El Gobierno Provincial ya acordó con 14 municipios la continuidad de las tareas de control de precios y abastecimiento de forma delegada, en el marco de la emergencia sanitaria por el Coronavirus COVID-19.
De esta manera, se implementarán políticas activas que permitan un mejor desenvolvimiento administrativo en la defensa de los derechos del consumidor.
A través de la Agencia de Recaudación Tributaria ya se firmaron los convenios correspondientes con las comunas de Cinco Saltos, El Bolsón, Choele Choel, General Conesa, Ingeniero Jacobacci y Los Menucos.
Se suman los municipios que de Sierra Grande, Cipolletti, Bariloche, Río Colorado, Villa Regina, San Antonio Oeste, Catriel y Allen a través de sus propias Oficinas Municipales de Información al Consumidor (OMIC).
Esta delegación de facultades fue aprobada por Decreto de la gobernadora, Arabela Carreras, y ya se encuentra en plena vigencia. De esta manera, el Estado interviene en el control de abastecimiento y de los precios que se ofrecen al consumidor final.
Se busca garantizar el acceso de la población a los alimentos, impedir el faltante de productos esenciales y de primera necesidad, evitar abusos y aprovechamiento en el incremento desmedido de precios ante el aumento de la demanda.
Con la colaboración de los Municipios se podrá realizar un control más efectivo del abastecimiento y de precios, evitando abusos sobre la comunidad.
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Mario Ishii presentó en las últimas horas un proyecto en el Senado bonaerense tendiente a declarar la emergencia alimentaria en la provincia.
La iniciativa surge tras conocerse la puesta en revisión por parte de la gestión de Axel Kicillof del programa «Mesa Bonaerense» que entregaba cajas de alimentos a familias vulnerables.
El vice del Senado e intendente de José C. Paz en uso de licencia señaló que el proyecto presentado busca dar respuesta «a la profunda crisis social imperante en la provincia de Buenos Aires».
Al advertir que «resulta indispensable que el Estado provincial reasigne sus recursos con criterios de estricta prioridad social», Ishii dijo que «en situaciones de emergencia, la asignación presupuestaria no puede permanecer ajena a la realidad».
Frente a eso, reclamó «garantizar el acceso a la alimentación debe prevalecer por sobre la ejecución de obras o erogaciones que no resultan esenciales o urgentes para la vida cotidiana de la población».
Ishii sostuvo que «la readecuación presupuestaria que se propicia implica reorientar partidas originalmente destinadas a intervenciones no prioritarias hacia políticas alimentarias directas».
«A diario las familias, no solo de mi distrito, sino de la provincia, me hacen saber que ya no pueden más. Y si a esto se le suma la eliminación de planes que llevaban comida a la mesa de nuestras familias bonaerenses, el problema es mayor», apuntó Ishii en alusión a la parálisis al menos por tres meses del Mesa Bonaerense.
Frente a ese cuadro, Ishii sostuvo que «la readecuación presupuestaria que se propicia implica reorientar partidas originalmente destinadas a intervenciones no prioritarias hacia políticas alimentarias directas».
Y agregó: «Esta decisión no solo responde a un criterio de racionalidad económica, sino a un mandato ético y constitucional: en un contexto donde amplios sectores de la población no logran cubrir sus necesidades básicas, ningún recurso público puede ser asignado sin considerar su impacto social inmediato».
Este sábado a partir de las 21 horas llega al Galpón de las Artes ‘La Corredora’, una comedia dramática, unipersonal, protagonizada por Ana Muzzin, basada en un texto de Fabián Díaz, dirigida por Nicolás Caminti, con producción de Escena Urgente. La obra es en el marco del ciclo ‘Desde el Galpón’ de la Dirección de…
Europa avanzó con una restricción que en la práctica deja afuera de sus importaciones al biodiesel argentino que se produce en polo agroindustrial de Santa Fe. La decisión de clasificar a la soja como materia prima de «alto riesgo ambiental» implica una exclusión del biocombustible local del sistema europeo de energías renovables y amenaza con recortar exportaciones por unos USD 390 millones anuales.
El impacto encendió alarmas en la provincia donde se concentra el 80% de la producción y el gobernador Maximiliano Pullaro se reunió de urgencia con ministro de Relaciones Exteriores Pablo Quirno para evaluar una estrategia que incluye escalar el conflicto a la Organización Mundial del Comercio.
Es que la Comisión Europea incluyó a la soja dentro de las materias primas con «alto riesgo de cambio indirecto del uso del suelo» (ILUC por sus siglas en inglés), una categoría que aunque suene ambiental termina funcionando como una barrera paraarancelaria. Como consecuencia, el biodiesel elaborado con aceite de soja deja de computar como energía renovable dentro de la UE, lo que lo vuelve inviable para ese mercado.
La Comisión Europea incluyó a la soja dentro de las materias primas con «alto riesgo de cambio indirecto del uso del suelo» (ILUC por sus siglas en inglés), una categoría que aunque suene ambiental termina funcionando como una barrera paraarancelaria
En ese marco, Pullaro llevó el planteo a la Cancillería. En una reunión en Buenos Aires con Pablo Quirno, el gobernador entregó un dossier técnico elaborado por el Ministerio de Desarrollo Productivo que busca respaldar la posición argentina frente a Bruselas.
El documento reúne evidencia científica, productiva y económica y, según explicó el ministro Gustavo Puccini, «refuta la posición de la UE de considerar a la soja un insumo de alto riesgo».
Según detallaron fuentes provinciales, el informe será incorporado a la presentación que la Cancillería realizará la próxima semana en Europa, en un intento por frenar el endurecimiento de las restricciones y evitar el cierre definitivo del mercado para el biodiesel argentino.
El punto es que ese criterio es duramente cuestionado por Argentina. Los argumentos de la provincia de Santa Fe sostienen que el concepto de ILUC no se basa en impactos medibles sino en modelos teóricos con altos niveles de incertidumbre:
«No existe evidencia científica verificable que demuestre una relación causal entre la producción de biodiesel de soja en Argentina y cambios indirectos en el uso del suelo», advierte el informe.
No existe evidencia científica verificable que demuestre una relación causal entre la producción de biodiesel de soja en Argentina y cambios indirectos en el uso del suelo
El documento señala que las sospechas europeas no tienen sustento real porque la superficie sembrada con soja en el país se mantiene estable o incluso en retroceso desde hace más de una década.
En Santa Fe, por ejemplo, los datos muestran que la proporción de bosques se mantuvo prácticamente sin cambios entre 2008 y 2024, lo que refuerza la idea de que no hubo expansión sobre áreas de alto valor ambiental.
Otro de los cuestionamientos apunta a lo que consideran un sesgo metodológico. Mientras la UE penaliza a la soja importada por un supuesto riesgo ambiental, mantiene fuera de esa categoría a cultivos producidos dentro del propio bloque, como la colza y esa discriminación vulnera los principios del comercio internacional.
El mercado europeo es el más importante para la exportación de del biocombustible. Entre 2018 y 2025, el 97% de la venta de biodiesel tuvieron como destino la UE, llegando al 100% el último año y la restricción pone a la industria en la cornisa
El mercado europeo es el más importante para la exportación de del biocombustible. Entre 2018 y 2025, el 97% de la venta de biodiesel tuvieron como destino la UE, llegando al 100% el último año y la restricción pone a la industria en la cornisa.
En Santa Fe se concentra el polo industrial del biodiesel donde se fabrica el 80% de la producción y genera una red de empresas que incluye puertos, aceiteras, plantas químicas y logística. El valor promedio de la producción en los últimos cinco años supera los 1.100 millones de dólares anuales, lo que da dimensión del impacto potencial.
A eso se suma el efecto fiscal y laboral. Solo por la caída del comercio con Europa, la provincia podría perder más de USD 100 millones en recaudación. En paralelo, están en riesgo casi 2.000 puestos de trabajo entre empleos directos, indirectos e inducidos, en un sector que se caracteriza por altos niveles de formalidad y salarios por encima del promedio.
En Santa Fe advierten que el impacto puede ir más allá del biodiésel. La clasificación de la soja como insumo de «alto riesgo ILUC» podría extenderse a toda la cadena de valor y complicar la exportación al mercado europeo de otros productos como aceite, harina y poroto. «No se trata solo de un biocombustible, sino de un complejo exportador estratégico», señaló Pullaro.
En ese contexto, el Gobierno nacional y la provincia comenzaron a coordinar una respuesta diplomática. No es la primera vez que Argentina enfrenta a la Unión Europea por el biodiesel y en 2016 la OMC ya había obligado a reabrir el mercado europeo.
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