El municipio podrá intervenir en el control de precios

El Partido Laborista es el principal derrotado de las elecciones municipales que se celebraron en Reino Unido. El partido de Keir Starmer sufrió una paliza electoral que pega de lleno en el liderazgo del primer ministro y dota de mucha legitimada a Reformas UK, el partido del euroescéptico de ultraderecha Nigel Farage que pasó de 2 a 500 bancas municipales bajo la promesa de deportaciones masivas. 

Farage dijo que los resultados marcan «un cambio histórico en la política británica». En efecto, la jornada fue presentada como una referéndum a la gestión laborista y esta derrota amenaza con desencadenar movimientos para destituir a un líder que los llevó al poder en julio de 2024.

Aunque Starmer descarte cualquier salida, son muchos los analistas británicos que dudan de que pueda liderar el partido en las próximas elecciones nacionales, que deben celebrarse antes de 2029. El viceprimer ministro David Lammy advirtió al partido de que no derrocara al primer ministro, diciendo que «no se cambia de piloto durante el vuelo».

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El Partido Verde también esperaba aumentar su porcentaje de votos y ganar cientos de concejales en centros urbanos y ciudades universitarias en una muestra que los resultados reflejan una fragmentación de la política británica tras décadas de dominio laborista y conservador. También se espera que el Partido Conservador pierda terreno, y que los centristas liberaldemócratas consigan algunos avances. 

El partido de Keir Starmer sufrió una paliza electoral que pega de lleno en el liderazgo del primer ministro y dota de mucha legitimada a Reformas UK, el partido del euroescéptico de ultraderecha Nigel Farage que pasó de 2 a 500 bancas municipales bajo la promesa de deportaciones masivas.

Reform UK  se presenta con un mensaje antiestablishment y antiinmigración, también aspira a avanzar en Escocia y Gales, aunque los nacionalistas independentistas Partido Nacional Escocés y Plaid Cymru tienen más probabilidades de formar gobierno en Edimburgo y Cardiff.

Luego de ganar con contundencia hace dos años y avanzar con reformas importantes como la nacionalización de los ferrocarriles, la popularidad de Starmer se desplomó tras la reforma de la asistencia social.

Nigel Farage.

Su Gobierno se ha esforzado por lograr el crecimiento económico prometido, reparar unos servicios públicos destrozados y reducir el costo de la vida, tareas que se han visto dificultadas por la guerra de Irán, que ha bloqueado los envíos de petróleo a través del estrecho de Ormuz.

A su vez, el primer ministro se ha visto aún más perjudicado por su desastrosa decisión de nombrar embajador británico en Estados Unidos a Peter Mandelson, un amigo de Jeffrey Epstein salpicado por el escándalo.

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Esta derrota puede acelerar la interna laborista con figuras que aspiran a liderar como el secretario de Salud, Wes Streeting, la ex viceprimera ministra Angela Rayner o el alcalde de Greater Manchester, Andy Burnham.

Por otra parte, Starmer podría verse presionado por el partido para que fije un calendario para su salida tras un concurso de liderazgo ordenado. «No creo que Keir Starmer deba sobrevivir a estos resultados. Tenemos que ser más audaces e ir más allá. Y, francamente, necesitamos un nuevo liderazgo para lograrlo», dijo el legislador laborista Jonathan Brash, que representa a Hartlepool en el Parlamento. 

La diputada Marcela Pagano denunció que Karina Milei firmó una licitación de $700 millones para el mantenimiento y la jardinería de Olivos, direccionada para que la gane Franco Castelli, de quien sospecha que acreditaría una relación de parentesco con Belén Agudiez, la mano derecha de la secretaria general de la Presidencia.

Según la información aportada por la legisladora, dos empresas se presentaron como oferentes para competir por el negocio, La Mantovana y Grub, pero ambas pertenecen al mismo empresario, Castelli. El procedimiento licitatorio está identificado como Licitación Pública N° 23-0005-LPU26 y fue convocado por Karina para la contratación del «mantenimiento preventivo, correctivo y riego de los espacios verdes de la Residencia Presidencial de Olivos y Casa de Gobierno».

Sin embargo, Pagano precisa en su escrito que consta en un dictamen de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia la pertenencia de ambas firmas al mismo grupo económico. «Es un hecho público, notorio y oponible frente a todos desde el 27 de septiembre de 2024», planteó.

Además, indicó que es responsabilidad de Karina «verificar la independencia económica y la efectiva concurrencia competitiva de los oferentes admitidos al certamen». «La admisión simultánea como oferentes formalmente independientes de dos firmas oficialmente reconocidas como integrantes del mismo grupo económico no puede explicarse, en este contexto, por simple ignorancia o negligencia: constituye, como mínimo a título de dolo eventual, la consagración de una ficción licitatoria destinada a aparentar competencia donde no la hay, con la previsible consecuencia de afectar el precio final y, por ende, el patrimonio del Estado Nacional», expresó.

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Pero el problema de la hermana presidencial no se detiene ahí. En rigor, la funcionaria que supervisa todo lo que ocurre en la residencia de Olivos es María Belén Agudiez, subsecretaria de Planificación General y mano derecha de Karina, a quien dentro del Gobierno llaman «la sombra de El Jefe».

Tal como reveló LPO en exclusiva, Agudiez duplicó el presupuesto de su área en los primeros dos meses de gestión, ampliándolo a más de $50 millones solo para sueldos. También nombró a sus primos Osvaldo Javier Sosa, que es jardinero de oficio, como administrador general de Olivos, un cargo que se conoce como el de «intendente» del predio, y Agustín Expósito.

Belén Agudiez.

Fuentes del gobierno deslizaron hace más de dos años que, incluso, habría nombrado a su madre y a su hermana.

Ahora, Pagano reclama al juez de la causa que confirme, con las partidas de nacimiento, si Agudiez es prima hermana de Castelli, el dueño de las empresas que se presentaron a la licitación de Karina.

De comprobarse el lazo familiar, el escándalo sería que la hermana del Presidente contrató por $700 millones a la empresa cuyo dueño es pariente de su funcionaria de mayor confianza.

No es una licitación, es un negocio de familia montado dentro de Olivos, firmado por la hermana del Presidente.

La legisladora desliza, por otra parte, que existe la posibilidad que Castelli ya estuviera trabajando en Olivos pero sin contrato, lo que indicaría que la licitación sería el blanqueo para regularizar un servicio que se brindaba en la informalidad, sin registros fiscales. «No es una licitación, es un negocio de familia montado dentro de Olivos, firmado por la hermana del Presidente», conjetura la diputada.

La denuncia apunta que Karina podría haber incurrido en «los delitos de fraude en perjuicio de la administración pública, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público».

La admisión simultánea como oferentes formalmente independientes de dos firmas oficialmente reconocidas como integrantes del mismo grupo económico no puede explicarse, en este contexto, por simple ignorancia o negligencia: constituye, como mínimo a título de dolo eventual.

Por otro lado, Pagano advierte en su escrito que la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) detectó que, durante el ejercicio 2023, el Estado Nacional ejecutó cerca de 3.000 contratos vinculados a servicios de limpieza y mantenimiento por más de $88000 millones, de los cuales aproximadamente el 60% se concentró en apenas 10 empresas. «Entre los oferentes recurrentes en ese universo, LA MANTOVANA y firmas vinculadas a GRUB S.A. aparecen consistentemente identificadas. La propia SIGEN habría detectado irregularidades administrativas en el 72% de los contratos revisados (falta de documentación respaldatoria, adjudicaciones directas insuficientemente justificadas, controles débiles sobre asistencia, aportes previsionales y ART)», detalla antes de opinar que «ese antecedente no resulta accesorio» sino que «contextualiza el caso de autos dentro de un esquema más amplio cuya investigación corresponde».

Pagano reclama al juzgado que dicte una medida cautelar urgente para suspender el proceso de adjudicación de la licitación, que ordene el secuestro y resguardo del expediente administrativo completo de la licitación denunciada y que trabe las medidas cautelares patrimoniales que correspondan sobre los bienes de los eventuales imputados, en los términos del artículo 23 del Código Penal y normas procesales aplicables.