El mayor especialista en pobreza asegura que los números del gobierno son una «ficción estadística» porque comparan índices que son diferentes. Agustín Salvia consideró que, si se corrigieran, el número estaría en torno al 38 o 40%.
«Cambió la composición del gasto y estamos midiendo como si fuera la misma», explicó el titular del Observatorio de la Deuda Social de la UCA.
Durante el siglo XXI, los mejores números de pobreza en la Argentina se dieron entre 2011 y 2012 y en 2017. En esos momentos la pobreza era del 25% y el sociólogo lo atribuyó a una «burbuja de consumo» que no pudo «sostenerse» y tiempo después el número volvió a aumentar.
Desde la llegada de Javier Milei el Indec «mejoró la captación del ingreso»: para elaborar el índice de pobreza, los ingresos totales de los hogares se cruzan con el precio de una canasta básica.
Milei llegó a la presidencia con 38% de pobreza, una cifra que poco después aumentó hasta 55% luego de la devaluación. A partir del segundo semestre de 2024, la pobreza comenzó a bajar de manera «acelerada» y para los números oficiales llegó a ser del 28%.
«Desde fines de 2023, el Indec mejoró la captación del ingreso, pero no significa que los hogares tengan más ingresos. Tres o cuatro puntos de la caída de la pobreza responden a la mejor captación», dijo Salvia en Somos Alameda en Radio Gráfica.
El sociólogo explicó que el punto más controvertido en la elaboración de índice está vinculado a la composición del gasto.
«El problema más significativo es que con un millón y medio de pesos a valores de hoy, antes de 2023 esa familia no es que estaba bien, pero cubría los alimentos, los gastos de la vivienda, la vestimenta, los servicios», dijo.
Si bien reconoció que los alimentos están relativamente más baratos que en años anteriores, Salvia aseguró que las tarifas de transporte, servicios públicos y comunicaciones tienen mucha mayor incidencia en la canasta de pobreza.
«Entonces lo que queda para comprar medicamentos, arreglar la casa y demás es mucho menos que lo que quedaba en 2011-2012 y 2017», detalló.
En los dos años y medio de la gestión Milei, los alimentos aumentaron por debajo de la inflación, pero los servicios se incrementaron por encima. Si bien bajó la experiencia de «inseguridad alimentaria», el salario de las clases medias bajas «no alcanza para cubrir la canasta básica de bienes y servicios, entonces con un cambio de composición, la pobreza no sería del 28 sino del 38 o el 40%».
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La diputada Marcela Pagano denunció que Karina Milei firmó una licitación de $700 millones para el mantenimiento y la jardinería de Olivos, direccionada para que la gane Franco Castelli, de quien sospecha que acreditaría una relación de parentesco con Belén Agudiez, la mano derecha de la secretaria general de la Presidencia.
Según la información aportada por la legisladora, dos empresas se presentaron como oferentes para competir por el negocio, La Mantovana y Grub, pero ambas pertenecen al mismo empresario, Castelli. El procedimiento licitatorio está identificado como Licitación Pública N° 23-0005-LPU26 y fue convocado por Karina para la contratación del «mantenimiento preventivo, correctivo y riego de los espacios verdes de la Residencia Presidencial de Olivos y Casa de Gobierno».
Sin embargo, Pagano precisa en su escrito que consta en un dictamen de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia la pertenencia de ambas firmas al mismo grupo económico. «Es un hecho público, notorio y oponible frente a todos desde el 27 de septiembre de 2024», planteó.
Además, indicó que es responsabilidad de Karina «verificar la independencia económica y la efectiva concurrencia competitiva de los oferentes admitidos al certamen». «La admisión simultánea como oferentes formalmente independientes de dos firmas oficialmente reconocidas como integrantes del mismo grupo económico no puede explicarse, en este contexto, por simple ignorancia o negligencia: constituye, como mínimo a título de dolo eventual, la consagración de una ficción licitatoria destinada a aparentar competencia donde no la hay, con la previsible consecuencia de afectar el precio final y, por ende, el patrimonio del Estado Nacional», expresó.
Pero el problema de la hermana presidencial no se detiene ahí. En rigor, la funcionaria que supervisa todo lo que ocurre en la residencia de Olivos es María Belén Agudiez, subsecretaria de Planificación General y mano derecha de Karina, a quien dentro del Gobierno llaman «la sombra de El Jefe».
Tal como reveló LPO en exclusiva, Agudiez duplicó el presupuesto de su área en los primeros dos meses de gestión, ampliándolo a más de $50 millones solo para sueldos. También nombró a sus primos Osvaldo Javier Sosa, que es jardinero de oficio, como administrador general de Olivos, un cargo que se conoce como el de «intendente» del predio, y Agustín Expósito.
Belén Agudiez.
Fuentes del gobierno deslizaron hace más de dos años que, incluso, habría nombrado a su madre y a su hermana.
Ahora, Pagano reclama al juez de la causa que confirme, con las partidas de nacimiento, si Agudiez es prima hermana de Castelli, el dueño de las empresas que se presentaron a la licitación de Karina.
De comprobarse el lazo familiar, el escándalo sería que la hermana del Presidente contrató por $700 millones a la empresa cuyo dueño es pariente de su funcionaria de mayor confianza.
No es una licitación, es un negocio de familia montado dentro de Olivos, firmado por la hermana del Presidente.
La legisladora desliza, por otra parte, que existe la posibilidad que Castelli ya estuviera trabajando en Olivos pero sin contrato, lo que indicaría que la licitación sería el blanqueo para regularizar un servicio que se brindaba en la informalidad, sin registros fiscales. «No es una licitación, es un negocio de familia montado dentro de Olivos, firmado por la hermana del Presidente», conjetura la diputada.
La denuncia apunta que Karina podría haber incurrido en «los delitos de fraude en perjuicio de la administración pública, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público».
La admisión simultánea como oferentes formalmente independientes de dos firmas oficialmente reconocidas como integrantes del mismo grupo económico no puede explicarse, en este contexto, por simple ignorancia o negligencia: constituye, como mínimo a título de dolo eventual.
Por otro lado, Pagano advierte en su escrito que la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) detectó que, durante el ejercicio 2023, el Estado Nacional ejecutó cerca de 3.000 contratos vinculados a servicios de limpieza y mantenimiento por más de $88000 millones, de los cuales aproximadamente el 60% se concentró en apenas 10 empresas. «Entre los oferentes recurrentes en ese universo, LA MANTOVANA y firmas vinculadas a GRUB S.A. aparecen consistentemente identificadas. La propia SIGEN habría detectado irregularidades administrativas en el 72% de los contratos revisados (falta de documentación respaldatoria, adjudicaciones directas insuficientemente justificadas, controles débiles sobre asistencia, aportes previsionales y ART)», detalla antes de opinar que «ese antecedente no resulta accesorio» sino que «contextualiza el caso de autos dentro de un esquema más amplio cuya investigación corresponde».
Pagano reclama al juzgado que dicte una medida cautelar urgente para suspender el proceso de adjudicación de la licitación, que ordene el secuestro y resguardo del expediente administrativo completo de la licitación denunciada y que trabe las medidas cautelares patrimoniales que correspondan sobre los bienes de los eventuales imputados, en los términos del artículo 23 del Código Penal y normas procesales aplicables.
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