El Gobierno Provincial ya acordó con 14 municipios la continuidad de las tareas de control de precios y abastecimiento de forma delegada, en el marco de la emergencia sanitaria por el Coronavirus COVID-19.
De esta manera, se implementarán políticas activas que permitan un mejor desenvolvimiento administrativo en la defensa de los derechos del consumidor.
A través de la Agencia de Recaudación Tributaria ya se firmaron los convenios correspondientes con las comunas de Cinco Saltos, El Bolsón, Choele Choel, General Conesa, Ingeniero Jacobacci y Los Menucos.
Se suman los municipios que de Sierra Grande, Cipolletti, Bariloche, Río Colorado, Villa Regina, San Antonio Oeste, Catriel y Allen a través de sus propias Oficinas Municipales de Información al Consumidor (OMIC).
Esta delegación de facultades fue aprobada por Decreto de la gobernadora, Arabela Carreras, y ya se encuentra en plena vigencia. De esta manera, el Estado interviene en el control de abastecimiento y de los precios que se ofrecen al consumidor final.
Se busca garantizar el acceso de la población a los alimentos, impedir el faltante de productos esenciales y de primera necesidad, evitar abusos y aprovechamiento en el incremento desmedido de precios ante el aumento de la demanda.
Con la colaboración de los Municipios se podrá realizar un control más efectivo del abastecimiento y de precios, evitando abusos sobre la comunidad.
Mario Ishii presentó un proyecto en la Legislatura bonaerense para declarar la emergencia alimentaria por un plazo de 18 meses. Su proyecto de ley surgió a partir de la decisión de Andrés Larroque de recortar el programa Mesa, una asistencia de módulos alimentarios que reciben familias de estudiantes en situación de vulnerabilidad.
El proyecto de Ishii no escapa a la interna. No apunta a la situación de ajuste que enfrenta la provincia de Buenos Aires por parte del gobierno de Javier Milei. De hecho, no menciona al presidente en ningún párrafo de los fundamentos.
«La provincia atraviesa un escenario de extrema gravedad social, caracterizado por el deterioro acelerado de las condiciones de vida y el aumento sostenido de la vulnerabilidad», dice el texto de Ishii. Además insta al gobierno de Kicillof a reasignar sus recursos «con criterios de estricta prioridad social» y pide que el acceso a la alimentación «prevalezca por sobre la ejecución de obras o erogaciones que no resultan esenciales o urgentes».
Mario Ishii.
Larroque respondió al proyecto de Ishii con un reclamo dirigido a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, para que salde la deuda acumulada con la provincia, que, según afirmó, asciende a más de $ 220.000 millones.
El ministro bonaerense pidió esos recursos para el programa MESA como también la revisión y actualización de los montos propuestas para el financiamiento del Servicio Alimentario Escolar (SAE) correspondientes a este año.
Larroque planteó que el contexto social actual presenta «niveles críticos» que requieren el fortalecimiento de las políticas alimentarias. Dijo que en la provincia reside el 38% de la población total del país, un dato que revela «la responsabilidad compartida que debe asumir el Estado Nacional».
Hemos presentado un reclamo formal a la ministra de Capital Humano de la Nación Sandra Pettovello, instando a saldar la deuda acumulada que mantiene el Estado nacional con la Provincia desde el 2024 por el Servicio Alimentario Escolar que asciende a más de $220.000 millones…. pic.twitter.com/ZcQERAw90P
En las últimas horas, los intendentes recibieron la noticia de recortes en el programa MESA, un dispositivo de asistencia alimentaria que se implementa en la provincia de Buenos Aires como complemento del SAE y que consiste en la entrega mensual de módulos con productos secos destinados a las familias de estudiantes que asisten a escuelas públicas.
La iniciativa surgió en el contexto de la pandemia, cuando la suspensión de la presencialidad obligó a reemplazar el esquema tradicional de comedores escolares por un sistema de entrega directa de alimentos. Con el regreso a las aulas, el programa se mantuvo como una herramienta adicional dentro de la política alimentaria bonaerense.
Actualmente, la distribución de los módulos se canaliza a través de las instituciones educativas y se articula con el ministerio de Desarrollo de la Comunidad, los municipios y los consejos escolares.
Federico Sharif Menem obtuvo un crédito del Banco Nación por 357 millones de pesos. El joven es sobrino de Martín y Lule Menem, tiene 24 años y tuvo su primer trabajo en blanco en 2024. Además, a un dirigente libertario de Córdoba la banca estatal le dio un préstamo que superaba 52 veces su capacidad crediticia.
El joven ingresó al Congreso en 2024 en lo que fue su primer trabajo registrado. Es secretario y mano derecha de su tío Martín Menem y maneja las contrataciones de la Cámara de Diputados. En el Congreso aserguran que Sharif se mueve en un auto con chofer, aunque sus allegados lo niegan. Adeamás lidera la juventud libertaria por decisión de Karina.
Llegó al congreso con un salario de 2 millones de pesos en enero de 2024. A pesar del ajuste en los salarios estatales logró un préstamo de 357 millones de pesos del Banco Nación. Antes había trabajado en una empresa familiar de software.
En los últimos días se conoció que hubo decenas de beneficiarios con préstamos del Nación en todo el país. Según publicó Jornada Política, el yerno del número dos del PAMI en Córdoba logró un préstamo de 250 millones de pesos.
En ese momento, su capacidad crediticia alcanzaba para 4, 8 millones de pesos, 52 veces menos de lo que obtuvo.
En esa línea se inscribe el caso de Felipe Núñez, muy cercano a Toto Caputo y director del BICE.
En su declaración jurada de 2024, entre bienes, acciones, plazos fijos y dinero en efectivo, Núñez sumaba menos de 20 millones de pesos y 18 mil dólares. Su alta en AFIP corresponde a junio de 2024, momento en que ingresó a trabajar para el Estado. De todas formas logró que el Nación le prestara 370 millones de pesos.
Los Menem ya estaban envueltos en un escándalo con el Banco Nación luego de la preadjudicación de un contrato por más de $3.900 millones para la empresa de seguridad Tech Security, propiedad de Fernando y Adrián, los hermanos del presidente de la Cámara de Diputados.
La nadadora rionegrina Ailén Lascano Micaz cruzó el Canal de la Mancha hace pocas semanas y ya encara otro desafío que va a jugar de local. La viedmense se encuentra en San Carlos de Bariloche con el fin de completar la Milla Helada en el lago Morenito. Este fin de semana Ailen va a intentar…
La Municipalidad de Villa Regina informa que, a partir de lo dispuesto en la Resolución N° 3455 del Ministerio de Salud de Río Negro, se suspende la realización de las Ligas Municipales de Fútbol: Veteranos, Femenino, LIMUFI y Futsal. Esta decisión se enmarca en el artículo 2 de la mencionada Resolución que establece la suspensión…
El PRO empezó a rearmarse en Tres de Febrero con un definido perfil opositor a Diego Valenzuela y acelera una construcción tendiente a disputarle el municipio en 2027. Para eso, ya comenzaron a lanzar acusaciones de «abandono de la gestión».
Con apoyo de Jorge Macri y Soledad Martínez, el reseteo del partido amarillo es liderado por Sergio Iacovino, armador original del PRO en el distrito junto a Valenzuela y, desde la presidencia del Concejo Deliberante local, uno de los actores centrales en los inicios de la gestión.
En el entorno de Iacovino detallaron a LPO que la relación con Valenzuela comenzó a agrietarse a partir de la estrategia del intendente en la campaña hacia las generales de 2019, luego de las PASO en las Alberto Fernández le había sacado una amplia diferencia a Mauricio Macri.
«Era muy fuerte repartir la boleta de Alberto con la de él», señalaron voces del PRO al recordar el punto de «quiebre» con Valenzuela, al que acusaron de hacer lo mismo en 2023, suplantando la boleta de Patricia Bullrich por la de Javier Milei.
Sergio Iacovino, de ser la mano derecha de Valenzuela a encabezar la nueva etapa del PRO en Tres de Febrero, con fuertes críticas a la gestión local
Pero en Tres de Febrero aseguran que también jugó fuerte en la ruptura entre ambos dirigentes la actitud de Valenzuela de no darle cabida a la intención de Iacovino de posicionarse como un eventual sucesor suyo en la intendencia. «Diego siempre quiso un proyecto totalmente personal», dicen.
En el macrismo definen a Iacovino como un «PRO puro» que integra el espacio desde 2005, pasando por asambleísta del partido y apoderado en varias elecciones.
En precisamente por ese alineamiento que sostienen que, más allá de las pretensiones de competir el año que viene por el municipio, todo está supeditado a la estrategia provincia del partido que, para empezar a delinear esas cuestiones, se reunirá el martes que viene en la sede de Balcarce.
Iaconivo fue funcionario del gobierno de Milei. Su salida se dio en el marco de la disputa entre el PRO y los libertarios en la Ciudad. Ahí, Iacovino integró la lista amarilla liderada por Silvana Lospennato.
«El PRO tiene ganas de tener presencia territorial en toda la provincia y en todos los distritos», señalaron a LPO dirigentes con llegada a la intendenta de Vicente López y referente bonaerense del partido, Soledad Martínez.
Se trata de una estrategia que empujan las líneas más alejadas de los libertarios «No está echo para desaparecer el PRO. No nos podemos quedar en casa mirando cómo todos los que buscan un cargo se van a LLA o forman un partido nuevo», dicen.
Iaconivo fue funcionario del gobierno de Milei, ocupando una subsecretaría en Legal y Técnica de la que fue eyectado a finales de marzo del año pasado, cuando estaba declarada la disputa entre el PRO y los libertarios en la Ciudad. Ahí, Iacovino integró la lista amarilla liderada por Silvana Lospennato.
Cerca del ex funcionario de Legal y Técnica señalaron que su rol en el gobierno libertario fue meramente «técnico» y sin correrse de su pertenencia PRO.
Superada la elección porteña , Iacovino comenzó a rearmar el partido en Tres de Febrero con Valenzuela oficialmente afiliado a La Libertad Avanza (LLA). Sin embargo, pospuso la visibilización del perfil crítico a la gestión local a raíz de la alianza entre el PRO y LLA en las legislativas de la provincia.
Hoy, con Valenzuela en el Senado bonaerense tras no lograr asumir al frente de Aduana, Tres de Febrero tiene a Rodrigo Aybar como intendente interino. Pero en el PRO no dudan que Valenzuela sigue teniendo el control total de la gestión municipal junto con su esposa, Daniela Reich.
Una gestión que supimos formar con el ADN del PRO, con cercanía, escucha, resolución de problemas y la coherencia en los principios y valores que guían nuestro partido, todo se abandonó
En ese contexto, en el PRO acusan «un gobierno cerrado» y «un manejo poco transparente de la gestión. En esa línea fue Iacovino con un mensaje en redes que marcó el inicio de la etapa opositora del partido en el distrito.
«El problema mayor de nuestro municipio es la ausencia y abandono de la gestión desde hace muchos años, cuando se priorizaron intereses personales por sobre la vocación de servicio y el trabajo por el vecino», dijo Iacovino en X al focalizar en la acumulación de basura y falta de limpieza en Ciudadela.
Y agregó: «Una gestión que supimos formar con el ADN del PRO, con cercanía, escucha, resolución de problemas y la coherencia en los principios y valores que guían nuestro partido, todo se abandonó y por eso nos proponemos recuperar desde el PRO el compromiso con el vecino».
Valenzuela con su reemplazante interino, Rodrigo Aybar.
Aunque no estaba blanqueada en la superficie, la fractura del PRO con Valenzuela hizo que el sector hoy encuadrado con Iacovino no tuviera lugar en la lista al Concejo en 2025 y, por tanto, hoy no tenga representación en el deliberativo.
Para trabajar una propuesta al año que viene, en el PRO aseguran mantener estrechos vínculos con dirigentes del radicalismo que también se vieron excluídos de la gestión municipal.
El Senado le dio estado parlamentario este jueves a los más de 60 pliegos de jueces que envió Javier Milei al Congreso la semana pasada, entre los cuales se cuentan los nombres de Emilio Rosatti, el hijo del presidente de la Corte Suprema, y Ana Juan, la esposa de Marcelo Martínez de Giorgi, el magistrado que investiga la causa Libra.
Además, se habilitaron los pliegos de María Julia Sosa, secretaria del juez Julián Ercolini, y Laura Kvitko y Jessica Sircovich, secretarias del camarista Mariano Borinsky. El plan del oficialismo es aprobar esos dictámenes en comisión y convocar a audiencias públicas para mediados de mayo.
Por otra parte, la ex senadora Lucila Crexell obtuvo la aprobación de su pliego como embajadora argentina en Canadá con 45 votos a favor, 26 en contra y la abstención de Pablo Cervi. La neuquina se llevó el rechazo del interbloque peronista en pleno, junto al de su colega Julieta Corroza, quien se opuso por instrucción del gobernador Rolando Figueroa.
Pero mientras la sesión no tenía mayor atractivo que los discursos de los senadores contra la presentación de Federico Sturzenegger este miércoles, cuando defendió el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada, la mirada ya está puesta en la audiencia por la que deberá pasar Carlos «Coco» Mahiques, padre del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, el próximo 16 de abril.
En ese sentido, el pliego de la prórroga que Mahiques consiguió de parte de Milei para continuar en su cargo en la Cámara de Casación, después que cumpla 75 años en noviembre próximo, ya cosechó las impugnaciones de ACIJ e INECIP (Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales). Las organizaciones solicitaron que se rechace el pliego porque «no se puede otorgar un nuevo nombramiento a quien no fue nombrado con anterioridad».
En efecto, Mahiques llegó a la Casación Federal luego de un traslado efectuado en 2018, durante la presidencia de Mauricio Macri, desde su cargo original en un fuero de la Justicia ordinaria.
Juan Carlos Pagotto y Anabel Fernández Sagasti.
Sin embargo, la Corte Suprema declaró inconstitucional ese tipo de traslados en 2020, en el fallo «Bertuzzi», otro juez trasladado por Macri. «Validar un nuevo nombramiento implicaría perpetuar una situación inconstitucional que debe ser corregida inmediatamente por el Senado de la Nación», advierten las organizaciones.
El fallo del máximo tribunal estableció que los traslados no pueden equipararse a los nombramientos y, por eso, sus detractores alegan que «no se puede prorrogar un cargo al que se accedió de manera provisoria». «La única vía constitucional para que Carlos Mahiques pueda continuar en la Cámara Federal de Casación Penal luego de los 75 años es presentarse al concurso que el Consejo de la Magistratura inicie cuando se produzca la vacante», desafían ACIJ e INECIP.
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