El Gobierno Provincial ya acordó con 14 municipios la continuidad de las tareas de control de precios y abastecimiento de forma delegada, en el marco de la emergencia sanitaria por el Coronavirus COVID-19.
De esta manera, se implementarán políticas activas que permitan un mejor desenvolvimiento administrativo en la defensa de los derechos del consumidor.
A través de la Agencia de Recaudación Tributaria ya se firmaron los convenios correspondientes con las comunas de Cinco Saltos, El Bolsón, Choele Choel, General Conesa, Ingeniero Jacobacci y Los Menucos.
Se suman los municipios que de Sierra Grande, Cipolletti, Bariloche, Río Colorado, Villa Regina, San Antonio Oeste, Catriel y Allen a través de sus propias Oficinas Municipales de Información al Consumidor (OMIC).
Esta delegación de facultades fue aprobada por Decreto de la gobernadora, Arabela Carreras, y ya se encuentra en plena vigencia. De esta manera, el Estado interviene en el control de abastecimiento y de los precios que se ofrecen al consumidor final.
Se busca garantizar el acceso de la población a los alimentos, impedir el faltante de productos esenciales y de primera necesidad, evitar abusos y aprovechamiento en el incremento desmedido de precios ante el aumento de la demanda.
Con la colaboración de los Municipios se podrá realizar un control más efectivo del abastecimiento y de precios, evitando abusos sobre la comunidad.
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Mientras el Gobierno castiga a familiares de periodistas críticos, impulsa el ascenso judicial de la esposa de uno de sus principales defensores mediáticos. La historia de Marina Pisacco vuelve a poner en discusión la relación entre poder político, medios de comunicación y Justicia.
Por Tomás Palazzo para NLI
El periodista y su esposa a principios de año vacacionando en Abu Dhabi.
Hay decisiones políticas que hablan más fuerte que los discursos. Mientras Javier Milei convirtió la batalla contra la denominada «casta» en una marca registrada de su gestión, una designación impulsada por la Casa Rosada expone una contradicción difícil de explicar: el ascenso a la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de Marina Edith Pisacco, esposa del periodista Adrián Ventura, uno de los comunicadores que más enfáticamente sostiene las posiciones del oficialismo en materia judicial e institucional.
El pasado 11 de mayo, el Poder Ejecutivo remitió al Senado el mensaje solicitando el acuerdo correspondiente para designar a Pisacco como vocal de la Sala VI de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. El documento lleva las firmas del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, y del propio Milei, quien solicita expresamente el tratamiento de la candidatura en los términos del artículo 99 inciso 4 de la Constitución Nacional.
La postulación comenzó su recorrido parlamentario y fue tratada en la Comisión de Acuerdos del Senado el 9 de junio, dando un paso más en un proceso que vuelve a poner bajo la lupa la relación entre determinados sectores del periodismo y el poder político.
Una historia que no empezó con Milei
El nombre de Marina Pisacco no aparece por primera vez asociado a un gobierno que premia a familiares de periodistas influyentes.
En mayo de 2022, NLI publicó una investigación en la que repasaba cómo la magistrada había recibido durante la gestión de Mauricio Macri una promoción que generó fuertes cuestionamientos, mientras su esposo mantenía una permanente presencia mediática como analista judicial y uno de los periodistas de referencia de TN en temas vinculados a la Justicia Federal.
Aquella nota planteaba una pregunta incómoda: si Ventura era tan severo al analizar supuestos privilegios de funcionarios kirchneristas, ¿por qué mantenía silencio cuando los beneficios alcanzaban a su propio entorno familiar?
Cuatro años después, la discusión vuelve a instalarse. Cambia el gobierno, pero la protagonista sigue siendo la misma.
El doble estándar del Gobierno
La situación adquiere otra dimensión cuando se observa una decisión tomada por el propio Milei apenas días antes.
El Gobierno nacional pidió retirar el pliego de una candidata a jueza federal luego de que trascendiera su vínculo familiar con un periodista que viene investigando presuntos hechos de corrupción dentro de la administración libertaria.
La explicación política fue evidente: el parentesco pasó a convertirse en un obstáculo suficiente para impedir una designación judicial.
Sin embargo, ese criterio parece desaparecer cuando se trata de Marina Pisacco.
Mientras una candidata es descartada por ser familiar de un periodista crítico, otra recibe el respaldo explícito del Presidente siendo esposa de uno de los comunicadores que con mayor frecuencia defiende las posiciones oficiales.
La diferencia entre ambos casos resulta evidente y alimenta interrogantes sobre la existencia de un criterio uniforme o, por el contrario, de una vara distinta según la cercanía política o mediática con el Gobierno.
Ventura y una defensa permanente del oficialismo
La simultaneidad tampoco pasa inadvertida.
Mientras el Senado avanzaba con el tratamiento del pliego de Pisacco, Adrián Ventura protagonizaba distintos debates televisivos defendiendo con firmeza las decisiones del Gobierno y cuestionando las críticas dirigidas contra la administración libertaria.
Uno de los episodios más comentados ocurrió durante un intercambio al aire con Mario Massaccesi por el caso de Manuel Adorni, donde Ventura volvió a sostener la posición oficial incluso frente a cuestionamientos planteados dentro del propio programa.
Tenso momento en TN cuando Mario Massaccesi hizo referencia a las mentiras de Adorni, y fue interrumpido abruptamente por Adrían Ventura, quien tenía la orden claramente de dejar bien parado a Adorni. Sobre el final el rostro de Massaccesi al mandar a la pausa lo dice todo… pic.twitter.com/qoGWWyAmzP
Por supuesto, ningún periodista pierde el derecho a expresar sus opiniones porque un familiar ocupe un cargo público ni existe evidencia de que sus posiciones respondan a esa circunstancia. Pero cuando un gobierno convierte la lucha contra los privilegios y el nepotismo en una bandera política, la promoción de la esposa de uno de sus principales defensores mediáticos inevitablemente despierta preguntas sobre la coherencia de ese discurso.
La discusión no gira solamente alrededor de las condiciones profesionales de Marina Pisacco, cuya trayectoria es evaluada institucionalmente por el Senado, sino sobre la consistencia de un gobierno que parece aplicar principios distintos según quién ocupe el lugar de beneficiario.
Porque si el parentesco con un periodista crítico alcanza para retirar un pliego judicial, resulta difícil explicar por qué el parentesco con un periodista alineado con el oficialismo no representa ningún inconveniente.
La política argentina conoce desde hace décadas la influencia que determinados comunicadores ejercen sobre los distintos gobiernos. Milei llegó prometiendo terminar con esas prácticas y construir un sistema basado exclusivamente en el mérito. La candidatura de Marina Pisacco vuelve a poner esa promesa bajo examen y deja una pregunta abierta: ¿se trata del fin de los privilegios o simplemente de un cambio de beneficiarios?
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