El Gobierno Provincial ya acordó con 14 municipios la continuidad de las tareas de control de precios y abastecimiento de forma delegada, en el marco de la emergencia sanitaria por el Coronavirus COVID-19.
De esta manera, se implementarán políticas activas que permitan un mejor desenvolvimiento administrativo en la defensa de los derechos del consumidor.
A través de la Agencia de Recaudación Tributaria ya se firmaron los convenios correspondientes con las comunas de Cinco Saltos, El Bolsón, Choele Choel, General Conesa, Ingeniero Jacobacci y Los Menucos.
Se suman los municipios que de Sierra Grande, Cipolletti, Bariloche, Río Colorado, Villa Regina, San Antonio Oeste, Catriel y Allen a través de sus propias Oficinas Municipales de Información al Consumidor (OMIC).
Esta delegación de facultades fue aprobada por Decreto de la gobernadora, Arabela Carreras, y ya se encuentra en plena vigencia. De esta manera, el Estado interviene en el control de abastecimiento y de los precios que se ofrecen al consumidor final.
Se busca garantizar el acceso de la población a los alimentos, impedir el faltante de productos esenciales y de primera necesidad, evitar abusos y aprovechamiento en el incremento desmedido de precios ante el aumento de la demanda.
Con la colaboración de los Municipios se podrá realizar un control más efectivo del abastecimiento y de precios, evitando abusos sobre la comunidad.
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Corre fuerte por estas horas en los pasillos tribunalicios la versión de un «acuerdo» entre Luis Armella y el gobierno de Javier Milei que implica la designación como funcionarios de personas allegadas al juez federal de Quilmes.
Fuentes judiciales señalaron a LPO que recientes nombramientos en el estratégico Hospital El Cruce de Florencio Varela tienen un estrecho vínculo con el juez que actualmente subroga el Juzgado Federal N°2 de Lomas que lleva la causa Insaurralde.
Concretamente, aluden a la resolución 698 firmada por el ministro de Salud Mario Lugones en la que se nombraron los nuevos representantes de esa cartera en el Consejo de Administración del Hospital «El Cruce, Dr. Néstor Carlos Kirchner», centro de salud de alta complejidad clave en el conurbano.
Allí, se designó por cuatro años a Javier Gustavo Mendoza, un ex juez de Cámara que en el ámbito judicial lo ubican muy cercano a Armella desde finales de los 90, cuando ambos eran fiscales en Quilmes.
El ahora representante del Ministerio de Salud en el Hospital El Cruce fue fiscal en el Departamento Judicial Quilmes, desde 1999 hasta fines de 2009, cuando el entonces gobernador Daniel Scioli lo nombró jefe del Servicio Penitenciario Bonaerense.
Incluso, hay quienes recuerdan que a mediados de 2000, en pleno fulgor del caso que investigaba la muerte del cantante cuartetero Rodrigo Bueno, el fiscal Armella, por entonces a cargo de la investigación, se tomó licencia por estrés y fue suplantado por Mendoza.
El ahora representante del Ministerio de Salud en el Hospital El Cruce fue fiscal en el Departamento Judicial Quilmes, desde 1999 hasta fines de 2009, cuando el entonces gobernador Daniel Scioli lo nombró jefe del Servicio Penitenciario Bonaerense.
Mendoza abandonó el control de las cárceles de la provincia en 2011, cuando la misma gestión sciolista lo promovió como juez de Cámara en Mar del Plata.
Mendoza junto a Scioli en tiempos donde era jefe del Servicio Penitenciario Bonaerense.
«Así se cierra el círculo de relación entre los poderes Ejecutivo y Judicial. Mendoza provenía de la justicia provincial al momento de ocupar un cargo estratégico en el Ejecutivo. Luego de tomar decisiones que implicaron fuertes retrocesos y debilitamientos del control judicial de los actos de gobierno, termina la gestión con un ascenso en la carrera judicial», denunció un informe del Cels en 2012.
El 1 de diciembre de 2018 Mendoza renunció con fines jubilatorios como juez de Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial Mar del Plata.
Preocupado por la movilidad jubilatoria en tiempos de Milei, en noviembre de 2025 Mendoza fue uno de los firmantes del comunicado de ex jueces contra la acordada de la Suprema Corte que incrementa la brecha de haberes de los pasivos y los salarios del Poder Judicial.
Mendoza (izq.) en la presentación de los nuevos representantes del gobierno de Milei en el Hospital El Cruce, de Florencio Varela.
Puntualmente, cruzaron el acuerdo 4191 de junio de 2025 que implementó un aumento de haberes a quienes se encuentran en actividad en el Poder Judicial bonaerense pero que no se aplicó a los jubilados de ese sector.
Es en ese contexto que Mendoza llega al Consejo de Administración del Hospital El Cruce que está compuesto por seis integrantes: dos miembros del Ministerio de Salud Nacional, dos por la cartera sanitaria bonaerense y los dos restantes por parte de la Universidad Nacional Arturo Jauretche.
En ese esquema, la presidencia es del Ministerio de Salud Nacional, que -en la misma resolución que designó a Mendoza- nombró al Dr. Luciano Nápoli, que venía desempeñándose en otros centros de salud de la zona.
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