En una semana de intenso trabajo, el Intendente Marcelo Orazi, junto a otros intendentes de la región, se reunieron con distintos Ministerios de Nación, para gestionar acciones en conjunto para nuestra ciudad.
Se lograron concretar numerosas obras, en lo que refiere a infraestructura y fuimos recibidos por el Ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, quién se comprometió a brindar asistencia desde el Gobierno Nacional.
Además, se mantuvieron reuniones con el Ministerio de Turismo y Deporte, con el fin de solicitar algunos aportes para poder definir planes en esta materia, entre otras actividades.
Con el objetivo de avanzar y seguir creciendo, nuestra ciudad cuenta con el acompañamiento y el compromiso de un trabajo en conjunto, tanto del Gobierno Provincial, cómo del Nacional.
Axel Kicillof le exigió a Javier Milei que en una semana transfiera a la provincia la autopista Presidente Perón, una obra a la que le faltan apenas 5 kilómetros para concluirse y que quedó paralizada.
“Si no la va a terminar la obra, que la transfiera”, dijo Kicillof este lunes en una conferencia de prensa y apuntó directamente al Presidente: “yo no sé cuál es el perro que tiene, pero es el del hortelano que ni hace, ni deja hacer”, dijo.
El perro del hortelano es una comedia de Lope de Vega publicada en 1618. El título refiere al argumento de la obra y significa que la condesa Diana no puede amar a Teodoro y por eso, no le deja amar ni ser amado por cualquier otra mujer.
“Necesitamos que la semana que viene nos transfiera la autopista. Estamos hartos. Formamos un consorcio y estamos trabajando, pero no podemos seguir porque Milei no lo hace, ni quiere que la haga otro”, dijo el gobernador.
La autopista Perón es el tercer anillo de circunvalación del AMBA (el primero es la General Paz, el segundo es la ruta 4) y atraviesa 12 municipios. Hace un año los ministros Gabriel Katopodis (Infraestructura) y Javier Alonso (Seguridad) se reunieron con Patricia Bullrich para iniciar las gestiones por el traspaso de la obra a la órbita de la provincia.
Necesitamos que la semana que viene nos transfiera la autopista. Estamos hartos. Venimos trabajando, pero no podemos seguir porque Milei no lo hace, ni quiere que la haga otro
Es la inseguridad es consecuencia de una obra abandonada. La autopista está transitable, pero sin iluminación, sin colectoras y sin control de seguridad vial. Todo genera un escenario ideal para el delito. Con el correr de los meses se fue transformando en un corredor vinculado al narcotráfico y al narcomenudeo.
Sin iluminación y sin controles, en el gobierno creen poderosos jefes criminales se instalaron en las inmediaciones de la autovía. Compraron terrenos baratos y construyeron casas tapiadas. Hicieron sus propios accesos de la autopista a sus viviendas. Hay un motivo para esas inversiones: en la traza de la Presidente Perón están instaladas varias cárceles de seguridad.
La traza de la autopista comprende 83 kilómetros en total. Inicia en la intersección del Camino del Buen Ayre y la Ruta 7 y baja hacia el sudoeste para alcanzar la Ruta 2, en La Plata.
En el tramo inicial faltan terminar unos 5 kilómetros entre Camino del Buen Ayre y Merlo. En tanto, el tramo final -entre Guernica y La Plata- comprende unos 25 kilómetros que quedarán para otra gestión.
A fines del año pasado el gobierno firmó con intendentes el Consorcio de Gestión y Desarrollo de la autopista, un órgano para comenzar a trabajar en los accesos, la señalética y las obras que faltan.
Al Consorcio adhirieron los intendentes Andrés Watson (Florencio Varela), Gastón Granados (Ezeiza), Pablo Descalzo (Ituzaingó), Nicolás Mantegazza (San Vicente) y Gustavo Menéndez (Merlo).
Desde ese ámbito impulsar el traspaso de jurisdicción de la órbita nacional a la provincial para poder reactivar y finalizar las obras. Además, busca diseñar un plan integral para el entorno de la traza, que incluya el fortalecimiento de agrupamientos industriales, la mejora de las condiciones habitacionales de los barrios lindantes y una mayor inversión en materia sanitaria, educativa y de seguridad en la región.
El juez rosarino Gustavo Pérez de Urrechu ordenó dejar en la cárcel por seis meses, hasta que se ultimen los detalles del juicio venidero, a trece funcionarios policiales que participaron de un circuito sistémico de robo de partidas para el combustible de los patrulleros de Rosario. Decidió el mismo destino para los cuatro responsables de la estación de servicio que estaba enganchada en la maniobra, que suponía un robo mensual de 45 millones de pesos, desde hacía meses.
La evidencia que produjo esta determinación judicial se desplegó durante tres días consecutivos. El fiscal a cargo de la acusación, José Luis Caterina, explicó que se detectaron móviles que estaban fuera de servicio e igual se les realizaban cargas de combustible. Se acreditó que las tarjetas de débito Visa Flota que debieron estar en cada móvil para facturar al momento de la carga en realidad se encontraban concentradas de a cientos en pocas manos.
Con ellas se sobrefacturaban con ganancias indebidas para la estación Gas Auto Tiferno SA. Eso se hacía con la connivencia de la jerarquía policial, terminaba en una entrega de dinero en efectivo desde la propia estación de servicio a jefes policiales de jerarquía, que retiraban los sobres directamente desde la oficina de la estación.
El juez Pérez de Urrechu destacó la gravedad del delito por su dimensión de corrupción institucional y recordó que Argentina es suscriptor de pactos internacionales contra la corrupción. Les dictó prisión preventiva por seis meses, hasta el 11 de noviembre próximo, cuando se debe definir cómo sigue el trámite hacia el juicio.
La situación no se limita a una red marginal sino que es estructural y están comprometidos oficiales de relevancia. Uno es el secretario privado del jefe de la Unidad Regional, subdirector de policía Rodrigo Domínguez, que es abogado. En su vivienda en la localidad de Alvarez, a 20 kilómetros de Rosario, se hallaron 25 millones de pesos en efectivo desperdigados en distintas sumas. La suma, apuntó el fiscal, equivale a ocho sueldos del comisario.
El arreglo de la Unidad Regional II, un clásico de las históricas cajas negras de la fuerza, era con una estación de servicio Puma Energy de Ovidio Lagos al 3900, ubicada a una cuadra de la Jefatura de Rosario, por dos vías. Sus responsables generaban sobrefacturación por la nafta efectivamente despachada o directamente embolsaban dinero por cargas nunca realizadas. El dinero del desfalco luego era repartido.
En la caja fuerte de la estación de servicio fue secuestrada una suma de 26.833.980 pesos, 147.726 dólares y 12.085 euros. Ninguna de esas sumas, presuntamente según fuentes judiciales, corresponde al giro comercial de la firma.
Los policías que quedan presos son los comisarios suprevisores Rodrigo Domínguez y Gerardo Ramírez, los comisarios Fabián Fantin y Juan Pablo Pigozzi, los inspectores Mario Brest, Juan Villordo, Nancy Plomer, Franco Cuesta. Finalmente, los subinspectores Javier Arce, Jorge Delgado, Fernando Ceballos, Gustavo Bazán y Sergio López. Por la estación de servicio también estarán con prisión preventiva Mónica Bianconi, Oscar Coullery, Daniel Reynoso y María Fernanda De Franco.
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