El municipio podrá intervenir en el control de precios

 

Copete

La historia de Manuel Adorni ya no se parece solamente a una investigación patrimonial. Se parece, sobre todo, a un cuento. Un muñeco de madera que aseguraba decir siempre la verdad, un Gepetto dispuesto a defenderlo contra cualquier evidencia, un misterioso pendrive convertido en cofre del tesoro y una enorme ballena esperando al final del camino. La diferencia es que Carlo Collodi escribía ficción. La política argentina, a veces, parece empeñada en superarla.

Por Tomás Palazzo para NLI

Hay una razón por la que Pinocho sigue siendo uno de los personajes más universales de la literatura. Su historia no habla simplemente de un niño de madera que miente, sino de la imposibilidad de sostener una mentira indefinidamente. Cada engaño deja una marca visible. Cada intento de explicar una contradicción genera una nueva contradicción. La nariz crece porque la realidad termina imponiéndose sobre el relato.

Manuel Adorni parece haber encontrado una versión del siglo XXI para esa vieja metáfora. En lugar de una nariz de madera, apareció un pendrive. No cualquier pendrive: según explicó en televisión, allí permanecieron guardados durante años más de medio millón de dólares en Bitcoin, un patrimonio que definió como un «trofeo» y que no había sido incorporado a sus declaraciones patrimoniales hasta que la investigación judicial y periodística comenzó a exponer inconsistencias difíciles de explicar.

La imagen es poderosa por sí sola. Mientras el personaje insiste en que siempre dijo la verdad, la memoria USB termina ocupando el lugar que en el cuento ocupaba la nariz. Allí se almacenan archivos, movimientos, operaciones, declaraciones rectificativas y explicaciones sucesivas que modifican las anteriores. Ya no se trata solamente de una discusión contable sino de un problema narrativo: la historia original dejó de ser suficiente para explicar la realidad.

Durante meses, el jefe de Gabinete sostuvo que su patrimonio estaba debidamente declarado y que las denuncias respondían a operaciones políticas. Sin embargo, con el avance de la investigación comenzaron a conocerse compras inmobiliarias, refacciones de alto valor, viajes, operaciones con criptomonedas y finalmente la existencia de activos que no habían sido declarados oportunamente y que luego fueron incorporados mediante declaraciones rectificativas aprovechando el nuevo régimen de regularización fiscal impulsado por el propio Gobierno.

La paradoja política resulta inevitable. La administración de Milei llegó al poder prometiendo una superioridad moral sobre la denominada «casta», presentándose como el gobierno que venía a terminar con los privilegios, las maniobras oscuras y la opacidad patrimonial de los funcionarios públicos. Sin embargo, uno de sus hombres más importantes terminó admitiendo la existencia de cientos de miles de dólares no declarados mientras argumentaba que se trataba de una situación habitual entre los argentinos.

Allí aparece otro personaje del cuento.

Gepetto.

En la historia de Carlo Collodi, el viejo carpintero construye a Pinocho con paciencia y amor, convencido de que algún día se convertirá en un niño de verdad. En esta versión política, Milei parece decidido a defender a su criatura incluso cuando el propio relato comienza a resquebrajarse. Las críticas son calificadas como operaciones, las investigaciones como persecuciones y las contradicciones como simples malentendidos administrativos. Pero ni siquiera Gepetto podía impedir que la nariz creciera cuando el muñeco elegía el camino de la mentira.

La filosofía siempre distinguió entre la verdad y la verosimilitud. Una mentira bien contada puede parecer verdadera durante mucho tiempo, hasta que los hechos empiezan a acumularse. Aristóteles sostenía que la coherencia es una condición indispensable de la verdad: un relato que necesita corregirse permanentemente termina revelando sus propias fisuras. En política ocurre exactamente lo mismo. No es una sola explicación la que genera desconfianza, sino la necesidad constante de reemplazarla por otra.

Cada nueva versión agrega un nuevo archivo al pendrive. Primero fue la defensa absoluta. Después aparecieron las criptomonedas. Luego llegaron las rectificaciones patrimoniales. Más tarde la explicación del «trofeo». Finalmente la apelación al régimen de Inocencia Fiscal impulsado por el propio oficialismo. El dispositivo ya no guarda solamente bitcoins: almacena una cronología completa de justificaciones que fueron modificándose a medida que avanzaban las preguntas.

Y entonces aparece la ballena.

En el cuento original, Pinocho termina dentro del enorme animal marino después de una larga cadena de errores. No es un castigo divino sino la consecuencia de sus propias decisiones. La ballena de Adorni podría ser su propio relato, una construcción que fue creciendo hasta volverse imposible de controlar. Cada nueva declaración intenta explicar la anterior y, al hacerlo, crea una nueva incógnita. No hay persecución capaz de fabricar esas contradicciones; nacen del propio discurso.

Queda un último personaje por ingresar a escena.

El hada madrina.

En la literatura aparece para ofrecer una oportunidad de redención, pero sólo cuando el protagonista decide abandonar el engaño. En la Argentina ese papel quedará reservado para Comodoro Py, el lamentable lugar donde las verdades no importan y que avergüenzan a una Justicia. Quedará por verse si Lijo (viajecito a París mediante) acepta interpretar al hada madrina o si, por el contrario, decide que la madera siga siendo madera. Una cosa distingue a los cuentos de la realidad: en la vida pública las narices no siempre crecen, pero los patrimonios sí.

Porque existe una sentencia que no depende de ningún tribunal. La confianza pública se construye sobre la coherencia entre lo que un funcionario dice y lo que termina admitiendo cuando las evidencias aparecen. Carlo Collodi escribió que Pinocho sólo pudo convertirse en un niño verdadero cuando dejó de mentir. La política argentina ofrece una versión distinta del cuento: un muñeco cuya nariz ya no es de madera sino un pendrive repleto de archivos, un Gepetto que insiste en defenderlo y una ballena hecha de contradicciones que amenaza con tragarse una historia que pretendía ser perfecta.

Porque en los cuentos las narices crecen. En la vida pública, a veces, lo que crece son las explicaciones. Y cuando eso ocurre, la metáfora deja de ser literatura para convertirse en noticia.

 

 

El Gobierno nacional avanza con una nueva etapa de ajuste sobre la administración pública y ya trabaja en un plan de recortes que alcanzaría a todos los ministerios y organismos descentralizados. La iniciativa, impulsada por Federico Sturzenegger, busca profundizar la reducción del empleo estatal y podría traducirse en miles de nuevas desvinculaciones durante los próximos meses.

Por Ramiro C. Ferrante para NLI

Desde que Milei llegó a la Casa Rosada, la denominada «motosierra» se convirtió en el principal emblema de su gestión. Lo que comenzó con la no renovación de contratos temporarios y el cierre de distintas áreas estatales se transformó en una política permanente de reducción del sector público. Ahora, el Gobierno pretende avanzar sobre una nueva etapa que incluiría ministerios, organismos técnicos y empresas estatales.

Según la información difundida este martes, Sturzenegger mantiene activa la planificación de nuevos recortes y busca acelerar la disminución de personal en distintas dependencias nacionales. La intención oficial es continuar reduciendo estructuras administrativas bajo el argumento de mejorar la eficiencia y disminuir el gasto público.

Un objetivo ambicioso: miles de puestos menos

La ofensiva no surge de la nada. Durante los últimos meses, distintos medios especializados revelaron que el Gobierno se fijó como meta reducir alrededor de un 10% adicional el empleo público nacional durante 2026. Algunas estimaciones hablan de entre 5.000 y 6.000 despidos en una primera etapa, mientras que otras proyectan un recorte mucho más amplio que podría superar los 27.000 puestos entre organismos, empresas estatales y administración central.

Los antecedentes muestran que la política de ajuste ya tuvo un impacto considerable. Diversos relevamientos indican que desde diciembre de 2023 más de 66.000 trabajadores dejaron de desempeñarse en el Estado nacional, ya sea por despidos, retiros voluntarios o no renovación de contratos.

Detrás de esos números existen miles de familias afectadas por una política que el oficialismo presenta como una reorganización administrativa, pero que para los sindicatos constituye un proceso de desmantelamiento de capacidades estatales construidas durante décadas.

Organismos estratégicos bajo la mira

Los organismos técnicos aparecen entre los principales objetivos de la nueva avanzada. Durante los últimos meses se conocieron planes de reducción en áreas como el INTI, el INTA, el SENASA, la ANMAT, la Aduana y distintos entes vinculados a la producción, la ciencia y el control estatal.

También hubo conflictos recientes en organismos sensibles como el Servicio Meteorológico Nacional, donde se denunciaron despidos y recortes presupuestarios que, según trabajadores y especialistas, podrían afectar servicios estratégicos para la aeronavegación, la producción agropecuaria y la prevención de emergencias climáticas.

El ajuste no se limita únicamente al personal. En paralelo, el Gobierno viene ejecutando reducciones presupuestarias en distintas áreas, incluyendo Salud, organismos científicos y programas sociales, con el objetivo declarado de sostener el superávit fiscal y cumplir las metas económicas acordadas con los organismos internacionales de crédito.

La lógica de Milei: menos Estado, más mercado

La nueva tanda de despidos confirma que el proyecto político de Milei no atraviesa una etapa transitoria sino estructural. La reducción del aparato estatal sigue siendo uno de los pilares centrales de su programa económico y político.

Mientras el oficialismo celebra cada baja como una muestra de eficiencia fiscal, los gremios estatales advierten que detrás de cada puesto eliminado desaparecen funciones públicas vinculadas a controles sanitarios, investigación científica, infraestructura, producción agropecuaria, salud, educación y derechos ciudadanos. El debate ya no gira únicamente alrededor del gasto público: la discusión de fondo es qué Estado quedará en pie cuando la motosierra termine de pasar por todas las áreas que hoy siguen en la mira del Gobierno.