PorMunicipalidad Villa Regina
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La cuarta etapa está en marcha y la semana arranca con mucha expectativa por el ingreso a la provincia de Río Negro. Villa Regina será la primera ciudad en recibirlos.
Se esperan alrededor de dos mil personas entre pilotos, equipos y organización.
Un espectáculo único, que reginenses y fanáticos de toda la zona, podrán apreciar en toda su magnitud a partir del próximo miércoles 23 de Febrero.
Patricia Bullrich empujó al bloque libertario al papelón al cierre de la sesión de este miércoles, cuando todos los bloques votaron una proyecto de resolución de Eduardo Wado De Pedro para declarar el compromiso del Senado con la consigna de «Memoria, Verdad y Justicia» a 50 años del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976.
La jefa del bloque oficialista buscó entorpecer el debate y hasta trató de dejar sin quórum el recinto pero la jugada no le salió y terminó arrastrando a la bancada de LLA a la abstención. La declaración de Wado, cuyos padres fueron secuestrados y desaparecidos por los militares, se aprobó por unanimidad, con 49 votos por la afirmativa y 20 abstenciones del oficialismo.
La iniciativa del senador peronista contaba con las firmas de la cordobesa Alejandra Vigo y el santacruceño José María Carambia. Aunque sus efectos prácticos eran meramente declarativos, su aprobación tiene una potencia simbólica que incomoda a Bullrich y otros dirigentes del gobierno.
El texto de la resolución decía: «El Senado de la Nación declara su compromiso permanente con la Memoria, la Verdad y la Justicia al conmemorarse el 50° aniversario del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976». «Asimismo, reafirma el valor del consenso democrático construido por la sociedad argentina a partir de 1983, expresado en el principio del Nunca Más al terrorismo de Estado, en la continuidad de los juicios de lesa humanidad y en la defensa irrestricta del Estado de Derecho, como bases indispensables de la convivencia pacífica y para que las diferencias políticas sean dirimidas a través del debate público y las instituciones de la democracia», completaba.
Patricia convocó a una sesión para que el peronismo destroce a Adorni
Sin embargo, Joaquín Benegas Lynch intervino en el debate para plantear que la dictadura fue fruto del «terrorismo» y las «organizaciones guerrilleras».
Por eso, Bullrich insistió hasta el final con maniobras para trabar el tratamiento del proyecto. De Pedro accedió a conversar durante la tarde para arribar a un texto consensuado pero, ante la falta de acuerdo, el interbloque de José Mayans propuso que se votara la parte resolutiva de la declaración sin la incorporación de los fundamentos, que suelen estar imbuidos de consideraciones políticas sin inhibiciones ideológicas.
Bartolomé Abdala.
A las 18:40, la jefa de bloque oficialista leyó un texto que le pasaron por WhatsApp, para contraponer al del kirchnerismo. En su pieza, se borraba la referencia a la consigna que defienden los organismos de derechos humanos sobre la memoria, la verdad y la justicia y se incorporaba la «condena a cualquier tipo de violencia», algo que para la jurisprudencia argentina roza la equiparación entre los crímenes de Estado y la violencia de organizaciones guerrilleras.
De hecho, Bullrich apeló a su usuario en la red social X para quejarse después de la sesión. «El kirchnerismo se adueñó durante décadas de los DDHH para convertirlos en un negocio político. Impuso un relato, persiguió al que pensaba distinto y adoctrinó a toda una generación. Hoy repitieron lo mismo con una declaración sesgada y excluyente en el Senado de la Nación. La Libertad Avanza propuso algo distinto: una mirada completa, sin relato y sin grieta», tipeó.
De Pedro se plantó y le pidió a Bullrich que informe el número del proyecto que ella quería votar, exponiéndola a que asumiera que no tenía expediente presentado y que solo leía una declaración que le habían hecho llegar a través de un grupito de WhatsApp.
Además, aseguró que «se terminó el monopolio de la memoria». «La historia es completa o no es», afirmó.
Su frustración ya había empezado a percibirse durante la discusión, cuando tuvo que pedir un cuarto intermedio al presidente provisional de la cámara, Bartolomé Abdala, para ver si llegaba a elaborar un proyecto. Bullrich había querido hallar un atajo antirreglamentario que el puntano Abdala no sabía cómo impedir, en medio de los gritos del peronismo, para que se sometiera a votación el proyecto de De Pedro y, si no reunía suficientes voluntades, se aprobara su propuesta.
El kirchnerismo se adueñó durante décadas de los DDHH para convertirlos en un negocio político. Impuso un relato, persiguió al que pensaba distinto y adoctrinó a toda una generación.Hoy repitieron lo mismo con una declaración sesgada y excluyente en el Senado de la Nación. La… pic.twitter.com/yZuautJTrQ
— Patricia Bullrich (@PatoBullrich) March 18, 2026
Pero eso tampoco prosperó. De Pedro se plantó y le pidió a Bullrich que informe el número del proyecto que ella quería votar, exponiéndola a que asumiera que no tenía expediente presentado y que solo leía una declaración que le habían hecho llegar a través de un grupito de WhatsApp. «Deme un cuarto intermedio, deme tiempo para que pueda presentarlo», dijo la senadora con gesto burlón que incluyó hasta un guiño de ojo.
La discusión por un simple proyecto de resolución acaso esconde un debate subterráneo en el gobierno, que se reaviva cada año en las cercanías del 24 de marzo: el indulto a los represores condenados por lesa humanidad.
Una altísima fuente de LLA le explicó a LPO que, aún cuando no se conozca nada más que rumores al respecto, una gestión de ese tipo estaría reñida con la legalidad. «El kirchnerismo sentó jurisprudencia y ahora no se puede indultar en lesa humanidad, como indultó (Carlos) Menem en los 90′», argumentó.
La Dirección de Tránsito y Protección Civil de la Municipalidad de Villa Regina estará presente hoy y mañana en el ‘Pedaleando por un sueño’ con una globa en la cual se llevarán a cabo distintas actividades de Educación Vial. También se sortearán seis cascos de motocicleta y seis cascos para niños para uso de bicicleta….
El próximo lunes 10 se dará comienzo a la Colonia de Vacaciones, destinada a niños desde los 6 hasta los 12 años. El horario de las actividades será de 13.15 a 18.30 horas. Organizada por la Dirección de Deportes de la Municipalidad de Villa Regina, se extenderá hasta el día 11 de febrero, según el…
A partir de este miércoles 17 y hasta el sábado 20 se desarrollará el primer Festival Regina Audiovisual (FRAV). En el estacionamiento del anfiteatro Cono Randazzo se desplegará un programa de cuatro días de proyecciones cinematográficas. La inauguración será este miércoles a las 21 horas. En el predio se instalará la pantalla inflable del…
El Gobierno aprobó el Plan Federal de Lucha contra el Fraude Ciberasistido (2026-2027) mediante una resolución publicada en el Boletín Oficial de la República Argentina. Aunque el programa promete combatir estafas digitales y criptodelitos, su diseño plantea interrogantes jurídicos y políticos: centralización de datos, posible bloqueo administrativo de cuentas y una cooperación estrecha con bancos, fintech y plataformas tecnológicas que podría habilitar mecanismos de control sobre transacciones y actividad digital.
Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI
El Ministerio de Seguridad de la Nación Argentina oficializó este lunes el Plan Federal de Lucha contra el Fraude Ciberasistido (2026-2027), una estrategia estatal que busca reforzar la prevención, detección y respuesta frente a las estafas digitales que crecieron exponencialmente en los últimos años, y que salpican directamente a la presidencia tras el escándalo $LIBRA..
La iniciativa se presenta como una política integral para enfrentar modalidades como el phishing, la suplantación de identidad, las estafas bancarias o los fraudes vinculados a criptomonedas. Sin embargo, al analizar el contenido del anexo del plan surgen varias preguntas sobre hasta dónde pueden llegar las facultades que se pretende articular entre el Estado, el sistema financiero y las plataformas digitales.
El programa prevé fortalecer la recepción de denuncias a través de la línea 134, formularios web y correo electrónico, y construir a partir de ellas un sistema de análisis estadístico capaz de detectar patrones delictivos, campañas maliciosas o redes de fraude.
En términos operativos, el objetivo es claro: crear inteligencia criminal digital basada en datos de las víctimas. Esa información permitiría identificar tendencias y anticipar esquemas de estafa masiva, especialmente los de tipo piramidal.
El problema aparece cuando se observa el volumen de información que el plan prevé procesar. Las denuncias incluirán datos personales, cuentas bancarias, transacciones y comunicaciones digitales. Todo ello deberá ser gestionado bajo los parámetros de la Ley 25.326 de Protección de Datos Personales, aunque el documento oficial prácticamente no detalla cómo se garantizará ese resguardo.
Uno de los puntos más sensibles del plan es el apartado de “respuesta”. Allí se plantea articular acciones con organismos encargados de gestionar CBU y CVU utilizadas ilícitamente, con el objetivo de bloquear o congelar cuentas vinculadas a fraudes.
El texto incluso propone desarrollar “mecanismos de bloqueos dinámicos de transacciones ilícitas” en cooperación con el sector privado.
En términos prácticos, eso implicaría que el Estado pueda alertar o solicitar el bloqueo de operaciones sospechosas a bancos, billeteras virtuales o plataformas financieras.
El interrogante jurídico es evidente: ¿qué tipo de control judicial tendrá ese proceso? Si el bloqueo se produce sin intervención de un juez, podrían surgir conflictos con el derecho de propiedad y el debido proceso.
El plan también prevé una cooperación permanente con el sistema financiero tradicional, el ecosistema fintech, los proveedores de activos virtuales y las aplicaciones informáticas que operan en el país.
Ese esquema de colaboración apunta a acelerar la detección de fraudes y cortar rápidamente el flujo del dinero ilícito. Pero también abre un debate más amplio: el intercambio de información entre empresas privadas y el Estado.
La coordinación con plataformas tecnológicas podría incluir alertas sobre cuentas, transacciones o actividades sospechosas. En ausencia de protocolos públicos claros, especialistas en derecho digital advierten que estos mecanismos pueden terminar generando bases de datos sensibles sobre usuarios, operaciones y comportamientos online.
El plan aprobado ahora se articula con otras iniciativas oficiales recientes, como el Plan Federal de Prevención de Ciberdelitos 2025-2027 y el programa de fortalecimiento en ciberseguridad ForCIC.
En conjunto, estas políticas consolidan una tendencia: la expansión de la seguridad digital bajo la órbita del Ministerio de Seguridad. El ciberdelito pasa a ser tratado principalmente como un problema policial, con unidades especializadas, redes de cooperación federal y sistemas de monitoreo digital.
El enfoque tiene lógica desde la perspectiva de la investigación criminal, pero también implica que el aparato de seguridad del Estado gane presencia en áreas cada vez más vinculadas a la vida cotidiana digital.
La gran discusión que abre el nuevo plan no tiene que ver con su objetivo declarado —combatir estafas— sino con cómo podrían utilizarse sus herramientas en la práctica.
Los sistemas de monitoreo de denuncias, la cooperación con plataformas tecnológicas y la posibilidad de intervenir sobre transacciones financieras generan, en teoría, capacidad estatal para mapear flujos de dinero digital y actividad online.
En contextos de alta polarización política, ese tipo de instrumentos suele generar suspicacias. La línea entre investigar fraudes y obtener información sobre redes de actividad digital o financiamiento puede volverse difusa si no existen controles institucionales robustos.
Por ahora, el plan se presenta como una política de seguridad digital necesaria frente al crecimiento de las estafas online. Pero la experiencia internacional demuestra que las herramientas tecnológicas de vigilancia y control financiero requieren reglas muy claras, supervisión judicial y transparencia pública para evitar abusos.
Sin esos contrapesos, lo que nace como un instrumento para proteger a los ciudadanos puede terminar convirtiéndose en un mecanismo de control cada vez más amplio sobre el ecosistema digital y financiero.
La Dirección de Turismo de la Municipalidad de Villa Regina invita a disfrutar de ‘Tardes Dulces’ en la Oficina ubicada en Florencio Sánchez 817. El sábado se contará con la presencia de María Rodríguez Pastelería y el domingo con ‘Batiendo sabores’. En ambos casos, la actividad se desarrolla entre las 14 y 18 horas. Por…
