El Gobierno Provincial ya acordó con 14 municipios la continuidad de las tareas de control de precios y abastecimiento de forma delegada, en el marco de la emergencia sanitaria por el Coronavirus COVID-19.
De esta manera, se implementarán políticas activas que permitan un mejor desenvolvimiento administrativo en la defensa de los derechos del consumidor.
A través de la Agencia de Recaudación Tributaria ya se firmaron los convenios correspondientes con las comunas de Cinco Saltos, El Bolsón, Choele Choel, General Conesa, Ingeniero Jacobacci y Los Menucos.
Se suman los municipios que de Sierra Grande, Cipolletti, Bariloche, Río Colorado, Villa Regina, San Antonio Oeste, Catriel y Allen a través de sus propias Oficinas Municipales de Información al Consumidor (OMIC).
Esta delegación de facultades fue aprobada por Decreto de la gobernadora, Arabela Carreras, y ya se encuentra en plena vigencia. De esta manera, el Estado interviene en el control de abastecimiento y de los precios que se ofrecen al consumidor final.
Se busca garantizar el acceso de la población a los alimentos, impedir el faltante de productos esenciales y de primera necesidad, evitar abusos y aprovechamiento en el incremento desmedido de precios ante el aumento de la demanda.
Con la colaboración de los Municipios se podrá realizar un control más efectivo del abastecimiento y de precios, evitando abusos sobre la comunidad.
Llegamos al refugio canino APAN (asociación protectora de animales), cuando las colaboradoras ya habían terminada con la jornada de trabajo. Estaban en el refugio desde las 6:30 am, principalmente en verano se intenta ir bien temprano ya que durante la tarde el calor es sofocante, la atención para los refugiados es de lunes a lunes,…
La Universidad de Buenos Aires nació hace más de dos siglos como una institución destinada a formar profesionales, pero con el paso del tiempo se convirtió en uno de los grandes símbolos del conocimiento público argentino. De sus aulas surgieron cinco premios Nobel, científicos reconocidos internacionalmente, referentes culturales y miles de profesionales que transformaron la vida del país. Su historia también es la historia de una discusión permanente: el valor de una educación pública que busca que el acceso al conocimiento no dependa del origen social.
Por Redacción de NLI
Hay instituciones que forman parte de la identidad de un país más allá de sus edificios y sus autoridades. La Universidad de Buenos Aires (UBA) es una de ellas. Desde su creación en 1821, atravesó guerras, crisis económicas, golpes de Estado, reformas políticas y transformaciones sociales, pero mantuvo una característica que marcó profundamente la historia argentina: la idea de que el conocimiento superior podía ser una herramienta de ascenso social y desarrollo nacional.
Durante más de dos siglos, la UBA se convirtió en una de las universidades más importantes de América Latina y en una de las pocas instituciones públicas de la región con reconocimiento global. Su prestigio no surgió únicamente de sus rankings internacionales, sino de una producción científica, cultural y profesional que tuvo impacto concreto dentro y fuera del país.
Por sus aulas pasaron presidentes, escritores, científicos, médicos, abogados, economistas, artistas y trabajadores que encontraron en la educación pública una posibilidad que, de otro modo, hubiera sido inaccesible.
La historia de la UBA es también una historia sobre el papel del Estado en la construcción de igualdad de oportunidades.
Una universidad nacida para construir un país
La Universidad de Buenos Aires fue fundada en 1821, durante el gobierno de Martín Rodríguez y bajo el impulso de Bernardino Rivadavia, en un momento en que las Provincias Unidas del Río de la Plata buscaban organizar sus instituciones después de la independencia.
Desde sus primeros años, la universidad estuvo vinculada a la formación de profesionales necesarios para el desarrollo del país. Medicina, Derecho, Ciencias Exactas y Filosofía fueron algunas de las áreas que marcaron su crecimiento inicial.
Pero la UBA no permaneció aislada de los grandes debates nacionales. A lo largo de su historia fue escenario de discusiones políticas, científicas y sociales que reflejaron las tensiones de cada época.
Su comunidad universitaria participó activamente en procesos históricos fundamentales, desde las luchas por la reforma universitaria hasta los debates sobre democracia, derechos humanos y desarrollo científico.
La Reforma Universitaria y la democratización del conocimiento
Uno de los momentos más importantes de la historia universitaria argentina ocurrió en 1918 con la Reforma Universitaria de Córdoba, un movimiento que transformó para siempre la educación superior en América Latina.
La reforma impulsó principios como el cogobierno universitario, la autonomía, la participación estudiantil y una concepción de la universidad vinculada con la sociedad.
Esos cambios modificaron la relación entre las instituciones educativas y el conjunto de la comunidad. La universidad dejó de ser pensada solamente como un espacio reservado para las élites y comenzó a consolidarse como un ámbito de producción de conocimiento abierto a nuevas generaciones.
Décadas más tarde, la gratuidad universitaria implementada en 1949 durante el gobierno de Juan Domingo Perón profundizó ese proceso al eliminar las barreras económicas que impedían a muchos sectores populares acceder a estudios superiores.
Esa medida cambió la composición social de las universidades argentinas y permitió que miles de jóvenes fueran los primeros profesionales de sus familias.
Ciencia argentina nacida en las aulas públicas
La UBA también fue protagonista de algunos de los mayores logros científicos del país. De sus laboratorios y centros de investigación surgieron trabajos que alcanzaron reconocimiento internacional.
Entre sus graduados se encuentran cinco premios Nobel argentinos: Bernardo Houssay y Luis Federico Leloir en Medicina, César Milstein en Fisiología o Medicina, además de Carlos Saavedra Lamas y Adolfo Pérez Esquivel vinculados al Nobel de la Paz.
Estos reconocimientos no fueron hechos aislados. Fueron consecuencia de una tradición científica construida durante décadas mediante universidades, institutos de investigación y organismos públicos.
La producción científica argentina demuestra que una universidad pública no solamente entrega títulos profesionales: también genera conocimiento capaz de competir a nivel mundial.
Una institución atravesada por la historia política argentina
Como pocas instituciones, la UBA refleja los cambios políticos del país. Durante las dictaduras militares sufrió intervenciones, persecuciones y expulsión de docentes e investigadores.
Uno de los períodos más oscuros fue la llamada “Noche de los Bastones Largos” en 1966, cuando la policía ingresó violentamente a la Facultad de Ciencias Exactas y expulsó a docentes y estudiantes que protestaban contra la intervención universitaria.
Aquel episodio provocó una pérdida enorme para la ciencia argentina, ya que muchos investigadores debieron emigrar al exterior.
La recuperación democrática en 1983 permitió reconstruir la autonomía universitaria y recuperar parte del proyecto científico y educativo que había sido interrumpido.
El debate actual: universidad pública y futuro nacional
En los últimos años, las universidades públicas volvieron a estar en el centro de una discusión política sobre financiamiento, investigación y el papel del Estado.
Quienes defienden el sistema universitario sostienen que la educación superior pública es una de las principales herramientas de movilidad social y desarrollo tecnológico del país. Señalan que detrás de cada médico, científico, ingeniero o docente formado existe una inversión colectiva que beneficia a toda la sociedad.
La discusión excede el presupuesto universitario: plantea qué tipo de país se busca construir. Uno donde el acceso al conocimiento sea un derecho amplio o uno donde la formación superior quede cada vez más condicionada por la capacidad económica individual.
La historia de la UBA muestra que la educación pública argentina no fue solamente un sistema de enseñanza: fue una herramienta para transformar vidas, producir ciencia y construir una sociedad con mayores posibilidades de integración.
A dos siglos de su creación, la pregunta sigue vigente: qué lugar ocupará el conocimiento en el futuro argentino y si el país elegirá preservar una de sus mayores riquezas, una universidad pública capaz de formar generaciones enteras.
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En menos de dos semanas, un movimiento cívico histórico, con dosis de reggaetón, creatividad al tope, mucho de indignación y pacifismo activo acabó con la renuncia del gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló. Un movimiento revolucionario sin precedentes en la isla. Revolución pura, sin quitarle una sola letra, solo agregándole ritmo afrocaribeño. Ver esta publicación…
Axel Kicillof decidió avanzar en la Legislatura bonaerense con un proyecto que elimina el límite que hoy tienen los intendentes para volver a ser reelectos. Desde Casa de Gobierno sostiene volverán a poner en discusión una iniciativa presentada el año pasado por una senadora del Movimiento Derecho al Futuro (MDF).
Tanto Verónica Magario, como los senadores de Kicillof en la Legislatura volverán a insistir con un proyecto presentado por la senadora Ayelén Durán en 2025 en medio de las tensiones con el kirchnerismo por la estrategia electoral de las pasadas elecciones legislativas.
Fuentes del axelismo aseguran que no se trata de un proyecto cerrado y que la idea es aceptar todos los aportes que sean necesario. La movida busca instalar la necesidad de poner el tema en discusión y el axelismo tomó la posta de cara a los pedidos de los intendentes. «El problema es tal como está la ley supone un problema para la política y puede generar un caos en el próximo cierre de listas, incluso para los radicales», dicen fuentes del MDF.
En los días que siguen, el peronismo deberá ordenarse frente este tema. Se sabe que el Frente Renovador se niega a votar un proyecto que elimine la ley que promovieron hace 10 años. En tanto, el kirchnerismo también muestra resistencia en función de la interna con el axelismo. Un senador cercano a Cristina Kirchner rechazó de manera tajante que ese sector acompañe el proyecto de Durán.
La necesidad de voltear la ley que impide a unos 80 intendentes de la provincia pelear por un nuevo mandato se instaló en las últimas semanas. LPO adelantó que un sector del peronismo busca que sean cada uno de los Concejos Deliberantes quienes habiliten a los intendentes a reelegir.
Para eso estudian la posibilidad de enviar a la Legislatura un proyecto de ley que traslade a los concejales esa responsabilidad. Sacan a flote el artículo 123 de la Constitución Nacional que exige a todas las provincias asegurar el régimen municipal y garantizar su autonomía en los órdenes institucional, político, administrativo, económico y financiero.
El principal problema de esa iniciativa es la polarización que existe en los concejos del interior de la provincia donde La Libertad Avanza llega, en muchos casos, casi la mitad de los concejales.
Una semana después de que trascendiera esa iniciativa, Kicillof volvió a reinstalar el tema en una recorrida por el interior de la provincia. «Es muy infrecuente que a nivel de gobiernos locales no haya posibilidad de que se presenten todos los candidatos para que el pueblo vote a dirigentes que conoce, que son cercanos», dijo y agregó que es la Legislatura quien debe avanzar con el tema.
Esta semana el tema se tocó en la reunión que el gobernador mantuvo con la flamante Liga de Intendentes Peronistas, que llegaron hasta La Plata para presentar su armado formalmente a Kicillof. LPO reconstruyó que esa reunión duró unas tres horas y se tocaron temas políticos, uno de ellos fue la necesidad de reinstaurar las reelecciones indefinidas.
El empresario de salud Carlos Tita será llamado a declarar en la causa que el juez federal de Rosario Gastón Salmain está imputado de haber pedido un soborno de 100 mil dólares al ex director regional de la AFIP de Santa Fe Carlos Vaudagna para quedarse con las causas penales que implicaban a este en hechos de corrupción.
Tita es un médico cirujano devenido en poderoso empresario de la ciudad de Rafaela, que controla clínicas y sanatorios de distintas zonas de Santa Fe y que fue en los 90 socio del ministro de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti, que es oriundo de la misma ciudad. Lo que la Justicia Federal trata de establecer es si Tita fue quien aportó el dinero solicitado a Vaudagna para que el juez Salmain reclamara la competencia y se quedara con múltiples expedientes que implicaban al ex alto funcionario de la entonces AFIP por múltiples delitos. Cosa que efectivamente Salmain hizo en diciembre de 2024.
Tita es un médico cirujano devenido en poderoso empresario de la ciudad de Rafaela, que controla clínicas y sanatorios de distintas zonas de Santa Fe y que fue en los 90 socio del ministro de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti, que es oriundo de la misma ciudad
La relación entre Vaudagna y Tita está acreditada en los contenidos de un teléfono secuestrado al primero en una causa ligada a la empresa Vicentin que impulsó una decena de causas penales, al descubrirse que el ex director de AFIP cobraba a empresarios legales para ayudarlos a evadir dinero, hacer colocaciones en paraísos fiscales y persiguió a contribuyentes para extorsionarlos. Esos contenidos indican que Vaudagna, que entonces era máximo jefe en Santa Fe del organismo recaudatorio, hacía trabajo de asesor contable para Tita, algo del todo incompatible con sus funciones públicas.
Hace diez días, en la audiencia en que Salmain fue imputado por el intento de cohecho, el fiscal federal Federico Reynares Solari reveló en audiencia que el intermediario para cobrar ese soborno fue el abogado Diego Feser, que integra el plantel de un destacado estudio jurídico y es director del diario La Capital de Rosario.
Hace ocho días el fiscal Reynares imputó al juez Salmain que «a través de la intermediación del doctor Diego Feser, le ofreció a Carlos Vaudagna la posibilidad de influir en el trámite de las causas que se le seguían en el expediente FRO 16727/2023, donde Vaudagna estaba denunciado como alto funcionario de la AFIP por violación de secreto, abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario público». El motivo, según el fiscal, fue para que estas causas «quedaran radicadas bajo su competencia y resueltas en un sentido favorable a sus intereses, a cambio de una suma de dinero que fue fijada en 100 mil dólares».
Los indicios que volcaron la atención hacia el empresario de salud rafaelino, que ahora según supo LPO sería convocado a declarar, es que en una de las comunicaciones que Feser mantiene con Vaudagna le pregunta si ya habló con Tita, en fechas que coinciden con el momento en que Salmain intenta sin éxito quedarse con las causas que implican al directivo de AFIP, que estaban claramente no solo fuera de su competencia territorial sino de la materia en la que entiende, ya que es magistrado civil y estos temas son de índole penal.
La idea de que Tita le facilitó dinero a Vaudagna no implica que supiera, en principio, para qué iba a ser destinado ese dinero. Pero de las múltiples investigaciones que hay en el Ministerio Público Fiscal en Santa Fe, Rosario y Reconquista, hay indicios vehementes de que el dinero habría sido entregado. E incluso fue aceptado por Vaudagna en su declaración como imputado colaborador, que dijo que dejó la mitad de la plata solicitada en una vieja estación de trenes cercana a su casa como le habían pedido.
La alusión a Carlos Tita fue en la audiencia del pasado 31 de julio que presidió el juez de Garantías Román Lanzón. Allí Salmain, al defenderse, apuntó de una manera algo desconcertante por igual a la Corte Suprema. Primero dijo que las causas penales en las que está imputado -dos de ellas por pedidos de coimas- eran un armado que atribuyó «al presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, a su secretario, Silvio Robles, y a fiscales de la jurisdicción de Rosario, presuntamente vinculados con ellos».
La idea de que Tita le facilitó dinero a Vaudagna no implica que supiera, en principio, para qué iba a ser destinado ese dinero. Pero de las múltiples investigaciones que hay en el Ministerio Público Fiscal en Santa Fe, Rosario y Reconquista, hay indicios vehementes de que el dinero habría sido entregado. E incluso fue aceptado por Vaudagna en su declaración como imputado colaborador, que dijo que dejó la mitad de la plata solicitada en una vieja estación de trenes cercana a su casa como le habían pedido.
Pero después de eso, al ampliar su descargo en el que defiende con vehemencia ser inocente, inesperadamente puso en la mira a otro ministro de la Corte, Ricardo Lorenzetti, al que mencionó explícitamente, incluso mostrando una publicación periodística.
Entre quienes siguieron la audiencia hubo una fuerte impresión de que Salmain parecía haber en la alusión a Lorenzetti el envío de un mensaje cifrado. Lorenzetti participó personalmente de la ceremonia en la que Salmain, oriundo de Buenos Aires, asumió como juez federal de Rosario en julio de 2024.
En la primera audiencia en la que Salmain fue imputado de un caso de cohecho resultó coimputado el escribano santafesino Santiago Busaniche, un conocido lobista de la Justicia Federal, muy conocido en Comodoro Py. Busaniche fue señalado como intermediario de un intento de soborno para que Salmain aceptara una demanda, como hizo, para que un fideicomiso comprara dólares en el mercado oficial durante la vigencia del cepo cambiario.
En otra audiencia donde a Busaniche se lo acusó de gestionar una extorsión contra empresarios bursátiles, la abogada de Busaniche, Débora Lichtmann, habló de que esa causa penal era una construcción que atribuyó a una interna en la Corte Suprema de la Nación. Poco tiempo después la misma defensa de Busaniche citó a declarar al ex administrador general de la Corte, Héctor Daniel Marchi, sin la toma de juramento que es de práctica a los testigos, por si surgieran ulteriores responsabilidades penales.
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