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Por decreto el uso de protectores faciales es obligatorio en Río Negro

El Gobierno de Río Negro dispuso la obligatoriedad desde el lunes 13 próximo del uso de protectores faciales de distinto tipo, incluidos los de fabricación personal (denominados «tapaboca»), a todas las personas que circulen en la vía pública.

La medida, dispuesta por decreto de la gobernadora Arabela Carreras, se fundamenta en la necesidad de reforzar las medidas preventivas y de salubridad general mientras dure el estado de emergencia sanitaria por la pandemia de COVID-19. Los Municipios podrán controlar el cumplimiento de esta norma y establecer las sanciones correspondientes.

La normativa establece además el uso obligatorio de estos protectores faciales en las dependencias públicas, oficinas privadas, y locales comerciales que impliquen atención al público y que se encuentren incluidos en las excepciones previstas en el Artículo 6° del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 297/20 del Poder Ejecutivo Nacional.

En tanto, el decreto provincial establece que mientras dure el estado de emergencia sanitaria, los locales comerciales de Río Negro deberán impedir el acceso a quienes no cuenten con estos elementos de protección, bajo apercibimiento de aplicación de sanciones.

La decreto firmado hoy por la gobernadora Arabela Carreras quedó establecido que la utilización de barbijos profesionales tricapa de tela antibacterial hidrorepelente, con o sin filtro respirador; en cualquiera de sus marcas y modalidades aprobadas por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), quedará reservada al uso exclusivo de los sectores asistenciales críticos. Están incluidos en esta categoría al sector de salud, de seguridad, defensa civil y de protección ciudadana, y todos aquellos que eventualmente se consideren como tales. La utilización de estos insumos de protección se realizará de acuerdo a los protocolos sanitarios dispuestos por el Ministerio de Salud.

A los fines de asegurar la provisión de barbijos en sus distintos tipos para uso de los sectores asistenciales críticos, se dispuso que aquellos fabricantes o distribuidores de la Provincia de Río Negro sólo podrán comercializarlos o distribuirlos por fuera del requerimiento que efectúe el sector público, una vez satisfecha esa demanda esencial y conforme disponga el Ministerio de Salud.

En el decreto, el Poder Ejecutivo Provincial invita a adherir a esta norma a los Municipios de la Provincia de Río Negro, facultando a aquellos que adhieran a implementar los procedimientos pertinentes a los fines de la fiscalización y control y a la fijación, graduación y percepción de las sanciones pertinentes ante dicho incumplimiento

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  • Ante la suba del petróleo, las pymes proponen aumentar la mezcla con biodiesel

     

     Las pymes elaboradoras de biodiesel presentaron un proyecto alternativo al impulsado por el oficialismo para amortiguar el aumento del crudo por la nueva escalada bélica en Medio Oriente.

    Las empresas buscan elevar el corte obligatorio al 12,5% y distribuir la producción entre las plantas regionales, las compañías no integradas y las grandes aceiteras.

    La propuesta de la Cámara de Empresas Pymes Regionales Elaboradoras de Biocombustibles (CEPREB) contempla reservar un 5% del corte para las 17 plantas regionales, otro 2,5% para ocho compañías no integradas y el 5% restante para las aceiteras.

    Patricia Bullrich intenta que se apruebe el proyecto que pone en riesgo 10 mil empleos, dicen desde la Cámara

    Por un lado, buscan amortiguar el precio final del combustible y a su vez, garantizar un mercado interno para grandes y chicos, una salida superadora al proyecto impulsado por Patricia Bullrich que habilitaba a las grandes cerealeras a quedarse con todo el negocio.

    «Las pymes no cuestionan la incorporación de las grandes empresas al mercado interno, pero reclaman que el crecimiento de la demanda no se produzca a costa de la producción que actualmente tienen asignada las plantas del interior», explicaron a LPO desde la Cámara.

     Las pymes no cuestionan la incorporación de las grandes empresas al mercado interno, pero reclaman que el crecimiento de la demanda no se produzca a costa de la producción que actualmente tienen asignada las plantas del interior 

    Para CEPREB, la iniciativa oficial es «la sentencia de cierre de 25 plantas del interior» y pone en peligro unos 10.000 puestos de trabajo directos e indirectos.

    «La discusión no es contra nadie. Es a favor de que la ley respete la inversión de las 25 pymes del interior del país y los 10.000 puestos de trabajo que están en riesgo», señalaron desde la entidad.

    [Las pymes del biodiesel denuncian que Bullrich les entrega el negocio a las cerealeras y pone en riesgo 25 fábricas]

    Las plantas regionales sostienen que no pueden competir en igualdad de condiciones con las aceiteras, debido a que deben comprarles a esas mismas empresas el aceite de soja que utilizan como materia prima para fabricar el biodiesel.

    Además, detrás de las 25 plantas funciona una cadena integrada por unas 400 extrusoras que producen aceite y agregan valor a la soja en distintas localidades del interior.

     La discusión no es contra nadie. Es a favor de que la ley respete la inversión de las 25 pymes del interior del país y los 10.000 puestos de trabajo que están en riesgo 

    El sector advierte que una reducción del cupo no afectaría solamente a las elaboradoras de biodiesel, sino también a sus proveedores y a las economías de las ciudades donde se encuentran instaladas.

    Las plantas están distribuidas entre Santa Fe, Buenos Aires, Entre Ríos, La Pampa y San Luis y producen unas 900.000 toneladas anuales para abastecer el corte vigente del 7,5%. Santa Fe aporta 360.000 toneladas; Buenos Aires, 355.000; La Pampa, 85.000; Entre Ríos, 55.000; y San Luis, 45.000.

    Según los cálculos de CEPREB, elevar el corte al 12,5% generaría una demanda adicional de 600.000 toneladas. Santa Fe sería la principal beneficiada porque concentra las compañías no integradas y buena parte de la capacidad aceitera del país.

    Sin embargo, las pymes advierten que el proyecto oficial habilita el coprocesamiento y no establece un reparto explícito, por lo que las grandes empresas podrían quedarse tanto con el crecimiento del mercado como con parte de la producción que actualmente corresponde a las plantas regionales.

     

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  • Rosenkrantz y Weinberg desaprobaron exámenes de candidatos a jueces que opinaron a favor de los discapacitados

     

    Carlos Rosenkrantz e Inés Weinberg, miembros designados como jurado para el concurso N° 527 para cubrir a una vacante de vocal en Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial, ofendieron a un postulante al que le bajaron el puntaje por utilizar «lenguaje mediocre» y quedaron envueltos por el polémico criterio de evaluación que utilizaron contra los concursantes que respondieron a las preguntas con jurisprudencia que condenaba al Estado por incumplir derechos de personas con discapacidad.

    Los exámenes para los jueces tienen un marco metodológico de evaluación. Los candidatos deben responder ante un caso específico que deberían resolver si ocuparan la vacante y, de los 100 puntos totales para la calificación máxima, 45 corresponden a la consistencia jurídica de la solución propuesta, 35 a la pertinencia y el rigor de los fundamentos y 20 a la corrección del lenguaje utilizado, algo que incluye la apelación a latinismos, barroquismos o giros casi ociosos para revestir la crudeza de una sentencia.

    Pero la evaluación de Rosenkrantz y Weimberg amagan con desatar un vendaval en el Consejo de la Magistratura, después que el concursante enfurecido por la calificación mandara una nota en queja a la Comisión de Selección de ese órgano del Poder Judicial. En su mensaje, el candidato consideró que lo dispuesto por el juez de la Corte Suprema y su par del TSJ porteño era «injuriante» e «indecoroso», precisó uno de los consejeros a LPO.

    El problema es que la bronca del concursante despertó la curiosidad de los integrantes del Consejo y ahora crecen las sospechas acerca del criterio ideológico utilizado por ambos jueces para aprobar a algunos candidatos y aplazar a otros.

    Rosenkrantz traba un concurso clave mientras presiona para aprobar cambios en la selección de jueces

    En efecto, a los candidatos les tocaba analizar el caso hipotético sorteado de una trabajadora del Estado que quedaba «cuadripléjica» y al cuidado de sus padres, adultos mayores de bajos ingresos. El relato indicaba que la obra social le recortaba la cobertura de prestaciones unilateralmente, contra las prescripciones de los médicos y la advertencia sobre el riesgo vital que conllevaba la suspensión del tratamiento.

    Lo curioso es que los que concluían que el Estado tenía responsabilidad subsidiaria por las prestaciones por discapacidad obtuvieron notas bajas o fueron bochados. «Rosenkrantz y Weimberg terminan avalando la postura del gobierno que se ensañó con los discapacitados», comentaron a LPO.

    Santiago Viola, Alberto Maques y Alejandra Provítola en el Consejo.

    Fuentes judiciales explicaron que antes de la llegada de Rosenkrantz al máximo tribunal, la jurisprudencia indicaba que el Estado, como garante subsidiario o de última instancia en salud, debía tutelar el derecho de las personas al acceso a las prestaciones médicas cuando las obras sociales o las prepagas no lo hicieran. Desde 2018, el magistrado que desplazó a Ricardo Lorenzetti de la presidencia de la Corte impuso matices que contemplaban un giro hacia la sustentabilidad o racionalidad presupuestaria que permitiera cuidar los recursos públicos.

    Pese a la postura que fue consolidando Rosenkrantz, Rosatti se mantuvo en disidencia sobre el criterio fiscalista de su colega. No es casual tampoco que los concursantes que apelaron a la visión del presidente de la Corte fueran relegados, después que Rosenkrantz suscribiera junto a Lorenzetti la acordada que promovía un cambio de reglamento en la selección de magistrados bajo la crítica a la falta de transparencia actual.

    En rigor, las pruebas de oposición exigen que los evaluadores no sepan quiénes son los aspirantes al cargo vacante. Por eso, se les asigna una sigla particular en lugar del nombre propio.

    Lo curioso es que los que concluían que el Estado tenía responsabilidad subsidiaria por las prestaciones por discapacidad obtuvieron notas bajas o fueron bochados. ‘Rosenkrantz y Weimberg terminan avalando la postura del gobierno que se ensañó con los discapacitados’, comentaron a LPO.

    Sin embargo, la carta del concursante ofendido habría movido el avispero y fuentes del Poder Judicial comentaron a LPO que el juez de la Corte Suprema y su par del TSJ porteño dejaron primero en el orden de mérito a un candidato que trabajó en el máximo tribunal, en la Secretaría de Juicios Ambientales y que también se desempeñó en la vocalía de Horacio Rosatti, presidente de la Corte Suprema y titular del Consejo de la Magistratura, y en segundo lugar habría quedado otro miembro de la misma vocalía.

    También se rumoreaba este martes que en el sexto lugar habría quedado un secretario letrado de la Corte que atiende juicios ordinarios y extraordinarios. No obstante, resta que se conozcan las impugnaciones antes de establecer el orden definitivo.

    Para colmo, un consejero sembró la duda de que haya sido Rosenkrantz quien decidiera calificar las respuestas del candidato ofendido bajo la etiqueta de «lenguaje mediocre» y deslizó ante LPO la posibilidad de que haya sido algún colaborador suyo quien elaboró el informe. «Es incapaz de incluir expresiones como las que aparecen en el informe, quizá confió en quien redactó o revisó el informe y firmó sin leer», dijo como si quisiera ayudar con una reflexión tan inquietante como comprometedora.

     

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  • Escuchar, cumplir la ley y ejecutar el presupuesto: las deudas pendientes del Estado argentino

    Observatorio Lucía Pérez – Informe mayo 2021 Los datos representan un GRITO: 127 femicidios y travesticidios 81 días sin Tehuel 103 infancias huérfanas 170 marchas exigiendo justicia En contraste con esta realidad a fin de mayo el Ministerio de las Mujeres y Diversidad ejecutó sólo el 10% de su presupuesto, que por ley le adjudicó…

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    ¿CUÁNTOS KILOS PESA LA ANSIEDAD?

    Miles de lenguajes para expresar las mismas ideas Miles de comidas para satisfacer la misma hambre Una moda cada temporada para cubrir al mismo cuerpo Miles de diversiones para disipar el mismo aburrimiento   ¿Nerviosismo? ¿Inquietud? ¿Estrés? Decir casi lo mismo, como el título de un libro sobre traducción de idiomas (propias novelas) de Umberto…

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  • El Chiqui Tapia apuesta al vínculo con Karina para sobrevivir en la AFA

     

    Claudio «Chiqui» Tapia apuesta su buen vínculo con Karina Milei para sobrevivir ante el avance de las causas judiciales con que un sector de la política, con Mauricio Macri a la cabeza, busca destronarlo de la AFA.

    La relación del titular de la asociación del fútbol con la hermana del presidente se tejió cuando ambos viajaron a Asunción en diciembre de 2024 para el anuncio oficial de los partidos inaugurales del Mundial 2030 para Argentina, Uruguay y Paraguay. Karina suele afianzar sus relaciones en los viajes, como hizo con Pablo Quirno en Canadá, y desde entonces mantuvo un canal abierto con el Chiqui.

    Desde entonces, el diálogo no es frecuente, pero la relación es lo suficientemente buena como para amortiguar la embestida judicial contra el titular de la AFA. De hecho, la llegada al ministerio de Justicia de Juan Bautista Mahiques, por obra de la propia Karina, respondió a un mensaje de tregua con Tapia.

    El pacto de Karina con Mahiques y la AFA se selló cuando el ministro consiguió la fuente de los audios de Diego Spagnuolo que revelaron un entramado de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), que se publicaron en exclusiva en Carnaval Stream, el canal asociado a Pablo Toviggino, tesorero de la AFA y mano derecha de Tapia.

    Juan Bautista Mahiques

    El mensaje de paz no fue sólo simbólico: se vio reflejado en la ralentización del curso de las causas que el año pasado avanzaban contra la AFA. Como anticipó LPO, Mahiques prepara el bordado final de la protección judicial para Tapia y Toviggino en el fuero comercial local, por la denuncia de Guillermo Tofoni.

    Tofoni, como contrapartida, podría quedar complicado en la Justicia de Estados Unidos por filtrarle a la prensa la información que obtuvo mediante un pedido de discovery (apertura de prueba) en la Justicia estadounidense. Ese discovery le permitió acceder a documentación que, según denunció Tofoni, revela que de unos 300 millones de dólares recaudados por TourProdEnter, la empresa de Javier Faroni, cerca de 40 millones fueron transferidos a empresas sin actividad real.

    Más allá de la muñeca de Mahiques, la situación judicial de Tapia y Toviggino tiene también su capítulo en Estados Unidos. Tres días después del Mundial, la AFA debió salir a negar que el FBI le haya incautado teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos a Tapia. Pero el Chiqui cambió el número de teléfono desde entonces.

     

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