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El 25 de agosto de 1825, los Treinta y Tres Orientales proclamaron la independencia de la Provincia Oriental y desencadenaron un proceso que terminaría creando Uruguay.

Por Alcides Blanco para NLI

El 25 de agosto de 1825, en la pequeña localidad de Florida, una asamblea proclamó la independencia de la Provincia Oriental respecto del Imperio del Brasil y declaró su voluntad de incorporarse a las Provincias Unidas del Río de la Plata. La escena suele ser presentada en la historia uruguaya como uno de los momentos fundacionales de la nación, pero detrás de aquella declaración existe una historia bastante más compleja, en la que aparecen una invasión brasileña, una provincia disputada entre imperios, exiliados orientales organizándose en territorio argentino, una expedición de apenas unas decenas de hombres y una guerra que terminaría modificando definitivamente el mapa del Río de la Plata. La independencia uruguaya, paradójicamente, no nació inicialmente como la separación de la Banda Oriental de las Provincias Unidas, sino como un intento de expulsar al poder brasileño y recuperar una incorporación al espacio rioplatense que, pocos años después, terminaría dando lugar a la creación de un Estado independiente.

Una provincia atrapada entre dos proyectos

Para comprender qué ocurrió aquel 25 de agosto hay que retroceder hasta la crisis del orden colonial y la revolución iniciada en 1810. La Banda Oriental se convirtió rápidamente en uno de los territorios más disputados del antiguo Virreinato del Río de la Plata, tanto por su posición estratégica frente a Buenos Aires como por la importancia de sus puertos, sus recursos y su ubicación sobre el estuario. José Gervasio Artigas encabezó desde allí un proyecto político propio, basado en una concepción federal que entró en conflicto tanto con el centralismo porteño como con las pretensiones de las potencias vecinas. La derrota del artiguismo abrió el camino para que los portugueses invadieran el territorio en 1816 y, posteriormente, lo incorporaran al Reino Unido de Portugal, Brasil y Algarve bajo una nueva denominación: la Provincia Cisplatina.

Cuando Brasil declaró su independencia de Portugal en 1822, la Banda Oriental quedó integrada al nuevo Imperio brasileño. Para una parte importante de los orientales, aquella situación era una ocupación extranjera que debía ser revertida. Sin embargo, el problema tenía una dificultad adicional: la región tampoco constituía un territorio políticamente homogéneo. Existían diferentes proyectos sobre su futuro, desde quienes pretendían recuperar una autonomía propia hasta quienes aspiraban a reincorporarla a las Provincias Unidas. La frontera entre esos proyectos todavía no estaba definida y, en 1825, la idea de una República Oriental del Uruguay independiente todavía no era el resultado inevitable de la historia, sino una posibilidad que surgiría de una guerra y de las negociaciones posteriores.

En ese contexto apareció Juan Antonio Lavalleja, militar oriental que había participado en las luchas de la década anterior y que se encontraba exiliado en Buenos Aires. Allí comenzó a organizar una expedición destinada a cruzar el Río de la Plata, desembarcar en la Banda Oriental y levantar a la población contra las autoridades brasileñas. El gobierno de Buenos Aires conocía los preparativos y, aunque la relación entre las autoridades porteñas y los expedicionarios fue compleja, el territorio argentino terminó funcionando como plataforma fundamental para aquella operación. Los hombres que partieron no representaban todavía un ejército nacional uruguayo, porque Uruguay todavía no existía como país independiente: eran orientales comprometidos con la recuperación de su territorio y aliados rioplatenses dispuestos a acompañarlos.

El cruce del río y la campaña de Lavalleja

La expedición quedó inmortalizada como la de los Treinta y Tres Orientales, aunque la cantidad exacta de integrantes ha sido objeto de discusiones históricas y distintas listas elaboradas posteriormente no siempre coinciden. Lo fundamental no está tanto en la cifra como en lo que aquella pequeña fuerza consiguió desencadenar. Los expedicionarios cruzaron el río desde territorio argentino y desembarcaron en la costa oriental el 19 de abril de 1825, iniciando una campaña que rápidamente consiguió sumar apoyos locales y debilitar la presencia brasileña en diferentes puntos del territorio.

La famosa bandera de la expedición llevaba una consigna que sintetizaba el proyecto político de aquel momento: “Libertad o muerte”. Pero la libertad que reclamaban no significaba todavía exactamente lo que décadas posteriores interpretarían como independencia nacional. La lucha estaba dirigida contra el dominio brasileño y se vinculaba con la recuperación de la soberanía oriental, mientras la posibilidad de reincorporarse a las Provincias Unidas permanecía abierta. Esa diferencia es fundamental porque permite comprender por qué el episodio del 25 de agosto posee una dimensión histórica más compleja que la de una simple declaración independentista.

El avance de las fuerzas de Lavalleja permitió convocar una asamblea en Florida, donde se aprobaron las llamadas Leyes Fundamentales. Una de ellas declaró la independencia de la Provincia Oriental respecto del Imperio del Brasil y de cualquier otro poder extranjero; otra estableció la voluntad de reincorporación a las Provincias Unidas del Río de la Plata. La fórmula podía parecer contradictoria desde una mirada posterior, pero en realidad expresaba con bastante precisión la situación política de aquel momento: los orientales se declaraban libres del poder brasileño mientras aspiraban a reconstruir un vínculo político con las provincias rioplatenses.

La decisión tuvo consecuencias inmediatas. El gobierno de las Provincias Unidas reconoció la incorporación de la Provincia Oriental en octubre de 1825, y Brasil respondió declarando la guerra. El conflicto se prolongaría durante tres años y terminaría involucrando a fuerzas militares de ambos lados en una guerra que ya no podía resolverse solamente en territorio oriental. El Río de la Plata se convirtió nuevamente en escenario de una disputa internacional en la que estaban en juego no solamente las fronteras, sino también el equilibrio regional entre Brasil, las Provincias Unidas y las propias fuerzas orientales.

La independencia que nadie había planeado de ese modo

La guerra terminó produciendo un resultado que ninguno de los dos grandes contendientes había buscado originalmente: la creación de un Estado independiente en la Banda Oriental. La intervención diplomática británica fue decisiva para alcanzar un acuerdo que permitiera cerrar el conflicto sin que Brasil aceptara la incorporación definitiva del territorio a las Provincias Unidas ni estas últimas consiguieran convertirlo en una provincia propia. La Convención Preliminar de Paz de 1828 estableció las bases para la independencia de la Provincia Oriental, que finalmente se convertiría en la República Oriental del Uruguay.

El proceso revela una de las grandes particularidades de la historia rioplatense: Uruguay nació en buena medida como resultado de una disputa entre proyectos regionales que ninguno consiguió imponer completamente. Brasil no pudo conservar la Cisplatina; las Provincias Unidas no pudieron incorporarla; los orientales consiguieron liberarse del dominio brasileño, pero tampoco lograron reconstruir una integración duradera con el espacio rioplatense. Entre esos intereses contrapuestos apareció una solución que transformó a la Banda Oriental en un Estado independiente y modificó el equilibrio político de toda la región.

Por eso, la fecha del 25 de agosto tiene una importancia que trasciende el calendario uruguayo y también forma parte de la historia argentina. La expedición de Lavalleja salió desde Buenos Aires, muchos de sus protagonistas tenían vínculos políticos y militares con las Provincias Unidas y el conflicto posterior involucró directamente al gobierno de Buenos Aires. La historia de los dos países, en ese momento, todavía no podía escribirse por separado porque ambos formaban parte de un mismo espacio histórico que estaba atravesando el difícil proceso de fragmentación de la antigua estructura virreinal.

La propia Buenos Aires conserva huellas de aquella conexión. Los Treinta y Tres Orientales no fueron solamente protagonistas de una epopeya uruguaya; fueron también parte de una historia rioplatense en la que las fronteras nacionales todavía estaban en construcción. La separación definitiva entre Argentina y Uruguay sería posterior a la declaración de Florida y surgiría de un proceso diplomático y militar mucho más amplio. En 1825 nadie podía saber exactamente qué país existiría después de aquella guerra.

Una independencia nacida de una derrota compartida

Hay una ironía profunda en el origen del Uruguay moderno. La declaración del 25 de agosto de 1825 proclamó la independencia respecto de Brasil, pero simultáneamente expresó la voluntad de unión con las Provincias Unidas. Tres años después, el resultado sería otro: un país independiente de Brasil y también de las Provincias Unidas. La nación uruguaya nació, entonces, no a partir de un único acto fundador perfectamente definido, sino de una cadena de acontecimientos en la que los proyectos políticos fueron modificándose a medida que avanzaban la guerra y la diplomacia.

Esa complejidad no disminuye el valor histórico de los Treinta y Tres Orientales; por el contrario, permite comprender mejor su verdadera dimensión. No fueron personajes aislados que aparecieron de repente para crear una nación predeterminada por la historia, sino protagonistas de una época en la que las identidades políticas todavía estaban en movimiento. La Banda Oriental había sido parte del Virreinato, territorio artiguista, provincia disputada, dominio portugués y provincia brasileña antes de transformarse en Uruguay. La nación fue el resultado de ese conflicto, no su punto de partida.

Cada 25 de agosto, Uruguay celebra una independencia que comenzó a construirse con aquellos hombres que cruzaron el río desde territorio argentino bajo una bandera que anunciaba “Libertad o muerte”. Pero la verdadera importancia de aquella jornada reside quizás en todo lo que todavía no estaba decidido. No existía aún el Uruguay que hoy conocemos, ni estaban definitivamente fijadas las fronteras, ni había concluido la guerra que determinaría su nacimiento. Lo que existía era una sociedad oriental intentando recuperar su capacidad de decidir sobre su propio territorio en medio de la disputa entre dos grandes poderes regionales.

Los Treinta y Tres no cruzaron el río para entrar directamente en la historia de una nación ya existente; cruzaron para abrir una historia cuyo desenlace todavía desconocían. Y esa es justamente la razón por la que el 25 de agosto continúa siendo una fecha tan poderosa: porque recuerda que las naciones no siempre nacen de decisiones tomadas de una vez y para siempre, sino de guerras, proyectos, derrotas, negociaciones y voluntades colectivas que, con el tiempo, terminan dibujando sobre el mapa aquello que las generaciones posteriores llamarán patria.

 

 

El Gobierno de Javier Milei disolvió el Coro Nacional de Niños mediante un decreto publicado en el Boletín Oficial. La histórica institución cultural tenía casi 60 años de trayectoria.

Por Alina C. Galifante para NLI

El Gobierno nacional oficializó la disolución del Coro Nacional de Niños, uno de los organismos artísticos más prestigiosos del país, creado en 1967. La medida, publicada este jueves en el Boletín Oficial, elimina una institución emblemática de la cultura argentina bajo el argumento de «reorganizar recursos», en una nueva decisión que profundiza el desmantelamiento de las políticas culturales del Estado.

El Gobierno eliminó una institución histórica de la cultura argentina

En un nuevo capítulo del ajuste sobre el sector cultural, el gobierno de Javier Milei dispuso la disolución del Coro Nacional de Niños, organismo que durante casi seis décadas representó a la Argentina en escenarios nacionales e internacionales y formó a generaciones de niños y niñas en el canto coral. La decisión quedó plasmada en el Decreto 687/2026, publicado este jueves en el Boletín Oficial, que modifica el decreto original de 1967 mediante el cual había sido creado el organismo.

El decreto elimina formalmente al Coro Nacional de Niños como organismo estable del Estado y deja vigente únicamente al Coro Polifónico Nacional. En su reemplazo, el Ejecutivo instruye a la Secretaría de Cultura a crear un Programa de Formación Artística destinado a niños y adolescentes, aunque la norma no establece presupuesto, estructura, cronograma ni precisiones sobre su funcionamiento.

La decisión representa un nuevo avance del proceso de reducción de organismos culturales impulsado por la administración libertaria. Desde la llegada de Milei a la Casa Rosada, el área de Cultura sufrió recortes presupuestarios, despidos, cierre de programas y una profunda reestructuración institucional que distintos sectores artísticos denuncian como un proceso de desmantelamiento del patrimonio cultural argentino.

El argumento oficial: reemplazar un coro por un programa

En los considerandos del decreto, el Gobierno sostiene que los objetivos que justificaron la creación del Coro Nacional de Niños «pueden alcanzarse mediante acciones y programas de formación, perfeccionamiento y desarrollo artístico de alcance más amplio». Bajo esa premisa, afirma que resulta conveniente «reorientar los recursos» actualmente destinados al elenco estable hacia nuevas estrategias que permitan un supuesto mayor alcance federal y una utilización «más eficiente» de los recursos públicos.

La administración nacional asegura además que la medida no implica abandonar la formación artística infantil, sino modificar la herramienta institucional utilizada para llevarla adelante. Sin embargo, el decreto no establece garantías sobre la continuidad laboral de quienes integraban el organismo ni explica cómo se preservará el nivel artístico alcanzado durante casi seis décadas de funcionamiento.

El Coro Nacional de Niños no era simplemente un programa educativo. Se trataba de un elenco estable del Estado que desarrolló una intensa actividad artística, interpretó repertorio sinfónico-coral y a cappella, participó en producciones junto a las principales orquestas del país y constituyó una verdadera escuela de formación musical para cientos de chicos que luego continuaron carreras profesionales.

Un organismo que ya venía siendo vaciado

La publicación del decreto llega después de meses de incertidumbre sobre el futuro del coro. Desde principios de año, sus actividades habían sido suspendidas y las audiciones para incorporar nuevos integrantes permanecían paralizadas. Diversos referentes del ámbito musical venían denunciando un progresivo vaciamiento administrativo que impedía el normal funcionamiento del organismo y reducía año tras año la cantidad de coreutas disponibles.

Incluso, durante abril de este año, legisladores nacionales presentaron un pedido de informes reclamando explicaciones al Poder Ejecutivo por la suspensión de actividades, la falta de convocatorias y el deterioro institucional del organismo, advirtiendo que el Coro Nacional de Niños constituía una de las instituciones musicales más prestigiosas del país y un patrimonio cultural construido durante casi sesenta años.

La decisión del Gobierno termina por confirmar los temores expresados entonces por músicos, docentes y trabajadores de la cultura: el organismo no volverá a funcionar como tal y será reemplazado por un programa cuya implementación todavía carece de precisiones concretas.

Otro símbolo cultural que desaparece

La eliminación del Coro Nacional de Niños trasciende la reorganización administrativa que plantea el decreto. Supone la desaparición de una institución creada en 1967 que sobrevivió a gobiernos de distinto signo político, crisis económicas y cambios institucionales, consolidándose como uno de los principales espacios públicos de formación coral infantil de América Latina.

Mientras el Ejecutivo sostiene que busca modernizar el Estado y optimizar recursos, desde el ámbito cultural crecen las advertencias sobre la pérdida de organismos que no solo desarrollaban actividades artísticas sino que también preservaban patrimonio, formaban profesionales y garantizaban el acceso gratuito a la cultura.

Con esta medida, el Gobierno suma un nuevo capítulo a una política que numerosos referentes del sector describen como un proceso sistemático de reducción de la presencia estatal en la vida cultural argentina, dejando abierto el interrogante sobre qué otros organismos históricos podrían correr la misma suerte en los próximos meses.