EL EJECUTIVO POR DELANTE DEL DELIBERANTE

En el día de la fecha el Concejo Deliberante en sesión online aprobó una moción presentada para la concejal Agustina Fernandez (JSRN) para que la ordenanza sobre semáforos sonoros sea votada si o si la semana que viene. Como el reglamento interno dispone, más allá del trato que le dé la comisión de planificación, comisión que todavía no dictaminó, a más de un mes de haber sido enviada para re significarse a dicha comisión, cuando seis ediles así lo decidieron (Vega, Rodriguez, Maidana, Rodriguez, Vergara, Vesprini). En ese momento los restantes concejales (Cerda, Fernandez, Paillapí, Figueroa) proponían avanzar sobre la votación.

El tema se trató previo al orden del día, ya que en el día de ayer se supo que el ejecutivo ya había avanzado en reuniones conjuntas con tránsito y el Consejo Local de para las Personas con Discapacidad. Tal es así que en las plataformas comunicativas del municipio se informó ayer:

“El 9 de octubre el Director de Tránsito Mario Figueroa junto al Jefe de Protección Civil Daniel Riffo se reunieron con el Consejo Local de Discapacidad con quienes trabajaron diferentes proyectos para tener mayor accesibilidad. En este marco, se acordó la colocación de 5 semáforos sonoros en calle Mitre y Mosconi, Mitre y 20 de Junio, San Martín y Ruta Nacional 22, Cipolletti y Yapeyú Sur y Cipolletti y Pioneros. La adquisición de los semáforos sonoros ya fue aprobada por el Intendente Marcelo Orazi”.

El ejecutivo en conjunto con el CLD determinaron avanzar sobre la ordenanza sin que esta haya sido aprobada por el CD, lo paradójico es que más de un mes atrás, cuando los concejales Fernandez, Paillapí, Figueroa y Cerda propusieron votar la ordenanza luego del dictamen favorable desde la comisión de tránsito, los ediles restantes decidieron devolver la ordenanza a dicha comisión y además enviarla a la de Planificación. Vale aclarar que el proyecto no requiere de planificación ya que solo dispone la colocación de los dispositivos en semáforos ya existentes, que como mencionamos antes, entre tránsito y el Consejo Local determinaron en cuales se usarían.

La moción presentada hoy por Fernandez, a la cual votaron de manera afirmativa todos los miembros del Concejo, fue reformulada (Fernandez propuso nuevamente votarla)  a pedido del Concejal Vesprini, quién integra la comisión de planificación y dejó en claro estar a favor del proyecto pero también aclaró que podrían haber buscado otros medios para reunirse con Mario Figueroa director de tránsito para darle mayor velocidad al tratamiento en comisión, haciendo referencia a una reunión que se viene postergando por diversos factores.

En diálogo con miembros del Consejo Local  comentaron que no entienden el por qué de la dilatación del proyecto, ya que el mismo ya fue reformulado y a su vez cuenta con el apoyo del ejecutivo. Tampoco podían entender porque luego de una invitación a una reunión con la comisión de planificación por medio de Mario Figueroa  se les avisó que no iban a poder participar, siendo ellos protagonistas, no solo en el beneficio de accesibilidad que brinda el proyecto, sino también como autores del mismo.

A la espera de un informe complementario del COPLADE, los integrantes de la comisión de planificación (Rodriguez, Rodriguez, Vesprini) entendieron que era importante reformular la moción para que no se mal interprete la intención de los mismos, que no es el rechazo a la ordenanza sino más bien el perfeccionamiento de la misma.

Uno de los obstáculos iniciales del proyecto presentado en 2018 fue el presupuesto para la adquisición de los dispositivos que se colocan en los semáforos, es por eso, que los concejales que integran la comisión de tránsito (Paillapí, Cerda y Fernandez) encontraron la manera de destrabar el tema económico agregando al proyecto que se puedan recibir donaciones (en su momento el costo por dispositivo era de $3200). Sin embargo, y para no dejar de sorprendernos desde el municipio se informó también que las gestiones administrativas contables para la adquisición de los dispositivos ya se habían iniciado, en contradicción con el primer obstáculo que se le puso a la ordenanza que, como ya mencionamos, era contar con el dinero para realizar la inversión.

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    A once años de la muerte de Nisman: el armado político-mediático-judicial que convirtió un suicidio en bandera de la derecha

     

    Once años después de la muerte de Alberto Nisman, el expediente judicial sigue sin una sola prueba concreta que permita sostener la hipótesis de homicidio. Sin embargo, el caso fue utilizado como una herramienta política decisiva para erosionar al kirchnerismo, legitimar operaciones mediáticas y construir un relato funcional al avance de la derecha en la Argentina. Lejos de la verdad judicial, lo que se consolidó fue una ficción útil al poder real.

    Por Roque Pérez para NLI

    Un expediente sin pruebas, pero con relato

    Desde la madrugada del 18 de enero de 2015, cuando Nisman fue hallado muerto en el baño de su departamento de Puerto Madero, la causa estuvo atravesada por una anomalía central: no existe prueba material directa que indique la participación de terceros en su muerte. No hay registros de ingreso forzado, no hay signos de lucha, no hay rastros de otra persona en la escena y no hay evidencia científica concluyente que demuestre un asesinato.

    A lo largo de los años, peritajes oficiales y de parte confirmaron datos incómodos para el relato instalado: la puerta estaba cerrada desde adentro, el arma pertenecía a un colaborador cercano y no se detectaron huellas de terceros en el departamento. Incluso el análisis de las comunicaciones, movimientos y contexto personal de Nisman mostró un cuadro de aislamiento, presión política, desgaste profesional y un fracaso procesal inminente.

    La denuncia que el fiscal había presentado días antes contra Cristina Fernández de Kirchner por el Memorándum con Irán carecía de sustento jurídico y no había sido acompañada por pruebas nuevas ni consistentes. En términos judiciales, se trataba de una acusación endeble, destinada a naufragar en los tribunales.

    La operación: cuando la política reemplazó a la justicia

    Lo que siguió fue una construcción perfectamente sincronizada. Antes de que avanzara la investigación, el sistema mediático concentrado decretó el veredicto: “lo mataron”. Editoriales, tapas, móviles en vivo y opinadores seriales instalaron una certeza sin respaldo probatorio, mientras sectores del Poder Judicial se alineaban para sostener esa hipótesis contra toda evidencia.

    La llamada “marcha del silencio” fue el punto de inflexión simbólico: jueces, fiscales y dirigentes opositores marchando bajo consignas ambiguas, no para exigir verdad, sino para consolidar un clima destituyente. El expediente pasó a segundo plano; lo central era el impacto político.

    Con el tiempo, la causa fue desplazada de los fueros ordinarios a Comodoro Py, se forzaron cambios de carátula y se promovieron pericias orientadas a confirmar una hipótesis previa. La investigación dejó de buscar qué pasó y pasó a buscar cómo justificar un asesinato sin pruebas.

    El trampolín de la derecha y el silencio posterior

    El “caso Nisman” funcionó como un dispositivo de legitimación política. Sirvió para criminalizar al kirchnerismo, para presentar a la dirigencia popular como capaz de cualquier cosa y para justificar un clima de persecución judicial que luego se profundizó con el lawfare. No es casual que muchos de los protagonistas mediáticos y judiciales de aquella operación terminaran alineados con el macrismo primero y con el actual experimento ultraderechista después.

    Once años después, el contraste es brutal: no hay responsables condenados, no hay pruebas nuevas, no hay avances reales, pero el relato sigue siendo repetido como dogma por los mismos sectores que se beneficiaron políticamente de su instalación. Cuando el expediente no sirve para condenar, se lo usa para estigmatizar.

    La muerte de Nisman fue una tragedia personal y familiar. La utilización política de esa muerte fue una tragedia institucional. Convertir un suicidio en una épica conspirativa no fue un error: fue una decisión consciente del entramado político-mediático-judicial que necesitaba un mártir para empujar a la Argentina hacia la derecha.

    Once años después, la verdad judicial sigue siendo clara, aunque incómoda: no hay pruebas de asesinato. Lo que sí hubo —y sigue habiendo— es una operación de poder que convirtió una muerte en una herramienta política.

     

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