaristas que tendrá el fuero laboral porteño, además de fiscales, fiscales de cámara y asesores tutelares. Allí irán a parar los nuevos casos expedientes vinculados al mundo del trabajo. Los viejos continuarán tramitándose con sus jueces naturales en el fuero nacional.

    A diferencia de lo que ocurre en Nación, el Consejo no elabora ternas, sino listados que corresponden al orden de mérito. En los que elevó el jueves no hay casi diferencia con el puntaje del examen escrito y los antecedentes.

    Entre los postulantes para jueces y camaristas del fuero laboral que debe votar la Legislatura hay abogados de empresas, de sindicatos, jueces y ex funcionarios como Horacio Pitrau. Durante 27 días fue subsecretario de Trabajo de Milei y viceministro de Jorge Triaca. Aparece en el listado de los camaristas.

    Pese al rechazo del PJ, el Senado aprobó el pliego del juez que avaló la reforma laboral

    Sebastián Luis Caset y Agustina Bergonzelli son candidatos a jueces de primera instancia y vienen del mundo del derecho empresario. Silvia Inés Gutiérrez Garay, postulada para camarista, fue abogada del Suterh. Patricia Paola Ceriani, también candidata a camarista, es Coordinadora Técnico Legal y Jurídica de la Dirección General de Administración de Infracciones de la Ciudad.

    En la Ciudad apuntan a tener al menos 40 juzgados y 5 salas con tres camaristas. 

    Diego Javier Tula es juez laboral en la Provincia mientras que Martín Furchi pertenece al fuero contencioso administrativo de la Ciudad. Ambos están en la lista de camaristas.

    El traspaso era resistido por los jueces nacionales y un amparo frenó por varios meses el concurso organizado por el Consejo de la Magistratura de la Ciudad. Por eso la decisión fue que los juzgados nacionales continúen funcionando hasta que no tengan más tareas.

    Las causas colectivas, aquellas que involucran a sindicatos, seguirán tramitándose en los juzgados nacionales.

    En la Ciudad apuntan a tener al menos 40 juzgados y 5 salas con tres camaristas. En Nación buscan bajar ese número. «Todavía estamos discutiendo cuestiones del traspaso de la policía, esto viene para largo», bromeó un funcionario porteño.

    El fuero podrá comenzar a funcionar 180 después de que la Legislatura y el Congreso aprueben el traspaso.

    Para los nuevos juzgados, la Ciudad aplicará el modelo de gestión asociado. Implica la conformación de equipos administrativos especializados que trabajarán para varios juzgados en simultáneo. La intención es tener un servicio de justicia más rápido y eficiente.

    «Vas a tener algunos que solo hagan notificaciones, otros que manejen las audiencias. Va a ser gente especializada que trabaja en una sola tarea», le dijo a LPO un funcionario judicial. El modelo ya se aplica en el fuero de relaciones de consumo y en ejecución penal.

    Fue una innovación basada en los casos de Neuquén y Tucumán y también de España y Chile que tuvo su debut en las fiscalías de la Ciudad.

    «Se bajan los costos, también se reduce el poder de los jueces. Y al final el servicio de Justicia es más rápido y efectivo», explicaron desde el gobierno porteño.

     

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    Ramón Mestre

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    Nicolás asoma como una garantía para que De Loredo juegue la segunda chance sin la necesidad de disputarle ese poder. La tropa de Valdés no parece tan confiable en este sentido.

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