El ala política del gobierno impuso el rechazo al recorte en discapacidad para no trabar el presupuesto
La rebelión de Patricia Bullrich en el Senado y la resistencia de los aliados del gobierno en Diputados contra el ajuste de Luis Caputo sobre las partidas del Presupuesto 2027 para discapacidad obligaron a Martín Menem y Diego Santilli a sondear los apoyos hasta que comprobaron que el rechazo era infranqueable. Por eso, el riojano y el jefe de Gabinete le plantearon a Karina Milei que el proyecto enviado por el ministro de Economía al Congreso no pasaba el filtro de los aliados, igual que ocurrió en diciembre del año pasado con el capítulo que podaba los fondos universitarios.
En ese contexto, Menem negoció con los presidentes de los bloques dialoguistas la elaboración de una ley que contemple casi todos los aspectos de la emergencia en discapacidad que sus adversarios quieren prorrogar, quitando el concepto de emergencia. Esa iniciativa terminó dictaminándose este miércoles en el plenario de las comisiones de Discapacidad y Presupuesto, con 42 firmas: 32 de LLA, 4 del PRO, 1 de la UCR, 1 de Producción y Trabajo, más 4 en disidencia, que correspondían a Eduardo Falcone por el MID, Oscar Herrera Ahuad y Bernardo Biella por el bloque de los misioneros y salteños y Karina Maureira por La Neuquinidad.
Entre UP, Provincias Unidas, la izquierda y los catamarqueños juntaron 36 firmas que promueven la prórroga a la emergencia, en sintonía con las organizaciones de familiares de personas con discapacidad. Desde el peronismo, aseguraron a LPO que el proyecto de Menem «es puro humo». «Por más que sancionen una ley, no sirve de nada si las partidas presupuestarias necesarias no están incluidas en el Presupuesto», explicaron.
Menem choca con Toto Caputo y se compromete a voltear los artículos del ajuste en discapacidad
Uno de los legisladores que firmó en disidencia argumentó ante LPO que el gobierno terminó concediendo «todo lo que la oposición pedía, menos la emergencia». Ninguna de las fuentes consultadas había podido precisar cuál era el impacto fiscal del proyecto presentado por el oficialismo, aunque uno de los aliados que acompañó el expediente se animó a calcular que era igual a la ley de emergencia.
En efecto, resulta contradictorio que el gobierno incorpore en su dictamen los mismos derechos que pretendía barrer del Presupuesto, un gesto que habilita la desconfianza de los opositores y la mayoría de las asociaciones interesadas en el tema.
Oscar Zago y Eduardo Falcone.
La preocupación se agranda, además, porque Menem apretó el acelerador para que el proyecto llegue al recinto lo antes posible, como pretendían sus rivales, y entonces terminaría votándose antes que el Presupuesto. Una diputada peronista elucubra que podría darse la paradoja de que se sancione el proyecto del oficialismo pero naufrague el presupuesto, dejando los derechos de los discapacitados librados a la discrecionalidad del gobierno una vez más.
La emergencia en discapacidad fue el atajo que encontró la oposición para tratar de mejorar las condiciones de los prestadores y los beneficios para los discapacitados, contemplados en la ley del sistema nacional de discapacidad sancionada en la década del 90′, frente al estrago económico de la gestión de Javier Milei, que administró el Estado durante los primeros dos años de su mandato con presupuesto prorrogado y partidas congeladas.
El diputado Eduardo Valdés intentó sensibilizar a los libertarios: «una de las mejores leyes de la historia es la ley 24901, de 1997, cuando gobernaba el país Carlos Menem y el Senado lo presidía Eduardo Menem, padre del actual presidente de la Cámara de Diputados», dijo. Y si bien recomendó al oficialismo que «vaya a las fuentes» para ver «en el diario de sesiones aquel rico debate», se quejó de que sus adversarios «corren permanentemente el arco». «Retiren el presupuesto del parlamento, pongan las partidas de discapacidad con la firma de Caputo, y les vamos a creer», sostuvo.
Germán Martínez le puso nombre al proyecto de Menem. «Es el plan recalculando», indicó, y agregó que «dicen que traen una propuesta superadora pero no hay ningún expediente con estado parlamentario». «Quieren hacer aparecer como propuesta superadora algo que jamás escribieron y en lo cual no creen», remató.
El radical Pablo Juliano también apuntó a esa ambivalencia. «¿A quién le tenemos que creer? Al presupuesto que mandó Caputo o a Silvana Giudici, que dice que se necesita una política pública y sustentable, total acá (la diputada libertaria) dice una palabra y luego mañana dice otra», planteó.
Hacia el final del plenario, Giudici les respondió a los opositores, atribuyéndoles «agravios directos, descalificación respecto a la condición de presidente de comisión (contra Gerardo Huesen) y amenaza velada de los que dicen que los que firmen el dictamen superador no van a poder caminar por la calle». La legisladora reprochó al peronismo por haber «condenado (a los beneficiarios) a los indicadores más bajos de la historia tanto en el nomenclador de prestaciones como en la actualización de las pensiones», aunque «se regodean tratando de decir que el gobierno recula en chancletas».
