Durante sábado 18 y domingo 19 se podrá disfrutar de una nueva edición de la Fiesta del Inmigrante, espacio en el que Villa Regina celebrará y rendirá homenaje a la diversidad de costumbres de nuestro país.
De esta manera, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Cuba, Estados Unidos, Italia, Medio Oriente, y Venezuela desplegarán su gastronomía y sus comidas típicas. A ellos se sumará el stand del Mundo de los niños.
La Fiesta, que se desarrollará en el polideportivo Cumelen, tendrá su acto de apertura el sábado a las 19 horas. A partir de las 20,30 comenzarán los espectáculos y el cierre estará a cargo de Luis Carrasco.
El domingo la apertura será a las 17 horas, tras lo cual se dará inicio a las actividades artísticas y el cierre con Mauro Guiretti.
El valor de la entrada es de $100 (mayores de 10 años).
Cabe aclarar que se trata de la XVI edición de la Fiesta y la II de carácter provincial tras la declaración de la Legislatura de Río Negro.
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A las puertas de una temporada estival marcada por la salida masiva de argentinos al exterior y en pleno debate por el atraso cambiario, el Gobierno decidió apagar una de las pocas linternas estadísticas que permitían medir con precisión el drenaje de dólares por turismo.
Por Roque Pérez para NLI
La decisión no es técnica ni neutra: la Secretaría de Turismo, a cargo de Daniel Scioli, resolvió dejar de financiar desde el 1° de enero de 2026 los operativos de campo del INDEC destinados a medir la actividad turística. En concreto, se corta un aporte anual de $570 millones que sostenía la logística de las principales encuestas del sector.
El resultado inmediato es claro: menos información, menos precisión y más margen para el relato oficial en un contexto donde los números del turismo venían mostrando una fuerte salida neta de dólares, dato incómodo para un Gobierno que insiste en negar el atraso del tipo de cambio.
Menos encuestas, menos datos incómodos
En su último informe sectorial —correspondiente a octubre de 2025— el INDEC confirmó el impacto de la decisión. Tras más de dos décadas de trabajo conjunto con el entonces Ministerio de Turismo, el organismo informó que no se renovará el convenio de financiamiento con la actual Secretaría de Turismo y Ambiente, lo que obligará a modificar la forma y la periodicidad de difusión de los datos.
El instituto aclaró que hará “todos los esfuerzos a su alcance para mantener la mayor cantidad de indicadores del sector disponibles”, respetando las definiciones internacionales y la metodología vigente. Sin embargo, el propio comunicado admite que habrá cambios estructurales en dos herramientas clave: la Encuesta de Turismo Internacional (ETI) y la Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH).
En los hechos, el plan de “contingencia” incluye reducción de la muestra, menos casos relevados, modalidad remota en lugar de operativos presenciales y acuerdos con provincias para intentar sostener parte del relevamiento. Traducido: datos más débiles, menos representativos y más fáciles de relativizar.
Migraciones sí, balanza turística no
El INDEC aclaró que las estadísticas de turismo internacional basadas en los registros de movimientos migratorios de la Dirección Nacional de Migraciones no sufrirán modificaciones. Pero ese dato, por sí solo, no permite reconstruir la balanza de dólares que entran y salen por turismo, ni el impacto real sobre las reservas.
Justamente allí estaba el problema para el Gobierno. Las últimas publicaciones del área de Turismo mostraban con claridad una salida de divisas muy superior al ingreso, fenómeno que se aceleró con el dólar barato para viajar y que se convirtió en uno de los argumentos más sólidos para hablar de atraso cambiario.
Scioli contra las estadísticas
No es la primera vez que Scioli choca con el INDEC. Desde hace meses venía cuestionando la forma en que el organismo mide el sector, argumentando que “no refleja la realidad”. En lugar de discutir metodología con evidencia técnica, la respuesta fue más simple: quitar el financiamiento y achicar la medición.
El movimiento no puede leerse por fuera del contexto macroeconómico. Con reservas bajo presión, dólar planchado y un verano que promete récord de viajes al exterior, mostrar menos datos es una forma de esconder el problema, no de resolverlo.
Ajuste selectivo y opacidad estadística
Mientras se habla de transparencia, equilibrio fiscal y estadísticas “confiables”, el Gobierno recorta justamente donde los números desnudan las inconsistencias del modelo. El ajuste no es general: es quirúrgico y apunta a silenciar un indicador clave del frente externo.
La paradoja es evidente. En nombre del orden fiscal se recortan $570 millones en estadísticas públicas, pero se pierde a cambio una herramienta central para entender por dónde se van los dólares. Una decisión pequeña en términos presupuestarios, pero enorme en términos políticos.
Porque cuando el termómetro marca fiebre, romper el termómetro no cura la enfermedad.
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Los últimos días de la política cordobesa desataron un verdadero tembladeral por distintas cuestiones. Porque, pasada la discusión por la reforma previsional, y en medio de las fricciones con Casa Rosada por la sanción del Presupuesto en el Congreso, el llaryorismo empujó en la siesta de este martes un acuerdo para ceder la silla de una fiscalía adjunta de la procuraduría penitenciaria a la UCR que responde a Rodrigo de Loredo.
Cubriendo así una de las vacantes en la polémica Procuraduría del Servicio Penitenciario cuya creación se votó hace unas semanas en la Legislatura provincial.
Todo esto, como uno de los datos sobresalientes de un reacomodamiento que implica el reseteo completo del Ministerio Público Fiscal que aceleró hace dos semanas cuando nombró al ex socio de Juez, Carlos Lezcano, como nuevo jefe de los fiscales y tal cual lo contó LPO.
Lo sucedido en la siesta del martes se desprendió de la interna radical porque fueron precisamente algunos correligionarios los que alertaron sobre lo que estaba sucediendo puertas adentro de la Legislatura provincial: la postulación de la radical Florencia Degano para una de las fiscalías adjuntas de la polémica procuraduría del servicio penitenciario. Organismo que se sancionó con fuertes cruces de la oposición en la Legislatura a principios de mes y que el oficialismo se vio obligado a quitar dos artículos centrales: cargos vitalicios y jubilaciones de privilegio para los integrantes de la procuraduría.
Lo sucedido en la siesta del martes se desprendió de la interna radical porque fueron precisamente algunos correligionarios los que alertaron sobre lo que estaba sucediendo puertas adentro de la Legislatura provincial: la postulación de la radical Florencia Degano para una de las fiscalías adjuntas.
Sin embargo, el llaryorismo no contó con el aval de la oposición que abandonó el recinto y entre los que, el propio radicalismo se retiró acusando la creación de un organismo ineficiente.
Porción de la UCR de la que sale ahora una de las postulantes para la fiscalía adjunta como Degano, que llega de la mano del exnegrista Julio Ochoa, un hombre afín al presidente del partido, Marcos Ferrer, y quien ayudó para que Degano llegara al directorio del Tribunal de Cuentas, el organismo provincial controlado por el juecismo.
Esto exacerbó los ánimos del juecismo que salió con el jefe del bloque del Frente Cívico, Walter Nostrala, a decir: «repudiamos de manera absoluta el acuerdo entre el gobernador Llaryora y radicales para designar en la nueva y vergonzosa estructura de la Procuración Penitenciaria Provincial». «No se tranza con la corrupción, se la combate. ¿Qué favores se están pagando? Por un lado, les recortan a empleados y jubilados y por el otro Llaryora y radicales plasman este inconfesable, costosísimo y espurio acuerdo para repartirse el poder».
Mismo tono con el que se expresó también el exintendente Ramón Mestre: «la designación de funcionarios judiciales de alto rango entre gallos y medianoche, y la aprobación en general de un presupuesto tramposo para el ciudadano, ambas decisiones, con el supuesto aval de Marcos Ferrer en su carácter de presidente de la UCR, constituyen no sólo una medida inconsulta que nunca fue puesta a consideración en el seno de los organismos partidarios, sino también la pérdida de identidad ideológica».
Repudiamos de manera absoluta el acuerdo entre el gobernador Llaryora y radicales para designar en la nueva y vergonzosa estructura de la Procuración Penitenciaria Provincial.
Cerca de la medianoche, radicales de la Unicameral buscaron despegarse de la maniobra en redes al decir que Llaryora «compró» a la dirigente radical, pero lo cierto es que el vínculo entre Degano y Ochoa, y de éste con Ferrer, existe. Y sobre el acuerdo algunos apuntan a la relación del Secretario General de la Gobernación, el ultrallaryorista David Consalvi, un peronista con domicilio en Río Tercero, la ciudad que gobierna Ferrer y en buena parte una especie de garante para asegurar la continuidad de la UCR en la localidad después del 2027.
En tanto, para la otra fiscalía adjunta fue postulada Guadalupe Trillo, del llaryorismo puro que tambaleó con la purga que hizo en la capital cordobesa el intendente Daniel Passerini en el área de ambiente.
Asimismo, como Procuradora del mencionado organismo, el llaryorismo postuló a Bettina Croppi, la fiscal general adjunta impulsada por el viguismo y quien tendrá ahora el joystick de las cárceles cordobesas.
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