El Gobierno planea rematar 42 mil hectáreas del Inta y eliminar más de 80 programas

El Gobierno planea rematar 42 mil hectáreas del Inta y eliminar más de 80 programas

 

 El gobierno de Javier Milei avanza en un plan integral de ajuste del Inta y entre sus objetivos centrales está el remate de 42 mil hectáreas de distintas estaciones experimentales y un drástico recorte de programas, centros y agencias.

Según se expone en un documento de las últimas reuniones del Consejo Directivo del organismo que circula en las entidades del campo y al que tuvo acceso LPO, el Gobierno también buscará avanzar con un shock de retiros voluntarios para reducir la dotación.

Ante eso, los gremios del Inta protestarán frente a la sede central este jueves, en paralelo a la última sesión del año del Consejo Directivo, momento en el que -creen en los sindicatos- «se avanzará fuertemente en el desguace y la liquidación».

El texto que alarma a los trabajadores y técnicos del organismo plantea modificaciones del Reglamento de Estructura del Inta a partir del recorte de 11 centros regionales, el cierre de 293 agencias y la eliminación de 82 programas.

En noviembre de 2024, LPO reveló un documento que especificaba la intención de vender 24 campos experimentales que, en total, sumaban 27 hectáreas. Ahora, ese número creció, semanas después de que técnicos de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) realizara mediciones en predios del Inta.

Se buscará reducir los programas nacionales activos de los actuales 134 a 52. En varios se proyectan fusiones y en otros directamente se plantea el cierre. Un caso paradigmático es el desmantelamiento de los 19 programas de Agricultura Familiar

En concreto, la avanzada inicial sería sobre 17 hectáreas que califican «en desuso, sin fines de experimentación ni producción». En tanto que se analizarán otras 25 mil hectáreas «en uso pero pasibles de ser desafectadas».

Como había contado LPO, buena parte de los campos del Inta que el Ejecutivo busca comercializar radican en la provincia de Buenos Aires (Balcarce, Pergamino, Maipú, Ayacucho, Villarino, Puan y San Pedro). También, en Córdoba (Marcos Juárez, Río Segundo), Entre Ríos (Paraná y Concepción del Uruguay) y Santa Fe (Rafaela y Reconquista).

El Gobierno mandó a medir terrenos del INTA y los gremios alertan por inminentes remates

Por otro lado, se buscará reducir los programas nacionales activos de los actuales 134 a 52. En varios se proyectan fusiones y en otros directamente se plantea el cierre.

Un caso paradigmático es el desmantelamiento de los 19 programas de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena, ya que el Gobierno los considera de «escaso impacto productivo».

También se planifica derogar los dos programas que se desarrollaban en la Estación del AMBA, que el Gobierno decidió cerrar y donde envió técnicos de AABE a medir terrenos.

 

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    Por Decreto, Milei transformó a Economía en un superministerio: más tarifazos, privatizaciones y entrega

     

    Milei reordenó por decreto el corazón del Estado y dejó a un solo ministerio a cargo de la energía, el transporte, la obra pública, Vialidad, los organismos de control y hasta el sector nuclear. La concentración inédita de funciones anticipa tarifazos, privatizaciones encubiertas y una entrega abierta de áreas estratégicas que afectará de lleno a los argentinos.

    Por Celina Fraticiangi para NLI

    Una arquitectura diseñada para el mercado

    El Decreto 866/2025, publicado hoy en el Boletín Oficial, reescribió de punta a punta la estructura del Ministerio de Economía y lo convirtió en un superministerio. Donde antes había áreas divididas entre producción, obra pública, transporte, minería, energía o infraestructura, ahora todo se ordena bajo un único mando político.

    Según el nuevo organigrama, Energía, Minería, Transporte, Obras Públicas, Infraestructura, Asuntos Nucleares y Agua quedan dentro del mismo paquete administrativo. También se incorporan organismos clave como la CNRT, la ANSV, la ANAC, el ORSNA, la Junta de Seguridad en el Transporte, Vialidad Nacional, el Instituto Nacional del Agua y el Tribunal de Tasaciones.

    El movimiento no es técnico: es político. Con esta estructura, el Gobierno se asegura que las decisiones sobre precios, subsidios, obras, concesiones, contratos, privatizaciones y energía dependan de una sola mesa, sin controles cruzados ni miradas divergentes. Un modelo estatal hecho a la medida de la desregulación.


    Energía y transporte: lo que viene para el bolsillo

    El rediseño de la Secretaría de Energía —con nuevas subsecretarías para electricidad, combustibles líquidos, gas y transición energética— arma el terreno para nuevos aumentos de tarifas, segmentación más agresiva y liberalización de precios.

    La presencia de áreas específicas para cada mercado energético es funcional a un objetivo: acomodar regulaciones y contratos para que los valores finales reflejen “precios de mercado”, es decir, más altos. La estructura está pensada para que nada frene ese proceso.

    En transporte será similar. La Secretaría de Transporte, que reúne trenes, colectivos, logística y aviación civil, aparece diseñada para reducir subsidios, avanzar hacia tarifas plenas y preparar nuevas concesiones. Con la CNRT y la ANSV bajo la órbita de Economía, el ministerio controla la regulación, la supervisión y la operación de todos los sistemas.

    El impacto para los argentinos será concreto: boletos más caros, servicios más inestables y un avance de privados sobre rutas, ferrocarriles, puertos y aeropuertos.


    Obras públicas: disciplina para gobernadores y un freno a la inversión

    Al incorporar Obras Públicas, Vialidad Nacional, ORSEP y el Tribunal de Tasaciones, el superministerio queda a cargo de toda la infraestructura del país. Desde rutas y puentes hasta sistemas de agua, mantenimiento de represas y proyectos urbanos.

    Esto le da a Milei, en la figura de Toto Caputo, un instrumento político directo: decidir qué provincia recibe obra, cuál no y cuáles proyectos quedan paralizados. En un contexto de recorte extremo, la obra pública será la herramienta para disciplinar gobernadores y avanzar con modelos de privatización de corredores viales, cobro de peajes o concesiones largas.

    La nueva estructura no incorpora áreas para planificación o desarrollo federal, lo que confirma el enfoque: menos Estado, más mercado, menos coordinación territorial.


    Sector nuclear: un giro silencioso que abre dudas

    En un movimiento inesperado, el decreto crea la Secretaría de Asuntos Nucleares, con dos subsecretarías propias. El sector nuclear vuelve a tener rango político, pero sin el fortalecimiento técnico de siempre. La novedad es que la agenda se orienta a aplicaciones comerciales, exportaciones tecnológicas y articulación con empresas privadas.

    Sin referencias fuertes a Atucha III, al CAREM o a la planta de agua pesada, el riesgo es claro: postergación de proyectos estratégicos, pérdida de capacidades del sistema científico y apertura a la participación privada en un área históricamente controlada por el Estado.
    Otro gesto de entrega en un campo donde Argentina es líder mundial.


    Un Estado mínimo para un modelo concentrado

    La reorganización del Ministerio de Economía no sólo cambia nombres: reordena el poder real. Concentra presupuesto, organismos técnicos, infraestructura, energía, transporte y minería en un único espacio político. No existe antecedente reciente de algo semejante.

    Mientras Milei proclama achicar el Estado, la reforma hace lo contrario: lo centraliza. Pero lo centraliza para liberar precios, desregular mercados, acelerar privatizaciones y desplazar el rol público en áreas estratégicas.

    Los argentinos verán sus efectos en el bolsillo, en las tarifas, en la obra pública frenada, en la infraestructura privatizada, en la energía dolarizada y en servicios básicos cada vez más caros y más lejos del control democrático.

    El nuevo superministerio es, en los hechos, el Estado mínimo que sueña Milei: concentrado arriba, privatizado abajo y hecho a medida del mercado.

     

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