El municipio podrá intervenir en el control de precios

El Gobierno Provincial ya acordó con 14 municipios la continuidad de las tareas de control de precios y abastecimiento de forma delegada, en el marco de la emergencia sanitaria por el Coronavirus COVID-19.

De esta manera, se implementarán políticas activas que permitan un mejor desenvolvimiento administrativo en la defensa de los derechos del consumidor.

A través de la Agencia de Recaudación Tributaria ya se firmaron los convenios correspondientes con las comunas de Cinco Saltos, El Bolsón, Choele Choel, General Conesa, Ingeniero Jacobacci y Los Menucos.

Se suman los municipios que de Sierra Grande, Cipolletti, Bariloche, Río Colorado, Villa Regina, San Antonio Oeste, Catriel y Allen a través de sus propias Oficinas Municipales de Información al Consumidor (OMIC).

Esta delegación de facultades fue aprobada por Decreto de la gobernadora, Arabela Carreras, y ya se encuentra en plena vigencia. De esta manera, el Estado interviene en el control de abastecimiento y de los precios que se ofrecen al consumidor final.

Se busca garantizar el acceso de la población a los alimentos, impedir el faltante de productos esenciales y de primera necesidad, evitar abusos y aprovechamiento en el incremento desmedido de precios ante el aumento de la demanda.

Con la colaboración de los Municipios se podrá realizar un control más efectivo del abastecimiento y de precios, evitando abusos sobre la comunidad.

Fuente: Prensa RioNegro

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    ESCÁNDALO ADORNI: Lemoine salió a defenderlo y terminó confirmando la casa no declarada

     

    Lejos de apagar el incendio político, la diputada libertaria Lilia Lemoine terminó echando más nafta al fuego: al responderle al periodista Pablo Duggan, confirmó que la propiedad denunciada de Manuel Adorni existe. El intento de minimizar el tema dejó al descubierto lo que el oficialismo venía evitando reconocer.

    Por Roque Pérez para NLI

    El escándalo por la casa en un country no declarada por Manuel Adorni sumó en las últimas horas un elemento clave: la confirmación desde el propio espacio libertario. Y no fue menor el dato, porque llegó de boca de una de las dirigentes más cercanas al núcleo duro del oficialismo.

    Todo ocurrió cuando Lemoine salió a responderle a Duggan en redes sociales, en medio de la creciente polémica. En ese intercambio, la diputada intentó relativizar la gravedad del asunto, pero terminó admitiendo lo central: la vivienda existe. Su frase fue tan explícita como reveladora: sostuvo que se trata de “una casa reformada… en un country de clase media”, intentando contrastarla con una “mansión”.

    El problema es que, en ese intento de “bajarle el precio” político al tema, terminó validando el punto de partida de la denuncia: la propiedad señalada efectivamente está.

    De la negación al reconocimiento implícito

    Hasta ahora, el oficialismo había evitado dar precisiones claras sobre la denuncia que tomó estado público y que incluso ya había sido recogida por NLI, donde se detalló el carácter no declarado del inmueble.

    Sin embargo, el giro discursivo de Lemoine marca un punto de inflexión. Ya no se trata de discutir si la casa existe o no, sino de por qué no figura en las declaraciones correspondientes.

    El propio Duggan venía insistiendo en distintas irregularidades vinculadas al patrimonio y los gastos de Adorni, señalando inconsistencias entre ingresos declarados y consumos registrados, lo que abrió un frente de sospechas que ahora suma este nuevo capítulo ().

    En ese contexto, la confirmación indirecta de Lemoine no hace más que profundizar el escándalo: si la casa está, la pregunta es por qué no fue informada.

    El intento de minimizar que agravó la situación

    El argumento elegido por la diputada libertaria tampoco pasó desapercibido. En lugar de negar los hechos, optó por una estrategia clásica: relativizar el valor de la propiedad.

    Pero ese enfoque generó el efecto contrario. Porque en términos políticos y legales, el problema no es si la casa es lujosa o de “clase media”, sino su eventual omisión en los registros patrimoniales.

    En otras palabras, el eje no está en cuánto vale la propiedad, sino en si fue declarada o no.

    Y ahí es donde el oficialismo queda expuesto: la defensa no desmiente la acusación, la confirma.

    Un escándalo que escala

    El caso ya venía creciendo en los últimos días con denuncias mediáticas, cuestionamientos por gastos y el foco puesto sobre el patrimonio del funcionario. Ahora, con la intervención de Lemoine, el tema entra en una nueva etapa.

    Porque cuando la propia tropa oficialista admite el dato central, el margen para eludir explicaciones se reduce drásticamente.

    Así, lo que comenzó como una denuncia periodística empieza a transformarse en un problema político concreto para el entorno de Milei, que vuelve a quedar bajo sospecha por inconsistencias entre discurso y prácticas.

    Y esta vez, no hizo falta una investigación judicial ni una filtración: bastó un tuit para confirmar lo que intentaban negar.

     

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