El Gobierno Provincial ya acordó con 14 municipios la continuidad de las tareas de control de precios y abastecimiento de forma delegada, en el marco de la emergencia sanitaria por el Coronavirus COVID-19.
De esta manera, se implementarán políticas activas que permitan un mejor desenvolvimiento administrativo en la defensa de los derechos del consumidor.
A través de la Agencia de Recaudación Tributaria ya se firmaron los convenios correspondientes con las comunas de Cinco Saltos, El Bolsón, Choele Choel, General Conesa, Ingeniero Jacobacci y Los Menucos.
Se suman los municipios que de Sierra Grande, Cipolletti, Bariloche, Río Colorado, Villa Regina, San Antonio Oeste, Catriel y Allen a través de sus propias Oficinas Municipales de Información al Consumidor (OMIC).
Esta delegación de facultades fue aprobada por Decreto de la gobernadora, Arabela Carreras, y ya se encuentra en plena vigencia. De esta manera, el Estado interviene en el control de abastecimiento y de los precios que se ofrecen al consumidor final.
Se busca garantizar el acceso de la población a los alimentos, impedir el faltante de productos esenciales y de primera necesidad, evitar abusos y aprovechamiento en el incremento desmedido de precios ante el aumento de la demanda.
Con la colaboración de los Municipios se podrá realizar un control más efectivo del abastecimiento y de precios, evitando abusos sobre la comunidad.
El nuevo salto del petróleo por el recrudecimiento de la guerra con Irán le mete presión a uno de los pilares del modelo económico de Javier Milei. La escalada del Brent por encima de los USD 100 mejora los ingresos de Vaca Muerta, pero también reabre un problema que el Gobierno había logrado contener durante las últimas semanas: la presión sobre la inflación. El mecanismo que mantuvo relativamente quietos los surtidores durante un mes y medio muestra señales de agotamiento.
La tensión volvió a dispararse tras los ataques a buques en el estrecho de Ormuz y Bab el-Mandeb, dos de los corredores marítimos más sensibles del comercio mundial de energía. El aumento del riesgo llevó a aseguradoras y compañías navieras a evitar operar en la zona o a encarecer fuertemente sus coberturas. El resultado fue inmediato: el Brent superó los USD 100 por barril y el precio del gas natural licuado regresó a los niveles más altos desde febrero.
La transmisión al mercado local es hoy mucho más directa que en años anteriores. El Gobierno consolidó un esquema de paridad con el precio internacional, por lo que las naftas y el gasoil quedaron atados a la evolución del Brent. Cada dólar adicional del barril incrementa la presión sobre los precios domésticos de los combustibles.
Ese movimiento impacta rápidamente sobre toda la economía. El gasoil es el principal insumo del transporte de cargas y cualquier incremento eleva el costo de los fletes. Esa suba termina incorporándose al valor de las mercaderías. El agro tampoco escapa a esa lógica: la siembra, la cosecha y el traslado de la producción dependen del combustible, por lo que el mayor costo termina reflejándose en el precio final de los alimentos.
Hasta ahora, el principal amortiguador fue la política comercial de YPF. Durante unos 45 días, la petrolera estatal absorbió parte del aumento internacional sin trasladarlo completamente a los surtidores. Las demás compañías que venden al público siguieron una estrategia similar. La apuesta era recuperar ese margen cuando el Brent retrocediera y el mercado internacional se normalizara.
La nueva escalada del barril volvió a desalinear los precios locales respecto de la paridad internacional. Actualmente los precios en las estaciones de servicio equivalen a un crudo de algo más de USD 80, una diferencia del 20%.
Pero ese escenario dejó de existir. La nueva escalada volvió a desalinear los precios locales respecto de la paridad internacional. Actualmente los precios en las estaciones de servicio equivalen a un crudo de algo más de USD 80, una diferencia del 20%.
La consultora 1816 calculó que, con un Brent que cotiza USD 98, la nafta en Argentina se vende como si el barril cotizara alrededor de USD 84. A esa diferencia todavía debe sumarse el costo que las petroleras absorbieron durante la primera etapa del conflicto en Medio Oriente.
Barcos varados en el Estrecho de Hormuz en Bandar Abbas, Iran
El informe subraya el contrapunto más relevante: el mayor precio del petróleo mejora las perspectivas de la balanza de pagos por el aporte de Vaca Muerta, aunque advierte que «podría ralentizar el proceso de desinflación».
La Cepal también evaluó ese riesgo. El organismo elaboró tres escenarios para medir el impacto directo sobre el IPC argentino durante 2026. Con un aumento internacional de la energía del 25% interanual, la presión adicional sería de 0,9 puntos porcentuales en la inflación anual. Si la suba alcanza el 38%, el efecto escala a 1,4 puntos. En un escenario crítico, con el Brent instalado en valores de tres dígitos y una suba de la energía del 67%, la inflación anual podría sumar 2,5 puntos porcentuales adicionales.
La Cepal destacó que Argentina se encuentra en una posición intermedia dentro de América Latina gracias a su capacidad de producción local, especialmente por el aporte de Vaca Muerta. Esa fortaleza evita una exposición similar a la de los países centroamericanos, altamente dependientes de las importaciones. Sin embargo, advierte que el traslado hacia los costos logísticos y los alimentos resulta inevitable si el petróleo permanece elevado.
El Gobierno volvió a postergar la actualización plena del Impuesto a los Combustibles Líquidos para evitar una aceleración de la inflación durante julio y agosto. La decisión funciona como un freno transitorio sobre los precios, pero acumula un costo fiscal.
EcoGo, la consultora que dirige Marina Dal Poggetto, puso números al impacto sobre el IPC. Los combustibles representan el 3,8% de la canasta que releva el Indec. Sobre esa base, estimó que cada aumento neto del 10% en el precio de los surtidores agrega de manera directa 0,38 puntos porcentuales a la inflación mensual. El informe recuerda además que el valor de la nafta responde en un 33% al precio del crudo, mientras el resto corresponde a biocombustibles, refinación e impuestos.
Ese último componente explica otra de las tensiones del programa económico. El Gobierno volvió a postergar la actualización plena del Impuesto a los Combustibles Líquidos para evitar una aceleración de la inflación durante julio y agosto. La decisión funciona como un freno transitorio sobre los precios, pero acumula un costo fiscal que deberá resolverse más adelante.
La consultora Equilibra coincide en que el «buffer» aplicado por YPF fue determinante para contener la inflación de junio, que se ubicó en 1,9%. Pero advierte que ese colchón tiene un límite. Según Equilibra, un ajuste brusco para recomponer márgenes no sólo golpearía al transporte y al agro, sino que también pondría en riesgo la todavía frágil recuperación económica prevista para el segundo semestre de 2026.
Por Marina Ardenghi Lic. en QuímicaHealth Coach Somos un cuerpo físico (además de mental y espiritual), cuyo funcionamiento responde en gran parte a lo que incorporamos, a esas sustancias y componentes (nutrientes) que vienen de nuestra alimentación. Ese determinado funcionamiento: bueno, regular o malo, depende (en conjunto con otras variables) de las características de eso…
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