El Gobierno Provincial ya acordó con 14 municipios la continuidad de las tareas de control de precios y abastecimiento de forma delegada, en el marco de la emergencia sanitaria por el Coronavirus COVID-19.
De esta manera, se implementarán políticas activas que permitan un mejor desenvolvimiento administrativo en la defensa de los derechos del consumidor.
A través de la Agencia de Recaudación Tributaria ya se firmaron los convenios correspondientes con las comunas de Cinco Saltos, El Bolsón, Choele Choel, General Conesa, Ingeniero Jacobacci y Los Menucos.
Se suman los municipios que de Sierra Grande, Cipolletti, Bariloche, Río Colorado, Villa Regina, San Antonio Oeste, Catriel y Allen a través de sus propias Oficinas Municipales de Información al Consumidor (OMIC).
Esta delegación de facultades fue aprobada por Decreto de la gobernadora, Arabela Carreras, y ya se encuentra en plena vigencia. De esta manera, el Estado interviene en el control de abastecimiento y de los precios que se ofrecen al consumidor final.
Se busca garantizar el acceso de la población a los alimentos, impedir el faltante de productos esenciales y de primera necesidad, evitar abusos y aprovechamiento en el incremento desmedido de precios ante el aumento de la demanda.
Con la colaboración de los Municipios se podrá realizar un control más efectivo del abastecimiento y de precios, evitando abusos sobre la comunidad.
Mario Ishii volvió a agitar la interna del peronismo con un proyecto de ley en el que declara la emergencia sanitaria en la provincia y carga por igual contra el gobierno de Javier Milei y de Axel Kicillof por la situación en los municipios.
El proyecto generó fuerte malestar en el Ejecutivo y esta mañana salieron a cruzar al líder de José C. Paz. Según fuentes del gobierno que cita La Tecla, en el gabinete de Kicillof calificaron el proyecto como «fuera de lugar» y agregaron que la actitud de Ishii «no correspondía».
En los argumentos, el senador provincial habla de un «colapso progresivo del sistema sanitario público. Plantea que miles de familias bonaerenses debieron abandonar los sistemas privados de atención médica para recurrir masivamente al sistema público, incrementando la presión sobre hospitales provinciales y municipales.
Ishii dice que hay «hospitales saturados, guardias colápsalas, incremento de consultas y una demanda sanitaria extraordinaria que supera las capacidades operativas de los intendentes».
Además, señala la falta de profesionales en hospitales públicos y centros de atención primaria y agrega que «los hospitales municipales se convirtieron en el último sostén sanitario de millones de personas que ya no encuentran respuestas en sistemas privados y obras sociales».
El proyecto generó ruido en La Plata por el tono de las críticas y porque distribuye responsabilidades entre Milei y Kicillof en partes iguales. El texto -al que LPO pudo tener acceso- destaca además en un apartado las responsabilidades específicas tanto del gobierno nacional como de la provincia de Buenos Aires.
Desde el ministerio de Salud sostienen que el proyecto describe una realidad que esa cartera viene marcando desde hace varias semanas. La situación es crítica. «Las responsabilidades adjudicadas y enumeradas a la provincia son todas y cada una por la falta de una política nacional sólida y presente», dijeron a LPO desde el ministerio que conduce Nicolás Kreplak.
Nicolás Kreplak y Axel Kicillof.
Ishii salió a defender su proyecto luego de que trascendiera esta mañana el enojo del gobierno. «Esto no es una bandera partidaria ni una discusión electoral. Cuando está en riesgo la salud y la vida de la gente, el Estado tiene la obligación de dar respuestas», dijo en las redes.
«No se puede llegar al invierno con hospitales y centros de salud colápsalos, sin vacunas, sin insumos, con falta de profesionales y sin camas suficientes», dijo y siguió: «querer esconder esta crisis detrás de una pelea política es una forma de encubrir negligencias y responsabilidades institucionales».
No se puede disfrazar una emergencia humanitaria como un debate partidario para evitar a hacerse cargo. La gente no necesita relatos ni excusas: necesita respuestas urgentes para proteger su vida.
No es la primera vez que Ishii lanza fuertes críticas al gobierno de Kicillof a través de un proyecto de ley. En abril, hizo una avanzada similar con una iniciativa para declarar la emergencia alimentaria por un plazo de 18 meses. Su proyecto de ley surgió a partir de la decisión de Andrés Larroque de recortar el programa MESA, una asistencia de módulos alimentarios que reciben familias de estudiantes en situación de vulnerabilidad.
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Toto Caputo adjudicó este viernes la concesión de una nueva tanda de rutas nacionales y avanza en su objetivo de entregarle a privados el control de más de 9.000 kilómetros de rutas nacionales por 20 años antes de julio.
Ante eso, en las entidades de usuarios viales denuncian que en las rutas ya concesionadas hace meses recién comenzaron con obras menores de bacheo, mientras que en las recientemente adjudicadas apenas se contempla el mantenimiento y corte de pasto. Eso, a cambio de la multiplicación de los peajes.
En la Provincia de Buenos Aires, en tanto, fuentes del Ejecutivo consultadas señalaron a LPO que la Fiscalía de Estado evalúa una presentación judicial por la exclusión de la estatal bonaerense Aubasa de los tramos de la Etapa II que este viernes adjudicó Caputo.
A la vez, denunciaron que, más allá de algunos movimientos de tierra, «no hay un kilómetro de nuevo asfalto» en los tramos de las rutas nacionales 3, 5, 205 y 226 que atraviesan la provincia de Buenos Aires y que fueron entregados al control de privados.
En su resolución de viernes (ver abajo) el ministro de Economía le otorgó al consorcio de las constructoras Concret Nor, Marcalba, Pose y Coarco la concesión de las autopistas Riccheri, Ezeiza-Cañuelas y Newbery, así como las rutas nacionales 3, 205 y 226.
En la Ruta 3 van a poner ocho peajes de Capital a Bahía Blanca. Un peaje cada 90 kilómetros para no hacer nada, peor que en los 90
Además, le entregó mendocina Ceosa (Construcciones Electromécanicas del Oeste) la concesión de la Ruta Nacional 5 entre Luján (Buenos Aires) y Santa Rosa (La Pampa). Ceosa cotizó una tarifa de peaje inicial de 2.850 pesos.
En tanto, el consorcio ganador de las autopistas y las rutas 3, 205 y 226 cotizó una tarifa de peaje de 1.206 pesos. Eso, con el aditivo de una multiplicación de las cabinas de peajes.
«En la Ruta 3 van a poner ocho peajes de Capital a Bahía Blanca. Un peaje cada 90 kilómetros para no hacer nada, peor que en los 90», dijo a LPO Ricardo Lasca titular del Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (Conaduv).
En esa entidad, advierten que en la Red Federal de Concesiones promovida por el gobierno libertario no existe inversiones de envergadura para evitar los choques frontales. «Es solo corte de pasto y mantenimiento. Es una estafa», acusó Lasca.
Un dato relevante es que para los 1.800 kilómetros de rutas que Caputo adjudicó este viernes, el Gobierno exige apenas 84,3 kilómetros de obras nuevas: 28,75 kilómetros para el caso de las autopistas y 55,98 kilómetros de ruta segura en la Ruta 226, entre el empalme de la Ruta 55 y la 22.
El tenor de obras en las rutas a privatizar por el gobierno libertario ya se advierte en la Etapa I, el llamado «Tramo Oriental» (RN 12 y 14) y Conexión (Puente Rosario- Victoria y 50 kilómeotros de la RN 174).
En la Provincia de Buenos Aires, en tanto, fuentes del Ejecutivo consultadas señalaron a LPO que la Fiscalía de Estado evalúa una presentación judicial por la exclusión de la estatal bonaerense Aubasa de los tramos de la Etapa II que este viernes adjudicó Caputo.
La empresa ganadora de esa licitación fue Autovía Construcciones y Servicios S.A., del Grupo Cartellone, involucrado en la causa Cuadernos.
Con el control de esas trazas, la concesionaria, rebautizada como Autovía del Mercosur, al momento hizo tareas de limpieza de banquinas, mantenimiento de la calzada, mejoras en iluminación y «acondicionamiento general de la ruta».
«Recién ahora empezaron a hacer algo», dijo Lasca que, de todos modos, advirtió que no existen obras de magnitud. Eso, a pesar de que, para las obras en la ruta del Mercosur, el banco BICE que depende de Economía puso a disposición un crédito de 56 mil millones.
«Rutas nacionales que pasarán a operar bajo un esquema sin subsidios, con inversión 100 % privada», posteó este viernes en X el ministro de Economía.
«Caputo habla de inversión privada, cuando las obras están financiadas por el Fondo de las Pymes y el Banco BICE. Y encima no hay ente regulador, que tendría que haber salido por ley antes de adjudicar los corredores porque las concesiones viales tienen carácter de servicio público, como la luz y el agua. Es escandaloso», acusó Lasca.
Mientras tanto, Caputo acelera con las licitaciones del resto de los tramos en su objetivo de alcanzar la totalidad de las concesiones a mitad de año.
Días atrás, se realizó la apertura de sobres de la Etapa II-B que abarca los Tramos Mediterráneo (RN 7 y RN 35), Puntano (RN 8, RN 36, RN A-005 y RN 193), Portuario Sur (RN 9 y RN 188) y Norte (RN 9, RN 33 y la Circunvalación de Rosario).
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