EL TORDO NEGRO

Dos días atrás el intendente Marcelo Orazi realizó una publicación en su red personal de facebook donde aclaraba por que no realizaban en Villa Regina fumigaciones en espacios públicos:

Ante algunas consultas relacionadas con la pulverización o fumigación de espacio públicos, veredas o calles, les comento que se nos ha indicado que en estos momentos no es un sistema adecuado, no está comprobada su eficacia y por el contrario se señala que puede generar otro tipo de intoxicaciones respiratorias…

Marcelo Orazi

Al igual que recomendaron  los profesionales locales al intendente reginense, el infectólogo Enrique Raimondo quien integra el comité de crisis de Gral Roca sostuvo en diálogo con Diario Rio Negro que “no hay ningún trabajo científico que diga que hacer pulverizaciones sea efectivo”.

Pese a las recomendaciones, ayer por la tarde-noche la ciudad de Villa Regina, al igual que otras del Alto Valle, fueron fumigadas con agua y lavandina, en tractores y con pulverizadores de productores locales. Un enorme gasto de materiales, insumos, personal y tiempo; para una metodología que los profesionales de la salud  no recomendaban.

La comunicación tampoco fue eficaz (como la acción), si bien la decisión fue conjunta, los bomberos compartieron con medios la noticia antes que el propio municipio, a su vez recorrieron la ciudad anunciando el método pero no la logística. Cuándo, dónde, con qué, proporciones? Eficacia? poder residual?.

La fumigación se dio en los sectores más concurridos, zona céntrica, supermercados más grandes, terminal y hospital. Al momento no se planea hacerlo en toda la ciudad. De volver a realizarse debería certificarse su funcionalidad e informarse medidas y materiales utilizados. Y por favor, no usar maquinaria que haya sido utilizada con agrotóxicos. De eso ya tenemos suficiente, nosotros y nuestro valle.

La publicación del intendente contestaba al cuestionamiento de una parte de la sociedad que exigía la fumigación, (claro) cuarentena y caja boba no suma, los medios mostraron como se utilizaba el método en otras ciudades del país, como CABA y Neuquén.

De este mismo modo, otro sector se expresó hoy en redes poniendo en tela de juicio el accionar confuso del municipio, la contraposición en la acción frente a la recomendación de los que saben y la utilización de dichas pulverizadoras. Tiene más lógica. Los tordos negros que pululan la plaza de los próceres quedaron blancos.

De este lado del monitor, con las persianas bajas y silencio total, para que no despierte #hijode2 y pueda escribir, frente a la tv ¨32 que lleva más tiempo apagada que prendida pienso: confiemos en los profesionales de la salud y estemos a su servicio al igual que al de los dirigentes, la presión va a ser fuerte, los frentes van a ser varios (ojalá que no). Y hay que tener un plan de acción (deseo mucho que lo tengamos), que empiece por respetar la palabra de los que saben, y que quienes lo tengan que desarrollar lo tengan bien estudiado.  

Portada: Germán Busin

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    Milei pierde en Tribunales y deberá pagar más de 5 millones tras su ofensiva contra periodistas

     

    La Justicia volvió a frenar el intento de Milei de perseguir y silenciar a la prensa crítica. Tras el sobreseimiento del periodista Nicolás Lantos, ahora el mandatario deberá pagar más de 5,6 millones de pesos en honorarios. La derrota judicial expone, una vez más, la estrategia oficial de judicializar la disidencia.

    Por Celina Fraticiangi para NLI

    Una derrota judicial que desnuda el método Milei

    La Justicia determinó esta semana que Milei deberá abonar $5.646.480 en concepto de honorarios a los abogados de Nicolás Lantos, periodista de El Destape, a quien había denunciado por “calumnias e injurias” en julio de este año. Lantos fue sobreseído el 9 de octubre, cuando un fallo contundente derribó la acusación presidencial y confirmó que uno de los símbolos señalados en sus artículos estaba efectivamente vinculado al nazismo.

    Se trata de una nueva caída de Milei en Tribunales después de meses de arremetidas contra periodistas críticos. La presentación contra Lantos se daba en el marco de una seguidilla de denuncias cuyo objetivo evidente era censurar y disciplinar al periodismo opositor, una estrategia que Noticias La Insuperable viene registrando y denunciando en distintas coberturas.

    La ofensiva contra Lantos y el discurso extremista

    La denuncia contra Nicolás Lantos surgió a partir de un comentario editorial del 16 de mayo, donde el periodista analizaba la relación entre la retórica de La Libertad Avanza y los discursos de odio de la extrema derecha global. Allí advertía que Milei alimentaba una narrativa que “pone en riesgo la convivencia y los derechos en Argentina”.

    Lantos remarcó la doble vara del mandatario: mientras acusaba a periodistas de difamación, él mismo desplegaba un lenguaje cargado de descalificaciones y referencias simbólicas vinculadas a la ultraderecha. Más tarde, en un artículo posterior, sostuvo que Milei lleva adelante “una estrategia que combina autoritarismo, persecución y manipulación social para consolidar un proyecto profundamente antidemocrático”.

    La Justicia le dio la razón. En la resolución del sobreseimiento se detalló que el símbolo “1488” —cuestionado por Lantos en sus textos— es una referencia numérica de la supremacía blanca, reconocida por organizaciones como La Liga Antidifamación. Esto derribó por completo la denuncia presidencial.

    El ataque sistemático a la prensa crítica

    La ofensiva de Milei no empezó con Lantos. Antes había acusado a Ari Lijalad de violar la IHRA por una nota donde el periodista advertía sobre los peligros de banalizar el Holocausto y promover discursos de odio desde el poder. A las pocas semanas, el Presidente apuntó también contra Jorge Rial, Fabián Doman y Mauro Federico, todos señalados por supuestas “calumnias e injurias”.

    Incluso figuras que no pueden considerarse opositoras, como Viviana Canosa y Carlos Pagni, terminaron alcanzadas por la agresiva cruzada judicial del mandatario.

    El caso Lijalad fue especialmente ilustrativo: el periodista había publicado una columna titulada “Milei, entre el odio a la información y el discurso nazi”, donde advertía que el gobierno impulsa “un proceso de incitación al odio y la violencia contra quienes piensan distinto”. Tanto el juez Daniel Rafecas como la fiscal Paloma Ochoa concluyeron que no existía delito. La fiscal recordó que se trataba de un tema de interés público, lo que otorga una protección reforzada a la labor periodística frente a intentos de censura estatal.

    Un patrón preocupante

    Los reveses judiciales de Milei no detienen su método: acusar, intimidar, perseguir, y luego obligarse a retroceder cuando la Justicia confirma que no hay delito. Pero el daño ya está hecho: se instala el miedo, se fuerza al periodista a defenderse, se busca limitar el debate público.

    La decisión que obliga a Milei a pagar más de 5 millones de pesos es más que una derrota personal: es una advertencia institucional. La Justicia le recordó al Gobierno que la libertad de expresión no se negocia y que el poder político no puede usar los tribunales como arma para disciplinar a quienes investigan, opinan o cuestionan.

    En un país donde la democracia se sostiene sobre la pluralidad de voces, la avanzada judicial del mandatario no es un hecho aislado: es un síntoma de un proyecto que, bajo el relato libertario, avanza sobre derechos básicos. Esta vez no le salió gratis.

     

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