El Gobierno Provincial ya acordó con 14 municipios la continuidad de las tareas de control de precios y abastecimiento de forma delegada, en el marco de la emergencia sanitaria por el Coronavirus COVID-19.
De esta manera, se implementarán políticas activas que permitan un mejor desenvolvimiento administrativo en la defensa de los derechos del consumidor.
A través de la Agencia de Recaudación Tributaria ya se firmaron los convenios correspondientes con las comunas de Cinco Saltos, El Bolsón, Choele Choel, General Conesa, Ingeniero Jacobacci y Los Menucos.
Se suman los municipios que de Sierra Grande, Cipolletti, Bariloche, Río Colorado, Villa Regina, San Antonio Oeste, Catriel y Allen a través de sus propias Oficinas Municipales de Información al Consumidor (OMIC).
Esta delegación de facultades fue aprobada por Decreto de la gobernadora, Arabela Carreras, y ya se encuentra en plena vigencia. De esta manera, el Estado interviene en el control de abastecimiento y de los precios que se ofrecen al consumidor final.
Se busca garantizar el acceso de la población a los alimentos, impedir el faltante de productos esenciales y de primera necesidad, evitar abusos y aprovechamiento en el incremento desmedido de precios ante el aumento de la demanda.
Con la colaboración de los Municipios se podrá realizar un control más efectivo del abastecimiento y de precios, evitando abusos sobre la comunidad.
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Esta mañana, residentes y trabajadores del Hogar municipal La Esperanza y del Hogar Juan Pablo II recibieron la segunda dosis contra el COVID-19. A un total de 20 personas les fueron aplicadas las vacunas por el personal de Salud Pública. Difunde esta nota
El gobierno consiguió este miércoles darle media sanción a la ley que modifica el régimen se Zonas Frías para subsidiar a los hogares alcanzados por la norma vigente desde 2021, en el consumo de gas. Con 132 votos por la afirmativa, 105 por la negativa y las abstenciones de los tres catamarqueños de Raúl Jalil y el lilito Maximiliano Ferraro, el oficialismo aprobó su iniciativa cerca de las 22, después de casi 12 horas de sesión.
Al igual que con el quórum, los libertarios contaron con el respaldo del PRO, la UCR, el MID, los sanjuaninos de Marcelo Orrego, los tucumanos de Osvaldo Jaldo y casi todos los representantes de Innovación Federal, la bancada que responde a Carlos Rovira y Gustavo Sáenz. Para obtener ese apoyo, Diego Santilli gastó los teléfonos de los gobernadores en la previa de la sesión prometiendo un alivio para las tarifas eléctricas bajo la forma de un canje de «zona cálida por zona fría».
Durante el debate, los libertarios acusaron al peronismo de hacer «populismo tarifario» y se jactaron de proponer una iniciativa que busca reparar ese problema. El mendocino Facundo Correa Llano, miembro informante del oficialismo, dijo que «la política argentina se construyó sobre subsidios indiscriminados, sobre distorsiones, sobre privilegios», y agregó: «eso nos llevó a confundir lo que es la sensibilidad social con desorden, subsidios con privilegios, y política energética con populismo tarifario».
En su intervención, no mencionó que la mutilación de las zonas frías estaba contemplada en el capítulo 11 del proyecto de presupuesto que la oposición abortó con la media sanción de la Cámara Baja, en diciembre del año pasado, un golpe a la trampa que había montado Luis Toto Caputo para profundizar el ajuste. De hecho, Correa Llano reivindicó «el camino basado en el equilibrio fiscal, en la inversión privada, en reglas claras, en un sistema energético sostenible y en subsidios focalizados».
La cordobesa Laura Rodríguez Machado, que saltó en 2025 del PRO a LLA, presumió que el gobierno está «desarmando una bomba que dejó el kirchnerismo». «Estamos en contra de darle subsidios a quienes no lo necesitan», dijo, y concluyó: «nosotros cuidamos la plata de los argentinos asignándola a los recursos de quienes realmente la necesitan».
Horas más tarde le respondería la diputada Carolina Basualdo, también oriunda de Córdoba pero integrada al interbloque de Provincias Unidas. «Tomo la palabra en nombre de las 688 mil familias cordobesas a las que les quitan los subsidios», anunció antes de criticar que «la política energética de la Nación no puede diseñarse desde un escritorio en Buenos Aires».
Basualdo coincidió con el salteño Bernardo Biella en su preocupación sobre el destino del 7,5 por ciento de la factura que todos los consumidores pagan para la constitución del Fondo Fiduciario que financia los subsidios. «Los cordobeses vamos a seguir aportando», dijo con orgullo la diputada de Martín Llaryora.
Biella, por su parte, se preguntó si el dinero tributado sería imputado al pago de obras, como debería suceder con el impuesto a los combustibles, o jubilaciones. Miembro del bloque Innovación Federal, que responde a Gustavo Sáenz, el legislador había dicho antes de dar quórum que votaría contra la ley porque «en Salta hace más frío que en Mendoza».
Sobre el debate acerca del financiamiento del Fondo Fiduciario que sostiene los subsidios, el ex diputado y director del Instituto Consenso Federal, Alejandro «Topo» Rodrígez, recordó que «presentó superávit en 2021, 2022 y 2023, pero apenas asumió Javier Milei entró en déficit». Según sus cálculos, en 2021 hubo un superávit de 16 mil millones de pesos; en 2022, fue de 7697 millones de pesos; y en 2023, alcanzó 39 mil millones de pesos de balance positivo, mientras que en 2024 cayó en un déficit de 54 mil millones de pesos.
El impacto de la reforma impulsada por la Casa Rosada afecta a 1,2 millones de hogares en la Provincia de Buenos Aires. Como hay 6 millones en total en ese distrito, el impacto se produce sobre el 20 por ciento de las familias. A nivel nacional, casi 4 millones de hogares serían alcanzados por el recorte.
La camporista Paula Penacca salió al cruce también de los colegas suyos que criticaban la política de subsidios de los gobiernos kirchneristas. «Desde que asumió Javier Milei, el aumento de tarifas fue de 980 por ciento mientras que la inflación fue del 240 por ciento», graficó.
Quizá como advertencia, el rionegrino Miguel Pichetto evocó: «allá por el 2000, el gobierno de Fernando De La Rúa tomó una medida igual con el subsidio del combustible».
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