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El South American Rally Race SARR 2022 se aproxima a la Perla del Valle.

La cuarta etapa está en marcha y la semana arranca con mucha expectativa por el ingreso a la provincia de Río Negro. Villa Regina será la primera ciudad en recibirlos.

Se esperan alrededor de dos mil personas entre pilotos, equipos y organización.

Un espectáculo único, que reginenses y fanáticos de toda la zona, podrán apreciar en toda su magnitud a partir del próximo miércoles 23 de Febrero.

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    La crisis en IOSFA no puede ser utilizada por los libertarios para la narrativa del desastre que dejó el gobierno de Alberto Fernández.

     Documentos del estado de cuentas en 2023 a los que accedió en exclusivo LPO confirman que la obra social de los militares tenía antes de la llegada de Luis Petri 25 mi millones de pesos de superávit. 

    Esta es la prueba más fehaciente que la crisis financiera que desencadenó en el corte total de la cobertura de salud en militares activos y retirados. 

    El documento arroja un resultado final del ejercicio en 2023 que aumentó un 5.4% (a $13.289 millones), indicando una mejor capacidad para cerrar el ejercicio con excedente.

    A su vez, el Patrimonio Neto creció un 67.8% en términos nominales reexpresados, cerrando el año en $32.260 millones. En cuanto al Flujo de Efectivo y Liquidez se destaca un neto positivo con un aumento de  $4.327 millones en 2023, revirtiendo la disminución neta de efectivo que ocurrió en 2022.

    Lourdes Arrieta denunció a Petri en la justicia por el vaciamiento de la obra social de los militares

    Por otro parte, se destaca que la liquidez inmediata se disparó, aumentando un 182.9% al cierre del ejercicio, alcanzando $6.693 millones. 

    El Patrimonio Neto creció un 67.8% en términos nominales reexpresados, cerrando el año en $32.260 millones. En cuanto al Flujo de Efectivo y Liquidez se destaca un neto positivo con un aumento de $4.327 millones en 2023, revirtiendo la disminución neta de efectivo que ocurrió en 2022.

    En conclusión, los números de 2023 muestran que, si bien el IOSFA logró mejorar su resultado operativo y su posición de caja al cierre, la entidad opera bajo una presión inflacionaria extrema (evidenciada por la pérdida por RECPAM) y su estructura patrimonial se vio fuertemente influenciada por la capitalización de deudas históricas de los organismos afiliados. 

    Oscar Sagas, ex titular de IOSFA.

    LPO habló en junio de 2025 con el ex titular de IOSFA durante el gobierno de Alberto Fernández, Darío Díaz Pérez, quien explicó que para revertir las deudas que había de dejado la gestión de Mauricio Macri, fue la creación de un plazo fijo que era un ingreso mensual como respaldo ante los desfasajes de precios o los aumentos de los prestadores.

    Escándalo IOSFA: los militares están sin cobertura y denuncian un negociado de Petri para vaciar la obra social

    «Una de las medidas que esta gente tomó fue suspender el pago de reintegros, cosa que es gravísimo porque ahí están los casos urgentes en que los afiliados tienen que atenderse por fuera de la obra social y gastan plata. Estamos hablando de gente en actividad y por supuesto retirados, que en algunos casos está bajo la línea de la pobreza», advirtió en ese momento el ex intendente de Lanus.

    Un integrante actual de la obra social dijo a LPO que «la gestión de Petri, con Oscar Sagás como presidente, recibió IOSFA con 25 mil millones de pesos de superávit. No sólo se gastaron esa plata, sino que Sagás sacó un préstamo de 14 mil millones al IAF, que nunca se pagó. Después vino Roberto Fiocchi, sacó otro crédito de 42 mil millones, que tampoco se pagó. Y Betina Surballe, la que vino en la última parte de la gestión Petri, vino para tapar todos los chanchullos de los otros dos». 

    La situación de IOSFA empieza a expresarse en protestas de militares que siguen sin servicio y en los tribunales luego de la denuncia presentada por Lourdes Arrieta y que quedó en el juzgado del juez Daniel Rafecas. 

     

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     Europa avanzó con una restricción que en la práctica deja afuera de sus importaciones al biodiesel argentino que se produce en polo agroindustrial de Santa Fe. La decisión de clasificar a la soja como materia prima de «alto riesgo ambiental» implica una exclusión del biocombustible local del sistema europeo de energías renovables y amenaza con recortar exportaciones por unos USD 390 millones anuales.

    El impacto encendió alarmas en la provincia donde se concentra el 80% de la producción y el gobernador Maximiliano Pullaro se reunió de urgencia con ministro de Relaciones Exteriores Pablo Quirno para evaluar una estrategia que incluye escalar el conflicto a la Organización Mundial del Comercio.

    Es que la Comisión Europea incluyó a la soja dentro de las materias primas con «alto riesgo de cambio indirecto del uso del suelo» (ILUC por sus siglas en inglés), una categoría que aunque suene ambiental termina funcionando como una barrera paraarancelaria. Como consecuencia, el biodiesel elaborado con aceite de soja deja de computar como energía renovable dentro de la UE, lo que lo vuelve inviable para ese mercado.

     La Comisión Europea incluyó a la soja dentro de las materias primas con «alto riesgo de cambio indirecto del uso del suelo» (ILUC por sus siglas en inglés), una categoría que aunque suene ambiental termina funcionando como una barrera paraarancelaria 

    En ese marco, Pullaro llevó el planteo a la Cancillería. En una reunión en Buenos Aires con Pablo Quirno, el gobernador entregó un dossier técnico elaborado por el Ministerio de Desarrollo Productivo que busca respaldar la posición argentina frente a Bruselas.

    El documento reúne evidencia científica, productiva y económica y, según explicó el ministro Gustavo Puccini, «refuta la posición de la UE de considerar a la soja un insumo de alto riesgo».

    Según detallaron fuentes provinciales, el informe será incorporado a la presentación que la Cancillería realizará la próxima semana en Europa, en un intento por frenar el endurecimiento de las restricciones y evitar el cierre definitivo del mercado para el biodiesel argentino.

    El punto es que ese criterio es duramente cuestionado por Argentina. Los argumentos de la provincia de Santa Fe sostienen que el concepto de ILUC no se basa en impactos medibles sino en modelos teóricos con altos niveles de incertidumbre:

    «No existe evidencia científica verificable que demuestre una relación causal entre la producción de biodiesel de soja en Argentina y cambios indirectos en el uso del suelo», advierte el informe.

     No existe evidencia científica verificable que demuestre una relación causal entre la producción de biodiesel de soja en Argentina y cambios indirectos en el uso del suelo  

    El documento señala que las sospechas europeas no tienen sustento real porque la superficie sembrada con soja en el país se mantiene estable o incluso en retroceso desde hace más de una década.

    En Santa Fe, por ejemplo, los datos muestran que la proporción de bosques se mantuvo prácticamente sin cambios entre 2008 y 2024, lo que refuerza la idea de que no hubo expansión sobre áreas de alto valor ambiental.

    Otro de los cuestionamientos apunta a lo que consideran un sesgo metodológico. Mientras la UE penaliza a la soja importada por un supuesto riesgo ambiental, mantiene fuera de esa categoría a cultivos producidos dentro del propio bloque, como la colza y esa discriminación vulnera los principios del comercio internacional.

     El mercado europeo es el más importante para la exportación de del biocombustible. Entre 2018 y 2025, el 97% de la venta de biodiesel tuvieron como destino la UE, llegando al 100% el último año y la restricción pone a la industria en la cornisa 

    El mercado europeo es el más importante para la exportación de del biocombustible. Entre 2018 y 2025, el 97% de la venta de biodiesel tuvieron como destino la UE, llegando al 100% el último año y la restricción pone a la industria en la cornisa.

    En Santa Fe se concentra el polo industrial del biodiesel donde se fabrica el 80% de la producción y genera una red de empresas que incluye puertos, aceiteras, plantas químicas y logística. El valor promedio de la producción en los últimos cinco años supera los 1.100 millones de dólares anuales, lo que da dimensión del impacto potencial.

    A eso se suma el efecto fiscal y laboral. Solo por la caída del comercio con Europa, la provincia podría perder más de USD 100 millones en recaudación. En paralelo, están en riesgo casi 2.000 puestos de trabajo entre empleos directos, indirectos e inducidos, en un sector que se caracteriza por altos niveles de formalidad y salarios por encima del promedio.

    En Santa Fe advierten que el impacto puede ir más allá del biodiésel. La clasificación de la soja como insumo de «alto riesgo ILUC» podría extenderse a toda la cadena de valor y complicar la exportación al mercado europeo de otros productos como aceite, harina y poroto. «No se trata solo de un biocombustible, sino de un complejo exportador estratégico», señaló Pullaro.

    En ese contexto, el Gobierno nacional y la provincia comenzaron a coordinar una respuesta diplomática. No es la primera vez que Argentina enfrenta a la Unión Europea por el biodiesel y en 2016 la OMC ya había obligado a reabrir el mercado europeo. 

     

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