El gobierno le da un cargo en Tucumán al hijo de la senadora Ávila para que vote la eliminación de las PASO

El gobierno le da un cargo en Tucumán al hijo de la senadora Ávila para que vote la eliminación de las PASO

 

El gobierno libertario trabaja para conseguir los votos que le permitan eliminar las PASO en el Congreso. Sin vueltas el jueves designaron a Daniel Alfaro, un joven de 24 años, al frente de una unidad de gestión del PAMI en Tucumán. El nuevo funcionario es hijo de la senadora por Tucumán, Beatriz Ávila, y del ex intendente de San Miguel de Tucumán, Germán Alfaro.

Según detalla la resolución, el alta laboral de Alfaro quedará efectiva una vez que el designado cumpla con los requisitos administrativos habituales para el ingreso al organismo, entre ellos la presentación de antecedentes, certificaciones y evaluaciones médicas y psicotécnicas.

Ávila y Alfaro son muy cercanos a Patricia Bullrich. Por caso, en Tucumán afirman que cada vez que la ex ministra de Seguridad visita esa provincia del norte se hospeda en una casa ubicada en Tafí del Valle y perteneciente a un allegado del matrimonio.

Lule Menem apuró a la libertaria Orozco porque le complica la relación con el salteño Saenz

Alfaro es un actor de peso en la política de Tucumán. El ex intendente de la capital se consolidó en los últimos años como aliado del gobernador Osvaldo Jaldo, con quien mantiene una relación de cooperación política. En tanto, Beatriz Ávila, integró el bloque Independencia en el Senado y responde de manera directa a Jaldo en un contexto de negociaciones frecuentes entre el gobierno provincial y la Casa Rosada.

El gobierno trabaja para conseguir los votos que le permitan aprobar en el Congreso el fin de las PASO. LPO contó que esta semana Lule Menem fue al choque con la senadora salteña Emilia Orozco (LLA) porque su críticas irritan al gobierno de Gustavo Sáenz, un aliado que debe aporta votos clave para aprobar la reforma electoral.

Los roces se dieron durante una exposición económica sobre Keynes que Javier Milei brindó en el Palacio Libertad. Allí, Menem se acercó a Orozco para increparla. Discutieron durante algunos minutos y el funcionario de Karina le dejó en claro que sus críticas a Sáenz complican los intereses del gobierno.

Orozco quedó envalentonada tras ganar la elección en octubre del año pasado. La senadora libertaria se impuso incluso frente a Flavia Royón, la candidata de Sáenz. Desde entonces no cede en sus críticas y complica el gobierno en las alianzas con los gobernadores del norte.

Al punto que días atrás, Royón mostró reticencia a aprobar el fin de las PASO tal como llegó al Congreso. «Está dispuesta a discutir modificaciones sobre las primarias pero no sacarlas. Se puede discutir la obligatoriedad o el financiamiento», dijeron desde su entorno.

 

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     La economía cayó en febrero y el Gobierno chocó de frente con los datos duros. Mientras  insisten con una narrativa de crecimiento sostenido, el último informe del INDEC dejó una señal clara: la actividad expuso los límites de la recuperación.

    El Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) registró una baja de 2,1% interanual y un desplome de 2,6% respecto de enero en términos desestacionalizados. La serie tendencia-ciclo, que suele usarse para suavizar los movimientos, mostró apenas un avance de 0,1%, un dato que no alcanza para compensar la caída del mes.

    El detalle sectorial confirma que el problema no es marginal. Ocho sectores crecieron, pero siete cayeron, y lo hicieron en áreas clave. La industria manufacturera se hundió 8,7% interanual y el comercio retrocedió 7%. Entre ambos explican la mayor parte del deterioro del índice. Es una escena conocida: los sectores que dependen del mercado interno siguen en rojo.

    Nada marcha de acuerdo al plan

    En contraste, el empuje volvió a concentrarse en pocos motores. Minería y agro crecieron cerca de 10% interanual y explicaron buena parte de los aportes positivos. Pero el mapa es desigual: dos o tres sectores tiran del carro mientras el resto viaja como puede, atado a una economía que no logra traccionar de forma homogénea.

    El informe de ACM pone el foco en esa heterogeneidad. Señala que más del 67% del crecimiento se explica por sectores muy puntuales, mientras las ramas vinculadas al consumo interno siguen rezagadas. En otras palabras, hay expansión, pero no alcanza a convertirse en recuperación generalizada.

    Desde LCG, el diagnóstico es más crudo. La consultora advirtió que la actividad «se desplomó» en febrero y volvió a niveles de julio de 2025. También remarcó que la demanda interna no logra consolidarse, golpeada por la caída del poder adquisitivo y la retracción del crédito. El consumo, además, se desplaza hacia importados en un contexto de apertura y tipo de cambio apreciado. 

    Frente a estos datos, el ministro Luis Caputo buscó relativizar la caída. Argumentó que febrero tuvo menos días hábiles que el año anterior y que estuvo atravesado por un paro general. También destacó que la tendencia-ciclo se mantiene en terreno positivo y acumula casi dos años de expansión. La explicación intenta correr el foco del dato puntual hacia una lectura más larga, aunque el número mensual marca un freno evidente.

    El contraste con el relato oficial quedó aún más expuesto por el posteo de Javier Lanari en la víspera a conocerse el dato. El funcionario celebró que la economía habría crecido 4,4% en 2025 y proyectó otro año de expansión, destacando incluso máximos históricos del PBI. El problema es que ese optimismo chocó con la caída concreta del nivel de actividad. 

     

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  • Las empresas de colectivos exigen subas del 100% para retomar los servicios

     

    Con los subsidios congelados y el fuerte aumento de los combustibles, las empresas de colectivos ya están operando con menos unidades en el AMBA y La Plata, lo que genera reducción de las frecuencias y largas esperas de los usuarios.

    Ese caos se espiraliza en los grandes centros urbanos del interior de la provincia de Buenos Aires, donde las empresas de transporte están reclamando fuertes subas en el boleto. Por eso, en las cámaras del sector no descartan la posibilidad de una parálisis total de los servicios.

    «Es inviable», dijo Marcelo Pasciuto, director de la Cámara Empresaria del Transporte Urbano de Buenos Aires (Cetuba) y del Grupo Dota, que concentra el 35% del servicio en el AMBA.

    Pasciuto sostuvo que, a la par del fuerte aumento del combustible, el Gobierno aún no giró el 60% del subsidio, por lo que las empresas no cuentan con el dinero para pagar los sueldos. De persistir el panorama, el empresario no descartó un paro total.

    «Que mañana (miércoles) funcione el transporte depende de que entreguen gasoil, que los bancos den descubierto y que colabore el sindicato, sino mañana no se qué empresa va a trabajar», dijo a Futurock.

    La inflación en La Plata se disparó al 5,4% y fue casi el doble que en febrero

    En La Plata, el recorte del servicio provocó largas esperas de los usuarios en las paradas, bajo la lluvia.

    Que mañana (miércoles) funcione el transporte depende de que entreguen gasoil, que los bancos den descubierto y que colabore el sindicato, sino mañana no se qué empresa va a trabajar.

    En la gestión de Julio Alak adelantaron a LPO que el municipio les va a aplicar sanciones a las empresas, al advertir que no pueden decidir unilateralmente la reducción de frecuencias. Por esta crisis, está previsto una reunión en lo inmediato entre las partes.

    En las empresas transportistas se quejan de una desactualización del subsidio nacional que ya venía altergando la renovación del parque automotor. Ahora, la disparada del precio de la nafta a partir de la guerra en medio oriente complicó más el panorama.

    En Mar del Plata, la cámara empresaria que opera el servicio de colectivos en la ciudad balnearia pidió al municipio que les habilite un incremento del 65% en la tarifa, lo que se traduce en un impacto de más de mil pesos, llevando el boleto plano de 1.550 a 2.569 pesos.

    En Bahía Blanca, hay quejas por el fuerte incremento registrado en el boleto del colectivo que une esa ciudad con Punta Alta. La empresa a cargo de ese servicio aplicó una suba del 127%, llevando el pasaje de 1.846 a 4.190 pesos.

    Por ser una línea interjurisdiccional, ese aumento fue avalado por la Provincia. Ante eso, en Punta Alta le reclamaron al gobierno de Kicillof que dé a conocer el estudio de costos en el que se basó para aprobar semejante incremento. «Entra en la discusión el tema de los subsidios que recibe el transporte del interior», dijo a Radio Altos el concejal de Punta Alta Daniel Medina.

    En Junín, en tanto, la crisis del sector desató despidos. Los trabajadores de la empresa 8 de octubre desarrollan desde el lunes un paro total en las cuatro líneas que recorren esta ciudad del noroeste bonaerense, ante la desvinculación intempestiva de un chofer.

    Frente a las advertencias de parálisis del servicio por parte de las cámaras, en el gobierno nacional convocaron a las empresas a una reunión, prevista para este jueves a la mañana en la Secretaría de Transporte. Ahí, la discusión en torno a la actualización del subsidio, será central para saber si se descompromirá el conflicto y si avanzará a un paro total. 

     

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