El Gobierno Provincial ya acordó con 14 municipios la continuidad de las tareas de control de precios y abastecimiento de forma delegada, en el marco de la emergencia sanitaria por el Coronavirus COVID-19.
De esta manera, se implementarán políticas activas que permitan un mejor desenvolvimiento administrativo en la defensa de los derechos del consumidor.
A través de la Agencia de Recaudación Tributaria ya se firmaron los convenios correspondientes con las comunas de Cinco Saltos, El Bolsón, Choele Choel, General Conesa, Ingeniero Jacobacci y Los Menucos.
Se suman los municipios que de Sierra Grande, Cipolletti, Bariloche, Río Colorado, Villa Regina, San Antonio Oeste, Catriel y Allen a través de sus propias Oficinas Municipales de Información al Consumidor (OMIC).
Esta delegación de facultades fue aprobada por Decreto de la gobernadora, Arabela Carreras, y ya se encuentra en plena vigencia. De esta manera, el Estado interviene en el control de abastecimiento y de los precios que se ofrecen al consumidor final.
Se busca garantizar el acceso de la población a los alimentos, impedir el faltante de productos esenciales y de primera necesidad, evitar abusos y aprovechamiento en el incremento desmedido de precios ante el aumento de la demanda.
Con la colaboración de los Municipios se podrá realizar un control más efectivo del abastecimiento y de precios, evitando abusos sobre la comunidad.
El fracking hace un uso intensivo de los recursos, agua, suelo, aire, generando gran cantidad de residuos, estos se llaman “pasivos ambientales”. El control de estos “pasivos” lo hace el gobierno provincial con la “secretaría de medio ambiente”.
El Intendente Marcelo Orazi ofreció esta mañana una conferencia de prensa en la que hizo referencia a las “excelentes noticias que tuvo Villa Regina durante la semana”. “Son el resultado de gestiones y acciones realizadas en equipo”, destacó. Acompañado por el Secretario de Gobierno Guillermo Carricavur, Orazi amplió cuestiones vinculadas a la confirmación de la…
El abogado del abogado de Nadia Beller, la ex novia de Fernando Cerimedo baleada por un par de sicarios en Bolivia, dijo que en el teléfono del ex asesor de Javier Milei había mensajes que lo incriminan directamente como el autor intelectual del atentado.
«En el teléfono de Cerimedo decía que había que eliminar a Nadia», dijo Jerjes Justiniano, el defensor de la víctima.
Justiniano dijo que esa información se extrajo durante el peritaje del teléfono de Cerimedo, que este jueves rompió en llanto cuando fue a declarar al Palacio de Justicia de La Paz.
«En la pericia del teléfono se constata una comunicación con alguien a través de una modalidad muy interesante que es a través de notas de mensaje, donde a través de esta nota le habría enviado a alguien en la cual dice: «Nadia ha llegado muy lejos, ella» dice, «la amiga de…» no me recuerdo el nombre, «sí, Nadia», le dice. «Yo creo que hay que buscar la forma de eliminarla, ¿conocés a alguien?», dijo el abogado de Beller a TN.
En la pericia del teléfono se constata una comunicación con alguien a través de una modalidad muy interesante, que es a través de notas de mensaje, donde a través de esta nota le habría enviado a alguien en la cual dice: «Nadia ha llegado muy lejos, ella» dice, «la amiga de…» no me recuerdo el nombre, «sí, Nadia», le dice. «Yo creo que hay que buscar la forma de eliminarla, ¿conocés a alguien?»
«Eso está en el teléfono de Cerimedo, está en la pericia que se ha realizado por parte de la Policía», dijo el abogado. «Es parte de los elementos probatorios que tiene el Ministerio Público y por eso es que el Ministerio Público llega a la conclusión de que en este momento no se necesita una prueba plena, se necesitan indicios y que prácticamente demuestran la participación de él», dijo Justiniano.
«Y luego hay una serie de mensajes entre Nadia y Cerimedo en la cual Nadia, obviamente producto de una relación sentimental, producto de su embarazo, donde eso lo iba a complicar mucho a Cerimedo con el tema de su esposa, de sus hijos», dijo el abogado.
La decisión del Gobierno de avanzar sobre la regulación del mercado editorial abrió una discusión que excede el precio de los libros. Editoriales, librerías y escritores advierten que detrás de la promesa de mayor competencia puede producirse una concentración del mercado que termine afectando la diversidad cultural y la supervivencia de las pequeñas librerías.
Por Redacción de NLI
Hay discusiones que parecen económicas hasta que uno mira un poco más de cerca. La pelea que acaba de abrirse alrededor del mercado editorial argentino es una de ellas. El Gobierno de Javier Milei impulsa modificaciones que apuntan a desregular la comercialización de libros, mientras editores, libreros y autores advierten que el problema no es solamente cuánto costará un ejemplar dentro de algunos meses, sino qué libros estarán disponibles, quién podrá publicarlos y qué librerías sobrevivirán en un mercado dominado cada vez más por grandes cadenas y plataformas digitales.
La discusión tiene un punto particularmente sensible: la posible eliminación de la llamada ley de precio uniforme del libro, vigente desde hace 25 años. El principio es relativamente sencillo: un mismo título debe venderse al mismo precio de referencia independientemente de que sea ofrecido por una gran cadena, una librería independiente o una tienda situada en una ciudad pequeña. La intención histórica fue evitar que los actores con mayor capacidad financiera pudieran utilizar descuentos agresivos para concentrar el mercado y desplazar a los competidores más pequeños.
Lo que desde el Gobierno puede presentarse como una simple eliminación de una regulación que encarece los productos, desde el sector editorial es observado de otra manera. Un libro no funciona exactamente como una lata de gaseosa, un par de zapatillas o un teléfono celular. Su valor económico convive con una dimensión cultural: detrás de cada título existe un autor, una editorial, un traductor, un corrector, un diseñador, una imprenta, una distribuidora y, finalmente, una librería que decide qué colocar en sus estantes.
El problema no es solamente cuánto cuesta un libro
La Argentina tiene una tradición editorial extraordinariamente rica. Buenos Aires fue durante buena parte del siglo XX una de las grandes capitales editoriales de habla hispana y sus empresas publicaron a autores argentinos, latinoamericanos y europeos que encontraron en el mercado local una plataforma para llegar a millones de lectores.
Esa estructura, sin embargo, nunca estuvo compuesta exclusivamente por grandes compañías. Una enorme cantidad de pequeñas editoriales construyó catálogos especializados, recuperó autores olvidados, publicó poesía, ensayo, literatura infantil, traducciones y obras que difícilmente tendrían espacio en un mercado guiado exclusivamente por el volumen de ventas.
Ahí aparece una de las principales preocupaciones del sector frente a la desregulación. Si una gran cadena o una plataforma puede ofrecer determinados títulos con descuentos mucho mayores que una librería independiente, dispone de una capacidad para absorber temporalmente menores márgenes que un comercio pequeño difícilmente puede igualar.
El resultado podría parecer beneficioso en el corto plazo para el consumidor: un libro más barato.
Pero existe una segunda pregunta: ¿qué ocurre después?
Si las pequeñas librerías pierden ventas y cierran, desaparece también una red de establecimientos que cumple una función cultural que una plataforma digital no necesariamente reemplaza. El librero recomienda, conoce a sus clientes, organiza presentaciones, arma vidrieras temáticas y muchas veces funciona como mediador entre un lector y un libro que jamás habría buscado mediante un algoritmo.
La preocupación no es hipotética. Según el sector citado por El País, la Argentina llegó a multiplicar por tres la cantidad de librerías durante el período en que rigió el esquema actual, pasando de unas 500 a alrededor de 1.500. Al mismo tiempo, las ventas atraviesan actualmente una etapa de dificultades.
Cuando la cultura queda sometida solamente a la lógica del mercado
El debate toca una cuestión mucho más profunda y que excede al Gobierno actual: ¿un libro debe ser tratado exactamente igual que cualquier otra mercancía?
La respuesta depende de qué sociedad se quiera construir.
Desde una perspectiva estrictamente económica, eliminar regulaciones puede aumentar la competencia y permitir que determinados productos tengan descuentos mayores. Pero cuando se trata de bienes culturales aparecen externalidades que no siempre quedan reflejadas en el precio. Una sociedad no lee solamente aquello que vende más. También necesita literatura experimental, investigación académica, poesía, pensamiento político, historia, traducciones y obras destinadas a públicos pequeños.
Ese ecosistema es frágil.
Una librería ubicada en un barrio puede vender menos ejemplares que una plataforma nacional, pero puede ser el único lugar donde una persona encuentre determinada literatura. Una editorial independiente puede publicar a un escritor que todavía no tiene mercado. Una biblioteca puede utilizar una pequeña editorial para construir una colección especializada.
El mercado no necesariamente elimina esas expresiones porque sean malas. Puede hacerlo simplemente porque no son suficientemente rentables.
Y ahí aparece una diferencia fundamental entre la concepción del libro como mercancía y la concepción del libro como bien cultural.
No significa que las editoriales deban trabajar sin criterios comerciales ni que todos los precios tengan que ser regulados indefinidamente. Significa reconocer que la industria cultural tiene características particulares y que las decisiones económicas pueden producir consecuencias culturales difíciles de revertir.
Una discusión que recién comienza
El proyecto oficial también contempla la disolución del Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura, otro de los puntos que generaron rechazo dentro del sector. Para editores y escritores, la combinación de menor regulación comercial y reducción de instrumentos de promoción podría producir una concentración todavía mayor.
La discusión llega, además, en un momento delicado. Las librerías argentinas enfrentan una caída de ventas, mientras el poder adquisitivo de los lectores se encuentra condicionado por la situación económica general. En ese escenario, cualquier modificación que altere la estructura de precios puede tener efectos importantes.
La paradoja es evidente: un mercado editorial más desregulado podría eventualmente ofrecer algunos libros más baratos, pero también podría reducir la cantidad de actores capaces de sostener una oferta diversa.
No hay una respuesta sencilla. Y precisamente por eso la discusión merece algo más que consignas a favor o en contra de la libertad de mercado.
La Argentina necesita lectores. Necesita autores. Necesita editoriales. Necesita imprentas. Necesita librerías independientes y también grandes cadenas. Necesita que los libros sean accesibles, pero también que exista una producción cultural capaz de escapar de la lógica de aquello que garantiza ventas inmediatas.
Porque una sociedad que solamente publica lo que sabe que va a vender puede terminar teniendo un mercado eficiente y una cultura mucho más pobre.
El libro es una mercancía, por supuesto. Tiene costos, trabajadores, distribución y un precio. Pero también es memoria, conocimiento, imaginación y discusión pública. Y esa dimensión es precisamente la que convierte esta pelea aparentemente técnica por una regulación comercial en una discusión mucho más importante: qué lugar quiere darle la Argentina a la cultura cuando el mercado deja de ser solamente una herramienta y comienza a convertirse en el principal criterio para decidir qué merece existir.
El Municipio de Villa Regina y la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina (F.E.H.G.R.A.), lanzan un nuevo curso con inscripción abierta y totalmente gratuita. En la Oficina de Turismo e Informes, ubicada en las intersecciones de Pioneros y Florencio Sánchez, los días miércoles 2 y jueves 3 de octubre, se estará dando un…
Adrián Ravier salió a desmentir con vehemencia al vocero de Javier Milei, Adrián Ravier, y desmintió que Santiago Caputo haya sido corrido de la comunicación estratégica del gobierno en manos de Santiago Oría.
El pampeano dijo en la conferencia de prensa de este martes que Oría, el cineasta inquieto que responde a Karina Milei, quedó a cargo de «la parte de comunicación digital», tal como anticipó LPO. Acto seguido se atajó, como quien se mueve pisando huevos: «Lo que no le quita importancia, la figura de Santiago Caputo para este Gobierno», aclaró.
Esa apostilla final no le sirvió para calmar las aguas turbias que fluyen como torrentes por los canales de la interna libertaria que arrastra en su corriente impetuosa el último vestigio de cordura entre el funcionariado.
El propio Ravier tuvo que salir a desdecirse un par de horas después, confirmando la pelea por el manejo de la comunicación entre el ala de Caputo y la de Karina.
«Sobre mi respuesta respecto de la comunicación del Gobierno Nacional, hago una importante aclaración: No hubo ni hay ningún cambio en el organigrama de comunicación del Poder Ejecutivo, ni designación alguna, ni traspaso de responsabilidades entre áreas», dijo Ravier.
Entre las respuestas que recibió el vocero, le aclararon que era lógico que no hubiera habido cambios en el organigrama, toda vez que Santiago Caputo nunca ocupó ningún escalafón del mapa del Estado puesto que goza de un conveniente contrato de locación.
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