El municipio podrá intervenir en el control de precios

El municipio podrá intervenir en el control de precios

El municipio podrá intervenir en el control de precios

El Gobierno Provincial ya acordó con 14 municipios la continuidad de las tareas de control de precios y abastecimiento de forma delegada, en el marco de la emergencia sanitaria por el Coronavirus COVID-19.

De esta manera, se implementarán políticas activas que permitan un mejor desenvolvimiento administrativo en la defensa de los derechos del consumidor.

A través de la Agencia de Recaudación Tributaria ya se firmaron los convenios correspondientes con las comunas de Cinco Saltos, El Bolsón, Choele Choel, General Conesa, Ingeniero Jacobacci y Los Menucos.

Se suman los municipios que de Sierra Grande, Cipolletti, Bariloche, Río Colorado, Villa Regina, San Antonio Oeste, Catriel y Allen a través de sus propias Oficinas Municipales de Información al Consumidor (OMIC).

Esta delegación de facultades fue aprobada por Decreto de la gobernadora, Arabela Carreras, y ya se encuentra en plena vigencia. De esta manera, el Estado interviene en el control de abastecimiento y de los precios que se ofrecen al consumidor final.

Se busca garantizar el acceso de la población a los alimentos, impedir el faltante de productos esenciales y de primera necesidad, evitar abusos y aprovechamiento en el incremento desmedido de precios ante el aumento de la demanda.

Con la colaboración de los Municipios se podrá realizar un control más efectivo del abastecimiento y de precios, evitando abusos sobre la comunidad.

Fuente: Prensa RioNegro

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    El gobernador del Chubut, Ignacio «Nacho» Torres, destacó la aprobación, por amplia mayoría en la Legislatura, de la ley que prorroga durante el período fiscal 2026 la exención del pago del Impuesto Inmobiliario para establecimientos ganaderos productivos ubicados fuera de los ejidos municipales. 

    La iniciativa, impulsada por el Poder Ejecutivo Provincial, apunta a acompañar al sector ganadero a través de medidas excepcionales y transitorias que permitan aliviar la carga impositiva, preservar la continuidad de las explotaciones y sostener una actividad estratégica para la economía y el desarrollo territorial de Chubut.

     Al respecto, Torres aseguró que la aprobación de la norma «demuestra que, cuando ponemos los intereses de los chubutenses por encima de cualquier diferencia, las cosas suceden y podemos lograr avances importantes para proteger nuestra economía».

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     En el mismo sentido, sostuvo que la prórroga de la exención «es el resultado de un trabajo conjunto con nuestros productores y de un compromiso asumido no solo para aliviar las obligaciones fiscales del sector, sino también para ratificar que somos una provincia que acompaña a quienes trabajan todos los días nuestra tierra y nuestros recursos». 

    Es el resultado de un trabajo conjunto con nuestros productores y de un compromiso asumido no solo para aliviar las obligaciones fiscales del sector, sino también para ratificar que somos una provincia que acompaña a quienes trabajan todos los días nuestra tierra y nuestros recursos

    «Fortalecer a nuestros productores ganaderos es, en definitiva, fortalecer la economía de Chubut: dar previsibilidad, cuidar el trabajo y acompañar al campo en un momento económico complejo, con una visión de desarrollo para cada rincón de nuestra provincia», concluyó el mandatario.

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    La normativa establece que los pagos que hubieran realizado durante 2026 los contribuyentes alcanzados por el beneficio serán imputados como pagos a cuenta del gravamen correspondiente a 2027 y, de existir remanentes, a los períodos fiscales subsiguientes. Asimismo, prorroga los vencimientos del Impuesto Inmobiliario correspondientes a los períodos 2023 y 2024 para los establecimientos comprendidos en la medida. 

    La aplicación de la ley estará a cargo de la Agencia de Recaudación de la Provincia del Chubut (ARECH). La norma alcanza a inmuebles afectados directa y exclusivamente a la actividad ganadera y sus actividades conexas, siempre que acrediten su carácter productivo conforme a la reglamentación vigente. 

     

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  • Toto Caputo y la UCR le voltearon a Bullrich la sesión por la ley de Biocombustibles

     

    A Patricia Bullrich le voltearon la sesión que pretendía convocar para este jueves, entre el secretario de Coordinación de Energía y Minería, Daniel González, los senadores de la UCR y sus pares libertarios Bartolomé Abdala e Ivanna Arrascaeta, unidos en la resistencia al proyecto de ley de Biocombustibles que se dictaminó la semana pasada.

    Fuentes del Poder Ejecutivo comentaron a LPO que el gobierno rechaza las modificaciones negociadas por la jefa de la bancada de LLA en el Senado con los legisladores aliados. A la cabeza del bloqueo figura González, un funcionario dependiente del ministro Luis «Toto» Caputo.

    También se agruparon en el rechazo los radicales de la provincia de La Pampa y Santa Fe, Daniel Kroneberger, Eduardo Galaretto y Carolina Losada, pero se terminaron plegando el resto de sus colegas de bloque. «La UCR asumió una postura unificada hasta no arreglar por el tema de biodiésel», precisó una legisladora.

    Y además, Patricia se encontró con la declaración de rebeldía de dos senadores de LLA. Los puntanos Bartolomé Abdala e Ivanna Arrascaeta se plantaron contra el proyecto porque la nueva regulación supone un perjuicio para las pymes del sector emplazadas en San Luis. «Es un gran daño para nuestra provincia», contestaron cerca de Arrascaeta.

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    Con la falta de apoyo de los radicales, que son 10 en total, el oficialismo estaba en serias dificultades para abrir el recinto. Pero con el conato de Abdala y Arrascaeta quedaba condenado al papelón.

    Por eso, Bullrich tuvo que optar por bajar la reunión de labor parlamentaria que pretendía para este miércoles, pese a que había tanteado a los aliados en una reunión que mantuvo con ellos el martes por la tarde y había salido confiada a comunicar que habría sesión esta semana.

    Sin los radicales, el oficialismo estaba en serias dificultades para abrir el recinto pero con el conato de Abdala y Arrascaeta quedaba condenado al papelón.

    Fuentes del Congreso dijeron a LPO que González «no estuvo de acuerdo sobre cómo quedó el dictamen firmado en la Comisión de Minería y Energía por presión del sector del mercado del biodiesel, a pesar de haber sido acordado y trabajado durante muchos meses». Pero, además del lobby del biodiésel, habría llegado un pedido expreso desde la cartera de Caputo para que se baje el tratamiento.

    Las empresas medianas vinculadas a la producción de aceite para el biodiesel se oponen a la iniciativa porque avizoran una pérdida de 10 mil puestos de empleo directos e indirectos para el sector.

    Las senadoras Alejandra Vigo, Beatriz Avila, Flavia Royón y Carolina Moisés, comprometidas con el impulso del bioetanol por los intereses de sus provincias, intentaron hasta último momento rescatar la chance de llegar al recinto, pero tampoco pudieron lograrlo. Bullrich bajó la convocatoria hasta que se consensúen las modificaciones al dictamen, que había sido firmado en la comisión de Minería, Energía y Combustibles, presidida por la salteña Royón, el último jueves. 

     

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