El Gobierno Provincial ya acordó con 14 municipios la continuidad de las tareas de control de precios y abastecimiento de forma delegada, en el marco de la emergencia sanitaria por el Coronavirus COVID-19.
De esta manera, se implementarán políticas activas que permitan un mejor desenvolvimiento administrativo en la defensa de los derechos del consumidor.
A través de la Agencia de Recaudación Tributaria ya se firmaron los convenios correspondientes con las comunas de Cinco Saltos, El Bolsón, Choele Choel, General Conesa, Ingeniero Jacobacci y Los Menucos.
Se suman los municipios que de Sierra Grande, Cipolletti, Bariloche, Río Colorado, Villa Regina, San Antonio Oeste, Catriel y Allen a través de sus propias Oficinas Municipales de Información al Consumidor (OMIC).
Esta delegación de facultades fue aprobada por Decreto de la gobernadora, Arabela Carreras, y ya se encuentra en plena vigencia. De esta manera, el Estado interviene en el control de abastecimiento y de los precios que se ofrecen al consumidor final.
Se busca garantizar el acceso de la población a los alimentos, impedir el faltante de productos esenciales y de primera necesidad, evitar abusos y aprovechamiento en el incremento desmedido de precios ante el aumento de la demanda.
Con la colaboración de los Municipios se podrá realizar un control más efectivo del abastecimiento y de precios, evitando abusos sobre la comunidad.
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El caso Albanesi ya no es solo un problema corporativo. Es una herida abierta en el mercado de capitales argentino, que viene alimentando el mercado de Obligaciones Negociables (ON). Se trata de deuda en dólares emitida por empresas que se suponen solventes y que los ahorristas compran alentados por tasas muy atractivas en dólares.
Excepto que esto es la Argentina, que arrasta una triste historia de default del Estado y privados, que sumó con la generadora Albanesi otro triste capítulo, que dejó un tendal de ahorristas afectados.
Entre 2019 y 2024, el Grupo Albanesi creció a toda velocidad. Amplió su parque de generación eléctrica y ganó peso en el sistema. Lo hizo apalancado en deuda. Local e internacional. En pesos, en dólares, ajustada por inflación, bajo ley local y extranjera. El combustible de esa expansión fue la deuda.
Una de las principales empresas de energía del país entra en default y golpea a la Anses En 2024 empezaron los problemas. Canjes parciales. Refinanciaciones apresuradas. Parches que no alcanzaron para estabilizar la estructura financiera. Pero la calesita seguía girando. El esquema terminó de romperse el 29 de abril de 2025. Albanesi dejó de pagar intereses y entró formalmente en default.
El dato más incómodo aparece cuando se mira el calendario. El 26 de febrero de 2025, apenas dos meses antes del default, Albanesi emitió la Obligación Negociable Clase XLII por más de 6.000 millones de pesos. Vencía a un año. Pagaba TAMAR más 5 por ciento. Fue presentada como deuda corporativa estándar. Sin alertas. Sin banderas rojas. Menos de sesenta días después, la empresa dejó de pagar todo.
Sabían perfectamente que no iban a pagar y aun así se endeudaron a más no poder, sin ningún control.
La sensación entre inversores es que el default no fue una sorpresa, sino una decisión postergada. «Sabían perfectamente que no iban a pagar y aun así se endeudaron a más no poder, sin ningún control», resume un comprador de ese título.
El 30 de abril de 2025, la compañía confirmó que no pagaría los intereses de sus bonos internacionales 2031. El 6 de mayo, el incumplimiento quedó oficializado. Reconocieron estrés financiero. Admitieron que se habían quedado sin líneas de crédito. Las calificadoras bajaron la nota a niveles de virtual insolvencia. Desde entonces, el default nunca se revirtió.
Durante todo 2025, Albanesi avanzó en una reescritura de contratos. Estiró plazos. Redujo derechos. Cambió eventos de incumplimiento. Muchas veces con la deuda ya caída. Para varios acreedores, aceptar esos cambios no fue una elección, sino una rendición. La alternativa era no cobrar nada.
En la segunda mitad del año, el proceso se volvió más opaco. Las negociaciones pasaron a mesas privadas, bajo acuerdos de confidencialidad. Un puñado de grandes acreedores accedió a información sensible. Los minoristas quedaron afuera.
Armando Loson, el dueño de Albanesi.
La asimetría informativa no fue un accidente. Fue el método. En diciembre de 2025, la empresa anunció que en los primeros días de enero de 2026 presentaría las ofertas formales de reestructuración, lo que todavía no ocurrió.
Lo poco que se conoce de la oferta para las ON no garantizadas es brutal. Bonos que vencían en 2025 o 2027 pasan a 2036. Tasas del 8 o 9 por ciento se licúan a 2,25 por año. El capital no se devuelve hasta 2033 y se concentra en un pago final. Más que una reestructuración, parece una expropiación financiera.
El canje, además, viene con amenaza incluida. Cláusulas de acción colectiva o un Acuerdo Preventivo Extrajudicial para arrastrar a los que no acepten. El mensaje es claro: o entrás, o entrás igual.
La doble vara entre acreedores es evidente. A los bonos garantizados se les ofrecen cupones altos, amortizaciones tempranas y mejores condiciones. A los no garantizados, donde hay miles de pequeños ahorristas, se les asignan tasas simbólicas y plazos interminables. En esta historia, el poder de negociación define quién sobrevive.
Lo poco que se conoce de la oferta para las ON no garantizadas es brutal. Bonos que vencían en 2025 o 2027 pasan a 2036. Tasas del 8 o 9 por ciento se licúan a 2,25 por año. El capital no se devuelve hasta 2033 y se concentra en un pago final.
Cuando se habla de Albanesi, en realidad se habla de Generación Mediterránea S.A. (GEMSA), la joya del grupo. Desde allí opera centrales térmicas en Ezeiza, Río Cuarto, La Banda, Frías, Tucumán y Catamarca. Su negocio está atado a contratos con Cammesa, tarifas y decisiones regulatorias del Estado. Por eso, cada crisis financiera de GEMSA es también un problema político.
En el mercado, el enojo crece. Las aseguradoras están furiosas. «Esto está pésimamente reestructurado. Se abusan porque a nadie le conviene pedir la quiebra», contó a LPO un operador financiero. Circula que hubo un grupo de acreedores que quiso comprar la empresa el año pasado y no los dejaron. Pero también se comenta que podría haber un comprador en danza.
El rol de los brokers completa el cuadro. Las ALyCs recomendaron estas ON como inversiones seguras, conservadoras, casi como plazos fijos. Cuando llegó el default, muchos ahorristas buscaron respuestas. Recibieron silencio. Evasivas. Bloqueos. El abandono fue doble: de la empresa y de los intermediarios.
«La CNV no presiona. La Justicia no investiga. Nadie interviene. El mercado quedó a la deriva. Y la confianza, esa que cuesta años construir y segundos destruir, quedó hecha pedazos», remató a LPO uno de los ahorristas defraudados.
Se está terminando el bacheo y una vez finalizado, se efectuará una carpeta asfáltica de 4 centímetros. En cuanto a la calle Juan XXIII, se está gestionando con la empresa Quidel, para llevar a cabo el bacheo. Por el momento, se cubrió con calcáreo y cemento y se avanza con las banquinas. #ReginaResponde #VillaRegina #OraziIntendente #Obras #Pavimentacion Difunde esta…
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