A partir del lunes 28 y hasta el 2 de julio, se llevará adelante la campaña de recolección de envases vacíos de agroquímicos con la técnica del triple lavado.
Los puntos de recepción serán los siguientes: los pequeños productores (hasta 5 bolsones) deberán acercarlos al centro de acopio ubicado en el Corralón Municipal, de lunes a viernes de 9 a 13 horas.
Mientras tanto, los grandes productores deberán hacerlo a la Recicladora LP, ubicada en Félix Heredia 1650 en General Roca, de lunes a viernes de 8,30 a 12,30 horas.
Esta nueva campaña, al igual que las anteriores, tiene como objetivo facilitar procesos de recuperación, reciclaje y reutilización del material así como también fortalecer la sensibilización sobre los cuidados y el manejo responsable de estos insumos.
El Intendente Marcelo Orazi hace llegar sus felicitaciones a la dupla reginense Octavio Soto y Elizabeth Lucero quienes completaron la 45º edición de la Regata Internacional del Río Negro, ubicándose terceros en la categoría K2-Mixto. “Este gran desempeño en una competencia tan exigente es muy importante para el deporte local y principalmente para nuestro sueño…
El Consejo de Administración de la Fundación Miradas…por una pedagogía en y para la diversidad (pers. Jurídica Nro. 3286) y el organizador comunican que debido a la situación (hecho fortuito y extraordinario) de pandemia mundial por Covid 19 y actuando en consonancia con las medidas sanitarias adoptadas por el gobierno nacional por el decreto (DNI)…
A partir de hoy, se suman actividades permitidas en 11 ciudades rionegrinas. La medida fue dispuesta por el Gobierno Provincial a través del Ministerio de Salud en base a los parámetros sanitarios y epidemiológicos correspondientes y alcanza a Bariloche, Cipolletti, Catriel, Cinco Saltos, Villa Regina, Barda del Medio, Allen, Mainque, Chichinales, Godoy y Fernández Oro….
El Concejo Deliberante de Villa Regina aprobó el llamado a convocatoria pública para cubrir el cargo de Director del Consejo de Planificación y Acción para el Desarrollo (COPLADE). Los interesados podrán inscribirse a partir de este lunes 19 de abril y hasta el viernes 21 de mayo de 2021 y para ello deberán completar el…
La controversia fiscal desatada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) al bloquear la actualización por inflación de los quebrantos impositivos (las pérdidas que las empresas utilizan para compensar futuros impuestos a las ganancias) se consolidó como un eje de conflicto entre el Estado y los principales agentes económicos del país.
Lo que comenzó como un ajuste técnico terminó en una crisis política y empresarial de envergadura que pone en juego no solo recursos, sino también la percepción de certeza jurídica para la inversión en la Argentina.
En el centro de este escándalo tributario aparece YPF, que decidió alinearse con la postura de ARCA y admitió una deuda fiscal millonaria por no haber actualizado sus quebrantos. Esta decisión, interpretada por algunos sectores como un acto de obediencia política más que de seguridad jurídica, la convierte en la única empresa de gran porte que aceptó la interpretación del organismo recaudador, lo que la posiciona en un lugar delicado frente a pares y ante la opinión pública empresarial.
Desde la perspectiva del riesgo inversor, esto eleva el premio por incertidumbre jurídica
Gran parte del sector privado, incluidos los principales jugadores de las petroleras, energía, siderurgia y banca, rechazó terminantemente el intento de ARCA de desconocer la actualización por inflación.
Aunque no hay cifras oficiales consolidadas, circula la estimación de que las obligaciones en disputa podrían ascender a cerca de USD 3.000 millones agregados entre las principales firmas afectadas.
Las compañías consideran que esta exigencia significaría pagar impuestos sobre ganancias ficticias, lo que no solo afecta su competitividad sino que equivale, en términos reales, a una confiscación fiscal.
Aunque no hay cifras oficiales consolidadas, circula la estimación de que las obligaciones en disputa podrían ascender a cerca de USD 3.000 millones. Varias empresas analizan llevar el conflicto a la Justicia argumentando que la interpretación de ARCA lesiona derechos adquiridos y contradice precedentes jurisprudenciales que reconocen actualización por inflación ante efectos confiscatorios del impuesto.
El titular de ARCA, Juan Pazo.
Esta disputa alcanza un nuevo punto de tensión con las versiones de renuncia anticipada de Juan Pazo, el titular de ARCA. Tal como reveló LPO, Pazo ya comunicó su decisión y el Gobierno le busca una nueva ubicación, posiblemente en el Banco Nación o en otra dependencia vinculada al sistema financiero. Su salida ocurre en medio del creciente malestar empresario y de fricciones con el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, y la subsecretaria de Ingresos Públicos, Claudia Balestrini. Esta última proviene del massimo. Ambos funcionarios impulsaron el bloqueo a la actualización de quebrantos.
El malestar empresario se centra en el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, y la subsecretaria de Ingresos Públicos, Claudia Balestrini. Esta última proviene del massimo. Ambos funcionarios impulsaron el bloqueo a la actualización de quebrantos.
En los despachos de Economía reconocen que la medida, que prometía recaudar varios miles de millones de dólares para compensar la caída de ingresos y cumplir metas con el FMI, terminó en un boomerang político: desató resistencia de las principales corporaciones, reacciones judiciales y una crisis interna que expuso el desorden de la gestión tributaria.
Pazo, cercano al mundo de los seguros y con vínculos previos en el sector financiero, había sido uno de los interlocutores predilectos de Luis Caputo, pero su figura se desgastó en paralelo al conflicto. En los pasillos del Palacio de Hacienda reconocen que la «operación quebrantos» dejó heridos y que su desenlace probablemente derive en un rediseño del esquema recaudatorio. La medida de ARCA puede leerse como una expresión de la contradicción entre la urgencia fiscal del Estado y la llegada de inversiones, en el marco de una inflación persistente y la falta de actualización real de las variables nominales.
Es contradictoria además con la anunciada baja de Ganancias a los grandes grupos empresarios, incluida en la reforma laboral.
La industria esta pagando el mayor costo del ajuste. Los números no admiten eufemismos. El uso de la capacidad instalada cayó al 61% en octubre. Es el peor nivel desde 2002. Sectores sensibles, como el textil, operan por debajo del 33% de su potencial.
La capacidad instalada es la producción máxima que una planta puede sostener con la maquinaria y el personal disponibles. Cuando la utilización baja, las máquinas paran. Los costos fijos siguen. Los márgenes se comen con el tiempo. Menos producción hoy, menos inversión mañana y la amenaza del cierre.
Entre noviembre de 2023 y septiembre de 2025, cerraron 19.114 empresas, según las estadísticas oficiales de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo. Esa caída se tradujo en una pérdida de algo más de 264.000 puestos de trabajo registrados.
Si se mira con lupa, la destrucción es cotidiana. Esas 19.114 empresas cerradas equivalen a casi 29 empresas por día. Son alrededor de 1,2 cierres por hora. Y la pérdida de empleo formal promedia unas 394 personas por día, es decir, unas 16 personas por hora, que dejaron de tener trabajo en el registro formal.
La tendencia reciente confirma el rumbo. En los últimos cuatro meses contabilizados por la Secretaría de Trabajo, el empleo asalariado del sector privado acumuló una caída de 49.000 puestos. Solo en septiembre se perdieron 10.700 empleos formales. Eso refuerza el patrón: los despidos y cierres no son episodios aislados, son un proceso.
Los sectores más golpeados son previsibles: construcción, industria manufacturera y comercio. En construcción, la parálisis total de la obra pública y el encarecimiento de costos hacen estragos. En la manufactura, la apertura de importaciones.
La destrucción es cotidiana. Las 19.114 empresas cerradas desde que asumió Milei equivalen a casi 29 empresas por día. Son alrededor de 1,2 cierres por hora. Y la pérdida de empleo formal promedia unas 394 personas por día, es decir, unas 16 personas por hora.
Un síntoma agudo se detecta en la cadena de pagos. La Unión Industrial Argentina (UIA) compartió una encuesta en la que reveló que casi la mitad del sector no puede cubrir salarios, impuestos o proveedores. Por otro lado, señalaron que un 8,2% falla en todos los rubros.
De acuerdo a ese trabajo, el 47,5% de los industriales que participaron de la encuesta reconocieron que tiene problemas para cumplir con al menos una de sus obligaciones principales.
El titular de la UIA, Martín Rappallini.
Impuestos encabeza la lista con el 29,3%. Lo sigue proveedores, con el 26,7%. Durante el último trimestre se registró un incremento entre el 30% y el 40% en los cheques rechazados. Bodega Norton, por ejemplo, acumuló más de 40 cheques rechazados por un total de 618 millones.
El informe señala que las Pymes son las más golpeadas, con cobros al Estado que se estiran entre 30 y 90 días. También hay casos extremos como el de Bodega Norton, que además de los 40 cheques rechazados tiene una deuda bancaria de más de 42 mil millones.
La crisis se coló en la mesa chica de la UIA. No como un tema más de agenda, sino como una presencia incómoda que nadie pudo ignorar. Los principales dirigentes industriales se reunieron en la sede de Av de Mayo y el clima fue de preocupación abierta.
Los informes que circularon mostraron una caída sostenida de la actividad manufacturera y del empleo. La retracción del consumo interno, la apertura de importaciones y el encarecimiento del crédito dejaron sin aire a buena parte del entramado fabril. Los propios empresarios admiten que ya no se trata de una desaceleración: es una crisis instalada.
La reunión fue larga y tensa. En tono reservado, algunos representantes de cámaras sectoriales advirtieron que el parate se siente «en todos los niveles», desde las pymes hasta los grupos de mayor peso. El presidente de la entidad, Martin Rappallini evitó las frases altisonantes pero reconoció que «la situación es compleja».
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