El Gobierno Provincial ya acordó con 14 municipios la continuidad de las tareas de control de precios y abastecimiento de forma delegada, en el marco de la emergencia sanitaria por el Coronavirus COVID-19.
De esta manera, se implementarán políticas activas que permitan un mejor desenvolvimiento administrativo en la defensa de los derechos del consumidor.
A través de la Agencia de Recaudación Tributaria ya se firmaron los convenios correspondientes con las comunas de Cinco Saltos, El Bolsón, Choele Choel, General Conesa, Ingeniero Jacobacci y Los Menucos.
Se suman los municipios que de Sierra Grande, Cipolletti, Bariloche, Río Colorado, Villa Regina, San Antonio Oeste, Catriel y Allen a través de sus propias Oficinas Municipales de Información al Consumidor (OMIC).
Esta delegación de facultades fue aprobada por Decreto de la gobernadora, Arabela Carreras, y ya se encuentra en plena vigencia. De esta manera, el Estado interviene en el control de abastecimiento y de los precios que se ofrecen al consumidor final.
Se busca garantizar el acceso de la población a los alimentos, impedir el faltante de productos esenciales y de primera necesidad, evitar abusos y aprovechamiento en el incremento desmedido de precios ante el aumento de la demanda.
Con la colaboración de los Municipios se podrá realizar un control más efectivo del abastecimiento y de precios, evitando abusos sobre la comunidad.
La Libertad Avanza comenzó a instalar una candidatura de Diego Santilli o Patricia Bullrich en la Ciudad porque se quedaron sin cartas para negociar con Jorge Macri.
La debacle de Manuel Adorni complicó los planes de Karina Milei para la Capital. El ex jefe de gabinete ganó de manera sorpresiva las elecciones de 2025 y su candidatura aparecía como una amenaza para el PRO.
Tras el escándalo del ex vocero, en La Libertad Avanza salieron a desmentir un acuerdo con Jorge Macri. Cerca del jefe de Gobierno impulsan una primaria con LLA para el 2027. Karina, que el jueves se reunirá con los legisladores libertarios y los diputados del bullrrichismo, necesita mostrarse entera.
Para no ir a la negociación entregados, los libertarios lanzaron el nombre de Diego Santilli para jefe de Gobierno.
Patricia Bullrich, que está instalada como candidata nacional, ya no niega tan tajantemente como antes una postulación en la Ciudad.
En LLA evitan mostrar sus cartas y aseguran que no hay nada cerrado con Jorge Macri. «Es un acuerdo unilateral», bromeó un funcionario mileísta. «En la Ciudad están fogoneando eso, pero nosotros queremos tener un candidato propio», dijo.
El problema es que Santilli busca ser candidato en la Provincia, un territorio donde los libertarios también necesitan hacer pie. Otro inconveniente es que Pilar Ramírez tampoco competir como candidata a jefe de Gobierno.
Cerca de Karina sostienen que cualquier nombre que encabece la boleta libertaria en la Ciudad le complicaría los planes al jefe de Gobierno. «Si un candidato instalado estamos muy cerca de Jorge», dicen.
Un análisis parecido hacen en el PRO. Explican que una candidatura de Mauricio Macri le dificultaría la reelección a Milei. Además, recordaron que en la Ciudad es muy difícil ganar en primera vuelta y que el partido que llegue al balotaje con el peronismo tiene grandes posibilidades de victoria.
La Dirección de Turismo de la Municipalidad de Villa Regina informa que se relanza el programa de Turismo Educativo con salidas que incluyen recorridos guiados en áreas naturales, históricos-culturales y productivos para revalorizar los recursos que conforman los atractivos turísticos locales. Los recorridos guiados son adaptados y personalizados dependiendo de la necesidad del curso, colegio,…
Corre fuerte por estas horas en los pasillos tribunalicios la versión de un «acuerdo» entre Luis Armella y el gobierno de Javier Milei que implica la designación como funcionarios de personas allegadas al juez federal de Quilmes.
Fuentes judiciales señalaron a LPO que recientes nombramientos en el estratégico Hospital El Cruce de Florencio Varela tienen un estrecho vínculo con el juez que actualmente subroga el Juzgado Federal N°2 de Lomas que lleva la causa Insaurralde.
Concretamente, aluden a la resolución 698 firmada por el ministro de Salud Mario Lugones en la que se nombraron los nuevos representantes de esa cartera en el Consejo de Administración del Hospital «El Cruce, Dr. Néstor Carlos Kirchner», centro de salud de alta complejidad clave en el conurbano.
Allí, se designó por cuatro años a Javier Gustavo Mendoza, un ex juez de Cámara que en el ámbito judicial lo ubican muy cercano a Armella desde finales de los 90, cuando ambos eran fiscales en Quilmes.
El ahora representante del Ministerio de Salud en el Hospital El Cruce fue fiscal en el Departamento Judicial Quilmes, desde 1999 hasta fines de 2009, cuando el entonces gobernador Daniel Scioli lo nombró jefe del Servicio Penitenciario Bonaerense.
Incluso, hay quienes recuerdan que a mediados de 2000, en pleno fulgor del caso que investigaba la muerte del cantante cuartetero Rodrigo Bueno, el fiscal Armella, por entonces a cargo de la investigación, se tomó licencia por estrés y fue suplantado por Mendoza.
El ahora representante del Ministerio de Salud en el Hospital El Cruce fue fiscal en el Departamento Judicial Quilmes, desde 1999 hasta fines de 2009, cuando el entonces gobernador Daniel Scioli lo nombró jefe del Servicio Penitenciario Bonaerense.
Mendoza abandonó el control de las cárceles de la provincia en 2011, cuando la misma gestión sciolista lo promovió como juez de Cámara en Mar del Plata.
Mendoza junto a Scioli en tiempos donde era jefe del Servicio Penitenciario Bonaerense.
«Así se cierra el círculo de relación entre los poderes Ejecutivo y Judicial. Mendoza provenía de la justicia provincial al momento de ocupar un cargo estratégico en el Ejecutivo. Luego de tomar decisiones que implicaron fuertes retrocesos y debilitamientos del control judicial de los actos de gobierno, termina la gestión con un ascenso en la carrera judicial», denunció un informe del Cels en 2012.
El 1 de diciembre de 2018 Mendoza renunció con fines jubilatorios como juez de Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial Mar del Plata.
Preocupado por la movilidad jubilatoria en tiempos de Milei, en noviembre de 2025 Mendoza fue uno de los firmantes del comunicado de ex jueces contra la acordada de la Suprema Corte que incrementa la brecha de haberes de los pasivos y los salarios del Poder Judicial.
Mendoza (izq.) en la presentación de los nuevos representantes del gobierno de Milei en el Hospital El Cruce, de Florencio Varela.
Puntualmente, cruzaron el acuerdo 4191 de junio de 2025 que implementó un aumento de haberes a quienes se encuentran en actividad en el Poder Judicial bonaerense pero que no se aplicó a los jubilados de ese sector.
Es en ese contexto que Mendoza llega al Consejo de Administración del Hospital El Cruce que está compuesto por seis integrantes: dos miembros del Ministerio de Salud Nacional, dos por la cartera sanitaria bonaerense y los dos restantes por parte de la Universidad Nacional Arturo Jauretche.
En ese esquema, la presidencia es del Ministerio de Salud Nacional, que -en la misma resolución que designó a Mendoza- nombró al Dr. Luciano Nápoli, que venía desempeñándose en otros centros de salud de la zona.
Crece el rechazo de entidades del campo a una resolución del Senasa apoyada por Federico Sturzenegger que desregula a partir del año que viene la vacunación contra la fiebre aftosa.
Las 16 sociedades rurales del sudeste bonaerense nucleadas en Carbap se reunieron esta semana para tratar el tema y salieron con un duro comunicado en el que advierten que la medida del Gobierno «desarma el sistema sanitario que controló y erradicó la fiebre aftoso en el país».
La resolución 201/2026 del Senasa, que permite desde 2027 la libre elección de veterinarios privados para la vacunación antiaftosa y antibrucélica, barriendo así con el control que en este esquema vienen manteniendo las fundaciones sanitarias.
Para las rurales del sudeste, con esto se desarma el sistema por el cual las campañas de vacunación son auditables por Senasa y atomiza de forma «incontrolable» su operatividad, impidiendo llevar un orden y control para su efectivo cumplimiento.
Además, advirtieron que la nueva normativa «hará imposible auditar y garantizar la cadena de frío, condición fundamental para mantener la eficacia de las vacunas».
En caso de entrar en vigencia la Resolución 201/2026, queremos deslindar todo tipo de responsabilidades ante cualquier fracaso sanitario futuro
La medida había sido fuertemente celebrada por Sturzenegger que, en un posteo en X sostuvo que esa decisión «revoluciona la aplicación de la vacuna aftosa en argentina, respondiendo a una demanda de años del sector ganadero».
«La resolución también sube al ruedo a los veterinarios que podrán registrarse libremente para ellos también ofrecer el servicio, quizás comprando las vacunas a un distribuidor nacional, al ente o directamente a los laboratorios. Los entes seguirán, pero ahora estarán obligados a competir en un ecosistema mucho más diverso», dijo el ministro de Desregulación.
La discusión por la potestad en el manejo de la vacunación anti aftosa se desató desde el arranque del gobierno de Javier Milei y genera tensiones internas en la Mesa de Enlace.
Ya en 2024, LPO contó que la Sociedad Rural Argentina (SRA) comenzó a impulsar la libre elección del productor al momento de vacunar.
A 32 años del último foco de fiebre aftosa y libre el país de esa enfermedad, en la Rural hay quienes creen que el sistema de fundaciones se «desvirtuó» y plantean que los productores puedan vacunar si necesidad de pagarle a estos entes. Pero en CRA y Carbap salieron fuerte en defensa de las fundaciones.
En esa línea fue el mensaje de las rurales del sudeste: «Esta nueva norma atenta contra el cumplimiento de las campañas establecidas por el SENASA, que deben realizarse en tiempo y forma para lograr una inmunidad en bloque», advirtieron.
Reunión de las rurales del sudeste esta semana en Ayacucho, donde manifestaron un fuerte rechazo a la desregulación sanitaria.
Frente a eso, le propusieron al Senasa «rever la medida dictada» y establecer un «sistema de control conjunto (Estado/privados) que permita monitorear, evaluar y eventualmente corregir costos, teniendo en cuenta que la fortaleza de este sistema se ha basado en el financiamiento y manejo de los recursos por parte de los propios interesados, que son los productores ganaderos».
«En caso de entrar en vigencia la Resolución 201/2026, queremos deslindar todo tipo de responsabilidades ante cualquier fracaso sanitario futuro», señalaron en las rurales del sudeste.
✅El Comité de Crisis local indicó que no se registran novedades en nuestra ciudad, por lo que no hay casos sospechosos. Se hizo hincapié en que se sigue de cerca los resultados de los cuatro casos sospechosos de General Roca teniendo en cuenta la cercana distancia de 45 kilómetros. En consecuencia, se pidió tomar mayor…
La solución a la mayoría de los problemas sociales (desigualdad, violencia, corrupción) que nos aquejan en la vida moderna, tienen el inicio del proceso de evolución en la educación. Pero inentendible y lastimosamente, nuestra clase política logró con esfuerzo y dedicación que la misma sea, hace mucho tiempo, un problema en sí mismo. Por ende,…
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