El Gobierno Provincial ya acordó con 14 municipios la continuidad de las tareas de control de precios y abastecimiento de forma delegada, en el marco de la emergencia sanitaria por el Coronavirus COVID-19.
De esta manera, se implementarán políticas activas que permitan un mejor desenvolvimiento administrativo en la defensa de los derechos del consumidor.
A través de la Agencia de Recaudación Tributaria ya se firmaron los convenios correspondientes con las comunas de Cinco Saltos, El Bolsón, Choele Choel, General Conesa, Ingeniero Jacobacci y Los Menucos.
Se suman los municipios que de Sierra Grande, Cipolletti, Bariloche, Río Colorado, Villa Regina, San Antonio Oeste, Catriel y Allen a través de sus propias Oficinas Municipales de Información al Consumidor (OMIC).
Esta delegación de facultades fue aprobada por Decreto de la gobernadora, Arabela Carreras, y ya se encuentra en plena vigencia. De esta manera, el Estado interviene en el control de abastecimiento y de los precios que se ofrecen al consumidor final.
Se busca garantizar el acceso de la población a los alimentos, impedir el faltante de productos esenciales y de primera necesidad, evitar abusos y aprovechamiento en el incremento desmedido de precios ante el aumento de la demanda.
Con la colaboración de los Municipios se podrá realizar un control más efectivo del abastecimiento y de precios, evitando abusos sobre la comunidad.
Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti dejaron firme este jueves el cálculo de $685.000 millones para la ejecución del decomiso de los bienes de Cristina Kirchner, Lázaro Báez y otros condenados en la causa Vialidad.
El proceso incluye más de 100 inmuebles sujetos a embargo y subasta. Aunque todavía no se precisaron con exactitud cuáles serían esas propiedades, se calcula que alrededor de 20 pertenecerían a Máximo y Florencia Kirchner, incluyendo el Hotel Los Sauces.
Sin embargo, dirigentes del kirchnerismo cuestionaron el fallo de la Corte Suprema. «Es una vergüenza: por un lado la Justicia la sobreseyó en dos instancias por enriquecimiento por el tema de la DDJJ y, por otro, la misma Justicia la decomisa», dijo una legisladora cercana a Cristina.
En ese sentido, desde el entorno de la ex presidenta explicaron a LPO que «el decomiso debe probar que la cosa es producto del delito pero acá no hay prueba y además fue sobreseída por el tema bienes». En el kirchnerismo hablan de una «venganza» de la Corte a la que buscaron hacerle juicio político durante el gobierno de Alberto Fernández.
Fuentes judiciales dijeron a LPO que tanto Cristina como su hijo, el diputado Máximo Kirchner, intentaron sin éxito que la Corte Suprema no rechazara el recurso presentado por los abogados Carlos Beraldi y Ari Llernovoy, basándose en el artículo 280 del Código Procesal, la misma jugada a la que apelaron los supremos cuando dejaron firme su condena a prisión.
Allegados a la ex presidenta dijeron a LPO que «en la primera causa donde se analizó el patrimonio de Néstor Kirchner y Cristina Kirchner se investigaron las declaraciones juradas del matrimonio entre 1994 y 2003 pero el juez federal Julián Ercolini sobreseyó al entonces presidente y a su esposa y el fiscal Eduardo Taiano no apeló la sentencia».
«La segunda oportunidad estuvo a cargo del juez federal Rodolfo Canicoba Corral, la denuncia la realizó el presidente de la Asociación Anticorrupción, Ricardo Monner Sans, a raíz de investigaciones periodísticas que señalaban irregularidades en las declaraciones juradas de los Kirchner entre 2005 y 2007 pero, en 2008, el magistrado desestimó la denuncia por inexistencia de delito», agregaron.
Rosenkrantz, Rosatti y Lorenzetti.
Luego de eso, el fiscal Manuel Garrido apeló la resolución de Canicoba Corral por considerarlo un acto «infundado y prematuro» y porque halló «inconsistencias e incongruencias» en las presentaciones. «La Cámara declaró mal concedido el recurso de apelación, la causa dejó de mostrar avances y casi cuatro años más tarde, después de la muerte del ex presidente Kirchner, Canicoba Corral sobreseyó a Cristina, que ya había iniciado su segundo mandato», recordaron.
El Tribunal Oral Federal (TOF) N° 2, presidido por Rodrigo Giménez Uriburu, había estipulado el decomiso por perjuicio al Estado en $84.835 millones pero habilitó la posibilidad de que el monto fuese ajustado cuando la sentencia quedara firme.
Para calcular la suma de dinero, intervinieron peritos de la Corte, las defensas y el Ministerio Público. La cifra final es resultado de la actualización por el IPC del Indec, entre noviembre de 2022 y mayo de 2025. Los abogados de Cristina trataron de desactivar esta resolución y rechazaron esa metodología pero no pudieron torcer la voluntad de la Corte.
El decomiso incluye más de 100 inmuebles sujetos a embargo y subasta. Se calcula que alrededor de 20 pertenecerían a Máximo y Florencia Kirchner, incluyendo el Hotel Los Sauces.
El fallo fue suscripto por los tres magistrados pero Rosatti y Rosenkrantz hicieron suyos los argumentos del voto de Lorenzetti. «El recurso extraordinario, cuya denegación originó esta queja, es inadmisible (art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación)», dice en los considerandos del pronunciamiento, y agrega: «se desestima la presentación directa».
El rafaelino incluyó en su voto una cita a una resolución tomada por él mismo, Rosatti y los ex jueces Juan Carlos Maqueda y Elena Highton de Nolasco, en un fallo anterior. «Cabe poner de relieve -a fin de evitar interpretaciones erróneas acerca del alcance de los fallos de la Corte Suprema- que la desestimación de un recurso extraordinario mediante la aplicación de dicha norma no importa confirmar ni afirmar la justicia o el acierto de la decisión recurrida», argumentó.
Es una vergüenza: por un lado la Justicia la sobreseyó en dos instancias por enriquecimiento por el tema de las DDJJ y, por otro, la misma Justicia la decomisa.
Un camarista deslizó ante LPO que ahora se abre un período indeterminado para la concreción del decomiso de bienes, que supone el pasaje hacia «la ejecución integral» contra Cristina. La imposibilidad de fijar un plazo con precisión también se debe, según la fuente, a la intervención de la UIF en tanto la investigación buscó determinar la existencia de lavado.
Acaso por decoro, dirigentes del kirchnerismo no precisaban al cierre de esta nota cuáles eran los bienes que la Justicia le decomisaba a Cristina.
El arranque de las vacaciones de invierno expone niveles bajos de ocupación hotelera en los principales centros turísticos de la provincia y refuerza las alarmas del sector frente a la merma del caudal turístico, el recorte de las estadías y de los niveles de consumo que se registraron en el último verano y fines de semana largos.
En Tandil, que suele ser uno de los destinos predilectos en la provincia para el receso invernal y que el año pasado tuvo un movimiento turístico del orden del 80%, registra en esta primera semana un promedio del 55% de ocupación.
En otro punto fuerte, la Comarca Serrana de Tornquist, las vacaciones arrancaron con un nivel discreto cercano al 50% de las plazas hoteleras ocupadas.
En Sierra de la Ventana, el año pasado la ocupación fue del 85%. Por eso, en el municipio hablan de un comienzo más moderado que años anteriores pero tienen expectativas para la segunda semana.
En Mar del Plata, el comienzo del receso fue con un 25% de reservas, según detallaron desde la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica. En el sector esa foto preocupa y piden llegar a la próxima temporada con una planificación clara sobre cómo invertir los recursos del Fondo de Promoción Turística.
Pero la situación es mucho más crítica en otros puntos de la costa atlántica bonaerense, donde el movimiento turístico no llega al 20%.
Muchos hoteles no abrieron por razones de personal y mantenimiento. Es toda una empresa que se tiene que poner en marcha para las vacaciones de invierno. Estar cerrado es ganancia», dijo a LPO un empresario hotelero
Eso sucede en Villa Gesell, donde empresarios del sector relevaron que existen hoteles con más un centenar de habitaciones que hoy tienen solo dos ocupadas.
«Muchos hoteles no abrieron por razones de personal y mantenimiento. Es toda una empresa que se tiene que poner en marcha para las vacaciones de invierno. Estar cerrado es ganancia», dijo a LPO un empresario geselino.
En Pinamar, hoteleros consultados ilustraron un panorama «complicado». «Estamos muy preocupados porque el nivel de reservas es muy bajo», señaló un representante del sector.
Así, agregaron que, si bien el receso de invierno no es el fuerte de la ciudad, «siempre hubo un poco de movimiento que en este invierno aún no se ve, a pesar de tarifas casi ridículas que algunos están ofreciendo casi por debajo del costo y pauperizando el servicio».
El gobierno de Javier Milei congeló el subsidio a la tarifa social de colectivos bajo sistema SUBE. A partir de ahora, la compensación del 55% queda fija a la tarifa de referencia al 30 de junio y dejará de actualizarse al valor del boleto vigente.
Eso significa que, cuando las jurisdicciones definan nuevos aumentos, Nación no pondrá más recursos que los que destina al momento para ese beneficio.
La resolucion de la Secretaría de Transporte que se oficializó este miércoles disparó reacciones de rechazo en varios municipios, mientras ya hay provincias que avisan que no se harán cargo de los baches que dejará el subsidio nacional a futuro.
En el sector calculan que, en una próxima actualización del boleto, el peso de la tarifa social podría caer del 55% al 43%, algo que repercutiría muy fuerte en los sectores más vulnerables.
En ese sentido, fuentes del sector consultadas por LPO no dudan que, «para compensar» esa merma de recursos provenientes de Nación, «los próximos aumentos del cuadro tarifario tendrán que contemplar ese aspecto», por lo que el peso recaerá en los usuarios en general.
Eso, o directamente un derrumbe en el tiempo de la gravitación de la tarifa social. En el sector calculan que, en la próxima actualización, podría caer del 55% al 43%, algo que repercutiría muy fuerte en los sectores más vulnerables.
Hay empresarios que ya vaticinan por lo bajo que caerá aún más el índice pasajero-kilómetro, lo que genera un efecto dominó que ya se vio en abril pasado, con la reducción de frecuencias
Actualmente, ese beneficio abarca a jubilados, beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo, de la Asignación por Embarazo, del programa Progresar, personal de casas particulares, monotributistas sociales y veteranos de Malvinas, entre otros.
Por lo pronto, hay empresarios que ya vaticinan por lo bajo que caerá aún más el índice pasajero-kilómetro, lo que genera un efecto dominó que ya se vio en abril pasado, con la reducción de frecuencias por parte de numerosos empresas de colectivos del AMBA y de grandes centros urbanos del interior bonaerense.
Frente a eso, ya surgen expresiones de rechazo desde los municipios. «No es un cambio técnico, es una decisión política: el Estado Nacional se retira del transporte público del interior del país», dijo en su cuenta de X el intendente de Santa Rosa, Luciano Di Napoli.
El jefe comunal de la capital pampeana advirtió que, a partir de ahora, cada vez que se actualicen las tarifas, «la diferencia la van a pagar los vecinos o los municipios».
En tanto, un empresario del interior bonaerense, dijo a LPO: «La consecuencia para el sistema es que lo no abonado por el usuario de la tarifa social ni el Estado Nacional, será abonado por el resto de los usuarios. Es decir, se aumentará más todo el cuadro tarifario para compensar».
Mientras, ya hay provincias que advierten que no absorberán la diferencia que deje de aportar Nación. «Mendoza no va a poder hacerse cargo de estos subsidios nacionales que otorga Nación», dijo a LVDiez el subsecretario de Transporte de la gestión Cornejo, Luis Borrego.
Juan Bautista Mahiques prepara el bordado final de la protección judicial para Claudio «Chiqui» Tapia y Pablo Toviggino en la causa que tramita contra la AFA, en el fuero comercial local, por la denuncia de Guillermo Tofoni.
Como informó LPO, esta semana se publicó el decreto de designación de Javier Cosentino como juez de la Sala C en la Cámara de Apelaciones del fuero comercial, pero hasta el 16 de julio había sido el titular del Juzgado Nacional en lo Comercial N° 9, donde quedó radicada la denuncia.
En efecto, Cosentino fue el magistrado que desestimó el embargo preventivo que reclamó Tofoni por los partidos amistosos disputados hace más de 5 años, antes que Tapia y Toviggino optaran por cortar el contrato con el empresario despechado y otorgarle el negocio al productor Javier Faroni. Tras el fallo del juez, Tofoni apeló y ahora la Sala C tendrá que resolver, justo donde recaló Cosentino.
Fuentes judiciales deslizaron que el juez votado por el Senado el jueves pasado debería excusarse. El presidente de la sala es Eduardo Machin y, por ahora, venían subrogando Alejandra Tévez y Matilde Ballerini, quien cumpliría 75 años el próximo 6 de septiembre y solicitó hace meses la prórroga en su cargo al gobierno.
Atento, Mahiques apuró el lunes al senador Juan Carlos Pagotto, titular de la comisión de Acuerdos, para que convoque a audiencia pública para que defienda su pliego Ballerini el 4 de agosto. Entre el receso y las dificultades de Patricia Bullrich para conseguir las voluntades suficientes para sesionar, al oficialismo se le acota el margen de maniobra para aprobar nombramientos de jueces.
Para cubrir la otra subrogancia, el gobierno logró que los senadores le otorguen estado parlamentario a la postulación de Valeria Pérez Casado, quien curiosamente compartió con Cosentino el desenlace del caso Indalo, la empresa de Cristóbal López.
Tapia y Toviggino.
En la causa de Oil Combustibles, el juez que dictó la quiebra, decretó la intervención de la petrolera y le otorgó la operación inicial a YPF fue Javier Cosentino, cuando estaba al frente del Juzgado Comercial Nº 8 y luego en las actuaciones del proceso. En tanto, Pérez Casado intervino en las etapas posteriores y la liquidación de fondos.
Pero los pergaminos de esta candidata de Mahiques se fundarían en su actuación durante la quiebra de Cresta Roja, mientras se desempeñaba al frente del Juzgado Nacional en lo Comercial Nº 18. «Cresta Roja es la Ciccone del macrismo», dijo un camarista a LPO.
En el fuero comercial comentan también que Mahiques y la AFA no estarían dejando ningún detalle librado al azar, ni siquiera el sorteo para las subrogancias hasta que se aprueben las designaciones de los jueces para la Sala C.
Su apreciación se basa en las quejas de los ex dueños de la firma, Rasic Hermanos, que acusaron a Mauricio Macri por el despojo de sus bienes. Cuando el Juzgado Comercial le entregó la empresa al consorcio Proteinsa SA, compuesto por Ovoprot, Tanacorsa y apoyado por el banco BTG Pactual, Karina Rasic, hija de los fundadores, acusó al gobierno de dársela a un amigo del colegio de Marcos Peña, tal como reveló Noticias.
Pérez Casado, además, es miembro de la agrupación Compromiso Judicial, un sector de la magistratura con lazos históricos con el macrismo y el radicalismo. Allí milita José Luis López Castiñeira, un camarista de la Sala II del fuero contencioso administrativo federal que cultiva un vínculo muy cercano con el ministro de Justicia.
En el fuero comercial comentan también que Mahiques y la AFA no estarían dejando ningún detalle librado al azar, ni siquiera el sorteo para las subrogancias hasta que se aprueben las designaciones de los jueces para la Sala C. Desde el 4° Piso de Roque Sáenz Peña 1211, dicen que, ante cualquier demora, podrían salir sorteados la propia Ballerini, quien ya viene ocupando una de las vocalías vacantes, o Jorge Djivaris, ex funcionario del gobierno porteño al que promovieron a la Sala B de la cámara para contribuir eventualmente en la causa Correo, tal como informó LPO.
Por lo demás, los colegas de Cosentino se preguntan quién lo reemplazará en el juzgado N° 9. Su olfato indica que, por sorteo, podría tocarle la función a Pedro Giudice, flamante juez del fuero en cuya jura estuvieron Mahiques, la consejera Alejandra Provitola y el presidente de la Cámara de Casación Penal, Diego Barroetaveña, quien admitió el recurso de queja de la defensa de los presuntos testaferros de Toviggino, junto a Mariano Borinsky, para que la competencia de la causa recaiga en el juzgado de Campana, a cargo de Adrián González Charvay.
Este miércoles 06 de abril 9:30 hs se brindará un taller integral que aborda diversas temáticas relacionadas con la soberanía alimentaria en el Galpón de las Artes El taller de soberanía alimentaria es una actividad abierta y gratuita y se llevará adelante mañana miércoles a partir de las 9:30hs en el Galpón de las Artes…
Şirkətin Rusiyada qeydiyyatı və yerli qanunlara uyğunluğu sayəsində 1xStavka-da mərc edərkən pulunuz qorunur. 1xBet tətbiqi istifadəçilərə idman mərcləri və kazino oyunlarını asanlıqla yerləşdirməyə imkan verən geniş xüsusiyyətlər təklif edir. İstifadəçilər maraqlı tədbirləri tez bir zamanda tapa və tətbiqdən istifadə edərək mərc edə bilərlər. Tətbiqi quraşdırmaq üçün sadəcə zip faylını açın. Quraşdırma avtomatikdir və cəmi bir…
Difunde esta nota
Deja una respuesta
Lo siento, debes estar conectado para publicar un comentario.
