El Gobierno Provincial ya acordó con 14 municipios la continuidad de las tareas de control de precios y abastecimiento de forma delegada, en el marco de la emergencia sanitaria por el Coronavirus COVID-19.
De esta manera, se implementarán políticas activas que permitan un mejor desenvolvimiento administrativo en la defensa de los derechos del consumidor.
A través de la Agencia de Recaudación Tributaria ya se firmaron los convenios correspondientes con las comunas de Cinco Saltos, El Bolsón, Choele Choel, General Conesa, Ingeniero Jacobacci y Los Menucos.
Se suman los municipios que de Sierra Grande, Cipolletti, Bariloche, Río Colorado, Villa Regina, San Antonio Oeste, Catriel y Allen a través de sus propias Oficinas Municipales de Información al Consumidor (OMIC).
Esta delegación de facultades fue aprobada por Decreto de la gobernadora, Arabela Carreras, y ya se encuentra en plena vigencia. De esta manera, el Estado interviene en el control de abastecimiento y de los precios que se ofrecen al consumidor final.
Se busca garantizar el acceso de la población a los alimentos, impedir el faltante de productos esenciales y de primera necesidad, evitar abusos y aprovechamiento en el incremento desmedido de precios ante el aumento de la demanda.
Con la colaboración de los Municipios se podrá realizar un control más efectivo del abastecimiento y de precios, evitando abusos sobre la comunidad.
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El 30 de julio de 1946 concluyó la etapa de alegatos del histórico Juicio de Núremberg, el proceso judicial que sentó en el banquillo a los principales dirigentes del régimen nazi tras el final de la Segunda Guerra Mundial. Aquellas audiencias marcaron un antes y un después en el derecho internacional al establecer que los responsables de crímenes de guerra y de lesa humanidad podían ser juzgados más allá de las fronteras de sus países. Ocho décadas después, sus principios siguen siendo una referencia para los juicios por terrorismo de Estado, incluidos los desarrollados en Argentina tras la recuperación democrática.
Por Redacción de NLI
La Segunda Guerra Mundial dejó un saldo de destrucción pocas veces visto en la historia de la humanidad. Millones de muertos, ciudades arrasadas y el horror del Holocausto plantearon una pregunta inédita para la comunidad internacional: ¿qué hacer con quienes habían organizado desde el Estado un sistema de persecución, exterminio y guerra que no tenía precedentes?
Hasta entonces, las guerras solían terminar con tratados diplomáticos o con la derrota militar de uno de los bandos. Sin embargo, tras la caída del Tercer Reich, las potencias aliadas decidieron avanzar por un camino diferente. En lugar de limitarse a sanciones políticas, promovieron un proceso judicial para juzgar a los máximos responsables del nazismo por crímenes contra la paz, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad.
El Juicio de Núremberg, desarrollado entre noviembre de 1945 y octubre de 1946, no estuvo exento de controversias jurídicas, pero estableció un principio que transformaría para siempre el derecho internacional: ningún funcionario, militar o gobernante podía escudarse en el cargo que ocupaba o en la obediencia debida para justificar violaciones masivas a los derechos humanos.
Un proceso que cambió la historia del derecho
En el banquillo se sentaron algunos de los principales dirigentes políticos, militares y económicos del régimen nazi. Durante meses, fiscales de distintos países presentaron documentos, registros oficiales, fotografías y testimonios que demostraban el funcionamiento de los campos de concentración, las deportaciones masivas y el plan sistemático de exterminio impulsado por el Estado alemán.
Las imágenes exhibidas durante las audiencias impactaron profundamente a una opinión pública que comenzaba a conocer la magnitud del Holocausto. Por primera vez, el mundo observaba cómo un tribunal analizaba no solamente responsabilidades individuales, sino también el funcionamiento de una maquinaria estatal dedicada a la persecución y al asesinato.
El proceso concluyó con condenas a muerte, penas de prisión y algunas absoluciones, pero su consecuencia más importante fue jurídica: los principios establecidos en Núremberg se convertirían en la base del moderno derecho internacional de los derechos humanos.
Argentina y el legado de Núremberg
Aunque ocurrieron a miles de kilómetros de distancia, los principios de Núremberg tuvieron una enorme influencia en la historia argentina.
Tras el retorno de la democracia en 1983, el país llevó adelante el histórico Juicio a las Juntas, una experiencia que fue observada en todo el mundo por tratarse de uno de los primeros procesos donde un tribunal civil juzgó a los responsables de una dictadura militar.
Con el tiempo, la declaración de inconstitucionalidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida permitió reabrir cientos de causas por delitos de lesa humanidad, consolidando una política de memoria, verdad y justicia que convirtió a la Argentina en una referencia internacional.
Muchos de esos procesos retomaron conceptos nacidos en Núremberg: la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad, la responsabilidad individual de quienes integran estructuras estatales represivas y la imposibilidad de justificar esos delitos alegando el cumplimiento de órdenes superiores.
La memoria como política democrática
Los juicios por delitos de lesa humanidad no tienen únicamente una función punitiva. También cumplen un papel central en la reconstrucción de la memoria colectiva.
Las audiencias permiten documentar hechos, preservar testimonios y ofrecer a las víctimas un espacio institucional donde sus historias sean reconocidas por el Estado. Esa dimensión resulta especialmente importante en sociedades que atravesaron procesos de violencia política organizada.
En Argentina, organismos de derechos humanos como las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo impulsaron durante décadas la búsqueda de justicia cuando todavía predominaban la impunidad y el silencio. Su trabajo fue decisivo para que el país pudiera reconstruir parte de la verdad sobre el terrorismo de Estado y juzgar a sus responsables.
La experiencia argentina demostró que la democracia no se fortalece olvidando los crímenes del pasado, sino investigándolos y juzgándolos con todas las garantías del Estado de Derecho.
Una enseñanza que sigue vigente
Ocho décadas después, el legado de Núremberg continúa presente cada vez que un tribunal internacional o nacional investiga genocidios, crímenes de guerra o violaciones sistemáticas a los derechos humanos.
En un contexto internacional donde resurgen discursos autoritarios, expresiones negacionistas y reivindicaciones de regímenes represivos, recordar aquellos juicios adquiere una importancia renovada. La historia demuestra que cuando el Estado concentra un poder sin controles y convierte la persecución en política pública, las consecuencias pueden ser devastadoras.
Para Argentina, donde la memoria sobre la última dictadura constituye uno de los pilares del consenso democrático construido desde 1983, el legado de Núremberg tiene un significado especial. Recordar aquellos juicios es también reafirmar que los crímenes cometidos desde el Estado no pueden naturalizarse, relativizarse ni quedar impunes, cualquiera sea el tiempo transcurrido o el poder que hayan ejercido sus responsables.
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Después de los gestos de Casa Rosada al llaryorismo, y viceversa, este martes el esquema opositor en Córdoba tuvo un manto de tranquilidad por la foto en jefatura de Gabinete entre Diego Santilli, Gabriel Bornoroni y Luis Juez. Reunión que fue casi a pedido del senador para tratar de enfriar el fantasma del pacto que agita el peronismo cordobés con los Milei de cara al 2027.
Y que, en el último tiempo, se tradujo con envío de fondos adeudados a la provincia y otra sintonía desde que el gobernador Martín Llaryora puso como interlocutor con Balcarce 50 al nuevo jefe de gabinete provincial, Manuel Calvo. En un rol casi inédito para la orgánica del cordobesismo en este cuarto de siglo.
Si bien a la salida de la reunión de la oposición cordobesa con Santilli, el libertario Bornoroni se mostró exultante en redes; el más apurado de ambos por la demostración de una foto que sirva para seguir conteniendo tropa y rechazar el acuerdo entre el peronismo y la Casa Rosada era Juez. Molesto, sobre todo en el último tiempo, por los envíos de partidas del Gobierno nacional y una foto que rápidamente logró Calvo con Santilli.
«Juez necesitaba que Bornoroni se de cuenta que hay cosas que le están pasando por el lado, como el envío de 400 mil millones de pesos de un saque, y eso el peronismo lo va a capitalizar. Porque son pícaros y hace rato que están en esto», dijo una fuente al tanto de lo que ocurrió en la reunión con ‘el Colorado’.
En las últimas semanas, Bornoroni y Juez -con mucha más vehemencia que el libertario- salieron a desestimar la posibilidad de un acuerdo de la Nación con el cordobesismo y repiten a coro que los Milei quieren ganar Córdoba. Análisis que no comparten en el PJ mediterráneo donde ven la posibilidad de reeditar el pacto con Macri del 2015 y el 2019, con el rol del exgobernador Juan Schiaretti jugando en el tablero nacional para dividir el voto PJ.
Posibilidad de la que descreen por completo en el juecismo. «Ya lo liquidó el año pasado (Gonzalo) Roca en la elección. Esos famosos 7 puntos que dicen que tiene Schiaretti son del 2023. ¿Vos te crees que después de la paliza del año pasado los conserva?», lanzó un juecista frente a la hipótesis de un Schiaretti al servicio de la reelección de Llaryora.
En tanto, hay otro factor que observa el Frente Cívico y no está en el fantasma del pacto, sino en la chance de que Bornoroni quiera jugar la doble chance: candidatura a gobernador primero (la elección sería entre marzo y abril) y después al Senado en caso de derrota. «Si gana de arranque en la primera, no hay por qué pensar en el Senado», dicen.
No obstante, esa receta en el manual de Karina y Lule Menem existe: jugar a ganador con Bornoroni en la Provincia y, en caso de que no funcione, llevar al libertario al Senado. Porque, como ya contó LPO, los Milei quieren puros en el Congreso en caso de una reelección del libertario.
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