El Gobierno de Río Negro dispuso la obligatoriedad desde el lunes 13 próximo del uso de protectores faciales de distinto tipo, incluidos los de fabricación personal (denominados «tapaboca»), a todas las personas que circulen en la vía pública.
La medida, dispuesta por decreto de la gobernadora Arabela Carreras, se fundamenta en la necesidad de reforzar las medidas preventivas y de salubridad general mientras dure el estado de emergencia sanitaria por la pandemia de COVID-19. Los Municipios podrán controlar el cumplimiento de esta norma y establecer las sanciones correspondientes.
La normativa establece además el uso obligatorio de estos protectores faciales en las dependencias públicas, oficinas privadas, y locales comerciales que impliquen atención al público y que se encuentren incluidos en las excepciones previstas en el Artículo 6° del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 297/20 del Poder Ejecutivo Nacional.
En tanto, el decreto provincial establece que mientras dure el estado de emergencia sanitaria, los locales comerciales de Río Negro deberán impedir el acceso a quienes no cuenten con estos elementos de protección, bajo apercibimiento de aplicación de sanciones.
La decreto firmado hoy por la gobernadora Arabela Carreras quedó establecido que la utilización de barbijos profesionales tricapa de tela antibacterial hidrorepelente, con o sin filtro respirador; en cualquiera de sus marcas y modalidades aprobadas por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), quedará reservada al uso exclusivo de los sectores asistenciales críticos. Están incluidos en esta categoría al sector de salud, de seguridad, defensa civil y de protección ciudadana, y todos aquellos que eventualmente se consideren como tales. La utilización de estos insumos de protección se realizará de acuerdo a los protocolos sanitarios dispuestos por el Ministerio de Salud.
A los fines de asegurar la provisión de barbijos en sus distintos tipos para uso de los sectores asistenciales críticos, se dispuso que aquellos fabricantes o distribuidores de la Provincia de Río Negro sólo podrán comercializarlos o distribuirlos por fuera del requerimiento que efectúe el sector público, una vez satisfecha esa demanda esencial y conforme disponga el Ministerio de Salud.
En el decreto, el Poder Ejecutivo Provincial invita a adherir a esta norma a los Municipios de la Provincia de Río Negro, facultando a aquellos que adhieran a implementar los procedimientos pertinentes a los fines de la fiscalización y control y a la fijación, graduación y percepción de las sanciones pertinentes ante dicho incumplimiento
Los conocimientos adquiridos aparecen entonces, no tanto como instrumentos intelectuales al servicio del trabajo y del entendimiento, sino como armas; su totalidad no constituye un tesoro intelectual, una enciclopedia, más bien un arsenal, un depósito de municiones (de proyectiles inteligentes) Peter Sloterdijk Reseteados para aprender pero poco para desaprender… En consecuencia, podemos preguntarnos: ¿Qué…
La Dirección de Turismo de la Municipalidad de Villa Regina trabaja sobre distintos enfoques para que la ciudad sea un destino emergente inteligente, seguro y accesible para fomentar el turismo de Cercanía en vista de la recuperación del sector. En este marco, la Red Argentina de Destinos Turísticos Inteligentes lanzó el autodiagnóstico asistido, una herramienta…
El gobierno tomó nota de la resistencia de los gobernadores reunidos en la cumbre del Norte Grande a la eliminación de las PASO y ahora evalúa patear el tema para fin de año. «No estamos apuradísimos», dijo un diputado libertario este viernes, y explicó que la supresión de las primarias formaría parte de una negociación y un diálogo «más amplios», que incluyen el recorte de Zonas Frías y la compensación a través de Zonas Cálidas.
La definición se empezó a barajar después del viaje que hizo Diego Santilli a Posadas el miércoles pasado. Allí el jefe de Gabinete pudo discutir de forma reservada con los jefes territoriales sobre la necesidad que tienen las provincias de contar con «garantías» de la sanción del subsidio por el uso intensivo de energía eléctrica a cambio de apoyar la ley de Medidas Energéticas, una iniciativa del oficialismo para reducir el dinero que se destina a los hogares con consumos más altos de gas para calefaccionar en invierno.
En Casa Rosada, están convencidos que contarán con los votos para Zonas Frías y la eliminación de las PASO, aunque los aliados del Senado lo pongan en duda, tal como informó LPO. Incluso, uno de los gobernadores que tuvo un mano a mano con Santilli le planteó que no podían discutir los proyectos «en el aire», sin contemplar lo que sucedería con las primarias y el calendario electoral, y el Jefe de Gabinete respondió que llevaría su mensaje a Lule Menem.
Ambos funcionarios, Santilli y el subsecretario de la Presidencia, están llevando la conversación con los gobernadores que no apoyan, a priori, ni la eventual candidatura de Javier Milei ni la de los posibles candidatos del peronismo.
Por eso, aceleraron las charlas Sergio Massa, José Mayans, Germán Martínez, Máximo Kirchner, Axel Kicillof y los cuatro gobernadores de UP para blindar la defensa de las PASO, en una reunión de tres horas que mantuvieron el último martes, como publicó LPO. «La prioridad del gobierno es eliminar las primarias para garantizar la reelección de Milei», concluyeron dos de los dirigentes que participaron de esa conversación.
En la Casa Rosada, están convencidos que contarán con los votos para Zonas Frías y la eliminación de las PASO, aunque los aliados del Senado lo pongan en duda.
En efecto, tanto en Balcarce 50 como en los despachos más influyentes del oficialismo en el Congreso están convencidos que «Milei reelige». «Gana en primera vuelta, ya quedó demostrado que el peso de los gobernadores en una elección nacional es nulo y ahora vamos con el ancho de espadas», comentó un diputado de LLA sin contemplar el deterioro de su imagen en todas las encuestas por los efectos del hundimiento de la actividad productiva y el consumo.
El gobierno pretende que la derrota parlamentaria que implicó tener que sacar del proyecto de Inviolabilidad Privada los capítulos de extranjerización de la tierra y manejo del fuego no habrían sido tan hondos. «No perdimos, sacamos la media sanción pero nos ganaron la parada ante la gente porque no se explicó la ley, fallamos en la comunicación», dijo un legislador libertario, y agregó: «cuando tenés el dictamen, tenés que ir rápido al recinto para aprobar la ley».
Ese argumento es el que usó Martín Menem en la última reunión de mesa política contra Patricia Bullrich, a quien quiso colgarle la responsabilidad por el batacazo opositor contra el proyecto de Federico Sturzenegger. La jefa de la bancada en la cámara alta retrucó que no pudieron ir antes al recinto «por Manuel Adorni», en referencia al escándalo judicial alrededor del ex jefe de Gabinete.
Las dificultades para el oficialismo son acaso insondables. Por eso, los diputados libertarios deslizan que «hasta el 26 de agosto no se toca el tema de propiedad privada» y se entusiasman con la chance de darle antes la media sanción a los proyectos de Inocencia Fiscal II y la reforma de la Carta Orgánica del BCRA.
Treinta y ocho personas murieron y 2.635 fueron diagnosticadas con coronavirus en las últimas 24 horas en la Argentina -la mayor cifra de casos positivos en una jornada-, con lo que suman 1.116 los fallecidos y 49.851 los contagiados desde el inicio de la pandemia, informó hoy el Ministerio de Salud de la Nación. A…
El Gobierno nacional modificó por Decreto de Necesidad y Urgencia la Ley de Migraciones e incorporó nuevas causales para impedir el ingreso, cancelar residencias y expulsar extranjeros del país. Bajo el argumento de combatir los «mensajes de odio» contra los argentinos y proteger los símbolos patrios, el DNU 681/2026 introduce conceptos amplios cuya interpretación queda en manos del Estado, abriendo interrogantes sobre sus alcances y el impacto que podría tener sobre la libertad de expresión y los derechos de la población migrante.
Por Ignacio Álvez Alcorta para NLI
El Gobierno amplía las causales para impedir el ingreso y expulsar extranjeros
Con el DNU 681/2026, publicado este jueves en el Boletín Oficial, el gobierno de Milei volvió a modificar la Ley de Migraciones Nº 25.871 mediante un decreto de necesidad y urgencia, profundizando el endurecimiento de la política migratoria iniciado meses atrás. La norma incorpora un nuevo inciso al artículo 29 de la ley, que establece las causales para impedir el ingreso al país, y otro al artículo 62, referido a la cancelación de residencias ya otorgadas. A partir de ahora, podrán rechazarse solicitudes de ingreso o dejar sin efecto residencias cuando el Estado considere que un extranjero incurrió en determinadas conductas vinculadas con discursos de odio o actos contra los símbolos nacionales.
El nuevo texto establece que no podrán ingresar ni permanecer en la Argentina quienes hayan dirigido mensajes de odio en forma oral o escrita, quienes inciten a la violencia contra el pueblo argentino o contra un ciudadano argentino por motivos de nacionalidad, quienes participen en actos de ultraje contra los símbolos patrios nacionales o quienes inciten a cometer cualquiera de esas acciones. Paralelamente, el decreto modifica el artículo 63 para establecer que la cancelación de la residencia por estas nuevas causales podrá derivar en la obligación de abandonar el país o directamente en la expulsión, según determine la autoridad migratoria.
Conceptos abiertos que dejan amplios márgenes de interpretación
Aunque el decreto incorpora una cláusula que aclara que no podrán considerarse comprendidas las expresiones de disenso ideológico ni la crítica política, académica o ciudadana, la redacción deja numerosos interrogantes abiertos que probablemente terminarán siendo objeto de discusión judicial.
El primero de ellos es que la norma no define qué constituye exactamente un «mensaje de odio». No se establecen parámetros objetivos ni se remite a una tipificación penal específica. Tampoco se determina qué características debe reunir una manifestación para ser considerada incitación a la violencia contra los argentinos. Esa ausencia de definiciones deja un margen de interpretación muy amplio para la Dirección Nacional de Migraciones y, eventualmente, para los tribunales.
Otro aspecto que permanece en una verdadera nebulosa jurídica es el concepto de «ultraje a los símbolos patrios». El decreto no enumera conductas concretas ni explica si el ultraje debe encontrarse previamente acreditado mediante una sentencia judicial o si bastará con una valoración administrativa. No queda claro, por ejemplo, si una intervención artística, una protesta pública, una performance, la quema de una bandera o una publicación en redes sociales podrían ser consideradas comprendidas dentro de esa figura, ya que el texto evita cualquier precisión.
La misma incertidumbre aparece respecto de la prueba. El DNU no explica quién determinará que una persona emitió mensajes de odio ni cuál será el estándar probatorio exigido. Tampoco establece si será necesaria una condena penal previa, una resolución judicial, un expediente administrativo o simplemente informes elaborados por organismos estatales. En consecuencia, queda abierta la discusión sobre cuáles serán las garantías de defensa para los extranjeros alcanzados por la medida.
Entre la libertad de expresión y las facultades discrecionales del Estado
El propio decreto intenta anticiparse a esas objeciones al sostener que la medida no afecta la libertad de expresión, ya que excluye expresamente el disenso ideológico y la crítica política. Sin embargo, la delimitación entre una crítica protegida constitucionalmente y un supuesto mensaje de odio aparece como uno de los puntos más delicados de toda la reforma.
La dificultad radica en que la decisión sobre dónde termina una opinión política y dónde comienza una conducta que habilite la expulsión quedará inicialmente en manos de la administración pública. Esa amplitud interpretativa podría derivar en cuestionamientos sobre el alcance de las facultades discrecionales del Estado y sobre el respeto de los principios de legalidad y seguridad jurídica.
A ello se suma que la norma tampoco distingue si los hechos deben haber ocurrido dentro del territorio argentino o en el extranjero. La redacción permitiría, en principio, considerar publicaciones realizadas fuera del país o manifestaciones efectuadas años antes del ingreso, sin que el decreto establezca límites temporales ni criterios para valorar la gravedad de cada caso.
Una nueva vuelta de tuerca en la política migratoria de Milei
La modificación se inscribe dentro del endurecimiento de la política migratoria impulsada por la administración libertaria durante el último año. Desde la llegada de Milei a la Casa Rosada, el Ejecutivo avanzó mediante distintos decretos sobre el régimen migratorio, restringiendo derechos y ampliando las facultades de la Dirección Nacional de Migraciones, una estrategia que ya generó presentaciones judiciales y cuestionamientos por parte de organismos especializados en derechos humanos y asociaciones de migrantes.
Con el DNU 681/2026, el Gobierno vuelve a recurrir al mecanismo del decreto para introducir modificaciones en una ley sancionada por el Congreso. Más allá del argumento oficial de proteger a los argentinos frente a expresiones violentas o discriminatorias, la incorporación de conceptos jurídicos abiertos y la ausencia de precisiones sobre su aplicación concreta anticipan un escenario de fuerte debate constitucional. El verdadero alcance de estas nuevas facultades dependerá, probablemente, de cómo las aplique la autoridad migratoria y de las decisiones que adopten los tribunales cuando comiencen a llegar los primeros casos.
El Intendente Marcelo Orazi participó este martes de la entrega de insumos a establecimientos educativos de la ciudad que fueron adquiridos a partir del convenio que la Municipalidad firmó con el Ministerio de Educación y Derechos Humanos de Río Negro. En este caso, la Escuela Primaria N° 257 y la Escuela N° 143 recibieron una…
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