El Gobierno Provincial ya acordó con 14 municipios la continuidad de las tareas de control de precios y abastecimiento de forma delegada, en el marco de la emergencia sanitaria por el Coronavirus COVID-19.
De esta manera, se implementarán políticas activas que permitan un mejor desenvolvimiento administrativo en la defensa de los derechos del consumidor.
A través de la Agencia de Recaudación Tributaria ya se firmaron los convenios correspondientes con las comunas de Cinco Saltos, El Bolsón, Choele Choel, General Conesa, Ingeniero Jacobacci y Los Menucos.
Se suman los municipios que de Sierra Grande, Cipolletti, Bariloche, Río Colorado, Villa Regina, San Antonio Oeste, Catriel y Allen a través de sus propias Oficinas Municipales de Información al Consumidor (OMIC).
Esta delegación de facultades fue aprobada por Decreto de la gobernadora, Arabela Carreras, y ya se encuentra en plena vigencia. De esta manera, el Estado interviene en el control de abastecimiento y de los precios que se ofrecen al consumidor final.
Se busca garantizar el acceso de la población a los alimentos, impedir el faltante de productos esenciales y de primera necesidad, evitar abusos y aprovechamiento en el incremento desmedido de precios ante el aumento de la demanda.
Con la colaboración de los Municipios se podrá realizar un control más efectivo del abastecimiento y de precios, evitando abusos sobre la comunidad.
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La industria volvió a caer con fuerza en febrero. Y esta vez no hubo rebote que amortigüe el golpe. El número es contundente: la actividad se desplomó 8,7% interanual y retrocedió 4% frente a enero en la medición desestacionalizada. Es el octavo mes consecutivo en baja. La serie ya no muestra oscilaciones. Marca una tendencia.
El dato confirma lo que venían señalando los relevamientos privados y ahora oficializó el Indec: la caída de la industria no encuentra piso. El leve repunte de enero fue apenas un espejismo. Febrero volvió a mostrar una caída extendida en casi todos los rubros, con fuerte impacto en sectores vinculados al consumo interno y la construcción.
La baja no es homogénea, pero sí generalizada. Metalmecánica, textiles y materiales para la construcción lideraron las caídas. También la industria automotriz sintió el golpe, en un contexto de demanda doméstica debilitada y exportaciones que no alcanzan para compensar. El crédito sigue bajo, los salarios rezagados y la actividad se ajusta por cantidad.
Pero hay un dato que encendió alertas en el sector: el desempeño de la agroindustria. Tradicional refugio en tiempos de crisis, esta vez mostró signos de fatiga. Y no por falta de cosecha, sino por un conjunto de factores que revelan tensiones más profundas.
Un dato que encendió alertas en el sector: el desempeño de la agroindustria. Tradicional refugio en tiempos de crisis, esta vez mostró signos de fatiga.
El primero es el comportamiento de los productores. En febrero, las fábricas de aceite y harina de soja tuvieron dificultades para conseguir mercadería física. La razón es simple: los precios internacionales de la soja cayeron y muchos productores decidieron no vender. Prefirieron retener los granos a la espera de una mejora en las cotizaciones.
Ese movimiento, que en el lenguaje del sector se llama «retención de cosecha», tuvo impacto directo en la industria. Sin grano, no hay molienda. Y sin molienda, cae la producción de aceite y harina, que son los productos de mayor valor agregado del complejo exportador.
A eso se sumó un segundo factor, menos visible pero igual de relevante: la menor importación temporaria de soja desde Paraguay. En condiciones normales, cuando la oferta local escasea, las plantas argentinas recurren a soja paraguaya para sostener el ritmo de producción. En febrero, ese flujo fue menor.
El resultado fue un doble estrangulamiento: menos grano local por retención y menos grano importado para compensar. Las plantas trabajaron por debajo de su capacidad.
El problema no terminó ahí. Febrero también fue un mes corto en términos productivos. El calendario jugó en contra. Los feriados de carnaval redujeron los días hábiles y, además, hubo un paro sindical que paralizó puertos y plantas durante varios días. En algunos complejos, la actividad efectiva se redujo a apenas 15 jornadas.
Pero incluso dejando de lado estos factores coyunturales, el sector enfrenta un problema más estructural: los márgenes. Los costos de energía, combustibles e insumos subieron por encima de los precios de exportación. Esa brecha empezó a erosionar la rentabilidad.
Mientras la molienda cae, las exportaciones crecen. En el primer bimestre del año subieron 7%. Pero ese aumento se explica por mayores despachos de grano sin procesar, principalmente trigo y girasol. El valor agregado, en cambio, retrocede. Es un cambio de calidad. Menos industria, más primarización.
La consecuencia es una paradoja. Mientras la molienda cae, las exportaciones crecen. En el primer bimestre del año subieron 7%. Pero ese aumento se explica por mayores despachos de grano sin procesar, principalmente trigo y girasol. El valor agregado, en cambio, retrocede. Es un cambio de calidad. Menos industria, más primarización. Menos empleo y menos encadenamientos productivos.
En ese contexto, la caída del 8,7% adquiere otra dimensión. No es solo una baja en la producción. Es una señal sobre el tipo de crecimiento que se está configurando. El Gobierno apuesta a que la estabilización macroeconómica termine derramando sobre la actividad. Pero por ahora ocurre lo contrario. La estabilidad convive con caída productiva.
Y el dato final termina de poner el cuadro en perspectiva. La última vez que la industria registró una caída mensual más profunda que la actual fue en abril de 2020, cuando el confinamiento por la pandemia paralizó las fábricas y la producción se desplomó 19,2% en un solo mes. La diferencia es que aquella fue una caída abrupta y excepcional. La actual es persistente. Y, por eso mismo, más difícil de revertir.
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