EL EJECUTIVO POR DELANTE DEL DELIBERANTE

En el día de la fecha el Concejo Deliberante en sesión online aprobó una moción presentada para la concejal Agustina Fernandez (JSRN) para que la ordenanza sobre semáforos sonoros sea votada si o si la semana que viene. Como el reglamento interno dispone, más allá del trato que le dé la comisión de planificación, comisión que todavía no dictaminó, a más de un mes de haber sido enviada para re significarse a dicha comisión, cuando seis ediles así lo decidieron (Vega, Rodriguez, Maidana, Rodriguez, Vergara, Vesprini). En ese momento los restantes concejales (Cerda, Fernandez, Paillapí, Figueroa) proponían avanzar sobre la votación.

El tema se trató previo al orden del día, ya que en el día de ayer se supo que el ejecutivo ya había avanzado en reuniones conjuntas con tránsito y el Consejo Local de para las Personas con Discapacidad. Tal es así que en las plataformas comunicativas del municipio se informó ayer:

“El 9 de octubre el Director de Tránsito Mario Figueroa junto al Jefe de Protección Civil Daniel Riffo se reunieron con el Consejo Local de Discapacidad con quienes trabajaron diferentes proyectos para tener mayor accesibilidad. En este marco, se acordó la colocación de 5 semáforos sonoros en calle Mitre y Mosconi, Mitre y 20 de Junio, San Martín y Ruta Nacional 22, Cipolletti y Yapeyú Sur y Cipolletti y Pioneros. La adquisición de los semáforos sonoros ya fue aprobada por el Intendente Marcelo Orazi”.

El ejecutivo en conjunto con el CLD determinaron avanzar sobre la ordenanza sin que esta haya sido aprobada por el CD, lo paradójico es que más de un mes atrás, cuando los concejales Fernandez, Paillapí, Figueroa y Cerda propusieron votar la ordenanza luego del dictamen favorable desde la comisión de tránsito, los ediles restantes decidieron devolver la ordenanza a dicha comisión y además enviarla a la de Planificación. Vale aclarar que el proyecto no requiere de planificación ya que solo dispone la colocación de los dispositivos en semáforos ya existentes, que como mencionamos antes, entre tránsito y el Consejo Local determinaron en cuales se usarían.

La moción presentada hoy por Fernandez, a la cual votaron de manera afirmativa todos los miembros del Concejo, fue reformulada (Fernandez propuso nuevamente votarla)  a pedido del Concejal Vesprini, quién integra la comisión de planificación y dejó en claro estar a favor del proyecto pero también aclaró que podrían haber buscado otros medios para reunirse con Mario Figueroa director de tránsito para darle mayor velocidad al tratamiento en comisión, haciendo referencia a una reunión que se viene postergando por diversos factores.

En diálogo con miembros del Consejo Local  comentaron que no entienden el por qué de la dilatación del proyecto, ya que el mismo ya fue reformulado y a su vez cuenta con el apoyo del ejecutivo. Tampoco podían entender porque luego de una invitación a una reunión con la comisión de planificación por medio de Mario Figueroa  se les avisó que no iban a poder participar, siendo ellos protagonistas, no solo en el beneficio de accesibilidad que brinda el proyecto, sino también como autores del mismo.

A la espera de un informe complementario del COPLADE, los integrantes de la comisión de planificación (Rodriguez, Rodriguez, Vesprini) entendieron que era importante reformular la moción para que no se mal interprete la intención de los mismos, que no es el rechazo a la ordenanza sino más bien el perfeccionamiento de la misma.

Uno de los obstáculos iniciales del proyecto presentado en 2018 fue el presupuesto para la adquisición de los dispositivos que se colocan en los semáforos, es por eso, que los concejales que integran la comisión de tránsito (Paillapí, Cerda y Fernandez) encontraron la manera de destrabar el tema económico agregando al proyecto que se puedan recibir donaciones (en su momento el costo por dispositivo era de $3200). Sin embargo, y para no dejar de sorprendernos desde el municipio se informó también que las gestiones administrativas contables para la adquisición de los dispositivos ya se habían iniciado, en contradicción con el primer obstáculo que se le puso a la ordenanza que, como ya mencionamos, era contar con el dinero para realizar la inversión.

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  • Delcy anunció el cierre de la prisión principal de Venezuela y la liberación de todos los presos políticos

     

     Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela, anunció que presentará ante la Asamblea Nacional una ley de amnistía general para liberar a los presos políticos detenidos desde 1999 hasta la fecha, periodo que cubre los gobiernos del chavismo.

    «Quiero anunciar que hemos decidido impulsar una ley de amnistía general que cubra todo el periodo político de violencia política de 1999 al presente», dijo Rodríguez en el acto del inicio del año judicial, en el Tribunal Supremo de Justicia.

    La líder chavista encargó a la Comisión de Revolución Judicial y al Programa para la convivencia y la paz para que en las próximas horas presenten la ley ante la AN, así como la «máxima colaboración» al cuerpo legislativo para su aprobación.

    «Que sea una ley que sirva para reparar las heridas que ha dejado la confrontación política, desde la violencia, desde el extremismo, que sirva para reencauzar la justicia en nuestro país y que sirva para reencauzar la convivencia entre los venezolanos», añadió.

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    Delcy pidió a los presos políticos del país, incluyendo a aquellos que ya han recibido medidas de excarcelación, que «no se imponga la venganza, la revancha ni el odio».

    Que sea una ley que sirva para reparar las heridas que ha dejado la confrontación política, desde la violencia, desde el extremismo, que sirva para reencauzar la justicia en nuestro país y que sirva para reencauzar la convivencia entre los venezolanos

    A su vez, indicó que esta propuesta de ley excluye a aquellos procesados o condenados por homicidios, tráfico de drogas y violaciones a los derechos humanos.

    Cárcel del Helicoide, en Caracas.

    Varias ONG han insistido desde hace años en una amnistía general para todos los presos políticos, presentando, al mismo tiempo, varias propuestas de ley. La última fue propuesta el martes pasado por la organización Surgentes y el Comité de Madres por la Verdad.

    El texto de la ONG y el Comité incluía 12 artículos y proponía la amnistía para «todas esas personas que han sido perseguidas, luchadores sociales, periodistas, integrantes de comité de víctimas, militares y personas perseguidas o privadas de su libertad en el contexto de movilizaciones postelectorales».

    A principios de mes, una fracción parlamentaria de Venezuela planteó también una ley de amnistía para, argumentó, llevarle «sosiego» a los familiares de las personas «que están injustamente detenidas».

    Actualmente, según la ONG Foro Penal, hay 711 presos políticos, pero el Gobierno venezolano negaba que en el país hubiera personas detenidas por estos motivos y señalaba que los detenidos cometieron delitos, en su mayoría, relacionados al terrorismo.

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    En 2016, el Parlamento, para entonces controlado por la oposición, aprobó una ley de amnistía, declarada inconstitucional por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que es afín al chavismo, y nunca se pudo aplicar.

    En agosto de 2020, el presidente venezolano, Nicolás Maduro, otorgó, mediante decreto, 110 medidas de indultos a opositores, sindicalistas y actores sociales acusados de diversos delitos, de cara a elecciones legislativas que se celebraron en diciembre de ese año, un evento al que el grueso de la oposición no se presentó.

     

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