El gobierno porteño habilita locales gastronómicos en los principales parques y plazas de la Ciudad

En un contexto marcado por el repunte inflacionario y la caída de las tasas tradicionales, los plazos fijos UVA crecieron más de 80% durante abril y superaron el billón de pesos en el sistema financiero.

El fenómeno refleja un cambio de comportamiento entre los ahorristas, que buscan alternativas para no perder poder adquisitivo frente a una inflación que volvió a acelerarse.

Según datos del Banco Central de la República Argentina (BCRA), el stock de depósitos UVA pasó de unos $555.000 millones en marzo a más de $1 billón en abril, impulsado por la necesidad de cobertura frente a la suba de precios.

El atractivo principal de estos instrumentos es que ajustan por inflación a través del coeficiente CER, por lo que el dinero mantiene su valor real durante el plazo de inversión. Además, los bancos suelen agregar una tasa extra, aunque actualmente esa rentabilidad adicional es reducida.

Sin embargo, detrás del boom aparecen dudas importantes para los ahorristas e inversores: ¿conviene realmente inmovilizar el dinero en un plazo fijo UVA o existen alternativas mejores?

Advierten que las subas de tarifas de mayo podrían disparar otra escalada inflacionaria

De acuerdo al asesor financiero Fernando Villar, el instrumento puede servir, pero tiene limitaciones claras. «La opción de plazo fijo UVA en general es una alternativa para un público conservador que no necesite liquidez», explicó. El especialista remarcó que estos depósitos suelen exigir inmovilizar el dinero durante al menos 90 días y que, en caso de cancelación anticipada, las condiciones son poco convenientes.

«El rendimiento real que uno tiene es muy escaso. En general, uno con suerte se cubre de la inflación», sostuvo Villar. Según indicó, muchos bancos están pagando apenas «inflación más 1%» e incluso algunos ofrecen menos que eso.

El rendimiento real del plazo fijo UVA es muy escaso. En general, uno con suerte se cubre de la inflación

Ese punto es central para entender el debate actual. El plazo fijo UVA no está pensado para generar grandes ganancias, sino para preservar el valor del ahorro en pesos. Es decir, funciona más como una herramienta defensiva que como una inversión de rendimiento.

En paralelo, las tasas de los plazos fijos tradicionales quedaron rezagadas frente a la inflación y ahora rondan el 20% nominal anual. Durante abril, varias entidades financieras redujeron los rendimientos de las colocaciones a tasa fija, lo que empujó a muchos ahorristas hacia alternativas indexadas.

En este marco, Joaquín Arregui, fundador y director de la consultora, coincidió en que existen opciones más eficientes dentro del mercado de capitales. «Los bonos CER surgen como una alternativa claramente superior», afirmó Arregui. Estos títulos también ajustan por inflación, pero suman una tasa adicional que hoy ronda el 4% anual para vencimientos superiores a un año.

Además, tienen otra ventaja clave: la liquidez. «Pueden venderse en el mercado secundario en cualquier momento sin penalidades», sostuvo el ejecutivo. En cambio, el plazo fijo UVA obliga a esperar hasta el vencimiento para recuperar el capital sin pérdidas.

Villar también destacó ese aspecto. «En el mercado de capitales hay bonos atados a inflación que en general uno puede vender en cualquier momento, con lo cual tiene liquidez, y hasta hay pagos de renta intermedios», señaló. Según detalló, algunos bonos CER están ofreciendo rendimientos de «inflación más 3% o más 5%», algo considerablemente más atractivo que el rendimiento bancario.

En el mercado de capitales hay bonos atados a inflación que en general uno puede vender en cualquier momento, con lo cual tiene liquidez, y hasta hay pagos de renta intermedios

De todos modos, ambos especialistas advierten que ninguna inversión en pesos está exenta de riesgos. Villar recordó que siempre existe el peligro de una suba del tipo de cambio superior a la inflación, lo que podría licuar las ganancias reales en dólares.

«Dentro de una cartera diversificada, tener algo atado a inflación está muy bien. Ahora, el plazo fijo UVA, si bien es lo más fácil de obtener en el banco, no es lo más conveniente», resumió.

En el marco del programa ‘Maratón Cultural’, a partir de hoy viernes y hasta el domingo se desarrollará el Festival de Arte en el Cine Teatro Círculo Italiano que se transmitirá vía streaming en vivo. La segunda edición de este programa provincial tiene a Villa Regina como sede y comenzó con las capacitaciones a los…

Una encuesta de Carlos Sicchar, uno de los consultores que suele trabajar para el oficialismo cordobés, encendió luces amarillas en El Panal: Martín Llaryora conserva un núcleo duro, pero una eventual unificación opositora pondría a la reelección del gobernador en un escenario de máxima tensión política.

El trabajo, realizado entre el 16 y el 18 de mayo sobre 1.000 casos en toda la provincia, muestra un dato que inquieta al Gobierno: aunque Llaryora sigue siendo el dirigente con mayor intención de voto individual, la fragmentación opositora es hoy su principal aliada.

En el escenario de «todos contra todos», el gobernador alcanza 31% de intención de voto, mientras que Luis Juez aparece con 14%, Rodrigo de Loredo con 9% y Gabriel Bornoroni con 4%. Más atrás quedan la izquierda y García Elorrio, ambos con 3%. Pero el dato central está en otro lado: el 13% todavía no sabe a quién votar y otro 9% asegura que votaría en blanco.

En otras palabras, si Juez, De Loredo y La Libertad Avanza lograran confluir en un armado común, la suma opositora quedaría prácticamente en línea con el gobernador y abriría una pelea completamente distinta hacia 2027.

Llaryora tiene piso, pero la gran duda es cuál es su techo. Sicchar lo plantea de manera explícita en las conclusiones preliminares del informe: «Martín Llaryora logra retener su núcleo duro, estableciendo un piso competitivo sólido».

Ese dato explica buena parte de la estrategia política que viene desplegando el gobernador desde comienzos de año. Mientras el Gobierno de Milei profundiza el ajuste, Llaryora aceleró las recorridas por el interior provincial, reforzó el vínculo con intendentes y volvió a poner el eje en la gestión territorial.

En El Panal, se baraja como principal hipótesis adelantar las elecciones provinciales para abril o mayo de 2027. Pese al poco tiempo, consideran que todavía hay tiempo para reconstruir una mayoría electoral más amplia. Pero admiten que el desafío ya no pasa solamente por conservar el aparato político que construyó el peronismo cordobés en más de dos décadas de poder. Ahora necesitan reconectar con sectores medios que comenzaron a tomar distancia.

La encuesta ofrece una pista precisa sobre dónde está ese problema.

El segmento de indecisos aparece concentrado principalmente en mujeres, menores de 30 años y hogares de ingresos medio-bajos. El 57% de los indecisos son mujeres y el 31% tiene entre 16 y 30 años. Además, la mayor parte pertenece a hogares que no logran superar cómodamente la línea de pobreza.

Ese universo es justamente el que más sufrió el deterioro económico de los últimos meses.

El informe también registra un cambio importante en el clima político general de Córdoba. Javier Milei, que había alcanzado niveles de aprobación cercanos al 61% a comienzos de año, cayó al 48%, mientras que la desaprobación subió al 46%.

En cambio, Llaryora logró sostener su evaluación positiva pese a las crisis con docentes, jubilados y las altas tarifas de luz y agua. Según el estudio, el gobernador tiene 49% de aprobación y 42% de desaprobación, mejorando incluso cuatro puntos su imagen negativa respecto de la medición anterior.

Ese diferencial es el principal activo político del cordobesismo: la percepción de gestión provincial todavía resiste mejor que la evaluación nacional.

Pero el problema para el oficialismo es que la oposición, aun desordenada, empieza a detectar que existe una oportunidad real de disputar el poder.

Luis Juez conserva volumen político después de haber quedado a apenas tres puntos de derrotar al PJ en 2023. Rodrigo de Loredo sigue siendo el radical con mejor instalación provincial y apuesta a un perfil menos confrontativo. Y Gabriel Bornoroni intenta capitalizar el peso electoral que todavía mantiene Milei en Córdoba y convertirse en el armador de una coalición libertaria-pro. La pelota está en esa cancha.

La encuesta de Sicchar deja otro mensaje para Llaryora: el gobernador deberá seducir a ese electorado independiente, joven y golpeado económicamente que hoy mira la política con distancia y todavía no decidió su voto.

El diputado libertario Santiago Santurio manejaba un Uber hasta que asumió Javier Milei y, pese a que no tenía los fondos para pagar el anticipo de un crédito hipotecario, el Banco Nación le prestó 239 mil dólares.

Perteneciente a Las Fuerzas del Cielo, Santurio fue otro de los beneficiados con los créditos multimillonarios que el Nación, que depende de Luis «Toto» Caputo, les otorgó de manera privilegiada a los dirigentes leales a Milei.

El diputado oriundo de San Miguel se suma a la lista encabezada por los funcionarios de Economía Felipe Núñez y Federico Furiase, que obtuvieron más de 800 millones de pesos de la banca pública. La lista la integran otros personajes como el tuitero y funcionario de Presidencia, Juan Doe y los diputados Mariano Campero y Lorena Villaverde, entre otros.

La diputada Marcela Pagano, ex integrante de La Libertad Avanza, presentó una denuncia penal contra Santurio en el que sostiene que el préstamo disparó su deuda bancaria de unos $6,7 millones a más de $303 millones en apenas un mes, en julio de 2025.

De acuerdo a la denuncia, Santurio manejaba un Uber para complementar sus ingresos como docente hasta diciembre de 2023, cuando Milei llegó a la Rosada.

«Su perfil económico era el de un docente que debía complementar sus ingresos formales con trabajo en aplicaciones de movilidad para alcanzar la subsistencia familiar», dice la denuncia a la que accedió LPO.

Funcionarios de Toto Caputo, tuiteros y diputados libertarios, beneficiados con créditos millonarios del Banco Nación

Pagano denunció que en menos de dos años desde el inicio del mandato legislativo Santuroi pasó de ser undocente que conducía Uber e inquilino en barrios de clase media trabajadora, a ser propietario de una casa en un barrio cerrado de Villa Ballester, valuada en aproximadamente 300 mil dólares, con superficie suficiente «para albergar quincho y eventos sociales de envergadura».

La denuncia agrega que la cuota que debe pagar mensualmente Santurio por el crédito del Nación representaría cerca del 48% de sus ingresos netos de su grupo familiar, casi el doble del límite del 25% que suele aplicar el propio banco. De acuerdo a la denuncia, María Celina Aguilar Bugeau, la cónyuge de Santurio, con quien acaba de tener su quinto hijo, «no posee inscripción activa ante ARCA y no exterioriza ante la administración tributaria ingreso formal alguno».