EL EJECUTIVO POR DELANTE DEL DELIBERANTE

En el día de la fecha el Concejo Deliberante en sesión online aprobó una moción presentada para la concejal Agustina Fernandez (JSRN) para que la ordenanza sobre semáforos sonoros sea votada si o si la semana que viene. Como el reglamento interno dispone, más allá del trato que le dé la comisión de planificación, comisión que todavía no dictaminó, a más de un mes de haber sido enviada para re significarse a dicha comisión, cuando seis ediles así lo decidieron (Vega, Rodriguez, Maidana, Rodriguez, Vergara, Vesprini). En ese momento los restantes concejales (Cerda, Fernandez, Paillapí, Figueroa) proponían avanzar sobre la votación.

El tema se trató previo al orden del día, ya que en el día de ayer se supo que el ejecutivo ya había avanzado en reuniones conjuntas con tránsito y el Consejo Local de para las Personas con Discapacidad. Tal es así que en las plataformas comunicativas del municipio se informó ayer:

“El 9 de octubre el Director de Tránsito Mario Figueroa junto al Jefe de Protección Civil Daniel Riffo se reunieron con el Consejo Local de Discapacidad con quienes trabajaron diferentes proyectos para tener mayor accesibilidad. En este marco, se acordó la colocación de 5 semáforos sonoros en calle Mitre y Mosconi, Mitre y 20 de Junio, San Martín y Ruta Nacional 22, Cipolletti y Yapeyú Sur y Cipolletti y Pioneros. La adquisición de los semáforos sonoros ya fue aprobada por el Intendente Marcelo Orazi”.

El ejecutivo en conjunto con el CLD determinaron avanzar sobre la ordenanza sin que esta haya sido aprobada por el CD, lo paradójico es que más de un mes atrás, cuando los concejales Fernandez, Paillapí, Figueroa y Cerda propusieron votar la ordenanza luego del dictamen favorable desde la comisión de tránsito, los ediles restantes decidieron devolver la ordenanza a dicha comisión y además enviarla a la de Planificación. Vale aclarar que el proyecto no requiere de planificación ya que solo dispone la colocación de los dispositivos en semáforos ya existentes, que como mencionamos antes, entre tránsito y el Consejo Local determinaron en cuales se usarían.

La moción presentada hoy por Fernandez, a la cual votaron de manera afirmativa todos los miembros del Concejo, fue reformulada (Fernandez propuso nuevamente votarla)  a pedido del Concejal Vesprini, quién integra la comisión de planificación y dejó en claro estar a favor del proyecto pero también aclaró que podrían haber buscado otros medios para reunirse con Mario Figueroa director de tránsito para darle mayor velocidad al tratamiento en comisión, haciendo referencia a una reunión que se viene postergando por diversos factores.

En diálogo con miembros del Consejo Local  comentaron que no entienden el por qué de la dilatación del proyecto, ya que el mismo ya fue reformulado y a su vez cuenta con el apoyo del ejecutivo. Tampoco podían entender porque luego de una invitación a una reunión con la comisión de planificación por medio de Mario Figueroa  se les avisó que no iban a poder participar, siendo ellos protagonistas, no solo en el beneficio de accesibilidad que brinda el proyecto, sino también como autores del mismo.

A la espera de un informe complementario del COPLADE, los integrantes de la comisión de planificación (Rodriguez, Rodriguez, Vesprini) entendieron que era importante reformular la moción para que no se mal interprete la intención de los mismos, que no es el rechazo a la ordenanza sino más bien el perfeccionamiento de la misma.

Uno de los obstáculos iniciales del proyecto presentado en 2018 fue el presupuesto para la adquisición de los dispositivos que se colocan en los semáforos, es por eso, que los concejales que integran la comisión de tránsito (Paillapí, Cerda y Fernandez) encontraron la manera de destrabar el tema económico agregando al proyecto que se puedan recibir donaciones (en su momento el costo por dispositivo era de $3200). Sin embargo, y para no dejar de sorprendernos desde el municipio se informó también que las gestiones administrativas contables para la adquisición de los dispositivos ya se habían iniciado, en contradicción con el primer obstáculo que se le puso a la ordenanza que, como ya mencionamos, era contar con el dinero para realizar la inversión.

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  • Ahora reconocen que existieron los allanamientos que Weretilneck negó y se sospecha que hizo inteligencia ilegal

     

    El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, desplegó este miércoles un intenso operativo de prensa (tuit, nota radial, comunicado y finalmente conferencia de prensa) para denunciar que era falsa la información que daba cuenta de un allanamiento en la gobernación por parte de la Policía Federal y el secuestro de una computadora, en el marco de la causa que investiga sus vínculos con Juan Pablo Beacon, el arrepentido de la AFA.

    «Quiero desmentir, no hubo ningún allanamiento ni en la gobernación, ni en ninguna dependencia oficial, ni a mi como particular, como tampoco hubo ningún pedido de información, no hubo absolutamente nada, es todo mentira», afirmó tajante Weretilneck.

    Apenas 24 horas después la palabra del gobernador empezó a aguarse. El gobierno de Río Negro no tuvo más remedio que aceptar que efectivamente hubo un procedimiento judicial en dependencias provinciales. La respuesta surgió ante la insistencia del periodismo que empezó a confirmar que efectivamente se habían realizado operativos judiciales.

    Presión a la que se sumaron diferentes bloques de la oposición, que realizaron un pedido de informes al gobierno de Weretilneck para que aclare si hubo allanamientos y qué dependencias incluyeron.

    Weretilneck negó que lo hayan allanado, pero confirmó que tiene de funcionario al hermano del arrepentido de la AFA

    Finalmente, en un comunicado difundido este jueves, Weretilneck aceptó la existencia de los procedimientos judiciales en dependencias públicas, pero los vinculó a una denuncia que hizo el propio Gobierno por un supuesto hackeo. 

    En Río Negro ya se había desatado un escándalo por la filtración de los contratos que reparte la Legislatura local. En la Casa de Gobierno entraron en pánico por la posibilidad de que hubiera una segunda oleada de filtraciones, pero ahora con los recibos de sueldos millonarios que cobra el propio gobernador y sus funcionarios, además de otra información sensible. 

    En Río Negro ya se había desatado un escándalo por la filtración de los contratos que reparte la Legislatura local. En la Casa de Gobierno entraron en pánico por la posibilidad de que hubiera una segunda oleada de filtraciones, pero ya con los recibos de sueldos millonarios que cobra el propio gobernador y sus funcionarios. 

    El gobierno de Weretilneck, entonces, primero dijo que no y luego dijo que si, pero por una causa distinta a la investigación sobre sus vínculos con los negocios de la AFA y los qataríes.

    El enredo comenzó el martes por la noche cuando distintos medios nacionales y provinciales publicaron que la Policía Federal había allanado la Casa de Gobierno. Fuentes de la Policía Federal, la Justicia y hasta del gobierno nacional, confirmaban la noticia.

    Lo extraño es que al ser consultados, los voceros de Weretilneck negaban el hecho, pero se rechazaba emitir un comunicado oficial bajo el argumento que «no se puede desmentir una mentira». En ese momento, el procedimiento ya se había realizado y no podían desconocerlo, pero eligieron no aclarar que sí había ocurrido, pero -supuestamente- correspondía a una denuncia de la propia administración, como hicieron un día después.

    La mala fe quedó en evidencia el miércoles por la mañana cuando Weretilneck buscó victimizarse y hasta se comparó con el padre de Messi. Calificó la información como una «fake news» y denunció una operación política montada desde el peronismo que lidera el senador Martín Soria.

    Pero atrás del escándalo aparece otro escándalo. Antes de los allanamientos que incluyeron las oficinas de Altec, la firma del estado provincial que provee de servicios informáticos al gobierno de Weretilneck, hubo una «investigación» de la propia administración que incluyó la manipulación de elementos de prueba, sin resguardo ni permiso judicial.

    Según la versión de Weretilneck el procedimiento judicial en Altec y otras dependencias, fue para identificar la computadora desde donde supuestamente accedieron a los recibos de sueldo de los funcionarios.

    El problema es que en el comunicado, la propia gobernación reconoce que antes que intervenga la justicia se realizó una «investigación interna» sobre la computadora de los empleados para detectar el origen de la filtración. Fuentes con conocimiento del expediente confirmaron a LPO que antes que la Fiscalía de Estado formulará la denuncia penal, ya se había desarrollado la investigación interna y se habría secuestrado la computadora asignada al empleado señalado como presunto responsable de la filtración, sin intervención judicial.

    Atrás del escándalo aparece otro escándalo. Antes de los allanamientos que incluyeron las oficinas de Altec, la firma del estado provincial que provee de servicios informáticos al gobierno de Weretilneck, hubo una «investigación» de la propia administración que incluyó la manipulación de elementos de prueba, sin resguardo ni permiso judicial.

    El detalle que le agrega morbo a toda la secuencia, que acaso explica el nerviosismo y la furia con la que salió el gobernador a atacar a LPO, es que la computadora en cuestión sería la de su propio despacho. Como no quedaba bien que allanaran el despacho del gobernador, la computadora fue «trasladada» por empleados a oficinas de Altec, lo que podría suponer que se rompió la cadena de prueba.

    El comunicado del gobierno provincial afirma que «la investigación se inició a raíz de un posible acceso indebido, por parte de un empleado, a documentación reservada alojada en los sistemas de la administración pública. Frente a esa situación, el Gobierno solicitó la asistencia técnica de ALTEC para colaborar en el esclarecimiento de los hechos».

    «Durante la investigación se logró determinar cuál fue el equipo informático desde el que se habría producido el acceso indebido. Ese equipo fue puesto a resguardo por ALTEC y posteriormente entregado a la Justicia para su peritaje», agrega.

    Y en el paso más sugestivo se aclara: «ALTEC colaboró exclusivamente en la investigación del caso a pedido del Gobierno de la Provincia. Una vez detectado el origen de la filtración de información, la situación fue denunciada ante la Justicia provincial, que resguardó el equipo para su análisis pericial», y acaso en un lapsus el último parrafo considera necesario aclarar que «toda actuación se desarrolló dentro del marco legal vigente».

    «¿Cómo llegó el Gobierno a identificar al supuesto responsable de la filtración antes de la apertura formal de la causa judicial? ¿Qué herramientas utilizó para reconstruir el acceso a los sistemas informáticos? ¿Existió un procedimiento administrativo formal o una auditoría informática? ¿El trabajador acusado fue notificado de esa investigación? ¿Qué tipo de controles se realizaron sobre la manipulación de los equipos y registros informáticos?», se preguntó en diálogo con LPO un abogado penalista.

    En efecto, este accionar deja flotando un interrogante complejo sobre el gobierno de Weretilneck: ¿Realizó tareas de inteligencia ilegal?, ¿Violó la normativa sobre protección de datos personales y los derechos de sus propios trabajadores?

     

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  • El Central sale a comprar billetes en el exterior tras el desguace de Sturzenegger a Casa de Moneda

     

     El Banco Central abrió una licitación para la impresión en el exterior de 400 millones de billetes de 20 mil pesos mientras avanza el vaciamiento de Casa de Moneda, la empresa estatal que históricamente tuvo a su cargo la fabricación del dinero circulante argentino.

    La operación equivale a una emisión nominal de 8 billones de pesos y contempla la entrega escalonada de los billetes entre abril y agosto de 2027. Según el pliego, los proveedores deberán entregar el material terminado en Buenos Aires bajo modalidad internacional CIP, con transporte y seguro incluidos, un esquema diseñado para imprentas extranjeras especializadas en moneda de seguridad.

    Sin embargo, hace menos de un año el gobierno de Milei ratificó por decreto (ver abajo) que una de las funciones centrales de Casa de Moneda es la fabricación de dinero circulante para el Estado Nacional.

    Esteban Paulón, diputado socialista

    A pesar de todo, la empresa atraviesa una profunda reestructuración impulsada por Federico Sturzenegger que incluyó despidos, retiros voluntarios y la paralización de distintas áreas productivas. Fuentes gremiales denunciaron que se trata de un vaciamiento.

    [El desguace de Casa de la Moneda detrás del escándalo de los pasaportes y las patentes]

    En ese contexto, el diputado Esteban Paulón presentó un pedido de informes para que el ministro de Economía, Luis Caputo, y el Banco Central expliquen por qué se resolvió avanzar con una contratación internacional en lugar de utilizar la capacidad instalada de la empresa estatal.

    Además, el socialista pidió conocer si Casa de Moneda fue consultada o evaluada para participar de la producción de los billetes y reclama que se den a conocer los estudios comparativos de costos, plazos de entrega y capacidad operativa utilizados para justificar la decisión.

     El socialista pidió conocer si Casa de Moneda fue consultada o evaluada para participar de la producción de los billetes y reclama que se den a conocer los estudios comparativos de costos, plazos de entrega y capacidad operativa utilizados para justificar la decisión 

    Es que Milei le exige al Congreso que cada vez que los legisladores presenten un proyecto expliciten cómo se va a financiar. Ahora, Paulón están preguntando si la compra en el exterior significará un ahorro o por lo contrario es más onerosa para el Tesoro.

    Entre otros puntos, el socialista pidió detalles sobre la cantidad de trabajadores alcanzados por retiros voluntarios, despidos o jubilaciones desde la llegada de Javier Milei y si existe un plan para discontinuar la impresión de moneda por parte de la compañía.

     El socialista pidió detalles sobre la cantidad de trabajadores alcanzados por retiros voluntarios, despidos o jubilaciones desde la llegada de Javier Milei y si existe un plan para discontinuar la impresión de moneda por parte de la compañía 

    La polémica se produce en medio de la crisis que atraviesa Casa de Moneda desde que el Banco Central rescindió los contratos de fabricación de billetes que representaban más del 90 por ciento de sus ingresos.

    Esa decisión dejó a la empresa en una situación financiera crítica y aceleró el proceso de reconversión impulsado por la administración libertaria.

    Por otro lado, fuentes vinculadas a Casa de Moneda señalaron a LPO que la licitación internacional contempla únicamente los costos de producción y traslado hasta Buenos Aires, pero no incluiría otros gastos asociados a la logística de seguridad necesaria para transportar los billetes desde el puerto o aeropuerto hasta los tesoros donde finalmente quedan almacenados.

    «Los distintos gobiernos aseguraron siempre que imprimir afuera era más caro justamente por esos costos adicionales. Ahora se sostiene que resulta más económico traerlos del exterior que fabricarlos en el país», cuestionaron fuentes gremiales que hablaron con LPO.

     

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