El gobierno quiere disfrazar el cierre de registros de maquinaria agrícola por la recesión como si fueran automotores
El Gobierno nacional quiso vender como una buena noticia el cierre de 67 registros automotor, pero en realidad se trata de oficinas para el registro de maquinaria agrícola, las que ya prácticamente no tenían movimientos.
El achicamiento de la estructura registral suma otra señal de alarma para la industria de maquinaria agrícola. El gobierno de Javier Milei dispuso la eliminación de 67 registros seccionales en distintas provincias, en una decisión que impacta sobre oficinas especializadas en la inscripción de tractores, cosechadoras, pulverizadoras, maquinaria vial e industrial y créditos prendarios.
La medida alcanza a diez dependencias de Córdoba, pero el fenómeno tiene alcance nacional y se produce en un mercado atravesado por la caída de las operaciones, la apertura importadora y las dificultades de financiamiento. El anexo del Ministerio de Justicia, fechado el 15 de octubre, incluye registros de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos y otras jurisdicciones.
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En Córdoba, los registros eliminados están ubicados en la capital provincial, Deán Funes, Huinca Renancó, Jesús María, Las Varillas, Mackenna, Marcos Juárez, Morteros, Río Cuarto y San Francisco. Varias de esas localidades forman parte del principal corredor industrial de maquinaria agrícola del país.
La decisión administrativa coincide con una transformación profunda del mercado. La apertura de las importaciones permitió el ingreso de equipos usados desde Estados Unidos y Europa, mientras que los fabricantes chinos avanzan sobre distintos segmentos, desde tractores hasta componentes y repuestos.
Un dato reciente dimensiona el primer fenómeno. Según los registros de fiscalización del Senasa, durante 2026 ingresaron al país 214 máquinas agrícolas usadas, frente a las 61 contabilizadas en igual período de 2025. El crecimiento supera el 250% interanual y la mayoría de los equipos proviene de Estados Unidos y Europa.
El cambio regulatorio que facilitó ese movimiento se produjo en abril de 2025, cuando el Gobierno eliminó el Certificado de Importación de Bienes Usados. La simplificación de los trámites redujo las barreras para el ingreso de equipamiento usado, una decisión que generó preocupación entre los fabricantes nacionales.
La avanzada china es todavía más significativa. Durante el primer semestre de 2026, los tractores importados representaron el 28,4% de las unidades comercializadas, contra el 16,3% de un año antes. En los primeros siete meses ingresaron tractores por unos 139 millones de dólares. La competencia no se limita a las máquinas terminadas: fabricantes asiáticos también buscan colocar repuestos, componentes metálicos y otros insumos para la industria local.
El mercado está agotado. Según el Indec, durante el primer semestre de 2026 las ventas de tractores cayeron 26,6% en unidades y las de cosechadoras retrocedieron 17,9% respecto del mismo período del año anterior. En el segundo trimestre, la baja interanual fue del 23,3% en tractores y del 22,1% en cosechadoras.
Los registros especializados que fueron cerrados también intervienen en la inscripción de créditos prendarios, una herramienta fundamental para comprar maquinaria. Un relevamiento de la Bolsa de Comercio de Rosario para la campaña 2026/27 ubicó las tasas de los préstamos prendarios en pesos entre el 31% y el 33% anual, mientras que las líneas en dólares oscilaron entre el 7,25% y el 13%. Aunque existen promociones bancarias y acuerdos con fabricantes, el acceso al financiamiento sigue siendo una variable decisiva para concretar operaciones.
La crisis tiene nombres propios en Córdoba. Pauny, en Las Varillas, atravesó una paralización de actividades en medio de atrasos salariales y dificultades para sostener la producción. Metalfor, de Marcos Juárez, ingresó en concurso preventivo de acreedores, con una deuda bancaria millonaria y problemas financieros que golpearon su estructura laboral y productiva.
Los registros de automotor tradicionales siguen vivos y coleando, habitualmente como parte del toma y daca entre el Gobierno nacional y caudillos provinciales.
