El municipio podrá intervenir en el control de precios

El Gobierno Provincial ya acordó con 14 municipios la continuidad de las tareas de control de precios y abastecimiento de forma delegada, en el marco de la emergencia sanitaria por el Coronavirus COVID-19.

De esta manera, se implementarán políticas activas que permitan un mejor desenvolvimiento administrativo en la defensa de los derechos del consumidor.

A través de la Agencia de Recaudación Tributaria ya se firmaron los convenios correspondientes con las comunas de Cinco Saltos, El Bolsón, Choele Choel, General Conesa, Ingeniero Jacobacci y Los Menucos.

Se suman los municipios que de Sierra Grande, Cipolletti, Bariloche, Río Colorado, Villa Regina, San Antonio Oeste, Catriel y Allen a través de sus propias Oficinas Municipales de Información al Consumidor (OMIC).

Esta delegación de facultades fue aprobada por Decreto de la gobernadora, Arabela Carreras, y ya se encuentra en plena vigencia. De esta manera, el Estado interviene en el control de abastecimiento y de los precios que se ofrecen al consumidor final.

Se busca garantizar el acceso de la población a los alimentos, impedir el faltante de productos esenciales y de primera necesidad, evitar abusos y aprovechamiento en el incremento desmedido de precios ante el aumento de la demanda.

Con la colaboración de los Municipios se podrá realizar un control más efectivo del abastecimiento y de precios, evitando abusos sobre la comunidad.

Fuente: Prensa RioNegro

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    La Inspección General de Justicia, que responde al ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, puso el foco en la Fundación Faro, que maneja el hermano de Caputo, Francisco, junto al «intelectual» Agustín Laje. El organismo que depende del ministro que puso Karina para desplazar a Caputo de la operatoria judicial le pidió a la Fundación Faro que informe quiénes le realizaron donaciones millonarias.

    Según informó Chequeado, la fundación declaró ante la IGJ haber recibido $ 4.957 millones en concepto de «Donaciones, cursos, talleres y prevención» durante 2024, su primer ejercicio completo bajo la estructura actual. El organismo pidió que se informe quiénes realizaron esos aportes, cuándo se efectuaron y por qué montos. Una situación morbosa para quienes prometen discreción a sus aportantes privados.

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    En la Ciudad, gracias a la mano amiga de Guillermo Dietrich, los Neuss manejan la VTV desde 2016. El negocio es interminable: todos los autos que circulan están obligados a portar la oblea que se renueva cada año a un precio mayor al año anterior. En la provincia, un distrito con 17,5 millones de habitantes, la VTV ya cuesta 100 mil pesos por auto.

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