El Gobierno de Río Negro dispuso la obligatoriedad desde el lunes 13 próximo del uso de protectores faciales de distinto tipo, incluidos los de fabricación personal (denominados «tapaboca»), a todas las personas que circulen en la vía pública.
La medida, dispuesta por decreto de la gobernadora Arabela Carreras, se fundamenta en la necesidad de reforzar las medidas preventivas y de salubridad general mientras dure el estado de emergencia sanitaria por la pandemia de COVID-19. Los Municipios podrán controlar el cumplimiento de esta norma y establecer las sanciones correspondientes.
La normativa establece además el uso obligatorio de estos protectores faciales en las dependencias públicas, oficinas privadas, y locales comerciales que impliquen atención al público y que se encuentren incluidos en las excepciones previstas en el Artículo 6° del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 297/20 del Poder Ejecutivo Nacional.
En tanto, el decreto provincial establece que mientras dure el estado de emergencia sanitaria, los locales comerciales de Río Negro deberán impedir el acceso a quienes no cuenten con estos elementos de protección, bajo apercibimiento de aplicación de sanciones.
La decreto firmado hoy por la gobernadora Arabela Carreras quedó establecido que la utilización de barbijos profesionales tricapa de tela antibacterial hidrorepelente, con o sin filtro respirador; en cualquiera de sus marcas y modalidades aprobadas por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), quedará reservada al uso exclusivo de los sectores asistenciales críticos. Están incluidos en esta categoría al sector de salud, de seguridad, defensa civil y de protección ciudadana, y todos aquellos que eventualmente se consideren como tales. La utilización de estos insumos de protección se realizará de acuerdo a los protocolos sanitarios dispuestos por el Ministerio de Salud.
A los fines de asegurar la provisión de barbijos en sus distintos tipos para uso de los sectores asistenciales críticos, se dispuso que aquellos fabricantes o distribuidores de la Provincia de Río Negro sólo podrán comercializarlos o distribuirlos por fuera del requerimiento que efectúe el sector público, una vez satisfecha esa demanda esencial y conforme disponga el Ministerio de Salud.
En el decreto, el Poder Ejecutivo Provincial invita a adherir a esta norma a los Municipios de la Provincia de Río Negro, facultando a aquellos que adhieran a implementar los procedimientos pertinentes a los fines de la fiscalización y control y a la fijación, graduación y percepción de las sanciones pertinentes ante dicho incumplimiento
Fotos: Colectivo Tríada: Juan Valeiro, Lucía Prieto y Tadeo Bourbon.
¿Quién ganó ayer? ¿Qué se ganó? Si el héroe argentino por excelencia es el héroe colectivo, como nos contó Oesterheld en El Eternauta, el movimiento que volteó los capítulos más dañinos del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada debería sentirse triunfante. ¿Pero alcanza esa fuerza social que incidió desde las redes primero y en las calles después para hablar de un movimiento? Difícil.
¿Quién fue? ¿Qué cosa fue? ¿Una suerte de envión popular resensibilizado con la deriva del país que logró organizarse contra la avanzada extranjerizante? ¿O es algo más? Sea lo que fuera, el efecto fue potente. ¿Cómo se organiza esa potencia para que siga incidiendo el día después?
Los libertarios -que quieren garantizarle al capital extranjero el acceso a nuestras tierras y a los recursos naturales- dieron media sanción a un proyecto, pero no el que querían. Ganaron, pero se sienten derrotados. Una victoria pírrica. En una disputa abierta, porque el proyecto sigue siendo dañino en materia de desalojos y de las posibilidades que le quita al Estado para accionar sobre el territorio. Pronto se discutirá en Diputados.
Lo que vivimos en las últimas horas en Argentina fue nuevo. Una campaña masiva y transversal – trans-política y trans-ideológica, unida por el lema tan genérico, potente y emocionante de #laPatriaNoSeVende- logró presionar al Congreso. La rosca habilitó el giro de legisladores de Misiones, Tucumán y la Patagonia que torcieron la historia. Antes de la sesión y del desborde callejero, lograron sacar del proyecto el articulado que afectaba la Ley de Tierras. Luego, ya con la gente enfrentando a la policía en las calles, pudieron defender la Ley de Manejo del Fuego. Lo que vivimos ayer también fue nuevo por la modalidad de represión. Y por las preguntas con las que amanecimos hoy. En Anfibia pensamos juntos y anotamos cuatro cosas que aprendimos en estas horas.
Sobre la represión
Plaza del Congreso, 6 de agosto, seis de la tarde, bar esquinero de Mitre y Avenida Callao. Nuestro compañero Marcelo Moretti, cronista anfibio que cubre la movilización, entra corriendo al bar para refugiarse de los gases lacrimógenos. Pronto todos tienen que evacuar: el humo empieza a entrar por debajo de la puerta. Desde los camiones hidrantes, la policía rociaba las ventanas para evitar que los que estaban adentro pudieran filmar. La cacería empezó media hora antes. Marcelo corre de vuelta a la calle, se aleja por Mitre hacia Riobamba, escapa de la policía. En la esquina cruza a un amigo que venía en sentido contrario:
–No sigas para allá, están disparando. Vengo de la boca del lobo.
–No. ¡ Yo vengo de la boca del lobo!
Del otro lado, una barrera de motos lista para salir a cazar y policías con las itacas remontadas. Hay más seguridad que de costumbre, vienen de todos lados. No hay una salida clara, como en otras marchas. Marcelo y su amigo se quedan juntos. Escapan zigzagueando entre la avalancha por las calles laterales mientras los cordones policiales siguen expandiéndose para barrer hacia los márgenes de la Plaza Congreso, escupirlos a hacia Balvanera y Monserrat. La violencia policial de ayer fue diferente, más amplia que otras, más larga. El ritmo fue otro: el ataque persistente y la cacería, por un lado, y la voluntad de los cansados que se quedaron horas avanzando y retrocediendo en masa, por el otro. La gente no se dispersaba a pesar de la amenaza. Resistía. En las redes se viralizaban en tiempo real videos y testimonios desesperados: los gases y los hidrantes, la infantería tomando calle Corrientes, la persecución de las motos en las calles aledañas.
La coreografía de la represión y el aguante se extendió hasta la noche y terminó con 1500 heridos y 29 detenidos: ocho por la policía de la Ciudad y 21 por la federal, a disposición de la justicia de CABA. Victoria Darridou, del equipo de Justicia y Seguridad del CELS, dio un dato escalofriante en Futurock: “Toda la intervención de ayer fue ilegal. Un disparo de bala de goma no puede ir a la cara, un gas no se puede tirar a 10 centímetros de una persona”. Queda la pregunta de cuánto más se puede encender la calle. Porque el gobierno avanzará en su plan. Florencia Gómez, coautora de la Ley de Tierras, le dijo anoche a Anfibia después de la votación: “La ciudadanía entera, sin importar la mera política, le mostramos al mundo que tenemos consciencia de lo colectivo, de lo nuestro. Y que defender la patria vale la pena. Nos queda ahora seguir luchando para que no se aprueben los desalojos exprés, expropiaciones y el super RIGI. Nos quieren callados y quietos. No lo van a lograr”.
Sobre el sentimiento nacional
Algo cambió en la calle y en el sentimiento popular. No necesariamente para bien ni políticamente productivo. Crece la resistencia, que no es poco. En las últimas semanas ha tomado voz y cuerpo un nosotros mayor, que se desliza y escapa de la polarización entre libertarios y kirchneristas, manifestándose unido bajo la narrativa común en defensa del territorio nacional frente a la extranjerización. Convergen en esta trama distintos factores que son combustible para la reacción en las redes y en la calle: la bandera malvinera en el mundial, el cansancio de los cuerpos a los que se les agota la narrativa del esfuerzo, el discurso del gobierno que no afloja la crueldad y les soltó abiertamente la mano a las mayorías endeudadas diciendo que son acuerdos entre privados y ahora sí sálvese quién pueda.
La consigna de La Patria No Se Vende es un paraguas lo suficientemente amplio para articular malestares y demandas muy diversas, entre los opositores de siempre, los desilusionados con las promesas de libertad, los apolíticos y los escépticos. Y como ocurre con todas las movilizaciones donde unos ponen el cuerpo y otros miran, los que habitualmente asisten al drama como espectadores empiezan a sintonizar bajo los pesares comunes, a hacerse cargo de su propio hartazgo y formar parte de ese nosotros heterogéneo y agitado. Que se agranda. Y que aunque por ahora sigue huérfano de liderazgo político, es capaz de producir efectos políticos, como la doble amputación de los artículos más dañinos del proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada.
Sobre la crisis de representatividad
Frente al malestar generalizado de las calles, en el palacio la oposición política está dramáticamente fragmentada. José Mayans pidió en Gelatina que Axel y Máximo “se dejen de romper las pelotas”. Juliana Di Tullio dijo en El Destape que la discusión la tiene podrida. El peronismo se autofagocita en la interna. En el Congreso nadie parece reunir una representación capaz de expresar la voluntad popular que se agita en la calle.
Si la fuerza del proyecto libertario con sus reformas legislativas salvajes y aparentemente imparables encontró su límite en el sentimiento nacional – algo de lo que el mileísmo no se puede apropiar como bandera, el sentimiento nacional encuentra su límite en la falta de representatividad política. Tarde o temprano lo que se expresa en las redes y en las calles necesita encauzarse en los canales institucionales de representación ciudadana, legislación y gestión y de lo común. Hasta aquí, todo eso aún parece estar lejos.
Sobre la trampa de diciembre
Ante cada marcha que parece más grande o novedosa que la anterior, se dispara un reflejo: la comparación con 2001. Hay una fantasía entre los opositores de siempre acerca de la movilización popular como vía posible para hacer tambalear al gobierno lo suficiente como para que caiga o se debilite hasta que algo mejor lo reemplace. Pero ese horizonte es una trampa. En 2001 la Argentina era otra, el mundo era otro.
En 2001 se movilizaban las nuevas organizaciones sociales, piqueteros y excluidos del mercado de trabajo, víctimas del ajuste menemista, hijos de desaparecidos, la democracia seguía siendo nueva. En 2026 los actores son otros -los endeudados, los desempleados, los pluriempleados, los desclasados- mientras que nuestra democracia tiene ya suficientes años y decepciones acumuladas para los más jóvenes, que no conocen pasados más oscuros.
Y sin embargo, Milei, sus jefes y sus adláteres encuentran ahora un límite. Pero los intereses que los empujan y los personajes que dictan las leyes que intentan hacer pasar, son fuertes. La potencia virtual y callejera que se enfrenta al proyecto libertario para defender la tierra, para evitar que se venda la patria, sigue necesitando una representación política institucional capaz de articular las demandas y un proyecto común que enfrente al proyecto individualista y deshumanizante de los libertarios. Hasta que eso suceda, el loop puede seguir. Y más: se pueden seguir profundizando las desigualdades y la violencia. Más cerca que el 2001 están los otros países latinoamericanos contemporáneos donde las calles revueltas y la inestabilidad política han sido largas y no se han resuelto, atravesados por la melancolía de lo que nunca más volverán a ser. Basta con pensar en Perú, en Ecuador o en el Chile de la última década.
El horizonte es incierto. La pelea será larga. No sabemos cuánto va a durar ni cuánto va a costarnos esa resistencia. Quizás no termine nunca, pero si nos encuentre en tiempos más prósperos y felices. Pero después de esta semana tenemos una buena noticia. Sabemos que, como en El Eternauta, frente a la invasión extranjerizante, la Argentina es su propio héroe colectivo. Y resiste.
El Intendente Marcelo Orazi encabezó esta mañana la presentación de las actividades deportivas, culturales y turísticas que se realizarán en el marco de ‘Vendimia Celebra 2021’. Estuvo acompañado por el Secretario de Gobierno Guillermo Carricavur, la Directora de Turismo Katerina Iogna, la Directora de Cultura Silvia Alvarado y el Director de Deportes Damián Álvarez. “Es…
La reforma impulsada por el Gobierno nacional presenta al practicaje como un servicio costoso que debe abrirse a la competencia. Sin embargo, detrás de esa definición existe una profesión altamente especializada, indispensable para el funcionamiento de los puertos de todo el mundo y cuya desregulación genera preocupación entre especialistas en navegación. Cómo opera realmente el sistema, por qué ningún capitán puede reemplazar fácilmente a un práctico y qué riesgos plantea el Decreto 690/2026 para el principal complejo exportador argentino.
Por Tomás Palazzo para NLI
Durante los últimos días, millones de argentinos escucharon por primera vez hablar de los prácticos de puerto. El conflicto desatado tras la publicación del Decreto 690/2026, impulsado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, derivó en una medida de fuerza que paralizó el ingreso y la salida de buques en buena parte del sistema portuario nacional. Sin embargo, la cobertura mediática se concentró casi exclusivamente en el enfrentamiento entre el Gobierno y los profesionales del sector, dejando de lado una pregunta mucho más importante: ¿qué hace realmente un práctico y por qué prácticamente todos los países marítimos del mundo consideran indispensable su trabajo? La respuesta permite comprender que la discusión excede ampliamente una cuestión gremial o tarifaria y se introduce en un terreno mucho más sensible: la seguridad de la navegación, la protección ambiental y el funcionamiento del comercio exterior de un país cuya economía depende, en gran medida, de las exportaciones que salen por la Hidrovía Paraná-Paraguay.
La lógica con la que el Gobierno abordó esta reforma no es nueva. Desde su llegada al poder, Milei y Sturzenegger vienen impulsando una profunda desregulación de múltiples actividades bajo una misma premisa: cuando existen pocos oferentes, la competencia es insuficiente y los precios son elevados, el Estado debe eliminar restricciones para permitir el ingreso de nuevos actores. Esa mirada puede resultar razonable cuando se trata de mercados comerciales tradicionales. Sin embargo, comienza a mostrar importantes limitaciones cuando se traslada mecánicamente a actividades cuya principal función no es competir por precio sino minimizar riesgos que pueden generar consecuencias económicas, humanas y ambientales de enorme magnitud. El practicaje pertenece precisamente a esa categoría.
Cuando navegar se hace difícil
Para comprender la dimensión del problema conviene imaginar el recorrido que realiza un buque cerealero que parte desde China o Europa con destino al complejo agroexportador del Gran Rosario. Luego de atravesar océanos durante varias semanas, la embarcación arriba al Río de la Plata y debe internarse en uno de los sistemas fluviales más complejos del planeta. A diferencia de lo que ocurre en alta mar, donde los grandes buques disponen de enormes márgenes para maniobrar, los canales navegables argentinos presentan profundidades limitadas, curvas pronunciadas, bancos de arena que cambian constantemente, fuertes corrientes, variaciones provocadas por crecientes o bajantes extraordinarias y un intenso tráfico de otras embarcaciones comerciales. Navegar por ese corredor exige un conocimiento extremadamente específico que ningún capitán extranjero puede adquirir durante un viaje ocasional.
Es justamente allí donde aparece la figura del práctico. Contrariamente a la imagen simplificada que suele difundirse, no se trata de un acompañante ni de un asesor administrativo. El práctico es un capitán de ultramar especialmente habilitado para conducir técnicamente la navegación dentro de una jurisdicción determinada, aportando un conocimiento local que no figura en ninguna carta náutica ni puede ser reemplazado por la tecnología satelital. Su trabajo comienza incluso antes de subir al barco. Debe analizar el estado del río, la profundidad disponible, el tránsito existente, las condiciones meteorológicas, el comportamiento de los remolcadores y la situación operativa del puerto de destino. Una vez a bordo, coordina cada maniobra junto al capitán, indicando velocidades, puntos de giro, utilización de remolcadores, cruces con otros buques y márgenes de seguridad para evitar encallamientos o colisiones.
En términos jurídicos, el capitán nunca deja de ser la máxima autoridad del barco. Sin embargo, en la práctica sigue las indicaciones del práctico porque sabe que ese profesional posee un conocimiento imposible de improvisar. La experiencia internacional demuestra que un capitán puede haber navegado durante treinta años por todos los océanos del mundo y, aun así, desconocer completamente las particularidades de un canal determinado. Los ríos cambian permanentemente. Una creciente puede modificar un banco de arena en cuestión de días; una bajante histórica puede alterar profundidades que durante años fueron seguras; una obra de dragado puede generar nuevas condiciones de navegación. Ese conocimiento dinámico sólo puede obtenerse mediante años de trabajo cotidiano en una misma zona.
Esta característica explica también por qué el acceso a la profesión está tan regulado en todo el mundo. Para convertirse en práctico no alcanza con obtener un título universitario ni con aprobar un examen teórico. El aspirante debe haber desarrollado previamente una extensa carrera como oficial y capitán de buques de gran porte, acreditar miles de horas efectivas de navegación, superar exigentes evaluaciones técnicas y realizar un prolongado período de entrenamiento específico sobre la jurisdicción donde pretende trabajar. Cada habilitación corresponde exclusivamente a una zona determinada. Un práctico autorizado para operar en Bahía Blanca no puede trasladarse automáticamente a Rosario. Del mismo modo, quien conoce cada recodo del Paraná no necesariamente está capacitado para ingresar a Ushuaia o al puerto de Buenos Aires. La profesión se construye sobre el conocimiento local acumulado durante años y no sobre una licencia genérica para navegar.
Este aspecto suele ser omitido cuando se habla de «abrir el mercado». La discusión no gira alrededor de una matrícula que el Estado entrega arbitrariamente a un grupo reducido de personas. Lo que limita naturalmente el número de prácticos es la enorme cantidad de años de formación necesarios para alcanzar el nivel de experiencia requerido. No existe una universidad que gradúe prácticos en cuatro o cinco años. La profesión constituye el último escalón de una carrera marítima extremadamente extensa, donde la experiencia vale tanto como el conocimiento académico.
Un poco de Historia
La propia historia de la navegación ayuda a comprender por qué esta función sobrevivió prácticamente intacta durante siglos. Desde la Antigua Grecia y el Imperio Romano existían navegantes especializados en conducir embarcaciones hacia puertos peligrosos o atravesar estrechos particularmente complejos. Con el desarrollo del comercio internacional, esa práctica fue institucionalizándose hasta transformarse en una profesión reconocida por todos los Estados marítimos modernos. Hoy, la Organización Marítima Internacional considera al practicaje uno de los componentes esenciales de la seguridad de la navegación, aunque deja la regulación concreta en manos de cada país. Lejos de desaparecer por efecto de la tecnología, el practicaje ganó importancia a medida que crecieron las dimensiones de los buques y aumentó el volumen del comercio mundial.
Qué sucede en el mundo
Por esa razón resulta llamativo que la discusión pública argentina haya sido presentada como si el practicaje constituyera una rareza corporativa propia del país. En realidad, ocurre exactamente lo contrario. Estados Unidos mantiene uno de los sistemas de practicaje más estrictamente regulados del planeta, administrado por cada Estado bajo supervisión de la Guardia Costera. Canadá organiza el servicio mediante corporaciones públicas regionales. Reino Unido delega la administración en autoridades portuarias especialmente habilitadas. Países Bajos, Alemania, Francia, España, Bélgica, Japón, Singapur, Corea del Sur, Australia, Brasil y Uruguay también exigen la presencia obligatoria de prácticos locales para la mayoría de los grandes buques que ingresan a sus puertos. Cambian los modelos administrativos, los mecanismos de contratación y las formas de fijar honorarios, pero prácticamente ningún país desarrollado considera que la navegación en zonas críticas pueda quedar librada exclusivamente a la lógica del mercado.
El desconocimiento de Sturzenegger
El Decreto 690/2026 modifica profundamente ese esquema en la Argentina. Bajo el argumento de reducir costos logísticos y fomentar la competencia, elimina diversas restricciones para el acceso a la actividad, habilita un registro abierto, modifica el sistema tarifario, permite nuevas modalidades de contratación y flexibiliza determinados supuestos en los que algunos capitanes podrían quedar exceptuados de contratar un práctico. Para el Gobierno, estas medidas terminarán con un sistema que considera cerrado y excesivamente costoso para el comercio exterior. Desde la perspectiva oficial, el practicaje constituye un servicio económico que debe funcionar bajo las mismas reglas de competencia que cualquier otro mercado.
Sin embargo, allí aparece el núcleo de la controversia. Quienes cuestionan la reforma sostienen que el análisis de Sturzenegger parte de una premisa equivocada: considerar al practicaje exclusivamente como un costo logístico. En realidad, afirman, se trata de un sistema de gestión del riesgo. El honorario que percibe un práctico representa una fracción mínima del valor transportado por un buque cerealero o petrolero. En cambio, el costo potencial de un accidente puede ascender a cientos de millones de dólares si un barco bloquea un canal estratégico, produce un derrame de hidrocarburos o interrumpe durante semanas el funcionamiento de la principal vía exportadora del país. La ecuación económica, sostienen los especialistas, no debería medirse únicamente por el precio del servicio sino por el enorme volumen de pérdidas que contribuye a evitar.
La discusión adquiere una dimensión todavía mayor cuando se observa el peso que la Hidrovía tiene sobre la economía argentina. Por ese corredor sale la inmensa mayoría de las exportaciones agroindustriales, principal fuente de ingreso de divisas para el país. Cada demora en la operatoria portuaria repercute sobre contratos internacionales, cronogramas logísticos, costos de flete y disponibilidad de dólares. En otras palabras, el funcionamiento del practicaje no sólo interesa a quienes trabajan en los puertos; constituye una pieza esencial de un sistema del que depende buena parte de la estabilidad económica nacional.
Quizás el aspecto más preocupante del debate sea que la discusión pública terminó reducida a una confrontación entre el Gobierno y un supuesto «privilegio corporativo», sin que prácticamente nadie explicara cuál es la función concreta que cumplen estos profesionales. Cuando una actividad permanece invisible durante décadas suele ser porque funciona correctamente. Recién adquiere notoriedad cuando deja de hacerlo. Eso ocurrió con los prácticos. Millones de argentinos descubrieron su existencia únicamente cuando los puertos comenzaron a paralizarse. Pero la verdadera importancia de esta profesión no reside en la medida de fuerza sino en el hecho de que, durante décadas, permitió que miles de buques ingresaran y salieran de los puertos argentinos sin que la mayoría de la sociedad siquiera advirtiera su presencia.
La reforma impulsada por Federico Sturzenegger plantea, en definitiva, una discusión que excede largamente el practicaje. Lo que está en juego es si todas las actividades pueden analizarse exclusivamente desde la óptica de la competencia y la reducción de costos o si existen funciones estratégicas donde la prioridad debe seguir siendo la seguridad, la experiencia profesional y la protección de intereses nacionales permanentes. La respuesta no sólo definirá el futuro de una profesión centenaria. También permitirá saber hasta dónde puede llegar una política de desregulación cuando se aplica sobre uno de los engranajes más delicados del comercio exterior argentino.
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