El Gobierno Provincial ya acordó con 14 municipios la continuidad de las tareas de control de precios y abastecimiento de forma delegada, en el marco de la emergencia sanitaria por el Coronavirus COVID-19.
De esta manera, se implementarán políticas activas que permitan un mejor desenvolvimiento administrativo en la defensa de los derechos del consumidor.
A través de la Agencia de Recaudación Tributaria ya se firmaron los convenios correspondientes con las comunas de Cinco Saltos, El Bolsón, Choele Choel, General Conesa, Ingeniero Jacobacci y Los Menucos.
Se suman los municipios que de Sierra Grande, Cipolletti, Bariloche, Río Colorado, Villa Regina, San Antonio Oeste, Catriel y Allen a través de sus propias Oficinas Municipales de Información al Consumidor (OMIC).
Esta delegación de facultades fue aprobada por Decreto de la gobernadora, Arabela Carreras, y ya se encuentra en plena vigencia. De esta manera, el Estado interviene en el control de abastecimiento y de los precios que se ofrecen al consumidor final.
Se busca garantizar el acceso de la población a los alimentos, impedir el faltante de productos esenciales y de primera necesidad, evitar abusos y aprovechamiento en el incremento desmedido de precios ante el aumento de la demanda.
Con la colaboración de los Municipios se podrá realizar un control más efectivo del abastecimiento y de precios, evitando abusos sobre la comunidad.
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La Resolución 172/2026 elimina la protección antidumping al aluminio chino y deja expuestos 2.272 puestos de trabajo de Aluar. Análisis político y comercial del castigo de Milei a la industria nacional y su impacto en el comercio manufacturero.
Por Tomás Palazzo para NLI
La publicación de la Resolución 172/2026 en el Boletín Oficial no es un simple movimiento técnico de comercio exterior. Es una señal política directa. El Gobierno de Milei decidió eliminar la medida antidumping que protegía al aluminio laminado local frente a importaciones chinas, dejando sin efecto el arancel del 28% que regía desde 2020.
La decisión se conoce apenas días después del conflicto con el grupo empresario dueño de Aluar y de la planta de neumáticos FATE. El mensaje es claro: el que confronta, paga (y Milei está convencido de que cerraron FATE en pleno debate de reforma laboral a propósito). Y en este caso, el costo potencial de esta «venganza personal» que lejos está de ser una medida de gobierno meditada, no lo asume un empresario, sino 2.272 trabajadores argentinos.
Apertura comercial en aluminio: impacto en el comercio manufacturero
La Resolución 172/2026 cierra el examen de la medida antidumping sin prorrogarla. En términos prácticos, significa que el aluminio laminado chino podrá ingresar sin el recargo que equilibraba precios frente a prácticas de dumping.
En el sector comercio e industria esto implica:
Mayor presión competitiva para la producción nacional
Riesgo de pérdida de participación de mercado interno
Desplazamiento de proveedores locales en cadenas de valor
El aluminio laminado no es un producto marginal. Es insumo clave en envases de alimentos, medicamentos, construcción y múltiples rubros industriales. El golpe no es sólo para una empresa: es para todo el entramado manufacturero.
Aluar y el empleo industrial en riesgo
Aluar emplea, según datos oficiales de la propia compañía, 2.272 trabajadores distribuidos en Puerto Madryn (1.561), Abasto (435) y Ciudad de Buenos Aires (276).
No estamos hablando de un holding financiero: hablamos de una empresa productiva con fuerte arraigo territorial, especialmente en Chubut.
Eliminar la protección comercial en un contexto de apertura importadora y caída del consumo interno implica:
Compresión de márgenes
Ajuste en turnos productivos
Posible reducción de personal si se profundiza el ingreso masivo de aluminio asiático
En economías periféricas, la competencia no es simétrica. China produce con escala, subsidios energéticos y políticas industriales activas. Argentina, en cambio, desarma su defensa comercial.
¿Decisión técnica o castigo político?
El contexto político no puede omitirse. El conflicto con el grupo empresario que controla Aluar y FATE escaló públicamente en las últimas semanas. La quita de la protección se interpreta en el sector industrial como una respuesta disciplinadora.
El Gobierno sostiene que la medida apunta a bajar costos y fomentar competencia. Sin embargo, no hay un plan de reconversión productiva, ni financiamiento industrial compensatorio, ni esquema de transición para empleo.
La señal que reciben las empresas manufactureras es otra: si el mercado internacional presiona, el Estado no interviene; si hay conflicto político, la protección desaparece.
Defensa comercial y soberanía productiva
Las medidas antidumping no son privilegios. Son instrumentos reconocidos por la Organización Mundial del Comercio para evitar competencia desleal.
Eliminar una protección de este tipo en medio de un escenario de sobreoferta global de aluminio y guerra comercial entre potencias implica:
Debilitar la industria nacional.
Exponer empleo estratégico.
Profundizar la primarización de la economía.
La pregunta de fondo es política: ¿se gobierna para equilibrar el desarrollo productivo o para disciplinar sectores empresarios? Porque en este caso, el castigo no impacta en balances corporativos solamente, sino en familias trabajadoras concretas.
Comercio exterior sin red: el costo social
La apertura comercial puede bajar precios en el corto plazo. Pero cuando se traduce en cierre de líneas productivas, la ecuación cambia:
Menos empleo formal.
Menos recaudación.
Mayor dependencia importadora.
Si la protección industrial cae sin estrategia, el resultado no es competencia virtuosa, sino sustitución de producción nacional por importaciones.
Y cuando se reemplaza industria por contenedores, el que pierde no es un empresario: es el trabajador argentino.
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