El Gobierno Provincial ya acordó con 14 municipios la continuidad de las tareas de control de precios y abastecimiento de forma delegada, en el marco de la emergencia sanitaria por el Coronavirus COVID-19.
De esta manera, se implementarán políticas activas que permitan un mejor desenvolvimiento administrativo en la defensa de los derechos del consumidor.
A través de la Agencia de Recaudación Tributaria ya se firmaron los convenios correspondientes con las comunas de Cinco Saltos, El Bolsón, Choele Choel, General Conesa, Ingeniero Jacobacci y Los Menucos.
Se suman los municipios que de Sierra Grande, Cipolletti, Bariloche, Río Colorado, Villa Regina, San Antonio Oeste, Catriel y Allen a través de sus propias Oficinas Municipales de Información al Consumidor (OMIC).
Esta delegación de facultades fue aprobada por Decreto de la gobernadora, Arabela Carreras, y ya se encuentra en plena vigencia. De esta manera, el Estado interviene en el control de abastecimiento y de los precios que se ofrecen al consumidor final.
Se busca garantizar el acceso de la población a los alimentos, impedir el faltante de productos esenciales y de primera necesidad, evitar abusos y aprovechamiento en el incremento desmedido de precios ante el aumento de la demanda.
Con la colaboración de los Municipios se podrá realizar un control más efectivo del abastecimiento y de precios, evitando abusos sobre la comunidad.
La Municipalidad de Villa Regina solicita a los vecinos no ingresar a barrio El Sauce por el paso a nivel donde la Secretaría de Obras y Servicios procedió a la colocación de un paño de hormigón con badén lateral que evitará la acumulación de agua los días de lluvia. En este sentido se recuerda que…
Los vínculos con la AFA del elegido de los Menem para el ministerio de Justicia, Juan Bautista Mahiques, generan una tensión morbosa en la cúpula del gobierno.
El procurador porteño habría estado en la quinta de Pilar está asociada al número dos de la AFA, Pablo Toviggino. La mansión, investigada por la Justicia en un caso de lavado, fue el lugar en el que el camarista federal Carlos «Coco» Mahiques, padre de Juan Bautista, festejó su cumpleaños, tal como anticipó LPO en exclusiva.
Juan Bautista no solo es el titular del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires, el distrito cuna del macrismo que Karina Milei quiere arrebatarle al PRO, sino que también figura como vicerrector de la Universidad de la AFA (Unafa), una viveza de potrero de Claudio «Chiqui» Tapia pero revestida de vocación académica.
Los Menem quieren que el reemplazante de Mariano Cúneo Libarona sea una carta de negociación con Daniel «Tano» Angelici, empresario del juego y sofisticado operador judicial, con fuerte presencia en el gabinete de Jorge Macri.
Como explicó LPO, Mahiques que llega de la mano de Santiago Viola, que es visto como un hombre de Karina Milei, pero en rigor es parte del mismo esquema de poder judicial de raíz radical que tributa a Angelici.
Además, Mahiques es muy cercano a Mauricio Macri, de quien fue viceministro de Justicia, además de representante del Ejecutivo ante el Consejo de la Magistratura.
El vínculo con Angelici es aceptado por Karina, que busca un hombre fuerte en la Justicia apesadumbrada por el avance de las causas de Libra y Andis.
Las paradojas del universo libertario llevaron a que por la misma causa Andis, Javier Milei le declarara la guerra a Tapia y el propio Toviggino, dueño del stream Carnaval donde se filtraron los audios de Diego Spagnuolo.
Tapia con Pablo Toviggino
Santiago Caputo convenció al presidente de que en septiembre del años pasado intentaron voltear a su gobierno cuando mancharon a Karina con el caso de las coimas de Andis. Por eso Milei es de la idea de dejarle el ministerio a figuras «simbólicas» como las de Diego Luciani, el fiscal de la causa por la que Cristina Kirchner fue detenida o la jueza Sandra Arroyo Salgado, ex esposa de Alberto Nisman. Milei apuesta a la polarización con el kirchnerismo como la carta para su reelección.
Pero la presión de los Menem es fuerte para impulsar a Mahiques pese a sus vínculos con la AFA, lo que llevó a sus detractores a preguntarse si el vínculo con Tapia y Toviggino no es también de los propios riojanos.
Por eso aparece en las conversaciones por la sucesión de Cúneo el rol de la empresa Tech Security de Adrián Menem, hermano de Martín, que tiene contratos para vigilar el predio de la AFA en Ezeiza, además de haber tenido contratos con River y Racing.
Este sábado se realizará en Villa Regina el primer “Meeting” que reunirá a los amantes del K-Pop y del Animé en el Polideportivo Municipal Cumelen. El encuentro se llevará a cabo en el gimnasio N° 2 del Polideportivo, desde las 15 hasta las 20 del sábado 22. La entrada es libre y gratuita. Oliver y…
El Gobierno descartó prorrogar el programa RenovAr, la principal política de promoción de energías renovables lanzada durante el macrismo, que encerró negociados como los parques eólicos en los que estuvo involucrado directamente el ex presidente y cargó al Estado la obligación de pagar tarifas delirantes y en dólares.
El giro libertario además de ahorrar recursos públicos apunta a que el mercado eléctrico funcione con menos Estado y más contratos privados. Pero en el sector reina una mezcla de entusiasmo y desconfianza. Nadie quiere quedarse afuera, pero tampoco todos están dispuestos a apostar fuerte.
La decisión implica cerrar el capítulo del programa de licitaciones públicas creado en 2016 por el entonces ministro de Energía, Juan José Aranguren durante el gobierno de Mauricio Macri. RenovAr fue la herramienta con la que el macrismo buscó acelerar el desarrollo de parques eólicos y solares.
El Estado, a través de Cammesa, compraba la energía generada mediante contratos a largo plazo surgidos de licitaciones públicas. «El RenovAr se vendió como la gran puerta de entrada de las renovables modernas en Argentina. Y en parte lo fue: aceleró proyectos, trajo algunos players globales y ordenó un pipeline», explicó a LPO un constructor de parques fotovoltaicos. Pero enseguida agregó la otra cara del modelo: «El corazón financiero del programa quedó armado como un traje a medida de los financistas, no del sistema eléctrico argentino».
La estructura contractual explica buena parte de las críticas. Muchos proyectos se firmaron bajo esquemas de PPA en dólares, diseñados para reducir el llamado «riesgo argentino». Los contratos incluían cláusulas de default y cross-default que conectaban obligaciones financieras entre distintos instrumentos.
El corazón financiero del programa quedó armado como un traje a medida de los financistas, no del sistema eléctrico argentino.
En la práctica, un incumplimiento podía disparar consecuencias en cadena: aceleración de vencimientos, penalidades o cambios en el costo del financiamiento. Ese andamiaje convirtió al programa en una red contractual compleja. Cuando la macroeconomía se tensiona, el problema no queda encapsulado en un proyecto. Se expande.
Para sostener esa arquitectura financiera, RenovAr montó un sistema de garantías y seguros de cobro. El objetivo era desacoplar al inversor de la volatilidad argentina. El resultado fue distinto. El riesgo no desapareció: se trasladó. El inversor cobraba con protección contractual mientras el sistema eléctrico absorbía la prima. En términos económicos, la energía podía parecer barata en la licitación, pero el costo real incluía cobertura contra devaluación, contra iliquidez y contra inestabilidad política. El impacto se vio en el costo final del sistema.
Aunque algunas rondas exhibieron precios competitivos en los papeles, la combinación de dolarización, garantías internacionales y financiamiento externo terminó encareciendo el esquema. A eso se sumó un rasgo técnico clave: las renovables tienen prioridad de despacho en la red eléctrica.
El Gobierno ahora mira hacia otro modelo. La idea se acerca al esquema del MATER, el Mercado a Término de Energías Renovables, creado en 2017 como complemento de RenovAr.
En este sistema, el Estado deja de ser el comprador principal. Los generadores venden directamente a empresas privadas con alto consumo de electricidad. El mecanismo funciona mediante contratos bilaterales. Un parque eólico o solar firma un acuerdo de largo plazo con una compañía industrial.
El precio se negocia entre las partes y la electricidad se transporta por la red nacional administrada por CAMMESA. Los compradores suelen ser grandes consumidores: siderúrgicas, petroleras, mineras, cadenas industriales o empresas tecnológicas.
Solo pueden participar grandes usuarios del mercado eléctrico mayorista. En la jerga del sector se los conoce como GUMA y GUME. Los primeros consumen más de 1 megavatio de potencia. Los segundos entre 300 kilovatios y 2 megavatios.
El programa le exige a estas empresas cumplir con una cuota mínima de energía renovable fijada por la Ley 27.191, que estableció como objetivo que el 20% del consumo eléctrico provenga de fuentes renovables. La diferencia central entre ambos esquemas es quién compra la energía. En RenovAr el comprador era el Estado, con contratos garantizados. En el MATER, el comprador es una empresa privada y el precio se negocia libremente.
En teoría, el sistema reduce el peso fiscal y deja que el mercado defina las inversiones. Pero el modelo también tiene límites. El principal es físico. La red eléctrica argentina tiene capacidad de transporte limitada en varias regiones. Los proyectos compiten por espacio en las líneas de transmisión. Sin nuevas obras de infraestructura pública, el crecimiento del mercado queda restringido.
Además, el desarrollo renovable convive con desafíos técnicos. La generación eólica y solar es intermitente. Requiere respaldo térmico, flexibilidad operativa y planificación de la red. Si esos costos no se integran al diseño del sistema, el precio del parque puede ser competitivo pero el costo total del sistema aumenta.
En ese contexto, el clima en la industria es ambiguo. Celebran la desregulación, pero no terminan de confiar. Predomina el clásico wait and see. «Nos frenamos en 2019 y de ahí venimos en picada. Baja el costo, pero también baja la demanda. El negocio pierde rentabilidad», dijo a LPO un generador fotovoltaico que ahora apunta sus proyectos a Perú. «Este año van a licitar 70.000 megavatios. Y allá ni te enterás de lo que pasa en la política».
Un representante de la filial argentina de Fortescue, que desarrolla el Parque Eólico Cerro Policía de 300 MW, fue directo: «La demanda industrial está por el subsuelo. No tengo off takers». Según explicó, el potencial de consumo podría venir de la minería, pero ese escenario recién se vería dentro de varios años. «Y anda a saber en qué condiciones mundiales estamos en cinco años», agregó. El comentario circuló entre empresarios durante
la edición argentina del Future Energy Summit, realizada este miércoles en el Hotel Emperador
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LPO habló también con un importador de paneles solares chinos, con una visión más optimista. «A mí me está yendo muy bien. La liberalización de las importaciones generó mucho movimiento», dijo. Pero incluso él marcó un dato que dejó pensando a varios. «Casi no hay presencia de empresas extranjeras. Ni en este foro ni invirtiendo en el país. Quizás haga falta un segundo mandato para que arranquen», deslizó.
Lo concreto es que la industria renovable advierte que, con el vencimiento del programa RenovAr, se viene un golpe fuerte para el sector. De alguna manera, lo reconoció el propio secretario de Energía, Damián Sanfilippo, al inaugurar el foro «El sector fotovoltaico es el que más crecimiento tuvo. Estamos trabajando para darle estabilidad fiscal al sector. No va a hacer prórroga de la 27191 pero sí tratar de alguna manera darle la estabilidad fiscal».
En el panel siguiente, las empresas pidieron que el RenovAr se prorrogue. PCR, Total e YPF Luz.
En la redacción del día de hoy en Periódico La Comuna; los vecinos manifestaban que en cercanías al loteo Leda; ubicado en Villa Alberdi se generó un foco de infección con el que deben convivir desde hace varios días. Ya no se puede soportar, es un verdadero foco de infección, especialmente para los chicos Manifestó…
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