El Gobierno Provincial ya acordó con 14 municipios la continuidad de las tareas de control de precios y abastecimiento de forma delegada, en el marco de la emergencia sanitaria por el Coronavirus COVID-19.
De esta manera, se implementarán políticas activas que permitan un mejor desenvolvimiento administrativo en la defensa de los derechos del consumidor.
A través de la Agencia de Recaudación Tributaria ya se firmaron los convenios correspondientes con las comunas de Cinco Saltos, El Bolsón, Choele Choel, General Conesa, Ingeniero Jacobacci y Los Menucos.
Se suman los municipios que de Sierra Grande, Cipolletti, Bariloche, Río Colorado, Villa Regina, San Antonio Oeste, Catriel y Allen a través de sus propias Oficinas Municipales de Información al Consumidor (OMIC).
Esta delegación de facultades fue aprobada por Decreto de la gobernadora, Arabela Carreras, y ya se encuentra en plena vigencia. De esta manera, el Estado interviene en el control de abastecimiento y de los precios que se ofrecen al consumidor final.
Se busca garantizar el acceso de la población a los alimentos, impedir el faltante de productos esenciales y de primera necesidad, evitar abusos y aprovechamiento en el incremento desmedido de precios ante el aumento de la demanda.
Con la colaboración de los Municipios se podrá realizar un control más efectivo del abastecimiento y de precios, evitando abusos sobre la comunidad.
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La Corporación Uruguaya de Prácticos del Río Uruguay expresó su «gran preocupación» ante el proyecto de decreto que modifica el régimen del servicio de practicaje y pilotaje, una actividad clave para la navegación en puertos y vías fluviales del Río de la Plata.
LPO adelantó en exclusivo que la iniciativa busca reducir costos en el comercio exterior, aunque abre interrogantes y genera máxima preocupación en la Armada sobre su impacto en la seguridad y en el esquema laboral del sector dado que permite la libre navegación de buques de empresas extranjeras.
El enojo con el decreto comenzó por la afectación directa a los marinos y la nula consulta al ministerio de Defensa y, como reveló en exclusivo, a los empresarios del sector que consideran que el ministerio de Milei «intenta regular un sector que no conoce».
Ahora, a través de una carta enviada el 24 de abril al presidente de la delegación uruguaya ante la Comisión Administradora del Río de la Plata (CARP), Daniel Montiel, a la que accedió LPO, la entidad advirtió que la iniciativa -actualmente en etapas finales de aprobación- podría tener consecuencias negativas tanto en la seguridad de la navegación como en el comercio exterior uruguayo.
Según el documento, los cambios propuestos afectarían no solo a los accesos a puertos argentinos, sino también a los puertos del litoral uruguayo, dado que ambos países comparten las aguas del Río de la Plata.
En ese sentido, la corporación recordó que el Tratado del Río de la Plata de 1973 establece en su artículo 14 que cualquier modificación en la reglamentación de los canales en aguas de uso común debe realizarse con consulta previa entre ambas partes. Asimismo, el artículo 26 dispone que los países deben fijar normas coincidentes en materia de practicaje.
La corporación recordó que el Tratado del Río de la Plata de 1973 establece en su artículo 14 que cualquier modificación en la reglamentación de los canales en aguas de uso común debe realizarse con consulta previa entre ambas partes. Asimismo, el artículo 26 dispone que los países deben fijar normas coincidentes en materia de practicaje.
«Los cambios sugeridos atentan directamente contra la letra y el espíritu de estos artículos», sostiene la carta, al señalar que las medidas habrían sido impulsadas sin consulta previa a Uruguay y generarían una «disparidad notoria» entre las normativas de ambos países.
Además, la organización advirtió sobre los riesgos de flexibilizar el régimen de exenciones al practicaje. En el plano internacional, señalaron, existe consenso sobre los efectos negativos que este tipo de medidas puede tener en la seguridad marítima, la protección ambiental y la vida humana. «Las tendencias actuales apuntan a aumentar los márgenes de seguridad, no a disminuirlos», subrayaron.
Las tendencias actuales apuntan a aumentar los márgenes de seguridad, no a disminuirlos
Finalmente, la corporación se puso a disposición de las autoridades para colaborar en el análisis de la situación, en un contexto que podría abrir un nuevo foco de tensión bilateral en torno a la gestión compartida del Río de la Plata.
Una fuente que sigue de cerca el tema dijo a LPO que el comunicado es «un sopapo para Sturzenneger. Le están recordando que no es el dueño de los ríos.
«La soberbia libertaria los lleva a olvidar que cuando legislan en material de navegación, en espacial en la Hidrovia, no lo pueden hacer solos. Acá, claramente, Uruguay les dice que el río no es de ellos», concluye.
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