El Gobierno Provincial ya acordó con 14 municipios la continuidad de las tareas de control de precios y abastecimiento de forma delegada, en el marco de la emergencia sanitaria por el Coronavirus COVID-19.
De esta manera, se implementarán políticas activas que permitan un mejor desenvolvimiento administrativo en la defensa de los derechos del consumidor.
A través de la Agencia de Recaudación Tributaria ya se firmaron los convenios correspondientes con las comunas de Cinco Saltos, El Bolsón, Choele Choel, General Conesa, Ingeniero Jacobacci y Los Menucos.
Se suman los municipios que de Sierra Grande, Cipolletti, Bariloche, Río Colorado, Villa Regina, San Antonio Oeste, Catriel y Allen a través de sus propias Oficinas Municipales de Información al Consumidor (OMIC).
Esta delegación de facultades fue aprobada por Decreto de la gobernadora, Arabela Carreras, y ya se encuentra en plena vigencia. De esta manera, el Estado interviene en el control de abastecimiento y de los precios que se ofrecen al consumidor final.
Se busca garantizar el acceso de la población a los alimentos, impedir el faltante de productos esenciales y de primera necesidad, evitar abusos y aprovechamiento en el incremento desmedido de precios ante el aumento de la demanda.
Con la colaboración de los Municipios se podrá realizar un control más efectivo del abastecimiento y de precios, evitando abusos sobre la comunidad.
Axel Kicillof trabaja en silencio para seducir al radicalismo y sumarlos a su carrera para la presidencia. Todo es muy incipiente, pero en la provincia de Buenos Aires apunta a un acercamiento con el sector que lidera Miguel Fernández, mientras que en el resto del país busca tender puentes al menos con los gobernadores Maximiliano Pullaro y Juan Pablo Valdés.
Armadores de Kicillof sostienen que los gobernadores de Santa Fe y de Corrientes podrían concretar un cierre electoral con Axel, antes que firmar un acuerdo con Javier Milei. Parte de esa premisa tiene que ver con el reciente viaje del bonaerense a Corrientes donde mantuvo un encuentro público con Valdés.
Sin embargo, a pesar del optimismo del axelismo, los movimientos de Pullaro y Valdés no parecen tan claros. Por caso, el correntino tuvo que salir a decir, tras la foto con Kicillof, que está en contra de las PASO. Una manera de mantener abiertos los puentes con los libertarios.
Pullaro en tanto, parece más reticente todavía a un acuerdo electoral con el peronismo. Este viernes, el gobernador de Santa Fe se mostró en la capital junto a Mauricio Macri recorriendo obras del Estadio Multipropósito del Centro de Alto Rendimiento Deportivo (CARD).
Las intenciones del gobernador de sumar al radicalismo a su armado político no son nuevas. Se sabe que en 2023 Kicillof le ofreció a Fernández -ex presidente del Comité Provincia- la vicegobernación. Fernández rechazó la oferta, en una decisión que hoy todavía se discute en algunos sectores del radicalismo.
Mauricio Macri y Maximiliano Pullaro.
En la provincia, pese a la lista de unidad que se logró semanas atrás, el radicalismo está fracturado. El senador Maximiliano Abad recuperó la conducción del Comité Provincia y busca un acuerdo con La Libertad Avanza o con un eventual resurgimiento de Juntos por el Cambio. Abad sostiene que el radicalismo debe ir a 2027 en un frente electoral.
La elección de 2025 fue desastrosa para todo el radicalismo bonaerense. La alianza con Somos Buenos Aires lo llevó a perder nada menos que 149 concejales en los distritos, incluidos todos los concejales del conurbano. En la Legislatura bonaerense perdió 12 de los 14 legisladores que puso en juego.
El radicalismo siempre tuvo un nicho de poder en la provincia: los intendentes que controlan distritos importantes del verde interior bonaerense. Sin embargo, en septiembre pasado 17 de los 28 intendentes perdieron la elección.
A fines de mayo, un grupo de intendentes radicales se mostraron junto a Kicillof en un acto enmarcado en contratos de leasing del Banco Provincia. La foto disparó versiones que hablaban de un acercamiento al axelismo de los jefes comunales UCR.
Lo cierto es que esos puentes siempre estuvieron abiertos. El diálogo abierto entre la actual administración bonaerense y el Foro de Intendentes radicales ya ha generado especulaciones de corte electoral y, en un caso, hasta sondeos de incorporación al gabinete.
Como sea, las versiones obligaron una desmentida. En un documento, el Foro UCR señaló que no integran «ningún armado político impulsado por el oficialismo provincial». De paso, aclararon que nada tienen que ver tampoco con «el proyecto político del presidente Javier Milei». Esa movida, también forzó la candidatura de Franco Flexas, intendente de General Viamonte (Los Toldos) en la carrera por la Gobernación.
A dos días de las elecciones para Diputados Nacionales nos tomamos el trabajo de recorrer algunas de las plataformas digitales que nos gustan y reunir una serie de datos relevantes que por ahí puede interesarle a mas de un ciudadanx.
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El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y su esposa decidieron adherir al Régimen Simplificado de Ganancias mientras la Justicia investiga el crecimiento de su patrimonio. La decisión reavivó una contradicción política incómoda: el mismo gobierno que hizo de la honestidad una bandera impulsó un mecanismo que limita los controles fiscales y que ahora utiliza uno de sus principales funcionarios.
Por Ramiro C. Ferrante para NLI
La construcción política de Milei se apoyó desde el primer día en una idea tan simple como efectiva: ellos eran distintos. Frente a una «casta» señalada como corrupta y privilegiada, La Libertad Avanza se presentó como la expresión de una nueva moral pública, donde la transparencia sería un valor irrenunciable y la ejemplaridad una obligación de cada funcionario.
Por eso la decisión de Manuel Adorni y su esposa Bettina Angeletti de adherir al Régimen Simplificado de Ganancias trasciende ampliamente una cuestión tributaria. Ocurre en medio de una investigación judicial sobre el origen y la evolución de su patrimonio y pone en evidencia una paradoja política difícil de explicar: el principal vocero de la honestidad oficial eligió una herramienta que reduce la capacidad del Estado para revisar patrimonios anteriores.
Un blanqueo impulsado por el propio oficialismo
La contradicción es todavía más llamativa porque el mecanismo utilizado por Adorni no proviene de una gestión anterior ni de una legislación heredada.
Fue este mismo Gobierno el que promovió un amplio esquema de regularización fiscal destinado a captar dólares no declarados y reducir controles sobre los contribuyentes. La iniciativa fue defendida públicamente por el oficialismo y tuvo entre sus principales impulsores al diputado José Luis Espert, quien sostuvo que era necesario abandonar la lógica de persecución fiscal para incentivar el ingreso de capitales al circuito formal.
El nuevo Régimen Simplificado de Ganancias incorporó además un beneficio central: el denominado «tapón fiscal», que limita las facultades de ARCA para revisar determinados períodos fiscales de quienes adhieran al sistema.
En otras palabras, el Gobierno creó un instrumento pensado para brindar mayor seguridad fiscal a los contribuyentes y uno de los primeros dirigentes de máxima relevancia en aprovecharlo es justamente el jefe de Gabinete, mientras debe responder ante la Justicia por la evolución de su patrimonio.
La investigación sigue abierta
La causa judicial analiza operaciones inmobiliarias, movimientos bancarios, viajes y gastos que podrían no guardar relación con los ingresos declarados por Adorni y su núcleo familiar.
Entre los elementos bajo análisis aparecen compras de inmuebles, vacaciones internacionales y diversas erogaciones realizadas en dólares cuya trazabilidad intenta reconstruir la Justicia. El expediente todavía no tiene una conclusión y rige plenamente el principio de inocencia, por lo que no existe ninguna imputación firme ni condena contra el funcionario.
Sin embargo, la utilización del nuevo régimen tributario agrega un componente político imposible de ignorar: aunque la adhesión sea completamente legal, el mensaje público resulta difícil de conciliar con el discurso oficial de transparencia absoluta y superioridad moral.
La vara de la moralidad
Durante meses el oficialismo construyó buena parte de su legitimidad sobre la idea de que no todos los políticos eran iguales. Se cuestionaron patrimonios, declaraciones juradas, privilegios y mecanismos de regularización utilizados por otros dirigentes.
Ahora la escena es distinta. El mismo Gobierno que promovió un régimen pensado para facilitar la regularización patrimonial y reducir controles ve cómo ese beneficio es utilizado por su propio jefe de Gabinete, precisamente cuando la Justicia intenta determinar el origen de parte de su fortuna.
No se trata solamente de una discusión tributaria ni de una controversia jurídica. Se trata de una cuestión de coherencia política. Cuando una administración convierte la moralidad en su principal activo, cualquier excepción deja de ser un trámite administrativo para transformarse en una prueba sobre la consistencia de su propio relato.
La Oficina de Empleo de la Municipalidad de Villa Regina informa que están abiertas las inscripciones para realizar el curso de cosecha, actividad organizada en forma conjunta con el INTA. Las mismas se reciben en la Oficina mencionada ubicada en el edificio central del Municipio en Avenida Rivadavia 220 entre las 8 y las 12…
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