El Senado podría darle media sanción este jueves al Acuerdo de Conciliación con Bainbridge LTD y el grupo de acreedores encabezado por Attestor Value Master Fund LP, dos fondos buitre que no entraron a ninguno de los canjes de deudas que realizaron los gobiernos argentinos desde el default del 2001.
El proyecto llega a recinto con un dictamen de mayoría impulsado por los libertarios Agustín Monteverde, Silvana Schneider, Bartolomé Abdala, Pablo Vervi, Gonzalo Guzmán, Bruno Olivero, Ivana Arrascaeta y Patricia Bullrich, los radicales Eduardo Vischi, Daniel Kroneberger y Eduardo Galaretto, el misionero Martín Göerling y el correntino Carlos «Camau» Espínola, y los aliados Guillermo Andrada y Beatriz Ávila.
El acuerdo contempla un pago de 67 millones de dólares para Bainbridge y otro de 104 millones para Attestor Value Master Fund LP. El entendimiento supone «una suspensión standstill de los litigios y de los bonos objeto de los mismos, o de cualquier participación en cualquier endeudamiento externo público de la República emitido con anterioridad al 1 de enero de 2002, así como no iniciar nuevas acciones respecto de los bonos».
El trámite parlamentario viene demorado desde abril. LPO informó que Patricia Bullrich fue arrinconada por los aliados antes de la sesión del 14 de mayo pasado, cuando sus colegas amagaron con voltear la sesión porque el gobierno había modificado el articulado del proyecto del pago a los holdouts de Attestor y Bainbridge.
Los senadores detectaron la noche anterior que el oficialismo quería imponer reformas y explicarlas a último momento. En efecto, la respuesta del bloque libertario ante la inquietud de los opositores fue casi ofensiva. «La traducción legalizada llegará mañana a la mañana porque se firmó después de las 15 y no se pudo legalizar hoy», se excusaron.
Por eso, el despacho volvió a comisión y se reanudó la discusión para saldar las inquietudes de todas las bancadas. «Ya está, ahora tiene que salir», comentó un radical a LPO, mientras que un aliado de los bloques ligados a los gobernadores confió: «están los votos para aprobarlo».
De concretarse la media sanción, el proyecto deberá girar a la Cámara de Diputados. El objetivo del gobierno es aprobarlo definitivamente antes del 30 de junio.
Más agrupaciones, organizaciones intermedias y movimientos se suman a reclamos oficiales hacia el intendente de la ciudad, acompañados del pedido de información y medidas para analizar en conjunto y paliar el crecimiento constante de casos activos de covid19 en nuestra ciudad y en el circuito del Alto Valle. En este caso la Asociación Civil Hogar…
Las empresas navieras difundieron un informe en el que rechazan la intención de desregulación del gobierno en el cabotaje a través de las políticas que llevan a cabo el ministro Federico Sturzenegger.
De esta manera, el documento titulado «Cabotaje Marítimo y Fluvial en Argentina-Análisis de Desregulación» sostiene que una eventual apertura del transporte marítimo y fluvial de cabotaje a operadores extranjeros podría generar impactos significativos sobre la recaudación fiscal, el empleo, la industria naval y la capacidad estratégica del Estado argentino.
El documento recuerda que el régimen vigente, sustentado en la Ley de Navegación y en el Decreto-Ley 19.492/72, establece la reserva del cabotaje para buques de bandera argentina, un esquema que los autores comparan con la denominada Jones Act de Estados Unidos.
Según el análisis, este sistema responde no sólo a criterios económicos sino también a razones vinculadas con la seguridad nacional y el desarrollo industrial. Uno de los principales argumentos del informe es que la incorporación de operadores extranjeros bajo banderas de conveniencia podría reducir significativamente la recaudación tributaria.
Los autores sostienen que las empresas nacionales tributan impuestos, contribuciones patronales y diversas tasas vinculadas a la actividad marítima, mientras que compañías extranjeras podrían beneficiarse de regímenes de no residencia fiscal o convenios internacionales que disminuyan su carga impositiva.
El estudio estima que la diferencia tributaria podría superar el 40% de los costos operativos totales. El documento también advierte sobre posibles consecuencias laborales. Según el análisis, la apertura del cabotaje permitiría el ingreso de embarcaciones con tripulaciones extranjeras, lo que podría desplazar a trabajadores argentinos de la marina mercante.
El documento titulado «Cabotaje Marítimo y Fluvial en Argentina-Análisis de Desregulación» sostiene que una eventual apertura del transporte marítimo y fluvial de cabotaje a operadores extranjeros podría generar impactos significativos sobre la recaudación fiscal, el empleo, la industria naval y la capacidad estratégica del Estado argentino.
Entre los efectos señalados figuran la pérdida de empleo formal, una reducción de aportes previsionales y un debilitamiento de los sistemas de formación y renovación de personal marítimo. Además, sostiene que cada empleo directo en el sector genera entre tres y cinco puestos indirectos en actividades vinculadas, como logística portuaria, talleres navales, seguros y servicios especializados, por lo que el impacto se extendería a numerosas economías regionales.
Carlos Presti.
El informe afirma que las compañías argentinas enfrentan costos laborales, financieros y regulatorios superiores a los de operadores internacionales. En ese contexto, una competencia abierta podría derivar en la pérdida de mercado, dificultades para renovar flotas y, eventualmente, en la desaparición de armadores nacionales, reproduciendo fenómenos observados durante la década de 1990.
El estudio estima que la diferencia tributaria podría superar el 40% de los costos operativos totales. El documento también advierte sobre posibles consecuencias laborales. Según el análisis, la apertura del cabotaje permitiría el ingreso de embarcaciones con tripulaciones extranjeras, lo que podría desplazar a trabajadores argentinos de la marina mercante.
Otro de los ejes centrales del trabajo es la relevancia estratégica del Atlántico Sur. El documento destaca la posición argentina respecto del estrecho de Magallanes y el pasaje de Drake, considerados corredores alternativos ante eventuales interrupciones de los canales de Panamá o Suez. Desde esta perspectiva, la preservación de una marina mercante nacional es presentada como un componente de soberanía y presencia estatal en la región.
Los autores también plantean que una mayor presencia de operadores extranjeros podría incrementar la dependencia logística del país y reducir la capacidad de control sobre rutas, puertos e infraestructura estratégica. Asimismo, vinculan esta discusión con la cuestión de las Islas Malvinas y la proyección argentina en el Atlántico Sur. Industria naval y seguridad El estudio sostiene que una reducción de la flota nacional impactaría directamente sobre los astilleros argentinos, las escuelas de formación marítima y la cadena de proveedores vinculada al sector.
También advierte sobre posibles desafíos para los controles de seguridad, ambientales y aduaneros ante un aumento de embarcaciones bajo múltiples pabellones extranjeros.
Fuentes militares explicaron a LPO que «ka Cámara Naviera Argentina y otros armadores han cambiado radicalmente su postura respecto a un nuevo decreto/ley, que ahora es opuesto al decreto 340 que ayudaron a redactar».
Esta fuente detalla que «el cambio se debe a la advertencia de que la empresa china Cosco planea posicionar buques con bandera china de forma permanente en Argentina para operar en cabotaje, utilizando tripulaciones chinas y tarifas de dumping.
Inicialmente, buscaban evitar el desguace de la flota argentina y el uso de banderas de conveniencia, pero el nuevo escenario con Cosco los lleva a preferir negociar con sindicatos argentinos».
«La preocupación es que, si bien se busca sacar a los chinos de las 200 millas, la nueva política podría permitirles entrar en el cabotaje portuario.
Varias organizaciones marítimas intentarán reunirse con Lamela para explicar que las políticas de Sturzenegger van en contra de la política hemisférica», remarca.
Entre las propuestas finales, el informe recomienda mantener la reserva de cabotaje para buques de bandera argentina, revisar los mecanismos de habilitación de embarcaciones extranjeras, promover programas de financiamiento para la renovación de flota nacional y fortalecer los controles de la Prefectura Naval Argentina.
Según las conclusiones del trabajo, una desregulación sin salvaguardas podría provocar pérdidas fiscales, destrucción de empleo calificado, debilitamiento de la industria naval y una menor capacidad estratégica del país en el Atlántico Sur.
Sobre la donación de plasma de pacientes de covid19, la desinformación de los medios, investigación, la donación como acto altruista, las campañas de incentivación y la Ley de Sangre. Lo primero que hay que dejar en claro cuando hablamos de donación de plasma de pacientes recuperados de covid_19 es que el plasma no es una…
El Intendente Marcelo Orazi recibió este martes al vicegobernador de la provincia Alejandro Palmieri. Durante el encuentro analizaron el desarrollo de estos primeros meses del año, la situación actual en el marco de la pandemia por COVID-19 y distintos aspectos vinculados a la relación entre el Municipio local y el trabajo legislativo. En este marco,…
Los intendentes radicales salieron este jueves a despegarse de un eventual armado electoral que los incluya debajo de la candidatuta presidencial de Axel Kicillof. En paralelo, uno de ellos, Franco Flexas, de General Viamonte (Los Toldos) ya se anotó para la carrera a la Gobernación.
Luego de un acto nstitucional con Kicillof enmarcado en contratos de leasing del Banco Provincia, surgieron versiones que hablaban de un acercamiento al axelismo de los jefes comunales UCR.
No es la primera vez. El diálogo abierto entre la actual administración bonaerense y el Foro de Intendentes radicales ya ha generado especulaciones de corte electoral y, en un caso, hasta sondeos de incorporación al gabinete.
Sin embargo, en un documento, el Foro UCR señaló que no integran «ningún armado político impulsado por el oficialismo provincial». De paso, aclararon que nada tienen que ver tampoco con «el proyecto político del presidente Javier Milei».
Como intendente de tres períodos ya es un deber ser candidato y quiero ser gobernador de la provincia porque hay muchas cosas para cambiar
Con el acento en generar una propuesta radical, Franco Flexas manifestó su intención de competir por la Provincia.
«Como intendente de tres períodos ya es un deber ser candidato y quiero ser gobernador de la provincia porque hay muchas cosas para cambiar», dijo Flexas a LPO y sostuvo sobre las versiones de un acercamiento a Kicillof: «Ni siquiera vi un gesto que tenga que ver con eso, alejadísimo de la realidad».
Dentro de la siempre agitada interna radical, el intendente de General Viamonte se encuadra en el denominado «Grupo Saladillo» que integra la diputada Alejandra Lordén y algunos intendentes como Francisco Recoulat (Trenque Lauquen), Nahuel Mittelbach (Ameghino), Salvador Serenal (Lincoln), José Luís Salomón (Saladillo), entre otros. También, al ex titular de la UCR bonaerense, Miguel Fernández.
Sobre la lista de unidad a la que se alcanzó entre su espacio, Evolución y el sector que lidera Maximiliano Abad, Flexas dijo: «Fue importante recuperar la institucionalidad del partido, ahora hay que formar la unidad entre los tres sectores mayoritarios».
«Hay que generar un proyecto de poder que tenga que ver con la visión que tiene el radicalismo en la provincia y después veremos qué es lo que pasa el año que viene pero si no tenemos un proyecto propio, no podemos ir colgados de nadie y no podemos ir en búsqueda de otros acuerdos que solo impliquen acompañar otras ideas», dijo Flexas.
Y agregó: «Para acompañar ideas que nada tienen que ver con el radicalismo, es preferible perder elecciones, ganar en los municipios que tengamos que ganar, pero ser honestos con nosotros y con la gente».
Como la mayoría de sus pares en el radicalismo, Flexas apuesta por un desdoblamiento de la elección bonaerense con respecto de la nacional. «Es importante que la Provincia pueda discutir sus problemas separada de la Nación», dijo.
Más allá de eso, consideró que, para la nacional, el radicalismo debería tener su candidato presidencial y que el mismo salga de los cinco gobernadores que tiene el partido. «Veo a la gente defraudada y desesperanzada, por el anterior gobierno y ya se está sintiendo con este», sostuvo.
Los libertarios de Tucumán están indignados con la justicia por la liberación del puntero peronista Marcelo «Pichón» Segura, que estaba preso por darle un cabezazo al diputado nacional Federico Pelli.
Tras dos meses y medio detenido, Pichón Segura llegó a un acuerdo con la Fiscalía para un condena condicional de tres años más una serie de reglas de conducta, como no acercarse a Pelli a menos de 300 metros y hacer un tratamiento de manejo de ira.
El juez penal de Concepción, Raúl Robín Márquez, rechazó los planteos de la querella de Pelli y aceptó el acuerdo entre la fiscalía y la defensa de Segura, que incluía el cese inmediato de la prisión preventiva de «Pichón».
En marzo pasado, el diputado Pelli quiso repartir colchones a los afectados por las inundaciones en Lamadrid, pero tuvo un encontronazo con un grupo de personas encabezadas por Segura que aparentemente no permitían la circulación por la zona. En la provincia dicen que Segura cumplía órdenes del ministro del Interior, Darío Monteros.
Tras una breve discusión, «Pichón» le propinó un feroz cabezazo (o «ancazo» como se lo conoce en Tucumán en una referencia al zapallo anco) a Pelli, que terminó internado y lo tuvieron que intervenir quirúrgicamente.
El acuerdo judicial que terminó con la liberación de Pichón Segura indignó a los libertarios. «Me siento defraudado con el sistema de justicia en Tucumán», declaró Pelli, que habló de una «coordinación» entre la fiscalía y la defensa del agresor.
«Cuando yo digo ‘justicia selectiva’, digo que si le hubiese pasado a alguien del oficialismo ser la víctima, quizás había más rigor por parte de la Justicia para con el agresor. Es un pésimo mensaje para la sociedad», dijo en LG Play.
Por su parte, el exministro y referente de LLA en Tucumán, Lisandro Catalán, se expresó en redes sociales. «Esto es Tucumán hoy: impunidad, decadencia, desidia entre otras muchas cosas. Pichón Segura, un puntero político vinculado al poder ejecutivo provincial queda libre después de haberle partido la nariz cobardemente a un diputado nacional. No fue un hecho aislado. Es la forma en la que opera un sistema político decadente que cree que está por encima de la ley. Contra esto es lo que peleamos», escribió.
