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El intendente Marcelo Orazi, encabezó la Apertura de Sesiones Ordinarias del Concejo Deliberante

Su discurso comenzó con agradecimientos, tanto a las autoridades municipales, provinciales y nacionales, como a los vecinos y vecinas, por el constante apoyo y acompañamiento.

Brindó detalles de las obras y trabajos realizados durante la primera etapa de su gestión, destacando la labor y el compromiso de todos los involucrados. En relación al complejo escenario, Orazi sostuvo “No voy a redundar en lo difícil que han sido estos dos años de gestión, pero sí quiero destacar que esas dificultades nos han fortalecido y nos han motivado”.

Destacó los proyectos a desarrollar en ésta segunda etapa. Augurando un buen futuro para la localidad, con un importante plan de obras que mejorarán la calidad de vida de todos los reginenses.

Algunas de las mencionadas fueron: La remodelación de la calle Libertad, con aportes del gobierno provincial; el  recambio de luminarias a tecnología LED; remodelación de plazas; Construcción del destacamento Especial de la Policía de Río Negro; licitación de caminos rurales; implementación del programa provincial “Suelo Urbano”; proyecto de la colectora cloacal para el sector SUR OESTE, por un monto aproximado de $68 millones; la emblemática remodelación y puesta en valor de la terminal de ómnibus; reacondicionamiento del Centro de Desarrollo Infantil de barrio El Sauce y refacción de los centros de barrios 25 de Mayo y Matadero; adquisición del equipamiento informático para 8 bibliotecas barriales; creación de 3 playones deportivos; y el esperado anuncio, en el mes de marzo, se realizó la 42° edición de la Fiesta Provincial de la Vendimia. Además, este año se llevará adelante la primera “Fiesta de la Sidra”.

El intendente, cerró su discurso, alentando a los y las reginenses a seguir apostando al crecimiento de la ciudad, “Una Villa Regina unida es posible. Mi compromiso irrenunciable es ser quien articule todas y cada una de las

miradas, propuestas y acciones que sostengan este acuerdo no sólo político sino también social. Trabajemos con firmeza y convicción para reinstalar la confianza en nuestras instituciones”

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    La motosierra no se detiene: el Gobierno prepara una nueva ola de despidos en todo el Estado

     

    El Gobierno nacional avanza con una nueva etapa de ajuste sobre la administración pública y ya trabaja en un plan de recortes que alcanzaría a todos los ministerios y organismos descentralizados. La iniciativa, impulsada por Federico Sturzenegger, busca profundizar la reducción del empleo estatal y podría traducirse en miles de nuevas desvinculaciones durante los próximos meses.

    Por Ramiro C. Ferrante para NLI

    Desde que Milei llegó a la Casa Rosada, la denominada «motosierra» se convirtió en el principal emblema de su gestión. Lo que comenzó con la no renovación de contratos temporarios y el cierre de distintas áreas estatales se transformó en una política permanente de reducción del sector público. Ahora, el Gobierno pretende avanzar sobre una nueva etapa que incluiría ministerios, organismos técnicos y empresas estatales.

    Según la información difundida este martes, Sturzenegger mantiene activa la planificación de nuevos recortes y busca acelerar la disminución de personal en distintas dependencias nacionales. La intención oficial es continuar reduciendo estructuras administrativas bajo el argumento de mejorar la eficiencia y disminuir el gasto público.

    Un objetivo ambicioso: miles de puestos menos

    La ofensiva no surge de la nada. Durante los últimos meses, distintos medios especializados revelaron que el Gobierno se fijó como meta reducir alrededor de un 10% adicional el empleo público nacional durante 2026. Algunas estimaciones hablan de entre 5.000 y 6.000 despidos en una primera etapa, mientras que otras proyectan un recorte mucho más amplio que podría superar los 27.000 puestos entre organismos, empresas estatales y administración central.

    Los antecedentes muestran que la política de ajuste ya tuvo un impacto considerable. Diversos relevamientos indican que desde diciembre de 2023 más de 66.000 trabajadores dejaron de desempeñarse en el Estado nacional, ya sea por despidos, retiros voluntarios o no renovación de contratos.

    Detrás de esos números existen miles de familias afectadas por una política que el oficialismo presenta como una reorganización administrativa, pero que para los sindicatos constituye un proceso de desmantelamiento de capacidades estatales construidas durante décadas.

    Organismos estratégicos bajo la mira

    Los organismos técnicos aparecen entre los principales objetivos de la nueva avanzada. Durante los últimos meses se conocieron planes de reducción en áreas como el INTI, el INTA, el SENASA, la ANMAT, la Aduana y distintos entes vinculados a la producción, la ciencia y el control estatal.

    También hubo conflictos recientes en organismos sensibles como el Servicio Meteorológico Nacional, donde se denunciaron despidos y recortes presupuestarios que, según trabajadores y especialistas, podrían afectar servicios estratégicos para la aeronavegación, la producción agropecuaria y la prevención de emergencias climáticas.

    El ajuste no se limita únicamente al personal. En paralelo, el Gobierno viene ejecutando reducciones presupuestarias en distintas áreas, incluyendo Salud, organismos científicos y programas sociales, con el objetivo declarado de sostener el superávit fiscal y cumplir las metas económicas acordadas con los organismos internacionales de crédito.

    La lógica de Milei: menos Estado, más mercado

    La nueva tanda de despidos confirma que el proyecto político de Milei no atraviesa una etapa transitoria sino estructural. La reducción del aparato estatal sigue siendo uno de los pilares centrales de su programa económico y político.

    Mientras el oficialismo celebra cada baja como una muestra de eficiencia fiscal, los gremios estatales advierten que detrás de cada puesto eliminado desaparecen funciones públicas vinculadas a controles sanitarios, investigación científica, infraestructura, producción agropecuaria, salud, educación y derechos ciudadanos. El debate ya no gira únicamente alrededor del gasto público: la discusión de fondo es qué Estado quedará en pie cuando la motosierra termine de pasar por todas las áreas que hoy siguen en la mira del Gobierno.

     

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  • Magario impuso a un axelista en una comisión clave y crece la tensión con el kirchneirsmo

     

    Verónica Magario consiguió la presidencia de la comisión de Legislación General para el Movimiento Derecho al Futuro (MDF) una de las más relevantes en el manejo de los expedientes del Senado.

    La comisión quedó formalmente constituída tras la publicación de un decreto que generó fuertes tensiones dentro del peronismo. En un esquema acordado por 20 de los 24 senadores de Fuerza Patria esa comisión debía quedar para Malena Galmarini, sin embargo, a último momento, Magario designó a Germán Lago, un referente del axelismo que asumió en diciembre pasado.

    Lago quedó como presidente, Marcelo Leguizamón como vice y Pedro Borgini como secretario. En la votación estuvieron 10 de los 11 integrantes. El faltazo fue de Federico Fagioli, un senador que responde a Juan Grabois.

    En tanto, La Cámpora marcó su descontento Magario cuando el senador Diego Videla (que participó de manera remota de la comisión) se abstuvo de votar a las autoridades. «Quiero avisar que yo me abstengo porque no era lo que se había acordado en el bloque», pudo decir Videla después de varios de minutos con problemas de sonido.

    La interna del peronismo traba la definición de las comisiones en la Legislatura

    El peronismo tiene quórum propio en el Senado bonaerense, sin embargo las profundas diferencias hacia del interior del bloque postergaron dos meses la conformación de las comisiones.

    Finalmente se llegó a un acuerdo por el cual Galmarini debía quedar al frente de Legislación General; Germán Lago al frente de Presupuesto y el camporista Emmanuel González Santalla en Asuntos Constitucionales y Acuerdo.

    La crisis recrudeció esta semana cuando Magario oficializó las comisiones con cambios. Lagos pasaba a Legislación -tal cual se constituyó este viernes-, Galmarini a Asuntos Constitucionales y González Santalla a Presupuesto.

    El malestar en el peronismo con la vicegobernadora es muy grande y algunos senadores se animan a hablar de la posibilidad de una ruptura en el bloque. Otros sectores de Fuerza Patria son más cautos y ven lejos esa pobilidad toda vez que una ruptura en la Cámara Alta generaría un efecto dominó hacia otros espacios como Diputados y los Concejos Deliberantes en los distritos.

    Había expectativa respecto de lo que podía suceder con la conformación de la primera de las comisiones en disputa. Ahora, la conformación oficial de Legislación General supone que no habrá modificaciones en las otras comisiones y que Magario ganó la pulseada frente al kirchnerismo y La Cámpora.

    La derrota más importante carga sobre el kirchnerismo porque González Santalla -un senador de Avellaneda muy cercano a Máximo Kirchner- venía controlando esa comisión desde hace varios años.

    La avanzada de Magario sobre esa comisión clave parece ligada a la tensión que hubo en los primeros meses del año cuando Cristina Kirchner logró imponer a Mario Ishii como vicepresidente primero del Senado, un sillón que Axel Kicillof considera clave toda vez que es el segundo en la línea de sucesión.

    Magario había jugado muy fuerte para ubicar en la vicepresidencia primera a Ayelén Durán, una senadora que responde a Andrés Larroque. Junto con Gabriel Godoy, Durán forma parte de lo que supo ser la cúpula de La Cámpora en Bahía Blanca. Esa estructura rompió con la conducción de Máximo Kirchner para sumarse al axelismo a través del Cuervo.

     

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  • La ley de zonas frías limpia el balance de las elécticas y podría dispararse la acción de Edenor y Edesur

     

    La votación sobre el régimen de Zona Fría incluyó un articulado que busca compensa las deudas que las compañías eléctricas arrastran con la mayorista Cammesa, desde la época en la que las tarifas estaban congeladas. El avance de este mecanismo podría disparar las cotizaciones de Edenor y Edesur, las dos eléctricas que cotizan en la Bolsa.

    La compensación es una idea de la secretaria de Energía, Martía Tettamanti, que entiende que los años de tarifas congeladas son un «activo regulatorio» de las distribuidoras que no tenían otra alternativa que dejar de pagarle a Cammesa, para no quebrar. «Las eléctricas no iba a pagar esa deuda y el Gobiero no se la iba a pagar, pero hacer esta compensación es importante porque le mejora el balance en los libros y ahora las compañías valen mucho más, si algún grupo las quiere comprar», explicó a LPO un directivo del sector.

    El corazón de la discusión está en el artículo 4 del proyecto 03/PE-2026 enviado por Javier Milei bajo el título «Autosuficiencia económico financiera del Mercado Eléctrico Mayorista». Detrás del lenguaje técnico, la iniciativa habilita al Estado a reconocerles a las distribuidoras eléctricas «ingresos no percibidos» durante los años de congelamiento tarifario entre 2002 y 2015.

    La idea es sencilla pero su implementación no tanto. La idea es que el Estado calculará cuánto dinero habrían dejado de ganar las empresas durante los años de tarifas pisadas y luego utilizaría ese monto para compensar las deudas que mantienen con Cammesa por compra de energía. Pero todavía no hay acuerdo sobre las cifras.

    El gobierno le quiere perdonar USD 1.842 millones de deuda con Cammesa a las eléctricas

    Según los balances de las propias compañías, Edenor mantiene una deuda con Cammesa de 395.698 millones de pesos al 31 de marzo de 2026. Pero la empresa reclama un «activo regulatorio» de 3,65 billones de pesos a valores de septiembre de 2024, presentado en la Revisión Quinquenal Tarifaria 2025. Es decir: el reclamo empresario supera más de diez veces la deuda que mantiene con Cammesa.

    Para el mercado esto es potencialmente enorme. Si el Estado reconoce aunque sea parte de esos activos regulatorios, Edenor y eventualmente Edesur mejoran fuertemente patrimonio y resultados. Eso después se traduce en valuación bursátil.

    Por eso, durante el tratamiento de la ley la oposición cuestionó que el articulado deja abierta una zona gris: qué ocurre con el excedente entre el «activo regulatorio» y la deuda con Cammesa. En efecto, el texto establece que el eventual crédito se utilizará «hasta el límite» de las obligaciones con Cammesa. Pero no aclara qué pasa con el saldo restante.

    Como sea, un operador del mercado que sigue de cerca a las energéticas explicó a LPO que la lectura en la City es muy clara: «Si el Gobierno termina validando la compensación, las distribuidoras podrían mostrar una mejora patrimonial muy importante en sus balances y esto debería empujar las acciones», afirmó.

    La secretaria de Energía, María Tettamanti.

    «Para el mercado esto es potencialmente enorme. Si el Estado reconoce aunque sea parte de esos activos regulatorios, Edenor y eventualmente Edesur mejoran fuertemente patrimonio y resultados», explicó.

    «El mercado interpreta que el Gobierno está dispuesto a ordenarles los balances a las distribuidoras y eso normalmente termina impactando en la cotización de las acciones», agregó.

    El proyecto también establece que las sumas resultantes quedarían exentas del Impuesto a las Ganancias para las distribuidoras y transportistas eléctricas de jurisdicción federal.

    Por eso, los críticos sostienen que el Gobierno está construyendo un privilegio fiscal y regulatorio para las distribuidoras, pero lo cierto es que en la City entienden que la combinación de reorganización tarifaria y compensación de deudas,  no sólo limpia el balance de las empresas, si no que además las deja en condiciones objetivas para que mejore de manera importante su cotización bursátil.

     

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