El municipio podrá intervenir en el control de precios

El Gobierno Provincial ya acordó con 14 municipios la continuidad de las tareas de control de precios y abastecimiento de forma delegada, en el marco de la emergencia sanitaria por el Coronavirus COVID-19.

De esta manera, se implementarán políticas activas que permitan un mejor desenvolvimiento administrativo en la defensa de los derechos del consumidor.

A través de la Agencia de Recaudación Tributaria ya se firmaron los convenios correspondientes con las comunas de Cinco Saltos, El Bolsón, Choele Choel, General Conesa, Ingeniero Jacobacci y Los Menucos.

Se suman los municipios que de Sierra Grande, Cipolletti, Bariloche, Río Colorado, Villa Regina, San Antonio Oeste, Catriel y Allen a través de sus propias Oficinas Municipales de Información al Consumidor (OMIC).

Esta delegación de facultades fue aprobada por Decreto de la gobernadora, Arabela Carreras, y ya se encuentra en plena vigencia. De esta manera, el Estado interviene en el control de abastecimiento y de los precios que se ofrecen al consumidor final.

Se busca garantizar el acceso de la población a los alimentos, impedir el faltante de productos esenciales y de primera necesidad, evitar abusos y aprovechamiento en el incremento desmedido de precios ante el aumento de la demanda.

Con la colaboración de los Municipios se podrá realizar un control más efectivo del abastecimiento y de precios, evitando abusos sobre la comunidad.

Fuente: Prensa RioNegro

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  • Nuestra tierra

     

    Tres novedades en la política argentina cobraron fuerza en las últimas horas. Primero: el activismo organizado y manifestado masivamente en redes logró hacer retroceder al gobierno en su ímpetu legislativo arrasador. Después de decenas de marchas y movilizaciones multitudinarias que no parecían surtir los efectos deseados, por fin estamos ante un efecto político potente, resultado de la respuesta colectiva y organizada. Y que —aquí lo nuevo— impacta antes de llegar a la movilización en la calle. Segundo: una sensibilidad nacional transversal, distinta de otras formas de nacionalismo o el patriotismo a secas, que parece tener una raíz en el vínculo afectivo con la tierra misma, con el paisaje y el lugar común que habitamos, vivimos y somos capaces de defender. Un sentimiento nacional que se ha expresado de manera transversal a los partidos y las ideologías, incluso y especialmente entre sectores que se autoperciben apolíticos o despolitizados. Y ese sentimiento común —con lo que cuesta encontrar lo común en nuestra Argentina agrietada, atomizada y de a ratos sumida en el sálvese quien pueda— parece haberse configurado como un límite concreto para el proyecto libertario de destrucción del Estado y entrega de los bienes públicos en beneficio de los negocios del capital extranjero. Tercero: una fuerza pop que empuja y aglutina de manera masiva a públicos difíciles de imaginar políticamente movilizados. Si fue Lali una de las primeras grandes figuras que convocó a marchar, después se sumaron María Becerra, Emilia Mernes, Trueno, Tini, Nicki Nicole, y la Joaqui. Ocupando el lugar que el rock simbolizó por décadas, la vanguardia ante la embestida de la ultraderecha la encarnan hoy nuestras reinas del pop. 

    Mientras tanto, el gobierno de Javier Milei, que se jacta de no levantar el pie del acelerador ni siquiera en las curvas —en línea con el postulado explícito de Santiago Caputo en X: attack, attack, attack, never defend—, tuvo que retroceder ante la masiva campaña digital por la defensa de la Ley de Tierras. Una campaña que también fue empujando al rechazo clave de gobernadores y aliados circunstanciales del oficialismo. La Libertad Avanza cedió y extirpó el capítulo vinculado a la extranjerización de la tierra del temario de este 6 de agosto para salvar el resto del proyecto. 

    Una sensibilidad nacional transversal configura un límite al proyecto libertario de destrucción del Estado y entrega de los bienes públicos al capital extranjero.

    La campaña ganó una batalla clave en la esfera digital y hoy marcha por la caída del proyecto entero, que amenaza con reformar, entre otros frentes, la Ley de Manejo del Fuego del que depende, por ejemplo, la protección de los bosques patagónicos constantemente incendiados. Al calor de la manifestación, ¿cómo podemos pensar la dimensión del costo político que se sintió en las bases de sectores tan diversos sin que siquiera pisemos las calles? ¿Qué despertó esa sensibilidad popular en los aliados del oficialismo? ¿Qué voces y narrativas fueron fundamentales para que el reclamo atravesara las fronteras de los ámbitos tradicionales de resistencia? 

    Diferentes coaliciones políticas, organizaciones ecosociales, territoriales, de derechos humanos, obispos, artistas de todos los campos y personalidades diversas se manifestaron bajo el eslogan #LaPatriaNoSeVende. Es difícil encontrar antecedentes. Las multitudinarias movilizaciones en defensa de la Ley de Financiamiento Universitario lograron presionar para algunos acuerdos parciales. O aquella movilización de 2017 contra el dos por uno a los represores de la última dictadura cívico-militar. En ambos casos, con centenas de miles en la calle. En este caso, la amenaza de una masividad igual o mayor, aún inmaterial, doblegó anticipadamente la voluntad del partido del 1% a través de su fantasma: el aislamiento. Porque esta respuesta además de masiva fue, ante todo, transversal. La rotura de silos ideológicos y el atravesamiento de una historia que, aún en la diferencia, podemos percibir común.

     Una fuerza pop empuja y aglutina de manera masiva a públicos difíciles de imaginar políticamente movilizados.

    La escritora Selva Almada esbozó un ejercicio en las redes donde podría estar la clave de lo que ha significado esta masiva interpelación que produjo el intento de derogación de la Ley de Tierras. En su cuenta de Instagram, la autora publicó textos ilustrados que contaban los vínculos con sus ancestros y las tierras que habitaron —el abuelo peón de la estancia de “Los Castro”, a su abuela y su madre que se inclinaban sobre el suelo para hacer surcos donde tiraban semillas; los sitios donde enterró a sus seres queridos, humanos o no-humanos—. Son las historias que unen a nuestra memoria con este suelo las que nos hacen querer defenderlo. Así narrada, la patria deja de ser un ente abstracto de frase nacionalista y pasa a inscribirse en el terreno de la experiencia afectiva, territorial y biográfica. 

    * * *

    Esa reafirmación de un nosotros argentino también tiene algo de impulso malvinero en el último mundial. Cuando el 15 de julio, en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, Giovanni Lo Celso desplegó la bandera que había recibido desde la tribuna, difícilmente pudo dimensionar el alcance que tendría su gesto. Quizás era consciente de la potencia del reclamo de soberanía por nuestras Islas Malvinas, a segundos de remontar una semifinal épica contra Inglaterra en la semifinal de una Copa del Mundo. Lo que no podía imaginar era que esa imagen circularía horas antes de que el gobierno argentino presentara una ley para desregular la venta de tierras a extranjeros, y que ese ícono terminaría convirtiéndose en la chispa de una renovada defensa del territorio.

    Malvinas sigue siendo un reclamo diplomático vigente, pero también un símbolo cultural que reaparece en canciones mundialistas, en banderas de todos los clubes y en una memoria compartida. Esa sábana blanca pintada con marcador en uno de los eventos más vistos del planeta inspiró remeras, intervenciones y hasta la inédita creación de Malvinas Sans, una tipografía opensource diseñada por Juan Manuel Pelillo para que cualquiera pudiera apropiarse de ese símbolo y multiplicarlo. 

    Cuando la rebeldía parece haberse vuelto de derecha, el glitter de la resistencia se amplifica y parece dar bríos a nuevas formas más comunitarias, inclusivas y amorosas de pensarnos, enunciarnos y defendernos.

    Contrariamente al lema del personaje humorístico filonazi Micky Vainilla, creado por Diego Capusotto y Pedro Saborido, que dice sólo hacer “pop para divertirse”, en este caso podemos pensar en un “pop para resistir”. 

    En primer lugar, porque hay pocos artefactos más pop que un símbolo simple, universal y replicable. Más allá de sus infinitas versiones y apropiaciones, la imagen volvió a poner en primer plano una herida compartida: la persistencia de un enclave colonial británico en pleno siglo XXI. Y desde allí renació, una vez más, la posibilidad de reconocernos en un nosotros. En tiempos de individualismos liberales y progresismos identitarios, cuando las pertenencias parecen fragmentarse, ese ícono recordó que existen causas capaces de reunir sensibilidades muy distintas. La coincidencia entre esa ofensiva extranjerizante y la épica performance mundialista hizo visible, quizás como pocas veces, que todavía hay símbolos capaces de recordarnos que tenemos mucho más en común de lo que solemos creer.

    Además, porque fue la primera línea de la música pop local la que tuvo un rol fundamental en el trasvasamiento generacional, cultural y hasta de género de esta efervescencia nacionalista que se constituyó como un límite posible al gobierno libertario. Nuestra bestia pop viene haciéndolo hace rato. No sólo respondió las bravuconadas del Presidente  con el arte que desplegó en su canción Fanático, sino que en cada show de Lali se canta “el que no salta votó a Milei”. Y seguro que hay gente que lo votó —y por eso es incluso más importante para interpelarnos mutuamente—. 

    Esta semana, Lali fue una de las principales convocantes a la marcha del 6A, y lo hizo desde la ola de atención de haber anunciado su tercer River del año sólo un día antes. Sorprendieron también otras artistas de la talla, como Nicki Nicole, que no sólo difundió la nota de Florencia Gómez en Revista Anfibia, sino también los puntos de convocatoria en todo el país. Incluso Emilia Mernes, otra mujer artista exitosa cuestionada por si se posiciona o no políticamente, compartió la publicación de Amnistía Internacional que, con música e imágenes épicas de distintas geografías nacionales, clamaba: “Defender la tierra es defender los derechos humanos”. 

    Cuando la rebeldía parece haberse vuelto de derecha, el glitter de la resistencia se amplifica y parece dar bríos a nuevas formas más comunitarias, inclusivas y amorosas de pensarnos, enunciarnos y defendernos.

    Por fin estamos ante un efecto político potente, resultado de la respuesta colectiva y organizada. Lo nuevo: impacta antes de llegar a la movilización en la calle.

    El martes, Martín Vidal Ramos, un maestro jujeño de escuela pública que vive en Buenos Aires, sacó su pancarta amarilla en el Movistar Arena que decía “La Patria No Se Vende”. Las 15 mil personas que estaban viendo a Rosalía siguieron la consigna y corearon el agite patriótico. Ramos se adjudica, mediante imágenes en Instagram, haber “desatado esa locura”. En el escenario, la joven de 33 años, graduada de la Escuela Superior de Música de Cataluña y artista total, desplegó uno de los gestos más argentinos de la felicidad: revolear un cacho’e tela. La Rosalía, absurdamente cuestionada de anti-argentina (aunque como mujer, artista y exitosa, podría haber sido acusada de cualquier otra cosa), unía sensibilidades de lo más diversas en torno a la defensa común de una patria que no se vende. 

    Tantas veces confrontados en la falsa dicotomía “desarrollo o proteccionismo”, los bienes naturales de este suelo lograron, por una vez, unirnos. Los glaciares, los bosques, la cordillera o los humedales quedaron, por fin, de “este lado” del nosotros. El antropocentrismo perdió una batalla. Pudimos considerar la relacionalidad de nuestra especie con lo que nos alberga y rodea. ¿Lo entendemos así? Ojalá. Lo que entendimos es que es nuestro: entendimos la soberanía, aún herida en las islas de nuestros mares del sur, valientemente recordadas en un campo de juego. Porque apelando a la construcción de una narrativa cercana a lo común que tenemos, nos movemos de la confrontación al imaginario de nuestras historias compartidas, y así da lugar a la resonancia. Primero conocemos, después amamos; entonces defendemos.

    La entrada Nuestra tierra se publicó primero en Revista Anfibia.

     

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  • Comienza la tercera y última semana de colonia de invierno

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    El Gobierno usa la plata de las rutas para sostener el déficit cero y negociar con los gobernadores

     

    El Gobierno de Milei admite que utiliza fondos destinados a las rutas para sostener el equilibrio fiscal, mientras más de un billón de pesos permanece sin ejecutar en obras viales.

    Por Roque Pérez para NLI

    El Gobierno de Javier Milei quedó nuevamente expuesto ante una contradicción central de su programa económico: mientras presenta el ajuste y el “déficit cero” como una cuestión casi moral, existen recursos públicos recaudados con un destino específico que no llegan a las obras para las que fueron creados. Una investigación de LA NACION reveló que el fondo vial recibió más de $1,5 billones durante los dos años y medio de gestión libertaria, pero apenas una cuarta parte fue aplicada a obras, mientras que más de $1 billón permanecía colocado en inversiones financieras al cierre de mayo. Días después, el propio vocero presidencial, Adrián Ravier, reconoció que una parte de esos recursos es utilizada por el Ministerio de Economía para contribuir al “equilibrio fiscal”.

    El dato adquiere una dimensión política todavía mayor cuando se lo cruza con el deterioro de las rutas nacionales, la paralización de obras y la creciente necesidad del Gobierno de construir acuerdos parlamentarios con gobernadores que no necesariamente comparten su programa. La denuncia publicada por Prensa Obrera sostiene precisamente que los recursos del Sistema Vial Integrado (SisVial) no solo están siendo retenidos para fortalecer las cuentas fiscales, sino que la administración de esos fondos permitiría manejar discrecionalmente recursos hacia las provincias en momentos políticamente sensibles. La acusación es grave y debe ser diferenciada de los hechos comprobados: está documentada la subejecución y la utilización financiera de los recursos; la hipótesis de que determinados desembolsos hayan sido utilizados para comprar voluntades políticas requiere probar cada caso concreto.

    Un impuesto que se cobra para las rutas y termina financiando otra cosa

    El corazón del problema está en el Impuesto a los Combustibles y en el Sistema Vial Integrado, un mecanismo creado para garantizar que una parte de esos recursos tenga un destino determinado: la construcción, rehabilitación y mantenimiento de la infraestructura vial. Según la investigación de LA NACION, entre 2024 y mayo de 2026 ingresaron al SisVial $1.503.252 millones, pero solo fueron ejecutados $394.406 millones en obras. Es decir, quedaron sin aplicar más de un billón de pesos, de los cuales $1.038.779 millones estaban colocados en instrumentos financieros o inmovilizados en una cuenta corriente al cierre del período analizado.

    No se trata, entonces, simplemente de que el Estado “no tenga plata” para arreglar las rutas. El problema es bastante más incómodo: hay recursos recaudados y asignados específicamente al sistema vial que no se están transformando en infraestructura vial. El propio Gobierno confirmó la existencia del mecanismo. Ravier sostuvo que una parte de lo recaudado se destina a Vialidad y que otra es dispuesta por Economía como parte del objetivo de alcanzar el equilibrio fiscal. La declaración modifica sustancialmente la discusión, porque ya no estamos solamente ante una denuncia de la oposición o de organizaciones gremiales: existe un reconocimiento oficial de que esos recursos están siendo utilizados dentro de la estrategia fiscal del Ejecutivo.

    La dimensión del desvío también permite comprender por qué el deterioro de las rutas dejó de ser una cuestión secundaria. De acuerdo con los datos difundidos por LA NACION, la subejecución del SisVial alcanzó el 73,8% durante el período analizado. En 2024 se ejecutó apenas el 11,3% de lo recaudado; en 2025, el 39%; y entre enero y mayo de 2026, apenas el 18,5%. El contraste entre la recaudación y la ejecución resulta particularmente fuerte porque se produce mientras miles de kilómetros de rutas nacionales requieren mantenimiento, rehabilitación y obras de seguridad.

    El déficit cero como prioridad por encima de la infraestructura

    La cuestión de fondo es qué entiende el Gobierno por “ordenar las cuentas públicas”. El discurso oficial presenta cada peso no gastado como una victoria frente al supuesto despilfarro estatal. Pero no todo gasto público es equivalente. Una cosa es eliminar un gasto superfluo y otra muy distinta es dejar de mantener una infraestructura estratégica que utilizan diariamente trabajadores, transportistas, productores, comerciantes, turistas, ambulancias y comunidades enteras.

    Las rutas no son un lujo ni una concesión ideológica del Estado. Son parte de la infraestructura básica que permite que la producción circule. Un camión que tarda más, rompe neumáticos o suspensiones, consume más combustible o enfrenta una ruta deteriorada termina incorporando esos costos al precio final de los productos. Una ruta sin mantenimiento tampoco es solamente un problema de comodidad: puede convertirse en un factor de riesgo vial. El propio sindicato de trabajadores viales advirtió que el ajuste sobre Vialidad implica frenar obras, reducir inversión y trasladar el costo del deterioro hacia quienes circulan por las rutas.

    Por eso resulta difícil sostener que el ajuste en infraestructura es neutral. La reducción de la inversión pública puede mejorar una planilla fiscal en el corto plazo, pero también deteriora activos públicos, aumenta costos logísticos y obliga a afrontar reparaciones más caras en el futuro. Es la vieja discusión sobre el mantenimiento de una casa: ahorrar en el techo puede mejorar las cuentas del mes, pero cuando finalmente entra el agua la reparación cuesta mucho más.

    Y existe una segunda dimensión: el trabajo. La obra pública moviliza directamente a trabajadores de la construcción, pero también genera actividad en empresas proveedoras, transporte, producción de materiales y servicios. La paralización de rutas no solamente deja pozos y obras inconclusas; también destruye cadenas económicas en localidades del interior que dependen de esos proyectos.

    Cuando el ajuste se convierte en una herramienta política

    La denuncia política más delicada aparece cuando se analiza qué ocurre con los fondos que no se distribuyen regularmente. Los desembolsos para obras viales se concentraron en determinados períodos vinculados con sesiones legislativas en las que el oficialismo necesitaba votos y que algunas provincias recibieron recursos en momentos políticamente sensibles. Esa interpretación debe ser presentada como una acusación, no como un hecho judicialmente probado. Pero incluso dejando de lado esa hipótesis, existe un problema institucional evidente cuando un Gobierno concentra recursos que tienen un destino específico y luego administra discrecionalmente cuándo y cómo los libera.

    El Gobierno de Milei necesita permanentemente negociar con gobernadores para conseguir respaldo legislativo. La experiencia de los últimos meses mostró que la relación entre la Casa Rosada y las provincias está atravesada por reclamos de fondos, obras, coparticipación y transferencias. En ese contexto, cualquier recurso nacional cuya distribución pueda acelerarse, demorarse o condicionarse adquiere inevitablemente una dimensión política.

    Y aquí aparece una paradoja particularmente fuerte para un gobierno que llegó al poder prometiendo terminar con la llamada “casta”. La discrecionalidad estatal no desaparece cuando se reduce el gasto: puede cambiar de forma. Si el Estado deja de financiar masivamente obras pero conserva recursos determinados para administrarlos según sus necesidades fiscales y políticas, el problema no desaparece. Simplemente cambia el mecanismo de distribución del poder.

    La discusión, por lo tanto, no debería reducirse a si el Gobierno “gasta mucho” o “gasta poco”. La pregunta verdaderamente importante es qué hace con los recursos que recauda, qué destino legal tienen y quién decide cuándo se utilizan. Porque un Estado puede tener equilibrio fiscal y, al mismo tiempo, estar descapitalizando su infraestructura, deteriorando sus rutas y acumulando problemas que tarde o temprano deberán ser pagados por la sociedad.

    El caso del SisVial desnuda esa tensión con una claridad difícil de ocultar. Mientras el Gobierno exhibe el déficit cero como la prueba de su éxito económico, más de un billón de pesos recaudados para infraestructura vial permanecían fuera del asfalto. Y mientras las rutas esperan mantenimiento, el dinero puede permanecer colocado en instrumentos financieros o ser utilizado dentro de la estrategia general de administración fiscal.

    El interrogante político que queda planteado es, entonces, mucho más profundo que una disputa presupuestaria: ¿hasta dónde puede llegar un Gobierno para mostrar una determinada cifra fiscal, incluso cuando para conseguirla posterga obras que tienen un destino específico y una función económica y social concreta? El “déficit cero” puede ser presentado como una bandera de austeridad, pero si el precio de esa bandera es una ruta destruida, una obra paralizada, un trabajador despedido o una infraestructura que pierde valor, habrá que preguntarse qué tipo de equilibrio se está construyendo y, sobre todo, quién termina pagando su costo.

     

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