El Gobierno Provincial ya acordó con 14 municipios la continuidad de las tareas de control de precios y abastecimiento de forma delegada, en el marco de la emergencia sanitaria por el Coronavirus COVID-19.
De esta manera, se implementarán políticas activas que permitan un mejor desenvolvimiento administrativo en la defensa de los derechos del consumidor.
A través de la Agencia de Recaudación Tributaria ya se firmaron los convenios correspondientes con las comunas de Cinco Saltos, El Bolsón, Choele Choel, General Conesa, Ingeniero Jacobacci y Los Menucos.
Se suman los municipios que de Sierra Grande, Cipolletti, Bariloche, Río Colorado, Villa Regina, San Antonio Oeste, Catriel y Allen a través de sus propias Oficinas Municipales de Información al Consumidor (OMIC).
Esta delegación de facultades fue aprobada por Decreto de la gobernadora, Arabela Carreras, y ya se encuentra en plena vigencia. De esta manera, el Estado interviene en el control de abastecimiento y de los precios que se ofrecen al consumidor final.
Se busca garantizar el acceso de la población a los alimentos, impedir el faltante de productos esenciales y de primera necesidad, evitar abusos y aprovechamiento en el incremento desmedido de precios ante el aumento de la demanda.
Con la colaboración de los Municipios se podrá realizar un control más efectivo del abastecimiento y de precios, evitando abusos sobre la comunidad.
Los camaristas de Casación Diego Barroetaveña y Mariano Borinsky fallaron a favor de Pablo Toviggino y le devolvieron la causa por la mansión de Pilar al juez federal de Campana, Adrián González Charvay.
El mes pasado Barroetaveña y Borinsky hicieron una polémica maniobra al aceptar un recurso de queja de la defensa de Nicolás Pantano y Ana Lucía Conte, los presuntos testaferros del tesorero de la AFA, y aceptaron volver a discutir la competencia del expediente, que la Cámara había mandado al fuero penal económico.
Que la causa vaya a Campana fue la estrategia de Toviggino desde un primer momento y contó con el apoyo implícito del ministro Juan Bautista Mahiques. Borinsky aspira a una vacante en la Corte Suprema y Barroetaveña quiere quedarse en el Consejo de la Magistratura, para lo que necesitan el aval del gobierno.
Como en julio, en la votación de este viernes votó en disidencia el camarista Alejandro Slokar.
El fallo puede ser apelado ante la Corte Suprema de Justicia por el fiscal de Casación Mario Villar, quien ya se expresó para que la causa siga en el fuero Penal Económico.
La resolución ordena a la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín que «sin dilaciones» remita el expediente «al juzgado federal criminal y correccional de su jurisdicción de oportuna y previa intervención», es decir al de Campana.
Un dato para nada menor es que hasta noviembre pasado Barroetaveña fue presidente del Tribunal de Ética de la AFA, a pesar de lo cual no se excusó de intervenir en la causa.
Tuve la oportunidad de hablar con una madre que me trasmitió su interés de alimentar bien a su hijo. Alrededor de este tema hay muchos mitos desde que el niño nace, lo cual hace a los padres el gremio más criticado. Es importante no volverse locos, y entender que incluir la consciencia en la alimentación…
La nueva licitación de la represa Futaleufú quedó bajo sospecha. Chubut reclama participación y advierte que el Gobierno podría diseñar un proceso favorable a grupos empresarios cercanos al poder.
Por Celina Fraticiangi para NLI
La renovación de una concesión estratégica vuelve a poner en discusión el modelo energético de Milei
Mientras el Gobierno nacional avanza con una nueva ola de privatizaciones y concesiones de activos estratégicos, la Central Hidroeléctrica Futaleufú, una de las principales generadoras de energía del país, quedó en el centro de una nueva controversia. La decisión de extender nuevamente la concesión vigente mientras se prepara una licitación nacional e internacional despertó fuertes cuestionamientos desde Chubut, donde denuncian que el proceso podría terminar favoreciendo a empresarios con llegada a la Casa Rosada y volver a relegar los intereses de la provincia que alberga el complejo.
La discusión trasciende el aspecto administrativo. Lo que está en juego es el futuro de una represa que produce alrededor de 560 MW de potencia instalada, cuya energía históricamente alimentó a la planta de aluminio de Aluar en Puerto Madryn y que representa uno de los activos hidroeléctricos más importantes del país. La definición sobre quién administrará esa infraestructura durante las próximas décadas también implica decidir quién captará la renta de un recurso estratégico y cuál será el papel del Estado y de las provincias en ese esquema.
Un nuevo aplazamiento mientras se prepara la licitación
La concesión original otorgada durante el proceso de privatizaciones de los años noventa venció en 2025. Sin embargo, el Gobierno nacional decidió sucesivamente prorrogar su vigencia hasta llegar a una nueva extensión que lleva la operación hasta diciembre de 2026, o hasta que concluya un nuevo proceso licitatorio. La explicación oficial sostiene que la complejidad técnica de los pliegos hace necesario mantener la continuidad operativa mientras se organiza la futura adjudicación.
No obstante, la acumulación de prórrogas comenzó a generar sospechas. Diversos sectores políticos y especialistas en energía sostienen que el Ejecutivo estaría utilizando ese tiempo para diseñar un esquema licitatorio cuyas condiciones podrían beneficiar a determinados grupos económicos, reproduciendo un mecanismo que ya fue cuestionado en otros procesos de privatización impulsados durante la gestión de Javier Milei.
Chubut reclama un lugar en una decisión que considera propia
Uno de los principales focos del conflicto es la participación de la provincia de Chubut. Tras la reforma constitucional de 1994, los recursos naturales pasaron a ser de dominio provincial, argumento con el que el gobierno chubutense reclama intervenir de manera efectiva en la definición del futuro de Futaleufú.
La provincia incluso acudió a la Corte Suprema para exigir que se reconozca ese derecho y sostiene que no puede volver a repetirse un esquema donde las decisiones se toman exclusivamente desde Buenos Aires mientras el territorio donde se encuentra la represa recibe escasos beneficios económicos y sociales.
El reclamo también apunta a una histórica desigualdad. Desde distintos sectores de Chubut recuerdan que cuando se construyó la central se prometieron tarifas preferenciales, desarrollo regional y un fuerte impulso para las localidades cercanas. Sin embargo, sostienen que muchas comunidades continúan pagando algunas de las tarifas eléctricas más elevadas del país e incluso existen poblaciones ubicadas a pocos kilómetros del complejo que todavía no forman parte del sistema interconectado nacional y dependen de generación mediante combustibles fósiles.
El antecedente de las privatizaciones y el peso de Aluar
La historia de Futaleufú explica buena parte del debate actual. El complejo comenzó a proyectarse a principios de la década de 1970 y fue inaugurado en 1978, durante la última dictadura militar, con un objetivo central: abastecer de energía barata a la producción de aluminio. Desde entonces quedó estrechamente vinculada a Aluar, la única productora de aluminio primario del país.
Con las privatizaciones impulsadas por el menemismo en 1995 nació Hidroeléctrica Futaleufú S.A., sociedad que pasó a operar la central durante treinta años y en la que Aluar quedó como accionista mayoritario. Ese modelo permitió garantizar el suministro eléctrico para la empresa, pero también consolidó un esquema que desde hace años es cuestionado por sectores políticos y sociales de Chubut, que consideran que la provincia nunca recibió una participación equivalente al valor estratégico de sus recursos naturales.
Una política energética cada vez más concentrada
La controversia por Futaleufú no aparece aislada. Forma parte de una política más amplia del Gobierno nacional orientada a volver a concesionar centrales hidroeléctricas, profundizar la participación privada en infraestructura energética y reducir el rol operativo del Estado.
En ese contexto, los críticos advierten que las futuras licitaciones podrían terminar concentrando aún más el control de recursos estratégicos en grandes grupos empresarios, especialmente si los pliegos establecen requisitos técnicos o financieros que sólo puedan cumplir un número reducido de compañías. Esa posibilidad alimenta las denuncias sobre procesos «a medida», una expresión que comenzó a repetirse en distintos conflictos vinculados con licitaciones nacionales durante la actual administración.
Un recurso estratégico cuyo destino vuelve a debatirse
La definición sobre Futaleufú excede la continuidad de una concesión. Lo que deberá resolverse en los próximos meses es si la Argentina consolida un modelo donde las grandes centrales hidroeléctricas continúan administradas bajo esquemas de fuerte predominio privado o si las provincias logran ganar protagonismo en la gestión de recursos que la Constitución reconoce como propios.
Mientras el Gobierno prepara los pliegos de la futura licitación, crecen las presiones para que el proceso garantice competencia real, transparencia y participación provincial. En caso contrario, la sospecha de que la concesión termine diseñada para beneficiar a actores cercanos al poder podría convertirse en uno de los conflictos políticos y económicos más relevantes del sector energético durante el segundo semestre del año.
Al primer minuto de discurso el Presidente de la Nación ya había hecho mención a la “herencia recibida”, de manera directa fue la primera y la única vez que lo hizo, pero durante la hora y pico de desarrollo esbozó varias analogías tácitas sobre esa construcción. En varias oportunidades enfrentó al bloque opositor, los miró…
Fernando Cerimedo se largó a llorar ante los periodistas bolivianos que lo interceptaron este jueves en los tribunales de La Paz, tras ser acusado por el intento de homicidio de su ex novia Nadia Beller.
El ex asesor de Javier Milei se presentó en el Palacio de Justicia de Santa Cruz para una audiencia que finalmente fue suspendida, escoltado por las fuerzas de seguridad bolivianas y con su rostro cubierto con una capucha.
Antes de entrar al ascensor del edificio, los periodistas lo abordaron y le preguntaron quién está detrás del atentado a la abogada de 33 años. «Defiéndase señor Cerimedo», le insistían los bolivianos.
Cerimedo se puso a llorar. «Sólo quiero ver a mis hijos», dijo con la voz quebrada. Antes de subirse al ascensor, pronunció solo tres palabras: «No puedo hablar».
Luego las puertas del ascensor se cerraron y el consultor entró, seguido por un custodio personal de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen de Bolivia. Una vez en el ascensor, se tiró al piso y siguió llorando.
En su hora más baja, Cerimedo tuvo que aguantar que su socio en La Derecha Diario, Javier Negre, se despegara de él y dijera que su caso es «personal». El español dijo que el caso «afecta única y exclusivamente a él, que no tiene ningún cargo de gestión ni directivo en el medio».
Negre no se refirió a la composición accionaria de La Derecha Diario, puesto que Cerimedo seguiría siendo titular de la mitad.
La política es la ciencia que se ocupa de lo bueno y lo justo para todos Aristóteles En la época en que vivimos la visión del concepto griego de política se ha degradado, ahora, ¿porqué? Para situarnos en perspectiva, debemos advertir desde qué lugar uno habla cuando habla. Para ello, podremos acercarnos a la Hermenéutica,…
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