El PRO le ganó la pulseada a los libertarios y se queda con el Ente Regulador de Servicios Públicos

El PRO le ganó la pulseada a los libertarios y se queda con el Ente Regulador de Servicios Públicos

 

Los libertarios no lograron quedarse con la presidencia del Ente Regulador de Servicios Públicos ni la Defensoría del Pueblo y tendrán que conformarse con poner directores y defensores adjuntos.

El peronismo, el radicalismo, el PRO y los libertarios negociaron las nuevas autoridades de los tres principales organismos porteños y todo indica que continuarán bajo el mismo signo político.

El acuerdo no fue fácil. 

Todos los cargos requieren de mayoría absoluta y por eso el larretismo también podría sumar un representante en alguno de los organismos. Los candidatos deben pasar por la Junta de Ética y después lograr más de 40 votos en el recinto.

Tras la partida al ministerio de Justicia, Juan Pablo Mahiques dejó la Fiscalía General y quedó a cargo su adjunto, Martín López Zavaleta, un hombre cercano a Daniel Angelici. López Zavaleta continuará como Fiscal General.

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María Rosa Muíños también seguirá como Defensora del Pueblo. Es una incógnita quiénes son los adjuntos que la acompañarán. Hasta ahora el socialismo tiene una adjuntía, el radicalismo otra, al igual que el angelicismo y el PRO. 

Al parecer, los libertarios sumarán el adjunto que hoy está en manos del socialismo y el resto de los espacios conservará sus sillones.

La cuestión más complicada de resolver fue la presidencia del Ente Regulador de Servicios Públicos. Los libertarios argumentaron que les correspondía liderar el organismo a pesar de que no son el bloque mayoritario y la discusión escaló.

El reclamo enfureció a Cristian Ritondo: desde hace tiempo estaba acordado que Paola Michielotto sería la próxima presidenta del Ente. Al final se decidió que los libertarios sumen un director, el peronismo otro, al igual que la UCR. Todo indica que se respetarán las negociaciones previas y Michielotto, ex legisladora, quedará al frente del organismo.

 

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  • ¿Cómo enfrentar el “contragolpe cultural”?

     

    Así como las afirmaciones terraplanistas no modifican el hecho de que la Tierra sea redonda, así como los movimientos antivacunas no cambian la naturaleza contagiosa del Covid, el conservadurismo cultural, expresado hoy por fuerzas como las que lideran Javier Milei y Donald Trump, no modifica esta realidad: las sociedades humanas son constitutivamente diversas, heterogéneas y desiguales; en todas las comunidades humanas, pero aun más en aquellas donde existen el dinero y el Estado, hay multiplicidades y hay disparidades.

    Qué hacer con esta diversidad es un debate que viene concentrando la mayor parte de la historia ideológica, filosófica y política, y que por supuesto no está saldado. Dentro de estas controversias, uno de los capítulos centrales es el concepto de libertad, que ha sido utilizado por la extrema derecha como una de sus banderas. Para los conservadores, hoy llamados libertarios, la libertad se basa en la idea de que somos todos iguales: un rico y un pobre son consecuencia del modo distinto en que cada uno usó sus posibilidades. En esta mirada, la desigualdad fáctica es una consecuencia de una igualdad ontológica. Para las corrientes conservadoras, la libertad agiganta desigualdades. El rol del Estado, además de garantizar seguridad y justicia, debe ser restringir la diversidad: el Estado, que no debería cobrar impuestos, sí debe decretar que hay dos géneros, que la familia debe estar constituida de cierta manera y que las mujeres no pueden disponer de sus cuerpos.

    Desde una mirada democrática y progresista que asume que las sociedades son por naturaleza diversas, en cambio, la igualdad es algo a construir. Pero esa perspectiva hoy está a la defensiva. A través de una serie de subterfugios de ingenieros del caos, la posición histórica que conjuga liberalismo cultural, pluralismo político y justicia social ha sido estigmatizada como “woke” o “progresista”. La expresión “woke” surgió en Estados Unidos, un territorio de alta intensidad en la batalla cultural, en referencia a “despertar” (awake) ante la discriminación (“despierto” en el sentido de “concientizado”); pero hoy se usa de modo despectivo, que es la connotación que le dio Milei en su discurso en Davos. Como si las personas que descienden de esclavos o de pueblos originarios, como si las mujeres, que hasta hace setenta años no podían votar, hoy, justamente porque se reconocieron algunas de esas desigualdades, contaran con privilegios.

    La derecha conservadora está presente en distintas corrientes políticas, del mismo modo que la corriente que defiende las diversidades está presente –aunque no de modo uniforme– en partidos distintos. En Argentina, el peronismo, el radicalismo, el socialismo y la izquierda cuentan entre sus integrantes con personas que defienden este punto de vista. Se trata de una corriente que busca principalmente dos metas: que las personas y los grupos sean cada vez más libres, y que esa libertad se sostenga en formas igualitarias que la hagan real y no puramente declarativa o formal. Es una corriente de opinión que pone en escena grandes tradiciones culturales de la modernidad, heredadas de la Revolución Francesa y la Estadounidense, y que no tiene una única posición en materia de desarrollo económico, justicia distributiva o lucha por la igualdad. Ese “progresismo” no está en contra de ninguna religión, pero sí lucha por una separación completa de cualquier religión y del Estado. Ninguna ley puede sustentarse en creencias religiosas. Pero sí debe haber leyes que, por motivos universalistas, exijan el respeto de todas las religiones. Esta perspectiva, sometida hoy a una fuerte ofensiva, merece una reflexión autocrítica.

    Acerca de la autocrítica

    La hegemonía cultural de la extrema derecha impacta en el campo progresista. ¿Los movimientos por la libertad de las diversidades se “pasaron de rosca”? La ofensiva cultural de Milei y las derechas extremas, la derrota electoral del peronismo y los niveles de inflación y pobreza que dejó el gobierno de Alberto Fernández han planteado ese debate. ¿Hay una incidencia de la lucha por las diversidades en el oscurantismo que estamos viviendo hoy? ¿No habremos ido demasiado lejos? ¿Se puede seguir sosteniendo la defensa del colectivo LGTBQi+ en el contexto actual?

    Los procesos sociales y políticos siempre son imperfectos. Conocer esas imperfecciones, practicar la autorreflexión, es clave para mejorarlos. Por otro lado, se trata de movimientos profundos y de larga duración. En Argentina, por ejemplo, el movimiento masivo de mujeres de los últimos años comenzó en 2015 con el “Ni Una Menos”, una gigantesca movilización contra la violencia de género. ¿Frenar el reclamo contra los asesinatos de mujeres hubiera sido “menos radicalizado”? Y hoy, ¿qué está más vigente? ¿El reclamo de que no mueran más mujeres por el hecho de ser mujeres o la propuesta oficial de retirar del Código Penal el agravante por femicidio?

    La autocrítica no equivale a autoflagelación; debe ser una reflexión sobre prácticas y políticas que nos implican. Entre las múltiples causas que produjeron esta nueva etapa histórica global de las derechas extremas están, en efecto, los profundos déficits de la izquierda, la centroizquierda y los partidos tradicionales. Pero no coincido con quienes, subidos a la marea reaccionaria, afirman que la culpa es del progresismo, de un supuesto “wokismo” o de una “excesiva” ampliación de derechos civiles. Ese argumento puede terminar en diputados que voten con Milei regresiones culturales o puede llevar a un catolicismo de gobierno en contra de la libertad de las personas y los grupos. Empieza cuestionando el DNI no binario y termina aboliendo el divorcio.

    Pero entonces, ¿cuáles son esos errores de la izquierda? Si hubiera que elegir uno, diría lo siguiente: mientras las vocaciones igualitarias y de justicia social se tornaban cada vez más difíciles de lograr, en gran parte por no tener una alternativa concreta al capitalismo neoliberal, la izquierda avanzó con leyes y políticas tendientes a garantizar derechos civiles. Dependiendo de los países, se avanzó en materia de identidad de género, aborto, discriminación positiva, educación sexual, matrimonio igualitario, derechos de los pueblos originarios y los migrantes. Cuantas más dificultades aparecían en materia económica y social, cuanto más complicado se hacía sostener el horizonte de movilidad social, más se acentuaron estos derechos como compensación.

    La autocrítica no equivale a autoflagelación: debe ser una reflexión sobre prácticas y políticas que nos implican.

    Ese fue el gran problema. Las libertades civiles no pueden compensar el fracaso económico o social. Si son las únicas banderas que se agitan cuando se desfinancia el Estado de Bienestar, se retiran regulaciones públicas o se producen escaladas inflacionarias, como en el caso argentino, se corre el riesgo de que las fuerzas democráticas queden reducidas y debilitadas. Los límites para corregir o superar el neoliberalismo los terminan pagando los avances en materia de diversidad o pluralismo.

    Mi primera tesis es que, frente a quienes creen que la ampliación de libertades favoreció a la derecha extrema, creo que su causa es el fracaso económico.

    En segundo lugar, la cuestión de los particularismos. Mientras Martin Luther King buscó cambios que mejoraran la desigualdad estructural de la sociedad norteamericana, muchas políticas de la identidad del siglo XXI se concentraron en derechos particulares. Y es difícil pedirles algo más que simpatía pasiva o inactividad a quienes no están directamente involucrados en la conquista de un derecho. Esto no implica que movimientos como “Ni Una Menos”, “Black Lives Matter” o la “Marcha anti-fascista” de febrero de 2025 no hayan sido señales contundentes en la dirección correcta, sino simplemente llamar la atención sobre cuál puede ser el alcance de esas convocatorias.

    Algo similar ocurre con el “lenguaje inclusivo”. Se trata de un cambio cultural crucial, que busca ampliar libertades e incluir diversidades. Pero debe expandirse a partir de la posibilidad, no como imposición. Los mayores fracasos del cambio cultural ocurrieron cuando se pretendió imponer a través de prescripciones. El liberalismo cultural busca ampliar, no restringir, las posibilidades de las personas.

    El caso de las cuotas

    Muchas veces, en lugar de luchar por cambiar una legislación, una política o un presupuesto, las reivindicaciones progresistas se enfocaron en personas concretas: los varones blancos, incluyendo casos de punitivismo extra-judicial, como escraches a adolescentes, altamente polémicos. En aquellos casos, hubo voces feministas potentes que alertaron que el feminismo no surgió para cambiar al dueño del poder del patriarcado, sino para modificar un tipo de poder y de dominación. El punitivismo y la cultura de la cancelación fueron algunos de los errores más graves. Pero no es verdad que sean inherentes a los reclamos por la diversidad y la libertad: fueron casos minoritarios en causas justas.

    Detrás de este tipo de cuestiones aparece un problema que vale la pena debatir a futuro: la tensión entre lo particular y lo universal. Si cada uno de los grupos discriminados reclamara sólo para sí mismo, si todo se tradujera en una simple cuota por grupo, a largo plazo se terminarían socavando algunos de los consensos culturales necesarios para mantener las políticas de acción afirmativa. Un ejemplo es el de las universidades. En la mayoría de los países del mundo existe un sistema de examen de ingreso a la universidad y cupos por carrera. Al observar las universidades se hacía evidente que la abrumadora mayoría de los alumnos eran varones blancos. Eso llevó a reclamar políticas de cuotas raciales, étnicas y nacionales, como las que se terminaron concretando en Estados Unidos y Brasil. Este sistema garantizaba una mayor presencia de diversidades, restando lugares a los blancos. Pero, ¿qué quedaba, por ejemplo, para los blancos pobres? ¿Quién se preocupó de su situación? En muchos casos fueron los grandes olvidados, lo que contribuyó a que volcaran su respaldo a fuerzas políticas conservadoras que dicen defenderlos. ¿Qué hubiera ocurrido si se hubiera incluido una cuota general para los estudiantes de colegios públicos de bajos recursos en el ingreso a la universidad? Mientras en un terreno puramente cultural la especificidad por grupo es adecuada, en cuotas vinculadas a desigualdades puede no producir las consecuencias buscadas.

    En un mundo dominado por la incertidumbre económica, en el que se achican los recursos públicos, muchos países optaron por un modelo de cuotas para asegurar la presencia de los grupos discriminados no sólo en el acceso a la universidad sino también al empleo público –y en ocasiones al empleo privado–. Esto implica que los logros de la ampliación hacia los sectores discriminados se hicieron sobre la base de una reducción relevante de la participación de los sectores anteriormente privilegiados. Y esta estrategia, correcta desde un punto de vista filosófico, se topa con un problema político. Las personas de carne y hueso que se ven afectadas, que no logran ingresar a la universidad o no consiguen empleo, se van pasando en masa al ejército del “contragolpe cultural”, esperando el surgimiento de un Trump, un Milei o cualquier otro líder que proponga revertir la situación.

    Se trata de un error recurrente del progresismo: no percibir el dolor de las víctimas de sus políticas, y no elaborar una respuesta. Mi punto es sencillo: si se presuponen las restricciones económicas, como de hecho las aceptaron la mayoría de las fuerzas de centroizquierda en Europa y América, que los perdedores de la discriminación positiva pasen al otro lado es inexorable. Pero si se cuestiona un modelo que reduce los impuestos a la riqueza y desfinancia al Estado, y se usa ese dinero para ampliar el acceso a la universidad y el empleo, logrando mejorar la diversidad sin afectar drásticamente los espacios previos, la base política de la derecha extrema quedará reducida. Es cierto que esto no es posible para los varones privilegiados, que inexorablemente se verán afectados: será necesario pensar una política cultural específica para ellos.

    La defensa de la libertad

    Estamos ante un feroz ajuste a las libertades y es urgente emprender una fuerte defensa de políticas por la libertad basada en igualdades. La libertad, convertida en el eslogan hueco de la extrema derecha, no puede ser resignada por las fuerzas democráticas y progresistas. El principio básico de la lucha por la libertad es maravilloso: que las personas y los grupos puedan autorrealizarse en todas las dimensiones de la vida. Esto incluye su identidad de género, étnica, nacional, local, religiosa, así como su libertad de expresión, en la familia, en el trabajo…

    Esas libertades tienen un requisito: un piso de igualdad, porque quien sufre desnutrición no puede ser libre, quien no puede acceder a la escuela no puede ser libre. Una comunidad libre es aquella que garantiza un piso de igualdad para todos sus miembros.

    Los libertarios conservadores de la extrema derecha afirman que ser iguales es que cada uno se las arregle como pueda. Es una propaganda basada en la negación de la historia tal como sucedió. Los esclavos existieron hasta el siglo XIX bajo el imperio de la ley, y los afrodescendientes continúan siendo discriminados en prácticamente todos los países de América y Europa hasta hoy. La conquista colonial existió. El patriarcado y la desigualdad de géneros existieron… y todavía existen. En muchos países las mujeres votan recién desde hace algunas décadas. Y en la mayoría de los países europeos y americanos jamás hubo una presidenta o una primera ministra mujer. El capitalismo, por su parte, tiene mecanismos poderosos para reproducir la desigualdad de clases entre generaciones: a través de la herencia y también de la “herencia de clase”. La mayoría de los hijos de personas pobres son pobres. La movilidad social ascendente está en crisis en la mayoría de los países, y los mecanismos sociales que la hacían posible se están debilitando a un ritmo vertiginoso. Los libertarios conservadores quieren liquidar esos mecanismos, del mismo modo que se proponen atacar las leyes que tienden a asegurar libertades vinculadas a la diversidad y la disidencia. Esto implicará también contrarrestar su ofensiva individualista poniendo en valor la solidaridad, lo común y lo público. Enfrentar políticamente aquel proyecto exige autorreflexión y determinación.

     

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  • El Gobierno ejecuta despidos masivos en peajes antes de entregarle las rutas a los privados

     

    Semanas después de adjudicarle a un consorcio de empresas el control de un nuevo paquete de rutas, el Gobierno nacional avanza con despidos masivos en peajes donde las nuevas concesiones tienen previsto aplicar cobro automatizado.

    Este martes, se conoció que la empresa estatal Corredores Viales -que al momento controla las rutas nacionales que está privatizando Toto Caputo- desvinculó a 120 trabajadores que se desempeñaban en el tramo de la Ruta Nacional 226 que tiene como epicentro el peaje de Hinojo, en Olavarría.

    Eso, previo a entregarle el manejo de esa traza por los próximos 20 años al consorcio de las constructoras Concret Nor, Marcalba, Pose y Coarco que, además, se quedó con el control de las rutas 3, 205 y la autopista Ricchieri y que planifica estaciones de cobro automático.

     «Este hecho forma parte de una política que ya provocó más de 3.000 despidos en Olavarría durante la gestión Milei», acusaron los concejales de Fuerza Patria, que advirtieron que la privatización «no sólo pone en riesgo los puestos de trabajo actuales, sino que tampoco garantiza obras significativas en rutas». 

    Más allá de eso, los despidos no solo alcanzan al personal que se desempeñaba en las cabinas, sino que también afecta a los trabajadores de las áreas de emergencia vial, grúas, soporte técnico, maestranza y balanza.

    «Nos indemnizaron y el 30 de este mes nos vamos todos a nuestras casas» dijo un trabajador a Infoeme. La mayoría de los afectados son vecinos de Olavarría, donde el bloque del peronismo salió al cruce de la medida.

    Caputo privatizó otra tanda de rutas pero denuncian que no hay obras de magnitud previstas

    «Este hecho no es aislado: forma parte de una política que ya provocó más de 3.000 despidos en Olavarría durante la gestión de Javier Milei», acusaron los concejales de Fuerza Patria, que advirtieron que la privatización «no sólo pone en riesgo los puestos de trabajo actuales, sino que tampoco garantiza obras significativas en rutas».

    Como contó LPO, en las entidades de usuarios viales denuncian que en las rutas ya concesionadas hace meses recién comenzaron con obras menores de bacheo, mientras que en las recientemente adjudicadas apenas se contempla el mantenimiento y corte de pasto. Eso, a cambio de la multiplicación de los peajes.

    Denuncian que las concesiones viales de Milei triplican los peajes

    Por caso, en el pliego de la licitación para el paquete de rutas que adjudicó recientemente, el Gobierno exige apenas 55,98 kilómetros de «ruta segura» en la Ruta 226, entre el empalme de la Ruta 55 y la 22. A pesar de eso, ya está confirmada la instalación de nuevas cabinas de peaje.

     

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  • Jan De Nul y Servimagnus crearán una nueva firma para operar la Hidrovía

     

    Las empresas ganadoras de la licitación de la Hidrovía, la belga Jan de Nul y la argentina Servimagnus, anunciaron que conformarán una nueva sociedad para la operación de la vía troncal.

    Tras celebrar la adjudicación oficializada este jueves, las compañías anunciaron que conformarán «Vía Navegable Argentina», la sociedad que tendrá a su cargo el desarrollo del proyecto y la operación de la Hidrovía.

    «Jan De Nul y Servimagnus pondrán a disposición su experiencia, capacidad técnica y todos los recursos necesarios para la ejecución de las obras, el mantenimiento y la operación de dicha concesión», anunciaron y prometieron la creación de más de 600 puestos de trabajo.

    «Presentamos una propuesta sumamente sólida, sustentada en la inversión privada, la utilización de equipamiento propio, el cuidado del ambiente, un equipo profesional altamente calificado, y una inédita transferencia tecnológica», destacó Marcos De Vincenzi, gerente general de Servimagnus, la empresa de la familia Román.

    Como explicó LPO, la adjudicación llega después de una disputa picante impulsada por DEME que trató de empañar el proceso para tumbar a Jan de Nul, incluso presentando una oferta más baja cuando el proceso ya estaba casi terminado. Ya con el anuncio de la adjudicación, este viernes NEME volvió a denunciar el proceso.

     Ahora, el gobierno avanzará hacia la firma del contrato que se concretará en las próximas semanas. En Economía aseguran que el nuevo esquema permitirá reducir en un 13,5% los costos logísticos y habilitará una serie de obras destinadas a profundizar el canal, mejorar la navegación y aumentar la capacidad de carga de los buques. 

    El gobierno adjudicó la Hidrovía a Jan de Nul y se termina la pelea por la privatización más importante

    Desde las compañías prometieron que Vía Navegable Argentina (VNA) trabajará para «impulsar una vía navegable más moderna, eficiente y sustentable, incorporando tecnología de última generación bajo los más altos estándares de calidad, seguridad y desempeño ambiental con el objetivo de fortalecer la competitividad del sistema logístico argentino, reducir los costos asociados al comercio exterior y contribuir al crecimiento de las exportaciones y al desarrollo económico del país».

    Además, destacaron que durante la anterior gestión de la Hidrovía los trabajos de profundización y mantenimiento contribuyeron decisivamente al crecimiento de la producción nacional, la expansión de la superficie sembrada, el aumento de los volúmenes exportados y la generación de divisas para la Argentina.

     

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